martes, 13 de septiembre de 2022

CITGO pide al tribunal declarar en desacato a empresa de José Manuel González Testino por no acatar orden de entregar documentos

  Una vez más, el empresario que se declaró culpable de corrupción y lavado de dinero, evade responder ante la justicia sobre sus negociaciones irregulares.

Por Maibort Petit

  Ante la renuencia de José Manuel González Testino y una de sus empresas, Petroleum Logistics Service USA Inc., a responder a los llamados y órdenes del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, CITGO Petroleum Corporation, pidió a dicha corte, declararla en desacato por no atender debidamente a las citaciones a ella formuladas ni a la orden de producir una serie de documentos que servirían para dilucidar la acusación por incumplimiento de contrato, fraude y violación a la Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas (RICO), que estableció contra Petroleum Logistics Service Corp. (PLS), de la que la primera es filial en Miami.

  Desde que CITGO demandó a González Testino y su empresa[1], este ha mantenido como estrategia el hacerse el desentendido de las acciones judiciales emprendidas contra él[2].

En esta entrega damos cuenta de los últimos acontecimientos del caso.

Pruebas bajo sello

  16 de junio de 2022, Lisette M. Reid, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, concedió a CITGO Petroleum Corp., la moción mediante la cual solicitó a dicha Corte para presentar y mantener bajo sellos los elementos de prueba que se manejan en caso en el que demanda a Petroleum Logistics Service USA Inc.

  Igualmente, la magistrada determinó que CITGO presentara las facturas como apoyo de su solicitud de gastos bajo sello. Tal decisión obedeció, según se explica en la orden del tribunal, al fecho de que dichas facturas contienen “información comercial privilegiada y de propiedad exclusiva".

  Los gastos derivan de los trámites llevados a cabo por CITGO para hacer cumplir a Petroleum Logistics Service USA Inc. con una citación. Del mismo modo, la filial de PDVSA ha referido que las facturas reflejan los gastos incurridos en el descubrimiento y ha dejado claro que los papeles que se presentarán sellados estarán a disposición de la demandada.

  Se advierte que, al sopesar los intereses contrapuestos de las partes, el perjuicio de la demandada será mínimo, mientras que CITGO está en desventaja competitiva en futuras negociaciones con clientes, competidores e instancias en las que se procuren honorarios razonables de abogados.

  La magistrada estimó que CITGO demostró una buena causa para presentar las facturas selladas; que las funciones del tribunal y del caso no se verán obstaculizadas; que tanto la Corte como Petroleum Logistics Service USA Inc. —que no se ha presentado en el caso— tendrán acceso a la documentación pertinente; que la demandada presentará también una respuesta sellada; y que el peticionario es el único con un verdadero interés de privacidad en el caso. Divulgar información de CITGO sobre los honorarios de abogados la podría en desventaja futura, entre otras consideraciones, fue evaluado por el tribunal al momento de decidir.

CITGO pide declarar en desacato a PLS USA

  El 10 de agosto de 2022, Amy G. Fudenberg, Michael Gottlieb y Robert Meyer, abogados del peticionario CITGO Petroleum Corporation, solicitaron al Tribunal para el Distrito Sur de Florida dictar una orden en la que se declare en desacato a Petroleum Logistics Service USA Inc. (PLS USA) imponiéndose multas por hasta USD 500 diarios hasta completar una declaración y presente cualquier dispositivo, computadora, disco duro o base de datos en su posesión o control con una base de datos que permita una investigación forense.

  De acuerdo a la visión de CITGO la declaración de desacato es secuencia del incumplimiento de PLS USA a la que la Corte ordenó producir rápidamente un conjunto de documentos que respondan a la citación y, al mismo tiempo, designe a alguien que la represente en el proceso.

  También pidió CITGO al tribunal obligar a que PLS USA le reembolse los honorarios y costos razonables en que ha incurrido en procura de hacer cumplir a la empresa de José Manuel González Testino con el mandato de la corte del 11 de abril de 2022 de cumplir con la citación que se le formuló y la presente moción.

  Tal conducta de PLS USA se ha dado a pesar de que en proceso en el que demanda a Petroleum Logistics Service Corp. (PLS) de la cual es subsidiaria, ella no está siendo acusada y ha insistido en ignorar el llamado del tribunal.

  En criterio de CITGO, la respuesta que PLS USA dio el 5 de julio de 2022 fue inadecuada cuando advirtió que la notificación fue defectuosa, lo cual es incorrecto como también lo son las objeciones presentadas.

  Del mismo modo, para CITGO son insuficientes los 13 documento producidos por PLS USA bajo el argumento de que no posee comunicaciones de correo electrónico receptivas o información contable, lo cual es inverosímil. En marzo de este año, la empresa de González Testino argumentó que estaba insolvente desde marzo de 2022, lo cual no justifica de ninguna manera la retención de documentos.

  La moción narra al tribunal cómo han sido infructuosas las múltiples diligencias realizadas por CITGO frente al abogado de PLU USA, lo cual ha demorado aún más el proceso judicial. En tal sentido se solicita al tribunal desestimar las objeciones de PLS USA, su producción inadecuada, así de como colaboración en el descubrimiento, y ordenarle presentar cualquier dispositivo o base de datos que pueda contener documentos relevantes para llevar a cabo un examen forense por parte de un proveedor elegido por CITGO.

  PLS USA tampoco ha designado un representante corporativo para su declaración a pesar de todos los esfuerzos de CITGO y la citación del tribunal, una conducta que, para la demandante, amerita de la imposición de sanciones por parte de la corte.

 CITGO expuso en la moción al tribunal las múltiples diligencias hechas ante la empresa y su abogado, Peter González.

  Argumenta en su solicitud que declaración de desacato, que las objeciones de PLS USA carecen de fundamento pues la citación que se le presentó fue adecuada e, incluso, en caso de haberlo sido, la empresa de González Testino renunció a cualquier objeción al no pronunciarse en el tiempo establecido por ley.

  La respuesta en la que PLS USA se declara insolvente desde marzo de 2022, pues no está haciendo negocios ni mantiene registros comerciales no la excusa de la mala producción de documentos realizada. Además, según los registros públicos de la Secretaría de Estado de Florida, la empresa, al 9 de agosto de 2022 aún estaba activa. Tampoco cita ninguna autoridad que le permitiera justificar el estado operativo alegado.

  La moción advierte que cualquier destrucción de documentos después de haber recibido la citación es una violación que debe servir de motivación para dictar el desacato.

Lo que exige CITGO

  CITGO quiere que PLS USA pres ente todos los documentos y comunicaciones no privilegiados entabladas con José Manuel González Testino.

  Copias fieles y exactas del Libro Mayor general que contemple datos relacionados con Petroleum Logistics Service Corp. y Petroleum Logistics Service USA, Inc. entre 2014 y 2020.

