miércoles, 10 de noviembre de 2021

Bruce Bagley, el experto en crimen organizado que cedió a las tentaciones de Álex Saab, pide a la Corte sentencia de tiempo cumplido

   Mientras la defensa de Bruce Bagley  sostiene ante el tribunal que el acusado trabajó  para Álex Saab y recibió dinero de los negocios del colombiano con el régimen de Maduro en sus cuentas bancarias, Saab lo contradice al afirmar que no conoce ni ha trabajado con el profesor experto en crimen organizado internacional.

Por Maibort Petit 
  Quien recientemente revelara que, supuestamente, Álex Saab habría mantenido reuniones con fuerzas del orden de los Estados Unidos para suministrar información sobre el régimen de Nicolás Maduro antes de ser acusado en 2019, Bruce Bagley, solicitó, a través de sus abogados al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, próximo a dictarle sentencia el 16 de noviembre, que la misma se imponga en tiempo cumplido y no conforme a las directrices que corresponde de acuerdo al delito por el cual se declaró culpable ante un juez de Nueva York, donde admitió haber participado en una trama de lavado de dinero internacional por una superior que casi rondaba los USD 3 millones, derivados estos del pago de soborno recibido del empresario colombiano.
    La Fiscalía que lleva el caso solicitó 12 meses de prisión y ahora los abogados defensores piden que la sentencia sea equivalente al tiempo que ya ha pasado en reclusión, por lo que, en concreto, están pidiendo la liberación inmediata de su cliente.

   Las informaciones sobre Álex Saab, emitidas por Bagley, ex-profesor en la Universidad de Miami, experto en el tema de la delincuencia organizada, incluso, autor del libro “Tráfico de drogas, crimen organizado y violencia en las Américas”, se produjeron a través de un Memorando de Sentencia presentado por sus abogados en el pedido formulado a la corte. Tales datos divulgados por la defensa de Bagley, refieren que Álex Saab se reunió con agentes federales de los EE. UU. entre ellos la DEA, para conversar aspectos del gobierno venezolano a la cabeza de Nicolás Maduro. Esto habría ocurrido en Colombia y en países de Europa, antes de que fuera acusado en 2019.
    Lo que sigue siendo un misterio es el contenido de los encuentros, pues mientras unos suponen que Saab habría ofrecido información importante sobre las actividades ilícitas del régimen venezolano, otros alertan que sólo habrían sido intentos del colombiano por conocer sobre las investigaciones que el gobierno estadunidense había abierto en su contra. 

   En un comunicado difundido por  el abogado de Saab, David Rivkin, este negó rotundamente que su representado hubiera cooperado con las autoridades de EE. UU. alguna vez. En la misma tónica, Baker Hostetler, otro abogado de Saab, aseguró que su cliente no ha entregado información de Nicolás Maduro al gobierno estadunidense. "En todo momento, Alex Saab Morán ha sido un ciudadano leal de Venezuela y ha llevado a cabo todas sus actividades con el pleno conocimiento y la bendición del gobierno de Venezuela. (...) Cualquier afirmación de que ha cooperado con las autoridades estadounidenses en contra de los intereses de Venezuela es totalmente falsa".
     A través del Memorando de Sentencia presentado por sus abogados al que también tuvo acceso Venezuela Política, Bagley pide clemencia al tribunal aduciendo su edad de 73 años, problemas de salud, que se trata de su primera condena penal, que la misma es por un delito no violento, así como su récord como investigador, mentor, profesor y conferencista.

  Refiere el memorando que Bruce Bagley “Ha dedicado sus considerables habilidades a compartir su conocimiento de las condiciones que producen la indigencia rural persistente en América Latina y ha enseñado métodos ilustrados para aliviar los patrones de pobreza arraigados allí. Las Pautas de Sentencia de los Estados Unidos no reflejan estos y otros factores de sentencia convincentes planteados en 18 U.S.C. Sección 3553 (a)”.
   Subrayan que “El Dr. Bagley ya ha sufrido graves consecuencias colaterales como resultado de esta condena, incluida la lesión irreparable a su carrera, la mancha en su reputación y el estrés que afectó a la salud de su esposa durante el año anterior a su muerte. Una sentencia que incluya cualquier tiempo en prisión pondría en grave peligro la salud física y emocional del Dr. Bagley”, advierten.

   Entre sus alegatos, citan jurisprudencia (Pepper v. Estados Unidos) que señala el principio de que “el castigo debe ajustarse al delincuente y no meramente al delito” y que el “juez de sentencia [debe] considerar a cada condenado como un individuo y cada caso como un estudio único en las fallas humanas que a veces mitigan, a veces magnifican, el crimen y el castigo que sobreviene”.
   Para argumentar su pedido de que no sean tomadas en cuenta las Pautas de Sentencia, los abogados de Bagley citaron a la Corte Suprema de Justicia en el caso de Nelson v. Estados Unidos, el cual estableció que “[l] os Lineamientos no sólo no son obligatorios en los tribunales de sentencia; tampoco deben presumirse razonables”.

No a las tentaciones

  El memorando hace una extensa exposición sobre la vida del catedrático, sus diferentes luchas y aportes académicos, su trabajo durante 32 años en la Universidad de Miami, así como su historia familiar. También se hace referencia a sus reiteradas negativas a aceptar jugosos pagos por actividades poco cónsonas con la ética. Tal sería el caso ocurrido en 2014, cuando el gobernador colombiano, Kiko Gómez, ofreció pagarle USD 25.000 por escribir un informe que negara sus actividades con paramilitares dedicados a narcotráfico, cuando en realidad esto era cierto. Bagley entró en contacto con el gobernante colombiano a través de Jorge Luis Hernández, conocido con el alias de Boliche, con larga trayectoria como informante en Colombia para agentes antinarcóticos de Estados Unidos.
   Durante años, Boliche habría insistido ante el catedrático para participara como consultor de políticos latinoamericanos ligados con actividades delictivas, pero siempre se había negado, refieren los abogados de Bagley en el Memorando de Sentencia.

  “En 2018, Jorge Luis Hernández, Boliche, le presentó a Bagley una oportunidad de trabajo de consultoría de un candidato a la presidencia de Paraguay. Y se le ofreció un pago generoso pero el cliente lo dobló para incluir una comisión para él. Luego de una conversación telefónica con el posible cliente, Bagley decidió no aceptar porque no estaba claro que se esperaba de él, e inclusive con la misma agenda del candidato que no dejaba claro el plan, lo que le generó suspicacia (…) En 2019, Boliche se acercó a Bagley con otra oportunidad de ganar dinero como asesor de otro candidato presidencial de República Dominicana, Domingo Trujillo. En ese sentido, Bagley viajó a Nueva York para conocer a Trujillo y Boliche, como en las otras ofertas no se sintió cómodo y declinó la oferta”, se lee en el Memorando como ejemplo de la recta conducta del profesor universitario.
   Para ese entonces, ya Jorge Luis Hernández trabajaba como informante confidencial de la justicia estadounidense y una de las encomiendas de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York era vigilar las interacciones entre Trujillo y Bagley, Boliche documentaría las actividades ilícitas financieras del catedrático. Se indica en el memorando que en esa oportunidad el pago no iba a ser en efectivo, sino que se buscaba una vía que evitar exponerse criminalmente ante las autoridades de los Estados Unidos, pero Bagley declinó la oferta de involucrarse con Trujillo y esto enojó a “Boliche”.

