sábado, 26 de marzo de 2022

Corte procede al decomiso de inmuebles de José Luis De Jongh Atencio los cuales ahora son propiedad de EE. UU.

  En febrero la Corte le concedió un permiso para viajar a Miami para que retirara artículos personales que permanecían en los inmuebles decomisados.

Por Maibort Petit

   Lejos está de cumplirse la aspiración de algunos de recuperar bienes obtenidos con recursos esquilmados a Venezuela por parte de corruptos. Recientemente, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Texas-División de Houston ordenó el decomiso de un conjunto de bienes inmuebles en Texas, propiedad de José Luis De Jongh Atencio, exfuncionario de CITGO Petroleum Corporation, quien se declaró culpable de participar en un esquema de corrupción que estafó millones de dólares al erario público venezolano.

  De Jongh-Atencio, quien fungió como gerente de Proyectos Especiales de la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en Estados Unidos, recibió más de USD 7 millones en sobornos de parte de empresarios, a cambio del otorgamiento de contratos y prebendas.

 El exfuncionario venezolano deberá entregar unos inmuebles, específicamente las unidades de condominio identificadas con los números 301, 302, 303 y 304 en el Edificio 3 en el 20008 Champion Forest Dr., Spring, Texas.

  La orden del tribunal establece que todos los derechos, títulos e intereses sobre esa propiedad que hasta ahora fueron de José Luis De Jongh-Atencio, pertenecen ahora a los Estados Unidos, con lo que se esfuman los deseos de quienes aspiran a que a Venezuela se le restituyan el dinero y propiedades adquiridas en el exterior por parte de políticos y empresarios corruptos con recursos que se robaron al patrimonio nacional.

Gobierno pide Orden final de decomiso

  Kristine E. Rollinson, asistente de la Fiscal interino de los Estados Unidos, Jennifer B. Lowery, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Texas-División de Houston, en representación de los Estados Unidos una Moción sin oposición para una orden final de decomiso (Champion Forest).

  Específicamente, la fiscalía pidió el decomiso de los bienes inmuebles comerciales ubicados en el 20008 Champion Forest Dr., Spring, Texas (Unidades 301, 302, 303 y 304). Advirtió el gobierno que no había terceros con peticiones pendientes reclamando un interés en la propiedad inmueble, por lo que la moción no tenía oposición.

   Se mencionaba en la moción que el 22 de marzo de 2021, el Tribunal había firmado una Orden Preliminar de Confiscación Acordada la cual confiscó la propiedad de Champion Forest, entre otros. Tal decisión de acuerdo con la norma y con el consentimiento del demandado, José Luis De Jongh, expuesto en su Acuerdo de culpabilidad, por lo que la confiscación de los bienes inmuebles es definitiva para el demandado.

  Se indicaba que Estados Unidos envió una notificación directa por escrito de la Orden al titular del título Top Canyon LLC el 7 de septiembre de 2021, estableciéndose como fecha límite para presentar una petición afirmando un reclamo era el 8 de octubre de 202, lo cual no ocurrió. Se advirtió que, en razón del vencimiento de los plazos de presentación, Top Canyon LLC y todos los demás terceros ya no pueden presentar un reclamo y deben declararse en incumplimiento,

Orden final de decomiso

  El juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Texas-División de Houston, Gray H. Miller, luego de considerar la Moción de los Estados Unidos para una orden final de decomiso decidió conceder la moción.

   Refería la decisión que el 22 de marzo de 2021, el Tribunal emitió una Orden Preliminar de Confiscación Acordada confiscando la propiedad de Champion Forest, entre otros. El aviso de la Orden se publicó durante al menos 30 días consecutivos, a partir del 31 de marzo de 2021, habiendo transcurrido al momento de ser dictada la orden, más de 60 días desde la primera fecha de publicación.

  Se indica que el 7 de septiembre de 2021, Estados Unidos envió una notificación directa por escrito de la Orden a Top Canyon LLC, titular de los bienes inmuebles de Champion Forest. La fecha límite indicada para presentar una petición afirmando un reclamo era el 8 de octubre de 2021 y Top Canyon LLC no presentó una petición.

  El Tribunal tomó nota de que no había peticiones pendientes de terceros que hicieran valer un reclamo sobre la propiedad, y que el tiempo para presentar una petición había expirado.

  La Corte ordenó la confiscación a favor de los Estados Unidos de los bienes inmuebles, mejoras y accesorios ubicados en el 20008 Champion Forest Dr., Spring, Texas.

  El juez Miller determinó que los Estados Unidos tienen el título claro de los bienes inmuebles referidos anteriormente y pueden garantizar un buen título a cualquier comprador posterior, de conformidad con la norma.

  Estableció el magistrado que Top Canyon LLC se mantiene en mora y no tiene ningún derecho legal, título o interés en la propiedad confiscada.

  Miller declaró en rebeldía a todas las demás personas que pudieran reclamar cualquier derecho, título o interés sobre los bienes decomisados a través de esta Orden.

  El juez estableció que los Estados Unidos dispondrán de los bienes confiscados de conformidad con la ley y acreditará el producto neto recuperado del decomiso de los bienes inmuebles contra la sentencia monetaria dictada contra el demandado.

  Gray Miller ordenó al secretario del Tribunal enviar cinco copias certificadas de esta Orden Final de Decomiso a la Oficina del Fiscal Federal.

Permiso de viaje

 Por otra parte, el juez Gray Miller, concedió un permiso de viaje a José Luis De Jongh-Atencio.

  El demandado se trasladaría de Texas a Miami, Florida, entre el 17 y el 21 de febrero de 2022.

  Este permiso fue otorgado en razón de una moción presentada por De Jongh-Atencio quien por su condición de libertad provisional tiene restringido el tránsito al estado de Texas.

 José Luis De Jongh-Atencio requería trasladarse a Miami para desalojar una propiedad sujeta a una orden de decomiso acordada en el caso. Apuntaba el documento presentado ante la corte por Nicole De Borde, abogada del demandado, que su representado necesitaba retirar artículos personales de un inmueble sujeto a orden de decomiso, para que la propiedad pudiese venderse de conformidad con la orden de la corte.




 


 


 


 

sábado, 19 de marzo de 2022

Tribunal niega la inmunidad alegada por Cliver Alcalá Cordones para no enfrentar los cargos de narcoterrorismo en su contra

  Igualmente, el juez negó el pedido de que se obligue a la fiscalía a proporcionar detalles acerca de los co-conspiradores y testigos que intervendrán en el juicio.

Por Maibort Petit

  La pretensión de Cliver Alcalá Cordones de que se reconozca la inmunidad de que supuestamente estaba investido cuando cometió de los delitos de narcoterrorismo que se le imputan ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, se fue al traste en virtud de que el juez de la causa negó la moción que sus abogados presentaron ante la corte.

  El 17 de marzo de 2022, Alvin K. Hellerstein, juez del referido tribunal, negó una moción para desestimar la acusación en su contra bajo la doctrina de la inmunidad oficial extranjera presentada por Cliver Antonio Alcalá Cordones.

  Los cargos por los cuales el 5 de marzo de 2020 un gran jurado acusó a Alcalá Cordones, son (1) participar en una conspiración de narcoterrorismo, en violación de U.S.C. § 960a; (2) participar en una conspiración de importación de cocaína, en violación de 21 U.S.C. § 963; (3) posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, 18 U.S.C. §§ 924(c)(1)(A), 924(c)(1)(B)(ii), 2; y (4) conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 924(o).

