miércoles, 22 de diciembre de 2021

Deliberaciones del juicio de Ghislaine Maxwell se reinician el lunes 27 de diciembre

Por Maibort Petit

   Los miembros del jurado del juicio de Ghislaine Maxwell acordaron no continuar las deliberaciones este jueves y viernes, y a través de una nota comunicaron a la juez, Alison Nathan que regresarán al tribunal el lunes 27 de diciembre para continuar el trabajo que se les ha encomendado que debe concluir con un veredicto unánime que establezca si la Fiscalía neoyorquina logró probar, más allá de la duda razonable, si la socialité británica es culpable de los seis delitos por los que es procesada.

   El jurado se encuentra en deliberaciones desde el lunes, luego que se produjo la entrega de los argumentos finales los fiscales y la defensa de Maxwell.

 En el transcurso del juicio que duró dos semanas, los fiscales presentaron 24 testigos, incluyendo cuatro mujeres que aseguran ser víctimas de Jeffrey Epstein y de la acusada. 

  En el segundo día completo de deliberaciones, el jurado pidió revisar el testimonio del ex gerente de la casa de Jeffrey Epstein, Juan Alessi, quien trabajó en su mansión de Palm Beach, Florida, de 1990 a 2002.

  El mayordomo subió al estrado el 2 de diciembre y describió a Maxwell como un microgestor que tenía una canasta de mimbre llena de juguetes sexuales. Sus acusadores testificaron que Epstein usó los juguetes para abusar sexualmente de ellos.

   El jurado de seis hombres y seis mujeres que sopesan los cargos de tráfico sexual y otros delitos. Durante las deliberaciones también se solicitó el testimonio de Kate, otra acusadora de Maxwell, quien subió al estrado el 6 de diciembre.

  Los abogados defensores pidieron a la juez Alison Nathan de que consideraran a Kate y a otra acusadora, Annie Farmer,  sólo como testigos y no como víctimas, de los presuntos crímenes de Maxwell.

   La juez dictaminó que el jurado puede considerar el testimonio de las mujeres sobre la pareja al analizar sí Ghislaine Maxwell es culpable de los delitos relacionados con dos presuntas víctimas, Jane y Carolyn. Esas acusadoras testificaron que tenían 14 años cuando supuestamente se cometió el abuso de Maxwell y Epstein.

   Al despedir al jurado, la juez Nathan les pidió que se mantuvieran a salvo durante los días festivos, y alertó sobre la variante de Covid Omicrón "los necesito a todos aquí y saludables el lunes. Así que, por favor, cuídense y tomen precauciones ".

   Maxwell enfrenta una sentencia máxima de 70 años de prisión si es declarada culpable de los seis cargos. 

   La socialité británica se declaró inocente de los cargos que alegan que sedujo, traficaba y transportó a menores de edad para que fueran abusadas por el millonario que se suicidó en la cárcel antes de ser juzgado, Jeffrey Epstein entre los años 1994 a 2004. Maxwell enfrenta cargos de perjurio por supuestamente mentir sobre su presunta conducta bajo juramento.

  La defensa argumenta que los fiscales del gobierno tienen a Ghislaine Maxwell como chivo expiatorio injustamente, ya que no lograron enjuiciar Epstein porque se suicidó en 2019 mientras esperaba el juicio por tráfico sexual de menores.

Sistema Sucre: Un mecanismo de lavado de dinero en el que la Foglocons, empresa de Álex Saab, jugó un papel protagónico

   La compañía se constituyó en tres países a pocos meses de la firma del contrato millonario para suministro de casas prefabricadas.

Por Maibort Petit

   Un entramado de corrupción que involucraba transacciones ficticias y sobrevaloradas estaría detrás del Sistema Sucre, una modalidad de compensación de pagos creada en 2008, que solamente habría servido para llevar a cabo una serie de operaciones irregulares que arrojaron grandes ganancias a los artífices de la misma. En pocas palabras, el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) solamente sirvió para enmascarar delitos de "enriquecimiento ilícito, peculado, defraudación tributaria", según dejó ver el informe final de una comisión parlamentaria ecuatoriana que investigó las actividades ilícitas que fueron puestas en práctica por quien fungió como el supuesto operador del fraude, Álex Saab, su socio Álvaro Pulido y la empresa de ambos, Fondo Global de Construcción (Foglocons), entre otras.

  Lejos estuvo el objetivo de reducir la dependencia del dólar y la vulnerabilidad de esta moneda en épocas de crisis, anunciado por el finado expresidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, quien el 26 de noviembre de 2008, propuso la creación del Sucre. Era la materialización de una propuesta previa del exmandatario ecuatoriano, Rafael Correa, quien durante la III Cumbre Extraordinaria del ALBA en Caracas, se había pronunciado por la puesta en funcionamiento de un sistema de compensación recíproca y de una moneda contable como paso previo a la creación de una moneda regional[1]. Unos meses después, el 17 de abril de 2009, Chávez anunció que el 1 de enero de 2010 comenzaría a funcionar el Sucre[2]. De lo que no habló —como tampoco lo hizo Correa— fue del conjunto de irregularidades que, doce años después, revelarían al sistema de compensación como una mera herramienta de enriquecimiento ilícito. Unas conclusiones derivadas de datos e información proveniente del Banco Central del Ecuador, de la Superintendencia de Bancos y Compañías de dicha nación, entre otras instituciones estatales ecuatorianas. Sin embargo, hay que advertir que las primeras sospechas sobre el sistema surgieron —como revela el informe— en 2013, cuando el Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador reportó exportaciones por el orden de los USD 461,4 millones, en tanto las operaciones similares realizadas a través del Sucre casi duplicaban dicha cifra y las ubicaban en USD 822 millones.

   Un informe parlamentario revelador de la comisión especializada permanente de fiscalización y control político de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador identificado con el código CEPFCP-2021-2023-002-I denominado “Proceso de fiscalización Caso Sucre-Foglocons”, de fecha 13 de diciembre de 2021, que en esta y otras entregas de Venezuela Política iremos dando a conocer.

  La investigación emanó del mandato surgido durante las sesiones parlamentarias del 7 y 24 de junio de 2021, cuando el pleno de la comisión de fiscalización acordó avocarse a indagar el caso Sucre, el cual se describía como un “Sistema de lavado de dinero entre Ecuador y Venezuela” que habría permitido el blanqueo de USD 2.000 millones a través de los bancos centrales de ambos países a través de una trama de exportaciones ficticias. Referían los parlamentarios, que este caso había llegado a la justicia en 2013, cuando el poder judicial ecuatoriano ordenó la incautación de los activos de la empresa Foglocons y la retención de USD 57 millones.

