viernes, 13 de mayo de 2022

En un tribunal de WPB: Claudia Díaz Guillén, "la enfermera de Hugo Chávez" se enfrenta a la justicia norteamericana

   Claudia Díaz Guillén, exenfermera y extesorera venezolana aceptó sobornos de Raúl Gorrín a cambio de ser favorecido en negociaciones con el estado venezolano.

Por Maibort Petit

    Este viernes 13 de mayo, un juez de Distrito del estado de la Florida leyó los cargos por corrupción a Claudia Patricia Díaz Guillén, una mujer que pasó de ser una enfermera del exmandatario Hugo Chávez, a Tesorera de Venezuela y posteriormente, una potentada millonaria que vivía entre lujos y caprichos con su marido, Adrián José Velázquez Figueroa quien también es acusado por el gobierno de Estados Unidos por haber cometidos delitos que violan las leyes federales estadounidenses. 

  Díaz Guillén fue extraditada desde Madrid, España el 12 de mayo de 2022, luego de un proceso que buscaba, por medio de acciones legales,  paralizar su entrega [por parte del Reino de España] a las autoridades de los Estados Unidos.  

   En la audiencia de arraigo, el juez auxiliar William Matthewman leyó los cargos por los cuales es acusada Díaz Guillén.  El magistrado se comunicó con la acusada a través de su abogada provisional, Marissel Descalzo. 

  La defensa solicitó una nueva audiencia para presentar todos los recaudos de una fianza. El magistrado Matthewman fijó la cita para el martes 17 de mayo. Este proceso se realiza en la Corte del Distrito de West Palm Beach, tribunal que juzgó a uno de los co-acusados, Alejandro Andrade, quien se declaró culpable y fue sentenciado. Gracias a su colaboración con la justicia y buen comportamiento, la condena de Andrade se redujo en mas de un 60 %. El exfuncionario corrupto está en libertad desde febrero 2022.

Los cargos 

  Díaz  Guillén es señalada de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) al ser acusada formalmente por tres cargos lavado de dinero ante la el Tribunal de Distrito Sur de Florida. La acusación firmada por la exfiscal del Distrito, Adriana Fajardo Orshan, también incluye al marido de la mujer, Adrián José Velázquez Figueroa. Ambos habrían recibido sobornos del empresario, Raúl Gorrín Belisario, a cambio de ser favorecido en negociaciones con el estado venezolano.

  Sobre Gorrín Belisario, la acusación refiere que se ha convertido en un “preocupación nacional” para los Estados Unidos, de acuerdo a lo establecido en la FCPA. Se indica que el referido empresario controlaba las que en la demanda se identifican como “Compañía 1”, “Compañía 2” y “Compañía 3”, todas constituidas y registradas en Panamá.

   La demanda igualmente señala a Alejandro Andrade Cedeño, quien también se desempeñó como Tesorero Nacional entre 2007 y 2010, como otro de los beneficiados con los pagos ilegales emitidos por Gorrín.

  Según varios medios de comunicación, Claudia Díaz tuvo acceso a los registros judiciales del principado de Liechtenstein, una localidad de habla alemana ubicado entre Austria y Suiza, evidenciándose que habría comprado unos 250 lingotes de oro tasados en USD 9,5 millones, una operación que supuestamente se habría llevado a cabo a través de una empresa fantasma registrada en San Vicente y las Granadinas.

    Los datos divulgados por la prensa refieren que el oro se depositó en una bóveda privada en Liechtenstein y que del mismo podrían disponer ella y su hijo cuando este alcance la edad de 18 años. Igualmente se informó que tiempo después una parte del oro fue vendido por un representante de Díaz y el dinero producto de la transacción ingresó a una cuenta en un banco suizo.

  A través de su abogado, Díaz Guillén negó la tenencia del oro, pero las investigaciones hacen referencia a que el banquero suizo, Charles-Henry de Beaumont, quien trabajó en la Compagnie Bancaire Helvetique SA (CBH) habría sido quien llevó a cabo las transacciones de todos los funcionarios venezolanos a cuentas en Suiza, en tiempos en que Claudia Díaz supervisaba las finanzas de Venezuela en la OPEP. Las pesquisas judiciales indican que Beaumont supuestamente trabajó con Danilo Diazgranados, un financiero venezolano señalado por hechos de corrupción.

Doble apelación

  Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, apelaron ante la Audiencia Nacional de España la solicitud de extradición que Venezuela hizo por estar acusada de delitos de blanqueo y enriquecimiento ilícito. Tanto Díaz Guillén como Velásquez se niegan a esta posibilidad pues aseguran que, de ser llevados a Venezuela, serían torturados[1]. Asimismo, Díaz y Velásquez apelaron la petición de extradición que hizo el gobierno de los Estados Unidos a España y que se concretó primeramente con la ex-enfermera de Hugo Chávez.

  En una entrevista concedida a BBC Mundo en 2018, Díaz Guillén reiteró su temor a ser torturada en Venezuela si es extraditada: “Nos torturarían, nos violarían todos los derechos, que de por sí, ya nos los han violado”, criticó que se le estigmatizara señalándola únicamente como la “enfermera de Chávez”, sin tomar en cuenta su preparación académica y su carrera militar.

   Aseguró que, en la última etapa de la enfermedad de Hugo Chávez, ella y el exministro de Planificación, Jorge Giordani, fueron presionados por parte del alto gobierno para cometer actos fuera de la ley. “El ministro y yo estábamos muy sorprendidos de cómo con el presidente en sus últimos momentos de vida eran capaces de emitir este tipo de instrucciones, como un poco aprovechándose de que él estaba en sus últimos momentos”[2].

La acusación

  El 30 de octubre del 2020, la fiscal Adriana Fajardo Orshan presentó ante el Tribunal de Distrito Sur de Florida la acusación contra Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, por los delitos de Conspiración para cometer blanqueo de capitales y Blanqueo de instrumentos monetarios.

   Este caso involucra, además de Díaz Guillén y Velásquez Figueroa, a Raúl Gorrín Belisario, algunas de sus empresas y a Alejandro Andrade Cedeño.

El primer cargo

   La acusación refiere, respecto al delito de Conspiración para cometer blanqueo de capitales, que se le imputa a Díaz Guillén y Velásquez Figueroa, que entre 2008 y 2017, en los condados de Miami-Dade y Palm Beach, en el distrito sur de Florida, así como en otros lugares, los acusados se combinaron, conspiraron, confederaron y acordaron entre sí y con otros conocidos y desconocidos en los Estados Unidos acciones que violan el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A).

 El gobierno de Estados Unidos precisa que los demandados habrían conspirado para transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario y fondos a un lugar en los Estados Unidos desde con la intención de promover la realización de una actividad ilegal, violatoria de la FCPA bajo el Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-2 y 78dd-3; así como también un delito contra una nación extranjera que involucra el soborno de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos o en beneficio de este, lo cual viola el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A).

  Específicamente, la acusación señala que Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa estuvieron de acuerdo con Raúl Gorrín Belisario y otros, para transportar, enviar, transferir y hacer que se transporten, transmitan y transfieran fondos de Suiza a los Estados Unidos, esto con el objetivo de promover un esquema de soborno a funcionarios extranjeros en Venezuela, entre ellos Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Díaz Guillén.

  El pago de dichos sobornos significaría para Gorrín Belisario la obtención de negocios.

Cómo operó la conspiración

  Narra la acusación que la conspiración de Claudia Patricia Díaz Guillén, Adrián José Velásquez Figueroa implicó que cuando Raúl Gorrín Belisario residía en el Distrito Sur de Florida, discutió con ellos el pago de sobornos, tanto a ella como a Alejandro Andrade Cedeño.

  Raúl Gorrín Belisario también ofreció y pagó sobornos, directa e indirectamente, a Díaz Guillén y a Andrade, con el propósito de asegurarse la adjudicación de negocios y obtener ventajas comerciales.

  Igualmente, Gorrín Belisario utilizó las cuentas bancarias de la Compañía 1, la Compañía 2 y la Compañía 3, y su propia cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA, como conducto para el pago de los sobornos a Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Díaz Guillén.