Saab y Babley se conocen

   Finalmente, Bagley cedería a las tentaciones de “Boliche”, según lo deja ver el Memorando cuando refiere que Jorge Luis Hernández coordinó la presentación de Álex Saab con Bruce Bagley, cuando el primero ya estaba involucrado como operador de lavado de dinero del empresario colombiano. Entonces, Hernández ofreció un trabajo a Bagley que este aceptó durante un viaje que hizo a Colombia para reunirse con Saab y su hijo. El profesor universitario los asistiría con una carta que remitirían a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá para la aplicación de una visa.
    Para cumplir con tal cometido, Bagley viajó a Bogotá y consultó a la Embajada en varias oportunidades, pero la visa del hijo de Saab fue negada ante las preocupaciones que existían sobre las relaciones de su padre, Álex Saab, con el régimen venezolano. Bagley esperaba el pago por su esfuerzo, pero en virtud de que la visa de Álex Saab también fue negada, este último y “Boliche” le ofrecieron que trabajara como consultor.

    En específico, la propuesta de Saab a Bagley giraría en torno a un nuevo negocio en Guatemala. Saab le propuso un pago de USD 1.000 por hora a Bagley, el cual se limitaría a 20 horas por mes. También le pidieron que recibiera en Estados Unidos dinero adicional que sería transferido de una empresa.
    Se indica que nuevamente intentaron involucrar a Bruce Bagley con una nueva conspiración con Domínguez Trujillo de República Dominicana, pero nuevamente rechazó la oferta.

   La defensa de Bagley considera que la persecución de su cliente parece haber sido selectivamente deliberada. Refieren que el gobierno se acercó a Bagley para buscar asistencia en su investigación sobre Álex Saab y así involucrarlo.

   Sostiene la defensa de Bruce Bagley que este desconocía que el dinero que le transferirían a era el producto de la corrupción en Venezuela.

    En diciembre de 2018, Bagley confirmó que Saab no estaba acusado en los Estados Unidos ni en ningún otro país y que no aparecía reseñado en la OFAC y que fue contratado por Boliche y Saab para proveer servicios de consultoría, por lo que estimó que el dinero recibido su cuenta personal representaban el pago de dichos servicios.

La acusación

   En noviembre de 2019, Bruce Bagley fue acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, a través del fiscal Geoffrey S. Berman, quien lo señaló de abrir cuentas bancarias en instituciones financieras de los Estados Unidos con el objetivo expreso de lavar dinero para venezolanos corruptos.

   Específicamente, a Bagley se le imputaron tres cargos, uno por conspiración para cometer lavado de dinero, y dos por lavado de dinero de una operación que inició desde noviembre de 2017 y se extendió hasta abril de 2019. Cada uno de estos cargos implicaba una condena máxima de 20 años de prisión, algo que contrasta enormemente con la solicitud que ahora fórmula su defensa para que se le imponga una sentencia de tiempo cumplido.
    La acusación del Gran Jurado contra Bagley sostiene que, en el 2005, este constituyó una empresa en el estado de la Florida, a saber, Bagley Consultants Inc. en la que él y su esposa figuran como directores y que tuvo muy poca actividad en el periodo que va 2005 al 2006. El Departamento de Estado cerró administrativamente la cuenta de la compañía porque no se presentó un reporte anual de la misma en 2017.

   Bagley abrió una cuenta bancaria a nombre de la empresa en noviembre de 2016 en un banco de Weston, Florida y a partir de noviembre de 2017 empezó a recibir depósitos mensuales de cientos de miles de dólares de cuentas bancarias ubicadas en Suiza y los Emiratos Árabes Unidos.

    La cuenta fue cerrada en octubre de 2018 por el propio banco ante las actividades sospechosas de la empresa. Bagley abrió una nueva cuenta en diciembre de 2018 en la que empezó a recibir las transferencias de fondos que, como las de la anterior cuenta, fueron registradas en la acusación.
  Todos estos movimientos que totalizaron casi USD 3 millones, supusieron las operaciones dirigidas a legitimar los fondos ilícitos de Álex Saab. Bagley se quedó con el 10 por ciento del dinero manejado a través de sus cuentas[4].

   Bruce Bagley fue arrestado en Miami el 18 de noviembre de 2019 y fue presentado ante la Corte del Distrito Sur de la Florida, donde se le dieron a conocer los cargos que se le imputaban.

    El 19 de noviembre de 2019, Bagley salió en libertad condicional, luego de pagar una fianza de USD 300.000[5].

    El 1 de junio de 2020, ante el juez de Nueva York, Jed S. Rakoff, Bruce Bagley se declaró culpable de dos cargos de lavado de dinero[6].

  Desde entonces, Bruce Bagley espera porque se le fije sentencia, habiendo esta sido diferida en varias oportunidades. La última de estas citas establecida para el 18 de octubre del presente año 2021, fue cambiada para el 16 de noviembre existiendo la posibilidad de que sea nuevamente diferida[7].

Álex Saab afirma que no conoce a Bagley

   P or medio de un comunicado, la defensa de Álex Saab aseguró que es completamente “falso” que su cliente haya tenido contactos con agentes del gobierno de los Estados Unidos.
 
     En el comunicado de la defensa se señala que las actividades y encuentros que sostuvo el empresario colombiano contaban con la aprobación total del gobierno venezolano. Asimismo, plantea que Saab  no tuvo o ha tenido intenciones de colaborar con las autoridades del país norteamericano.

    La defensa sostiene que “cualquier afirmación de que haya cooperado con las autoridades estadounidenses contra los intereses de Venezuela es totalmente falsa. En todo momento, Alex Saab ha sido un ciudadano leal de Venezuela y ha realizado todas sus actividades con el pleno conocimiento y la bendición del gobierno de Venezuela”.

    Los abogados de Saab argumentan además que  "su cliente, Álex Saab afirma que nunca ha conocido a Bruce Bagley y que Bruce Bagley nunca ha trabajado para él de ninguna manera”.



REFERENCIAS

[1] El Heraldo. “Fiscalía pide año de prisión para estadounidense que lavó dinero de Alex Saab”. S/F. https://www.elheraldo.co/mundo/fiscalia-de-ee-uu-pide-ano-de-prision-para-estadounidense-que-lavo-dinero-de-alex-saab-864401



[2] AP News. “Aliado de Maduro se reunió con agentes EEUU antes de arresto”. 11 de noviembre de 2021. https://apnews.com/article/noticias-aa1390acad47709632fba0d3bb90189b



[3] El Heraldo. “Saab dice que no ha entregado información contra Maduro”. S/F. https://www.elheraldo.co/mundo/saab-dice-que-no-ha-entregado-informacion-contra-maduro-864569



[4] Venezuela Política. “EE. UU. acusa a un profesor experto en Crimen Organizado de lavar dinero proveniente de la corrupción en Venezuela”. 18 de noviembre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/11/profesor-experto-en-crimen-organizado.html



[5] Venezuela Política. “Profesor que lavó dinero en Miami de la corrupción en Venezuela salió en libertad tras pagar fianza de 300 mil dólares”. 20 de noviembre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/11/profesor-que-lavo-dinero-en-miami-de-la.html



[6] Venezuela Política. “En NYC: Profesor Bruce Bagley se declara culpable de lavado de dinero proveniente de la corrupción en Venezuela”. 1 de junio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/06/en-nyc-profesor-bruce-bagley-se-declara.html



[7] Venezuela Política. “Tribunal de Nueva York cambia nuevamente fecha de la sentencia del Profesor vinculado al caso de Álex Saab”. 17 de octubre de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/10/profesor-vinculado-al-caso-de-alex-saab.html

martes, 9 de noviembre de 2021

Junta directiva de PDVSA Ad Hoc niega que hayan sido designados como cuotas político-partidistas

   Aseguran que no es cierto que no se haya producido rendición de cuenta sobre los recursos administrados.