Declaración jurada del abogado de CITGO

   En la misma fecha, 10 de agosto de 2022, Roberto J. Meyer, abogado de la firma Willkie Farr & Gallagher LLP, que representa a CITGO Petroleum Corp. en la demanda que mantiene contra José Manuel González Testino y a su empresa Petroleum Logistic Services Corp., presentó una declaración jurada en la cual certificó ante el tribunal todas las diligencias efectuadas para notificar a Petroleum Logistics Service USA, Inc. (PLS USA) acerca del requerimiento de que produzca una serie de documentos y los presente ante el Tribunal para el Distrito Sur de Florida.

  En su declaración, da cuenta y seña de todas y cada una de sus gestiones, para dar por enterada a PLS USA de sus acciones y los requerimiento del tribunal. De muchas de las diligencias referidas por el abogado, hemos dado cuenta en estas páginas[3].

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “CITGO demandó a José Manuel González Testino y a una de sus [muchas] empresas que recibió contratos fraudulentos de la filial de PDVSA en EE. UU.”. 26 de mayo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/05/citgo-demando-jose-manuel-gonzalez.html

[2] Venezuela Política. “CITGO reporta al tribunal sobre las múltiples diligencias para citar a José Manuel González Testino sobre demandas en su contra”. 7 de febrero de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/02/abogado-de-citgo-informo-al-tribunal.html

[3] Venezuela Política. “Las múltiples diligencias de CITGO para que José Manuel González Testino y su empresa respondan ante la justicia de Texas”. 7 de junio de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/06/las-multiples-diligencias-de-citgo-para.html


 

lunes, 12 de septiembre de 2022

No es remota la posibilidad de que testigos de Álex Saab comparezcan por video ante Tribunal del Distrito Sur de Florida

   El testimonio podría rendirse en la embajada de un “país amigo” que, en el caso de Venezuela y los EE. UU., sería Suiza.

Por Maibort Petit

  Recientemente la fiscalía del Distrito Sur de Florida pidió al juez Roberto N. Scola, que no permita, como lo pretende la defensa, la comparecencia por video de testigos que el empresario colombiano acusado de lavado de dinero, Álex Saab, quiere presentar para demostrar su supuesta condición de diplomático del régimen venezolano en manos de Nicolás Maduro. Tal condición le permitiría escabullirse de la justicia estadounidense que lo acusa de usar su sistema financiero para blanquear fondos provenientes de la corrupción en el programa de alimentación Clap y la construcción de viviendas de interés popular. Pero a pesar de que el gobierno sostiene que el acusado ha hecho mínimos esfuerzos para la comparecencia personal de dichos testigos, fuentes especializadas consultadas por Venezuela Política, consideran posible la intención de quien es tenido como testaferro del dictador venezolano.

   Los abogados de Saab Morán insisten en la condición de diplomático de su representado, lo cual lo haría acreedor de inmunidad y, por tanto, exento de ser juzgado. Por ello vienen bregando desde el inicio de la odisea en que se ha convertido este caso, en demostrar que, al momento de su aprehensión en Cabo Verde, se encontraba en estas funciones, cuando su vuelo con objetivos humanitarios a Irán, se detuvo en el país africano a cargar combustible.

  Aunque hasta el momento, los abogados de Álex Saab no han identificado a los dos testigos que quiere hacer comparecer a su favor, fuentes de Venezuela Política aseguran que uno de ellos sería Jorge Arreaza, quien para la fecha en que se produjo la detención de Saab, se desempeñaba como canciller del régimen venezolano.

  Como alegato para justificar que la declaración de los testigos se produzca por video, los abogados de Saab exponen que ambos carecen de visa estadounidense y tendrían acudir a una entrevista en la Embajada de EE. UU. en Colombia para obtenerla, toda vez que las relaciones diplomáticas entre el país del norte y el régimen de Maduro se encuentran suspendidas.

  Lo cierto es que el caso de Álex Saab Morán ha devenido en una suerte de marchas y contramarchas en las que, no pocos, estiman que privan las razones de tipo político. Una de estas fuentes, consultadas por Venezuela Política, cree, por ejemplo, que luego de las elecciones de medio mandato en EE. UU. podría producirse el intercambio de detenidos entre el gobierno de Joe Biden y el régimen de Nicolás Maduro. En esta negociación la ficha principal a negociar por la dictadura venezolana sería Álex Saab, a quien estarían dispuestos a intercambiar por algunos de los estadounidenses presos en Venezuela.

Estacio: es posible la testificación por video

  Omar Estacio, abogado especialista en materia penal, conversó con Venezuela Política y, en primer término, manifestó que el pedido de la fiscalía al tribunal a objeto de que se evite la comparecencia de los testigos de Álex Saab por teleconferencia, está apegado a la “sana tradición judicial”.

  Refiere el especialista que el acto de declaración de un testigo es ceremonial, una actividad revestida de gran simbología que es preciso preservar pues tiene que ver con la correcta aplicación de la justicia. Estacio insiste en que la comparecencia de testigos es de alta significación judicial y subraya que la tendencia a realizar estas actividades judiciales por video obedece grandemente a las limitaciones impuestas por la pandemia del Covid-19.

  Advierte, eso sí, que en Estados Unidos es posible llevar a cabo estos procedimientos en circunstancias excepcionales. Explicó que el testimonio de testigos fuera del territorio de los EE. UU. puede darse a través de las cartas rogatorias o exhortos.

Las salvaguardas necesarias

  Sin embargo, Estacio aclara que en estos casos el testimonio debe rendirse en un tribunal de la localidad donde se encuentre la persona citada como testigo y allí juramentarse ante un juez. Es decir, la declaración debe ofrecerse con ciertas salvaguardas que les garanticen a los operadores de justicia que ese testigo no es objeto de presiones para emitir su testimonio.

 Entre estas salvaguardas está que la comparecencia se rinda en un tribunal o ante un fiscal del país con el que se mantengan acuerdos de mutua cooperación en el ámbito penal.

  Estacio se remite a la jurisprudencia en esta materia y se refiere a un caso ocurrido en los EE. UU. el 17 de agosto de 2017 que cerró esta posibilidad dado que el testigo iba a declarar en Irán, un país que no ofrece ninguna garantía de transparencia en materia de justicia. En el caso de Venezuela la fiscalía del Distrito Sur de Florida apunta que se trata de un país que tiene tratado de extradición aplicable a sus nacionales, por lo que, de producirse el delito de perjurio por parte del testigo, no habría manera de presentarlo ante la justicia de EE. UU. para castigarlo por su falso testimonio.

  La experiencia, por ejemplo, ha llevado a otro tipo de soluciones, como la ocurrida en un caso ocurrido en China, donde se condicionó por parte de la justicia de EE. UU. que la declaración se produjera en el consulado estadounidense de la ciudad donde tuvo lugar la comparecencia.