   Igualmente, la comisión de fiscalización aprobó el 19 de octubre de 2021 una solicitud de Ana Belén Cordero Cuesta de “Que la Comisión acoja como parte de los procesos de fiscalización lo relacionado con la Compañía Foglocons: que involucra presuntamente las operaciones realizadas por el ex fiscal Galo Chiriboga y a los ciudadanos Álex Saab Morán, Álvaro Pulido Vargas y Luis Eduardo Sánchez Yánez entre otros, mociono se proceda a la aprobación del mismo, que ha sido oportunamente difundido y debatido en esta comisión”.

Los hechos

  El informe parlamentario se remite, en primer lugar, a narrar los hechos que derivaron en las irregularidades descritas en el reporte. Rememora que en razón de su visión ideológica-geopolítica supuestamente “anti imperialista”, Hugo Chávez intentó construir una arquitectura financiera latinoamericana. Fue la moneda virtual “Sucre” la manera de lograr este objetivo que ya manejaba el mandatario venezolano desde antes de que Rafael Correa fuera presidente de Ecuador. También planteaba Chávez la creación de un Banco Latinoamericano, el cual se llamaría luego el Banco del Sur.

  Ya con Rafael Correa en la presidencia ecuatoriana, este y su homólogo venezolano asumieron la iniciativa y deciden crear la llamada Alianza Bolivariana, ALBA y el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos Sucre, que debía facilitar el comercio exterior entre Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Cuba, “pero terminó convirtiéndose en un mecanismo para lavar dinero y facilitador de exportaciones ficticias, como lo demuestran las sentencias dictadas en los casos Foglocons, Pifo Gardens, Escatell (Espinosa Castellanos), Copera y Banco Territorial”.

  Refiere el informe que entretanto se implementaba el sistema de compensación, fueron constituyéndose un conjunto de empresas en Ecuador, entre la cuales estaba Fondo Global de Construcción Foglocons, propiedad de Álex Saab Morán y su socio Álvaro Pulido Vargas, quien es “un narcotraficante colombiano cuyo nombre original era Germán Rubio Salas quien jurídicamente deja de existir y crea una falsa partida de defunción asumiendo el nombre de un muerto en la Florida” regresando así “al mundo delictivo para no ser identificado y crear esta empresa para exportar a Venezuela desde Colombia casas prefabricadas”.



  Advierten los parlamentarios que estas empresas van luego a Ecuador, no porque se tratara de un país potencia en la fabricación de casas y/o materiales para exportar, sino porque “es el único país que tiene dólares, quedando claro que lo que querían es ensamblar un sistema de lavado de dinero”.

El mecanismo

  Se indica en el informe que el Sucre tiene dos momentos en el tiempo, el primero, cuando se suscribe el contrato entre dos empresas privadas de los países miembros y la importadora transfiere los fondos en moneda local a un banco operativo autorizado y luego este transfiere al Banco Central del país importador, siendo en el 99 por ciento de los casos el Banco Central Venezuela. El BCV emite una notificación al Banco del ALBA quien notifica al Banco Central del Ecuador con la acreditación en sucres.

  Después, el BCE transfiere los dólares al banco de la empresa exportadora, tomando los fondos de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad, ya que hasta entonces el ingreso quedaría solo en los libros contables. “Transcurrido seis meses de esto, el Banco del ALBA, notifica los resultados de las operaciones semestrales y emite los valores en dólares que Venezuela debe pagar a Ecuador, regresando así el dinero a las arcas del Estado; para este entonces el ‘falso exportador’ ya había sacado el dinero del país a paraísos fiscales y a cuentas en los Estados Unidos, generándose esta estafa o mecanismo de lavado”.

  Alerta el informe que para esto ocurriera, era necesaria la complicidad de “falsas empresas importadoras” que igualmente eran propiedad de Álex Saab y Álvaro Pulido, tal es el caso de ELM Import, domiciliada en Caracas. Como igualmente era necesaria la banca, en Ecuador utilizaron el Banco Territorial, el Banco Amazonas, Coopera, Banco Internacional, Banco del Pacífico, Banco Pichincha, entre otros.

Controles burlados

  El informe indica que los organismos contralores fueron burlados, generando alerta solamente tiempo después, pero de forma desarticulada. De este modo, en 2013, la fiscalía inició una investigación a varias empresas, así como a Álvaro Pulido Vargas y Luis Eduardo Sánchez Yánez, pero estos dos fueron sobreseídos en 2016 y, por orden judicial, se les devolvieron USD 56 millones que estaban retenidos en el Banco Central del Ecuador.

   Los parlamentarios determinaron que parte ese dinero terminó en el Citibank de Miami, mientras que otra parte fue a dar a manos de Miguel Ángel Loor Centeno, presidente de la Liga Profesional de Fútbol. Este habría recibido personalmente USD 6 millones, que depositó en su cuenta del Banco Biscayne Capital de la Florida y el resto, cerca de USD 30 millones, los dirige a tres empresas offshore, dos de ellas panameñas vinculadas a él. Refieren que, por tanto, Loor Centeno habría recibido más de USD 36 millones y deducen, entonces, su relación con el proceso contra Álex Saab en Estados Unidos, de quien habría sido realmente el dinero.

  También, el informe refiere que parte del dinero proveniente de las operaciones de lavado efectuadas con el sistema SUCRE se destinó a la campaña electoral del binomio Correa-Glas en 2013. Los aportes recibidos llegaron a través de Inconeg (empresa propiedad de Micaela Leherer, pareja de Carlos León Ponte, hombre clave en las operaciones de Álex Saab y su socio Álvaro Pulido), la cual a su vez recibió dinero de Foglocons y Pifogarden. Se apunta que a partir del caso Arroz Verde el entonces consejero electoral Luis Verdesoto elaboró un informe sobre las irregularidades identificadas en los aportes de campaña para la Alianza PAÍS, hecho que fue revelado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, en su comparecencia ante la Asamblea Nacional el 26 de junio del 2019.

Sobre Foglocons

  Como hemos apuntado en principio, la empresa Fondo Global de Construcción (Foglocons) jugó un papel estelarísimo en la supuesta trama de corrupción y lavado de dinero que significó el Sistema Sucre.