  En su decisión, el juez Hellerstein recuerda que el 22 de julio de 2020, emitió una orden de protección sobre la producción de material de descubrimiento no clasificado y hasta la fecha, el Gobierno ha realizado siete producciones de material de descubrimiento no clasificado, por un total de más de 105 gigabytes de datos. Hace un recuento de dichas producciones que tuvieron lugar el 30 de junio de 2020, el 4 de septiembre de 2020, el 24 de noviembre de 2020, así como materiales adicionales que solamente están a la vista de los abogados.

  Se refiere que Clíver Alcalá Cordones busca desestimar la acusación basándose en la inmunidad soberana extranjera; y en caso de que la moción fuese denegada, pide un proyecto de ley de detalles y una orden que instruya al Gobierno a producir evidencia material favorable a él.

Sobre la inmunidad

  Sobre la moción para desestimar la acusación, argumentando que tiene derecho a la inmunidad procesal bajo el derecho consuetudinario, el magistrado indica que este sostiene que cuando participó en la conducta acusada, actuó en su capacidad oficial como oficial militar uniformado de Venezuela y en la promoción de la política exterior soberana de Venezuela. Según el razonamiento de Alcalá Cordones, tiene derecho a la inmunidad oficial extranjera basada en la conducta, pero el juez Hellerstein asegura que el acusado no es inmune al enjuiciamiento.

   El juez explica que le correspondió decidir si Clíver Alcalá Cordones tenía la inmunidad alegada en razón de que, ni el Departamento de Estado la concedió cuando el acusado la afirmó, en cuyo caso el tribunal entonces debía renunciar a su jurisdicción; ni Venezuela procuró la inmunidad para el acusado; que son los procedimientos que establece el derecho consuetudinario.

  Habiendo alegado el acusado que tiene inmunidad basada en la conducta, el juez se remitió al contexto de los enjuiciamientos penales en los que el Segundo Circuito ha sostenido que un instrumento de un soberano extranjero no es inmune al enjuiciamiento bajo el derecho consuetudinario, razonando que "[en el derecho consuetudinario, las determinaciones de inmunidad soberana eran prerrogativa del Poder Ejecutivo; por lo tanto, la decisión de presentar cargos penales necesariamente habría manifestado la opinión del Poder Ejecutivo de que no existía inmunidad soberana".

   Clíver Alcalá Cordones argumenta que estaba actuando en nombre de su soberano y en apoyo de la política exterior de Venezuela, pero la fiscalía presentó cargos contra el acusado y sus cómplices, manifestando así su opinión de que no tiene derecho a inmunidad. En tal sentido, si un instrumento de un soberano no tiene derecho a inmunidad, un agente que actúe en nombre de ese soberano tampoco puede tener derecho a inmunidad, de acuerdo a la jurisprudencia. 

  Refiere el juez en tal sentido que, aunque no está obligado a ceder ante las opiniones del Poder Ejecutivo sobre si puede ejercer jurisdicción, si lo está a aplicar lo establecido por la Corte de Apelaciones de su circuito judicial: "En ausencia de reconocimiento de la inmunidad reclamada por la rama política del gobierno, los tribunales pueden decidir por sí mismos si existen todos los requisitos de inmunidad". Por ello, Hellerstein rechazó el reclamo de inmunidad del acusado.

  Debido a que el acusado solamente se limita a argumentar que no se le puede exigir que responda por esa conducta en este Tribunal, sin alegar enjuiciamiento selectivo, el juez estimó que es una base insuficiente para impugnar o revisar de otro modo la decisión del Gobierno de presentar cargos.

   Además, consideró el magistrado que no existiendo el riesgo de que su tribunal se abstuviese de ejercer su jurisdicción para evitar interferir en la política exterior o asuntos diplomáticos, concluyó que Cliver Alcalá Cordones “no tiene derecho a la inmunidad oficial extranjera según el precedente del Circuito, y que este hallazgo concuerda tanto con los principios tradicionales de separación de poderes como con los fundamentos de la doctrina de inmunidad oficial extranjera”.

 Hellerstein estima que la lectura que el acusado hace de la jurisprudencia que aplica en el caso, es incorrecta.

 Igualmente, el juez dice que el acusado da mucha importancia al hecho de que sus actos fueron realizados en virtud de su posición militar de alto rango. Consideró el magistrado que el acusado no puede iniciar un reclamo de inmunidad basado en la conducta, porque la inmunidad basada en la conducta se centra en los actos, no en el estado y, por lo tanto, la cuestión es si los supuestos "actos" son posiblemente atribuibles al Estado. Se remite a lo señalado el Segundo Circuito de que "los actos que violan flagrantemente las leyes propias de un estado extranjero no pueden, al mismo tiempo, constituir actos oficiales con derecho a deferencia".

  Precisa que Alcalá Cordones está acusado de hechos que violan tanto las leyes de Estados Unidos como las de Venezuela.

 En consecuencia, Alvin Hellerstein decidió que Cliver Alcalá Cordones “no tiene derecho a la inmunidad oficial extranjera porque el Poder Ejecutivo ha manifestado su intención de que no se aplique ninguna inmunidad; el ejercicio de la jurisdicción no interferirá con la política exterior; y, el Acusado no participó en ‘actos oficiales’. En consecuencia, se niega la moción de desestimación”.

Sobre la Ley de detalles

  Como alternativa a si la decisión del tribunal era la de negar la moción de desestimación de cargos por inmunidad, la Corte debía producir una orden que obligue al gobierno a presentar una lista de detalles, , incluidos los nombres de los co-conspiradores no acusados y los testigos del juicio, para que pueda prepararse adecuadamente para el juicio y evitar sorpresas.

  A este pedido, el juez Hellerstein indica que no se justifica ninguna lista de detalles.

  La decisión refiere que según la jurisprudencia "Un proyecto de ley de detalles debe ser requerido sólo cuando los cargos de la acusación son tan generales que no advierten al acusado de los actos específicos de los que se le acusa".

  Asimismo, cita que "No es suficiente que la información sea útil para el acusado; si el acusado ha recibido notificación adecuada de los cargos en su contra, el gobierno no está obligado a revelar detalles adicionales sobre su caso. El tribunal debe ser consciente del hecho que un proyecto de ley de detalles limita la evidencia del gobierno en el juicio a los detalles proporcionados".

  Y remata con: "Por lo tanto, la prueba adecuada para decidir si se debe exigir al Gobierno un proyecto de ley de detalles es si el proyecto de ley de detalles es necesario para la defensa, no si ayudaría al acusado en su preparación".

  Sostiene el magistrado que no se justifica una declaración de detalles en este caso porque el acusado ha sido informado adecuadamente de la naturaleza y los cargos en su contra a través del documento de acusación, el descubrimiento y los documentos judiciales.

  Subrayó que detalles sobre cómo y cuándo se formó la conspiración, o cuándo lo ingresó cada participante, no es necesario que se revele antes del juicio, al tiempo que recordó que en el contexto de los enjuiciamientos por narcotráfico "los tribunales se han negado consistentemente a otorgar una declaración de detalles solicitando los siguientes tipos de información: (1) cuándo se formó la conspiración; (2) cuándo el acusado se unió a la conspiración; y (3) cómo alega el Gobierno que el acusado realizó actos en apoyo de la conspiración".