País amigo

  Aplicar esta última situación a Venezuela, lleva en primer término al inconveniente de que el sistema judicial está altamente cuestionado, a lo que se agrega el hecho de que, en la actualidad, por la ruptura de las relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro, el consulado y la embajada en Caracas se encuentran cerrados.

 Sin embargo, esto podría subsanarse con la aplicación de una práctica del Derecho Internacional que lleva a la designación de un tercer país, un “país amigo”.

 En el caso de Venezuela y EE. UU. es Suiza el “país amigo” que representa los intereses de Estados Unidos y que, de prosperar este asunto, permitiría que se produjera la declaración de los testigos con las salvaguardas debidas.

 Sin embargo, Omar Estacio subraya que la fiscalía alertó que, en el caso de Álex Saab, sus abogados no han promovido ninguna alternativa de este tipo.

Sobre la inmunidad diplomática

 De cualquier manera, Omar Estacio recuerda que la inmunidad diplomática no depende del estado requirente, sino del estado huésped. Sólo por el uso y las costumbres, pues no existe una norma que lo establece, los jefes de estado y los cancilleres tienen prevista la inmunidad, automática. Cualquier otro funcionario que ejerza como diplomático, debe recibir el beneplácito del país receptor. De lo contrario, sencillamente adolece de inmunidad en dicho país.


Interamerican pide al Tribunal obligar a PDV USA a responder cuestionario sobre el contrato con la empresa de David Rivera

  La empresa demandada no está conforme con las respuestas ofrecidas e insiste ante la Corte en su pedido.

Por Maibort Petit

   El 29 de junio de 2022, Jason W. Johnson, abogado de Byrd Campbell P.A., en representación de Interamerican Consulting Inc., remitió al juez Robert E. Lehrburger, titular de la causa en el Tribunal  del Distrito Sur de Nueva York, una carta-moción para solicitar una conferencia previa a la moción para resolver una disputa de descubrimiento entre las partes. Explicó que la demandante PDV USA se ha negado a proporcionar respuestas adecuadas a varios de los Interrogatorios que les han formulado, y presenta documentos relevantes relacionados con la contratación de PDV USA de firmas de relaciones gubernamentales de terceros.


  El abogado Johnson acusó que PDV USA se ha negado a responder preguntas básicas sobre su supuesta insatisfacción con el desempeño de Interamerican en virtud del contrato, la participación del Departamento de Justicia en la presentación de esta demanda y la contratación de firmas consultoras externas que Interamerican recomendó como parte de sus servicios —para separar a PDV USA de su filial extranjera y mejorar su posición en los Estados Unidos. También le refirió al juez que PDV USA se ha negado a presentar documentos relacionados con la contratación de firmas consultoras externas, a pesar de sus afirmaciones anteriores de que realizaría búsquedas de estos documentos.

  Le subraya al magistrado que PDV USA nunca identifica ninguna comunicación con respecto a su supuesta insatisfacción con el desempeño de Interamerican o, incluso, si existe tal comunicación. Por ello, se debe obligar a PDV USA a identificar cualquier documento o comunicación que revele su supuesta insatisfacción con el presunto incumplimiento de Interamerican.

  Del mismo modo se le refiere al juez que en la pregunta N° 11 que requiere la identificación de la persona o personas del Departamento de Justicia con la que se habría reunido, tal como lo refiere en la presentación del DOJ.

  Se indica que "PDV USA declara que ninguna persona dentro de ninguna entidad de PDV consultó, se reunió, discutió o se comunicó de alguna manera con el DOJ". Interamerican le refiere al juez que definió originalmente el término “entidades de PDV” como “PDV USA, Junta Ad Hoc de PDVSA, PDV Holding, Inc. y cualquier otra subsidiaria o afiliada de PDV en el mundo”. Sin embargo, PDV USA modificó y limitó el término “entidades de PDV” en sus Respuestas y Objeciones para referirse únicamente a “PDV USA, los miembros del Consejo Ad Hoc de PDVSA y PDV Holding, Inc.”, omitiendo a PDVSA de su definición.

 Por tanto, Interamerican cree que debería obligarse a PDV USA a responder esta pregunta según la definición de Interamerican del término "entidades de PDV".

  Se la plantea al juez que PDV USA no puede alegar simultáneamente que Interamerican “no prestó ninguno de los servicios para los que fue contratada” y quejarse de que recopilar información relacionada con los servicios de Interamerican es “indebidamente oneroso”. PDV USA tampoco puede afirmar que el término “empresas de relaciones gubernamentales con terceros” es vago, ya que la pregunta 13 brinda ejemplos de empresas a las que se refiere.

Interamerican acusa inconsistencias de PDV USA

  El 6 de junio de 2022, Andrés Domingo es, del despacho Byrd Cambell que defiende los derechos de la demandada Interamerican Consulting Inc., remitió una comunicación a Brady M. Sullivan, abogado de la firma Willkie Farr & Gallagher LLP que representa a la demandante PDV USA Inc., para exponer las deficiencias en las producciones y respuestas al Segundo Conjunto de Interrogatorios.

 Interamerican pidió a PDV USA, a través del abogado, responder antes del 10 de junio de 2022, pues de lo contrario, asumirían “que las partes están en un callejón sin salida y actuaremos para obligar a los problemas planteados en esta carta”.

 En primer término se cita la pregunta N° 4 en la que se insta a la identificación de comunicaciones internas “sobre cualquier insatisfacción con el desempeño de Interamerican en virtud del Contrato”.

 Le refiere Interamerican a PDV USA que, en sus respuestas y objeciones, nunca identifica ninguna comunicación con respecto a su supuesta insatisfacción con el desempeño de Interamerican, o incluso si existe tal comunicación.  Subrayó que PDV USA sostiene que “no era el beneficiario previsto del Contrato” y, por lo tanto, “las comunicaciones (…) no habrían ocurrido ‘dentro’ de PDV USA”.

 Una declaración que es contraria a las alegaciones en la Demanda modificada de que (1) “Pío González, un empleado de PDVSA, fue identificado en el Acuerdo como el ‘representante autorizado’ de PDV USA (…) y se le enviaron los dos informes de avance que produjo Interamerican;” (2) “Interamerican no proporcionó los servicios y entregables establecidos en el Acuerdo”; (3) "Interamerican no realizó ningún servicio 'a entera satisfacción de PDV USA'"; y (4) "PDV USA no estaba y no está satisfecho con ningún servicio que pretenda prestar a PDV USA en virtud del Acuerdo".

 Para Interamerican es inexplicable que documentos y comunicaciones internas sobre la supuesta “insatisfacción” de PDV USA no existan dentro de la empresa que fue instruida para celebrar el Acuerdo y a su vez expresó su insatisfacción con el resultado, como lo demuestra el inicio de este litigio. 