  Refiere la acusación que Raúl Gorrín, Claudia Díaz Guillén y Adrián Velásquez Figueroa, junto con otros, mientras se encontraban en el Distrito Sur de Florida, transfirieron ciertos fondos de las cuentas bancarias de la Compañía 1, Compañía 2 y Compañía 3, así como de su propia cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA, en Suiza, para promover el esquema de soborno ilegal.

   Agrega que Raúl Gorrin Belisario, Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, promovieron el pago de sobornos en beneficio de la primera e, incluso a través de su cónyuge, Velásquez Figueroa, con el fin de promover el esquema de sobornos.

   Los acusados, junto con otros, entre ellos Raúl Gorrín instaron pagos a terceros para cubrir gastos de diversos artículos de lujo a su favor en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, a través del esquema de soborno ilegal.

Los otros cargos

   Respecto a los cargos 2 y 3 de acusación referidos al Blanqueo de instrumentos monetarios, la acusación indica que el 15 de marzo de 2013, a los acusados se les transfirieron USD 281.051 desde una cuenta en Suiza, a una cuenta en el distrito sur de la Florida.

  También el 17 de mayo de 2013, recibieron una transferencia bancaria por USD 4.000.000 cuenta en Suiza a una cuenta en Estados Unidos, específicamente en el Distrito Sur de Florida.

Penalidades

  La acusación promueve que, de ser declarados culpables, a Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa se les confisque cualquier propiedad en Estados Unidos, relacionada con los delitos que se le imputan

   Si alguna propiedad sujeta a decomiso no se puede localizar, ha sido transferida o vendida a un tercero, ha disminuido su valor o se ha ubicado fuera de la jurisdicción de la corte, los Estados Unidos tendrán derecho a la confiscación de una propiedad sustituta.

[1] Tal Cual. “AP: Ex-enfermera de Chávez habría guardado oro en una bóveda secreta”. 3 de agosto de 2020. https://talcualdigital.com/ap-exenfermera-de-chavez-habria-guardado-oro-en-una-boveda-secreta/

[2] BBC Mundo. “‘Cuando Chávez ya no podía ejercer el poder, recibimos instrucciones ajenas a la ley’: Claudia Díaz Guillén, la exenfermera que quiere evitar ser extraditada a Venezuela”. 13 de diciembre de 2018. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46480037

miércoles, 11 de mayo de 2022

El Tigre Bonilla, exjefe de la Policía Nacional de Honduras fue presentado ante un juez en NY, el acusado se declarará no culpable de delitos de narcotráfico

   El tribunal le asignó un abogado público. La próxima audiencia será el 10 de junio de 2022.

Por Maibort Petit

   El exjefe de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias "El Tigre" fue presentado este miércoles ante un juez de Nueva York para la lectura de cargos en una acusación federal en su contra que lo señala de haber abusado de su cargo oficial para proteger cargamentos de cocaína y asesinar a un narcotraficante rival como parte de una conspiración que involucra a políticos hondureños de alto rango y miembros de las instituciones de aplicación de la ley. 

   Bonillas Valladares fue extraditado de Honduras a Estados Unidos el martes 10 de mayo, llegó al aeropuerto de White Plane en las cercanías de la ciudad de Nueva York a las 8:40 PM en un vuelo del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El exjefe de Policía hondureño fue trasladado al Centro Metropolitanos de Detención de Brooklyn (MDC) donde estará hasta que concluya su proceso.

   El expolicía fue presentado hoy ante la juez federal Katharine H. Parker para la audiencia de arraigo. En el marco de la audiencia se le asignó un abogado público, luego que el acusado firmó un declaración jurada de incapacidad financiera para pagar su propia defensa.

    En el marco de la audiencia, la magistrada Parker le dijo a Bonilla que tenía derecho a la asistencia de los representantes diplomáticos de su país. La próxima audiencia de Bonilla será el 10 de junio de 2022.

  Damian Williams, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Anne Milgram, Administradora de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), anunciaron hoy en un comunicado la extradición de Bonilla Valladares, alias "El Tigre”, por cargos de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. 

   Williams dijo: “En lugar de usar su posición de alto poder como Jefe de la Policía de Honduras para combatir el narcotráfico, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias 'El Tigre', explotó corruptamente su posición para proteger y ayudar a los organizaciones narcotraficantes que estaba obligado a desbaratar. Con su apoyo y protección, los asociados de Bonilla Valladares se convirtieron en un conducto crítico para el tráfico de drogas de Centroamérica a los Estados Unidos:. 

    El fiscal aseguró que la extradición  de Bonilla Valladares demuestra que nadie está exento "en virtud de su título o posición de autoridad, incluso los presidentes y jefes de policía extranjeros, de un proceso penal por contribuir a la avalancha de narcóticos ilegales en este país que causa tanto daño”.

En un comunicado de prensa de la fiscalía, la administradora de la DEA, Anne Milgram, aseguró que “El expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández no habría llegado al poder y no se habría beneficiado con éxito de las ganancias masivas de las drogas si no hubiera sido por su amplia red de asociados corruptos. Estos asociados, incluido Bonilla Valladares, también explotaron sus posiciones para traficar cocaína a los Estados Unidos y proteger violentamente a otros traficantes de drogas con conexiones políticas, todo para su propio beneficio personal". 

   Milgram afirmó que Bonilla Valladares "traicionó aún más al pueblo hondureño al usar su placa de policía para encubrir sus crímenes". 

  Agregó que "la extradición de Bonilla Valladares demuestra una vez más al mundo que los funcionarios corruptos no pueden esconderse detrás de sus cargos". 

  "La DEA, en coordinación con nuestros socios estadounidenses e internacionales, no se detendrá ante nada para llevar ante la justicia a cualquiera que amenace la seguridad y la salud de los estadounidenses”, dijo la jefe de la Unidad en Nueva York.


Según las alegaciones contenidas en la Demanda contra BONILLA VALLADARES, las pruebas presentadas en el juicio de octubre de 2019 de Juan Antonio Hernández Alvarado (“Hernández Alvarado”) en el Distrito Sur de Nueva York, y las declaraciones en audiencia pública durante el enjuiciamiento de Hernández Alvarado[ 1]:

Los cargos

  Según la acusación federal, aproximadamente entre 2003 y 2020, múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras y en otros lugares trabajaron juntas, y con el apoyo de ciertas personas públicas y privadas, incluidos políticos hondureños y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para recibir cargas de varias toneladas de cocaína enviadas desde Honduras a Estados Unidos.

   El documento de la corte dice que la cocaína venía entre otros lugares, de Colombia y Venezuela a través de rutas aéreas y marítimas. Los narcotraficantes con la ayuda de políticos y policías,  transportaban la droga desde el oeste en Honduras hacia la frontera con Guatemala y eventualmente a los Estados Unidos. 

  "Para protegerse de la interferencia de las fuerzas del orden y para facilitar el paso seguro a través de Honduras de cargamentos de varias toneladas de cocaína, los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos, incluidos ciertos presidentes, miembros del Congreso Nacional de Honduras y personal del Gobierno hondureño, de la Policía Nacional, incluido Bonilla Valladares".

   La demanda dice que Bonilla Valladares fue miembro de la Policía Nacional de Honduras entre aproximadamente 1998 y aproximadamente 2016. Durante su mandato, ocupó cargos de alto rango, incluido el de Jefe de Policía Regional con autoridad sobre ubicaciones en el occidente de Honduras que eran estratégicamente importantes para los narcotraficantes, y Jefe de Policía la Policía Nacional de Honduras para todo Honduras entre aproximadamente 2012 y aproximadamente 2013. 

  Asegura la acusación que Bonilla Valladares explotó de manera corrupta estos cargos oficiales para facilitar el tráfico de cocaína y usó la violencia, incluido el asesinato, para proteger a la célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que se alineaba, incluidos ex el congresista hondureño Tony Hernández Alvarado y el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, a quien se hace referencia en la Demanda acusando a Bonilla Valladares como “CC-4”.