Por Maibort Petit

    A través de un comunicado, la Junta Administradora ad hoc de Petróleos de Venezuela (PDVSA), respondió a las recientes declaraciones según las cuales los ejecutivos que la integran correspondan a cuotas político-partidistas y aseguró que, por el contrario, tal como lo estableció el decreto de su constitución, se privilegió el ejercicio profesional para su conformación.

   Específicamente, citaron el artículo 7 del Decreto 7 del gobierno interino emitido en 2019 en el que se establece que la junta “…se abstendrá de seguir lineamientos políticos o partidistas…” para la toma de decisiones.

   Sostienen que los miembros del directorio actúan apegados a las normas del “derecho venezolano y al derecho donde se encuentran los activos de PDVSA para garantizar una eficiente gestión de PDVSA Ad Hoc y de las juntas correspondientes a su cadena corporativa (PDV Holding, CITGO Holding y CITGO Petroleum Co.)”.

  Igualmente, el comunicado desmiente que no haya habido rendición de cuenta por parte de la Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA, pues aseguran que, en agosto de 2020, presentaron ante la Asamblea Nacional y luego, en junio de 2021, ante la Comisión Delegada, “los resultados de la gestión corporativa que incluye los resultados operacionales, financieros y corporativos de CITGO Petroleum Co.”, con sus debidos documentos de soporte.

   En tal sentido, manifiestan su disposición a responder ante cualquier instancia parlamentaria y ante el gobierno interino cualquier consulta que se le formule, al tiempo de que advierten que hasta la fecha no han recibido ninguna solicitud de información adicional a la información presentada.

   También se asevera en el comunicado en cuestión que en noviembre de 2020 sometieron el presupuesto correspondiente al año en curso con información detallada de los conceptos en que se sustenta la gestión de PDVSA Ad Hoc. Luego de esto, habrían formulado en varias ocasiones a la Asamblea Nacional y a la Comisión Delegada para que se proceda a la aprobación de dicho presupuesto, al tiempo que advirtieron los riesgos en que se incurre de no proceder en consecuencia. Refieren que tampoco han obtenido respuesta de la Procuraduría Especial.

“En este sentido, recordamos que la falta de recursos en la defensa de los derechos de la República, trae como consecuencia que los acreedores avancen en el intento de ejecutar activos de PDVSA”, alertan.

  Asimismo, el comunicado de la Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA califica de “infundados” los señalamientos dirigidos a acusar corrupción de su parte, subrayando que ni PDVSA Ad Hoc no en su cadena corporativa se han detectado hechos de esta naturaleza. Aseguran que CITGO ha instrumentado “nuevos mecanismos de gobernanza corporativa para evitar y detectar hechos de corrupción, al tiempo que ha realizado cambios estructurales que minimizan el riesgo de ocurrencia de hechos relacionados a corrupción”.

  Finalmente se mostraron dispuestos a someterse a cualquier investigación y auditoría, “más allá de las que, de manera rutinaria, se efectúan como auditorías internas”.

   Venezuela Política consultó a fuentes ligadas a la industria petrolera sobre el contenido del anterior comunicado y estas aseguraron que no es cierto la no politización de la empresa, toda vez que CITGO fue entregada en cuotas a los partidos que integran la oposición venezolana y los supuestos correctivos aplicados al respecto no han sido suficientes, pues aún persisten algunas de dichas cuotas en los directorios.

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


lunes, 8 de noviembre de 2021

Conozca las principales claves para comprender el caso de Álex Saab

   Estos son los aspectos fundamentales que llevaron al empresario colombiano al banquillo de los acusados en un tribunal de los Estados Unidos.

Por Maibort Petit

   He aquí algunas claves que sintetizan la esencia del caso del empresario colombiano naturalizado venezolano, Álex Saab, recientemente extraditado de Cabo Verde a los Estados Unidos a objeto de que enfrente a la justicia que lo señala de conspirar para cometer el delito de lavado de dinero.
La acusación

   Álex Naim Saab Morán —junto a su socio Álvaro Pulido Vargas— fue acusado el 25 de julio de 2019 por la Fiscalía General de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida por la supuesta comisión de los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero y de lavado de instrumentos monetarios. En específico, la acusación establece que los demandados cometieron un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y siete cargos de lavado de dinero. El gobierno de los EE. UU. alega la pérdida de más de USD 350 millones que representan la cantidad de fondos involucrados en la violación. Los fiscales señalan que Saab y Pulido presuntamente desempeñaron roles fundamentales en el lavado del producto de las “violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en relación con un plan para pagar sobornos para aprovechar el tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela”.
   Álex Saab y Álvaro Pulido suscribieron un contrato con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 cuyo objeto era la construcción de viviendas para personas de bajos ingresos y se aprovecharon, junto con sus cómplices, del tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela, el cual les permitía obtener dólares estadounidenses a un tipo favorable, mediante la presentación de documentos de importación falsos y fraudulentos sobre bienes y materiales que nunca se importaron a Venezuela y sobornando funcionarios del gobierno venezolano para que aprobarán esos documentos.

   Se explica en la acusación formal que los imputados instrumentaron un esquema de soborno que violó la FCPA e implicó delitos de soborno contra Venezuela. Para ello llevaron a cabo reuniones para promover el pago de sobornos en Miami y enviaron dinero relacionado con el esquema a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida. Este plan de Saab y Pulido se materializó con la transferencia de aproximadamente USD 350 millones de Venezuela, a través de los Estados Unidos, a cuentas en el extranjero que poseían o controlaban”[1].


   En razón del acuerdo de extradición que el gobierno estadounidense estableció con su homólogo de Cabo Verde, al ser en esta última nación la pena máxima para el delito de lavado de dinero equivalente a 20 años, la fiscalía del Sur de la Florida retiró los siete cargos relacionados con el lavado de instrumentos monetarios a objeto de que la pena que le sea impuesta, en caso de ser declarado culpable, no sobrepase la que se le impondría en la nación africana por el mismo delito.

Supuesto testaferro de Maduro

   Existe la presunción de que Álex Saab actúa como testaferro o prestanombres de Nicolás Maduro. De hecho, la ex-fiscal general, Luisa Ortega, lo catalogó en 2017 como el “principal testaferro de la autocracia” de Maduro y su familia. Según Ortega Díaz, sus investigaciones la llevaron a presumir que Maduro era el verdadero propietario de Group Grand Limited (GGL), aunque Saab y Pulido sean quienes figuren como dueños.

   Y es que, al contrario de otros empresarios colombianos que tuvieron que dejar de exportar a Venezuela por la incertidumbre que generaban los pagos y controles en el cambio de divisas impuestos por el gobierno, las operaciones de Saab se incrementaron, como también lo hicieron sus negociaciones con el régimen, tanto en el área de la construcción como con el CLAP.
 Álex Saab habría cumplido un papel determinante en el establecimiento y mantenimiento de las redes de financiamiento ilícitas para facilitan la corrupción del régimen venezolano. Se cree que Maduro, presuntamente, le habría confiado su fortuna personal. Por ello el proceso judicial que comenzó a desarrollarse en los Estados Unidos, pudiera permitir establecer la veracidad o falsedad de estos supuestos, así como también ayudaría a comprender y a obtener detalles de las actividades ilícitas que sirven de sustento al régimen venezolano.