 Determinó Hellerstein que aunque las revelaciones del descubrimiento no brindan todo lo que el acusado podría desear, es decir, los nombres de todos los co-conspiradores acusados y no acusados, se le han proporcionado suficientes detalles para llevar a cabo una investigación dirigida de manera significativa de los hechos y circunstancias relevantes para responder a los cargos.

Sobre el material Brady

  Finalmente, el juez Alvin Hellerstein se remite al pedido de Cliver Alcalá Cordones de que se requiera al gobierno divulgar la información en su poder sobre la supuesta "participación del demandado en actividades contra Maduro, así como las identidades de los testigos que no han indicado la participación del demandado en la supuesta conspiración".

  En tal sentido, el magistrado estableció que no se justifica ninguna orden que obligue a un descubrimiento adicional.

 Recordó que ya se produjo una orden informando al gobierno de sus obligaciones bajo Brady y las posibles consecuencias de violar sus obligaciones.

  Se remitió a la afirmación del gobierno en la que sostuvo que no ha identificado ninguna declaración de testigo en su poder, en la que un testigo afirmara afirmativamente que el acusado no estuvo involucrado en ninguna de las conspiraciones acusadas.

  Por ello, en razón de que el juez estimó que el gobierno parece estar cumpliendo con sus obligaciones bajo la Regla 16, Brady y Giglio y se ha comprometido a proporcionar al acusado material de la Ley Jencks, incluidas declaraciones de testigos que no testifiquen, al menos 30 días antes del juicio, negó la moción.

martes, 15 de marzo de 2022

Joseph Humire: Se equivocan quienes piensan que Nicolás Maduro desistirá de su lealtad a Vladimir Putin y se aliará con EE. UU.

 La visita de emisarios de la Casa Blanca a Caracas no puede interpretarse como un distanciamiento del dictador venezolano con Rusia.

Por Maibort Petit

  Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea en general están cayendo en una trampa, perfectamente diseñada por Rusia y China los cuales tenían perfectamente calculada la reacción del mundo occidental respecto a la invasión-ataque a Ucrania. Vladimir Putin y sus aliados chinos sabían que la Federación Rusa debía enfrentarse a las severas sanciones que le impondrían y se había preparado para ello. A sabiendas de que Occidente no daría una respuesta militar, Rusia actuó en consecuencia y con el apoyo del régimen chino en espera de las sanciones que, cuando se aplican desproporcionadamente, pierden su efecto e impacto y, sencillamente, no tendrán el efecto deseado que es frenar la guerra, mientras, por el contrario, el dólar pierde fuerza, tal como lo planeó el Kremlin.

  Estas consideraciones las formuló Joseph Humire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS, por las siglas en inglés de Center for a Secure Free Society), quien igualmente, aseguró que Rusia y China actúan conjuntamente a pesar de que esta última en la ONU aboga públicamente por el diálogo y el entendimiento, entretanto actúa tras bastidores en apoyo a Vladimir Putin. Una situación que, sostiene ocurre de igual manera con Nicolás Maduro, quien mantendrá su lealtad con el líder ruso, pese al acercamiento que la Casa Blanca ha iniciado con el régimen venezolano.

    Humire advierte el grave error que cometen quienes piensan —entre ellos el gobierno de Joe Biden— que el régimen venezolano se distanciará del Kremlin en razón de que Washington le ha propuesto comprarle petróleo a cambio de que marque distancia con el gobierno ruso. La inmediata reunión de la vicepresidenta venezolana, Delsy Rodríguez, con el canciller ruso, Serguéi Lavrov, tan pronto hubo terminado el encuentro en Miraflores con los enviados de la administración estadounidense, es un claro ejemplo que lo que ocurrirá de ahora en adelante. Simplemente Nicolás Maduro informará con detalle a Rusia acerca de cada propuesta o planteamiento recibido de EE. UU.

  Una información que, obviamente, será utilizada para manipular y diseñar nuevas actuaciones de parte de la alianza Rusia-Venezuela, pues la sociedad chino-rusa ha emprendido una lucha contra toda la estructura occidental. Y es que, advierte Joseph Humire, las políticas fracasadas lideradas por Occidente permitieron la alineación de los peores regímenes del mundo. “La guerra viene cuando la política fracasa y esto es lo que está pasando”, alerta el director de SFS y se atreve a referir que “estamos entrando en la tercera guerra mundial, como consecuencia de todas las políticas fracasadas de muchos países, no sólo EE. UU., nos han trajeron a este momento”.

  En tal sentido, recordó que las políticas de Barack Obama, Bill Clinton, George Bush apuntaron al empoderamiento de China, la diversificación de Irán y el permitir que Vladimir Putin se impusiera en Rusia “y el resultado de eso es guerra”. Es así que alerta: “No se van a quedar contentos con Ucrania, con Taiwán o el sur de Irak, van a ir por más. Eso lo sabemos porque los observamos Latinoamérica y aunque Washington no lo percibe, sabemos que están dominando esa región también”.

  La acción de Vladimir Putin en Ucrania, nada tiene que ver con los argumentos esgrimidos por Rusia de reivindicación de su soberanía territorial, sino con el deseo de destruir a Estados Unidos. “Hay estar muy pendientes porque ese objetivo está avanzado muy rápidamente y creo que esa es una carta que aún Putin no ha jugado abiertamente”, sentencia Humire.

  Para el especialista en temas de seguridad, la interpretación que hacen algunos respecto a un supuesto distanciamiento que ya estaría teniendo lugar entre Maduro y Putin se equivocan al suponer que regresar a las negociaciones con la oposición en México —en caso de que se produzcan— sería un signo de debilidad, pues por el contrario de los encuentros previos quien salió fortalecido fue el régimen venezolano cuando obtuvo todas las concesiones mientras la alianza democrática no obtuvo nada.

  Apunta Humire el peligro del chantaje que se corre permitiendo que las cesiones de Nicolás Maduro se limiten a la entrega de rehenes y presos políticos, pues estos se convertirían en un incentivo perverso que solamente estimula la captura de más rehenes y el encarcelamiento de más opositores que pasarían a ser moneda de cambio para el régimen venezolano.

  Indica que la guerra también se libra cuando la izquierda avanza en América Latina, encontrándose Colombia y Brasil en la mira, esa es la estrategia en la región, por lo que nada puede interpretarse como pérdida. “Están jugando a apuntar al Caribe. No veo dónde están perdiendo. Están ligando la economía de Venezuela muy intensamente con el Medio Oriente al que quieren convertir en el primer inversor de Venezuela. No importa que Venezuela no alcance el esplendor económico de épocas anteriores, pues lo fundamental para ellos es el poder, desinformar y desestabilizar para introducir nuevas formas de sistemas económicos.

“El objetivo común de Venezuela, Rusia, Irán, China, en el ámbito económico es mezclar lo ilícito con lo lícito, es complementar la actividad legítima que llevan a cabo, con economías ilícitas en el comercio exterior. Implementar el nuevo sistema financiero servirá no solamente para lícito y programas de gobierno, sino también para el delito, los terroristas y narcotraficantes”, sentencia Joseph Humire.





Joseph Humire: acabar con el dólar estadounidense es el objetivo de Rusia

  Más allá de la invasión y anexarse el territorio ucraniano, la guerra emprendida por Rusia apunta a un objetivo más a mediano y largo plazo y que pasa terminar con el actual orden internacional.