  Agrega que "a cambio de sobornos pagados con ganancias de drogas, Bonilla Valladares ordenó a miembros de la Policía Nacional de Honduras, que estaban armados con ametralladoras, que dejaran pasar cargamentos de cocaína a través de retenes policiales sin ser inspeccionados ni incautados. 

  Igualmente sostienen los fiscales que Bonilla Valladares, en coordinación con Hernández Alvarado y otros, también proporcionó a los miembros de su conspiración información confidencial de las fuerzas del orden público para facilitar los envíos de cocaína, incluyendo información sobre operaciones de interdicción aérea y marítima.

  Alrededor de 2010, Tony Hernández Alvarado le dijo a un testigo colaborador (CW-1) que los hermanos Hernández Alvarado ayudaron a Bonilla Valladares a avanzar en su posición dentro de la Policía Nacional de Honduras, y que alias El Tigre, protegió sus actividades de tráfico de drogas a cambio de sus privilegios. 

  Hernández Alvarado también le dijo a CW-1 que Bonilla Valladares era un hombre muy violento, y que los Hernández Alvarado le confiaron a Bonilla tareas especiales, incluido el asesinato. 

 Por ejemplo, en o alrededor de julio de 2011, Bonilla Valladares participó en el asesinato de un narcotraficante rival a pedido de Hernández Alvarado y otros porque el traficante rival había intentado evitar que Hernández Alvarado y otros miembros de la conspiración transportaran cocaína a través de una región del occidente de Honduras cerca de la frontera con Guatemala.

  El acusado ha negado todos los cargos y ha señalado que irá a juicio en Nueva York para demostrar que las acusaciones de los fiscales están basadas en los testimonios de narcotraficantes que fueron supuestamente perseguidos y arrestados por el mismo Bonilla.

   La Demanda acusa a Bonilla Valladares, de 62 años, de los siguientes cargos: 

(1) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, 

(2) usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover, la conspiración de importación de cocaína; y 

(3) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína. 

 Si es declarado culpable, Bonilla Valladares enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua por el primer cargo, una sentencia mínima obligatoria de 30 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua por el segundo cargo, y una término máximo de cadena perpetua en el Cargo Tres.

  La fiscalía informó que el enjuiciamiento de Bonilla Valladares es parte de una operación de las Fuerzas de Tareas de Control de Drogas contra el Crimen Organizado (OCDETF). OCDETF identifica, interrumpe y desmantela las organizaciones criminales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos utilizando un enfoque de múltiples agencias dirigido por fiscales e impulsado por inteligencia. 

  Este caso está a cargo de la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales de la Fiscalía y la representación del gobierno está en manos de los fiscales federales adjuntos Jacob H. Gutwillig, Michael D. Lockard, Jason A. Richman y Elinor L. Tarlow.

martes, 10 de mayo de 2022

Expresidente de Honduras se declaró no culpable de cargos de narcotráfico ante un juez de NY, defensa denuncia que JOH es tratado como un terrorista

  La defensa denunció ante el juez que al exmandatario se le están violando los derechos, incluyendo la posibilidad de comprar comida en el comisariato, consultar correos electrónicos, llamar a su familia, hacer ejercicios una hora al día y hablar con sus abogados para preparar su juicio.

Por Maibort Petit

  Durante la primera audiencia presencial del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York., el ex-mandatario se declaró no culpable de los cargos interpuestos en su contra por el gobierno de los Estados Unidos que incluyen conspiración para narcotráfico y dos de uso de armas.

      El exmandatario llegó a la sala del juez Kevin Castel vistiendo un uniforme de presidiario color azul, una camiseta y zapatos deportivos naranja. Se le veía sereno, pálido y bastante delgado. Cuando el magistrado le preguntó si se declaraba culpable o no culpable, en español dijo: "No culpable su señoría".

     En el marco de la audiencia el abogado de Hernández, Raymond Colón denunció ante el juez lo que la defensa considera una violación de los derechos del ex-mandatario, al señalar que es tratado como un terrorista a pesar que en este caso no hay violencia. En ese sentido,  afirmó que no sabía por qué Hernández está en una celda aislado las 24 horas del día, no se le permite hacer ejercicios, el sistema rechaza el dinero que la defensa le deposita para que pueda comprar comida en el comisariato de la cárcel, no puede llamar a su familia como el resto de los recluidos en el Centro Metropolitano de Brooklyn, y no puede leer correos electrónicos ni reunirse con la defensa para prepararse para el juicio.

   El magistrado Castel ordenó a los fiscales tomar nota de toda la denuncia y presentar un reporte ante su despacho en 7 días, aclarando que las condiciones descritas por el abogado Colón no representan la esencia del sistema de justicia de Estados Unidos, ni del gobierno, prometiendo que todo acusado tiene derecho a los beneficios denunciados y a ser tratado con respeto, tal cual lo establecen las leyes del país.

   El juez también ordenó a los fiscales preparar las evidencias del caso que incluyen grabaciones de reuniones, documentos, datas extraída de aparatos electrónicos, información sobre redes sociales y otras evidencias fuertes. El descubrimiento (evidencias del caso) deben ser entregadas a la defensa en 60 días, y las mismas deben incluir pruebas que ayuden a exculpar al acusado.


 ya había comparecido virtualmente a la presentación inicial ante un juez accidental de Manhattan, cuando fue extraditado a los Estados Unidos. Mañana, el juez del caso Kevin Castell leerá el expediente en el que se describen los detalles de la acusación contra Hernández, acusado de haber formado parte de una conspiración para enviar cocaína a suelo estadounidense, utilizando para ello su poder político como jefe de Estado.


    Una vez concluyó la audiencia, Hernández agradeció a sus abogados y saludó a los presentes en la sala levantando el brazo. De manera poco regular, algunos activistas que estaban en la sala gritaron insultos contra el exmandatario sin que hubiese un llamado de atención por parte de los alguaciles de la corte. 

     Una vez fuera de las instalaciones, el abogado de JOH, explicó que estaban realizando los trámites para solicitar una fianza ante el tribunal, para lo cual se requiere que se presenten los documentos de las propiedades de los garantes, que forman parte de la comunidad judía de Honduras y de Nueva York.

    La defensa de Hernández informó que "está preparada para desmontar las acusaciones de los fiscales federales, y que para ello están elaborando una investigación detallada de los testigos de la fiscalía, que en su mayoría son narcotraficantes extraditados cuando JOH era presidente".

La estrategia de la defensa

  Tan pronto el nombre de Juan Orlando Hernández surgió en anteriores procesos judiciales que tuvieron lugar en 2019 en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, este comenzó a negar la veracidad de las afirmaciones que testigos del gobierno habían expresado en dichos juicios.

  JOH sostiene que los señalamientos en su contra no son más que una “venganza” de los narcotraficantes que fueron extraditados a Estados Unidos durante su gobierno.

  En aquel entonces escribió en su cuenta personal en la red social Twitter: "Ahora vean como delincuentes confesos que han cometido los peores crímenes, expolicías depurados, políticos buscando venganza, (los narcotraficantes) buscando que les rebajen sus penas dicen y dirán cualquier bajeza para sacarse clavos y obtener, entre otros, beneficios en sus sentencias".

  Durante el juicio de Juan Antonio Hernández Alvarado, el fiscal federal, Jason A. Richman, le dijo al jurado que JOH había recibido un millón de dólares como contribución de Joaquín “Chapo” Guzmán a su campaña electoral. La defensa de Hernández ha referido que el abogado de Guzmán negó esa afirmación del fiscal en unas declaraciones publicadas en The New York Post.

   De hecho, el defensor de Guzmán, Jeffrey Litchman calificó en 2019, en el marco del proceso contra su cliente que se desarrolló en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que la acusación contra JOH era mentira.

  “No hay ningún testimonio de que el Chapo Guzmán haya sobornado al presidente de Honduras”, dijo Lichtman. “En todo caso, lo hizo uno de los testigos del gobierno y su gran grupo de cooperadores”(1).

