miércoles, 9 de febrero de 2022

Líder de la oposición de Trinidad y Tobago arremete contra Rowley por la muerte del bebé venezolano tras disparos de la Guardia Fronteriza del país caribeño

 Por Maibort Petit

 La líder de la oposición de Trinidad y Tobago,  Kamla Persad-Bissessar,  expresó mediante un comunicado su horror por el hecho de que la guardia costera de Trinidad y Tobago abriera fuego contra un barco de migrantes  venezolanos y "asesinara" a un bebé.

El primer Ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley con Nicolás Maduro.
  
  Persad-Bissessar dijo que el incidente ha sido noticia internacional, ya que también señaló la creciente tasa de homicidios en T&T.

  En el comunicado destacó que lo siguiente: 

  Desde 2018 he estado instando al Gobierno del PNM, liderado por Keith Rowley, abordar el desastre humanitario que se desarrolla en nuestras costas con respecto a los migrantes venezolanos que ingresan ilegalmente a nuestras fronteras. No obstante, la administración, Rowley no solo se negó a abordar seriamente este grave problema, sino que negaron rotundamente que estuviera ocurriendo en agosto de 2018. El  exministro de Energía, el ya fallecido Franklin Khan, incluso llegó a decir a los periodistas que 'no estaba al tanto de cualquier crisis humanitaria' con respecto a Venezuela.

  En 2020, cuando el gobierno de Rowley permitió la entrada a Trinidad y Tobago de funcionarios venezolanos sancionados, mientras nuestras fronteras estaban cerradas a los nacionales, se le dijo al país que esto se debía a discusiones sobre una política mutua de refugiados y Covid. Sin embargo durante un año más tarde nunca surgieron detalles de tal política.

   El reciente tiroteo de una embarcación migrante cerca de nuestras fronteras, que involucra a la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, y que trajo como consecuencia un bebé muerto trágicamente, es un hecho de suma gravedad que amerita una investigación exhaustiva. Sin embargo, ahora frente a la espectro de la condena internacional, Keith Rowley está luchando para taparse, intentando desesperadamente sugerir que esta tragedia es una accidente puntual.

  Como era de esperar, Rowley recurrió una vez más a culparme por haber  planteando este asunto, acusándome de faltarle el respeto a nuestra Guardia Costera.

  La única persona que continúa faltando el respeto a nuestra Guardia Costera y a la nación es Keith Rowley. Este incidente está lejos de ser un accidente único, ya que Rowley intenta patéticamente pretender cubrir sus huellas en el trágico asesinato de este bebé es la culminación de la aventura de Rowley. con un fracaso repetido para abordar la crisis humanitaria masiva que se está desarrollando en Venezuela e instituir políticas adecuadas con respecto a migrantes y seguridad fronteriza.

  Deseo recordar a Keith Rowley que fue su gobierno el que deportó descaradamente a 16 niños, incluido un bebé de cuatro meses, colocándolos en piraguas en Cedros y diciéndoles que debían atravesar las traicioneras aguas del golfo de Paria para irse a Venezuela.

  En 2019, una embarcación de migrantes que transportaba a más de 30 personas naufragó en el golfo de Paria y solo se encontraron nueve sobrevivientes. Este incidente nunca fue reconocido por el régimen de Rowley, y no se hizo ningún intento para evitar que volviera a suceder.

  A pesar de la acogedora relación que existe entre Keith Rowley y Nicolás Maduro, no se han hecho intentos serios por Keith Rowley responsabilizará a las autoridades venezolanas por prevenir los cruces fronterizos ilegales.

  El hecho de que Rowley no haya implementado un sistema migratorio y una política fronteriza parece predicada para apaciguar al régimen narcotraficante de Nicolás Maduro.

La líder de la oposición de Trinidad y Tobago,  Kamla Persad-Bissessar
  Hoy nuestra nación enfrenta una vergüenza y un escrutinio de los medios de comunicación y agencias internacionales sobre la horrible muerte de un bebé migrante.

Los titulares van desde: 

1) "Bebé asesinado después de que un guardacostas abre fuego contra un barco que transportaba migrantes venezolanos" (UK Guardian)

2) "Bebé venezolano asesinado en brazos de su madre mientras se dirigía a Trinidad y

3) La Guardia Costera de Tobago dispara contra un barco de migrantes" (Washington Post).

  Estas no son las palabras de Kamla Persad-Bissessar o de la UNC. No. Estas son las palabras de la comunidad internacional que está horrorizada ante semejante atrocidad.

  Siendo el líder sin espinas que es, Keith Rowley es una vez más huyendo de la responsabilidad y culpando a todos menos a sí mismo.

   Un gobierno responsable despediría inmediatamente al Ministro de Seguridad Nacional, Fitzgerald Hinds, pero en el estado fallido y anarquía de Rowley, su opción es 'culpar a Kamla'.

  Si las vidas de nuestros propios ciudadanos se pierden en el crimen día tras día en Trinidad y Tobago no le importa a Keith Rowley, tal vez es esperar demasiado que al gobierno del PNM le importen los niños asesinados en nuestras fronteras.

Kamla Persad-Bissessar, Carolina del Sur, Diputada

Líder de la oposición

9 de febrero de 2022





Raúl Gorrín Belisario: Una causa de lavado de dinero que no ha sido olvidada por la justicia de los Estados Unidos

   El prófugo de la justicia estadounidense es ampliamente buscado por las autoridades y su causa, sellada en los tribunales, sigue su curso.

Por Maibort Petit

   No se trata de una causa olvidada, de ninguna manera. Los cargos formulados por Raúl Gorrín Belisario, propietario de Globovisión y Seguros La Vitalicia, siguen vigentes y al caso que se le sigue en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida donde la fiscalía lo señala de la comisión de delitos de lavado de dinero, se suma el expediente abierto contra él por el departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés) de Honolulu, Hawaii, donde, igualmente, se formuló una orden de captura en contra del empresario ligado al chavismo por los mismos ilícitos.

  La instancia judicial de EE. UU. lo acusa de blanqueo de capitales y ha emprendido una campaña que lleve a su captura, poniendo el número 1-866-347-2423 a disposición de quienes puedan dar información certera que lleve a su captura.

  La solicitud la presentó el HSI Honolulu a través de su cuenta en la red social Twitter @HSIHonolulu, en la que se indica que el empresario es buscado por lavado de dinero[1].

  Gorrín insiste en decir que las acusaciones formuladas en su contra por la Fiscalía de los Estados Unidos se sustentan en “pruebas falsas”. Afirmación que hizo a través de un mensaje en su cuenta en Twitter[2]

“Quiero alertar que con pruebas falsas los EE.UU. pretenden, una vez más, vincularme con Claudia Díaz y Adrián Velásquez, utilizando dos operaciones bancarias que de ninguna manera nos relacionan”.