   El Departamento del Tesoro refiere que Álex Saab en 2016 diseñó el esquema del CLAP a través de una estructura corporativa para comprar alimentos de un distribuidor extranjero, ensamblarlos en un país extranjero y enviarlos a Venezuela a una tarifa más rentable para ellos. El Tesoro sostiene que, bajo la supervisión de Nicolás Maduro, Saab obtuvo ganancias sustanciales e importó sólo una fracción de los alimentos necesarios para el programa CLAP.
   De vendedor de llaveros pasó a ser contratista del régimen chavista, primero en 2011 con un contrato de construcción de viviendas de interés social; luego la construcción de gimnasios verticales por lo que recibió USD 100 millones a pesar de que a la fecha muchos están sin terminar; después la venta de leche en polvo a través del CLAP y a la venta de alimentos para dicho programa. Ya entre 2016 y 2018, amasaba una fortuna de más de USD 1.500 millones.

  Lo cierto es que Saab es de fundamental importancia para Maduro, hecho que se deja ver con su actitud de patear la mesa de negociaciones que mantiene con la oposición en México, tan pronto se concretó la extradición del empresario colombiano a los Estados Unidos.
Las empresas de Saab

  Dos fueron las empresas que sirvieron a Álex Saab y a su socio, Álvaro Pulido, a saber, Group Grand Limited (con sede en Hong Kong y también registró en México). En la nación azteca, Group Grand Limited, S.A. de C.V. está controlada por el hijo de Pulido, Emmanuel Enrique Rubio González).

  La otra empresa es Asasi Food FZE, igualmente manejadas por Saab y Pulido.

La verdad de los proyectos del chavismo

   En la acusación que la fiscalía del Distrito Sur de Florida formula contra Alex Naim Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, se explica cómo estos, luego de haber accedido a dólares preferenciales a través de CADIVI, justificaron sus operaciones con facturas y documentos falsos y fraudulentos, resultando que en muchas ocasiones los bienes negociados nunca llegaron a Venezuela.

    El juicio a Saab servirá, por tanto, para que salga a la luz la verdad de los proyectos de construcción de viviendas de interés social por los cuales se les juzgará y, asimismo, podría conocerse la verdad sobre el programa de alimentación CLAP que ha sido ampliamente cuestionado.

¿Por qué serán juzgados en Estados Unidos?

   Por la sencilla razón de que se valieron del sistema estadounidense para lavar fondos ilícitos productos de sobornos pagados a funcionarios gubernamentales venezolanos a cambio de la aprobación de contratos irregulares.

   Saab y Pulido transfirieron dichos fondos corruptos a entidades bancaria y financieras de los Estados Unidos violando así la legislación de este país, específicamente la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

  De este modo, fondos por USD 350.041.500 habían sido introducidos a través de diversas transferencias electrónicas desde cuentas bancarias en Venezuela a cuentas bancarias corresponsales en los Estados Unidos.

Corrupto sistema de control de cambios

  El juicio contra Álex Saab también develará el corrupto sistema de control de cambios imperantes en Venezuela durante largos años.

  Se verá cómo el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI), la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB) actúan corruptamente en Venezuela, permitiendo el desarrollo de actividades delictivas aun cuando el deber ser de todas estas instituciones se supone era el resguardo de la legalidad.

  Es decir, la realidad de un gobierno devenido en entidad criminal podría develarse durante el proceso criminal que se le seguirá a Álex Saab en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

También investigado en Colombia

   Las actividades de Álex Saab también fueron objeto de investigación en su país de origen, Colombia, donde en 2018 fue objeto de la pesquisa de la Fiscalía por el supuesto lavado de activos.

  Saab habría recurrido a todo tipo de argucias para evadir sus responsabilidades tributarias y aduaneras y para dar apariencia de legalidad a un esquema irregular de exportaciones e importaciones llevadas a cabo a través de la empresa Shantex S.A.

  Se le expropiaron seis propiedades evaluados en 38 mil millones de pesos.

  En el país neogranadino se le vincula a la exsenadora y excandidata presidencial, Piedad Córdoba, quien habría sido el puente que lo relacionó con el gobierno venezolano y lo habría ayudado a gestionar el pago de facturas pendientes desde la administración del finado Hugo Chávez.

Gestor del chavismo en el exterior

   En los últimos tiempos, a raíz de las sanciones impuestas al régimen de Maduro por los Estados Unidos, Álex Saab se convirtió en un importante agente del gobierno venezolano en el extranjero en razón de sus relaciones.

   Así, aparte de sus negocios con el CLAP, Saab pasó a diligenciar financiamiento para el régimen de Maduro y se convirtió en intermediario del dictador con sus nuevos aliados, a saber, Turquía e Irán, para llevar a cabo otros asuntos, como las exportaciones de oro.

   De hecho, al verse acorralado en Cabo Verde, la administración de Nicolás Maduro recurrió a la estrategia de catalogarlo como agente diplomático de Venezuela que, al momento de su detención, se encontraba en misión de estado viajando en calidad de enviado especial para negociar gasolina y ayuda humanitaria.

Con información privilegiada

   La comparecencia de Saab ante la justicia estadunidense se espera sirva para el empresario suministre información sobre las negociaciones irregulares llevadas a cabo por el régimen de Maduro, no solamente en materia del CLAP, sino de otros ámbitos.

   De hecho, tiene plena conciencia el gobierno de Maduro, el cual a través de una comunicación que le remitió el entonces canciller, Jorge Arreaza, le advirtió a Saab de que “Está usted en posesión de información concerniente a la seguridad y defensa de la nación considerada ‘clasificada’. Tenemos razones bien fundadas para estimar que, en caso de ser extraditado a Estados Unidos, usted será presionado por cualquier método, legítimo o no, para la revelación de dicha información, lo que supondría un gran riesgo para nuestro país”.

REFERENCIA 

[1] Department of Justice. Office of Public Affairs. “Two Colombian BusinessmEn Charged With Money Laundering in Connection With Venezuela Bribery Scheme”. 25 de julio de 2019. https://www.justice.gov/opa/pr/two-colombian-businessmen-charged-money-laundering-connection-venezuela-bribery-scheme

 

Tribunal de Florida transfirió a estatus de fugitivo de la justicia de los EE. UU. a José Gregorio Vielma Mora y otros acusados de corrupción y lavado de dinero

    


Por Maibort Petit 

     La Corte del Distrito Sur de la Florida pasó a estatus de fugitivo a un grupo de exfuncionarios y socios de Álex Saab, considerado testaferro de Nicolás Maduro, acusados de haber participado en un esquema de corrupción para expoliar millones de dólares del erario público venezolano y blanquearlos en el sistema financiero estadounidense. En la lista de fugitivos de la justicia norteamericana se encuentra el exgobernador, José Gregorio Vielma Mora, Álvado Pulido Vargas, Emmanuel ENrique Rubio González y Ana Guillermo Luis.

     El 7 de octubre de 2021, la fiscalía del Distrito Sur de la Florida presentó ante el tribunal homónimo la acusación que un Gran Jurado formulara contra Álvaro Pulido Vargas, alias“Germán Enrique Rubio Salas”, alias “Cuchi”, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González, Carlos Rolando Lizcano Manrique y Ana Guillermo Luis, señalándolos de la comisión de cinco cargos de lavado de dinero. Todo en violación a lo establecido en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Título 15 y el Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd1, et seq.(FCPA).
    El referido instrumento legal hace referencia a cierta clase de personas y entidades que actúan de manera corrupta en cumplimiento de una oferta, promesa, autorización o pago de dinero o cualquier cosa de valor a un funcionario de un gobierno extranjero con el propósito de influir en este e inducirlo a realizar u omitir ciertos actos, y asegurar una ventaja indebida para ayudar a esas clases de personas a obtener o retener negocios.

