Conozca el papel protagónico de José Gregorio Vielma Mora en el esquema de lavado de dinero encabezado por Álvaro Pulido Vargas, socio de Álex Saab

   El alto dirigente chavista habría recibido millones de dólares en cuentas bancarias creadas para recibir los fondos corruptos derivados del manejo irregular del programa de alimentación gubernamental.

Por Maibort Petit 

   En el esquema de corrupción del esquema de corrupción encabezado por el socio de Álex Saab, Álvaro Pulido Vargas, juega un papel fundamental el exgobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, alto personero del partido de gobierno y ficha importante del chavismo desde los primeros tiempos de la denominada revolución bolivariana. La acusación que la fiscalía de los Estados Unidos presentó ante la El Tribunal del Distrito Sur de la Florida, describe al detalle la participación de Vielma Mora en la trama corrupta que esquilmó millones de dólares al estado venezolano a través del programa de alimentación CLAP.

La acusación

   El 7 de octubre de 2021, la fiscalía del Distrito Sur de la Florida presentó ante el tribunal homónimo la acusación que un Gran Jurado formulara contra Álvaro Pulido Vargas, alias“Germán Enrique Rubio Salas”, alias “Cuchi”, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González, Carlos Rolando Lizcano Manrique y Ana Guillermo Luis, señalándolos de la comisión de cinco cargos de lavado de dinero. Todo en violación a lo establecido en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Título 15 y el Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd1, et seq.(FCPA).

    El referido instrumento legal hace referencia a cierta clase de personas y entidades que actúan de manera corrupta en cumplimiento de una oferta, promesa, autorización o pago de dinero o cualquier cosa de valor a un funcionario de un gobierno extranjero con el propósito de influir en este e inducirlo a realizar u omitir ciertos actos, y asegurar una ventaja indebida para ayudar a esas clases de personas a obtener o retener negocios.

   La acusación señala que en los parámetros definidos en la FCPA encajan los imputados Álvaro Pulido Vargas, colombiano quien, junto con co-conspirador 1 controlaba varias compañías que obtuvieron contratos de COBISERTA y CORPOVEX para proveer alimentos y medicinas a Venezuela, incluyendo Group Grand Limited y Asasi Food.

  Asimismo, José Gregorio Vielma Mora, venezolano quien desde 2012 hasta 2017, fue gobernador del estado Táchira y desde esa posición supervisó COBISERTA y su proceso de contratación. Vielma Mora encaja en la figura de "funcionario extranjero" que se define en la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3 (9 (2) (A), y como "funcionario público", según la ley venezolana.

  Entretanto, el co-conspirador 1, colombiano, con Álvaro Pulido Vargas, controlaban varias empresas que obtuvieron contratos de COBISERTA y CORPOVEX. El co-conspirador 2, venezolano, es una “persona” como se usa ese término en la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3 (a).

   También figuran en la acusación el Funcionario 1 del Gobierno de Venezuela desde octubre de 2014 hasta septiembre de 2020 ostentó un alto rango en el FONDEN; el Oficial 1 del Gobierno de Venezuela quien se desempeñó con alto rango en BANDES. El funcionario 1 era un "funcionario extranjero" según se define ese término en la FCPA. El Funcionario 2, un venezolano que desde diciembre de 2017 hasta marzo de 2020 tuvo un alto cargo en el Ministerio de Finanzas y en BANDES, siendo un "funcionario extranjero" según la FCPA.

   Las entidades que figuran en la acusación son el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa estatal de distribución de alimentos y medicamentos.

  La Comercializadora de Bienes y Servicios del Estado Táchira (COBISERTA), la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX); el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas; el Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN); y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES); son un "departamento", "agencia" e "instrumentalidad" de un gobierno extranjero, y sus funcionarios y empleados son "funcionarios extranjeros", según se utilizan esos términos en la FCPA.

Conspiración para cometer blanqueo de capitales

  El primer cargo formulado contra los imputados es el de Conspiración para cometer blanqueo de capitales.

   Se indica que desde julio de 2015 hasta por lo menos 2020, en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, los acusados, Álvaro Pulido Vargas, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González, Carlos Rolando Lizcano Manrique y Ana Guillermo Luis, se combinaron, conspiraron, confederaron y acordaron a sabiendas y voluntariamente entre sí, y con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, para cometer un delito contra los Estados Unidos.

   Específicamente, se les señala de, primero, transportar, transmitir y transferir a sabiendas un instrumento monetario y fondos desde un lugar en los Estados Unidos hacia dentro y fuera del país, con la intención de promover la realización de una actividad ilegal específica, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A); y segundo, transportar, transmitir y transferir a sabiendas, un instrumento monetario y fondos que involucren el producto de una actividad ilegal especificada, desde un lugar en los Estados Unidos hacia fuera del país, sabiendo que los fondos involucrados representaban el producto de alguna actividad ilegal y que dichas operaciones se diseñaron en su totalidad o en parte para ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad y control de los ingresos de dicha actividad ilegal especificada, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (B) (i).

   Tales actividades constituyen un delito grave de violación de la FCPA bajo el Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3; y un delito contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que involucra el soborno de un funcionario público y la malversación, robo y malversación de fondos públicos por y para el beneficio de un funcionario público, según lo dispuesto por el Título 18, Estados Unidos Código, Sección 1956 (c) (7) (B) (iv).

El propósito de la conspiración

   Se señala en la acusación que el propósito de la conspiración para que los acusados y sus co-conspiradores fue enriquecerse ilegalmente a través de un plan para sobornar a funcionarios venezolanos y así obtener y retener contratos milmillonarios y otras ventajas comerciales con entidades. e instrumentalidades propiedad y controladas por el gobierno venezolano para la importación y entrega de alimentos y medicinas.

  Procuraban lavar los sobornos, ganancias y otros fondos relacionados con el esquema corrupto hacia y a través de cuentas en los Estados Unidos y así ocultar la naturaleza y el propósito de dicho plan corrupto.

El papel de Vielma Mora en la conspiración

   Los imputados y sus co-conspiradores utilizaron numerosas empresas controladas por ellos para celebrar contratos con el gobierno venezolano destinados a exportación de cajas de alimentos de México y cajas de medicinas de varios países, y distribuirlas en Venezuela.

   Pagaban sobornos a los funcionarios del gobierno venezolano, incluidos los funcionarios encargados de adjudicar los contratos, ocultando la naturaleza de las operaciones mediante el diseño de un esquema consistente en la creación de una red de cuentas bancarias personales y corporativas en múltiples países, las cuales utilizaban para recibir y transferir el producto de los contratos obtenidos de manera corrupta.

   Se describe que, en 2015, Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González, Carlos Rolando Lizcano Manrique, co-conspirador 1 y otros co-conspiradores maniobraron para obtener contratos relacionados con la producción, importación y distribución de alimentos con el gobierno venezolano. Para ese entonces, José Gregorio Vielma Mora se desempeñaba como gobernador del estado Táchira, posición desde la que supervisaba el proceso de contratación relacionado con el programa CLAP.

   Refiere que entre principios y mediados de 2016, Vielma Mora se reunió con los co=conspiradores 1 y 2 para conversar sobre su papel en la importación de alimentos al estado Táchira. También se reunió con Carlos Rolando Lizcano Manrique y los co-conspiradores 1 y 2 para discutir una propuesta para la producción, importación y distribución de cajas de alimentos para el programa CLAP. Entonces, bajo la dirección del gobernador tachirense, el co-conspirador 2 elaboró una propuesta cuyo costo real discutieron en una reunión sostenida entre el mandatario, Lizcano Manrique, co-conspirador 1 y co-conspirador 2.