  Advierte que en las respuestas de PDV USA a la solicitud de admisión de Interamerican, dice que “nunca expresó ninguna insatisfacción con el desempeño de Interamerican a Interamerican entre el 21 de marzo de 2017 y el 21 de junio de 2017”.

 Acusando inconsistencia, Interamerican refiere que, al referir que nunca expresó su descontento entre el 21 de marzo de 2017 y el 21 de junio de 2017 y luego afirmar que cualquier comunicación sobre su supuesto descontento no habría ocurrido dentro de PDV USA durante ese mismo período, PDV USA estaría admitiendo que Guillermo Blanco, presidente de PDV USA quien firmó el contrato en nombre de la empresa y José Pereira, el tesorero de que aprobó las facturas nunca se quejaron de la supuesta falta de desempeño de Interamerican entre las fechas citadas. “Si esa es su posición, ¿quién expresó su descontento con el desempeño de Interamerican en PDV USA? Por favor, aclare su posición”, remata.

 En cuanto a la pregunta N° 11 que apunta a la identificación de “la persona o personas dentro del Departamento de Justicia de los EE. UU. con quien alguien dentro de las entidades de PDV consultó.

  Se indica que PDV USA respondió y objetó bajo una interpretación restringida que esta pregunta al afirmar que "PDV USA declara que ninguna persona dentro de ninguna entidad de PDV consultó, se reunió, discutió o se comunicó de alguna manera con el DOJ". Se advierte que la Presentación del DOJ parece haber sido preparada por la Junta Ad Hoc de PDV y, por tanto, PDV USA presumiblemente tendría conocimiento contrario a su afirmación de que ninguna persona consultó con el DOJ.

   Alerta que dado que PDV USA creó unilateralmente en sus respuestas y objeciones el término “entidades de PDV”, esto haría que la respuesta de la demandante sea fuera insuficiente. Se explica que PDV USA definió el término “entidades de PDV” para referirse a PDV USA, los miembros de la Junta Ad Hoc de PDVSA y PDV Holding, Inc., pero omitió a PDVSA de su definición.

Apunta que de ninguna manera la solicitud de Interamerican en esta pregunta sea irrelevante, pues PDV USA ha inyectado la relevancia de las comunicaciones con el DOJ en esta demanda. Refiere que pese a que PDV USA trata de enmarcar el caso como una simple disputa contractual, la Demanda modificada está plagada de acusaciones de que el acuerdo en sí mismo es una "farsa" y han sugerido o acusado abiertamente a Interamerican de apropiación indebida de los fondos, lo cual es un propósito criminal o nefasto. Además de la afirmación de que la demanda se presentó después de consultar con el Departamento de Justicia. Ante esta situación, Interamerican pide a PDV USA, aclarar su posición.

 Respecto a la pregunta N° 13 que procura la identificación de “documentos, comunicaciones, reuniones, o todas y cada una de las comunicaciones, en las que se contraten firmas de relaciones gubernamentales de terceros (…) se discutió” y “personal de PDV USA o cualquiera de las entidades de PDV que estuvieron involucradas en estas comunicaciones” que también es calificada por la demandante como irrelevante, contradice lo planteado en la demanda.

  Explica Interamerican que PDV USA alegó que la demandada “(…) no proporcionó al CLIENTE consultoría estratégica (…);” “(…) no desarrolló ni trabajó con el CLIENTE para organizar e implementar una estrategia multifacética (…);” y "(…) no identificó oportunidades para construir relaciones a largo plazo entre terceros clave (…)”. En tal sentido, Interamerican recuerda que varias de las firmas de relaciones gubernamentales de terceros identificadas en el Interrogatorio fueron contratadas en relación con los servicios de Interamerican y alertó que PDV USA no puede alegar simultáneamente que Interamerican “no prestó ninguno de los servicios para los que fue contratada” y quejarse de que recopilar información relacionada con los servicios de Interamerican es “indebidamente oneroso”. Igualmente se aclara que PDV USA tampoco puede afirmar que el término “empresas de relaciones gubernamentales con terceros” es vago y ambiguo cuando la pregunta N°13 proporciona ejemplos de las empresas a las que se refiere.

  Debido a que los cuatro cargos de PDV USA contra Interamerican se basan en la afirmación de que los servicios eran “inexistentes”, cualquier documentación que responda a esta solicitud no solo es relevante, sino necesaria en la defensa de esta acción.

  Finalmente, Interamerican Consulting, en razón de que no está claro si PDV USA ha retenido documentos, instó que, así como ellos se encontraban produciendo todos los documentos que coinciden con los 34 términos de búsqueda propuestos, la demandada esperaba que, del mismo modo, la demandante, actúe de igual manera y presente todos los documentos retenidos por falta de respuesta.

  Llamó a PDV USA a responder a las deficiencias planteadas antes del 10 de junio de 2022 o, de lo contrario, asumirían que las partes están en un callejón sin salida y procederán a obligar.

Conozca quién es Carlos Orense Azócar alias “El Gordo”, el narco ligado al Cártel de los Soles enjuiciado en NY

  Su papel en la organización criminal era como operador logístico, una posición a la que habría llegado gracias a sus conexiones con “El Pollo Carvajal” y Pedro Luis Martín Olivares.

Por Maibort Petit

  Una de las piezas claves en la estructura logísticas del denominado Cartel de los Soles se enfrenta a la justicia de los Estados Unidos en una Corte de Nueva York. Se trata de Carlos Eduardo Orense Azócar, alias “El Gordo”, quien es acusado de cuatro cargos de narcotráfico y posesión de armas.

  Luego de haber sido detenido en una pensión de Casalvieri, una localidad de la provincia de Frosinone, Italia, en mayo de 2021, Orense Azócar fue extraditado en junio de 2022 atendiendo a un pedido del gobierno de EE. UU. formulado un año antes. Su primera comparecencia ante la justicia estadounidense se produjo el 23 de junio de este 2022 en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York donde se declaró inocente de cuatro cargos de narcotráfico.

  Específicamente, se le señala de (1) Conspiración para producir, manufacturar, distribuir y poseer sustancias prohibidas por las leyes de los Estados Unidos (Cocaína); (2) Conspiración para violar las leyes marítimas de lucha contra las drogas por haber utilizado barcos, cargueros productos con cocaína, en violación del Título 21 del Código de EE. UU.; (3) Posesión de Armas de alto calibre, ametralladoras, y artefactos de destrucción para defender su empresa criminal de cocaína; y (4) Conspiración para poseer armas de alto calibre, ametralladoras y artefactos de destrucción[1].

  Igualmente, durante esta primera cita con la justicia de EE. UU., el acusado se declaró insolvente, por lo que la juez Valerie Figueredo, revisó su declaración financiera jurada y le designó un defensor público. Del mismo modo, el caso se remitió al juez de distrito Vernon S. Broderick[2].