   La acusación señala que en los parámetros definidos en la FCPA encajan los imputados Álvaro Pulido Vargas, colombiano quien, junto con co-conspirador 1 controlaba varias compañías que obtuvieron contratos de COBISERTA y CORPOVEX para proveer alimentos y medicinas a Venezuela, incluyendo Group Grand Limited y Asasi Food.

  Asimismo, José Gregorio Vielma Mora, venezolano quien desde 2012 hasta 2017, fue gobernador del estado Táchira y desde esa posición supervisó COBISERTA y su proceso de contratación. Vielma Mora encaja en la figura de "funcionario extranjero" que se define en la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3 (9 (2) (A), y como "funcionario público", según la ley venezolana.
  Entretanto, el co-conspirador 1, colombiano, con Álvaro Pulido Vargas, controlaban varias empresas que obtuvieron contratos de COBISERTA y CORPOVEX. El co-conspirador 2, venezolano, es una “persona” como se usa ese término en la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3 (a).

   También figuran en la acusación el Funcionario 1 del Gobierno de Venezuela desde octubre de 2014 hasta septiembre de 2020 ostentó un alto rango en el FONDEN; el Oficial 1 del Gobierno de Venezuela quien se desempeñó con alto rango en BANDES. El funcionario 1 era un "funcionario extranjero" según se define ese término en la FCPA. El Funcionario 2, un venezolano que desde diciembre de 2017 hasta marzo de 2020 tuvo un alto cargo en el Ministerio de Finanzas y en BANDES, siendo un "funcionario extranjero" según la FCPA.
   Las entidades que figuran en la acusación son el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa estatal de distribución de alimentos y medicamentos.

  La Comercializadora de Bienes y Servicios del Estado Táchira (COBISERTA), la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX); el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas; el Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN); y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES); son un "departamento", "agencia" e "instrumentalidad" de un gobierno extranjero, y sus funcionarios y empleados son "funcionarios extranjeros", según se utilizan esos términos en la FCPA.

Conspiración para cometer blanqueo de capitales

  El primer cargo formulado contra los imputados es el de Conspiración para cometer blanqueo de capitales.

   Se indica que desde julio de 2015 hasta por lo menos 2020, en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, los acusados, Álvaro Pulido Vargas, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González, Carlos Rolando Lizcano Manrique y Ana Guillermo Luis, se combinaron, conspiraron, confederaron y acordaron a sabiendas y voluntariamente entre sí, y con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, para cometer un delito contra los Estados Unidos.
   Específicamente, se les señala de, primero, transportar, transmitir y transferir a sabiendas un instrumento monetario y fondos desde un lugar en los Estados Unidos hacia dentro y fuera del país, con la intención de promover la realización de una actividad ilegal específica, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A); y segundo, transportar, transmitir y transferir a sabiendas, un instrumento monetario y fondos que involucren el producto de una actividad ilegal especificada, desde un lugar en los Estados Unidos hacia fuera del país, sabiendo que los fondos involucrados representaban el producto de alguna actividad ilegal y que dichas operaciones se diseñaron en su totalidad o en parte para ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad y control de los ingresos de dicha actividad ilegal especificada, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (B) (i).

   Tales actividades constituyen un delito grave de violación de la FCPA bajo el Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3; y un delito contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que involucra el soborno de un funcionario público y la malversación, robo y malversación de fondos públicos por y para el beneficio de un funcionario público, según lo dispuesto por el Título 18, Estados Unidos Código, Sección 1956 (c) (7) (B) (iv).

El propósito de la conspiración

   Se señala en la acusación que el propósito de la conspiración para que los acusados y sus co-conspiradores fue enriquecerse ilegalmente a través de un plan para sobornar a funcionarios venezolanos y así obtener y retener contratos milmillonarios y otras ventajas comerciales con entidades. e instrumentalidades propiedad y controladas por el gobierno venezolano para la importación y entrega de alimentos y medicinas.

  Procuraban lavar los sobornos, ganancias y otros fondos relacionados con el esquema corrupto hacia y a través de cuentas en los Estados Unidos y así ocultar la naturaleza y el propósito de dicho plan corrupto.

El papel de Vielma Mora en la conspiración

   Los imputados y sus co-conspiradores utilizaron numerosas empresas controladas por ellos para celebrar contratos con el gobierno venezolano destinados a exportación de cajas de alimentos de México y cajas de medicinas de varios países, y distribuirlas en Venezuela.

   Pagaban sobornos a los funcionarios del gobierno venezolano, incluidos los funcionarios encargados de adjudicar los contratos, ocultando la naturaleza de las operaciones mediante el diseño de un esquema consistente en la creación de una red de cuentas bancarias personales y corporativas en múltiples países, las cuales utilizaban para recibir y transferir el producto de los contratos obtenidos de manera corrupta.

   Se describe que, en 2015, Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González, Carlos Rolando Lizcano Manrique, co-conspirador 1 y otros co-conspiradores maniobraron para obtener contratos relacionados con la producción, importación y distribución de alimentos con el gobierno venezolano. Para ese entonces, José Gregorio Vielma Mora se desempeñaba como gobernador del estado Táchira, posición desde la que supervisaba el proceso de contratación relacionado con el programa CLAP.

   Refiere que entre principios y mediados de 2016, Vielma Mora se reunió con los co=conspiradores 1 y 2 para conversar sobre su papel en la importación de alimentos al estado Táchira. También se reunió con Carlos Rolando Lizcano Manrique y los co-conspiradores 1 y 2 para discutir una propuesta para la producción, importación y distribución de cajas de alimentos para el programa CLAP. Entonces, bajo la dirección del gobernador tachirense, el co-conspirador 2 elaboró una propuesta cuyo costo real discutieron en una reunión sostenida entre el mandatario, Lizcano Manrique, co-conspirador 1 y co-conspirador 2.
   Entonces, el co-conspirador 1 acordó realizar pagos corruptos a Vielma Mora para obtener y retener contratos del CLAP en el estado Táchira. En tal sentido, el co-conspirador 1 ordenó a Lizcano Manrique y al co-conspirador 2 que trabajaran juntos para producir las cajas de alimentos para la importación a Venezuela.
   Después, a mediados o finales de 2016, José Gregorio Vielma Mora, Carlos Rolando Lizcano Manrique, co-conspirador 1 y co-conspirador 2 se reunieron con los Funcionarios del Gobierno de Venezuela 1 y 2 para obtener el apoyo de estos en la adjudicación de los contratos a empresas controladas por Álvaro Pulido Vargas y co-conspirador 1.

   La acusación precisa que el 14 de octubre de 2016, Group Grand Limited, empresa propiedad y controlada por Álvaro Pulido Vargas y co-conspirador 1, obtuvo un contrato de COBISERTA para importar y distribuir 10 millones de cajas de alimentos para el programa CLAP a USD 34 cada caja, para un monto total de USD 340.000.000. Una negociación que se llevó a cabo a pesar de que José Gregorio Vielma Mora sabía que el costo de producción e importación de dichas cajas era mucho menor, todo por el interés de que los co-conspiradores pudieran usar los fondos adicionales para pagarle los sobornos acordados a él y otros funcionarios involucrados en el esquema corrupto.

   En la conspiración, Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González, y otros fueron los encargados de la compra de alimentos en México, ensamblar las cajas de comida y exportarlas a Venezuela. Entretanto, Carlos Rolando Lizcano Manrique y otros fueron los encargados de recibir las cajas de alimentos en Venezuela y distribuirlas cajas en el Estado de Táchira.