  Otro argumento que ha esgrimido a su favor JOH y que seguramente será un elemento usado por la defensa, es el hecho de que la Constitución Política de la República de Honduras de 1982, establecía en su artículo 102 que “Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero”[7], siendo él durante su gestión como presidente del Congreso, quien promovió la reforma constitucional que permitió la entrega de narcotraficantes a Estados Unidos. Asimismo, ya en el ejercicio de la presidencia de Honduras, JOH aprobó la extradición de 32 narcotraficantes, aunque efectivamente se extraditaron 31, pues uno deberá purgar primero condena en Honduras para luego ser entregado a la justicia de EE. UU. Esto podría haber sido simplemente un método de sacar de en medio a competidores y rivales, han alertado algunos analistas consultados.

  Voceros de la defensa de Hernández han señalado extraoficialmente que la Fiscalía estadounidense subirá, aproximadamente, 32 testigos al estrado para sustentar su acusación más allá de la duda razonable. Se adelantado además que los defensores del hondureño buscará enfrentarlas con la declaración de 16 testigos.

  Apuntar al descrédito de los testigos del gobierno sería el objetivo de los abogados Colón y Pérez, toda vez que el principal de los convocados de la fiscalía sería quien, igualmente, ha jugado un papel estelar en anteriores causas, a saber, Devis Rivera Maradiaga, exlíder de Cartel de Los Cachiros, como también lo serían los hermanos Valle Valle, quienes presentan un amplio prontuario criminal.

  Poner en duda ante el jurado tales testimonios recordando, por ejemplo, que el propio Rivera Maradiaga admitió en corte su participación en el asesinato de más de 75 personas, seguramente será la estrategia y el objetivo de los abogados cuando enfrenten en el estrado las afirmaciones de los testigos.

  Colón dijo a los periodistas a las afueras de la corte que la defensa estaba  lista para desmentir los señalamientos que en contra de JOH esgrimen los fiscales.

  Colón aseguró que "tienen todo preparado para tratar de desvirtuar frente a los jueces en una primera parte la acusación de los narcotraficantes contra Hernández indicando que se trata de una venganza".

Los testigos de las partes

  Uno de los testigos que presentará la fiscalía en este caso es el líder del violento cártel hondureño conocido como los Cachiros, Devis Rivera Maradiaga que ha participado como testigo cooperante del gobierno en los principales casos de narcotráfico de Honduras, incluyendo el de Fabio Lobo, hijo del expresidente, Pepe Lobo y Juan Antonio Hernández, hermano del expresidente, Juan Orlando Hernández, ambos sentenciados en Nueva York por delitos de narcotráfico.

  Ángel Martínez, un investigador privado de Estados Unidos, contratado por el despacho de abogados defensores de Juan Orlando Hernández, para investigar a los testigos de la fiscalía, ha sorprendido con algunas afirmaciones. Este investigador sostiene que el gobierno ha levantado su caso únicamente con el testimonio de narcos, algo que podría hacer tambalear la acusación ante el jurado, toda vez que la defensa se enrumbará a descalificar a los exlíderes de los Cachiros y el Clan Valle Valle.

  Y aunque luzca algo peregrina, Martínez ha dejado colar una tesis que asegura que la carta bajo la manga del gobierno sería Tony Hernández, a quien los fiscales estarían presionando para que acceda a testificar contra su propio hermano. “La clave de este juicio es convencer a ‘Tony’ Hernández porque si es el hermano que habla, el jurado lo va a ver desde otro ángulo, porque él puede salvarse o salvar a su hermano”[3].

   Por su parte, los abogados de Juan Orlando Hernández han indicado que mientras la fiscalía sentará en el estrado a testificar a delincuentes para poder respaldar su acusación, la defensa llamará a altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno estadounidense a objeto de que reiteren ante el jurado lo que muchas veces, en ocasiones anteriores, han asegurado acerca de su defendido.

  Y es que durante las administraciones de Barack Obama y Donald Trump, se calificó al entonces presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, como un aliado de los EE. UU. y gran colaborador en materia de lucha contra el narcotráfico. La defensa, ha dicho, echará mano de información publicada por el Departamento de Estado y el Comando Sur de los Estados Unidos, que así lo certificarían.

Se juzgarán conductas y no opiniones

  Fuentes consultadas por Venezuela Política ven como un hecho muy poco probable el que la defensa pueda llamar a declarar en favor de JOH, a los expresidentes Obama y Trump, así como a los exsecretarios de estado, Hillary Clinton y Mike Pompeo, o al jefe del Comando Sur, quienes calificaron Hernández como un gran socio de los EE. UU. en materia de lucha contra el narcotráfico. Mucho menos al actual presidente, Joe Biden, quien ejerció como vicepresidente en gestión de Obama.

 Estas mismas fuentes advirtieron que aún cuando la defensa argumente que el propio gobierno estadounidense ha destacado el papel de JOH en la lucha contra el narcotráfico en otras ocasiones, y busque descalificar a los testigos del gobierno, será difícil que pueda rebatir los hechos y acciones en que habría incurrido el expresidente Hernández y que muy seguramente presentará la fiscalía como sustento del caso.

  No desestiman a rajatabla que el juez llame a los exaltos funcionario gubernamentales de EE. UU. a declarar, pero lo ven con muy poco probable. 

  La acusación contra JOH seguramente contendrá hechos concretos, específicos que son los que realmente conforman la base del caso contra con el expresidente hondureño. Es el comportamiento de Juan Orlando Hernández lo que se juzgará en el Tribunal del distrito Sur de Nueva York, no las opiniones sobre él. Subrayan que, en todo caso, lo que quedaría en evidencia es la doble vida de Hernández, quien a modo de mampara habría exhibido una conducta ante sus homólogos y el gobierno de EE. UU., mientras que al mismo tiempo llevaba a cabo los actos por los cuales ahora se le juzgará.

  En todo caso, nuestras fuentes expertas advierten que esta no sería la primera vez que la justicia de EE. UU. siente en el banquillo de los acusados a antiguos aliados, tal fue el caso de Manuel Noriega, ex-dictador de Panamá.

  Lo que sí no descartan estas fuentes es que este juicio sirva para ponderar y censurar la poca previsión de las pasadas administraciones a la hora de emitir sus reconocimientos.

    El juez Castel fijó como probable fecha del juicio el 17 de enero de 2023. Pidió a las partes que dejarán el calendario abierto para que en la fecha por él seleccionada se inicie la selección del jurado que tendrá la responsabilidad de juzgar a un expresidente que jugó un rol protagónico en las alianzas de EE. UU. en los países del triángulo norte para la lucha contra el narcotráfico en la región. 

Cazador cazado.

[1] EFE. “Hernández atribuye a venganza la denuncia de que usó dinero del narcotráfico”. 4 de agosto de 2019. https://www.efe.com/efe/espana/mundo/hernandez-atribuye-a-venganza-la-denuncia-de-que-uso-dinero-del-narcotrafico/10001-4036843

[2] Venezuela Política. “Fiscalía de EE. UU. asegura que el presidente de Honduras recibió un millón de dólares para su campaña de Joaquín El Chapo Guzmán”. 2 de octubre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/10/fiscalia-de-ee-uu-informa-que-el.html

[3] Justia Honduras. Constitución Política de la República de Honduras de 1982. https://honduras.justia.com/federales/constitucion-politica-de-la-republica-de-honduras-de-1982/titulo-iii/capitulo-ii/



viernes, 6 de mayo de 2022

Estos son los delitos por los que EE. UU. acusa al exalcalde de Guanta, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino

   La demanda contra el político chavista responde a esquema de sobornos a funcionarios corruptos del régimen de Nicolás Maduro a cambio de contratos millonarios de PDVSA.

Por Maibort Petit

  El exalcalde de Guanta, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de conspirar, junto a contratista y dos ex-funcionario de Venezuela,  para obtener contratos y otras ventajas comerciales con las filiales de PDVSA a través de la corrupción y el soborno y realizar transacciones en el sistema financiero norteamericano.

  La acusación federal del EE. UU. contra Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino señala que el exalcalde, y sus socios  "promovieron un esquema corrupto que les permitió ocultar y disfrazar la naturaleza, el origen, la propiedad y el control del dinero producto de su delito".