  De acuerdo a la información que se maneja proveniente de fuentes policiales venezolanas, Carlos Orense Azócar dentro de la estructura del Cártel de los Soles estaba encargado de coordinar los envíos, de la logística del dinero, así como del envío de la droga al exterior. Este hombre habría manejado alrededor de 40 por ciento de las 40 toneladas que supuestamente moviliza el cartel.

Los antecedentes de “El Gordo”

  El historial de Carlos Eduardo Orense Azócar siempre ha estado ligado a lo irregular, por cuanto en su haber este hombre, quien trabajó en el Ministerio de Finanzas en 1989, enfrentó una demanda que le entabló un banco privado en enero de 2011 por el impago de una deuda por tarjetas de crédito. Por este hecho, el Juzgado del Área Metropolitana de Caracas le dictó prohibición de enajenar y gravar sobre un inmueble del que era propietario.

  Del mismo modo, fue al banquillo de los acusados por la muerte de quien era señalado como su socio, Carlos Ramón Cedeño. El hecho ocurrió el 20 de noviembre de 2011, en El Tigre, estado Anzoátegui, caso, cuando en medio de una riña “El Gordo” mató a Cedeño y luego alegó defensa propia. Consiguió beneficios procesales y no cumplió su condena completa.

 Se habría desempeñado como interventor de aduanas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y también habría trabajado bajo las órdenes del exdirector de contrainteligencia de la vieja Disip, Pedro Luis Martín Olivares, quien es señalado de la comisión hechos de narcotráfico[3].

 La acusación que Estados Unidos le formula sostiene que habría conspirado para importar droga a territorio estadounidense a través de una trama criminal que operó en Venezuela, Colombia, República Dominicana y México entre los años 2003 y 2021.

Su papel en el Cartel de los Soles

 Como se sabe, el Cártel de los Soles es una organización criminal integrada por militares y altos funcionarios gubernamentales del régimen chavista, teniendo entre sus cabecillas, a Diosdado Cabello y Tareck El Aissami, como figuras principales. Según los datos que hasta la fecha se manejan en los órganos de investigación estadounidenses, el Cartel de los Soles estaría integrado por “17 generales venezolanos en activo y con altos cargos, cuatro exministros del chavismo, seis jueces, una larga lista de funcionarios de la administración pública y cinco acaudalados empresarios que se pusieron al servicio del narcotráfico”.

  Versiones de prensa señalan que Carlos Orense Azócar dentro del Cartel de los Soles trabajaría con Pedro Luis Martín Olivares y Hugo “El Pollo” Carvajal, el primero de ellos, responsable de la logística de la organización criminal. Por ello, su aprehensión y extradición a los EE. UU. supondría un gran peligro para Diosdado Cabello en razón de la información que maneja[4].

“El Gordo”, refieren las investigaciones, desde su posición como colaborador en las operaciones del cártel, habría ayudado a legitimar dinero de Tareck El Aissami en alianza con Samark López Bello, tenido como uno de sus testaferros.

  Carlos Orense Azócar supuestamente fue conectado con Tareck El Aissami cuando se desempeñaba como ministro del interior entre los años 2008 y 2012, a través del exjefe de inteligencia financiera de la policía política venezolana, Pedro Luis Martín Olivares, y del general Hugo Carvajal. Mediante esta conexión, “El Gordo” también estrechó su vínculo con Walid Makled.

  Toda esta estructura que lo ligaba a los servicios de inteligencia, le habría permitido a Carlos Orense Azócar, operar desde una oficina en la sede del Sebin ubicada en El Helicoide. Habría sido de esta manera como, presuntamente, trabajó con capos colombianos en el traslado de droga por vía terrestre al centro del territorio venezolano con protección del referido servicio de inteligencia y de la Guardia Nacional.

  Esta conexión con El Pollo Carvajal y Martín Olivares, le permitió a Carlos Orense Azócar manejar el envío de cocaína a República Dominicana a través de lanchas, así como el paso de la droga entre Colombia y Venezuela por aire y tierra. La finca “Los Garañones” en Guárico habría sido centro de despacho de por lo menos ocho cargamentos.

“El Gordo” también está ligado a una empresa de energía con sede en Nueva York, la cual le permitió, de acuerdo a las investigaciones, obtener contratos de suministro para PDVSA y, al mismo tiempo, camuflar el dinero ilícito de las operaciones de narcotráfico entre 2004 y 2009. Se determinó que la asignación de contratos a la empresa energética ligada a Carlos Orense Azócar, fue posible gracias a su relación con el entonces presidente de CITGO, Luis Marín. El otro respaldo necesario para llevar a cabo estas operaciones y obtener los pagos de la filial de la estatal petrolera venezolana, habría sido Eudomario Carruyo, expresidente de finanzas de Petróleos de Venezuela.

 Otro apoyo necesario a Orense Azócar provino supuestamente de la oficina de identificación venezolana, Saime, donde se les suministraron pasaportes a los diversos grupos para legitimar el dinero del narcotráfico con colaboración del Banco Peravia de República Dominicana[5].

 El papel de Orense Azócar dentro de la organización criminal del cártel de los Soles también la corroboran datos obtenidos en una amplia investigación del portal de periodismo Itemp, en la cual se estableció que “El Gordo” pudo llevar a cabo todas sus operaciones irregulares, gracias al respaldo que la brindó su relación con “El Pollo Carvajal” y Martín Olivares

  En una entrevista formulada por Itemp a uno de los fiscales refirió que el testimonio de Antonio Arvelaiz, detenido en 2017 por sus vínculos con el blanqueo de capitales, sirvió para instrumentar los expedientes de Carvajal y Martín Olivares. “‘El Pollo’, al igual que Pedro Luis, nos proporcionó credenciales de los servicios de inteligencia venezolanos que permitieron a Orense Azócar viajar tranquilamente por Venezuela; nos entregó armas de servicio y suministró vehículos del Estado”, informó Arvelaiz al fiscal, de acuerdo a lo indicado por Itemp.

 Agrega el trabajo periodístico que El Gordo, El Pollo y Martín Olivares “‘cobraban un porcentaje por la custodia y paso de la droga, por la instalación de radares aéreos para el despegue de aeronaves y resguardo y salida de embarcaciones’, dijo Arvelaiz, el motor financiero de la organización liderada por ‘El Gordo Orense’”, se lee en la nota de Itemp[6].

  Tocará ahora que la fiscalía de los Estados Unidos pruebe todas estas acusaciones contra Carlos Eduardo Orense Azócar en el proceso judicial que recién se inicia.