  Gorrín aseguró en el citado mensaje que la primera operación a la que hace referencia el gobierno estadounidense, la realizó desde su cuenta personal de HSBC por USD 281.051.

  Tal cantidad la transfirió a la empresa Interglobal Yatch Sales LLC el 13 de marzo de 2013 por la compra de una lancha de uso personal que fue importada y nacionalizada en Venezuela.

  Agregó que la lancha estuvo a nombre de su empresa Inversiones Play Andes C.A, y la vendió a Armando Capriles Capriles en diciembre de 2014.

  Asimismo, dijo que la segunda transacción fue una operación de permita que llevó a cabo el 15 de marzo de 2013 por USD 4 millones a la empresa Patric Love Holdings INC.

  La referida empresa es propiedad de la española María Torres Millán de quien recibí la cantidad al cambio en bolívares.

   Justificó con el argumento de que “En ese momento las operaciones en el mercado cambiario se sustentaban mediante la figura de un pagaré.

   Según Raúl Gorrín, sus evidencias demuestran que la fiscalía de los Estados Unidos “no solo impulsa una narrativa motivada por intereses políticos sino que lo hace sin elementos probatorios de ningún tipo”.

La acusación contra Gorrín

   El 16 de agosto de 2018 se conoció de la demanda que la Fiscalía presentó en contra de Raúl Gorrín Belisario ente el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida, acusado de tres cargos, el primero de ellos Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero; el segundo, Conspiración para cometer lavado de dinero; y el tercero, Lavado de instrumentos monetarios.

   Respecto al primero de estos cargos, la acusación indica que Raúl Gorrín Belisario fue residente de los Estados Unidos durante varios períodos de la conspiración, específicamente en Coral Gables, Florida, quien a partir de 2008 ofreció y acordó pagar sobornos al Funcionario Extranjero 1 con el fin de obtener y retener negocios.

  Este Oficial Extranjero 1 le permitía a Gorrín realizar cambios de moneda extranjera para el gobierno de Venezuela y obtener una ventaja indebida.

  En 2010, Gorrín se asoció con quien en la acusación se identifica como Oficial Bancario Extranjero, para adquirir un Banco Extranjero, que le permitía asistencia en el lavado de dinero de sobornos pagados a funcionarios venezolanos.

  Entre 2011 y 2017, después de que el Funcionario Extranjero 1 dejó el cargo, Gorrín pagó sobornos que sumaron por lo menos USD 94 millones en beneficio del Funcionario Extranjero 1, con el propósito de continuar realizando pagando los sobornos, impedir que el Oficial Extranjero 1 interfiriera o impidiera el esquema y para recompensarlo por presentarle al Funcionario Extranjero 2 y facilitar la continuación del esquema de soborno con este último. Por ejemplo, entre diciembre de 2012 y junio de 2013, transfirió USD 1,78 millones desde cuentas en Suiza a cuentas en el Distrito Sur de Florida y el Distrito Sur de Nueva York en beneficio del Funcionario Extranjero 1.

  En sus operaciones, Raúl Gorrín usó cuentas bancarias personales y de empresas de su propiedad o bajo su control para transferir pagos de sobornos.

  A partir de 2011, Gorrín Belisario pagó al Oficial Extranjero 2 y al co-conspirador 1 para influir e inducir al Oficial Extranjero 2 que le permitiera cambios de divisas y obtener una ventaja indebida de estas operaciones.

  Entre 2011 y 2013, Raúl Gorrín pagó sobornos por un total USD 65 millones al Funcionario Extranjero 2. Para ello, transfirió USD 8,6 millones de cuentas en Suiza a cuentas en el Distrito Sur de Florida entre noviembre de 2012 y mayo de 2013 en beneficio del Oficial Extranjero 2 y el co-conspirador 1.

  Además de transferir dinero al Oficial Extranjero 1, al Oficial Extranjero 2 y el co-conspirador 1, Raúl Gorrín Belisario compró y pagó por tres aviones, un yate, varios caballos campeones y numerosos caballos en el Distrito Sur de Florida y el Distrito Sur de Texas en beneficio de estos. También compró jets y un yate en el Distrito Sur de Florida y el Distrito Sur de Texas para beneficio del Oficial Extranjero 2 y co-conspirador l. Igualmente pagó facturas de estos mediante transferencia bancaria desde cuentas en Suiza y en otros lugares.

  Estos pagos quedaron registrados en hojas de cálculo que empleados de Gorrín le enviaron por correo electrónico.

  La acusación refiere que, en 2010, Raúl Gorrín Belisario, Funcionario Bancario Extranjero y otros, compraron una institución financiera en la República Dominicana con el propósito de lavar dinero y pagar sobornos a funcionarios venezolanos.

  En 2012, Gorrín se reunió con el Oficial Extranjero 1 en el Distrito Sur de Florida para discutir el pago de sobornos y el 18 de junio del mismo año el Funcionario Extranjero 2 transfirió un bono de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela a la cuenta de la Compañía 1 en Suiza, cuyo banco le informó a Gorrín que sería liquidado, intercambiado y retenido en su cuenta.

  Asimismo, la acusación da cuenta de que el 25 de octubre de 2012, Gorrín envió un correo electrónico con el asunto "485,000" a uno de sus empleados y socios comerciales, adjuntando instrucciones para una empresa de yates y indicando: "Por favor, haga la transferencia y cargue a [co-conspirador 1]". El 29 de octubre de 2012, Raúl Gorrín hizo que se transfiriera un pago de USD 485.000 desde la cuenta de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta de la compañía de yates en el Distrito Sur de Florida.

  El 13 de noviembre de 2012, luego de recibir un correo electrónico con los detalles para la compra de un yate para "[co-conspirador 1]" por USD 4.35 millones, Gorrín ordenó transferir dicha cantidad de la cuenta de la empresa 1 en Suiza a la cuenta de una empresa de yates en el Distrito Sur de Florida.

  Igualmente, el 11 de diciembre de 2012, el Oficial Extranjero 1 envío por correo electrónico a Gorrín una copia de una factura por USD 14.422 por servicios veterinarios e instrucciones para realizar el pago, por lo que el 12 de diciembre, Gorrín ordenó una transferencia de USD 15.000 desde la cuenta de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta del veterinario.

   El 29 de enero de 2013, luego de recibir un correo electrónico con los detalles para la compra de un sistema de seguridad de USD 1.103.371 para el hogar del Funcionario Extranjero l en Caracas, Gorrín envió por correo electrónico la propuesta de dicho sistema de seguridad al Funcionario Extranjero 1, dirigiéndose a éste como "Jefe", y solicitó su aprobación. El 30 de enero de 2013, Gorrín ordenó el pago desde su cuenta personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a la cuenta de la compañía de seguridad en el Distrito Sur de Florida.