Por Maibort Petit

   En opinión de Joseph Humire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS, por las siglas en inglés de Center for a Secure Free Society), el conflicto surgido con la invasión-ataque a Ucrania por parte de Rusia tiene un objetivo que apunta más allá de la reivindicación soberana o la mera anexión territorial, sino que está dirigido a acabar con la hegemonía del dólar en la economía mundial.

  Destruir el dólar estadounidense sería el verdadero fin de Vladimir Putin, sostiene el experto en temas de seguridad quien, a diferencia de lo que estiman otros voceros internacionales, el mandatario de la Federación Rusa está muy lejos de encontrarse debilitado o acabado.

  Señala que a la par del combate armado que se libra en territorio ucraniano, existe otra guerra cuyo alcance es tal vez mayor que el que logran las armas: la de la información en la que ambas facciones dirigen todos sus esfuerzos para amplificar las narrativas que cada uno de ellos procura imponer. Advierte que los rusos son excelentes en desinformar y, en ese sentido han actuado desde mucho antes de que se iniciara la confrontación bélica. Precisa que Rusia cuenta con cadenas de televisión que son muy populares en el Medio Oriente y América Latina —Rusia Today y Sputnik— con las que logra buena parte de dicho objetivo. Humire, sin embargo, advierte que del otro lado, Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea y Occidente en general, actúan en consecuencia. Corresponde a los analistas y al público en general, discernir a qué información le dará crédito y a cuál no.

  Para llegar a estas conclusiones, Joseph Humire parte de algunas premisas, a saber:

1. Rusia no trabaja sola en su objetivo

   Advierte el experto en temas de seguridad que es un gran error creer que, en esta guerra, Rusia actúa ni hace cálculos sola. Asegura que una decisión tan importante como la invasión a Ucrania, no fue adoptada por el gobierno de Vladimir Putin sin aliados. No lo hizo cuando invadió y tomó Crimea, ni en la Guerra de Osetia del Sur con Georgia, pues el jefe de la Federación Rusa sabe que requiere del apoyo de China. Advierte que no se trata de una alianza natural, pues en otras circunstancias serían hasta enemigos, pero los une el interés común de derrocar al orden internacional y por extensión a Estados Unidos, sustentador de dicho orden desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. “Las decisiones que China está tomando son completamente a favor de Vladimir Putin, y viceversa”, asevera Humire, quien agrega a Irán a esta alianza.

2. Una guerra más allá de lo militar

  En opinión de Joseph Humire, la invasión a Ucrania no es un hecho improvisado al que Vladimir Putin llegó sin preparación, pues en ello viene trabajando desde hace muchos años y, de allí, la adopción de decisiones previas que resultan fundamentales.

  Entre estas decisiones está el aumento del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones de Rusia en un 45 por ciento, casi el doble de su asignación anterior, pues entienden que “la información es guerra, la información es el conflicto, es decir no se va a ganar con tanques y bombas en Ucrania, sino cuando en el campo de la información la opinión pública se incline a su favor”. Esa es la razón de la avalancha de propaganda pro Rusia en lugares donde menos se esperaba. Comenta, en este sentido, que es sorprendente ver la cantidad de personas, expertos, académicos, activistas u otros, incluso de la derecha, apoyando a Vladimir Putin a pesar de su alineación con la izquierda en Latinoamérica y de otros lugares del mundo. “A la par de las bombas en Ucrania, Putin lanza bombas digitales en el mundo”.

3. Una guerra de varias dimensiones

  El director ejecutivo del SFS asegura que la guerra con Ucrania no comenzó con la invasión de su territorio ni con el bombardeo a sus ciudades, “esa es solamente la guerra física”.

   Humire explica que la guerra tiene varias dimensiones: la física; la mental, que es la sicológica; y la dimensión moral, que tiene que ver con la legitimidad. En este sentido, indica que los rusos trabajan en todas estas dimensiones, pues no son novatos de guerra, “no son los mismos que estuvieron el Siria o en Libia, sabemos que Vladimir Putin y la Federación Rusa saben de guerra híbrida” en la cual se utilizan toda clase de medios y procedimientos para alcanzar su objetivo.

4. Cálculos previos

  La invasión a Ucrania por parte de Rusia requirió de un cálculo previo en el que se midió la respuesta de Estados Unidos y la OTAN. En el caso de esta última, refiere que Putin y sus aliados consideraron la posición de Alemania e Italia, países que sabían que no comprometerían sus fuerzas armadas en la defensa de un país que no es miembro del organismo. Entretanto, el cálculo sobre EE. UU., Rusia lo fundamentó en el “desastre” en que se convirtió el retiro de las fuerzas estadounidenses de Afganistán.

“Vladimir Putin sabe que no va a haber respuesta militar a su agresión-invasión a Ucrania”. Comenta que tal era la certeza del líder ruso en este sentido, que en la invasión no recurrió a sus mejores equipos como lo hizo en Siria, por ejemplo. “Putin actuó de esta manera porque sabía perfectamente que Occidente no intervendría militarmente”.

5. Las sanciones

   La actuación militar de Rusia ocurrió sobre el cálculo de la respuesta que tendría Occidente, como ya se ha dicho, la cual se limitaría a la aplicación de sanciones, las cuales, aunque muy severas y contundentes —entre ellas la salida de Rusia de la Sociedad para las Comunicaciones Financieras Interbancarias Internacionales (SWIFT, por las siglas en inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) y el congelamiento de bienes en el exterior— lo cual estaba perfectamente medido por Putin y sus aliados.

  Suponer que Rusia está debilitada y acabada por las sanciones es un error, a juicio de Humire, quien conocía que esta sería la reacción occidental y se preparó para ello.

6. Sin sorpresas

  Joseph Humire se remite a lo afirmado por el asesor ruso Sergei Glazyev, quien en su libro “Genocidio: Rusia y el nuevo orden mundial” hace una serie de planteamientos que Vladimir Putin prácticamente repite al momento de llevar a cabo la invasión a Ucrania, tales como la calificación de Ucrania como régimen nazi.

  Igualmente, recuerda que hace años fue testigo de como Putin en reunión con los líderes de los países de la alianza bolivariana, Rafael Correa (Ecuador), Evo Morales (Bolivia), Hugo Chávez (Venezuela), Daniel Ortega (Nicaragua), dijo que era necesario salir del dólar estadounidense y por eso surge el “Sucre” en su momento —devenido en mecanismo de lavado de dinero, pero estaban experimentando— y posteriormente el Petro y el sistema digital de Ecuador.

  Sostiene que a sabiendas del efecto que las sanciones tendrían en el pueblo ruso, Putin tomó la determinación de invadir Ucrania, porque su visión está puesta en el largo plazo cuando por la sobre exposición de sanciones estas vayan perdiendo su efecto. “La estrategia de Rusia es perder en el corto plazo para ganar en el mediano plazo. Van a sufrir en los próximos meses, tal vez años, para después poder reemplazar este sistema actual por el chino, constituido en 2010”.

 Todo está calcula entre Rusia y China, asevera Joseph Humire, al tiempo que recuerda que, por ejemplo, al anunciar Visa y MasterCard el fin de sus operaciones en Rusia, ellos anunciaron de inmediato su mudanza al sistema chino.



jueves, 10 de marzo de 2022

Con miras a sustituir a Álex Saab en el negocio de los Clap, los hermanos Khalil Majzoub estarían negociando la compra de Coposa a precio de gallina flaca

  La adquisición se estaría llevando a cabo pese a que otras compañías de los Khalil Majzoub en el área de los seguros, presentan un largo historial de malos manejos y quiebra.