   Entonces, el co-conspirador 1 acordó realizar pagos corruptos a Vielma Mora para obtener y retener contratos del CLAP en el estado Táchira. En tal sentido, el co-conspirador 1 ordenó a Lizcano Manrique y al co-conspirador 2 que trabajaran juntos para producir las cajas de alimentos para la importación a Venezuela.

   Después, a mediados o finales de 2016, José Gregorio Vielma Mora, Carlos Rolando Lizcano Manrique, co-conspirador 1 y co-conspirador 2 se reunieron con los Funcionarios del Gobierno de Venezuela 1 y 2 para obtener el apoyo de estos en la adjudicación de los contratos a empresas controladas por Álvaro Pulido Vargas y co-conspirador 1.

   La acusación precisa que el 14 de octubre de 2016, Group Grand Limited, empresa propiedad y controlada por Álvaro Pulido Vargas y co-conspirador 1, obtuvo un contrato de COBISERTA para importar y distribuir 10 millones de cajas de alimentos para el programa CLAP a USD 34 cada caja, para un monto total de USD 340.000.000. Una negociación que se llevó a cabo a pesar de que José Gregorio Vielma Mora sabía que el costo de producción e importación de dichas cajas era mucho menor, todo por el interés de que los co-conspiradores pudieran usar los fondos adicionales para pagarle los sobornos acordados a él y otros funcionarios involucrados en el esquema corrupto.

   En la conspiración, Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González, y otros fueron los encargados de la compra de alimentos en México, ensamblar las cajas de comida y exportarlas a Venezuela. Entretanto, Carlos Rolando Lizcano Manrique y otros fueron los encargados de recibir las cajas de alimentos en Venezuela y distribuirlas cajas en el Estado de Táchira.

  La acusación dice que a mediados o finales de 2016, José Gregorio Vielma Mora se reunió con los co-conspiradores 1 y 2 para conversar sobre la forma cómo recibiría el dinero del soborno que se le debía por su participación en la adjudicación de los contratos a las empresas de Álvaro Pulido Vargas. Acordaron que el co-conspirador 2 serviría como intermediario para recibir el dinero que después remitiría, pagaría, transferiría y dirigiría al gobernador. Por esta labor, co-conspirador 2 recibiría pagos en el esquema de soborno ilegal.

Una red de empresas y cuentas bancarias

   En el esquema de corrupción, a Ana Guillermo Luis, quien trabajaba para Álvaro Pulido y co-conspirator 1, le correspondió crear una red de decenas de empresas y cuentas bancarias asociadas en varios países. Dicha red le permitiría a Pulido Vargas, co-conspirator 1 y otros co-conspiradores recibir y mover el dinero pagado desde Venezuela por concepto de los contratos de alimentos y medicinas obtenidos de manera corrupta.

  En este sentido, Ana Guillermo Luis ayudó al co-conspirador 2 a abrir cuentas bancarias a través de las cuales recibía el dinero que, como intermediario, transfería luego a Vielma Mora, así como también para cobrar sus propias ganancias corruptas. También ayudó a crear empresas y abrir cuentas bancarias asociadas para que otros conspiradores recibieran su parte de las ganancias del esquema de soborno ilegal. Igualmente creó contratos y otros documentos falsos y fraudulentos para justificar las transferencias de fondos, sobornos y ganancias corruptas relacionadas con el esquema.

Las ganancias de Vielma Mora

   Refiere la acusación que entre el 12 de diciembre de 2016 y el 10 de abril de 2018, José Gregorio Vielma Mora y co-conspirator 2 recibieron aproximadamente USD 17.256.935 en sobornos y ganancias corruptas a cambio de su asistencia e influencia en la adjudicación de contratos de alimentos de COBISERTA y CORPOVEX. Su papel incluyó el otorgamiento de ventajas comerciales en beneficio de las empresas controladas por Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González, Carlos Rolando Lizcano Manrique, Ana Guillermo Luis y co-conspirador 1, entre otros.

  Desde el 12 de diciembre de 2016 hasta el 17 de julio de 2017, Vielma Mora y co-conspirador 2 provocaron transferencias electrónicas de aproximadamente USD 6.355.158 en ingresos del esquema de soborno ilegal a una cuenta bancaria en el sur Distrito de Florida propiedad y controlada por co-conspirador 2.

   Se indica que el 11 de febrero de 2017, co-conspirador 2 estaba en los Estados Unidos y transfirió USD 1.600.000 desde una cuenta bancaria que controlaba en Panamá a una cuenta bancaria que controlaba en el Distrito Sur de Florida cuyo destinatario final era José Gregorio Vielma Mora.

Más contratos, más ganancias corruptas

   El 14 de febrero de 2017, Group Grand Limited obtuvo un segundo contrato para importar y distribuir en Venezuela 10 millones de cajas de alimentos a través del programa CLAP. El valor de este contrato fue de USD 369.900.000.

  A principios de 2017, Álvaro Pulido Vargas y co-conspirator 1 procurar obtener otros contratos del programa CLAP mediante el pago de sobornos a funcionarios del gobierno venezolano.

  Del mismo modo, el 31 de marzo de 2017, Group Grand Limited obtuvo un contrato de CORPOVEX por USD 70.889.234 para importar y distribuir medicamentos en Venezuela a través del programa CLAP. Un segundo contrato de esta naturaleza lo logró el 22 de mayo de 2017 por USD 74.990.942.

  En julio de 2017, los miembros de la conspiración recibieron transferencias electrónicas del FONDEN por un total de USD 33.750.295 a una cuenta en Antigua a nombre de Group Grand Limited, como pago de los contratos de alimentos y medicinas obtenidos de manera corrupta.

  Desde enero de 2018 hasta marzo de 2018, los miembros de la conspiración recibieron transferencias electrónicas de BANDES por un total de USD. 105.001.292 a una cuenta en los Emiratos Árabes Unidos a nombre de Asasi Food, empresa de propiedad y controlado por Álvaro Pulido Vargas y co-conspirator 1, como pago por los contratos de alimentos y medicinas.

   Describe la acusación que, desde enero de 2018 hasta mayo de 2018, los miembros de la conspiración recibieron transferencias bancarias de BANDES por un total de 248.727.831 euros en una cuenta en los Emiratos Árabes Unidos a nombre de Asasi Food.

  Se señala que, durante el transcurso de la conspiración, Álvaro Pulido Vargas Carlos Rolando Lizcano Manrique y co-conspirator 1, utilizaron parte de a través de los referidos contratos corruptos, para transferir de manera electrónica, al menos USD 10.000.000 a cuentas bancarias en los Estados Unidos de propiedad, controladas por y para el beneficio de los co-conspiradores. Por lo menos USD 5.500.000 de esos fondos se transfirieron directamente al Distrito Sur de Florida.

  También se indica que en el transcurso de la conspiración, Álvaro Pulido Vargas y co-conspirador 1 transfirieron en su nombre, al menos USD 170.000.000 en ganancias a través de bancos corresponsales en los Estados Unidos a cuentas bancarias en beneficio de los co-conspiradores. Por cable, ellos y sus empresas transfirieron USD 22.000.000 a una empresa de transporte y envío de carga ubicada en México, para pagar los costos asociados con el cumplimiento de los contratos COBISERTA y CORPOVEX.

   También USD 50.000.000 a una empresa de servicios de alimentos ubicada en México, a través de cuentas bancarias corresponsales en los Estados Unidos, para pagar los costos asociados con el cumplimiento de los contratos COBIERTA y CORPOVEX.

  En razón de la escasez de dólares estadounidenses experimentada por Venezuela, lo cual le impedía pagar a empresas extranjeras, el co-conspirador 1 y Álvaro Pulido Vargas realizaron negocios para refinar y vender oro en nombre de Venezuela para facilitar así la obtención de divisas y el correspondiente pago a sus empresas.