  El 5 de febrero de 2013, mientras se encontraba en Wellington, Florida, el Oficial Extranjero 1 envío por correo electrónico a Gorrín una copia de una factura por USD 174.800 de una empresa de transporte de caballos, la cual fue cancelada por el 7 de febrero mediante la transferencia de la citada cantidad desde su cuenta personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a la cuenta en Nueva York de la empresa de transporte de caballos.

   El 15 de febrero de 2013, el Funcionario Extranjero 1 envió un correo electrónico a Gorrín con la identificación de la persona a quien se le debían pagar los gastos relacionados con sus caballos y el 25 de febrero el empresario ordenó transferir USD 150.000 de la cuenta de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta de la persona a quien se debían los gastos relacionados con los caballos en el Distrito Sur de Florida.

  El 4 de marzo de 2013, estando en Wellington, Florida, el Oficial Extranjero 1 envió por correo electrónico a Gorrín Belisario una copia de las instrucciones para una empresa de transporte de caballos y el 7 de marzo de 2013, ordenó una transferencia de USD 228.768 desde su cuenta personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a la empresa de transporte de caballos.

  De igual manera, el 15 de marzo de 2013, luego de recibir un correo electrónico con los detalles para la compra de un yate para "[co-conspirador 1]" por USD 281.051, Raúl Gorrín hizo que se transfiriera un pago por dicha cantidad de la cuenta en Suiza de la Compañía 1 a la cuenta de la compañía de yates en el Distrito Sur de Florida.

  El 17 de mayo de 2013, Gorrín transfirió USD 4 millones desde la cuenta de la Compañía 2 en Suiza a la cuenta de la compañía de moda del co-conspirador 1 en el Distrito Sur de Florida.

  El 29 de mayo de 2013, el Oficial Extranjero 1 le envió por correo electrónico a Gorrín una copia de una factura por USD 117.062,15 por trabajos de mejoras en su hogar y el 6 de junio el empresario transfirió la suma indicada desde la cuenta de la Compañía 2 en Suiza a la cuenta de la compañía de mejoras para el hogar en el Distrito Sur de Florida.

La conspiración para lavar dinero

   El segundo de los cargos que la fiscalía presentó contra Raúl Gorrín Belisario fue por Conspiración para cometer lavado de dinero, refiriendo que entre 2008 y 2017, el empresario, en los condados de Miami-Dade y West Palm Beach, en el distrito sur de Florida, así como en otros lugares, llevó a cabo actividades para transportar, transmitir y transferir a sabiendas un instrumento monetario y fondos a un lugar en los Estados Unidos desde y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos con la intención de promover la realización de una actividad ilegal específica.

  Se indica en la acusación que Gorrín transfirió fondos de Suiza a los Estados Unidos, en cumplimiento de un esquema para pagar y ofrecer dinero y otras cosas de valor a funcionarios extranjeros en Venezuela, incluidos el Funcionario Extranjero 1 y el Funcionario Extranjero 2, para obtener y retener negocios.

Lavado de instrumentos monetarios

  El tercero de los cargos, Lavado de instrumentos monetarios, refiere que Raúl Gorrín Belisario entre 2008 y 2017, en los condados de Miami-Dade y West Palm Beach, en el distrito sur de Florida, “transportó, transmitió y transfirió a sabiendas, y ayudó e instigó el transporte, la transmisión y la transferencia e intentó transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario y fondos a un lugar en los Estados Unidos desde y a través de un lugar fuera de Estados Unidos, con la intención de promover la realización de actividades ilícitas específicas, es decir, (a) violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y (b) delitos contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que involucran el cohecho de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos por o en beneficio de un funcionario público, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos”.

Estas actividades según se explica a continuación:

Decomiso de propiedades de Gorrín

  La acusación de la fiscalía incluyó el decomiso de una serie de propiedades de Raúl Gorrín Belisario en los Estados Unidos, a saber:

(1) 1241 Placetas Avenue, Coral Gables Florida 33146;

(2) 140 Paloma Drive, Coral Gables, Florida 33143;

(3) 144 Isla Dorada Boulevard, Coral Gables, Florida 33143;

(4) 18555 Collins Avenue, Unidad 4401, Sunny Isles Beach, Florida 33160;

(5) 21055 Yacht Club Drive, Unidad 2602, Aventura, Florida 33180;

(6) 21055 Yacht Club Drive, Unidad 503, Aventura, Florida 33180;

(7) 4100 Salzedo Street, Unidad 804, Coral Gables, Florida 33146;

(8) 4100 Salzedo Street, Unidad 904, Coral Gables, Florida 33146;

(9) 4100 Salzedo Street, Unidad 1010, Coral Gables, Florida 33146;

(10) 4100 Salzedo Street, Unidad 608, Coral Gables, Florida 33146;

(11) 4100 Salzedo Street, Unidad 807, Coral Gables, Florida 33146;

(12) 4100 Salzedo Street, Unidad 809, Coral Gables, Florida 33146;

(13) 4100 Salzedo Street, Unidad 811, Coral Gables, Florida 33146;

(14) 4100 Salzedo Street, Unidad 813, Coral Gables, Florida 33146;

(15) 4100 Salzedo Street, Unidad 903, Coral Gables, Florida 33146;

(16) 4100 Salzedo Street, Unidad 909, Coral Gables, Florida 33146;

(17) 4100 Salzedo Street, Unidad 913, Coral Gables, Florida 33146;

(18) 20 W. 53rd St, 47A, Nueva York, Nueva York 10019;

(19) 310 E. 53th Street, Apt 24C, Nueva York, Nueva York 10022;

(20), 330 E. 57th Street, apartamento 9, Nueva York, Nueva York 10022;

(21) 330 E. 57th Street, apartamento 11, Nueva York, Nueva York 10022;

(22) 330 E. 57th Street, apartamento 12, Nueva York, Nueva York 10022;

(23) 60 Riverside Boulevard, PH 3702, Nueva York, NY 10069; y

(24) 60 Riverside Boulevard, PH 3602, Nueva York, NY 10069.

Acusación de reemplazo

  El 15 de diciembre de 2020, la fiscalía presentó una Acusación de reemplazo en la que ya, quienes en la acusación inicial se identificaban como Funcionario Extranjero 2 y co-conspirador 1, pasan a ser demandados y se identifican como Claudia Patricia Díaz Guillén —Funcionario Extranjero 1 era Alejandro Andrade, extesorero nacional— y Adrián José Velásquez Figueroa, esposo de la Díaz Guillén.

  Claudia Díaz sustituyó a Alejandro Andrade en la Oficina Nacional del tesoro de Venezuela y fue incorporada al esquema de corrupción de Raúl Gorrín Belisario.