  Las primeras irregularidades al comenzar a implementarse el Sucre derivaron de la suscripción en noviembre 2011 de un convenio estratégico entre los gobiernos de Venezuela y Ecuador para dotar de viviendas populares a miles de familias de bajos recursos económicos.  Allí se empezó a gestar la trama de corrupción teniendo como fachada la importación de casas prefabricadas, a través de una empresa de papel, a saber, el Fondo Global de Construcción (Foglocons), creada días antes en Colombia por Álex Naim Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas.

  Por su parte, el informe parlamentario informa que, de acuerdo a datos suministrados por la Superintendencia de Compañías, el 19 de septiembre de 2012, se constituyó Fondo Global de Construcción S.A. (Fogoclons), la cual fue inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Durán, el 11 de octubre de 2012, con el objeto social de dedicarse a la “compra, venta, importación, exportación y fabricación de todo tipo de materiales e insumos para la construcción”.

  Ya en diciembre de 2012, a solamente dos meses de constituida, Fondo Global suscribió un contrato por USD 465 millones de dólares para la venta de casas prefabricadas a las empresas venezolanas ELM Import y Thermo Group, vinculadas igualmente a Álex Saab Morán y a Álvaro Pulido Vargas.

  Es necesario apuntar que el lado oscuro del Sucre no ha sido analizado únicamente por la comisión parlamentaria de Ecuador, pues en 2015, se desarrolló una investigación periodística por los diarios El Universo (Ecuador) y El Nuevo Herald (Estados Unidos) en cooperación con el portal venezolano Armando.info, la cual determinó que este sistema de compensación sirvió de plataforma para que unas 60 empresas de Venezuela y Ecuador llevaran a cabo operaciones millonarias que involucraban ventas ficticias, empresas fantasmas y cuentas bancarias en Panamá, Bahamas y Anguila.

   Refiere el reportaje que el Fondo Global de Construcción se constituyó en Colombia como casa matriz, registrándose luego en Ecuador, bajo el mismo nombre una compañía en la que Álvaro Pulido y el venezolano Luis Sánchez Yánez eran socios. Entretanto, en Venezuela se registró el 2 de marzo de 2012, siendo la cabeza de la misma Menahem Michel Edery, accionista de Thermo Group, firma que junto a ELM Import tenían como proveedor a Foglocons.

   En Venezuela, Foglocons tuvo su primera sede en el estado Carabobo y después en Caracas, siendo en principios sus accionistas Gioia Pifano Antonini y a Maritza Antonini Bruzual como accionistas. El reportaje apunta que ese mismo año 2012, la compañía en Venezuela cambió de nombre y su paquete accionario pasó en su totalidad a manos de la empresa FGDC Latam 2012 de España en el mes de noviembre. Subraya la nota que FGDC correspondería a las siglas de “Fondo Global De Construcción”. Agrega que la empresa española es propiedad de una compañía registrada en Malta en octubre de 2012, de nombre FGDC Malta Holdings Limited.

  Armando.info dice que documentación obtenida durante el pesquisaje periodístico muestra que Flogocons Ecuador creó una fábrica de paneles ad hoc en la localidad Durán, la cual estaba a cargo a cargo de la empresa venezolana Técnicas Modernas de Construcción. A pesar de esto, entre diciembre de 2012 y marzo de 2013, el Fondo Global de Construcción exportó a Venezuela mercancía valorada en la aduana ecuatoriana por solo USD 3,1 millones. Para ese mismo periodo, el Foglocons Ecuador recibió USD 159,8 millones girados por ELM Import, una de las dos empresas contratistas del estado venezolano.

  La nota cita un “oficio del Banco Central de Venezuela (BCV) dirigido a Héctor Sirit, director de ELM Import, [el cual] da fe de que esas transferencias, realizadas a través de Banesco Banco Universal y el Banco de Venezuela S.A.C.A. para la importación de kits de viviendas, ‘fueron efectuadas bajo la modalidad de forma de pago anticipada, de conformidad con lo establecido en el instructivo para la tramitación de operaciones a través del Sucre’”[3].

   En Miami, estado de la Florida en Estados Unidos, se constituyó Fondo Global de Construcciones SAC Corp. el 15 de diciembre de 2011, de acuerdo al portal Sunbiz. El número de registro es el P11000106375. La dirección de la firma era el 1523 NW 89TH CT, Miami, FL 33172 que también era dirección postal y domicilio del agente registrador, Pedro E. Silva, quien también figuraba como presidente, junto a Pedro Antar que era vicepresidente, este último domiciliado en el 444 Brickell Avenue, Suite 51-448, Miami, FL 33131. La empresa se disolvió el 26 de octubre de 2012[4].

   La nota de Armando.info refiere que Pedro Antar dijo que la empresa se creó por pedido de su cliente, Pedro Silva, pero que fue disuelta por inactividad. Silva, para la fecha de la publicación, estaba llamado a juicio en Ecuador por su presunta participación en el esquema de lavado de dinero implementado con el sistema Sucre, pero el proceso judicial estaba suspendido hasta tanto se presentara ante el tribunal. El abogado del Fondo Global en Ecuador Jorge Zavala Egas, aseguró que estas empresas (la de Miami y las otros de Venezuela, Ecuador y Colombia) no guardan relación alguna.

REFERENCIAS

[1] El Universo. “Chávez propone creación del "sucre" como moneda regional”. 26 de noviembre de 2008. https://www.eluniverso.com/2008/11/26/0001/14/88EACF64F65A4B53AA6DAAEE58795840.html/


[2] El Universo. “Un nuevo sucre al uso desde el 1 de enero, anuncia Chávez”. 17 de abril de 2009. https://www.eluniverso.com/2009/04/17/1/1361/AAC2B7391F8347BB93B7B0D3A87C1039.html


[3] Armando.info. “En el fondo, las casas eran excusa para los dólares”. 25 de abril de 2015. https://armando.info/en-el-fondo-las-casas-eran-excusa-para-los-dolares/


[4] Sunbiz. Division of Corporations. Fondo Global de Construcciones SAC Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=PreviousList&searchNameOrder=FONDOGLOBALDECONSTRUCCIONESSAC%20P110001063750&aggregateId=domp-p11000106375-5028529d-8525-4c67-83ed-e6349f603d9a&searchTerm=FONDA%20CARIBENA%20RESTAURANT%20INC&listNameOrder=FONDOENTERPRISES%20P190000197930


 

martes, 21 de diciembre de 2021

Jurado del juicio de Ghislaine Maxwell basa sus deliberaciones en los testimonios de las cuatro mujeres que la acusan

Por Maibort Petit

   En la segunda jornada de deliberaciones en el juicio de la Socialité, Ghislaine Maxwell el jurado continuó revisando evidencias bajo las instrucciones de la juez, Alison Nathan. En horas de la mañana, gracias a una nota enviada a la magistrada se supo que se están evaluando el testimonio de las supuestas víctimas de Jeffrey Epstein y la acusada que es, en esencia, en lo que se basa la acusación.