   La querella contra Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino indica que los delitos se realizaron gracias a contratos de PDVSA y sus subsidiarias, las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco: Petrocedeño, Petropiar, Petromonagas S.A. Petrolera Sinovensa S.A. y Petromiranda S.A. 

   El documento está firmado por el Fiscal General del Distrito Sur de la Florida, Juan Antonio González y el fiscal asistente, Michael N. Berger. En el mismo se afirma que Marín Sanguino cometió los delitos cuando era un servidor público en la Alcaldía del Municipio Guanta, donde se ubica la Faja Petrolífera del Orinoco.

  Según la demanda, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino usó una compañía (1) en el estado de la  Florida para operar cuentas bancarias en instituciones ubicadas en Miami y así  cometer los delitos que se le acusan. 

"Los co-conspiradores (1) y (2) fueron contratistas que obtuvieron contratos con los Subsidios de PDVSA y mantuvieron pagos en efectivo para sus empresas en el Distrito Sur de Florida", dice la acusación.

  Asimismo, señala que "los funcionarios públicos venezolanos (1) y (2) fueron altos agentes en los Subsidios de PDVSA y trabajaban para el Estado.

  Según la demanda, a partir de 2013 [o alrededor de 2013], y continuando hasta 2018, en el Distrito Sur de Florida, y en otros lugares, el demandado, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino cometió delitos a sabiendas y voluntariamente, es decir, "con la intención de promover el objeto de la conspiración, combinar, conspirar, confederar y estar de acuerdo con otros que conocen y conocen el Estados Unidos, incluyendo pero no limitado a dos co-conspiraciones (1) y (2) y dos funcionarios venezolanos (1) y (2) para cometer crímenes contra la ley de Estados Unidos".

  Refiere que Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino y sus socios, "conspiraron para realizar transacciones financieras, que involucraban el producto de una actividad ilícita específica, con la intención de promover un delito contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que involucró un soborno de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos por y para el beneficio de un funcionario público, según lo dispuesto en el Título 18 ,Código de los Estados Unidos, Sección 1956(c)(7)(B)(iv), violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a)(1)(A)(i)".

  En esencia, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino está acusado de haber hecho y diseñado una transacción financiera que buscaba disimular que era un soborno de un funcionario público, y la apropiación indebida, el robo y malversación de fondos públicos para el beneficio de un funcionario público.

   El documento federal dice que Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino [y sus co-conspiradores], transportó, transmitió y transfirió  un instrumento monetario y fondos desde Estados Unidos hacia el exterior, con la intención de promover la realización de actividades ilícitas especificadas en la ley.

   El propósito de la conspiración ejecutada por Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino y sus co-conspiradores era obtener contratos y otras ventajas comerciales con las Filiales de PDVSA a través de la corrupción y el soborno.

 Igualmente, "Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino y sus socios buscaban realizar transacciones financieras que promovieron el esquema corrupto y que ocultaron y disfrazaron la naturaleza, la fuente, la propiedad y el control del producto de su delito en un delito", acota la querella. 

  Dicha conspiración se realizó mientras se encontraban en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares de los Estados Unidos.

  En la acción judicial de 11 páginas, se destaca que Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino acordó con otros, incluidos los co-conspiradores 1 y 2, pagar sobornos en beneficio de los funcionarios venezolanos 1 y 2, para conseguir los contratos de PDVSA y sus filiales en la Faja Petrolífera del Orinoco en Venezuela.

   Marín Sanguino utilizó su posición en el gobierno de Venezuela para influir en los funcionarios de PDVSA para que éstos otorgaran contratos a las empresas de los co-conspirador.

Como resultado de la indebida influencia del exalcalde sobre los funcionarios en las filiales de PDVSA se logró crear y ejecutar un esquema de sobornos que involucra a dos funcionarios públicos venezolanos.

  Las compañías del co-conspiradores (1) recibieron decenas de millones de dólares de contratos de las subsidiarias de PDVSA en cuentas del Sur de la Florida.

  Para promover el esquema de soborno ilegal, el co-conspirador 1 transfirió cablegráficamente los ingresos obtenidos de estos contratos con las Subsidiarias de PDVSA a las cuentas controladas y mantenidas por Marín Sanguino en los Estados Unidos, así como a las cuentas bancarias para el beneficio de los funcionarios de Venezuela (1) y (2).

   En total,  Marín Sanguino y sus socios acordaron ocultar los sobornos pagados, por los co-conspiradores 1 y 2. "Ordenaron que se hicieran en nueve pagos dentro y fuera de los Estados Unidos para que se entregaran a los beneficiarios".

  En enero 5 de 2015, Marín causó que el co-conspirador 2 transfiriera $100.000 de su cuenta bancaria en Panamá a la cuenta bancaria de la compañía de Marín en Miami, Florida.

  El 20 de diciembre de 2016, Marín hizo que el co-conspirador 1 transfiriera $250.000 desde su cuenta bancaria a la cuenta en Miami, a la cuenta de la cuenta controlada por el exalcalde de Guanta en Miami, Florida.

  En diciembre de 2016, Marín y el co-conspirador 1 enviaron aproximadamente $1,209,956. de la cuenta del co-conspirador 1 en Miami a una cuenta de banco en Panamá que beneficiaba a los dos funcionarios gubernamentales de Venezuela.

  El 2 de enero de 2018, Marín hizo que el co-conspirador 1 transfirieron aproximadamente $15.000 de su cuenta de banco en Miami a la cuenta de la empresa  de Marín en Miami, Florida.

  La acusación federal contra Marín Sanguino tiene fecha del 21 de abril de 2022.

  El 25 de abril de 2022, el abogado Michael Brian Nadler (ex-fiscal Federal de la Florida que persiguió la corrupción chavista cuando trabajaba como abogado del gobierno de EE.UU.) representó a Marín en este caso. Hubo una audiencia de 3 minutos  ante el juez, Chris M. McAliley, donde se produjo la comparecencia inicial de Marín Sanguino.

 En esa misma audiencia, se presentó una fianza bajo un Bono de Garantía Personal (STIP) de $100.000 que le permitió salir en libertad y permanecer fuera de la cárcel durante el procedimiento.

  El acusado dio su consentimiento para comparecer a través de video conferencia y se fijó una nueva audiencia para el 16 de mayo a las 10 AM. ante el juez de turno de la Miami. 

Orden del juez: Libertad bajo fianza

 De conformidad con la Ley de Protección del Debido Proceso, el Tribunal confirmó la obligación de los Estados Unidos de revelar al acusado todas las pruebas exculpatorias, es decir, pruebas que favorecen al acusado o ponen en duda el caso de los Estados Unidos, según lo exige la Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963).

   En una comunicación, el magistrado ordenó a los fiscales de los Estados Unidos  revelar cualquier evidencia que sirva para negar la culpabilidad de los acusados, la credibilidad de un testigo o que reduzca una sentencia potencial. 

   En la orden de McAliley, se asegura que el demandado tiene derecho a esta información de los fiscales sin una solicitud. "La falta de divulgación de pruebas exculpatorias de manera oportuna puede tener consecuencias, que incluyen, entre otras, la exclusión de pruebas, instrucciones adversas del jurado, desestimación de cargos, procedimientos por desacato, medidas disciplinarias o sanciones por parte del Tribunal".   

  La fianza por $100,000.00 a nombre de Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino fue aprobada por el juez  McAliley, el 27 de abril de 2022, en la cual se fijaron las condiciones de liberación. 

jueves, 5 de mayo de 2022

Ante el Tribunal de Brooklyn “alias Otoniel” se declara no culpable

  Autoridades del Departamento de Estado destacaron la importancia de que el presunto líder del Clan del Golfo se vea cara a cara con la justicia estadounidense.

Por Maibort Petit
  Tal como estaba previsto luego de su extradición a territorio de los Estados Unidos, Darío Antonio Úsuga David, también conocido con los alias de “Otoniel”, “Mao”, “Gallo” y “Mauricio-Gallo”, compareció en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, donde ante una juez federal se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico y uso de armas de que se le acusa.