    El 6 de marzo de 2019, el co-conspirador 2, mientras se encontraba en los Estados Unidos, autorizó la transferencia de fondos bajo la dirección de José Gregorio Vielma Mora desde una cuenta bancaria en el Distrito Sur de Florida a individuos para beneficio del gobernador.

   El 5 de agosto de 2019, co-conspirador 2 autorizó una transacción con tarjeta de crédito utilizando la tarjeta de crédito para pagar USD 4.499 a un sitio web de viajes de un familiar cercano de José Gregorio Vielma Mora.

Los cargos por blanqueo de Instrumentos Monetarios

   La acusación además contempla cargos —del 2 al 5— por blanqueo de instrumentos monetarios.

  Las operaciones que contemplan dichos cargos se describen en el siguiente cuadro:

   La acusación contempla que de ser declarados culpables, se confiscarán todas las propiedades que los imputados tengan en los Estados Unidos.

  Se incluye el decomiso de USD 1.607.626.307,19 en moneda estadounidense, que representa la cantidad de fondos involucrados en las violaciones del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 que se alega en la acusación.

EE. UU. acusa a cinco personas acusadas de lavado de dinero en relación con un presunto plan de soborno en Venezuela, José Gregorio Vielma Mora es uno de los señalados

Por Maibort Petit

   Un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida emitió una acusación formal el 7 de octubre, que fue revelada este jueves, acusando a tres ciudadanos colombianos y dos ciudadanos venezolanos por sus supuestos roles en el lavado de las ganancias de los contratos para proporcionar alimentos y medicinas a Venezuela que fueron obtenido a través de sobornos.

   Según documentos judiciales, Álvaro Pulido Vargas, alias "el alemán", Enrique Rubio Salas, alias "Cuchi", (de 57 años, de Colombia); José Gregorio Vielma-Mora, 55, (de Venezuela); Emmanuel Enrique Rubio González, (32, de Colombia); Carlos Rolando Lizcano Manrique, (50, de Colombia); y Ana Guillermo Luis, de 49 años, de Venezuela, fueron acusados ​​en una acusación por su presunto papel en el lavado de las ganancias de un esquema de soborno para obtener y retener contratos inflados a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), una entidad estatal venezolana. y un programa de distribución de alimentos y medicamentos controlado por el estado para el pueblo de Venezuela.

   La acusación formal alega que a partir de julio de 2015 o alrededor de esa fecha y hasta al menos 2020, Pulido, Vielma-Mora, Rubio, Lizcano y Guillermo conspiraron con otros para lavar las ganancias de un esquema de soborno ilegal de cuentas bancarias ubicadas en Antigua, Emiratos Árabes Unidos y en otros lugares hacia y a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos. 

  Según la acusación formal, Pulido, Vielma-Mora, Rubio, Lizcano y Guillermo y otros obtuvieron contratos con entidades gubernamentales venezolanas para importar y distribuir cajas de alimentos y medicinas en Venezuela a través del CLAP mediante el pago de sobornos a funcionarios del gobierno venezolano, incluido Vielma-Mora. 

   Los acusados ​​y sus co-conspiradores inflaron a sabiendas los costos de los contratos para pagar los sobornos y enriquecerse injustamente. 

  La acusación también alega que los co-conspiradores ordenaron que se transfirieran fondos para promover el esquema de soborno mientras estaban en los Estados Unidos, y transfirieron dinero relacionado con el esquema a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida. 

  Como resultado del plan, Pulido, Vielma-Mora, Rubio, Lizcano, Guillermo y sus co-conspiradores supuestamente recibieron aproximadamente $ 1.6 mil millones de la República de Venezuela y transfirieron aproximadamente $ 180 millones a través o hacia los Estados Unidos.

   Cada uno de los mencionados ​​está acusado formalmente de cinco cargos con un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y cuatro cargos de lavado de dinero. Si son declarados culpables, cada uno de ellos enfrenta una pena máxima total de 100 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EE. UU. Y otros factores legales.

   El Secretario de Justicia Auxiliar Kenneth A. Polite Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal Interino Juan Antonio González para el Distrito Sur de Florida y el Agente Especial Interino a Cargo La Verne J. Hibbert de la Oficina de Campo de la DEA en Miami hicieron el anuncio este jueves a través de un comunicado oficial.

   Este caso fue investigado por la DEA Miami con la ayuda de la Oficina de Campo de Miami del FBI y la Oficina de Campo de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional.

  El abogado litigante Alexander J. Kramer de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal y el Fiscal Federal Auxiliar Kurt K. Lunkenheimer del Distrito Sur de Florida están procesando el caso. 

Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declara No Ha Lugar la suspensión de la extradición del Pollo Carvajal propuesta por el juez que investiga caso de Podemos

  Los magistrados calificaron de maniobra dilatoria del proceso extradicional, la pretensión de Hugo Carvajal de colaborar con la justicia española.

Por Maibort Petit

    Los magistrados Alfonso Guevara Marcos, Carolina Rius Alarcó y Carlos Fraile Coloma de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España se plantaron firmes en su decisión y declararon No Ha Lugar la suspensión de la extradición de Hugo Armando Carvajal Barrios a los Estados Unidos, propuesta del juez del Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de esa instancia judicial, Manuel García-Castellón.

   Este miércoles, luego de que la Sala de lo Penal acordara hacer entrega en extradición a Carvajal Barrios a las autoridades estadunidenses, el magistrado García-Castejón planteó la suspensión del proceso a objeto de que el extraditado cumpliera con una declaración que tiene pendiente en su tribunal el próximo 27 de octubre, respecto a las supuesta financiación irregular del partido izquierdista español Podemos, sobre el cual el exjefe de inteligencia venezolano había entregado la documentación que permitió la reapertura del caso[1].

    Tajantemente, los magistrados Guevara Rius y Fraile, respondieron a García-Castejón diciendo “no. Ha lugar ni a suspender, ni a posponer la materialización de la entrega extradicional a las autoridades de Estados Unidos de América del Norte del reclamado Hugo Armando Carvajal Barrios, ni a participar a dicho Juzgado particular alguno en relación a la fase de ejecución de la entrega que es exclusiva de esta Sección como única autoridad judicial competente”.

   Además, advierten los magistrados a García-Castejón que la posición de testigo de Carvajal Barrios en un procedimiento incoado en el año 2016, se refiere a hechos anteriores al momento en que Carvajal Barrios fue detenido el 12 de abril de 2019 y nace de una solicitud ante el Juzgado Central de 5 de octubre de 2021, sin que se solicitare tal declaración estando a disposición de dicha Central de Instrucción en méritos del presente procedimiento extradicional. Recuerdan que tampoco se hizo el pedido durante el largo periodo comprendido entre el 16 de septiembre de 2019 y el 9 de septiembre de 2021.

   Destacan que la pretensión de Hugo Carvajal de colaborar con la justicia española es una maniobra dilatoria del proceso extradicional que ya logró dilatar al no comparecer voluntariamente una vez se dictó el auto de prisión en su contra el 8 de noviembre de 2019, habiéndose requerido su búsqueda, captura y detención policial el 9 de septiembre de 2021.

   La Sala de lo Penal también subraya que la posición de testigo no es causa de suspensión, a la luz de lo que establecen los distintos acuerdos y tratados entre Estados Unidos y España.

   Los magistrados asomaron la posibilidad de que la declaración testifical de Carvajal Barrios ante el tribunal del magistrado Manuel García-Castellón, se produzca a través de los mecanismos de cooperación jurídica en materia penal suscritos por el Reino de España y los Estados Unidos de América.