  Ghislaine Maxwell está acusada de formar parte de la empresa criminal encabezada por el multimillonario, Epstein encargada de reclutar menores de edad para ser abusadas por el magnate, quien se suicidó antes de ser enjuiciado.

  Maxwell se declaró no culpable de los seis cargos, que incluyen tráfico sexual de menores, transportar a un menor con la intención de participar en actividades sexuales delictivas, tentar a un menor a viajar para participar en actos sexuales ilegales, tres cargos relacionados de conspiración.

  Si es declarada culpable de los seis cargos, la mujer de 59 años enfrenta hasta 70 años de prisión.

    El jurado solicitó a la juez Nathan las transcripciones de los testimonios de "Jane", Annie Farmer y Carolyn, tres de las cuatro mujeres que declararon que fueron supuestamente abusadas sexualmente por Jeffrey Epstein y que acusaron a Maxwell de haber facilitado el proceso, e inclusive de haber participado en algunos actos sexuales.

  Las cuatro supuestas víctimas que testificaron en el juicio de Ghislaine Maxwell dijeron haber sido abusadas sexualmente en varias oportunidades y en diferentes países.  La primera en testificar fue una que usó como nombre ficticio "Jane", y aseguró que Maxwell coordinaba los masajes sexuales con Epstein para lo cual las preparaba y en ocasiones se unía a los actos sexuales. 

Otra de las mujeres que testificó fue Carolyn quien sostuvo que Maxwell le tocó los senos, las caderas y las nalgas cuando tenía 14 años testificó que cuando tenía 14 años, y que supuestamente le dijo que "tenía un gran cuerpo para Epstein y sus amigos". 

El testimonio de Carolyn es una pieza clave en la acusación contra Maxwell en el cargo relacionado con tráfico sexual infantil, que es el más grave de todos los cargos.

  Otra de las testigos usó el nombre de "Kate". La mujer testificó que Maxwell la invitó y le indicó cómo darle un masaje sexual a Epstein. Aseguró que Maxwell hablaba a menudo de temas sexuales con ella y le pidió a Kate que invitara a otras chicas jóvenes para satisfacer los deseos sexuales de Epstein.

Una revisión de las evidencias del FBI

  En horas de la tarde, el jurado nuevamente envió una nota a la juez Nathan para pedirle las notas tomadas por agentes del FBI durante una entrevista que le hicieron a Carolyn en 2007 y que refleja que la mujer no mencionó a Maxwell en ningún momento. 

  La juez  explicó que dicha entrevista no forma parte de las evidencias, y que por ende no será tomada en cuenta. Sin embargo, se recordó que algunos extractos de las notas del FBI fueron leídas en el expediente durante el contrainterrogatorio de Carolyn.

   Vale la pena destacar que la defensa hizo hincapié en esas declaraciones que aparecen registradas en las notas del FBI, y advirtieron al jurado que las mismas contradecían en testimonio de Carolyn y que lo hacían inconsistente ya que la supuesta víctima no mencionó a Maxwell en esa entrevista de 2007.

  "La señorita Maxwell no era el tema de discusión en ese momento", testificó Carolyn en la corte. "Lo único en lo que estuvo involucrada la señorita Maxwell fue en acariciar y tocar mis senos y mis nalgas y por eso mi alma está rota y también mi corazón" dice exactamente la transcripción del testimonio. 

    Antes de concluir la jornada de este martes, el jurado preguntó si se podía considerar como evidencia el testimonio de la cuarta mujer que acusó a Maxwell, Annie Farmer para sustentar los cargos de conspiración para atraer a una menor a viajar para participar en actos sexuales  y conspiración para transportar a una menor para participar en actos sexuales puesto que la supuesta víctima de Epstein dijo que ella había viajado con la pareja. 

Ante la pregunta, la juez Nathan ordenó al jurado considerar el testimonio de Farmer, a pesar que esa actividad sexual no es considerada ilegal porque la mujer estaba en la edad de consentimiento cuando ocurrieron los hechos.

Mañana miércoles continuarán las deliberaciones del jurado desde las 9:00 AM





Segundo Día de deliberaciones: Jurado del juicio de Ghislaine Maxwell revisa evidencias del gobierno para condenar a la socialité británica

 Por Maibort Petit

  Este martes, los doce miembros del jurado del juicio de la socialité británica, Ghislaine Maxwell, acusada de delitos sexuales por el gobierno de los Estados Unidos, inició su segundo día de deliberaciones en el que tendrán que revisar las evidencias presentadas por los fiscales y que buscan incriminar a la acusada de jugar un rol protagónico en la empresa crimina del depravado, Jeffrey Epstein que usaba a menores de edad para su satisfacción sexual.

Ghislaine Maxwell se declaró no culpable de los delitos que acusa la fiscalía y acordó no testificar en el juicio por tráfico sexual porque según la defensa, los fiscales no lograron probar más allá de la duda razonable la culpabilidad de la acusada.



La defensa prometió presentar 35 testigos y concluyó con una lista de sólo ocho, causando que el juicio que se había anunciado sería de seis semanas, terminó siendo más corto (12 días) y menos sensacionalista de lo que se había anunciado.

Los fiscales ofrecieron sus argumentos finales, reiterando las acusaciones de que Ghislaine Maxwell actuó como la "mano derecha" de Jeffrey Epstein.
“Era una depredadora sofisticada que sabía exactamente lo que estaba haciendo”, dijo al jurado la fiscal federal adjunta Alison Moe.