  El Fiscal General para el Distrito Este de Nueva York, Breon Peace, destacó la importancia de este evento en el que comienza la rendición de cuentas ante la justicia de "uno de los distribuidores de cocaína más grandes del mundo". Asimismo, el representante del Departamento de Justicia aplaudió el haber capturado y llevado a los EE. UU. a quien se creía intocable tras participar en más de 40 hechos de compra y venta de cocaína desde Colombia, hasta Centroamérica y México para finalmente trasladarla a Estados Unidos.
   Vistiendo una braga color naranja y portando mascarilla en razón del protocolo por el Covid-19, el narcotraficante colombiano extraditado este miércoles 4 de mayo, rindió su primera comparecencia ante la justicia de los EE. UU. dando así inicio a su procesamiento judicial.

  El líder del Clan del Golfo, anteriormente conocido como “los Urabeños”, estaba al frente de la organización criminal que mantenía 28 rutas de narcotráfico, así como alianzas con otros grupos delincuenciales, de acuerdo a lo revelado poco después de su captura en 2021 por la Policía Nacional de Colombia[1].
Departamento de Justicia de EE. UU. 
   Se sabe que a través de la Ruta de Santander estaba conectado con el narcotráfico venezolano. El Clan del Golfo mantiene actividades en toda América, a saber, en Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Brasil, Guatemala, Nicaragua, Venezuela y El Salvador. Asimismo, en Europa, opera en Bélgica, España, Países Bajos, Alemania, Francia, Portugal, Polonia, Grecia, Irlanda, Inglaterra, Italia, Albania y Ucrania. Se indicó en aquel momento que también la organización cuenta con tres rutas hacia Irán, Emiratos Árabes Unidos y China[2].

    Alias “Otoniel” se constituye en una figura que envuelve más de 120 procesos abiertos por diversos crímenes, entre ellos homicidio múltiple agravado, secuestro múltiple agravado, secuestro y concierto para delinquir. Está señalado, incluso, de abuso sexual infantil, así como a mujeres. Por este último delito, las autoridades pudieron seguir su rastro.

  Entretanto, la justicia de Estados Unidos enfrentará a Darío Antonio Úsuga David por haber enviando hasta su territorio toneladas de cocaína junto a socios a través de distintas rutas que incluyen a Colombia, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Panamá, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, México.

Sobre “Otoniel”

  El 23 de junio de 2015 los fiscales federales para los distritos Sur de la Florida (SDFL), Este de Nueva York (EDNY), conjuntamente con la Dirección Regional de la Zona de los Andes de la Administración Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA), anunciaron la apertura de cinco acusaciones formales en los tribunales federales en Brooklyn,  Nueva York y en Miami, la Florida, contra 17 supuestos jefes y asociados banda criminal colombiana más grande y con mayor influencia, a saber, el Clan Úsuga. 

  El grupo de personas fueron imputadas del manejo de empresas criminales continuas, participación en conspiraciones internacionales de tráfico de cocaína y de usar armas de fuego para llevar a cabo sus delitos de narcotráfico. Previo a esto habían sido designados por el presidente de los Estados Unidos y el Departamento del Tesoro, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como narcotraficantes específicamente designados de acuerdo con  la Ley de Nombramiento de Capos Narcotraficantes Extranjeros. Asimismo, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de USD 5 millones por información que llevara a su arresto y condena de Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”[3].

  Tras su traslado a EE. UU. se inició su procesamiento judicial en el Distrito este de Nueva York.

   Tal como lo refieren los registros del Departamento de Estado, Darío Antonio Úsuga David es, presuntamente, uno de los líderes de El Clan Del Golfo, organización criminal que anteriormente como “Los Urabeños” o “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, un “cártel de la droga colombiano fuertemente armado y extremadamente violento compuesto por ex-miembros de organizaciones terroristas que no se desmovilizaron como parte del proceso de justicia y paz” promovido por el gobierno de Colombia.

  Se advierte que esta organización se vale de la violencia y la intimidación para controlar las rutas del narcotráfico, los laboratorios de procesamiento de cocaína, los puntos de partida de lanchas rápidas y las pistas de aterrizaje clandestinas. Se indica que operan en 13 de los 32 departamentos de Colombia, especialmente al noroeste del país, destacando el hecho de que, durante una guerra territorial con una organización criminal rival por las rutas del narcotráfico, los homicidios se dispararon un 443 por ciento en dos años[4].

  Usuga-David, catalogado por el presidente neogranadino, Iván Duque, como el "narcotraficante más temido del mundo", fue capturado en octubre de 2021, lo que significó un duro golpe al Clan del Golfo. De esta manera se le puso fin a una persecución que se extendió por seis años, captura que el mandatario comparó con la Pablo Escobar en la década de 1990. “Es un asesino de policías, militares y líderes sociales, así como un reclutador de menores; también es conocido por la locura que lo llevó a abusar de niños y adolescentes de manera recurrente”[5].

  Su extradición se produjo sorpresivamente este 4 de mayo de 2022, luego de que el Consejo de Estado de Colombia levantara la suspensión que mantenía al envío del narcotraficante los Estados Unidos. Todo en medio de una situación fuera de lo común, toda vez que la legislación colombiana establece que los detenidos deben ser notificados de su traslado con 10 días de antelación. Su reclusión en suelo neoyorquino está prevista en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn (MDC).

 Antes de ser entregado a las autoridades de EE. UU., alias “Otoniel” debió suministrar información valiosa  en Colombia y el presidente Duque subrayó la obligación del narcotraficante de seguir colaborando con la justicia colombiana. Había suministrado el nombre de 64 políticos, exmandatarios regionales y funcionarios presuntamente relacionados con el paramilitarismo, según medios colombianos.

La acusación sustitutiva de 1015

  En el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York cursa una acusación sustitutiva contra Darío Antonio Úsuga-David, también conocido como “Otoniel”, “Mao”, “Gallo” y “Mauricio-Gallo”; Daniel Rendón Herrera, también conocido como "Don Mario; Jairo de Jesús Durango Restrepo, también conocido como "Gua Gua"; Roberto Vargas Gutiérrez, también conocido como "Gavilán"; Carlos Alberto Moreno Turberquia, también conocido como "Nicolás"; Arístides Manuel Mesa Páez, también conocido como "El Indio"; Luis Orlando Padierna Peña, también conocido como "Inglaterra"; Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, también conocido como "Chiquito" y "Chiquito Malo"; César Daniel Anaya Martínez, también conocido como "Tierra"; Yony Alberto Grajales Álvarez, también conocido como "Guajiro" y "Paisa"; y Ramiro Caro Pineda, también conocido como "Nolasco" y "Hugo", presentada el 12 de agosto de 2015.
   Refiere la misma que el Gran Jurado que el grupo narcotraficante “Los Urabeños” es una organización paramilitar y de tráfico de cocaína con sede en Uruba, Colombia, la cual estuvo involucrada en envíos de varias toneladas de cocaína desde Colombia a México y América Central para su importación final a los Estados Unidos; coordinaron la producción, compra y traslado de cargamentos de cocaína, así como la recepción de cargamentos de cocaína en México y Centroamérica; controlaban el territorio en varias áreas de Colombia e imponían un "impuesto" a los narcotraficantes que operaban en las regiones bajo su control. Asimismo, emplearon sicarios para perpetrar actos de violencia, incluidos asesinatos, asaltos y secuestros.

  Sobre Darío Antonio Úsuga David refiere que dirigió la cita organización criminal junto a Daniel Rendón Herrera.

   La acusación comprende dos cargos, a saber, el de Empresa Criminal Continua el cual comprende varias violaciones: Conspiración internacional de fabricación y distribución de cocaína; así como las violaciones comprendidas del 2 al 32 referidas a la Distribución internacional de cocaína. Entretanto, el segundo cargo es por Uso de armas de fuego para fomentar el narcotráfico.