  La acusación dice que a mediados o finales de 2016, José Gregorio Vielma Mora se reunió con los co-conspiradores 1 y 2 para conversar sobre la forma cómo recibiría el dinero del soborno que se le debía por su participación en la adjudicación de los contratos a las empresas de Álvaro Pulido Vargas. Acordaron que el co-conspirador 2 serviría como intermediario para recibir el dinero que después remitiría, pagaría, transferiría y dirigiría al gobernador. Por esta labor, co-conspirador 2 recibiría pagos en el esquema de soborno ilegal.

Una red de empresas y cuentas bancarias

   En el esquema de corrupción, a Ana Guillermo Luis, quien trabajaba para Álvaro Pulido y co-conspirator 1, le correspondió crear una red de decenas de empresas y cuentas bancarias asociadas en varios países. Dicha red le permitiría a Pulido Vargas, co-conspirator 1 y otros co-conspiradores recibir y mover el dinero pagado desde Venezuela por concepto de los contratos de alimentos y medicinas obtenidos de manera corrupta.

  En este sentido, Ana Guillermo Luis ayudó al co-conspirador 2 a abrir cuentas bancarias a través de las cuales recibía el dinero que, como intermediario, transfería luego a Vielma Mora, así como también para cobrar sus propias ganancias corruptas. También ayudó a crear empresas y abrir cuentas bancarias asociadas para que otros conspiradores recibieran su parte de las ganancias del esquema de soborno ilegal. Igualmente creó contratos y otros documentos falsos y fraudulentos para justificar las transferencias de fondos, sobornos y ganancias corruptas relacionadas con el esquema.

Las ganancias de Vielma Mora

   Refiere la acusación que entre el 12 de diciembre de 2016 y el 10 de abril de 2018, José Gregorio Vielma Mora y co-conspirator 2 recibieron aproximadamente USD 17.256.935 en sobornos y ganancias corruptas a cambio de su asistencia e influencia en la adjudicación de contratos de alimentos de COBISERTA y CORPOVEX. Su papel incluyó el otorgamiento de ventajas comerciales en beneficio de las empresas controladas por Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González, Carlos Rolando Lizcano Manrique, Ana Guillermo Luis y co-conspirador 1, entre otros.

  Desde el 12 de diciembre de 2016 hasta el 17 de julio de 2017, Vielma Mora y co-conspirador 2 provocaron transferencias electrónicas de aproximadamente USD 6.355.158 en ingresos del esquema de soborno ilegal a una cuenta bancaria en el sur Distrito de Florida propiedad y controlada por co-conspirador 2.
   Se indica que el 11 de febrero de 2017, co-conspirador 2 estaba en los Estados Unidos y transfirió USD 1.600.000 desde una cuenta bancaria que controlaba en Panamá a una cuenta bancaria que controlaba en el Distrito Sur de Florida cuyo destinatario final era José Gregorio Vielma Mora.

Más contratos, más ganancias corruptas

   El 14 de febrero de 2017, Group Grand Limited obtuvo un segundo contrato para importar y distribuir en Venezuela 10 millones de cajas de alimentos a través del programa CLAP. El valor de este contrato fue de USD 369.900.000.

  A principios de 2017, Álvaro Pulido Vargas y co-conspirator 1 procurar obtener otros contratos del programa CLAP mediante el pago de sobornos a funcionarios del gobierno venezolano.

  Del mismo modo, el 31 de marzo de 2017, Group Grand Limited obtuvo un contrato de CORPOVEX por USD 70.889.234 para importar y distribuir medicamentos en Venezuela a través del programa CLAP. Un segundo contrato de esta naturaleza lo logró el 22 de mayo de 2017 por USD 74.990.942.

  En julio de 2017, los miembros de la conspiración recibieron transferencias electrónicas del FONDEN por un total de USD 33.750.295 a una cuenta en Antigua a nombre de Group Grand Limited, como pago de los contratos de alimentos y medicinas obtenidos de manera corrupta.

  Desde enero de 2018 hasta marzo de 2018, los miembros de la conspiración recibieron transferencias electrónicas de BANDES por un total de USD. 105.001.292 a una cuenta en los Emiratos Árabes Unidos a nombre de Asasi Food, empresa de propiedad y controlado por Álvaro Pulido Vargas y co-conspirator 1, como pago por los contratos de alimentos y medicinas.

   Describe la acusación que, desde enero de 2018 hasta mayo de 2018, los miembros de la conspiración recibieron transferencias bancarias de BANDES por un total de 248.727.831 euros en una cuenta en los Emiratos Árabes Unidos a nombre de Asasi Food.

  Se señala que, durante el transcurso de la conspiración, Álvaro Pulido Vargas Carlos Rolando Lizcano Manrique y co-conspirator 1, utilizaron parte de a través de los referidos contratos corruptos, para transferir de manera electrónica, al menos USD 10.000.000 a cuentas bancarias en los Estados Unidos de propiedad, controladas por y para el beneficio de los co-conspiradores. Por lo menos USD 5.500.000 de esos fondos se transfirieron directamente al Distrito Sur de Florida.

  También se indica que en el transcurso de la conspiración, Álvaro Pulido Vargas y co-conspirador 1 transfirieron en su nombre, al menos USD 170.000.000 en ganancias a través de bancos corresponsales en los Estados Unidos a cuentas bancarias en beneficio de los co-conspiradores. Por cable, ellos y sus empresas transfirieron USD 22.000.000 a una empresa de transporte y envío de carga ubicada en México, para pagar los costos asociados con el cumplimiento de los contratos COBISERTA y CORPOVEX.

   También USD 50.000.000 a una empresa de servicios de alimentos ubicada en México, a través de cuentas bancarias corresponsales en los Estados Unidos, para pagar los costos asociados con el cumplimiento de los contratos COBIERTA y CORPOVEX.

  En razón de la escasez de dólares estadounidenses experimentada por Venezuela, lo cual le impedía pagar a empresas extranjeras, el co-conspirador 1 y Álvaro Pulido Vargas realizaron negocios para refinar y vender oro en nombre de Venezuela para facilitar así la obtención de divisas y el correspondiente pago a sus empresas.
    El 6 de marzo de 2019, el co-conspirador 2, mientras se encontraba en los Estados Unidos, autorizó la transferencia de fondos bajo la dirección de José Gregorio Vielma Mora desde una cuenta bancaria en el Distrito Sur de Florida a individuos para beneficio del gobernador.

   El 5 de agosto de 2019, co-conspirador 2 autorizó una transacción con tarjeta de crédito utilizando la tarjeta de crédito para pagar USD 4.499 a un sitio web de viajes de un familiar cercano de José Gregorio Vielma Mora.

Los cargos por blanqueo de Instrumentos Monetarios

   La acusación además contempla cargos —del 2 al 5— por blanqueo de instrumentos monetarios.

  Las operaciones que contemplan dichos cargos se describen en el siguiente cuadro:

   La acusación contempla que de ser declarados culpables, se confiscarán todas las propiedades que los imputados tengan en los Estados Unidos.

  Se incluye el decomiso de USD 1.607.626.307,19 en moneda estadounidense, que representa la cantidad de fondos involucrados en las violaciones del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 que se alega en la acusación.

sábado, 6 de noviembre de 2021

En México, primero con Álex Saab y luego con una red de empresas fantasmas, se fraguó el gran fraude del CLAP

   La impronta del chavismo se ha hecho sentir en la nación azteca, donde a través de empresas de fachada se esquilma el erario público con el hambre del pueblo venezolano como excusa.