  La fiscal Moe agregó: "Ella era una mujer adulta que se aprovechaba de los niños vulnerables". Ghislaine Maxwell estuvo acompañada el día de los argumentos finales por sus 4 hermanos Kevin, Isabel, Ian y Christine Maxwell.
  La socialité Británica está acusada de reclutar chicas adolescentes para que satisfacer sexualmente a Jeffrey Epstein, un multimillonario que se suicidó en una cárcel de Nueva York antes de ir a juicio. Las jóvenes eran empleadas para ser  explotadas sexualmente a través de "masajes" en la década de 1990 y principios de la de 2000. Epstein pagaba por cada masaje entre $300 y $400.

  Maxwell también está acusada de haber abusado de algunas víctimas y delitos de conspiración.

El juicio mediático

 Los fiscales llamaron a 24 testigos en 10 días, incluidas las cuatro víctimas que acusan a Maxwell de haberlas reclutado, cuando algunas de ellas tenían tan solo 14 años, para que Epstein abusara sexualmente de ellas. Dos mujeres (presuntas víctimas) testificaron bajo los seudónimos "Jane" y "Kate"; una tercera, Carolyn, usó su nombre de pila; y la última, Annie Farmer, fue identificada por su nombre completo. 
  De acuerdo el testimonio presentado ante el jurado, las mujeres describieron a Maxwell como "la principal cómplice" de Epstein y aseguraron que la socialité británica "las reclutó en su círculo sexual de adolescentes, las preparó y facilitó el abuso" tanto en las casas del multimillonario en Nueva York y Florida como en otros lugares del mundo.

   Los fiscales se empeñaron en evidenciar los vínculos que tenían Epstein y Maxwell, mostraron una serie de fotografías que revelaban la vida de lujo que disfrutaban mientras supuestamente abusaron de niñas de hogares rotos o cuyas familias tenían problemas económicos, y el supuesto código de silencio que impusieron a sus empleados.
Los testigos más sensacionalistas

  Los testimonios presentados ante el jurado aparecen varios que fueron calificados como "impactantes" por los fiscales. Por ejemplo, una de las supuestas víctimas de nombre ficticio  "Jane" aseguró que Maxwell y Epstein abusaron de ella durante unas sesiones de sexo grupal.

"Jane" sostuvo desde el estrado que tanto el millonario Epstein como su exnovia, Maxwell comenzaron a abusar de ella cuando solo tenía 14 años en 1994. 

  La mujer acusó a Maxwell de participar en las juergas sexuales y que se comportaba como si fuera algo " muy casual" y "muy normal" y "no es gran cosa". 
  El testimonio relata que Maxwell la entrenó para que pudiese participar  en encuentros sexuales grupales con otras mujeres adultas. 
 
  Jane compartió los nombres de varias mujeres que supuestamente participaron en encuentros sexuales grupales con ella cuando era menor de edad, mencionando una mujer inglesa llamada Emmy, y otras cuyos nombres serían Sophie, Michelle y Eva.

   De acuerdo a la supuesta víctima, "Jane" Maxwell y Epstein la habría reclutado cuando ella asistía al prestigioso campamento de verano en Michigan (Interlochen), donde Epstein era donante y tenía uso de un "sistema de becas".
   Jane aseguró que por aquella época su padre recién había fallecido su padre y que estaba viviendo con su madre y sus hermanos en la casa de unos amigos de su familia.

  La testigo contó que el millonario Epstein pagó sus lecciones de canto, en Nueva York y otras facturas que su madre no podía pagar. 

  La mujer dijo que había visto a Maxwell y a otras cuatro mujeres en la piscina de la mansión de Epstein en Florida y que estaban desnudas o en toples.

Otra mujer acusa a la pareja

  Otra de las acusadoras de Maxwell, que testificó con el nombre ficticio de"Kate" dijo que la acusada la obligó a usar un uniforme de colegiala para provocar a Epstein.
  Kate, una mujer inglesa de 44 años testificó que Maxwell comenzó a prepararla cuando tenía 17 años en 1994. 

  Según la testigo, ella conoció a Maxwell durante un viaje a París con su novio, quien era un compañero de clase de Oxford de la socialité británica. 

  La mujer dijo que Maxwell la invitó a tomar el té en su casa de Londres semanas después. Sollozando, Kate sostuvo que para la época se sentía muy emocionada de ser amiga de Ghislaine" y que a través de la hoy acusada podría llegar a conectarse y hacer nuevas relaciones.
   Kate argumentó que posteriormente,  Maxwell le presentó a Epstein y la instó a darle masajes que rápidamente se volvieron sexuales porque era muy difícil mantenerse al día con las exigencias del millonario.

   La testigo dijo que fue a la mansión de Epstein en Florida, cuando la mujer tenía 18 años. Allí, supuestamente Maxwell la instruyó para que usara un disfraz de colegiala al momento de atender a Epstein al momento que le servía el té al millonario. Por ese rol, Kate recibía dinero.
  La juez Alison Nathan advirtió al jurado que el testimonio de Kate sólo servía para reforzar la comprensión de la conducta de Epstein porque para esa época la mujer tenía 18 años, que es la edad de consentimiento en el Reino Unido durante este patrón de abuso. La testigo por tanto no puede ser considerada víctima. 

Carolyn fue abusada por 4 años

  Otra de las testigos, Carolyn aseguró frente al jurado   Epstein abusó sexualmente de ella entre los 14 y los 18 años y no la habían llevado a los viajes porque era demasiado joven. 

   No obstante en el mismo testimonio la mujer aseguró que  cuando se volvió "demasiado mayor" para el gusto de Epstein, le preguntó si tenía "amigas más jóvenes". 

  De acuerdo a lo contado por Carolyn cuya experiencia en la "estructura de delitos sexuales" se ubicó entre 2001 a 2004— Maxwell le enseñó a  programar sus sesiones de "masaje".
   Una de las partes del testimonio de Carolyn que fue usado por los fiscales fue la anécdota según la cual, la mujer habría confiado en Epstein y Maxwell un  trauma que empezó cuando tenía 4 años y su abuelo la violó y abusó sexualmente. 

  Asimismo, Carolyn dijo que su madre era adicta a las drogas y al alcohol. 

  La testigo advirtió que Epstein y Maxwell sabían que ella era menor de edad porque en una oportunidad la invitaron a visitar el complejo de Epstein en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, pero  Maxwell no podía ir porque era demasiado joven y que su madre no le daría la autorización para salir del país.
 Carolyn acusó a Maxwell de haberle tocado los senos, las nalgas y las caderas asegurando que tenía "un gran cuerpo para el Sr. Epstein y sus amigos".