Por Maibort Petit

Imagen cortesía AP

   El nombre de los hermanos Majed Khalil Majzoub y Khaled Khalil Majzoub en Venezuela está presuntamente ligado a la violación de las sanciones estadounidenses, la corrupción y  hasta al terrorismo islámico[1] [2] [3] [4], en razón de los supuestos manejos irregulares que estos han mantenido con el alto gobierno, no solamente en la era chavista —periodo durante el cual se habría incrementado— sino desde la administración de Rafael Caldera, cuando específicamente habrían logrado contrataciones estatales a través del entonces denominado Ministerio de Hacienda. Ahora, fuentes de Venezuela Política altamente confiables en el área de los seguros, señalan que su empresa Seguros Universitas estaría confrontando serios problemas financieros desde agosto de 2020, situación esta que no sería óbice para que, supuestamente, —en lugar de corregir el problema— estén optando por comprar el Consorcio Oleaginoso Portuguesa S.A. (Coposa)[5], intervenido por el gobierno en dos ocasiones, a saber, en abril de 2020 y en diciembre de 2021[6]. El monto de la compra sería de USD 10 millones, cifra que, según los accionistas minoritarios de la compañía, representa solamente el 10 por ciento del valor de la compañía.

  Esta negociación escondería turbios intereses, toda vez que Coposa, una empresa con 45 años de trayectoria llegó a la crisis que actualmente atraviesa, luego de verse imposibilitada de pagar una deuda millonaria contraída en 2013 por USD 15 millones con el Banco de Comercio Exterior (Bancoex), los cuales estaban destinados a la creación de una moderna planta de producción de aceite de girasol[7]. La inestabilidad y severa crisis económica del país habrían sido determinantes para que el objetivo no se cumpliera y se produjera el impago.

  La junta directiva de Coposa denunció en diciembre de 2021, que habían establecido un acuerdo con la empresa privada Envasadora de Alimentos (Evalsa) —dedicada a empaquetar los alimentos del Clap—  para que asumiera la deuda. Como contraprestación, Evalsa obtendría una participación accionaria de 45 por ciento. Posteriormente, con el visto bueno del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Minppal), Bancox procedió a ceder la deuda a la empresa pública Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios CUSPAL C.A.

  La directiva de Coposa denuncia que para que dicho acuerdo tuviese validez debía ser sometido a consulta y aprobación de la mayoría de la asamblea de accionistas de la empresa, lo cual fue negado el 24 de septiembre de 2021 cuando “(…) se planteó el ingreso de EVALSA como accionista de manera intempestiva, la cual fue rechazada ante el fundado temor de perder la empresa en poco tiempo, en particular los pequeños productores que representan el 70% de la población accionaria. Los accionistas, si bien estaban al tanto de la situación financiera, nunca fueron notificados, hasta ese día, acerca de la obtención del 45% por asumir la deuda a BANCOEX de 10 millones de dólares, monto que no representa ni el 5% del valor del activo fijo de la empresa”[8].

  Es en medio de esta situación que los hermanos Khalil Majzoub estarían accionando y ejerciendo presión —a través de los supuestos vínculos que mantienen con Jorge y Delsy Rodríguez— para hacerse de Coposa, tal como anteriormente lo hicieron con Lácteos Los Ándes y Agroisleña, según insiste nuestra fuente. Una especie que corrobora una investigación de Armandoi.Info que estableció que el grupo iraní al que el gobierno habría adjudicado la compañía de nombre Venilac bajo la figura de “alianza estratégica”, en realidad es una firma constituida en Caracas y no en Teherán, el 2 de julio de 2020, con Kralys Beatriz López Díaz y Marlys Yavileys Suárez García como accionistas. Tras ellas estarían los hermanos de origen libanés, quienes solamente estarían haciendo valer la vieja consigna de “a rey muerto, rey puesto”, al apuntar a sustituir a Alex Saab como proveedor del Clap[9].

El negocio de los seguros

  La simpatía de Hugo Chávez por el mundo árabe y el islamismo, lo llevó a mantener el vínculo contractual que los hermanos Khalil Majzoub mantenían con la administración su antecesor Rafael Caldera y que se concretó con la empresa Hardwell Technologies.

  En 2004 los servicios de los Khalil Majzoub al estado venezolano se extendieron hacia el área de los seguros, cuando en febrero de dicho año reactivaron la empresa Serviseguros, Sociedad de Corretaje de Seguros, una firma que pese a carecer de infraestructura operativa logró captar la cuenta de Edelca, en razón de la amistad que mantenían con el presidente de la estatal eléctrica para la fecha, general Hipólito Izquierdo; así como con Pedro Durán, vicepresidente de Finanzas; y el ejecutivo, Idolfo Áñez. Nuestras fuentes señalan que en ese momento comenzó el negocio de las sobre-primas con comisiones de alrededor del 30 por ciento, cuando lo generalmente establecido es de 10 por ciento. Los hermanos Khalil Majzoub empezaban a esquilmar el patrimonio público con unas pólizas de seguro suscritas irregularmente y en condiciones desfavorables para la república.

  A partir de allí, siguieron añadiéndose a la cartera de clientes en el área de seguros de los khalil Majzoub, las cuentas del estado, en primer lugar con el Consejo Nacional Electoral (CNE), momento en el cual comienza la relación con Jorge Rodríguez en seguros y suministros de todo tipo.

  Siguieron después la Cancillería con la que se suscribió una póliza internacional que amparaba al personal de Venezuela en el mundo, una negociación que ocurrió por la cercanía de los Khalil Majzoub con José Vicente Rangel y Alí Rodríguez Araque, quien también los favoreció cuando estuvo al frente de Corpoelec.

   Se sumó el Ministerio de Las Comunas y el INCE, por la relación con Elías Jaua y Américo Mata; con la gobernación del estado Bolívar, por su amistad con el general Francisco Rangel Gómez; con la gobernación del estado Trujillo, durante la gestión de Hugo Cabezas; con la Vicepresidencia Ejecutiva de la República cuando José Vicente Rangel ocupó el cargo, quedando ratificados los contratos en tiempos Jorge Rodríguez. Este último también les otorgó contrato cuando se desempeñó como alcalde de Caracas.

  También la Fiscalía General de La República suscribió contratos de seguros durante 10 años con los Khalil Majzoub en razón de su estrecha amistad con Luisa Ortega Díaz y su esposo, Germán Ferrer. La representante del Ministerio Público se encargó de dar protección a los hermanos Khalil a cambio de favores en el intercambio comercial con las pólizas del despacho que dirigía. La fuente revela que Ortega Díaz impidió la detención de Majed Khalil Majzoub por parte del Sebin, organismo que tenía programado su arresto por haber incumplido con la instalación de unas turbinas eléctricas a través de su empresa Pacific Rim Energy, actualmente llamada Índigo Energy International C.A.

  Nuestras fuentes señalan que todos estos contratos se llevaron a cabo con Seguros La Previsora cuando pertenecía a Juan Carlos Maldonado, actual dueño de Iberoseguros; con Seguros Altamira, de Domingo Amaro Rangel, mismo dueño de Seguros Qualitas; y con esta última en la gestión de Ernesto Sabal actual dueño de Hispana de Seguros.