  Con respecto al primer cargo, la acusación de reemplazo dice que, entre junio de 2003 y diciembre de 2014, en jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos, Darío Antonio Usuga-David, Daniel Rendón Herrera, Jairo de Jesús Durango Restrepo, Roberto Vargas Gutiérrez, Carlos Alberto Moreno Tuberquía, Arístides Manuel Mesa Páez, Luis Orlando Padierna Peña, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, César Daniel Anaya Martínez, Yony Alberto Grajales Álvarez y Ramiro Caro Pineda, se involucraron a sabiendas en una empresa criminal continua en violación a lo establecido en el Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 846, 848(e), 952(a), 959(a), 960 y 963.

  Los acusados ocupaban un cargo de supervisión y dirección, cometiendo una serie de violaciones por las cuales obtuvieron cuantiosos ingresos y recursos.

   Entre 2003 y 2014, los acusados conspiraron para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia que contenía cocaína, una sustancia controlada de la Lista II, con la intención y de importarla a los Estados Unidos.

  En las citadas fechas, los acusados distribuyeron cocaína con la intención de importarla ilegalmente a EE. UU. de la manera que se describe a continuación:

  También entre 2003 y 2014, los acusados cometieron uno o más delitos punibles, conspiraron para matar y provocar el asesinato intencional de una persona o más, a saber: líderes, miembros y asociados de empresas rivales organizaciones narcotraficantes, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 848(e)(l)(A) y 846.

  Respecto al segundo cargo, los acusados y otros, a sabiendas, usaron y portaron una o más armas de fuego durante la comisión del delito de narcotráfico, delito imputado en el Cargo Primero. Entre el armamento fue blandido y disparado estaba una ametralladora.

REFERENCIAS

[1] El País. “Los 'tentáculos' del 'Clan del Golfo': Así eran los nexos de 'Otoniel' con mafias internacionales”. 3 de noviembre de 2021. https://www.elpais.com.co/judicial/los-tentaculos-del-clan-del-golfo-asi-eran-los-nexos-de-otoniel-con-mafias-internacionales.html

[2] La Opinión. “Las conexiones internacionales del 'Clan del Golfo'”. 3 de Noviembre de 2021. https://www.laopinion.com.co/colombia/las-conexiones-internacionales-del-clan-del-golfo

[3] Departamento de Estado. “Diecisiete Supuestos Jefes Y Asociados Del Clan Úsuga Acusados Formalmente Como Parte De Un Golpe Coordinado En Brooklyn Y Miami Contra El Grupo Bacrim Narcotraficante Y Armado Colombiano Más Grande Y Con Más Influencia”. 23 de junio de 2015. https://www.justice.gov/opa/pr/diecisiete-supuestos-jefes-y-asociados-del-clan-suga-acusados-formalmente-como-parte-de-un

[4] Departamento de Estado. Dario Antonio Usuga David (Captured). 25 de octubre de 2021. https://www.state.gov/narcotics-rewards-program-target-information-wanted/dario-antonio-usuga-david/

[5] Atalayar. “The Colombian government puts the Gulf Clan in check with the capture of ‘Otoniel’". 24 de octubre de 2021. https://atalayar.com/en/content/colombian-government-puts-gulf-clan-check-capture-otoniel



martes, 3 de mayo de 2022

La deuda amarrada al petróleo con China se contrajo en condiciones perjudiciales a Ecuador y con altos intereses

   El gobierno chino puso como condición 'mantener en secreto las condiciones de los préstamos' otorgados durante la administración de Rafael Correa, los cuales terminaron en sobrepago con la producción petrolera de Petroecuador.

Por Maibort Petit

  Una exigencia de la República Popular China al gobierno del expresidente, Rafael Correa, impidió que se conocieran las condiciones perjudiciales para Ecuador de los prestados atados al petróleo, así como los altos intereses de la misma, reveló el informe de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional del Ecuador en el Informe “Petrochina: Deuda pública y Comercialización de petróleo”.

   La investigación parlamentaria saca a un informe de la Contraloría General del Estado fechado en abril de 2018 e identificado con el serial NA3-007-2018, donde se estableció que “Se declaró secreta y reservada la documentación de operaciones de endeudamiento, sin cumplir con los requisitos previstos en la ley y extendiendo indebidamente tal declaratoria hasta el pago total de los créditos”.

  Así lo había impuesto el gobierno chino a Rafael Correa, quien procedió a declarar las operaciones como reservadas de manera de evitar el escrutinio público de toda la contratación, para lo que emitió tres resoluciones ministeriales de 2010, a saber, MF-DM-RD-2010-001, MF- DM-RD-2010-002 y MF-DM-RD-2010-003, las cuales pusieron cerrojo sobre las negociaciones   pusieron candados sobre las negociaciones impidiendo que, por varios años, la nación ecuatoriana se enterara de los manejos del endeudamiento.

  El informe parlamentario refiere que fueron algunas publicaciones periodísticas, así como el hecho de que el Ministerio de Economía y Finanzas y Petroecuador levantaran en ciertos casos la confidencialidad, lo que permitió que inicialmente que Ecuador se enterara de que se habían recibido esos préstamos con altos intereses, así como del castigo que se infligió al petróleo ecuatoriano por la forma en cómo se fijó su precio en los contratos comerciales. Dichas condiciones significaron que la nación ecuatoriana terminara comprometiendo mucho más crudo que el requerido para saldar la deuda.

Petroecuador más allá de sus competencias

  El informe de la comisión de fiscalización y control político hace referencia a la auditoría de la Contraloría General la cual estableció que Petroecuador se extralimitó en sus competencias.

  Refiere dicha auditoría que “‘a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública interna y externa en el Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central del Ecuador, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y demás entidades relacionadas con la contratación y uso de los recursos públicos provenientes de la deuda interna y externa, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017’, la Contraloría General del Estado concluyó que Petroecuador E.P. gestionó, sin ser de su competencia, líneas de crédito mediante un convenio de Cooperación Interinstitucional, suscrito con el Ministerio de Finanzas, destinado a otorgar liquidez a la caja fiscal, cuando debieron destinarse únicamente a proyectos de inversión. 

  El referido aspecto se contrapuso a lo establecido en el artículo 126 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas, que prohíbe el endeudamiento para gasto permanente y establece que las entidades del sector público, que requieran operaciones de endeudamiento público lo harán exclusivamente para financiar programas de inversión e infraestructura”.

   El órgano contralor ecuatoriano estableció, tal como lo cita el informe parlamentario, que hubo un manejo “discrecional” de las operaciones de endeudamiento en razón de que “el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP) derogó normas que preveían en forma clara, la composición de endeudamiento”, así como también otras leyes y reglamentos que “permitieron aplicación discrecional de conceptos sobre endeudamiento y su utilización”. Específicamente, se cita a modo de ejemplo de esta situación, el no considerar como deuda las operaciones de venta anticipada de petróleo, pese a haberse reconocido el pago de intereses y devengado no sólo con crudo sino también con dinero en efectivo, a saber, USD 35.000.000.

Correa sobrepasó el límite de endeudamiento

  El informe de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político del Poder Legislativo de Ecuador se remite a otro reporte de la Contraloría que concluyó que el gobierno de Rafael Correa, en octubre de 2017, superó el límite legal de endeudamiento, establecido en el COPLAFIP en 40 por ciento.

   Refirió la Contraloría que, hasta el 30 de junio de 2017, la deuda pública de Ecuador alcanzó USD 48’647.334.819,98, es decir el 48,41 por ciento del PIB de 2017, de acuerdo a lo que refiere el Estado de Situación Financiera del Presupuesto General del Estado de ese año.

  Indican los parlamentarios que la Contraloría advirtió que no se llevó a cabo el seguimiento de los convenios de crédito y de los proyectos ejecutados, como tampoco se emitió normativa técnica para la ejecución de operaciones de endeudamiento, administración de deuda y operaciones conexas. Además, se alerta de que el Decreto Ejecutivo 1218, estableció una metodología para cálculo de relación Deuda/PIB, lo cual no está previsto en la ley, pero permitió seguir contratando deuda sin requerir de la aprobación del Poder Legislativo Nacional, ni del Plan de Fortalecimiento y Sostenibilidad Fiscal que prevé el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Los acuerdos con China

   El informe indica que el 20 de noviembre de 2007 comenzó, con la firma del “Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Económica” en Pekín, la nueva política de comercialización de hidrocarburos del gobierno de la “Revolución Ciudadana” de Rafael Correa. Tal política propuso la cooperación recíproca “en base del principio de beneficio mutuo”, al igual que el desarrollo de proyectos y acciones específicas en los ámbitos económico, comercial, industrial, científico, minero, energético, petrolero, turismo, entre otros.