Otra mujer acusa a Maxwell

 La otra testigo que subió al estrado fue Annie Farmer quien aseguró que fue obligada a darle un masaje en los pies a Epstein.

  La mujer dijo que en una oportunidad se fue de viaje con  Epstein y Maxwell a Nuevo México. A su madre le dijeron que iban a reunión académica para 20 a 25 estudiantes. 
  

  Según contó ella era que tenía 16 años, la pareja tenía entre treinta y cuarenta. La mujer dijo que la llevaron de compras y al cine,  y luego Epstein la tocó le tomó la mano, la acarició y le frotó el pie en su brazo.

  La "pesadilla" de Farmer continúo cuando volvieron al rancho de Epstein y supuestamente  Maxwell le enseñó cómo darle un masaje en los pies a Epstein. 

   Farmer confesó que se sentía incómoda cuando le daba los masajes. Incluso dijo que  Maxwell le preguntó si había tenido un masaje profesional antes y se ofreció a darle uno. 
  De acuerdo a la testigo, Maxwell preparó una mesa y le dijo que se desvistiera, entonces ella se quitó la ropa y se acostó boca abajo en la mesa para que Maxwell le diera el masaje. Agregó que le frotó las piernas y luego los senos, mientras Epstein la veía porque la puerta de la sala estaba abierta.

  Hasta el cierre de esta nota el jurado no ha llegado a un veredicto. Se encuentra analizando las evidencias entregadas por la fiscalía. 

Samark López Bello pide denegar demanda de la OFAC en su contra y la acusa de violar sus derechos constitucionales

  Quien es señalado de ser testaferro de Tareck El Aissami acusó a la agencia gubernamental estadounidense de actuar arbitrariamente en su contra.

Por Maibort Petit


  Samark López Bello, acusado de ser testaferro del ministro de petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Tareck El Aissami, además de haber sido designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro por colaborar en la actividades de narcotráfico internacional que encabezaría el funcionario venezolano, demandó la agencia gubernamental estadounidense y ahora exige que el Tribunal para el Distrito de Columbia —donde se lleva la causa— ordene la realización de un juicio sumario y se desestime la moción de la OFAC, pues se le ha afectado al violársele su debido proceso y derechos constitucionales.

   El 3 de diciembre de 2021, Erich C. Ferrari, de la firma Ferrari & Associates, P.C., en representación de Bradley T. Smith, director interino de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, un Memorando en apoyo a la moción cruzada de Samark Bello para juicio sumario y la oposición a la moción del demandado para desestimar o, en alternativa, para juicio sumario.


   Considera López Bello que el Tribunal debe concederle la moción de juicio sumario; denegar la moción de los demandados de desestimar o, alternativamente, de un juicio sumario; y que dicte sentencia a su favor en todos los reclamos que plantea.

  Se plantea la interrogante acerca de si la agencia encargada de administrar las sanciones económicas de los Estados Unidos, puede imponer dichas sanciones sin una notificación justa de la conducta sujeta a regulación y sin tener en cuenta los límites legales impuestos a su autoridad.

  Refiere, entonces, que el debido proceso impone el que se formule una notificación justa acerca de qué conducta está regulada antes de imponer sanciones por dicha conducta. Advierte que la OFAC no puede exceder el alcance de las autoridades legales que les otorgó el Congreso. Considera que, si los demandados no brindan el aviso a que hace referencia o actúan en exceso de su autoridad en virtud de la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros, entonces esas acciones deben ser consideradas ilegales y remediadas mediante vacatur.

  Recuerda que la OFAC impuso sanciones al Samark José López Bello en virtud de la Ley Kingpin por su presunta asistencia material o provisión de apoyo financiero o tecnológico o suministro de bienes o servicios a las actividades de tráfico internacional de estupefacientes de Tareck Zaidan El Aissami Maddah y para, supuestamente, actuar en nombre de este. En este sentido, subraya que El Aissami no fue designado en virtud de la citada legislación en el momento en que, supuestamente, ocurrieron los hechos. En otras palabras, el demandante se da cuenta de que sus supuestos tratos con El Aissami eran sancionables cuando se sancionó al funcionario venezolano.

  Explica que cuando esto ocurre ya era demasiado tarde para que Samark López ajustara su supuesta conducta a los requisitos de la ley de los EE. UU. puesto que la OFAC anunció la designación del demandante simultáneamente con la de El Aissami. Por lo tanto, el órgano del Departamento del Tesoro designó al demandante por presunta conducta antes de la designación del propio El Aissami. Al actuar de este modo, se le negó a López una notificación justa de lo inadecuado de su conducta.

  Para el demandante, se trata de un error de magnitud constitucional, en razón de que viola los derechos de debido proceso de López bajo la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

  Plantea la moción de López que la OFAC además de lo expuesto, también utiliza la Ley Kingpin en exceso de la autoridad que le otorga dicho estatuto. Específicamente, el texto de la Ley Kingpin es claro: el Secretario del Tesoro (o sus delegados) están autorizados a imponer sanciones a las personas extranjeras que ayuden materialmente o brinden apoyo financiero o tecnológico para, o que proporcionen bienes o servicios a, las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes de, o que actúen en nombre o en nombre de una persona designada de conformidad con la Ley Kingpin.

  Refiere Samark López que como consecuencia de las acciones ilegales de la OFAC. ha visto destrozada su vida en los Estados Unidos; su residencia fue decomisada; sus activos sustanciales fueron bloqueados o sujetos a decomiso; y su persona es objeto de acusación penal por razones que se derivan únicamente de su designación.

“La pregunta para este Tribunal es si los Demandados pueden persistir en tal conducta ilícita sin consecuencias dado el daño causado al Demandante”.

Los hechos

  Tareck El Aissami fue designado por la OFAC —el 13 de febrero de 2017— como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNTK), de conformidad con la Ley Kingpin, por desempeñar un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos.

  Simultáneamente a esta designación, la OFAC designó a Samark López de conformidad con la misma ley, por presuntamente proporcionar asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios, en apoyo de las actividades de tráfico internacional de narcóticos de El Aissami y por presuntamente actuar en su nombre.



  Igualmente, la OFAC designó o identificó como propiedad bloqueada a trece empresas que eran propiedad o estaban controladas por el demandante, entre ellas, cinco empresas estadounidenses.