[1] Venezuela Política. “Narcotraficante venezolano alias ‘El Gordo’ se declara no culpable en un tribunal de Nueva York". 24 de junio de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/06/narcotraficante-venezolanos-alias-el.html

[2] https://cvvnews.com/the-fall-of-carlos-orense-azocar-the-drug-trafficker-linked-to-chavismo/ The fall of Carlos Orense Azocar, the drug trafficker linked to Chavismo

[3] Suprema Injusticia. “Presunto operador del Cártel de Los Soles está en manos de justicia de EEUU”. 13 de julio de 2022. https://supremainjusticia.org/presunto-operador-carte-de-los-soles/

[4] https://cvvnews.com/the-fall-of-carlos-orense-azocar-the-drug-trafficker-linked-to-chavismo/

[5] Diario Las Américas. “El imperio del narcotráfico estuvo al servicio de Hugo Chávez”. 8 de junio de 2018. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/el-imperio-del-narcotrafico-estuvo-al-servicio-hugo-chavez-n4152829/amp

[6] Itemp. “The darkest secrets of a spy chief”. 30 de diciembre de 2020. https://www.itempnews.org/2020/12/30/the-darkest-secrets-of-a-spy-chief/


 

viernes, 9 de septiembre de 2022

El sellado de documentos sigue marcando la pauta en el caso de Clíver Alcalá Cordones

   En varias oportunidades el gobierno ha querido proteger parte de la evidencia y el tribunal ha acogido las solicitudes.

Por Maibort Petit

   Una vez más la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ha solicitado al tribunal sellar parte del material manejado en el caso del militar venezolano, Clíver Alcalá Cordones, sobre quien pesa una acusación por delitos de narcoterrorismo.

  En aras del interés de la justicia, el pasado 31 de agosto del presente 2022, los fiscales auxiliares, Jason A. Richman y Kaylan E. Lasky, en representación del fiscal Damian Williams, anunciaron al juez de la causa, Alvin K. Hellerstein, un trámite ante el Oficial de Seguridad de la Información Clasificada para mantener bajo resguardo del ojo público cierta información del caso de Alcalá Cordones.

  Previamente, el 2 de junio de 2022, la Corte dictó una orden de programación en la que estableció la realización de una conferencia ex parte para resolver una moción pendiente del gobierno que procuraba la retención de documentos. En tal sentido, fue pautada una reunión para el 21 de julio de 2022 a puerta cerrada para tratar la exigencia del demandado de una mayor producción de material de Brady, presentada bajo sello el 12 de mayo de 2022. Allí la fiscalía expondría sus razones para no producir los documentos o que se hiciera con sustituciones, al tiempo que igualmente presentaría su oposición a una moción pendiente de Cliver Alcalá para obligar antes del 15 de junio de 2022.

  Anteriormente a esto, el 9 de febrero de 2022, el juez Hellerstein concedió una moción de la fiscalía presentada ex parte a puerta cerrada en la víspera (8 de febrero) y a través del Oficial de Seguridad de la Información Clasificada, por estimar que efectivamente la documentación que presentaría el gobierno debía ser protegida por contener información clasificada que debía ser manejada como secreto de estado.

  Determinó el magistrado, con base en la jurisprudencia, que la divulgación de los "Materiales clasificados eliminados" podría causar daños graves a la seguridad nacional, como lo refiere la norma, además de no no ser útiles para la defensa.

  Igualmente, Hellerstein ordenó a la fiscalía presentar a la defensa una serie de sustituciones del material acordadas previamente y que dicha presentación fuera sellada y permaneciera bajo la custodia del Oficial de Seguridad de la Información Clasificada hasta una nueva orden del Tribunal.

  Como estas, se han producido otras órdenes de restricción de la evidencia como, por ejemplo, la ocurrida en agosto de 2020, cuando el juez Alvin K. Hellerstein, ordenó que el material entregado a la defensa de Cliver Alcalá Cordones fuera protegida para evitar que fuera a parar a manos de terceros no autorizados fuera de loe EE. UU. 

  Argumentó que si bien el acusado tenía derecho a acceder a las evidencias en su contra, también era real la preocupación por la seguridad y confidencialidad de los materiales.

  Hellerstein determinó que "los materiales de descubrimiento no se puede proporcionar a personas o entidades extranjeras (incluso si tales personas o entidades son miembros de un equipo de defensa), a menos que están dentro de la categoría de ‘Personas Aprobadas’ por las partes".

 Incluso, el magistrado se prohibió a los medios de comunicación el solicitar copias de artículos recibidos por la Corte[1].

 La acusación contra el militar venezolano se produjo el 26 de marzo de 2020, cuando se le señaló de conspiración para cometer narcoterrorismo; conspiración para importar cocaína; y cargos relacionados con armas de fuego.

  El caso contra Alcalá Cordones se enmarca dentro de una acusación que el gobierno de los Estados Unidos formuló contra Nicolás Maduro y 14 funcionarios venezolanos, entre ellos el referido oficial, de quien se dice fungía como uno de sus lugartenientes que actuaban para  “inundar Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación. Maduro usó cocaína de forma muy deliberada como arma”.

 Además de Maduro y Alcalá Cordones, la acusación contempla a elementos emblemáticos del chavismo, tales como Diosdado Cabello y Hugo Carvajal, señalados de ser líderes del Cártel de los Soles.

REFERENCIA 

[1] Venezuela Política. “Juez estadounidense ordena proteger evidencias entregadas a Cliver Alcalá Cordones "para evitar que lleguen a terceros en el exterior”. 5 de agosto de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/08/juez-ordena-proteger-evidencias-que-se.html

jueves, 8 de septiembre de 2022

Aplazan para octubre la conferencia de estado de la causa contra el narcotraficante Carlos Orense Azócar, alias “El Gordo”, ligado al cártel de los Soles

  El juez de la causa aprobó la prórroga a objeto de que el gobierno produzca el descubrimiento y la defensa pueda instrumentar el caso.

Por Maibort Petit

  El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York prorrogó hasta el 5 de octubre de 2022, la conferencia de estado de la causa en la que la Fiscalía acusa a Carlos Eduardo Orense Azócar, alias “El Gordo”, de delitos de narcotráfico por su supuesto papel en la logística de las operaciones del Cártel de los Soles. El tiempo otorgado busca que, por un lado, el gobierno proceda a la producción de documentos del descubrimiento y, por el otro, la defensa pueda proceder a analizarlos y estructurar el caso.

  “El Gordo” es acusado de (1) Conspiración para producir, manufacturar, distribuir y poseer sustancias prohibidas por las leyes de los Estados Unidos (Cocaína); (2) Conspiración para violar las leyes marítimas de lucha contra las drogas por haber utilizado barcos, cargueros productos con cocaína, en violación del Título 21 del Código de EE. UU.; (3) Posesión de Armas de alto calibre, ametralladoras, y artefactos de destrucción para defender su empresa criminal de cocaína; y (4) Conspiración para poseer armas de alto calibre, ametralladoras y artefactos de destrucción[1].