  Como se observa, el papel de Jorge Rodríguez fue vital en las contrataciones, sumándosele posteriormente su hermana, Delcy Rodríguez. Se nos refiere que estas contrataciones de pólizas de seguros de todos los ramos, especialmente, las pólizas de salud se caracterizaban por las altas comisiones que cobraban, las cuales giraban en torno al 25 y el 30 por ciento, sin que existiera fiscalización por parte de la Superintendencia de Seguros.

HMO Servisalud y Seguros Universitas

  La fuente de Venezuela Política sostiene que HMO Servisalud[10] fue constituida en noviembre de 2007, a través del supuesto testaferro de Majed Khalil MaJzoub, César Bolívar, un hombre señalado de haber quebrado la compañía. Se trataría en realidad de una cadena de testaferrato en la que el eslabón Majed Khalil Majzoub-hermanos Rodríguez, sería el más significativo.

   El objetivo de la creación de esta firma fue dar asistencia médica primaria, medicamentos, etc, a la empresa estatal Corpoelec en 2008. Se le entregó la responsabilidad de prestar servicio a 76.000 personas a una empresa a la cual no se evaluó técnicamente, ni se sometió a los procesos licitatorios a que obliga la ley.

  Esta empresa, por los supuestos malos manejos de César Bolívar, está atravesando una seria situación financiera.

  Entretanto, Seguros Universitas[11] presuntamente fue creada —con fondos provenientes de Serviseguros— por los hermanos Khalil Majzoub a través de testaferros, el 13 de abril de 2011, según informan nuestras fuentes.

  Universitas sufrió una debacle económica en 2010 a consecuencia de la crisis financiera de ese entonces, por lo que fue intervenida en razón de las pérdidas que presentaba. Sus accionistas eran los fondos de jubilaciones de las Universidades de Oriente, Experimental Libertador y la Lisandro Alvarado. La compañía se vendió a Carlos Augusto Bolívar, un proceso que generó muchas dudas y denuncias por parte de la Asociación de Profesores, pero en razón de la supuesta complicidad de la Fiscalía General y la Superintendencia de Seguros, estas no prosperaron.

   Se decía que Universitas fue comprado con el dinero de la póliza de los trabajadores de la Alcaldía Libertador en complicidad y autorización de los hermanos Rodríguez, asegura la fuente a Venezuela Política, agregando que existe la presunción de que los altos funcionarios gubernamentales del chavismo sean socios de la aseguradora a través de terceros.

  Pese a los malos manejos de la aseguradora en septiembre de 2020 comenzó su caída dado el derroche de los testaferros de los Khalil a cargo de la misma, léase, Félix Leal, Carlos Santana, Héctor Parra y César Bolívar, quien inexplicablemente aún permanece en la empresa.

  Se presume que los hermanos Rodríguez ocultan a Nicolás Maduro la situación de impagos que estas empresas de seguros de los Khalil Majzoub mantienen con los entes del estado con los cuales tienen suscritos contratos.



   Se trataría de cifras astronómicas que las aseguradoras adeudan a clínicas, talleres y reembolsos de los asegurados, situación que, para Jorge Rodríguez, de manera alguna sería impedimento para que los hermanos Khalil Majzoub continúen adquiriendo bienes y contratos del estado venezolano.

 REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “Hermanos Khalil Majzoub: ¿Empresarios surgidos a la sombra del chavismo? (I Parte)”. 28 de octubre de 2020. https://venezuelapolitica.info.dream.website/hermanos-khalil-majzoub-empresarios-surgidos-a-la-sombra-del-chavismo-i-parte/

[2] Venezuela Política. “Hermanos Khalil Majzoub: ¿Empresarios surgidos a la sombra del chavismo? (II Parte)”. 31 de octubre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/10/hermanos-khalil-majzoub-empresarios_31.html

[3] Venezuela Política. “Los hermanos Khalil Majzoub estarían detrás de la violación de las sanciones impuestas por EE. UU. al régimen de Nicolás Maduro”. 1 de octubre de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/10/los-hermanos-khalil-majzoub-estarian.html

[4] Venezuela Política. “Empresario venezolano ligado al narcotráfico es investigado en el Senado de Bolivia”. 22 de octubre de 2017. https://www.maibortpetit.info/2017/10/empresario-venezolano-ligado-al.html

[5] Coposa. https://www.coposa.com/

[6] La Prensa de Lara. “Gobierno nacional interviene empresas Coposa por segunda vez”. 21 de diciembre de 2021. https://www.laprensalara.com.ve/nota/40975/2021/12/gobierno-nacional-interviene-a-empresas-coposa-por-segunda-vez

[7] Al Navío. “El Gobierno de Venezuela toma la empresa local de oleaginosos Coposa”. 20 de diciembre de 2021. https://alnavio.es/el-gobierno-de-venezuela-toma-la-empresa-local-de-oleaginosos-coposa/

[8] CRN. “Grave situación amenaza con la continuidad de la empresa COPOSA”. 16 de diciembre de 2021. https://crn.com.ve/regionales/grave-situacion-amenaza-con-la-continuidad-de-la-empresa-coposa/

[9] Armando.Info. “Unos contratistas del chavismo se pasteurizan”. 28 de abril de 2021. https://armando.info/unos-contratistas-del-chavismo-se-pasteurizan/

[10] HMO Servisalud. http://www.hmoservisalud.com/

[11] Seguros Universitas. https://www.segurosuniversitas.com/


martes, 8 de marzo de 2022

Las Américas no están preparadas para enfrentar y combatir las nuevas formas del crimen organizado: El fenómeno de la digitalización

  La experta en seguridad nacional advirtió que las organizaciones criminales cuentan con mejores recursos que los gobiernos que deben combatirlas.

Por Maibort Petit

   En tiempos de globalización, los gobiernos de las Américas enfrentan a las organizaciones del crimen organizado sin contar con los recursos necesarios para ello, entretanto estas se actualizan constantemente con todos los elementos y herramientas que ofrece la tecnología.


  La advertencia la hizo Celina Realuyo, profesora del Centro “William J. Perry” de Estudios Hemisféricos de Defensa de Washington DC, Estados Unidos, durante el Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, ciudad de Guatemala que tiene lugar en con el auspicio del Congreso de dicha república centroamericana.
   La experta en temas de seguridad nacional, advirtió que los adelantos y beneficios tecnológicos del mundo globalizado trae consigo igualmente están disponibles para los agentes del crimen organizado, las cuales, aprovechando las ventajas que ofrece el mundo interconectado, han intensificado tráfico de drogas, trata de personas, migrantes y el comercio irregular de armas.

  Realuyo mostró el lado oscuro de la globalización e hizo referencia a los factores que contribuyen a la globalización de las redes ilícitas en Latinoamérica y el Caribe. Veamos:

1. La inseguridad y la corrupción

  Celina Realuyo dejó sentado que la corrupción es la condición básica para que los grupos armados y criminales promocionen sus “nefastas agendas”, en razón de que la institucionalidad es muy débil, obstaculizando el mantenimiento del orden y la paz en estas democracias, por lo general muy jóvenes.

  La inseguridad ciudadana también prevalece como consecuencia de la inequidad, una situación que aprovechan actores externos que se inmiscuyen en los asuntos políticos, sociales y económicos de los países de la región. A esto se suman los desastres naturales característicos de la región.