  Al igual que lo hiciera Alejandro Andrade, Claudia Patricia Díaz Guillén facilitó a Gorrín Belisario las ventajas indebidas en la obtención de divisas a precio preferencial ofrecidos por el gobierno venezolano donde imperaba un control de cambio.

  De tal manera que, a las operaciones y cargos descritos anteriormente, se incorporan ahora la descripción de las transacciones fraudulentas protagonizadas por la ex-tesorera nacional venezolana y su esposo.




 


 




[1] Twitter. HSI Honolulu. @HSIHonolulu. https://twitter.com/HSIHonolulu/status/1483846727765577735


[2] Twitter. Raúl Gorrín. @RaulGorrinB. https://twitter.com/RaulGorrinB/status/1459962788814757892?ref_src=twsrc%5Etfw

Samark López pide ante la corte de Apelaciones que el gobierno de EE. UU. le devuelva sus cuentas bancarias y sus propiedades: 'No soy agente de las FARC ni testaferro de Tareck El Aissami'

  Tras la presentación de los argumentos orales por las partes, el panel de tres jueces no indicó cuándo emitirá un fallo en el caso. 

Por Maibort Petit

  Nuevamente, un abogado que representa a Samark López Bello considerado por el gobierno de los Estados Unidos como el testaferro del actual ministro de Petróleo del régimen venezolano, Tareck El Aissami argumentó ante un tribunal de apelaciones que es injusto el fallo de un juez de la Florida que lo designó como agente de la FARC y que permitirá que las propiedades y los fondos depositados en unas cuentas bancarias que fueron congeladas por las autoridades norteamericanas, sean entregadas a un grupo de demandantes que son considerados como víctimas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. López Bello sostiene que el fallo de un juez federal de Florida dictaminó injustamente que él estaba vinculado a un grupo terrorista colombiano y blanqueó las ganancias del cártel provenientes del narcotráfico.

 La presentación de argumentos orales se produjo este miércoles ante la Corte de Apelaciones del 11° Circuito de EE. UU.. Durante la audiencia el abogado de Samark López busca que se revoque la orden de un juez de la Florida que, al declararlo agente de la FARC, que determinó que aproximadamente 53 millones de dólares de sus cuentas deben ser pagadas a las víctimas de un secuestro terrorista en Colombia.

 Venezuela Política informó sobre dos casos vinculantes, uno en la Florida y otro en Washington DC, en los cuales víctimas de las FARC buscaban cobrar la compensación que les otorgaron por separado los tribunales federales que autorizaba cobrar sus sentencias con los activos congelados por el gobierno de EE. UU. a Samark López Bello. 

Tribunal declara que Samark López ‘es un agente o un instrumento de las FARC’

  Desde que se produjo la medida en su contra, López Bello pagó abogados para que trabajaran en revertir la orden judicial en su contra. El demandado asegura que no tiene ningún vínculo con el grupo guerrillero, ni existen evidencias que lo confirmen los argumentos de los demandantes.

Las víctimas de las FARC

   Las víctimas de las FARC en 1996, a favor de quienes un tribunal de EE. UU. falló otorgándoles USD 69 millones, demandaron a Samark López y su empresa Yakima Trading Corporation, para cobrar la compensación, dice un memorando de una jueza de un tribunal federal de Washington DC.

  En 1996, Frank Thomas Pescatore, Jr., fue secuestrado y asesinado en Colombia por las FARC. En 2008, la familia de este demandó al grupo terrorista y a Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda alias “Simón Trinidad”, bajo la Ley Antiterrorista de EE. UU. En 2011, un tribunal les otorgó una sentencia por daños que no han logrado cobrar.

  Para materializar la sentencia de dinero, los Pescatore interpusieron en 2018 un recurso contra los activos de López Bello, calificado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC), como Traficante de Narcóticos Especialmente Designado (SDNT).

  El caso se procesa en la Corte del Distrito de Columbia. Pero hay una demanda similar que cursa en la Florida (Caso Stancel), donde hubo un fallo previo contra López y sus activos confiscados por el gobierno norteamericano.

  El caso Stancel corresponde a cuatro contratistas estadounidenses que fueron secuestrados por las FARC en Colombia en febrero de 2003, y liberados cinco años después. Un fallo de 2010 de un juez federal de Florida los reconoció formalmente como víctimas del grupo rebelde bajo la Ley de Seguro contra el Riesgo de Terrorismo (TRIA). La decisión les otorga el derecho a ser compensados mediante la incautación de cualquier propiedad confiscada a las FARC. En el caso Stancel las víctimas aspiran a una compensación de más de $ 318 millones.

  En 2018 apuntaron hacia Samark López tras haber sido designado por la OFAC. En septiembre de 2019, los demandantes del caso Stansell, ganaron una determinación judicial que señala que Samark López Bello “es un agente o un instrumento de las FARC y que es posible embargar sus activos”. De hecho, el juez de la Florida autorizó la venta de varios activos de López incluyendo dos yates. Estas acciones allanaron el camino al caso Pescatore.

   A raíz del fallo en Florida, los abogados de López Bello apelaron la decisión del tribunal de primer circuito argumentando que “no hay evidencia suficiente para demostrar que fue (es) un agente o un instrumento de las FARC”.

  En julio de 2019, López detuvo el proceso en Washington DC, hasta que se produjera la decisión del juez de Florida. El caso Pescatore se reactivó cuando el tribunal de Miami falló contra López, quien integra la lista de los delincuentes más buscados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos.

  El 4 de noviembre de 2019, la jueza Rosemary M. Collyer, del Distrito de Columbia, levantó la suspensión del caso solicitada por el demandando y advirtió que por el interés de la justicia no se admitiría que López litigue el mismo asunto por el cual la corte de la Florida falló en su contra, ante la corte de Washington DC.

   López Bello apeló la decisión del juez de primer circuito de la Florida argumentando defectos de procedimiento. Los documentos federales revelan que López pretende paralizar la demanda en Columbia hasta que se decida la apelación. No obstante, la jueza Collyer sostuvo — en una orden dada a conocer esta semana — que no es suficiente que López haya apelado y agregó que “los tribunales de distrito tienen amplia discreción para suspender o proseguir los procedimientos en una acción pendiente de una resolución”.

 López Bello argumentó que el tribunal de Florida “carecía de jurisdicción y decidió incorrectamente”, pero la magistrada de la corte de Washington DC lo rebatió y recomendó adoptar la Orden Stansell v. FARC para el caso Percatore.

  Por su parte, los Pescatore sostienen que el tribunal está obligado — por el caso Stansell — a ejecutar los activos de López. Este caso se fundamenta en la ley de Seguro de Riesgo de Terrorismo (TRIA) que permite satisfacer las sentencias de dinero contra los “activos bloqueados” de los “agentes o instrumentos vinculados a las FARC”. Los activos se bloquean cuando la OFAC califica a sus propietarios como SDNT, y un tribunal tiene que determinarlo para luego ordenar ir por los activos del demandado.