Por Maibort Petit
   Cuando la trama de corrupción liderada por el empresario colombiano señalado de ser un presunto testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, quedó al descubierto y luego fue detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde desde donde fue extraditado recientemente a Estados Unidos para proceder a su enjuiciamiento por lavado de dinero, no cesaron las negociaciones irregulares a costa del hambre de los venezolanos, pues entonces surgió una nueva red de empresas de fachada relacionada con exfuncionarios y diversos agentes del chavismo que, en aparente conjunción con el régimen imperante en Venezuela, siguen esquilmando el erario público bajo la mampara del programa alimentario conocido como los Comité de Abastecimiento y Producción (CLAP). Entre los protagonistas de este supuesto nuevo clan de la corrupción, se encuentra el exalcalde chavista del municipio Guanta del estado Anzoátegui, al oriente de Venezuela, Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino —prófugo de la justicia— y su esposa, Esneidy Mayerling Villanueva Medina, quienes se han posicionado en la nación azteca a tal extremo de que ya han logrado con sus empresas de maletín, establecer negociaciones con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador[1].
   Una investigación llevada a cabo por la asociación civil sin fines de lucro Mexicanos contra la corrupción y la impunidad (MCCI) determinó que entre los años 2019 y 2020 fueron constituidas ocho empresas en Nuevo León, Baja California, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato y la zona metropolitana de la Ciudad de México, las cuales habrían sido utilizadas junto a un conjunto de trece importadoras con sede en Hong Kong, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas para —bajo una contratación por USD 64 millones— enviar comida a Venezuela. Las empresas de Álex Saab, Group Grand Limited y Asasi Food, habían encontrado sustitutas. El milmillonario negocio de vender comida en mal estado y sobreprecio que habría dejado grandes dividendos al colombiano, ahora derivaba a otra red que asumía las turbias contrataciones[2]. “A rey muerto, rey puesto”, reza el refrán popular.
Las empresas sucesoras a las de Saab

   La red sustituta de empresas a las ya caídas en desgracia propiedad de Álex Saab, estaba integrada por firmas registradas para actuar como “intermediarias de e empresarios cercanos al presidente venezolano Nicolás Maduro y a la vicepresidenta Delcy Rodríguez”.

   Estas se constituyeron entre 2019 y 2020, estando ubicadas cuatro de ellas en Fresnillo, Zacatecas, en la huasteca de Veracruz y en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Los socios de estas compañías habrían negociado con Patrizia Mundarain Guzmán, acusada de participar en un esquema de desvío de fondos públicos en Venezuela en connivencia con Esneidy Mayerling Villanueva Medina, la señalada esposa de Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, de quien haremos referencia más adelante.
   Patricia Mundarain Guzmán —en la actualidad prófuga de la justicia venezolana— es hermana de Leddys Mundarain, vinculada con el caso de Pedro León, exzar de la Faja Petrolífera del Orinoco, quien se desempeñaba en ese momento como Gerente de Contrataciones de la División Ayacucho.
 
   Patricia Mundarain recibía contratos con sobreprecios y beneficios dado el parentesco con Leddys y su relación corrupta con León, una trama que se extendió por más de 10 años[3].

   La información de MCCI cita en primer término a las empresas Mass Joy Industries Limited[4], Million Rise Industries Limited[5] y Shinning Capital International Limited[6], registradas en Hong Kong, las cuales sirvieron para establecer los contratos millonarios para el suministro de alimentos destinados al gobierno venezolano. La investigación refiere que uno de estos contratos fue en beneficio de a Yussef Abou Nassif[7], quien según la publicación estaría ligado sentimentalmente a la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
   Las citadas empresas habrían realizados envíos de alimentos a Venezuela en 2018 por USD 30 millones de B-Eminent Inc[8]., la cual fue catalogada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México como “fantasma” o simuladora de operaciones.

  Se indica que a partir de 2019 surgieron otras empresas intermediarias entre México y Venezuela, a saber, Gardfield Trading Limited[9] (Hong Kong); Agrostar Supply Corp[10]. (Islas Vírgenes Británicas); La Jacinta y Verlimax SA (Uruguay).

   La nota de MCCI indica que Agrostar Supply fue intermediaria de Limari SA de CV, una compañía que el SAT calificó de “fantasma” o facturera (una empresa facturera es aquella que emite facturas de operaciones simuladas, inexistentes o ficticias). Esta firma habría registrado en 2019 supuestos envíos de alimentos a Venezuela por USD 1.5 millones. A su vez, La Jacinta actuó con B-Eminent (empresa facturera) para operaciones por USD 1.4 millones. Entretanto,

   Value Orientated Services Vos SA de CV reportó envíos a Venezuela por USD 28 millones. El SAT estableció que esta era una empresa que simulaba operaciones.

  Estas empresas importadoras sirvieron también a Integradora de Productores del Estado de México (IPEM) y a Empacadora Abeto SA de CV, con negocios con Patricia Mundarain y Mayerling Villanueva. En 2019 se sumaron Comercializadora y Productora de Semillas Veracruzana SA de CV y Empacadora y Comercializadora de Granos del País. Juntas, estas firmas facturaron USD 39 millones en alimentos para Venezuela. IPEM fue la que mayor actividad reportó con Venezuela.

   Empacadora y Comercializadora de Granos del País, trabajó con Garfield Trading y Shinning Capital de Hong Kong y Megalco, de Venezuela. Semillas Veracruzana utilizó como intermediaria a Worldwide Food y a Agrostar Supply; Empacadora Abeto recurrió a Shinning Capital, a Jetsky Trading, a Internacional de Productos, Verlimax y La Jacinta.

  Integradora de Productores del Estado de México (IPEM) se constituyó en abril de 2011 y tiene sede en Veracruz, en donde tiene una planta de producción de arroz. Como director figura Óscar Francisco Sandoval Nieves, quien forma parte del directorio de tres compañías en Panamá surgidas entre 2017 y 2019: Integradora PANAM-México, Thalesis Holding Group y E.G.S. El Gigante de Sudamérica. Esta última firma está asociada a Patrizia José Mundarain Guzmán.

Quién es Jhonnathan Marín Sanguino

  Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino se inició en la política en el año 2002 en las filas del Movimiento Quinta República (MVR) partido político fundado por el finado expresidente, Hugo Chávez Frías. A partir de 2008 asumió como alcalde del municipio autónomo de Guanta y gobernó la localidad por dos períodos consecutivos hasta que, en 2017, a través de una carta, renunció al cargo aduciendo el estado de salud de uno de sus hijos.

   También se lo señaló de estar incurso en casos de corrupción en la Faja Petrolífera del Orinoco, de acuerdo al fiscal designado por el régimen, Tarek William Saab.

  En junio de 2020, el contralor general de la república designado por asamblea nacional constituyente, Elvis Amoroso, lo inhabilitó para ejercer cargos en la administración pública por 15 años, en razón del desvío de fondos públicos[11].
“Se declaró la responsabilidad administrativa de Marín por irregularidades administrativas en los períodos fiscales 2013, 2014, el primer semestre de 2015 y 2019. Entre los años 2013 y 2019 se le aprobó un presupuesto de 388 millones 544 mil 836 bolívares (lo que equivale a 38 millones 854 mil 483 dólares). En ese período no presentó la documentación justificativa de las operaciones administrativas. Amoroso señaló que la alcaldía de Guanta pagó 1 millón 630 mil 959 bolívares (163.000 dólares) por concepto de rehabilitación del parque La Sirenita. Las obras no se ejecutaron. Marín también descontó los montos del Seguro Social, fondo de jubilaciones y ahorro para vivienda de los trabajadores de la alcaldía durante los ejercicios fiscales de 2019 y el primer semestre del 2015, lo que creó una deuda para la institución”[12].