2. Convergencia de las redes ilícitas

  En las Américas, refiere la experta, EE. UU. es el país destino de drogas y migrantes irregulares, al tiempo que es también el mayor exportador de armas y dinero sucio.

  Realuyo advierte, que ya no se debe hablar de países productores, tránsito y consumo, porque los países de la región con el flagelo del desarrollo de drogas sintéticas ya se encuentran en las tres fases.

  Explica que en la actualidad se habla de un mundo ciber-físico, pues todas estas actividades ilícitas del mundo real, ahora se complementan en el ciberespacio —a través de la promoción y venta en línea de productos y servicios— y también enriqueciendo y empoderando las redes ilícitas, ya sean criminales o terroristas.

3. El impacto del Covid-19

  Aunque los delitos del crimen organizado no son nuevos conceptos, Celina Realuyo refiere que con la globalización se han incrementado en términos de magnitud, velocidad y riqueza. Indica que ahora los grupos criminales y/o terroristas disponen de más recursos para comprar más tecnología, la cual muchas veces supera a la de los servicios de seguridad encargados de contrarrestar estos fenómenos.

 Durante la pandemia estos grupos criminales y/o terroristas se adaptaron a las nuevas tecnologías y aprovecharon el ciberespacio para multiplicar sus mercados ilícitos.

4. Flujos financieros ilícitos

  Celina Realuyo informa que las organizaciones criminales y/o terroristas se valen del ciberespacio y las criptomonedas para ampliar sus opciones para lavar y esconder el dinero de sus actividades.

5. Economía ilícita empoderada

  Las redes ilícitas se han empoderado, de acuerdo a la experta, quien refiere que el Darknet y las criptomonedas le ofrecen oportunidades para afianzarse. Entretanto, ellas se fortalecen, los gobiernos están muy atrasados respecto a las novedades de la digitalización de las redes ilícitas. Además, durante la pandemia, los grupos criminales y/o terroristas amplificaron y expandieron sus mercados al ciberespacio.

6. Las redes sociales facilitan las redes ilícitas

  Celina Realuyo refiere que las redes sociales facilitan el narcotráfico, la trata de personas, el reclutamiento de jóvenes por pandillas, carteles, terroristas, en razón de la imposibilidad de poder establecer un monitoreo de las mismas.

7. Espectro de amenazas cibernéticas

 Existe un espectro de amenazas cibernéticas —ciberataques y ciberinseguridad—  en términos de estado-nación; como también están los ciberdelitos; además del activismo con motivaciones más políticas y el uso del internet por grupos criminales y/o terroristas.

8. Competencia de las grandes potencias

  Las grandes tres potencias —Estados Unidos, China y Rusia— compiten entre sí y buscan influir en las Américas y en los acontecimientos que tienen lugar en este hemisferio.

9. Rivalidad entre EE. UU., China y Rusia

  Celina Realuyo indica que cada país —no solamente Estados Unidos, China y Rusia— dispone de ciertos instrumentos de poder nacional, como la diplomacia, fuerzas armadas, información, herramientas económicas, observándose en la región una inversión estratégica por parte de las tres potencias en muchos países de las Américas.

  Esto lo hacen de acuerdo a sus intereses, siendo la información, las noticias falsas en redes sociales, la manipulación de estas últimas, herramientas bien para dar una impresión positiva, como sobre todo, para afectar la imagen de ciertos gobernantes de la región.

10. La zona gris

  La experta en seguridad explica que como zona gris se conoce el periodo intermedio entre la paz y la guerra, tiempo en el cual se complica enfrentar un adversario.

  En este tiempo operan los estados malditos, gobiernos autócratas como China, Rusia, Irán, Corea del Norte, y en nuestro hemisferio a Venezuela, Nicaragua y Cuba; también las redes ilícitas que son aprovechadas por las redes criminales pues en la zona gris no existen reglas de comportamiento; en la guerra híbrida se mezclan todos los instrumentos de poder para atacar y degradar el estado nacional.

11. Digitalización de las redes ilícitas

 Celina Realuyo explica que opera una digitalización de las redes ilícitas, las cuales evolucionan y se adaptan más rápido que los gobiernos encargados de promover la seguridad y la prosperidad.

  Esto es un riesgo para las Américas, toda vez que se está socavando la economía lícita y el sistema financiero; se incrementa la inseguridad; los grupos ilícitos o ciertos partidos indagan cómo aprovechar el ciberespacio para desestabilizar la sociedad.

12. Cooperación necesaria

 Por último, Celina Realuyo alerta sobre la necesidad de que se produzca la cooperación interagencial como un esfuerzo de todos los gobiernos, pero también un esfuerzo internacional para enfrentar y combatir la digitalización de las redes ilícitas en el nuevo orden mundial.


Venezuela y PDVSA entre la espada y la pared: Mientras un juez autorizó la venta de CITGO para pagar deuda impaga, el régimen de Maduro está más cerca de lograr un alivio a las sanciones

 Las decisiones enfrentadas adoptadas por el gobierno y los tribunales, podría generar un conflicto de poderes.

Por Maibort Petit

   Crystallex International Corporation no ha cesado en su esfuerzo por recuperar la sentencia a su favor por USD 1.200 millones por la expropiación que sufriera por parte del gobierno venezolano cuando Hugo Chávez decidió despojar a la minera canadiense de sus activos en Venezuela. Recientemente el juez Leonard Stark, titular del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware ordenó iniciar el proceso de venta de las acciones de CITGO Petroleum Corporation en manos de PDV Holding Inc., una decisión que se enfrenta a la disposición gubernamental que mantiene bloqueada la operación.

  Una situación que amenaza con crear un conflicto de poderes en los Estados Unidos, toda vez que la orden del juez Stark se produce apenas un mes después de que la administración de Joe Biden, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, extendiera por un año más el decreto de protección de la refinería venezolana.

  Pero mientras las presiones sobre Venezuela y su principal industria se acentúan, por un lado, por el otro el régimen de Nicolás Maduro logró, gracias a lobistas, que el gobierno de Joe Biden enviara a Caracas una comisión de Alto nivel para negociar con la dictadura negocios petroleros a cambio del posible levantamiento de las sanciones.

En esta entrega presentamos los detalles de lo acontecido.

EE. UU. extiende medida de protección a Citgo

   El pasado 20 de enero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, extendió hasta el 20 de enero de 2023 —es decir una prórroga por un año más— el decreto de protección a CITGO Petroleum Corporation, filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos, cuya administración en la actualidad se encuentra en manos del denominado gobierno interino que encabeza Juan Guaidó desde comienzos de 2019, luego de que entraran en vigencia las sanciones estadounidenses contra la corporación venezolana.

   La licencia de la OFAC prohíbe la venta o transferencia de las acciones de CITGO en relación con los Bonos PDVSA 2020 8,5 por ciento, a menos de que se cuente con l autorización de dicho despacho. Se quiere dar oportunidad a que se pueda llegar a un acuerdo sobre las propuestas para reestructurar o refinanciar los pagos adeudados a los tenedores del referido bono, por lo que se podrán aplicar requisitos de licencia adicionales. “La OFAC alentaría a las partes a solicitar una licencia específica y tendría una política de concesión de licencias favorable para dicho acuerdo”[1].

  Sobre el activo venezolano en EE. UU. se han volcado las apetencias de decenas de acreedores con los cuales el régimen de Nicolás Maduro mantiene mil millonarias deudas, referidas en buena parte por el impago de intereses y capital de bonos emitidos, bien sea por la república como por la propia estatal petrolera, así como de sentencias que obligan el pago por parte de Venezuela a empresas expropiadas, tal es el caso de la minera Crystallex.