   Se ordenó la participación de esta decisión a al juzgado de García-Castejón, a la Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional del ministerio de Justicia y al Comisario jefe de la Oficina de Cooperación Policial Internacional, “habiendo saber a este último que única y exclusivamente atenderá a las órdenes que le remita esta Sección Tercera de la Sala de los Penal de la Audiencia Nacional, como única autoridad competente para resolver sobre la presente causa extradicional”.

REFERENCIA

[1] Venezuela Política. “Extradición del Pollo Carvajal ordenada por la Audiencia Nacional española podría retrasarse por advertencia del juez que lleva el caso de Podemos”. 20 de octubre de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/10/extradicion-del-pollo-carvajal-ordenada.htmlimage.png

Extradición del Pollo Carvajal ordenada por la Audiencia Nacional española podría retrasarse por advertencia del juez que lleva el caso de Podemos

   El exjefe de inteligencia venezolano deberá declarar el 27 de octubre ante el tribunal que preside el juez Manuel García-Castellón.

Por Maibort Petit

   La que se creía era una extradición inminente e inmediata, podría verse retrasada, toda vez que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, advirtió a sus colegas de la Sala de lo Penal y a la policía, que Hugo Armando “El Pollo” Carvajal Barrios, está citado por su tribunal para declarar la próxima semana con relación al caso que se ventila en esa instancia de la Audiencia Nacional acerca de la presunta financiación irregular del partido izquierdista español Podemos. Esta causa se encontraba archivada desde 2016, pero en razón de documentos entregados por el ex-general encargado de la inteligencia de Venezuela en tiempos del finado Hugo Chávez a esa instancia judicial, ha sido reabierto.

    García Castrejón les manifestó por vía escrita a la policía, que Hugo Carvajal está citado por su tribunal para el próximo 27 de octubre, según reveló el portal El Confidencial, algo que trastocaría la decisión adoptada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España, que decidió autorizar la extradición de Carvajal Barrios a los Estados Unidos[1].

La decisión de la Audiencia Nacional

   Los magistrados Alfonso Guevara Marcos, Carolina Rius Alarcó y Carlos Fraile Coloma de la Sección 3ª de la Sala de los Penal de la Audiencia Nacional de España, acordaron este 20 de octubre de 2021, hacer entrega en extradición de Hugo Armando Carvajal Barrios a las autoridades de Estados Unidos.

    Tal orden emana de la denegación de asilo que fue confirmada por la Oficina de Asilo y Refugio de España adscrita al Ministerio del Interior español, que desestimó la solicitud de asilo presentada por Carvajal Barrios, hecho ocurrido el pasado 19 de octubre. La dependencia gubernamental revisó el expediente y concluyó que el solicitante no cumple los requisitos necesarios para concederle tal condición[2].

   La decisión judicial de la Audiencia Nacional puso a Hugo Carvajal a la orden de la Unidad de Cooperación Policial Internacional, al tiempo que libró el oficio y ordenó participar la sentencia a la Subdirección general de Cooperación Jurídica Internacional, así como al director donde se encuentra recluido el reclamado en extradición.

   Carvajal Barrios venía bregando para evitar su extradición a suelo estadounidense desde que en noviembre de 2019 la justicia española acordó tal acción, al extremo de huir[3] y permanecer fuera del radar de las autoridades españoles por casi dos años escondido en diversos apartamentos en Madrid de los que se mudaba cada tres meses. Finalmente, luego de una operación de inteligencia en la que participó la DEA de EE. UU. y la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de España, fue capturado el pasado 10 de septiembre[4].

   En su afán por evitar la extradición, Hugo Carvajal ha ideado todo tipo de estratagemas, como la de ponerse a la orden de la Audiencia Nacional y prometió a los magistrados suministrar información acerca los vínculos de las FARC y ETA, así como del financiamiento del partido Podemos y de los negocios del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela.

  Luego de su captura, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y la DEA reiteraron que Hugo Armando Carvajal Barrios, presuntamente, participó en actividades de narcotráfico a gran escala como funcionario del gobierno venezolano.

   La fiscal Audrey Strauss dijo que la acusación formal indica que Carvajal Barrios participó en una conspiración de narcoterrorismo y una conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, un cargamento de 5,6 toneladas de cocaína desde Venezuela a México en abril de 2006. Igualmente lo señaló de otros delitos relacionados con armas de fuego.

   Específicamente, los cargos son: “(1) participar en una conspiración de narcoterrorismo, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años y una máxima de por vida; (2) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y una máxima de por vida; (3) usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de vida; y (4) conspirar para usar y portar ametralladoras y artefactos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y artefactos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua”[5].

REFERENCIAS

[1] El Confidencial. “El juez de la financiación de Podemos pide retrasar la entrega del Pollo Carvajal a EEUU”. 20 de octubre de 2021. https://www.elconfidencial.com/espana/2021-10-20/juz-podemos-retasar-entrega-pollo-carvajal_3310231/

[2] Infobae. “España rechazó otro pedido de asilo de Hugo “El Pollo” Carvajal, que quedó más cerca de la extradición a EEUU”. 19 de octubre de 2021. https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/10/19/espana-rechazo-otro-pedido-de-asilo-de-hugo-el-pollo-carvajal-que-quedo-mas-cerca-de-la-extradicion-a-eeuu/

[3] BBC Mundo. “Hugo Carvajal: la fuga en España del exjefe de inteligencia venezolano que EE.UU. considera ‘vergonzosa’”. 14 de noviembre de 2019. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50417317

[4] El País. “Tras la pista de ‘El Pollo’ Carvajal: ‘Llevo dos años encerrado en pisos, me mudaba cada tres meses’”. 10 de septiembre de 2021. https://elpais.com/espana/2021-09-10/tras-la-pista-de-el-pollo-carvajal-llevo-dos-anos-encerrado-en-pisos-me-mudaba-cada-tres-meses.html

[5] Departamento de Justicia. “Former Venezuelan Official Hugo Armando Carvajal Barrios Arrested Again In Spain In Connection With Narco-Terrorism, Firearms, And Drug-Trafficking Charges”. 10 de septiembre de 2021. https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/former-venezuelan-official-hugo-armando-carvajal-barrios-arrested-again-spain

Nota de consulta: De la Unidad Tributaria a la Unidad de Petro como fórmula para encarecer los trámites del SAREN

   Antes de realizar cualquier protocolización de documentos o solicitar copia certificada en registros y notarías, le invitamos a consultar minuciosamente esta nota a objeto de que no se lleve una sorpresa en razón de la reciente reforma que sufrirá la Ley de Registros y de Notariado.

Por Maibort Petit

  El pasado 14 de octubre del corriente año 2021, la Asamblea Nacional bajo control del chavismo tras los comicios del 6 de diciembre de 2020, aprobó en segunda discusión la Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado presentada por el régimen de Nicolás Maduro, cuyo objetivo fue el de sustituir la Unidad Tributaria como medida para el establecimiento de las tasas a cobrar por el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), por la Unidad de Petro, el cripto-activo establecido por el régimen de Nicolás Maduro.

    De este modo, las tarifas de los distintos trámites a realizar en dichas oficinas quedaron anclados al valor del Petro lo que, encarece a niveles astronómicos la protocolización y legalización de documentos en Venezuela.

Los motivos

   En la exposición de motivos el legislador refiere que el gobierno nacional viene implementando una serie de políticas especiales y excepcionales destinadas a la protección de la población, afectada por las sanciones, de manera de garantizar una economía capaz de mantener la cohesión social y la estabilidad política de la nación.