  En un comunicado de prensa emitido en el momento de la designación, la OFAC alegó que el demandante "es un líder clave de El Aissami y en esa capacidad lava las ganancias de las drogas". Asimismo, alegó que Samark López "es utilizado por El Aissami para comprar ciertos activos" y "maneja acuerdos comerciales y asuntos financieros para el funcionario venezolano, generando ganancias significativas como resultado de la actividad ilegal en beneficio de este.

   Como consecuencia de su designación, se bloqueó toda propiedad en la que López mantenga un interés dentro de los Estados Unidos, como también lo está toda persona estadounidense, donde sea que se encuentre, pues generalmente tienen prohibido participar en transacciones o tratos con el demandante o la propiedad en la que mantiene un interés. Además, las personas extranjeras que participan en transacciones o tratos con el demandante están expuestas a sanciones de conformidad con la Ley Kingpin.

El memorándum de la OFAC

   Refiere la moción que para determinar que Samark López cumple con los criterios de designación de conformidad con la Ley Kingpin, la OFAC redactó un memorando probatorio que establece la base fáctica y legal de su decisión de designarlo. El demandante recibió solo una versión de este memorando probatorio con porciones sustanciales de las afirmaciones fácticas subyacentes a la designación retenidas de divulgación.

  El memorando probatorio de la OFAC establece —entre otras consideraciones— que Samark López actúa como gerente financiero y testaferro de Tareck El Aissami y cita un artículo de julio de 2013 en un periódico venezolano Reportero24 , el cual refiere que el demandante “tiene un patrimonio neto estimado de USD 1 mil millones".

   El memorando de la OFAC también establece que López Bello "desempeña un papel documentado en las siguientes entidades", algunas de las cuales son estadounidenses y otras extranjeras. Se especifican aquellas dentro de los Estados Unidos que son propiedad o están controladas por el demandante:

- 1425 Brickell Ave 63-F LLC, una compañía de responsabilidad limitada de Florida, para la cual, según el memorando de la OFAC, López Bello se desempeña como el "administrador único".

-  1425 Brickell Avenue Unit 46B, LLC, una sociedad de responsabilidad limitada de Florida, de la cual, según el memorando de la OFAC, López Bello es el "administrador único".

-  1425 Brickell Avenue 64E LLC, una compañía de responsabilidad limitada de Florida, para la cual, según el memorando de la OFAC, López Bello se desempeña como el "administrador único".

-  Agusta Grand LLC, una compañía de responsabilidad limitada de Delaware, de la cual, según el memorando de la OFAC, López Bello es el "administrador único".

-  200G PSA Holdings LLC, una sociedad de responsabilidad limitada de Delaware, para la cual, según el memorando de la OFAC, López Bello es el "único accionista" y se desempeña como gerente.

  El memorando de la OFAC también identificó una aeronave propiedad o bajo el control de 200G PSA Holdings LLC, una entidad bloqueada en virtud de la supuesta propiedad o control del Samark López.

  La OFAC alega que Yakima Oil Trading LLP, una entidad bloqueada por ser presuntamente propiedad o estar controlada por el demandante, "arrendó 2.437 pies cuadrados de espacio de oficinas en el piso 25 en 375 Park Avenue, Nueva York".

Resúmenes no clasificados de la OFAC

  Seguidamente, la moción refiere que el 18 de julio de 2017, la OFAC reveló información adicional no clasificada, no privilegiada y de otro modo liberable del registro administrativo. Según la OFAC, estos resúmenes dan respuesta a la solicitud del demandante, pues, "completan [d] la respuesta de la OFAC a la solicitud [del demandante] de información divulgable" en relación con la base de su designación en virtud de la Ley Kingpin .

Los resúmenes sin clasificar establecían lo siguiente:

- El venezolano Samark José López Bello es el "testaferro" de Tareck El Aissami.

- López Bello está a cargo de lavar el producto de la droga a través de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y organizar las rutas aéreas y marítimas de cocaína para transportarla a Oriente Medio y Asia. Fue utilizado por El Aissami para comprar medios de comunicación en Venezuela que eran los más críticos con el régimen. La compra se habría hecho con fondos provenientes del gobierno venezolano para influir en la opinión pública del país.

- López Bello es identificado como el "representante comercial", "administrador de dinero" y "blanqueador de dinero" de El Aissami.

- López Bello maneja los asuntos financieros de El Aissami; también administra bonos venezolanos; y realiza negocios no específicos que generan ganancias significativas. Actividades estas que se realizan en beneficio de El Aissami vía López Bello. Samark López igualmente ha adquirido vehículos en los Estados Unidos que fueron transportados a Venezuela y, finalmente, a manos de El Aissami y otros funcionarios del gobierno venezolano.

  Se indica que la OFAC no ha proporcionado ningún detalle adicional con respecto a la base fáctica de su decisión de designar a López Bello de conformidad con la Ley Kingpin ni ninguna de las pruebas de apoyo para las alegaciones contenidas en estos resúmenes no clasificados.

325 Leucadendra Drive, Coral Gables, Florida

  Se hace mención a que el 22 de abril de 2017, la OFAC reveló una versión redactada y no clasificada del memorando probatorio relacionado con el bloqueo de propiedad adicional en la que,  el demandante, tenía un interés.

  Cree la OFAC que 325 Leucadendra Drive, en Coral Gables, Florida es una propiedad de la que Samark López sería el propietario.

  Se indica que Samark López Bello y su familia usaban esta propiedad como su residencia principal en los Estados Unidos. Como resultado directo del bloqueo, esta propiedad quedó sujeta a una orden de ejecución emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida para satisfacer una sentencia contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

  Apunta la moción que como resultado directo de la designación de López Bello por parte de la OFAC, terceros demandantes han tratado de ejecutar, y han ejecutado, sus sentencias pendientes contra las FARC con  propiedades del demandante en los Estados Unidos.

La acusación de López Bello

  El 8 de marzo de 2019, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York anunció cargos penales contra Samark López Bello por presuntas violaciones de la Ley Kingpin.

  En la misma fecha, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, acusó a Tareck Zaidan El Aissami Maddah, de violaciones de la Ley de designación de cabecillas extranjeros de narcóticos y López Bello fue señalado, específicamente, de eludir o evitar las prohibiciones de la Ley Kingpin, o de conspirar para violar dicha ley, al trabajar con personas estadounidenses y titulares de visas para obtener ciertos servicios de viaje, incluidos los vuelos chárter en jets privados.