 Además, China y Ecuador suscribieron otros 13 acuerdos de cooperación económica, medio ambiente, minas y energía, cultura, ferrocarriles, medidas sanitarias y fitosanitarias en agricultura y pesca, entre otros.

  En la misma fecha se firmó el “Acuerdo de Cooperación en el Sector Hidrocarburífero” de la Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador, Petroecuador, y la Corporación Nacional de Petróleo y Gas Natural de China y la Corporación Química de China, el cual perseguía desarrollar proyectos en la exploración, explotación y producción de petróleo, gas natural y yacimientos petrolíferos.

  Una nota de El Universo fechada el 19 de julio del 2017 informó que Petroecuador había vendido a Petrochina, a la empresa sueca Taurus Petroleum y a la británica Arcadia Petroleum cuatro embarques de 360.000 barriles de crudo cada uno[1]. Se iniciaban las relaciones comerciales entre Petroecuador y Petrochina International Company Limited.

Siguen los intermediarios

  Aun cuando una de las razones de Rafael Correa para instrumentar la alianzas fue la necesidad de terminar con los intermediarios, el informe parlamentario destaca que la información deja ver que en la operación de agosto de 2007 quedó en evidencia la presencia de Taurus Petroleum como comercializadora del crudo ecuatoriano, un hecho que no era la primera vez que ocurría, pues ya la intermediaria suiza se adjudicaba los cargamentos de petróleo junto a Petrochina.

 Asimismo, en 2006, junto a Mitsubishi Internacional y Mitsubishi Corporation, Taurus se adjudicó la venta 17,28 millones de barriles de crudo provenientes del bloque 15.

  Refiere el reporte Taurus Petroleum se convirtió posteriormente en la intermediaria del crudo que Petrochina se adjudicó en 2009, bajo los convenios de Alianzas Estratégicas, suscritos con el Estado ecuatoriano. Se subraya el hecho de que la misma Taurus reconociera que entre ellas existía una relación comercial. Así lo comprueba una carta de referencia comercial fechada en julio de 2006, suscrita por Ben Pollner, dueño de Taurus Petroleum, dirigida a Petroecuador, Pollner en la que señaló: “Petrochina International Company Limited es una de las empresas autorizadas a realizar actividades comerciales internacionales de petróleo crudo y productos refinados para el Grupo Petrochina. Petrochina opera en los mercados internacionales de comercio de petróleo desde 1995 y goza de una buena reputación entre sus contrapartes comerciales. En nuestros tratos con Petrochina hemos descubierto que se comportan de manera competente y profesional”.

  Entretanto, Petrochina siguió haciendo negocios con Petroecuador lo que se comprueba con la firma en 2008 del contrato número 2008-358 para la compraventa de Crudo Oriente a largo plazo. El 3 de octubre de 2008, Petrochina presentó formalmente la petición dirigida al gerente de Comercio Internacional de Petroecuador en la que expresó su “disposición de expandir sus vínculos comerciales y firmar una Alianza Estratégica”. El convenio fue aprobado por el Consejo de Administración de Petroecuador a través de la resolución Nº 354-CAD-2008-11-1720.

Se encienden las alarmas

  En el año 2008, Carlos Pareja Yannuzzelli, representante del presidente Rafael Correa ante el directorio de Petroecuador, le advirtió a este en una comunicación que en el concurso en el que la petrolera sacó a la venta, mediante licitación, 12 lotes de 12.000 barriles diarios de crudo Oriente a entregarse durante el año, hubo varios hechos que perjudicaron los intereses del Ecuador.

    Pareja Yannuzzelli alertó que esa venta, un negocio de más de USD 5.000 millones, no cumplió con las bases establecidas en el concurso en razón de que, entre otras cosas, el destino del crudo, una vez en manos de las adjudicatarias, no iba al destino final determinado en los pliegos de la negociación. 

    En ese sentido, Pareja le dijo a Rafael Correa que Petroecuador había adjudicado a cinco empresas diferentes los lotes de crudo a diferente precio, lo que significó una pérdida de USD 300.000 diarios o USD 9 millones, “por cuanto se adjudicó el mismo momento, el mismo volumen del mismo producto bajo la misma modalidad a diferente precio sin pedir igualación del diferencial ofertado por las compañías perdedoras al diferencial ganador”. 

   Explicó en la misiva que la compañía “Valero ganó cargamentos con un diferencial de USD 13,21 por barril, mientras que el resto de las competidoras se adjudicaron el crudo con diferenciales más altos: Conoco con un diferencial ofertado de USD 14,94, Repsol con USD 15,62, Petrochina con USD 16,28 y Glencore con USD 16,37”. 

 Esto significa que la pérdida estimada por Pareja Yannuzzelli era de más de USD 18 millones solamente entre los meses de julio y agosto, por “no igualar los diferenciales” con el diferencial de Valero.

    Explicó que Glencore  fue adjudicada con un diferencial mayor, a saber de USD 3,16, subrayando Pareja que no quedó claro en su oferta el destino final del crudo, dado que la comercializadora detalló refinerías de las que no se tenía claro si eran de su propiedad, “es decir, no se sabe finalmente qué va a hacer con nuestro crudo, convirtiéndola en un intermediario, incumpliendo las bases que señalaban que se debía indicar expresamente el destino final del crudo Oriente, como consumidor final”.

  De igual forma se refirió el asesor presidencial sobre Petrochina a la cual se le adjudicaron los cargamentos con una diferencia de USD 3,07. La empresa china había informado que el crudo iría a “otros destinos solicitados por Petrochina International Group y aprobados por Petroecuador (...) en ninguna parte de las bases consta un destino de común acuerdo”.

  Carlos Pareja Yannuzzelli concluyó dejó sentado que la mayoría de los barriles “serán comercializados en el mercado a pesar de su restricción de destino que limitaba las cargas hacia una refinería o terminal específico”, por lo que recomendó a Rafael Correa que las compañías adjudicadas “certifiquen las entregas al destino final señalado en la oferta y de no ser así, cobrar las garantías, borrarlas del registro de contratistas por incumplimiento”.

  La advertencia de Carlos Pareja Yannuzzelli se formuló vía escrita el 19 de agosto de 2008, sin que ninguna de sus advertencias fuera tomada en cuenta. Al contrario, las relaciones comerciales con China se afianzaron.

 Asimismo, los conocimientos de embarque e información de Petroperú indican que el crudo de Ecuador entregado a Petrochina llegó a la refinería de la estatal peruana a través de las intermediarias Castor Petroleum y Taurus Petroleum.

  El informe parlamentario refiere también que el 27 de enero de 2009, el presidente ejecutivo de Petroecuador E.P., Luis Jaramillo, suscribió con el representante legal de Petrochina, Zhang Tao, el Convenio de Alianza Estratégica 2009016 22 que tenía por objeto “desarrollar actividades económicas de mutuo interés en áreas de exploración, explotación, transporte, almacenamiento, industrialización y comercialización de hidrocarburos, servicios petroleros, gestión ambiental, fortalecimiento institucional y capacitación”.

   Este acuerdo, que tenía una vigencia de cinco años, estableció en la cláusula décima segunda que los “convenios específicos que se deriven del presente Convenio Macro, se regirán por la normativa interna vigente en el país y en el Sistema Petroecuador”, es decir, por la legislación de Petroecuador. Las negociaciones futuras se harían de Estado a Estado, sin la participación de intermediarios.

[1] El Universo. “Ecuador vende 1,4 millones de barriles de crudo”. 19 de julio de 2007. https://www.eluniverso.com/2007/07/19/0001/9/66CF7B915E3743E68A77C6E34CF4DC78.html