   Entre estas medidas cita la creación del criptoactivo “Petro” (PTR) intercambiable por bienes y servicios. Además de ser una alternativa monetaria, se indica, el criptoactivo es sirve de marco de referencia en la actualización de las tasas de servicios prestados distintos organismos de la administración pública.

   El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado establece la Unidad Tributaria como base de cálculo para todos los actos relacionados con las oficinas que integran el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, la cual se encuentra afectada por la dinámica de la economía, la implementación de la nueva unidad monetaria, ocasionando esto que las tasas por prestación de servicio queden exentas en su mayoría, lo que ineludiblemente incide en la disminución de la recaudación. Aseguran que la situación es insostenible para el organismo.

  Por ello, la reforma implementa una nueva unidad de cálculo, aplicable a los conceptos por prestación de servicios realizados por todas las oficinas que comprenden este Servicio Autónomo de Registros y Notarías, proponiendo para tal fin el uso del Petro (PTR).

La reforma

  El artículo 1 de la reforma modifica el artículo 29 del Decreto Ley referido a la Habilitación, resultando en que ésta (la habilitación) de las horas del despacho se hará sólo en caso de urgencia jurada y comprobada por el Registrador o Registradora y Notario Público o Notaria Pública, quienes deberán inscribir, protocolizar o autenticar los documentos o actos en un plazo menor a tres días.

  Lo anterior regirá en los siguientes casos: 1) inscripción de testamentos abiertos o cerrados; 2) títulos o certificados académicos, científicos, eclesiásticos y los despachos militares; 3) legalizaciones; 4) autorizaciones de niños, niñas o adolescentes para viajar; 5) inscripción de demandas y poderes, así como la sustitución, renuncia y revocatorias de los mismos en materia laboral; 6) designación de tutores, curadores o consejeros de tutela; 7) actas de remate; 8) copias certificadas de los libelos de demanda para interrumpir la prescripción y surtir otros efectos; 9) poderes, sustituciones, renuncias y revocatorias de los mismos; 10) documentos que contengan declaraciones de limitaciones, transmisiones, derecho de retracto, renuncias o gravámenes de la propiedad; 11)decretos de interdicción e inhabilitación civil; 12) protestos de cheques, de conformidad con lo previsto en el Código de Comercio; 13) certificación de gravámenes; 14) copias certificadas de todos aquellos actos o instrumentos que reposen en los archivos de los Registros y Notarías; 15) los demás que establezcan las leyes y las providencias emanadas de la máxima autoridad del Servicio Autónomo de Registros y Notarías.

   Los casos de los numerales 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 y 15, requerirán el pago de hasta seis unidades de petro (6 PTR) adicionales, de conformidad con la providencia que al efecto dicte el director o directora general del Servicio Autónomo de Registros y Notarías.

  Los montos previstos en este artículo se pagarán en bolívares al valor del petro vigente a la fecha de la solicitud.

Las tasas

   El artículo 2 modifica el artículo 83 y establece las tasas a cobrar por el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, así como las oficinas de Registros Principales y Registros Públicos.

Dichas tasas serán:

1. Hasta cinco décimas de petro (0,5 PTR) por el primer año y hasta una unidad de petro (1 PTR) por cada uno de los años siguientes, por la solicitud de documentos o expedientes, cuando no se indique con exactitud el nombre del otorgante, el año en que se otorgó el documento y la oficina en que se registró. Cuando se dieren estas indicaciones nada se cobrará al interesado, a menos que se encuentre el documento sin estar de acuerdo con los datos suministrados.

2. Hasta una unidad y media de petro (1,5 PTR) por el primer año y hasta tres décimas de petro (0,30 PTR) por cada uno de los años siguientes, que abarque las averiguaciones que deban llevarse en los libros o registros electrónicos, para certificar si una propiedad ha sido o no hipotecada o gravada en cualquier otra forma o si ha sido enajenada. Los mismos derechos se cobrarán por certificar si existe registrado cualquier acto, título o contrato del que se pida constancia.

3. Hasta una unidad de petro (1 PTR) por la certificación que se expida de los expedientes, planos o documentos de cualquier especie archivados o inscritos en la respectiva oficina.

4. Hasta dos décimas de petro (0,20 PTR) por el primer folio y hasta una décima de petro (0,10 PTR) por cada uno de los siguientes, por las copias certificadas de documentos inscritos.

5. Hasta una décima de petro (0,10 PTR) por cada folio de las copias o reproducciones simples de los documentos inscritos.

6. Hasta una unidad de petro (1 PTR) por la comprobación o legalización de cada firma ante los Registros Principales y hasta dos unidades de petro (2 PTR) por la legalización de firmas de los Registradores Principales ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías.

7. Como derecho de procesamiento de documentos de venta, constitución de hipotecas; parcelamiento, cesiones; dación o aceptación en pago, permutas, adjudicaciones de bienes inmuebles en remate judicial, particiones de herencias, de sociedades o de compañías y cualquier otro contrato o transacción en que la prestación consista como arrendamientos, rentas vitalicias, censos, servidumbres y otros semejantes, aportaciones de bienes inmuebles, muebles u otros derechos para la Constitución de sociedades:

a. Hasta quinientas unidades de petro (500 PTR), el cero coma cincuenta por ciento (0,50%).

b. Desde quinientas una unidad de petro (501 PTR) hasta mil unidades de petro (1.000 PTR), el uno por ciento (1 %).

c. Más de mil unidades de petro (1.001 PTR) en adelante, el dos por ciento (2%).

8. Hasta cuatro décimas de petro (0,40 PTR) por cada folio de los documentos presentados para su inscripción por concepto de gastos del servicio de fotocopiado.

9. Hasta dos décimas de petro (0,20 PTR) por cada testigo instrumental designado por el Registrador o Registradora, si el interesado o interesada no lo presenta.

10. Hasta una unidad de petro (1 PTR) por los recaudos que deben agregarse al cuaderno de comprobantes.

11.Hasta dos unidades de petro (2 PTR) por el primer folio y hasta ocho décimas de petro (0,80 PTR) por los folios siguientes, por la transcripción de un documento manuscrito al sistema computarizado o por su digitalización.

12.Hasta ocho décimas de petro (0,80 PTR) por cada nota que deba estamparse al margen de los contratos y actos inscritos anteriormente, de conformidad con las disposiciones del Código Civil o leyes especiales.

13.Hasta ocho décimas de petro (0,80 PTR) por la cita que deba hacerse en las notas de registro cuando se trate de actos traslativos de la propiedad de inmuebles o derechos reales sobre los mismos, o que impongan gravámenes o limitaciones sobre los mismos bienes y el interesado no indique el o los títulos de propiedad inmediatamente anteriores.

14.Hasta dos unidades de petro (2 PTR) por el registro de poderes especiales y generales e iguales derechos por el de sus respectivas sustituciones, revocatorias y renuncias; así como la misma cantidad por todo contrato, transacción o acto que verse sobre derechos no apreciables en dinero.

15.Hasta dos décimas de petro (0,20) por la inscripción de los títulos y certificados académicos, científicos y eclesiásticos, así como los despachos militares.

16.Como derecho de procesamiento por la inscripción de asociaciones y sociedades civiles: por un folio, hasta dos petros (2 PTR); por dos folios, hasta tres petros (3 PTR); por tres folios, hasta cinco petros (5 PTR); por cuatro folios, hasta siete petros (7 PTR); por cinco folios, hasta nueve petros (9 PTR); por seis folios, hasta once petros (11 PTR); y por más de seis folios, hasta trece petros (13 PTR).

17.Por el derecho de procesamiento por la inscripción de sentencias de divorcio, separaciones de cuerpos, y nulidad del matrimonio: por un folio, hasta dos petros (2 PTR); dos folios, hasta tres petros (3 PTR); tres folios, hasta cuatro petros (4 PTR); cuatro folios, hasta cinco petros (5 PTR); cinco folios, hasta seis petros (6 PTR); seis folios, hasta siete petros (7 PTR); y más de seis folios, hasta ocho petros (8 PTR).