  Los cargos penales se basan en el alegato de que el demandante, como Narcotraficante Especialmente Designado, buscó participar en transacciones con personas estadounidenses o recibir servicios de ellas en supuesta violación de la Ley Kingpin. Estos cargos criminales no incluyen ningún cargo por tráfico de drogas o lavado de dinero.

Queja enmendada del demandante

  El 4 de octubre de 2021, Samark López modificó su demanda de impugnación de su designación por parte de la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin por ser arbitraria, caprichosa, abusiva, contraria a la ley en violación de la APA; por exceder la jurisdicción legal, las limitaciones o las autoridades en violación de la APA; y por ser contrario al derecho, poder, privilegio o inmunidad constitucional en violación de la APA.

  Además, la Demanda Enmendada impugna el hecho de que la OFAC no proporcione una notificación justa al designar a Samark López en virtud de la Ley Kingpin en violación de la Cláusula de debido proceso de la Quinta Enmienda y alega que con la designación de Demandante se viola su derecho de la Cuarta Enmienda a estar libre de ataques.  

  Finalmente, la Demanda Enmendada cuestiona el hecho de que la OFAC no le haya notificado adecuadamente a López Bello los motivos de su designación según la Ley Kingpin en violación de la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda y la APA.

Los alegatos de Samark López

   Considera Samark López Bello que la designación en su contra por parte de la OFAC es arbitraria y caprichosa, violatoria de la APA, pues la agencia gubernamental no demuestra cómo el demandante ayudó materialmente a Tareck El Aissami en sus actividades de tráfico internacional de drogas.



  Esto habría ocurrido porque al momento de la designación de López Bello, Tareck El Aissami no había sido designado bajo la Ley Kingpin, entonces no podía haber una conexión racional entre los hechos alegados en el expediente administrativo y la determinación de la OFAC de que el demandante ayudó materialmente al funcionario venezolano.

  Refiere que las designaciones de la OFAC se hacen sustentados en informes de noticias en líneas de Venezuela, sin que esta sean verificadas.

  Igualmente, advierte la moción que casi todas las alegaciones fácticas de la OFAC carecen de un nexo aparente con las actividades de tráfico de estupefacientes de El Aissami, un requisito para la designación del demandante la ley.

  Asegura que la argumentación de la OFAC para la designación es errónea, pues se sustentó en acusaciones de fuentes de terceros sin evaluar la exactitud ni de unas ni de otras.

OFAC excedió alcance de su autoridad

  De acuerdo al criterio de Samark López Bello, la OFAC actuó más allá del alcance de sus autoridades estatutarias en virtud de la Ley Kingpin cuando lo designó por ayudar materialmente o proporcionar apoyo o servicios financieros o tecnológicos a Tareck El Aissami, quien no fue designado en virtud de la Ley Kingpin.

  Reitera que El Aissami no fue designado bajo la Ley Kingpin antes de la designación del propio demandante, lo que significa que la OFAC designó a López Bello sobre la base de una supuesta conducta que no era sancionable por el lenguaje sencillo de la citada Ley Kingpin.

 Precisa que las acusaciones no pudieron demostrar que el demandante participó en una conducta que involucró a una persona designada bajo la Ley Kingpin en el momento de su ocurrencia.

  López asevera que los demandados plantean varios desafíos a la afirmación del demandante de que la OFAC actuó en exceso de la jurisdicción, autoridad o limitaciones legales en violación de la APA. Sin embargo, cada uno de estos desafíos falla porque, primero, la designación simultánea de El Aissami y el demandante por parte de la OFAC era permisible, ya que "la Ley Kingpin no habla sobre el momento o la secuencia de las decisiones de la OFAC relacionadas con las sanciones".

  En este caso, El Aissami no era ni un "narcotraficante extranjero significativo", que requiere su identificación como tal en virtud de la Ley Kingpin, ni una persona extranjera designada antes de la designación del propio demandante. Esto significa que el Samark López, como cuestión de derecho, no podría haberse involucrado en una conducta sancionada por por la ley antes de la designación de El Aissami.

Violación a la Quinta Enmienda

  Samark López estima que la OFAC violó el derecho al debido proceso de la Quinta Enmienda del demandante al no otorgarle una notificación justa de conducta prohibida.

  Explica que la OFAC no proporcionó una notificación justa de la conducta que lo sometería a sanciones en virtud de la Ley Kingpin, pues sancionaron al demandante por supuestamente involucrarse en una conducta que no era sancionable en el momento de su presunta empresa.

  La acción de la OFAC desafía el claro mandato de la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda de que "las leyes que regulan a las personas (…) dar aviso justo de la conducta que está prohibida o requerida.

  Advierte el demandante que las divulgaciones de los demandados no informan adecuadamente de las razones de su designación de acuerdo con el debido proceso.

Incautación injustificada

  Samark López bello sostiene que fue objeto de una incautación injustificada de sus activos en violación de sus derechos en virtud de la Cuarta Enmienda.

  La Cuarta Enmienda protege “[el] derecho del pueblo a estar seguro en su persona (…) contra irrazonables (…) ataques”.

  Sostiene que la OFAC al imponer sanciones al demandante, incluido el bloqueo de toda propiedad dentro de los Estados Unidos se hizo una incautación de la propiedad del demandante, una que activó las protecciones de la Cuarta Enmienda.

  Indica la moción que mediante el bloqueo de la propiedad de Samark López, incluida su residencia, la OFAC declaró ilegal que el demandante o cualquier otra persona transfiriera, pagara, exportara, retirara o negociara con dicha propiedad. 

Fiscalía de Panamá ordena arresto de Víctor Vargas Irausquin y Santos Alonso Ramos

Por Maibort Petit

   De acuerdo al oficio No. 4473-21/T-4, firmado por Vidama López Rivas, Fiscal Adjunta de la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, se ordenó la aprehensión y conducción del banquero venezolano. Víctor Jesús Vargas Irausquín y del ciudadano español,  Santos Alonso Ramos en relación a una investigación seguida por la presunta comisión de un delito contra el orden Económico/ financiero.

  Aunque Venezuela Política no tuvo acceso a la noticia criminal No. 201900064242, tenemos en nuestro poder el informe correspondiente a la Liquidación de AllBank Corp. que revela cómo  Víctor Vargas habría establecido una estructura fraudulenta en Panamá que involucra hasta a nobles españoles. Entre los hallazgos de este informe, se evidencia que el banquero venezolano hacía rotar las reservas en más de cinco países, afectando los intereses de miles de ahorristas.