  Carlos Orense Azócar fue extraditado a Estados Unidos en junio del presente año 2022, luego de permanecer durante un año detenido en Italia, donde fue aprehendido en mayo de 2021 cuando estaba en una pensión de Casalvieri, una localidad de la provincia de Frosinone.

 A continuación, presentamos las últimas diligencias judiciales del caso.

Suministro de evidencias

  El 8 de junio de 2021, Benjamín Woodside Schrier, asistente de la para entonces Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, solicitó al juez Kevin Nathaniel Fox, emitir una orden de apertura limitada que le permitiera al gobierno entregar documentos a fuerzas del orden extranjero y otras autoridades gubernamentales relacionadas con la extradición de Carlos Orense Azócar.

   Tal como lo solicitó el fiscal, así lo ordenó el juez Fox.

 Tribunal ordena entregar evidencia a la defensa

  El 23 de junio del presente 2022, la juez del Distrito Sur de Nueva York, Valerie Figueredo, ordenó a la fiscalía revelar a la defensa de Carlos Orense Azócar —sea demandada por esta o no— a objeto de que pueda hacer uso de ella para la preparación del caso.

La orden contempla tanto la información manejada por el gobierno para el momento de emitida la decisión, como a futuro, advirtiendo que la divulgación debe llevarse a cabo tan pronto se tenga conocimiento de la misma.

  La juez hizo la salvedad de que en caso de que la fiscalía estime que la divulgación de alguna información en virtud de esta orden, comprometa la seguridad de los testigos, los derechos de las víctimas o la seguridad nacional, se deberá solicitar al tribunal la revisión en cámara o la retención o sometimiento a una orden de protección, bien de toda la información o de parte de ella.

  Recordó que el gobierno está obligado a buscar toda la información del caso entre los fiscales federales, estatales o locales, así como de cualquier agencia que haya estado relacionado con la investigación que llevó al enjuiciamiento de Carlos Orense Azócar.

  Valerie Figueredo advirtió que el no cumplimiento de la orden podría conllevar a que la Corte establezca los términos y condiciones de la producción de la información; imponer sanciones probatorias; declarar desacato u otra sanción a cualquier responsable; desestimar los cargos antes del juicio o anular la condena después del juicio.

Pedido suspensión de conferencia previa al juicio

  El 18 de agosto de 2022, Kaylan E. Lasky y Kyle A. Wirshba, asistentes del fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, solicitaron al juez del distrito homónimo, Vernon S. Broderick, pidieron la suspensión por 45 días de la conferencia previa al juicio de la causa en la que los Estados Unidos demandan a Carlos Orense Azócar que estaba programada para el 22 de agosto del referido 2022.

  El pedido respondía al propósito de que las partes sigan discutiendo una posible disposición previa al juicio y asistir al descubrimiento antes de la comparecencia.

  Al día siguiente, 19 de agosto de 2022, aplazó la conferencia de estado para el 5 de octubre de 2022 a las 3 de la tarde, otorgando así a las partes el tiempo que requieren para producir y revisar el descubrimiento.

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “Narcotraficante venezolano alias ‘El Gordo’ se declara no culpable en un tribunal de Nueva York". 24 de junio de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/06/narcotraficante-venezolanos-alias-el.html


miércoles, 7 de septiembre de 2022

Trafigura, la empresa ligada al chavismo y a la que la justicia de EE. UU. le otorga sus demandas

  Mientras por un lado es acusada por presunta corrupción, por el otro los tribunales le conceden sus demandas.

Por Maibort Petit

   Trafigura, una empresa que se dedica al comercio de productos básicos y logística” en todo el mundo que entre sus principales actividades negocia de manera independiente petróleo y productos derivados del petróleo y que ha sido ampliamente cuestionada por sus vínculos con el chavismo, exhibe avances no solamente en territorio venezolano con sus aliados en el régimen de Nicolás Maduro, sino también en el propio Estados Unidos. Allí, mantiene operaciones con CITGO Petroleum Corporation, pese a que compañías, agentes y países, de manera previsiva, han suspendidos sus negocios con ella. También, el sistema judicial ha concedido sus demandas. Tal es el caso de la sentencia de un tribunal de apelaciones que ratificó la decisión del tribunal de distrito que dispuso, tal como lo había demandado, el reembolso de impuestos cobrados a las exportaciones petrolera que habían estado en manos de la citada compañía.

La decisión

  El 24 de marzo de 2022, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito falló a favor de la empresa Trafigura Trading LLC y la devolución de los impuestos cobrados a la misma, al establecer que es la propia Constitución de los Estados Unidos prohíbe gravar las exportaciones, lo cual “resuelve este caso”, dijo categóricamente el magistrado ponente, James Ho.

  La decisión se tomó 2 a 1, habiendo el juez Jacques Wiener dado el visto bueno a la sentencia mas no a la opinión de Ho. Entretanto, el juez James Graves manifestó su disenso. De este modo se refutó la acción del gobierno federal que insistía en que Trafigura Trading debía pagar un impuesto sobre el petróleo crudo nacional que exporta de los Estados Unidos, a lo que el tribunal de distrito dijo que y el tribunal de apelaciones lo confirmó.

  Recordó que la Convención Constitucional comenzó en Filadelfia el 25 de mayo de 1787 y allí, Alexander Hamilton defendió la necesidad de que constituir un gobierno federal debía tener un amplio poder para impuestos que incluyera específicamente las exportaciones, un criterio al que se opusieron firmemente los delegados del sur del país, quienes advirtieron que no aprobarían una Constitución que no prohibiera explícitamente impuestos sobre las exportaciones. Negociaron los del norte y los del sur, entonces, intercambiando el poder de gravar las exportaciones para el poder de regular el comercio.

  Después de largas discusiones, la Convención finalmente adoptó el lenguaje que ahora aparece en el Artículo I, la Sección 9 de la Constitución: "No se establecerán impuestos o impuestos sobre los artículos exportados de cualquier Estado". Una cláusula cuya importancia ha resaltado la Corte Suprema en varias ocasiones.

 Expone la sentencia que Trafigura Trading es una empresa de comercio de productos básicos que compra y exporta petróleo crudo de los Estados Unidos, la cual, entre 2014 y 2017, exportó alrededor de 50 millones de barriles de petróleo crudo de campos petroleros en Texas, Louisiana y Dakota del Norte. La compañía pagó más de USD 4 millones al Servicio de Rentas Internas (IRS, por las siglas en inglés de Internal Revenue Service) por dichas exportaciones, como lo requieren 26 U.S.C. § 4611 (b), una disposición que impone un "impuesto", a una tasa de 8 o 9 centavos por barril, según el año, al petróleo crudo nacional "utilizado o exportado desde los Estados Unidos". Este dinero pagado fue al Fondo Fiduciario de Responsabilidad por Derrames de Petróleo.