   En la orden de la jueza Collyer se destaca que al inicio del proceso Pescatore, no se había nombrado a López Bello y a Yakima. Fue sólo en 2017,cuando se produjo la designación de López de la OFAC, que se inició la vinculación que fue interpuesta en el tribunal de Washington DC en 2018.

  El 20 de mayo de 2019, Collyer permitió a López intervenir en el caso y presentar mociones para suspender la ejecución de la sentencia. En esa ocasión, López dijo que los demandantes nunca le notificaron de la acción antes de presentar su moción para hacerla cumplir y que ni él ni Yakima fueron nombrados como acusados originales en la demanda subyacente, no fueron notificados de esa acción original y nunca pudieron rebatir las acusaciones. Sostuvo que la OFAC no estableció ninguna relación entre él y las FARC, grupo al que no mencionan ni una sola vez.
 
  El 20 de noviembre de 2018, los abogados de los Pescatore solicitaron a los bancos UBS Financial Services; Morgan Stanley Smith Barney, LLC; Safra National Bank of New York, Wells Fargo Bank N.A. y American Express National Bank información de los recursos de Samark López y Yakima.

  Las respuestas a los cuestionarios están selladas a petición de los bancos. Sólo se hizo pública una carta de Morgan Stanley donde refirió dos cuentas, una de Yakima con USD 10.134.618, y una de Samark López Bello con USD 1.248.599,74, saldos hasta el 20 de diciembre de 2018.

  Samark López Bello, un prófugo de la justicia de los Estados Unidos cuya captura por delitos contra Estados Unidos tiene una recompensa de $5 millones. En su última acción judicial impugnó la incautación de sus propiedades y el embargo de sus cuentas bancarias en virtud de una sentencia de $318 millones contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). ). 

En la corte de Apelaciones 

  Durante la audiencia virtual, el representante legal de López Bello presentó los argumentos orales señalando ante un panel de tres jueces de la corte de apelaciones con sede en Atlanta que el tribunal inferior cometió un error cuando dictaminó que su cliente es “un agente o instrumentalidad” de las FARC.

    En un fallo adoptado por el juez federal de distrito Robert Scola, Jr., el juez magistrado estadounidense Edwin Torres determinó en marzo de 2020 que los activos de López Bello pueden usarse para satisfacer el saldo pendiente de $300 millones en la sentencia contra las FARC. Aunque López Bello no ha estado directamente relacionado con las fuerzas de las FARC, el magistrado determinó que López Bello está conectado indirectamente con el grupo a través de su asociación con Tareck Zaidan El Aissami Maddah, Ministro de Industrias de Venezuela.

  El Aissami estaría presuntamente afiliado al Cartel de los Soles, que trafica cocaína fabricada y producida por las FARC.

  Resumiendo los argumentos de López Bello en contra de la sentencia, el juez de circuito de EE. UU. Adalberto Jordan, explicó: “López Bello dice que la evidencia en su contra involucraba una cadena inferencial y circunstancial. … Desde el punto de vista del demandante, es una línea de causalidad inferencial muy grande”.

  Por su parte, el abogado de los demandantes, Richard Rosenthal, sostuvo que la conexión era mucho más directa, de hecho los testigos declararon que el propio López Bello es miembro del cártel de los soles.

    El abogado Adam Fels, de Fridman Fels & Soto, dijo que Rosenthal se basa en rumores. Advirtió al panel que hacer un hallazgo que respalde el uso de "cadenas indirectas múltiples" para llegar a conclusiones sobre López Bello podría tener consecuencias indeseables.

 “Vas a eliminar la previsibilidad y la seguridad que han atraído inversiones extranjeras a este país. Los bancos a los que  les bloquean sus cuentas por cualquier motivo, a menudo con poca o ninguna evidencia concreta, pueden hacer que un demandante creativo les quite millones y pueda conectar a un titular de cuenta con otro, a otro individuo, a una organización terrorista”, dijo Fels.

  “Y conocer a su cliente es una cosa, pero no es posible que tenga la previsión de saber lo que sucede varios eslabones de la cadena en el camino”.

  Fels también argumentó que quedan cuestiones de hecho en el caso que le dan derecho a López Bello a un juicio con jurado según la ley de Florida. El abogado dijo que el Undécimo Circuito debería revertir las conclusiones del tribunal de distrito porque es mejor dejar en manos de un jurado la cuestión de si se debe dictar un fallo contra su cliente. 

  Según Fels, debió haber habido como mínimo, un juicio y agregó que una audiencia probatoria celebrada en el caso no fue “suficiente debido proceso”.

  El letrado argumentó que había “problemas de credibilidad” en torno a la evidencia presentada en la audiencia, incluidos “problemas sobre si los informes fueron plagiados” y “problemas serios sobre la base que los expertos tenían para testificar”.

  Fels sostuvo que López Bello “proporcionó una declaración jurada concluyente” que cuestionó todas las acusaciones en su contra y fue “la única persona que testificó con conocimiento personal”.

  Según el informe de Torres para el juzgado de distrito, López Bello dijo en la declaración jurada que ni él ni ninguna de las empresas a las que estaba afiliado apoyaban financiera o logísticamente a las FARC. Otra declaración de López Bello negó que tenga alguna vinculación con el Cártel de los Soles, no esté involucrado en el narcotráfico y nunca haya lavado dinero del narcotráfico para El Aissami.

  Jordan y el juez William Pryor, preguntaron a Fels si la declaración jurada presentada por López Bello tenía "suficientes afirmaciones de hecho no concluyentes para crear un problema genuino", que apoyaría la solicitud de un jurado y juicio.

¿Cómo la OFAC designó a Samark López Bello como narcotraficante y agente de Tareck El Aissami?

   Pryor aseguró  que la corte distrital dijo que esta declaración jurada era conclusiva, pero López Bello afirmó que nunca ha estado involucrado en el rastreo de drogas, que no ha sido testaferro de El Aissami y que no es miembro del Cártel de los Soles y que nunca ha lavado fondos provenientes de la venta de drogas de producto de Tareck El Aissami. Entonces cuestionó que las afirmaciones de esos hechos generaban un problema genuino.

  Pero Rosenthal no estuvo de acuerdo y dijo que creía que esas declaraciones son conclusiones en lugar de afirmaciones fácticas.

Venezuela Política. “Samark López Bello pidió a la corte que se anule su designación como narcotraficante y testaferro de Tareck El Aissami hecha por la OFAC, tras lo cual le confiscaron activos por un valor de $160 millones”.