  CITGO sirvió no en pocas oportunidades sirvió de garantía colateral de varios préstamos, así como activo designado para la compensación de impagos del gobierno venezolano que se dirimieron en tribunales internacionales y de Estados Unidos.

  La administración de Donald Trump entregó CITGO al gobierno interino de Guaidó, cuando la Asamblea Nacional y decenas de países desconocieron la reelección presidencial de Nicolás Maduro luego de una convocatoria irregular de comicios. Tal apoyo de EE. UU se ha mantenido en el gobierno de Joe Biden, quien decidió darle continuidad a la medida de protección de la empresa venezolana[2].

  Carlos Vecchio, representante de la administración de Juan Guaidó en Estados Unidos, manifestó su satisfacción con la medida que protege a la petrolera CITGO “frente a deuda irresponsable contraída por dictadura de Maduro”.

   Dijo que “esta es la mayor extensión de licencia otorgada hasta ahora para proteger y preservar CITGO para la futura recuperación de Venezuela”, por lo que agradeció la medida al gobierno de Joe Biden.

  En la página web de la Embajada de Venezuela en Washington, Carlos Vecchio atribuye al gobierno interino la obtención de estas medidas protección “logradas por el embajador Vecchio y la Procuraduría Especial ante la OFAC y otras instancias [que] han evitado que activos como CITGO sean liquidados y que sigan siendo parte del patrimonio de Venezuela”[3].  

Tribunal de Apelaciones rechaza orden de Tribunal de Distrito

  El 9 de febrero de 2022, la secretaria del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de los Estados Unidos, Patricia S. Dodszuweit, certificó que en fecha 18 de enero de 2022, dicha instancia judicial ordenó y adjudicó que las apelaciones de la orden del Tribunal de Distrito de Delaware del 14 de enero de 2021, presentadas por Corporación Petrolera CITGO; PDV Holding Inc.; Petróleos de Venezuela S.A. y CITGO Petroleum Corporation sea rechazada por falta de competencia.

Orden de venta

  El 2 de marzo de 2022, el juez de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, Leonard P. Stark, dictaminó la anulación en parte de las objeciones de las partes a la Orden de Procedimientos de Venta de CITGO Propuesta por el Magistrado Especial.

   Asimismo, ordenó que Crystallex International Corporation y la República Bolivariana de Venezuela se reúnan y consulten con el Auxiliar Especial y, a más tardar el 9 de marzo de 2022, presenten un informe de situación conjunto.

  Este informe deberá contemplar: i) sus posiciones sobre si el Tribunal debe certificar una apelación interlocutoria y, de ser así, exactamente qué preguntas deben certificarse; ii. Sus propuestas para el momento en que las partes del Proceso de Ventas y el Auxiliar Especial determinarán si quedan objeciones maduras que requieran resolución judicial y en qué horario y con qué folios se formularán las restantes objeciones.

  Del mismo modo, el informe debe incluir una orden propuesta que la Corte puede firmar para seguir implementando sus decisiones y preparar el caso para procedimientos adicionales consistentes con lo que se propone en el próximo informe de estado conjunto; y cualquier otra cosa que las partes deseen incluir en el informe.

Presiones de Wall Street

  Entretanto en los tribunales estadounidenses se libran batallas en las que Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha decidido usar como bastión el centro financiero para tratar de recuperar el acceso al crédito internacional y atraer la inversión internacional a un país que, pese a su inmensa riqueza petrolera, no puede disfrutar de los beneficios que brinda el incremento de los precios del crudo en razón de la guerra en Ucrania.

  Así lo refiere una nota de The Wall Street que señala que a través de los tenedores de bonos y otros inversores, Maduro está ejerciendo presión ante la administración de Joe Biden para que levante las sanciones que pesan sobre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

  La inteligente jugada —aunque la cercanía del régimen de venezolano con Vladimir Putin crea resquemores— apunta a que el gobierno estadounidense y el hemisferio occidental en general recurran a que el que por años fue un operador petrolero confiable en la región pueda recuperar su capacidad de producción, de manera que se alivien así las presiones que la guerra genera sobre los precios del hidrocarburo.

  La oferta que el régimen de Maduro presenta a través de sus agentes, contempla la reestructuración de la deuda que supera los USD 60 mil millones en bonos, “concesiones de infraestructura, reservas de petróleo y gas y privatizaciones de activos a cambio de una reestructuración de la deuda que comenzó a caer en incumplimiento en 2017”, refiere la nota.

 De esta manera Maduro quiere convertir a quienes hasta ahora han sido la principal amenaza contra los activos venezolanos en el exterior, en cabilderos suyos ante el gobierno de los Estados Unidos: los bonistas.[4].

  El pasado fin de semana se concretó la primera acción de poderoso lobby financiero. Nicolás Maduro, que no es reconocido formalmente como presidente legítimo de Venezuela, y en una clara contradicción de intereses de la política exterior del atribulado presidente estadounidense, Joe Biden envió una comisión de Alto Nivel encabezada por el encargado de América Latina en la Casa Blanca, Juan González.

  La Administración Biden informó que entabló contacto con el régimen de Nicolás Maduro con el objetivo de aligerar sanciones e incrementar el flujo de petróleo en el mercado internacional para atemperar los efectos de un embargo al crudo ruso por la invasión de Ucrania, ya que el crudo venezolano está sujeto a sanciones de Estados Unidos (EEUU) desde 2019.

   La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en rueda de prensa este lunes 7 de marzo: "En lo que respecta a Venezuela, el propósito de ese viaje de funcionarios incluía varios asuntos, también la seguridad energética, y también averiguar sobre el bienestar de ciudadanos de EEUU" que se encuentran detenidos en el país.

 Psaki admitió que hubo "un diálogo con miembros de la administración los pasados días, y las negociaciones están abiertas". También negó la portavoz que haya ninguna decisión tomada sobre sanciones a Venezuela.

    Nicolás Maduro ratificó las conversaciones en un directo que realizó en horas de la noche del lunes 7 de marzo, advirtiendo que apoya al presidente de Rusia, Vladimir Putin pero que está abierto a las conversaciones respetuosas, y positivas con Estados Unidos, quien lo ha reconocido de manera informal, por ahora.




[1] Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. “595. What does Venezuela-related General License 5I authorize?”. 20 de enero de 2022. https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/595


[2] Swissinfo. “EEUU extiende protección para Citgo frente a acreedores de Venezuela”. 20 de enero de 2022. https://www.swissinfo.ch/spa/eeuu-extiende-protecci%C3%B3n-para-citgo-frente-a-acreedores-de-venezuela/47279938


[3] Embajada de la República Bolivariana de Venezuela/Estados Unidos. “Tesoro de Estados Unidos extiende por 1 año más protección”. 20 de enero de 2022. https://us.embajadavenezuela.org/noticias/tesoro-de-estados-unidos-extiende-por-1-ano-mas-proteccion-sobre-citgo/


[4] The Wall Street Journal. “Venezuela Asks Wall Street to Help Lift U.S. Sanctions So Oil Can Flow”. 3 de marzo de 2022. https://www.wsj.com/articles/venezuela-asks-wall-street-to-help-lift-u-s-sanctions-so-oil-can-flow-11646312401