18.Hasta cinco unidades de petro (5 PTR) por el sellado de libros.

19.Como derecho de procesamiento de inscripción de capitulaciones matrimoniales, hasta cincuenta unidades de petro (50 PTR).

20.Hasta cuatro unidades de petro (4 PTR) por el primer folio y hasta una unidad de petro (1 PTR) por cada uno de los siguientes, por la protocolización de los testamentos abiertos. En caso de testamentos cerrados hasta cinco unidades de petro (5 PTR), por la protocolización.

21.Hasta cinco unidades de petro (5 PTR) por el derecho de procesamiento por la inscripción de mejoras y bienhechurías, y sentencias de título supletorio.

22.Hasta cinco unidades de petro (5 PTR) por la venta de derechos y acciones

Sobre el procesamiento

El artículo 3 modificó el artículo 84, limitando el cobro de los derechos de procesamiento a una unidad de petro (1PTR. Esto aplica para los derechos de procesamiento, notas marginales y tasas, cuando el valor de la operación que vaya a inscribirse sea inferior a cien unidades de petro (100 PTR).

Tasas para materia no contenciosa mercantil

El artículo 4 modificó el artículo 85, estableciendo las tasas en materia no contenciosa mercantil así:

1. Por la inscripción de cualquier tipo de sociedades, firmas personales y asociaciones de cuentas en participación, hasta una unidad de petro (1 PTR), más hasta cinco décimas petro (0,5 PTR) por cada folio que contenga el documento o actuación.

2. Por la inscripción de cualquier acta de asamblea o junta directiva; modificaciones al documento constitutivo de firmas personales o de cuentas en participación y documentos por los cuales se declare la disolución, liquidación, extinción o prórroga de su duración, hasta una unidad de petro (1 PTR), más hasta cinco centenas de petro (0,05 PTR) por cada folio que contenga el documento.

3. Por la inscripción de sociedades extranjeras, domiciliaciones o establecimiento de agencias, representaciones, o sucursales de las mismas, hasta cien unidades de petro (100 PTR), más hasta una unidad de petro (1 PTR) por cada folio que contenga el documento.

4. Por la inscripción de documento de ventas de cuotas de participación, de fondos de comercio, cesión de firmas personales, hasta seis unidades de petro (6 PTR), más hasta cinco centésimas de petro (0,05 PTR) por cada folio que contenga el documento.

5. Por la inscripción de poderes, factores mercantiles, sentencias o cualquier otro documento emanado de tribunales u otros organismos o autoridades, hasta cinco unidades de petros (5 PTR), más hasta cinco centésimas de petro (0,05 PTR) por cada folio que contenga el documento.

6. Por cada folio de documento que se acompañe con el recaudo presentado para inscripción, hasta cinco centésimas de petro (0,05 PTR).

7. Por cualquier otro tipo de documento que se presente para su inscripción no incluido en los numerales anteriores, hasta una unidad de petro (1 PTR), más hasta cinco centésimas de petro (0,05 PTR) por cada folio que contenga el documento.

8. Por agregar documentos y anexos a los expedientes, hasta diez décimas de petro (0,10 PTR), más hasta cinco centésimas de petro (0,05 PTR) por cada folio.

9. Por estampar cada nota marginal, hasta una décima de petro (0,10 PTR).

10.Por el sellado de libros y por el sellado de certificados, títulos, acciones, cédulas y cualquier tipo de papeles mercantiles, hasta cinco unidades de petro (5 PTR), más una centésima de petro (0,01 PTR) por cada folio que contenga el libro o los papeles a ser sellados.

11.Se causarán como gastos de procesamiento, el servicio por sistema de fotocopiado hasta una décima de petro (0,10 PTR), por cada una de las fotocopias necesarias para el procesamiento de registro de los documentos o actuaciones, así como para las copias certificadas, certificaciones, constancias y copias simples que deban ser emitidas o sean solicitadas por los interesados.

12. Por las copias certificadas de documentos registrados, hasta dos décimas de petro (0,20 PTR) por el primer folio y cinco centésimas de petro (0,05 PTR) por cada uno de los siguientes.

13.Hasta dos unidades de petro (2 PTR) por la búsqueda y selección de nombres, denominaciones sociales o comerciales.

14.Por la inscripción y aumento de capital de sociedades mercantiles se cobrará hasta el dos por ciento (2%) del capital.

15.Hasta cinco unidades de petro (5 PTR) por el cambio de domicilio.

16.Hasta cien unidades de petro (100 PTR) por la inscripción de consorcios, sociedad empresarial o sociedad gestora, más hasta un petro (1 PTR) por cada folio que contenga el documento.

17.Hasta cinco unidades de petro (5 PTR) por la inscripción de la venta de acciones.

18.Hasta cinco unidades de petro (5 PTR) por la inscripción de fusiones compañías.

En materia no contenciosa, civil, mercantil y contenciosa administrativa

El artículo 5 modificó el artículo 86, estableciendo las tasas en materia no contenciosa, civil, mercantil y contenciosa administrativa, de la siguiente manera:

1. Hasta una unidad de petro (1 PTR) como derecho de procesamiento del documento original presentado para su autenticación y hasta una décima de petro (0,10 PTR) por las copias certificadas.

2. Otorgamiento de autorizaciones, hasta cuatro centésimas de petro (0,04PTR) por cada folio.

3. Apertura de testamento, hasta cinco unidades de (5 PTR). Cuando abierto el testamento resultare que su contenido sólo se limita al reconocimiento de filiación, no se cobrará derecho alguno.

4. Otorgamiento de justificativos, hasta una décima de petro (0,10 PTR) por cada folio.

5. Por el otorgamiento de poderes, hasta dos unidades de petro (2 PTR).

6. Documentos autenticados, hasta cuatro décimas de petro (0,40 PTR) el primer folio y hasta cinco centésimas de petro (0,05 PTR) por cada uno de los restantes. Ejemplares adicionales a un solo efecto, hasta una décima de petro (0,10 PTR) por cada uno. En los reconocimientos solo se cobrará la mitad de este derecho.

7. Actuaciones para dar fecha cierta de cualquier tipo de documentos, hasta dos unidades de petro (2 PTR).

8. Nombramiento de curadores y curadoras, hasta una décima de petro (0,10 PTR), salvo los casos previstos en materia de Niños, Niñas y Adolescentes.

9. Por la transcripción de un documento manuscrito al sistema computarizado o por su digitalización, hasta dos unidades de petro (2 PTR) por el primer folio y por cada folio adicional hasta cuatro décimas de petro (0,40 PTR).

10.Por las copias certificadas de documentos autenticados, hasta dos décimas de petro (0,20 PTR) por el primer folio y hasta cinco centésimas de petro (0,05 PTR) por cada uno de los siguientes.

11.Por la copias o reproducciones simples de los documentos autenticados, hasta una décima de petro (0,10 PTR).

12.Documentos anexos o complementarios a los que se autentiquen, hasta una décima de petro (0,10 PTR) por cada uno de ellos.

13.Por estampar cada nota marginal, hasta ocho décimas de petro (0,80 PTR).

14.Servicio y custodia de los instrumentos privados a que se contrae el artículo 1.369 del Código Civil, hasta una unidad de petro (1 PTR) anuales.

15.Actas notariales, hasta una unidad de petro (1 PTR) por cada folio.