 “La declaración jurada no dio ninguna base fáctica. Simplemente llegué a la conclusión legal de que no estoy lavando sus ganancias, no estoy involucrado con él”, acotó Rosenthal y advirtió que López Bello tiene opciones: puede proporcionar datos sobre su relación con El Aissami o hacer una auditoría forense para explicar a qué se dedica su negocio y mostrar cómo se convirtió en multimillonario.

  Pryor preguntó a Fels sí López Bello alguna vez aparecería personalmente en la corte, y el abogado respondió que podría ser posible: “Él podría tomar esa decisión”.

El panel de tres jueces no indicó cuándo emitirá un fallo en el caso. 

Conozca quiénes son los hermanos Santilli García, presuntos testaferros de exzar de la Faja Petrolífera y el exalcalde corrupto de Guanta

  Una red de empresa de maletín sirvió a Leonardo y Daniel Santilli García para hacerse de jugosos contratos de PDVSA y sus filiales.

Por Maibort Petit

   En nota reciente hicimos referencia a una decisión del juez Robert N. Scola Jr. del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida quien negó la solicitud formulada por familiares y asociados de quienes se supone actuaron como testaferros del exdirector de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), Pedro León Torres y del exalcalde de Guanta, Jhonnathan Marín, en su búsqueda por anular el caso y rescatar el dinero y otros bienes que fueron incautados por las autoridades federales, por tratarse de activos provenientes de actividades de lavado de dinero[1].

  Entre estos reclamantes destacan Daniel Santilli García y Leonardo Santilli Tomasicchio, así como sus relacionados Sabrina Santilli García y Carmela Tomasicchio. En esta entrega fijaremos nuestra atención en ellos, especialmente en los dos primeros y daremos a conocer la red de empresas que utilizaron para hacerse de los millonarios contratos.

  Leonardo Santilli fue acusado el 20 de marzo de 2020 por la Fiscalía de los Estados Unidos, señalándolo de la comisión de delitos de lavado de dinero y otros cargos relacionados. Un empresario que habría logrado convertirse en contratista de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y sus empresas filiales a través de mecanismos irregulares entre 2014 y 2017. Estas negociaciones para el suministro de bienes y servicios, estarían caracterizadas por el sobreprecio y habrían sido posibles mediante el pago de sobornos y coimas a funcionarios de la estatal petrolera venezolana.

  El referido empresario estaría ligado a una serie de propiedades en los estados de la Florida y California (Estados Unidos), las cuales suman más de USD 5 millones, así como con cinco empresas no identificadas en Hong Kong. Kong, las cuales podrían estar vinculadas al objetivo de mantener ocultas las ganancias ilícitas provenientes de los referidos contratos irregulares con PDVSA, refiere una nota del portal Sayar[2]i.

   Esta investigación formaría parte de las averiguaciones de las autoridades de los EE. UU. realizan desde 2017, la cual ha “identificado mil millones de dólares en pagos de subsidiarias de PDVSA a cuentas bancarias de varios contratistas venezolanos en el sur de Florida”, siendo Santilli es solo uno más de los contratistas beneficiados de prácticas corruptas.

  Hace mención la reseña del examen que la policía estadounidense hizo a los registros de las cuentas bancarias de las empresas Santilli en el cual se descubrió que estas habían cobrado “sobreprecios sustanciales” por los suministros contratados con las subsidiarias de PDVSA. Se indica que, en por lo menos, tres casos las órdenes de compra “equivalían a entre cuatro y cinco veces el precio de mercado de equipos como mandíbulas de halcón, válvulas flotantes y bidones de petróleo de 55 galones, según los fiscales estadounidenses”.

  Una de cálculo mantenida por Santilli “parecen enumerar los pagos de sobornos por fecha, monto y destinatario”, refiere la nota al tiempo que informa que hasta la fecha de publicación de la misma (mayo de 2020) las autoridades estadounidenses habían incautado USD 44,7 millones relacionados con la investigación.

Las empresas

  A través de un conjunto de empresas registradas en el estado de la Florida los Santilli comprarían propiedad en dicha entidad estadounidense y en California con el potencial objetivo de lavar las ganancias de los contratos inflados obtenidos con PDVSA mediante procedimiento irregulares de soborno.

  Al hacer una revisión de los registros públicos es posible constatar que Leonardo Santilli figura en los documentos de incorporación de cuatro empresas de responsabilidad limitada (LLC) de Florida, la cuales posteriormente fueron utilizadas para comprar bienes inmuebles en los condados de Los Ángeles (California) y Miami-Dade (Florida).

   Se indica que el valor total estimado de las cuatro propiedades supera los USD 5 millones, habiéndose adquirido todas entre diciembre de 2015 y abril de 2017, fechas que coinciden con el período en que habría tenido lugar la supuesta actividad ilícita que describe la denuncia penal.

Las cuatro LLC que involucraron a Santilli fueron:

  2377 Glendon LLC, una empresa activa registrada en el estado de la Florida el 8 de enero de 2016, bajo el número L16000006093, número FEI/EIN 81-1216996 y con sede en el 12991 NW 1st Street 106, Pembroke Pines, FL 33028 que también figura como dirección postal. El agente registrado es Guillermo Montero domiciliado en el 1270 99th Street, Bay Harbor Islands, FL 33154. Montero también figura como gerente[3].

  En el acta constitutiva de la empresa figuraban, además, Daniel Santilli y Leonardo Santilli como gerentes.

   El último reporte anual de la compañía registrado el 6 de abril de 2021 refiere que el domicilio de la compañía es ahora el 1270 99th Street, Bay Harbor Islands, FL 33154. Se indica que Guillermo Montero ocupa la presidencia de la firma.

  10421 Northvale LLC es otra empresa activa registrada en el estado de la Florida el 29 de abril de 2016, bajo el número L16000085173, número FEI/EIN 81-2624918, cuyo domicilio es el 12991 NW 1st Street 106, Pembroke Pines, FL 33028 que también figuraba como dirección postal. Esta dirección cambió el 1 de diciembre de 2021 al 1270 99th Street, Bay Harbor Islands, FL 33154. El agente registrado es Guillermo Montero, quien también figura como gerente, con domicilio en la misma dirección de la compañía. Posteriormente pasó a ocupar la presidencia[4].

  En el acta constitutiva de la firma Daniel Santilli y Leonardo Santilli figuraban como gerentes.

  Entretanto, Manning 90064 LLC, es una empresa activa registrada en el estado de la Florida el 11 de agosto de 2016, bajo el número L16000150122, número FEI/EIN 81-3813399, cuyo estatus actual es activa. Su domicilio era el 12991 NW 1st Street 106, Pembroke Pines, FL 33028 que también figuraba como dirección postal. Esta dirección cambió el 30 de abril de 2019 al 1270 99th Street, Bay Harbor Islands, FL 33154. Guillermo Montero era el agente registrado y gerente de la empresa[5].