  Trafigura Trading LLC denunció que la disposición § 4611 (b) impone un impuesto inconstitucional bajo la cláusula de exportación, por lo que buscó un reembolso por el monto pagado, pero el IRS negó la solicitud. La empresa entonces acusó la inconstitucionalidad de la norma y el Tribunal de Distrito estuvo de acuerdo y otorgó el reembolso en consecuencia. Ante esta decisión, Estados Unidos apeló.

  Refiere el fallo que cuando se trata de la potestad federal de gravar las exportaciones, el texto del Artículo I, Sección 9 de la Constitución es categórico: “No se impondrá ningún Impuesto o Tasa sobre los Artículos exportados de cualquier Estado”.

  Entretanto, en los estados la prohibición para gravar las exportaciones es menos radical y estipula que “ningún Estado podrá, sin el consentimiento del Congreso, imponer impuestos o derechos sobre las importaciones o exportaciones, excepto lo que sea absolutamente necesario para ejecutar sus leyes de inspección”.

 La inclusión de la excepción que permite a los estados imponer tarifas a las exportaciones que son "absolutamente necesarias para ejecutar sus leyes de inspección" y que plantea la pregunta de si puede el gobierno federal imponer tarifas similares a las exportaciones en virtud del Artículo I, Sección 9, la ponencia sostiene que la resuelve el Tribunal Supremo. Explica que dicha instancia judicial resolvió el asunto sosteniendo que un “impuesto” federal sobre las exportaciones puede ser recaracterizado —y confirmado— como una “tarifa de usuario”, si está “diseñado como compensación por servicios, instalaciones o beneficios proporcionados por el gobierno”.

¿Impuesto o tarifa de usuario?

  El juez Ho refiere que tocaba ahora resolver si la regla § 4611(b) impone un impuesto o una tarifa de usuario. En este sentido, indica que, a primera vista, el texto de la norma se refiere al cargo como un “impuesto”, pero “debemos considerar las cosas en lugar de los nombres” y considerar si el cargo funciona como “una tarifa de usuario de buena fe”.

  La jurisprudencia lleva al magistrado a establecer que, primero, hay que considerar si el cargo según § 4611(b) se basa en la cantidad o el valor del petróleo exportado y, de ser así, es más probable que se trate de un impuesto. En segundo lugar, hay que considerar la conexión entre los servicios del Fondo a los exportadores, si los hay, y lo que pagan los exportadores por esos servicios según § 4611(b). Esa conexión no necesita ser un ajuste perfecto, pero una tarifa de usuario debe "coincidir justamente" o "correlacionarse de manera confiable con" el uso de los servicios gubernamentales por parte de los exportadores. Finalmente, se debe aplicar un "escrutinio intensificado” y hacer cumplir estrictamente la prohibición de impuestos de la Cláusula de Exportación al "protegernos contra (…)  la imposición de un [impuesto] con el pretexto de fijar una tarifa”.

  Trafigura considera que el cargo no compensa el costo de ningún servicio que reciba del gobierno, desafía la analogía del seguro del gobierno y enfatiza que la regla § 4611(b) financia una amplia gama de iniciativas que no son “servicios” proporcionados a los exportadores en cualquier sentido razonable de la palabra. Este último punto es dispositivo, por lo que no hay necesidad de abordar la analogía del seguro del gobierno.

 Se subraya que las tarifas de usuario surgen en el contexto de "transacciones de valor por valor".

  Destaca que los exportadores de petróleo sujetos a § 4611(b) están obligados a pagar, entre otras cosas, reembolsos a fideicomisarios federales, estatales y de tribus indias por evaluar el daño a los recursos naturales; investigación y desarrollo de tecnología de contaminación por petróleo; estudios sobre los efectos de la contaminación por hidrocarburos; investigación de simulación marina; y becas de investigación a universidades y que ninguna de estas cosas puede concebirse plausiblemente como “servicios” prestados a los exportadores a cambio de su pago.

  Se indica que el Congreso elaboró un esquema en el que los exportadores de petróleo crudo se ven obligados a subsidiar actividades que no son "servicios utilizados o utilizables por el exportador". Se advierte que la sección 4611(b) carga a los exportadores con el costo de las medidas contra la contaminación que generalmente benefician a la sociedad en general, y no específicamente al exportador que paga el cargo.

Al disidente

  En la ponencia, el magistrado James Ho responde a su compañero, el juez Graves, quien manifestó su disidencia con la decisión.

 En este sentido, respecto al criterio de Graves, quien teoriza que la industria petrolera, en su conjunto, causa derrames de petróleo, contaminación por petróleo y daño ambiental, y que, por lo tanto, la industria debe ser considerada "responsable de sus propias acciones y prácticas comerciales", Ho le recuerda que muchos impuestos están diseñados con ese propósito, como es el caso de los impuestos a la gasolina.

 Explica Ho que se trata de medidas diseñadas para lograr fines importantes para la sociedad, los cuales están mucho más allá de simplemente sufragar los costos del gobierno que brinda un servicio o beneficio particular a los miembros del público. Eso es “precisamente lo que los convierte en un impuesto, en lugar de una tarifa”.

 Concluye subrayando que, “si la Constitución prohíbe los impuestos a la exportación diseñados para promover la política comercial, y claramente lo hace, entonces no existe una base de principios para permitir los impuestos a la exportación diseñados para promover la política ambiental. Eso desafiaría el texto simple, así como la comprensión de los Fundadores de los estatutos de nuestra nación”.

 Y sentencia: “Sostenemos que § 4611(b) impone un impuesto a las exportaciones en violación de la Cláusula de Exportación. Estados Unidos no puede hacer cumplir la § 4611(b) sobre el petróleo crudo ‘exportado de Estados Unidos’. Nosotros afirmamos”.

El voto disidente

  El juez James Graves sostiene que disiente de la decisión en razón de que existen cuestiones genuinas de hecho material en cuanto a si 26 U.S.C. § 4611 impone una tarifa de usuario legítima, dejaría sin efecto la concesión del juicio sumario de responsabilidad del tribunal de distrito a Trafigura Trading LLC y la devolución.

  Según Graves, la cláusula de exportación no descarta las tarifas de usuario si no tienen las condiciones de un impuesto o derecho y, por el contrario, están diseñadas para compensar al gobierno por servicios, instalaciones o beneficios.

  Considera que Trafigura no pudo demostrar que no existe una disputa genuina de hecho material o que tenía derecho a un juicio como cuestión de derecho y, por lo tanto, el juicio sumario fue impropio.

 Graves finalizó indicando que anularía la concesión del juicio sumario de responsabilidad a Trafigura por parte del tribunal de distrito y la prisión preventiva.