16.Por la práctica de citaciones judiciales, hasta cuatro unidades de petro (4 PTR) por todo el procedimiento previsto en el primer aparte del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

17.Por el otorgamiento de contratos de arrendamiento para uso comercial, hasta cinco unidades de petro (5 PTR).

18.Por el otorgamiento de contratos de opciones de compra venta de bienes inmuebles, hasta dos unidades de petro (2 PTR).

19.Por la compra-venta de vehículos a motor y maquinaria pesada, se estimará de acuerdo a la modalidad y al año de fabricación del vehículo considerando lo siguiente:

a) Motocicletas: superiores a veinte (20) años de fabricación, hasta una unidad de petro (1 PTR); de once (11) años a veinte (20) años de fabricación, hasta dos unidades de petro con cinco décimas (2,50 PTR) y desde un (1) año a diez (10) años de fabricación, hasta cuatro unidades de petro con dos décimas (4,20 PTR).

b) Vehículo particular: superiores a veinte (20) años de fabricación, hasta una unidad de petro (1 PTR); de once (11) años a veinte (20) años de fabricación, hasta tres unidades de petros (3 PTR) y desde un (1) año a diez (10) años de fabricación, hasta cinco unidades de petros (5 PTR).

c) Camioneta: superiores a veinte (20) años de fabricación, hasta dos unidades de petros (2 PTR); de once (11) años a veinte (20) años de fabricación, hasta cuatro unidades de petros (4 PTR) y desde un (1) año a diez (10) años de fabricación, hasta seis unidades de petros (6 PTR).

d) Vehículo de carga y maquinaria pesada: superiores a veinte (20) años de fabricación, hasta cuatro unidades de petro (4 PTR); de once (11) años a veinte (20) años de fabricación, hasta seis unidades de petros (6 PTR) y desde un (1) año a diez (10) años de fabricación, hasta diez unidades de petros (10 PTR).

e) Autobuses: superiores a veinte (20) años de fabricación, hasta cuatro unidades de petro (4 PTR); de once (11) años a veinte (20) años de fabricación, hasta seis unidades de petros (6 PTR) y desde un (1) año a diez (10) años de fabricación, hasta diez unidades de petros (10 PTR).

20.Por el otorgamiento de contratos de compra venta de aeronaves en las oficinas competentes hasta treinta unidades de petro (30 PTR) para aeronaves menores o iguales a 5.700 kg. de peso máximo de despegue y mayores a 15 años de fabricación; hasta cincuenta unidades de petros (50 PTR) para aeronaves menores o iguales a 5.700 kg. de peso máximo de despegue con menos de 15 años de fabricación. Asimismo, por el otorgamiento de actos que devengan de la administración, custodia, uso o goce del bien, hasta diez unidades de petro (10 PTR).

21.Por el otorgamiento de contratos de compra-venta de embarcaciones, se causarán tasas de acuerdo a lo siguiente:

a) Menor de cinco unidades de arqueo bruto (5 AB), hasta cuatro unidades de petro (4 PTR).

b) Entre cinco unidades de arqueo bruto (5 AB) y cincuenta unidades de arqueo bruto (50 AB), hasta ocho unidades de petro (8 PTR).

c) Entre cincuenta y una unidades de arqueo bruto (51 AB) y cien unidades de arqueo bruto (100 AB), hasta dieciséis unidades de petro (16 PTR).

d) Entre ciento un unidades de arqueo bruto (101 AB) y trescientas unidades de arqueo bruto (300 AB), hasta veinte unidades de petro (20 PTR).

e) Entre trescientas un unidades de arqueo bruto (301 AB) y quinientas unidades de arqueo bruto (500 AB), hasta treinta unidades de petro (30 PTR).

Actuaciones fuera del recinto

El artículo 6 modificó el artículo 87, estableciendo las tasas por actuaciones fuera del recinto en lo atinente materia no contenciosa, así:

1. Inspecciones oculares, experticias, actas notariales y demás probanzas, hasta dos unidades de petro (2 PTR) por cada hora o fracción que dure menos de una hora. Las fracciones siguientes se cobrarán en proporción a cada hora.

2. Entrega material de bienes vendidos, hasta dos unidades de (2 PTR).

3. En la formación de inventario, hasta una unidad de (1 PTR) la primera hora y hasta cinco décimas de (0,50 PTR) cada una de las siguientes o fracción de ellas mayor de quince minutos. Esta actuación no causará derechos si se realiza en razón de la aceptación de una herencia a beneficio de inventario, por quienes tuvieren niños, niñas y adolescentes bajo su patria potestad o tutela o en interés de estos o de inhabilitados o entredichos.

4. Levantamiento de protestos, hasta dos unidades de (2 PTR) si el monto del instrumento es mayor de cincuenta unidades de petros (50 PTR) y hasta una unidad de petro (1 PTR) si el monto es menor.

5. Otras constituciones, hasta una unidad de petro (1 PTR) cada hora o fracción que dure menos de una hora. Las fracciones siguientes se cobrarán en proporción a cada hora.

Traslados

   El artículo 7 modificó el artículo 88 y estableció las tasas de los traslados fuera de la oficina, hasta cuatro unidades de petro (4 PTR), entre las seis de la tarde y las seis de la mañana. Días feriados o no laborables hasta seis unidades de petro (6 PTR). Los gastos de transporte de ida y vuelta, así como otros que ocasione la asistencia del Registrador o Registradora, Notario o Notaria, funcionario o funcionaria, los fijará el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, de acuerdo con la distancia entre la oficina y el lugar del otorgamiento.

 

Saab de cara a la justicia: Juez niega libertad bajo fianza y tendrá que enfrentar el juicio en prisión

  La próxima audiencia se estableció para 1º de noviembre cuando el empresario deberá decidir si se declara culpable o inocente.

Por Maibort Petit

   El contratista colombiano, Álex Naim Saab Morán — señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro— se enfrentó este lunes 18 de octubre, por primera vez, con la justicia estadounidense, luego de su extradición desde la República de Cabo Verde a suelo norteamericano. Ante el juez John J. O’Sullivan, del Tribunal del Distrito Sur de Florida, escuchó los ocho cargos de lavado de dinero que se le imputan, así como la negativa del magistrado a otorgarle el beneficio de libertad bajo fianza.

   Previamente, el juez O’Sullivan le informó a Saab sus derechos y le consultó si aceptaba ser representado en la audiencia por un abogado de oficio, a lo cual accedió. La defensa del empresario recayó en el abogado Henry Bell.

  En la sesión, que tuvo lugar de manera virtual, con Saab desde la prisión federal donde se encuentra detenido, la primera acción de su abogado fue solicitar se le concediera a su representado la libertad bajo fianza. Bell  recordó que está pendiente una apelación sobre la supuesta inmunidad diplomática de su defendido.

  El magistrado negó la solicitud, pues acogió la advertencia de la fiscalía que alertó que el acusado presentaba “riesgo de fuga”.

   La próxima audiencia se fijó para el 1º de noviembre, cita en la que Álex Saab deberá decidir si se declara culpable o inocente.

La acusación

  El 25 de julio de 2019, Adriana Fajardo Orshan, para entonces fiscal del Distrito Sur de la Florida, presentó ante la corte homónima la acusación formulada por un Gran Jurado contra Álex Naim Saab Morán y su socio Álvaro Pulido Vargas, de dos cargos de lavado de dinero.

   La acusación que tiene que ver con violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y el Código de los Estados Unidos, Título 15, Secciones 78dd-1,  (FCPA), involucra en primer lugar a los acusados, por un lado, Álex Naím Saab Morán, ciudadano colombiano quien encaja en la definición de “persona” que este último instrumento legislativo hace; y a la Álvaro Pulido Vargas, alias el alemán Enrique Rubio Salas, también colombiano y con igual designación.