  Pero ya desde 2017 se encontraba fuera del país al haber huido cuando conoció que había sido librada una orden de aprehensión en su contra emitida por tribunal 21 de control del Área Metropolitana de Caracas el 4 de febrero de 2019 por la presunta comisión de los delitos Peculado Doloso Impropio y Asociación para Delinquir. Posteriormente, se le dictaron medidas de incautación de bienes y propiedades, así como bloqueo de cuentas bancarias[13].

La negociación con el IMSS

   Habría escapada de Venezuela a través de la frontera con Colombia, donde pasó un tiempo en Bogotá, luego se Trasladó a Miami y de allí a México donde, con su esposa constituyó tres empresas dedicadas a las áreas farmacéutica y petrolera. Con una de estas empresas, Neurova Life S.A de C.V., suscribió contrato por 817 mil pesos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para el suministro de 361 mil tapabocas, como revela la investigación de MCCI.

   La página web de Neurova Life dice que ofrece “soluciones que respaldan el cuidado de los pacientes, mejoran la eficiencia y que además son accesibles para todo tipo de organizaciones médicas”.

    Refieren que la empresa está ubicada en la Prolongación Paseo de la Reforma 1015, Colonia Santa Fe, Álvaro Obregón, Edificio Corporativo Punta Santa Fe, Ciudad de México, 01376. El correo electrónico es comercializacion@neurova.life y su teléfono el + 52 1 (55) 4123 4124[14].

   En el acta constitutiva de la empresa Esneidy Mayerling Villanueva figura como la administradora única de la firma.
 Cortesía de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad

     Entretanto, el portal Quién es Quién.Wiki informa que Neurova Life SA de CV ha obtenido contratos como proveedor por un total de 704.367,3 pesos durante el año 2021 con la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de la Delegación Sur del Distrito Federal, dependencia del Instituto Mexicano del Seguro Social[15]. El precio del contrato se eleva a $ 817.066,07 debido a la plicación del IVA por $ 112.698,77.

   MCCI advierte que se trató de un contrato obtenido bajo la modalidad de adjudicación directa “para la adquisición de materiales de curación y de laboratorio del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Distrito Federal Sur del IMSS”.

     La información revela que según “el acta constitutiva de Neurova Life, el objeto de la empresa incluye actividades que van desde la compra, venta, importación y comercialización de productos medicinales, naturistas y medicamentos, artículos médicos, quirúrgicos, ortopédicos y de belleza, hasta contratación de personal médico y clínico, entre otras”.

    Se determinó en los tapabocas suministrados por Neurova Life son elaborados por Textilera Poblana de Productos Auxiliares Pam, S.A. de C.V., compañía que fue creada en mayo del 2020 y que ha recibido desde entonces contratos por más de 2 millones de pesos, en su mayoría del IMSS.

   Por su parte, el IMSS aseguró que el procedimiento “se realizó a través del Sistema Electrónico CompraNET, con estricto apego a derecho, de manera pública y transparente conforme al Artículo 41, fracción II de la Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector Público”.

   Aclararon que la negociación se hizo ¡por adjudicación directa en razón de que se requería una adquisición expedita y la licitación podía extenderse al manos por 45 días hábiles[16].

Las otras empresas de Marín Sanguino

   Aparte de Neurova Life, Jhonnathan Marín y Esneidy Mayerling Villanueva Medina fundaron otra empresa comercializadora de medicinas e insumos hospitalarios y otra de servicios para actividades petroleras y mineras.

   Estas tres compañías se constituyeron entre el 24 de marzo y el 14 de abril de 2020 ante la Notaría a cargo de Amado Mastachi Aguario.

   Esneidy Mayerling Villanueva Medina también figura en el directorio de dos empresas constituidas en el estadio de la Florida, Estados Unidos, que en la actualidad aparecen como inactivas. La primera, Inversiones J.M 2004, C.A Corp., registrada el 25 de julio de 2014 bajo el número P14000062624, número FEI/EIN 32-0446487. Como dirección de empresa y su presidenta, Esneidy Medina, figuraba el 21011 Johnson Street, Suite 110, Pembroke Pines, FL 33029. La compañías fue disuelta administrativamente el 25 de septiembre de 2020[17].

    La otra compañía era Group Services & Transporte Vip C.A. Inc., registrada el 11 de julio de 2014 bajo el número P14000059479, número FEI/EIN 38-3936768. Estaba presidida por Esneidy Medina quien al igual que la empresa tenía como dirección el 11046 W Flagler St., Miami, FL 33174. La empresa se disolvió voluntariamente el 11 de marzo de 2017[18].

  MCCI refiere que esta segunda red operó hasta 2020 cuando el Departamento del Tesoro de los EE. UU. anunció investigaciones al respecto.

Derecho a réplica de Patrizia Mundarain



REFERENCIAS 
[1] Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. “Contrata IMSS a empresa ligada a prófugo venezolano”. 7 de agosto de 2021. https://contralacorrupcion.mx/contrata-imss-a-empresa-ligada-a-profugo-venezolano/


[2] Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. “La otra trama oscura de las redes de Maduro en México”. 3 de noviembre de 2021. https://contralacorrupcion.mx/la-otra-trama-oscura-de-las-redes-de-maduro-en-mexico/


[3] Lechuga News. “Se Teje Red de Corrupción y Nepotismo Dentro de PDVSA”. S/F. https://lechuganews.info/red-de-corrupcion-y-nepotismo-dentro-de-pdvsa/





[5] Hong Kong Companies Directory. Million Rise Industries Limited. https://www.hkcorporationsearch.com/companies/0526969/


[6] Hong Kong Companies Directory. Shinning Capital International Limited. https://www.hkcorporationsearch.com/companies/2317173/


[7] El Publique. “¿Quién es Yussef Abou Nassif y cómo sus relaciones políticas han hecho prosperar sus empresas en Venezuela?”. 18 de agosto de 2021. https://www.elpublique.me/2021/08/quien-es-yussef-abou-nassif-y-como-su.html


[8] Panjiva. B Eminent Inc. De Mexico S.A De C.V. https://es.panjiva.com/B-Eminent-Inc-De-Mexico-S-A-De-C-V/41617419


[9] Hong Kong Companies Directory. Gardfield Trading Limited. https://www.hkcorporationsearch.com/companies/2746891/





[11] Entorno Inteligente. “Contraloría del régimen inhabilitó por 15 años a Jonathan Marín y Ramón Muchacho para ejercer cargos públicos”. 5 de junio de 2020. https://www.entornointeligente.com/contralora-del-rgimen-inhabilit-por-15-aos-a-jonathan-marn-y-ramn-muchacho-para-ejercer-cargos-pblicos/


[12] Hable.se. “Jhonnathan Marín Sanguino y su historia de corrupción en Venezuela”. 11 de marzo de 2021. https://www.hable.se/2021/03/jhonnathan-marin-sanguino-y-su-historia.html



[13] Al Navío. “Jhonnathan Marín, el político que buscan en Venezuela por corrupción y hace negocios en México (+video)”. 1 de noviembre de 2021. https://alnavio.es/jhonnathan-marin-el-politico-que-buscan-en-venezuela-por-corrupcion-y-hace-negocios-en-mexico-video/









[16] El Heraldo de Saltillo. “IMSS niega información de Mexicanos contra la Corrupción”. 8 de agosto de 2021. https://www.elheraldodesaltillo.mx/2021/08/08/imss-niega-informacion-de-mexicanos-contra-la-corrupcion/