  Como en las anteriores, en el acta constitutiva de la empresa Daniel Santilli y Leonardo Santilli figuran como gerentes.

  En el último reporte anual fechado el 6 de abril de 2021, Guillermo Montero figura como presidente.

  Brickell Miami 5210 LLC, es también una empresa activa registrada en el estado de la Florida el 10 de octubre de 2016, bajo el número L16000187307, número FEI/EIN 81-5137181. Su domicilio es el 2100 Ponce De Leon Blvd., Suite 1050, Coral Gables, FL 33134, que también es la dirección fiscal y domicilio del agente registrado y directivos[6]. La compañía fue reactivada el 1 de abril de 2021, cuando también se incorporó a Carmela Tomasicchio, quien figura como gerente.

   2377 Glendon LLC fue la primera en comprar propiedades y figura en una operación ocurrida el 15 de diciembre de 2015, en la que se la hace beneficiaria de la venta de una propiedad en Los Ángeles con fecha del, tres semanas antes de que la empresa se incorporara formalmente. El valor de la propiedad fue de USD 1.249.000.

Imagen cortesía de Sayari

  La investigación de Sayari refiere que, después, en abril l 2016, 10421 Northvale LLC compró una propiedad en el condado de Los Ángeles por USD1.505.000, mientras que el 30 de enero de 2017, Brickell Miami 5210 LLC adquirió un condominio de lujo en 1300 S Miami Ave por más de USD1,4 millones.

  El 3 de abril de 2017, Manning 90064 LLC compró por más de USD 1 millón en Bay Harbor Islands.

  SGO Group LLC es una empresa registrada en la Florida el 15 de agosto de 2014, bajo el número L14000129520, número FEI/EIN 45-5195094. Su estatus actual es activo al haber sido reinstalada el 26 de abril de 2021. Su sede es el 9100 S Dadeland Blvd. 912, Miami, FL 33156 que también es dirección postal y domicilio del agente registrador y los directivos. El directorio está constituido por SGO Group LTD y Daniel Santilli García[7].



   SGO Group Corp., es una empresa inactiva constituida en la Florida el 2 de mayo de 2012, bajo el número P12000041145, número FEI/EIN 45-5195094. Su sede estaba en el 1500 Weston Rd, Suite 200, Weston, FL 33326 que igualmente era su dirección fiscal y domicilio del agente registrado, a saber, Bernardo L. González. El directorio lo conformaban Daniel Santilli como presidente, Leonardo Santilli como vicepresidente y Giancarlo Santilli como director, los tres domiciliados en el 14227 SW 97 Terrace, Miami, FL 33186[8].

  SGO Group Ltd., de acuerdo a información que suministra Bloomberg, es una empresa constituida el 13 de diciembre de 2010 en Londres y que “opera como una firma de capital de riesgo. La Compañía invierte los fondos para desarrollar y lanzar sus servicios de retroalimentación digital. SGO atiende a clientes en todo el mundo”. Tiene su sede en 105 Piccadilly Londres, W1J 7NJ Reino Unido. Su teléfono es 44-20-7629-9279[9].

  Una nota del portal Noti Venezuela refiere que esta empresa está dirigida por Antonio Mujica, fundador y CEO de Smartmatic, la firma que desde el 2004 brindó la plataforma tecnológica al Consejo Nacional Electoral (CNE) y que acusó de fraude al régimen de Nicolás Maduro en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Esta firma tiene sede en Barbados, Brasil, Haití, India, México, Holanda, Panamá, Filipinas, Taiwán, Estados Unidos y Venezuela. La información indica que Mujica es un “ingeniero electrónico egresado de la Universidad Simón Bolívar (USB), fundó la Sgo Group LTD junto a su socio de Smartmatic, Roger Piñate y ambos están relacionados a Daniel Santilli, quien es su socio a través de Sgo Group LLC”[10].

Una red en varios países

  La red de los Santilli no se habría quedado en estas cuatro empresas, sino que se habría ampliado conformando toda una red que comprende el sur de Florida, Panamá, Venezuela y Hong Kong.

  Sayari refiere que Santilli se mantiene o mantuvo conectado (para la fecha de la publicación en mayo de 2020), con otras seis empresas en el sur de Florida, seis en Venezuela y dos en Panamá.

  Igualmente informó que Santilli figuraba como accionista del 50 por ciento de Corporación Guayana Oro C.A., una empresa venezolana dedicada a la minería, la cual funcionaba en la Faja Minera del Orinoco. De acuerdo a la publicación, también aparece como director y secretario de la Corporación Empresarial Alimentos del Sur, S.A. (CEASSA) una compañía panameña de distribución de alimentos[11] que mantiene o mantuvo contratos con el gobierno de Venezuela. Daniel Santilli también figura como director

Leonardo Santilli en Hong Kong

  La investigación agrega que Leonardo Santilli y su familia tenían también propiedades en Hong Kong, donde poseen y controlan cinco empresas.

  El 3 de noviembre de 2017, Santilli y otros miembros de su familia constituyó la empresa Constructora Cosaco C.A. Limited en Hong Kong, bajo el número 2602384[12].

  Igualmente, también en Hong Kong, el 17 de febrero de 2018, Santilli se constituyó la empresa Ribet International Limited[13].

Imagen cortesía de Sayari

Imagen cortesía de Sayari

  Entretanto, el 19 de octubre de 2018 registraron Pld inversiones C.A., PLD, Limited[14].

  Recuerda la nota que la fiscalía de Estados Unidos estima que, en dos ocasiones, a saber, en febrero y agosto de 2017, Santilli transfirió USD 10 millones a una empresa no identificada con sede en las Islas Vírgenes Británicas, donde existe una empresa homónima, Ribet International LTD. La investigación no ha permitido establecer si entre Santilli y la empresa en las Islas Vírgenes Británicas existe algún vínculo. Pudiera pensarse que podría tratarse de la empresa no identificada de la que hablan los fiscales estadounidenses.

  Existe la presunción de que el propósito de las empresas constituidas en Hong Kong por Santilli y su familia es ocultar las ganancias ilícitas obtenidas mediante los contratos sobrevalorados establecidos con PDVSA y sus filiales.

Sobre los Santilli García

  De acuerdo al portal Dateas, Daniel Santilli García es titular de la cédula de Identidad número V-12.308.111 y se encuentra ubicado en la parroquia Olegario Villalobos del municipio Maracaibo del estado Zulia[15].

  Del mismo modo, la página del Instituto Venezolano de Seguros Sociales informa que ingresó al sistema 1 1 de noviembre de 1999, encontrándose en la actualidad activo en la empresa Garo Import C.A. cuyo número patronal es Z15911631, a la que ingresó el 1 de abril de 2012. Acumula 696 semanas cotizadas para un total de 69,13 bolívares. Su fecha de contingencia será el 15 de abril de 2034[16].