   Los co-conspiradores 1, 2 y 3, ciudadanos colombianos, quienes pasaron un. tiempo significativo en Miami, Florida, en el Distrito Sur de Florida. Los tres, igualmente, encajan en lo definido por el término de “persona” según la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3 (f) (l).

   Hace mención del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) de Venezuela; la extinta Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) organismo gubernamental venezolano que administraba el tipo de cambio controlado por el gobierno entre bolívares venezolanos y dólares estadounidenses; y la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB) uno de los cuatro componentes militares de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela, encargados de desempeñar funciones de defensa civil militar para el gobierno de Venezuela, los cuales actuaban como un departamento, agencia e instrumentalidad del gobierno venezolano, tal como se utilizan esos términos en la FCPA.

El cargo de conspiración

  El primero de los cargos formulados contra Saab y Pulido es por Conspiración para cometer lavado de dinero, indicando que desde noviembre de 2011 hasta al menos septiembre de 2015, en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, los acusados intencionalmente conspiraron y se pusieron de acuerdo entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, para cometer un delito contra los Estados Unidos, tipificado en el Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 y 1957; a  saber:

a) transportar, transmitir y transferir a sabiendas un instrumento monetario y fondos desde un lugar en los Estados Unidos hacia otro lugar del mismo, desde y a través de un lugar fuera de los EE. UU. con la intención de promover la realización de una actividad ilegal específica, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A); y

b) participar a sabiendas en una transacción monetaria a través de una institución financiera, afectando el comercio interestatal y extranjero con una propiedad derivada delictivamente por un valor superior a USD 10.000 que se deriva de una actividad ilegal específica, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1957 (a).

  Se identifican las actividades ilegales: (a) delitos graves de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3; y (b) delitos contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que involucren el soborno de un funcionario público y la malversación, robo y malversación de fondos públicos por y para beneficio de un funcionario público, según lo dispuesto en el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (c) (7) (B) (iv).

   El objeto de la conspiración de Saab y Pulido y sus co-conspiradores fue enriquecerse ilícitamente mediante el pago de sobornos a funcionarios extranjeros venezolanos para así obtener ventajas comerciales indebidas, incluida la aprobación de documentos falsos y fraudulentos relacionados con la importación de bienes y materiales de construcción, así como el acceso al sistema de cambio de moneda extranjera controlado por CADIVI, para garantizar que los pagos se realizaran en dólares estadounidenses con base en facturas falsas y fraudulentas y documentos de bienes que nunca fueron importados a Venezuela.

El modus operandi de la conspiración

  Álex Saab, Álvaro Pulido y sus co-conspiradores actuaron de la siguiente manera para concretar la conspiración:

  En noviembre de 2011, Álex Naim Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas celebraron un contrato, a través de una empresa de su propiedad con el gobierno de Venezuela para construir viviendas de interés social. Solicitaron la asistencia de los co-conspiradores 1 y 2 para importar bienes y materiales de construcción y estos contrataron al co-conspirador 3, quien era un agente de aduanas independiente con experiencia en la importación de mercancías a Venezuela.

  Todos explotaron el sistema de rastreo de CADIVI utilizando un solo envío de bienes y materiales de construcción los cuales respaldaron con múltiples conjuntos de facturas y documentos falsos y fraudulentos que hicieron aparecer como nuevos envíos. En algunos casos, bajo la dirección del co-conspirador 3, los funcionarios del SENIAT y la GNB tomaron fotografías del solo envío efectuado en diferentes ubicaciones, para crear la falsa impresión de supuestos envíos múltiples.

  Saab, Pulido y los co-conspiradores necesitaban realizar pagos corruptos a funcionarios del SENIAT, GNB y CADIVI para asegurar su asistencia en la aprobación de facturas y documentos falsos y fraudulentos de bienes que nunca fueron importados a Venezuela. Para ello, discutieron entre sí para concretar el asunto.

   Saab, Pulido y los co-conspiradores 1, 2 y 3 hicieron y provocaron numerosos pagos corruptos, en efectivo y transferencias bancarias, al gobierno funcionarios del SENIAT, GNB y CADIVI para asegurar su asistencia en la aprobación de facturas y documentos falsos y fraudulentos de bienes que nunca fueron importados a Venezuela, pero fueron pagados por la intervención de estos últimos.

  Asimismo, en noviembre de 2011, Álex Saab, Álvaro Pulido, el co-conspirador 3 y un funcionario del SENIAT se reunieron en un hotel en Caracas, Venezuela, para coordinar los pagos corruptos relacionados con la importación de bienes y materiales de construcción relacionados con el Contrato de Vivienda.

  El 5 de marzo de 2014 y, luego, el 9 de marzo de 2014, los co-conspiradores 1 y 3 se reunieron en Miami para discutir el estado de los pagos corruptos a funcionarios del gobierno venezolano. Poco después, el co-conspirador 1 llamó a Álvaro Pulido para informar sobre su conversación con el co-conspirador 3, indicándole que se debían pagos corruptos a funcionarios del SENIAT, GNB y CADIVI por facilitar los pagos de los documentos falsos y ficticios de bienes y materiales de construcción. El co-conspirador 1 dijo que los pagos corruptos tenían que hacerse lo antes posible o los funcionarios no continuarían aprobando los documentos falsos y fraudulentos.

   Entre el 12 de marzo de 2012 y el 1 de diciembre de 2014, Álex Saab, Álvaro Pulido sus co-conspiradores hicieron transferencias electrónicas por un total de USD 350.041.500 desde cuentas bancarias en Venezuela propiedad y controladas por Saab y Pulido, a través de cuentas bancarias corresponsales en los Estados Unidos, y luego a cuentas bancarias en el extranjero controladas por estos.

  Entre el 16 de enero de 2014 y el 15 de septiembre de 2015, Álex Saab y Álvaro Pulido, distribuyeron utilidades y pagaron gastos relacionados con el esquema corrupto llevando a cabo transferencias bancarias a las cuentas bancarias del co-conspirador 1 en el Distrito Sur de Florida.

Los cargos de lavado de dinero

  La acusación comprende los cargos del 2 al 8 por Lavado de instrumentos monetarios.

   Se indica que los acusados transportaron y transmitieron a sabiendas, un instrumento monetario y fondos desde un lugar en los Estados Unidos hacia otro lugar en el mismo país, desde un lugar fuera de los EE. UU. con la intención de promover la realización de una actividad ilegal específica, es decir, (a) infracciones graves de la FCPA bajo el Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3; y (b) delitos contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que involucren el soborno de un funcionario público y la malversación, robo y malversación de fondos públicos por y para beneficio de un funcionario público, de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (c) (7) (B) (iv).

  Las operaciones se llevaron a cabo tal como se describe en el siguiente cuadro:

Las confiscaciones

   Refiere la acusación que, de ser declarados culpables, Álex Naim Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas perderán cualquier propiedad que tengan e Estados Unidos.

Tales propiedades sujetas a decomiso incluyen, pero no se limitan a:

(i) una suma de aproximadamente USD 350.041.500.00, que representa la cantidad de fondos involucrados en las violaciones del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 alegadas en esta Acusación, y que pueden solicitarse como una sentencia de decomiso de dinero;

(ii) aproximadamente USD 3.225.593,90 incautados el 20 de agosto de 2018;

(iii) aproximadamente USD 30.000 incautados el 21 de agosto de 2018 o alrededor de esa fecha;

(iv) aproximadamente USD 3.313.757,69 incautados el 24 de septiembre de 2018;

(v) aproximadamente USD 3.138.844,70 incautada el 5 de noviembre de 2018; y

(vi) aproximadamente USD 2.942.501,37 incautada el 13 de febrero de 2019.