  Por su parte, Leonardo Santilli García nació el 3 de octubre de 1970, es titular de la Cédula de Identidad V- 9.782.698 y se le ubica en la parroquia Olegario Villalobos, municipio Maracaibo, estado Zulia[17]. Murió asesinado el 1 de septiembre de 2020 en Lechería, estado Anzoátegui[18]. Según la fiscalía, el crimen tuvo como móvil una deuda de un millón de dólares y se responsabilizó del hecho a “seis hombres entre los que está el autor intelectual, los cooperantes y los cómplices”. Nicola Romano, quien tenía la deuda con Santilli, pagó 75 mil dólares por acabar con la vida del empresario zuliano[19].

  El portal del IVSS dice que leonardo Santilli ingresó al sistema de seguridad social el 2 de enero de 2010 y, al igual que su hermano, estuvo adscrito a la empresa Garp Import C.A. hasta el 14 de septiembre de 2020. Alcanzó a cotizar 558 semanas[20].

  De ellos, el 9 noviembre de 2017, Dólar Today reproduce una información del portal InfoVzlaNet en la que se refiere que el grupo de hacker conocido como el #TeamHDP dieron a conocer un conjunto de cuentas bancarias de Leonardo y Daniel Santilli García. Allí se narra que Pedro León, de quien los Santilli García serían supuestos testaferros, aprobó irregularmente un contrato de Petrocedeño a la empresa PLD INVERSIONES, por más de USD 15 millones para la compra de llaves mecánicas, entre otros contratos igualmente aprobados obviando los mecanismos de ley para ello.

   La nota indica que “Pedro León (Jefe de la Faja del Orinoco) entregó a sus testaferros 1 contrato por más de 15 millones de Dólares a dedo” y explica que se trata de una compañía que contaba con solamente 4 trabajadores.

  Se cita al tuitero Justin reveló “algunas de las propiedades en #Miami de Pedro León, Jhonnathan Marín y Leonardo y Daniel Santilli García y procedió a mostrar un estado de cuenta.





 










“Tribunal de EE. UU. niega petición de los reclamantes de los fondos confiscados a los testaferros del ex-zar de la Faja del Orinoco y el exalcalde corrupto de Guanta”. 4 de febrero de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/02/tribunal-de-ee-uu-niega-reclamos-de-los.html

[2] Sayari. “Public Records Tie Alleged Venezuelan Money Launderer to Over $5 Million in Property, Companies in Hong Kong”. 28 de mayo de 2020. https://sayari.com/resources/public-records-tie-alleged-venezuelan-money-launderer-to-over-5-million-in-property-companies-in-hong-kong/

[3] Sunbiz. Division of Corporations. 2377 Glendon LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=2377GLENDON%20L160000060930&aggregateId=flal-l16000006093-564a318b-369a-4caa-9ac8-293c40f2be97&searchTerm=2375%20Nw%2036%20Street%2C%20LLC&listNameOrder=2375NW36STREET%20L100000863650

[4] Sunbiz. Division of Corporations. 10421 Northvale LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=10421NORTHVALE%20L160000851730&aggregateId=flal-l16000085173-e459a758-f6c3-4495-9fd3-9ea317d1f58e&searchTerm=10421%20Northvale%20LLC%20&listNameOrder=10421NORTHVALE%20L160000851730

[5] Subiz. Division of Corporations. Manning 90064 LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=MANNING90064%20L160001501220&aggregateId=flal-l16000150122-1f5738b4-2805-43ca-98eb-1837808bf7ac&searchTerm=Manning%2090064%20LLC%20&listNameOrder=MANNING90064%20L160001501220

[6] Sunbiz. Division of Corporations. Brickell Miami 5210 LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=BRICKELLMIAMI5210%20L160001873070&aggregateId=flal-l16000187307-2a7584aa-1601-414d-a787-cc93cd9974b7&searchTerm=Brickell%20Miami%205210%20LLC%20&listNameOrder=BRICKELLMIAMI5210%20L160001873070

[7] Sunbiz. Division of Corporations. SGO Group LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=SGOGROUP%20L140001295200&aggregateId=flal-l14000129520-1c1d3c7e-3488-4cd0-a855-1b4f97569927&searchTerm=Sgo%20Group%20LLC&listNameOrder=SGOGROUP%20L140001295200

[8] Sunbiz. Division of Corporations. SGO Group Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=SGOGROUP%20P120000411450&aggregateId=domp-p12000041145-0070ab25-a583-486d-b78d-7e87ee1bbb7a&searchTerm=Sgo%20Group%20LLC&listNameOrder=SGOGROUP%20L140001295200


[9] Bloomberg. SGO Corp Ltd. https://www.bloomberg.com/profile/company/1222037D:LN


[10] NotiVenezuela. “¡EL PAÍS DE LOS GUISOS! Vinculan a Smartmatic y el Zar de la Faja con desfalco a Pdvsa”. 14 de noviembre de 2017. https://www.notivenezuela.com/noticia/el-pais-de-los-guisos-vinculan-a-smartmatic-y-el-zar-de-la-faja-con-desfalco-a-pdvsa-8075


[11] Mercado.com.pa. Corporación Empresarial Alimentos del Sur, S.A. (CEASSA). https://www.mercado.com.pa/empresas/corporacion-empresarial-alimentos-del-sur-sociedad-anonima-ceassa-id-8E8543D2EA894A12


[12] Open Corporates, Constructora Cosaco C.A. Limited. https://opencorporates.com/companies/hk/2602384


[13] Open Corporates. Ribet International Limited. https://opencorporates.com/companies/hk/2657254


[14] Open Corporated. Pld inversiones C.A., PLD, Limited. https://opencorporates.com/companies/hk/2756591


 


[15] Dateas. Santilli García, Daniel. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/santilli-garcia-daniel-15257324


[16] IVSS. Santilli García, Daniel. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL


[17] Dateas. Santilli Garcia, Leonardo. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/santilli-garcia-leonardo-15256519


[18] EP Mundo. “Asesinan al excontratista de Pdvsa Leonardo Santilli (Video)”. 2 de septiembre de 2020. https://epmundo.com/2020/asesinan-al-excontratista-de-pdvsa-leonardo-santilli-video/


[19] El Pitazo. “Victimarios pagaron 75 mil dólares por asesinar al empresario zuliano Leonardo Santilli”. 17 de septiembre de 2020. https://elpitazo.net/sucesos/victimarios-pagaron-75-mil-dolares-por-asesinar-al-empresario-zuliano-leonardo-santilli/


[20] IVSS. Cuenta Individual. Leonardo Santilli García. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL