La acusación del Gran Jurado describe cómo estafó a Petropiar, PetroMirada y a CASA.
Por Maibort Petit
En el Tribunal del Distrito Sur de Florida, el Gran Jurado acusó a Naman Wakil de siete cargos relacionados con actividades de lavado de dinero de fondos supuestamente provenientes de sobornos a funcionarios venezolanos con el objetivo de obtener contratos de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y de la empresa de alimentos Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícola (CASA).
Específicamente, los cargos contra Wakil, son Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero; conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero; Conspiración para cometer lavado de dinero; Blanqueo internacional de instrumentos monetarios; y Participar en transacciones con propiedad derivada del delito.
Los protagonistas y partes involucradas en la trama
La acusación señala, en primer término, que Naman Wakil es un ciudadano de Siria con residencia legal en los Estados Unidos que mantenía cuentas bancarias personales y de inversión en bancos de los E. UU., las Islas Caimán y Suiza.
Luego se señala a la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícola (CASA) era la empresa estatal venezolana de alimentos que servía de "instrumentalidad" del gobierno venezolano, de acuerdo a los términos establecidos en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
Entretanto, el funcionario venezolano 1 es un alto fue un alto cargo de CASA desde 2010 hasta 2011, quien de acuerdo a la FCPA cumple con la definición allí estipulada de "funcionario extranjero". De igual manera ocurre con el funcionario venezolano 2 quien laboró en CASA desde 2011 hasta 2014.
Las empresas de Wakil que recibían fondos de CASA, se las denomina en la acusación como las "Wakil Food Companies", algunas de las cuales tenían cuentas bancarias en Suiza y en las Islas Caimán.
Por su parte, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), es la estatal petrolera venezolana que controla las subsidiarias Petropiar S.A. y Petromiranda S.A., las cuales servían de "instrumentalidades" del gobierno venezolano, mientras los funcionarios y empleados de estas eran "funcionarios extranjeros", tal como se utilizan esos términos en la FCPA.
Como el Funcionario Venezolano 3 se identifica a un alto cargo de Petromiranda que entre 2014 y 2017 fungió como “funcionario extranjero”, según ese término emitido en la FCPA. El funcionario venezolano 4 era un alto cargo de Petropiar entre 2015 y 2017 que también fungía como un "funcionario extranjero", según la FCPA.
A las empresas de Naman Wakil que recibieron fondos de Petropiar y Petromiranda, se las denomina en la acusación como Wakil Oil Company 1 y 2, las cuales tenían cuentas bancarias en los Estados Unidos.
Como co-conspiradores, la acusación señala en primer lugar a quien identifica con el número 1, quien es un venezolano que cumple el perfil de "persona" que establece en la FCPA. Con el número 2 se señala a un venezolano, pariente del Oficial venezolano 2. Con el número 3 y 4 se señala a dos venezolanos con las funciones de la “persona” de la FCPA. Finalmente, como el co-conspirador 5 figura un venezolano residente de los Estados Unidos que, de acuerdo a los términos de la FCPA, era una "preocupación nacional".
Los sobornos a funcionarios de CASA
Sobre el cargo de Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de que se acusa a Wakil, se refiere que este actuó intencionalmente para cometer el delito.
Se indica que Naman Wakil se había constituido en la una preocupación doméstica al valerse de correos, los medios e instrumentos del comercio interestatal para sobornar a funcionarios extranjeros y a personas, con el propósito de obtener contratos y ventajas para sus empresas. Igualmente, Wakil utilizó correos, medios e instrumentos del comercio interestatal para sobornar a un funcionario extranjero, para ayudar a los co-conspiradores 1, 2, 3, 4, y otros para obtener y retener contratos para sus compañías y otros. Todo esto con el propósito de enriquecerse ilegalmente.
Explica la acusación que Naman Wakil y sus socios llevaron a cabo sus actividades en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, desde donde ofrecieron pagar sobornos, directa e indirectamente, a funcionarios extranjeros en Venezuela, a saber, los funcionarios venezolanos 1, 2, 3 y 4 para asegurarse la adjudicación de contratos y proporcionar ventajas comerciales a Wakil y sus empresas.
Wakil y sus socios se valieron las “Wakil Food Companies”, así como de cuentas bancarias en las Islas Caimán, Suiza, Panamá y otros lugares para promover el esquema de soborno ilegal y ocultar su naturaleza y propósito.
Se señala que, en 2010, Naman Wakil se reunió con el Oficial Venezolano 1 en sus oficinas en Caracas, Venezuela y acordó realizarle pagos corruptos para obtener y retener para sus empresas con CASA.
Desde enero de 2010 hasta junio de 2011, Naman Wakil recibió aproximadamente USD 30 millones a través de transferencias bancarias de CASA a una cuenta bancaria ubicada en las Islas Caimán a nombre de la “Wakil Food Company 1”.
En agosto y septiembre de 2010, Wakil transfirió USD 750.000 en pagos de sobornos de la cuenta bancaria de Wakil Food Company 1 en las Islas Caimán a una cuenta bancaria en el sur de Florida en beneficio del funcionario venezolano 1. Los pagos se ocultaron con facturas falsas al banco en las Islas Caimán que indicaban servicios logísticos y trámites aduaneros.
En diciembre de 2011 o 2012, Naman Wakil se reunió con el Oficial Venezolano 2 en Caracas y acordó hacerle pagos corruptos para obtener y retener contratos y ventajas comerciales, con CASA. Wakil acordó pagar los sobornos a un familiar del Oficial Venezolano 2.
En 2012, Wakil instó al co-conspirador 1 a abrir cuentas bancarias en Suiza para el beneficio del co-conspirador 2 y del Funcionario venezolano 2.
Desde 2012 hasta 2015, Naman Wakil recibió aproximadamente USD 225 millones a través de transferencias bancarias de CASA a cuentas bancarias de Wakil Food Companies en Suiza.
Desde 2012 hasta alrededor de 2014, Wakil transfirió USD 11 millones en pagos de sobornos de las cuentas de Wakil Food Companies en Suiza a una cuenta bancaria en Suiza controlada por el c-oconspirador 2 en beneficio de Funcionario Venezolano 2. Estos pagos se ocultaron con facturas falsas al banco en Suiza que indicaban falsamente servicios logísticos y trámites aduaneros.
La acusación refiere en relación con los contratos de CASA obtenidos de forma corrupta, que Naman Wakil transfirió por lo menos USD 50 millones a su cuenta personal en Suiza. De estos fondos transfirió al menos USD 20 millones a cuentas personales a su nombre en Miami, los cuales utilizó para comprar, entre otras cosas, diez departamentos en el sur de Florida, un avión de USD 3,5 millones y un yate de USD 1,5 millones.
Los sobornos a funcionarios de PDVSA
Igualmente, sobre el mismo cargo de Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la acusación establece que en 2014, Naman Wakil se reunió con el Oficial Venezolano 3 y co-conspirador 5 en sus oficinas en Miami, y acordó el pago de sobornos al Funcionario venezolano 3 con el fin de obtener y retener contratos y ventajas comerciales para sus empresas petroleras con Petromiranda.
Agrega que, en 2014, el Funcionario Venezolano 3 envió un correo electrónico a co-conspirador 3 solicitando el pago de USD 100.000 a una cuenta de una empresa fantasma en Panamá. Cocospirador 3 transmitió el pedido a Wakil y este ordenó el pago.
En 2015, Naman Wakil recibió USD 7,7 millones en una cuenta bancaria de Wakil Oil Company 1 en los Estados Unidos en relación con un contrato de Petromiranda.
En 2015, Wakil transfirió USD 250.000 de la cuenta bancaria de Wakil Oil Company 1 a una cuenta corporativa en los Estados Unidos en beneficio del Funcionario venezolano 3.
Ese mismo año, Naman Wakil hizo que se enviara un correo electrónico al Funcionario venezolano 4 para obtener contratos para Wakil Oil Company 2 con Petropiar. Luego ordenó al co-conspirador 1 que abriera una cuenta bancaria a nombre de una empresa fantasma en beneficio del Oficial Venezolano 4 en Panamá.
En 2015, el co-conspirador 3 recibió documentos por correo electrónico de un familiar cercano del Funcionario venezolano 4, incluido el pasaporte, para abrir una cuenta bancaria para una empresa fantasma en Panamá.
En 2015, Wakil hizo que el funcionario venezolano 4 aprobara un contrato de USD 11,2 millones para que Petropiar comprara tuberías. Wakil compró dichas tuberías en China por USD 1,3 millones, es decir una operación que tuvo un sobreprecio de nueve veces el costo de las tuberías. Para ocultar y disfrazar a los beneficiarios del contrato de Petropiar, Wakil hizo que los pagos de la subsidiaria de PDVSA r se hicieran a una cuenta corporativa del co-conspirador 4 en Miami.
De enero de 2016 a julio de 2016, Naman Wakil hizo que Petropiar transfiriera aproximadamente USD 11,2 millones a la cuenta corporativa del co-conspirador 4 en Miami en relación con la compra de tuberías de Petropiar. Los pagos se ocultaron provocando múltiples transferencias electrónicas de la cuenta corporativa del co-conspirador 4 en Miami a una cuenta controlada por el co-conspirador 1 en Panamá. Después de esto, Wakil y sus socios provocaron transferencias electrónicas adicionales de la cuenta del co-conspirador 1 en Panamá a cuentas de Wakil Oil Company 2 en los Estados Unidos.
En 2017 Wakil se reunió con el Funcionario 4 venezolano y el co-conspirador 5 en sus oficinas en Miami para discutir el soborno al Funcionario venezolano 4 relacionado con el contrato de tuberías de Petropiar y la orden de compra. Wakil transfirió la propiedad de un condominio por valor aproximado de USD 300.000 en Miami, a una entidad corporativa controlada por un pariente cercano del Funcionario venezolano 4.
Un apartamento a cambio de un contrato
Sobre el segundo cargo por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la acusación indica que Naman Wakil,a través de correos y medios e instrumentos del comercio interestatal usados de manera corrupta, promovió los sobornos y entrega de cualquier cosa de valor a un funcionario extranjero y a una persona, para obtener y retener negocios para él y sus empresas.
Se especifica, que Wakil hizo que se enviara un correo electrónico en relación con la transferencia de propiedad de un condominio en Miami, Florida por un valor aproximado de USD 300.000 el 1 de septiembre de 2017, en beneficio del Oficial Venezolano 4.
El tercer cargo
Sobre el cargo 3 de Conspiración para cometer lavado de dinero, la acusación refiere que Naman Wakil hizo transferir un instrumento monetario y fondos desde fuera de los Estados Unidos hacia el interior del país, para promover la realización de una actividad ilegal específica.
Se trataba de transacciones financieras que afectan el comercio interestatal y extranjero, pues involucran el producto de una actividad ilegal, disfrazando la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de los ingresos de dicha actividad ilegal.
El propósito de la conspiración era que el acusado y sus co-conspiradores se enriquecieran ilegalmente sobornando a funcionarios venezolanos para obtener y retener contratos y otras ventajas comerciales, incluida la obtención del pago de contratos multimillonarios con entidades e instrumentalidades controladas por el venezolano.
Blanqueo internacional
Por el cargo de Blanqueo internacional de instrumentos monetarios, la acusación señala que Naman Wakil, transfirió un instrumento monetario y fondos desde un lugar en los Estados Unidos hacia y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos y a un lugar en los Estados Unidos hacia y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos, con la intención de promover la realización de una actividad ilegal.
Se transfirieron USD 800.000 de una cuenta bancaria en Miami, Florida a una cuenta bancaria en Panamá, controlada por el co-conspirador 1.
Los demás cargos
Los cargos del 5 al 7 por Participar en transacciones con propiedad derivada del delito, indican que Naman Waki provocó la participación en una transacción monetaria que afectara el comercio interestatal, por un valor superior a USD 10.000, habiendo sido dicha propiedad derivada de una actividad ilegal específica, y sabiendo que la propiedad involucrada en las transacciones financieras representaba el producto de alguna forma de actividad ilegal.
Estas actividades se describen así:
Propiedades de Wakil sujetas a decomiso
La acusación señala una serie de propiedades de Naman Wakil sujetas a decomiso de encontrarse culpable que, a saber, son:
a) una sentencia de decomiso de dinero por un monto mínimo de USD 50 millones;
b) inmueble ubicado en 3535 Hiawatha Avenue, Unit 602, Miami, Florida 331334;
c) inmueble ubicado en 68 SE 6 Street, Unit 2511, Miami, Florida 33131;
d) inmueble ubicado en 68 SE 6 Street, Unit 2911, Miami, Florida 33131;
e)propiedad inmueble ubicada en 4500 North Miami Avenue, Miami, Florida 33127;
f) inmueble ubicado en 4510N North Miami Avenue, Miami, Florida 33127;
q) el contenido de la cuenta de Synovus Bank número 05312001015335423 a nombre de Wakilisimo LLC;
r) el contenido de la cuenta de Synovus Bank número 07081901013876345 a nombre de Naman Wakil; s) el contenido de United Bank (anteriormente conocido como Carolina Trust Bank) número de cuenta 0700017114 a nombre de Naman Wakil y Souheil A. “Tony” Azar; t) el contenido de United Bank (anteriormente conocido como Carolina Trust Bank) número de cuenta 700015258 a nombre de Wakil Properties LLC; u) el contenido de United Bank (anteriormente conocido como Carolina Trust Bank número de cuenta 700015266 a nombre de Wakilisimo LLC.
La salida a la crisis venezolana no puede ser electoral cuando el propio sistema de votación constituye en sí mismo un problema, pues forma parte de la estrategia utilizada por el oficialismo para perpetuarse en el poder.
Por Maibort Petit
Transcurridas un poco más de dos décadas desde que en el Venezuela se impusiera el chavismo en las elecciones de 1998, otorgándole el triunfo a Hugo Chávez, la nación se debate en la búsqueda de una solución a la crisis que se padece desde aquella fecha. Desde ese entonces, el neototalitarismo comenzó a instaurarse en el país —pese a que algunos sólo lo llaman autoritarismo— llenándolo de oprobio y sin que los venezolanos hayan podido encontrar la manera de librarse de él. Se insiste en una salida electoral, aun cuando el sistema de votación está signado —desde la implementación de la automatización— por la sombra del fraude.
El conocimiento, larga experiencia y la investigación que ha desarrollado en torno al sistema de votación venezolano, han llevado a Guillermo Salas a lanzar una serie de advertencias acerca del que el oficialismo, el gobierno y el Consejo Nacional Electoral (CNE), califican como el sistema de electoral más moderno y seguro del mundo. Salas es Físico egresado de la Universidad Simón Bolívar, con una maestría en la misma especialidad y la misma casa de estudios; es fundador de la organización de contraloría electoral Esdata[1]; experto en análisis del fraude electoral desde el punto de vista de la ciencia.
En la actualidad el régimen de Nicolás Maduro y la oposición se encuentran en un proceso de negociación en México y ante unas eventuales elecciones regionales y municipales de gobernadores, alcaldes, legisladores y concejales que tendrán lugar el próximo 21 de noviembre del presente año 2021, pues como se apuntó líneas arriba, múltiples sectores creen que los comicios son la vía para superar el conflicto, pero, ¿es posible que la salida sea electoral cuando el propio sistema de votación es parte del problema, al haberse constituido en la estrategia implementada por el oficialismo para perpetuarse en el poder?
Por ello es absolutamente necesario que los venezolanos conozcan la realidad del sistema para poder asumir la solución a la grave crisis que padece el país, la cual, además, amenaza por expandirse por Latinoamérica.
OEA desenmascara fraude en Bolivia
Para descifrar los fraudes electorales del siglo 21, Guillermo Salas se remite, en primer lugar, el informe de la OEA sobre las elecciones generales de Bolivia en 2019[2], el cual recoge las irregularidades observadas por el organismo en los comicios del país del altiplano. Para el experto, entender lo que ocurrió en Bolivia en el citado año y en todas las elecciones venezolanas a partir del año 2004 cuando se implementó el sistema automatizado de votación, es vital para poder acometer una solución.
El referido informe de la OEA versa sobre los comicios del 20 de octubre de 2019, en los que Evo Morales pretendía reelegirse como presidente en la primera vuelta electoral. La ley boliviana estipula que para que un candidato a presidente pueda proclamarse ganador, es necesario que alcance el 50 por ciento de los votos válidos. En caso de que supere el 40 por ciento y hubiese una diferencia de 10 por ciento o más sobre el segundo, se requiere realizar un balotaje o segunda vuelta electoral.
Múltiples denuncias signaron estos comicios en el que los adversarios de Morales y diversas organizaciones, partidos políticos y sectores de la sociedad, cantaron una supuesta irregularidad electoral cuando sin explicación alguna, se interrumpiera la transmisión no oficial de conteo rápido, que con el recuento al 83,76 por ciento, si bien mostraba una ventaja del mandatario, no reunía el porcentaje exigido por ley para evitar la segunda vuelta electoral.
Por ello la OEA envió una comisión a investigar en razón de las grandes protestas por parte de la oposición boliviana y encontró que “El esquema tecnológico paralelo y no controlado que se creó de manera deliberada facilitó un entorno que permitiría la manipulación de datos, suplantación de actas o cualquier maniobra, facilitado por la volatilidad de la evidencia digital”.
El informe de la OEA puntualiza al final que, “En conclusión, nuestro análisis de los datos de las Elecciones de Bolivia 2019 deja en claro que la victoria en primera vuelta de Evo Morales fue estadísticamente improbable, y que su proclamación se dio por un aumento masivo e inexplicable de los votos del MAS en el 5% final del cómputo. Sin ese aumento, aunque el MAS habría conseguido la mayoría de los votos, no habría obtenido la diferencia del 10% necesario para evitar la segunda vuelta. Este incremento se dio a partir de quiebres marcados en las líneas de tendencia de votación del oficialismo y de CC, a nivel nacional y departamental. El tamaño de las rupturas es extremadamente inusual y coloca en duda la credibilidad del proceso”.
Salas advierte que el sistema digital facilita en demasía el fraude electoral y aclara que, aunque en las elecciones de Bolivia de 2019 el voto fue manual, la totalización de los resultados se hizo de manera electrónica. “El fraude se ejecutó en la totalización de los votos”.
Entre los hallazgos de la evaluación del proceso la OEA encontró, en primer lugar, la “Paralización intencional y arbitraria, sin fundamentos técnicos, del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) al momento en que se llevaban 83.76% de las actas verificadas y divulgadas, de un 89.34% de actas que ya habían sido transmitidas y estaban en el sistema TREP. El TSE ocultó a la ciudadanía, de manera deliberada, un 5.58% de actas que ya se encontraban en el sistema TREP pero que no fueron publicadas”.
Y seguidamente subraya la “Introducción de servidores no previstos en la infraestructura tecnológica (servidores denominados BO11 y BO202), a los cuales se desvió de manera intencional el flujo de información del TREP”.
Es decir que todos los datos que debían ser totalizados en la computadora central de la oficina electoral, se transfirieron a otros servidores donde se manipularon los resultados. Esto llevó a que a última hora se cambiaran los resultados y le dieran el triunfo en primera vuelta a Evo Morales.
El antecedente filipino
Guillermo Salas advierte que el caso boliviano tiene un antecedente en las elecciones presidenciales en Filipinas 2016 y se remite a una nota publicada en “The Manila Times” titulada “Smartmatic admite el uso de servidores no oficiales”[3], una declaración que se hizo ante la Fiscalía de esa nación.
Salas cita el contenido de la información que refiere que los resultados de la elección que fueron publicados no venían directamente del Servidor de Transparencia como manda la ley. A dicho servidor, denominado “de transparencia” debían llegar los datos de forma directa procedentes desde las máquinas, correspondiéndole a dicho servidor emitir los resultados al público.
Las investigaciones determinaron la existencia de un “queue server” o servidor de cola interpuesto entre las máquinas de votación y el Servidor de Transparencia. Estos servidores intermedios procesaban y consolidaban la información que sólo entonces enviaba al Servidor de Transparencia desde el cual se arrojaba el resultado final.
Lo grave de este hallazgo fue el hecho de que dichos “queue server” o servidores de cola se encontraban ocultos en el tercer piso del edificio donde funciona la oficina electoral de Filipinas. Estos servidores no fueron sometidos a ningún tipo de auditoría, dado el carácter secreto en que se mantuvieron por parte de la oficina electoral de Filipinas y Smartmatic.
Al ser confrontados luego de conocerse la existencia de estos servidores intermedios, la oficina electoral de Filipinas y Smartmatic sólo dijeron que allí se consolidaban y se procesaban los datos, pero nunca admitieron el cambio de resultados.
Se limitan a indicar que estos “queue server” o servidores de cola, solamente tenían como objetivo la administración del tráfico de datos, lo cual es válido pero inaceptable si se mantiene de manera oculta.
En tal sentido, Guillermo Salas alerta que estos son los problemas de la votación electrónica que, como en este caso filipino se hace imposible establecer lo que realmente ocurrió.
Como puede verse, tanto en las elecciones de Bolivia, como en las de Filipinas, la existencia de servidores intermedios entre las máquinas de votación y el servidor de totalización que se mantuvieron de manera secreta, puso en duda los resultados oficiales de las elecciones presidenciales de ambos países.
A juicio de Salas tal manipulación del voto es burda e inaceptable.
El origen de todo
Luego de hacer mención del caso boliviano y el filipino, Guillermo Salas advierte entonces que estos tienen su origen en las elecciones de Venezuela de 2004, cuando se llevó a cabo referendo revocatorio en el que Hugo Chávez se jugaba la presidencia de la república. Fue en ese proceso comicial en el que hicieron su debut las máquinas de votación de Smartmatic, un sistema controlado por el propio mandatario.
¿Por qué Salas hace semejante afirmación? En razón de que el estado venezolano era propietario de la empresa a cargo del diseño del software de votación que portaban las máquinas de votación. En un país en el que no existe división de poderes públicos, pues todos se encuentran bajo la égida de los dictámenes del ejecutivo, es lo que lleva a Guillermo Sala a equiparar al estado venezolano con Hugo Chávez en alusión a la frase adjudicada a Luis XIV de Francia, El Rey Sol, monarca absoluto que ejercía el poder total en el país europeo del siglo 17.
Acota lo llamativo del hecho de que luego de los comicios venezolanos de 2004, el uso del sistema de votación automatizado de Smartmatic comenzó a expandirse por todo el mundo. Comenta que recientemente recibió una información acerca el Parlamento Europeo lo utilizaría para la escogencia de parte de sus miembros. Además, se usan en Argentina, Brasil, Canadá y otros países, mientras que en México. En Bélgica y Bulgaria también se implementó y refirió que, en este último caso, la elección presidencial ha sido muy controvertida.
Chavistas en elecciones de EE. UU.
Sobre la gran expansión que ha experimentado el sistema de votación de Smartmatic, Guillermo Salas recuerda la advertencia que, sobre su implementación en las elecciones de los Estados Unidos, le formuló en 2006 al secretario del Tesoro para la época, Henry Paulson, la representante demócrata, Carolyn Maloney, quien manifestó su inquietud ante la compra en 2005[4] por parte de Smartmatic de la empresa estadunidense, Sequoia Voting Systems.
A Maloney le alarmaba la incursión de una empresa vinculada al chavismo en el sistema electoral de los Estados Unidos y pedía información al Departamento del Tesoro sobre el asunto, toda vez que se trataba de una compra que debía contar con la aprobación de dicho despacho. El Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos del Congreso (CFIUS por sus siglas en inglés) investigaba la compra.
Maloney advirtió al secretario del Tesoro "sobre la posible inversión del gobierno venezolano en Smartmatic, en razón de los vínculos existentes entre la compañía y el gobierno de Hugo Chávez". La representante demócrata anexó a su comunicación una compilación de artículos que dejaban ver la relación, entre ellos una nota de The Miami Herald titulada “Venezuela tiene participación en las boletas electorales” que daba a conocer la adquisición por parte de una compañía totalmente ligada al gobierno de Chávez, de una de las compañías de votos más grandes de los EE. UU.
En virtud de que la primera comunicación de Maloney al secretario del Tesoro no obtuvo respuesta, le remitió una segunda el 6 de octubre de ese mismo año 2006, en la que expresaba que “es indiscutible que Smarmatic, una compañía que tiene dueños extranjeros haya adquirido Sequoia Voting Systems, la cual procesó más de 125 millones de votos en las elecciones presidenciales de 2004 en EE. UU. Esto alarmó mucho al gobierno estadunidense”.
De este hecho se hizo eco The New York Times, y en una publicación que tituló “Estados Unidos investiga los lazos de las máquinas de votación con Venezuela”[5] , advirtió que "tan sólo siete meses después de haberse realizado el referendo revocatorio de 2004 contra Chávez en Venezuela, Smartmatic compró a Sequoia Voting Systems".
La nota del New York Times dijo: “El gobierno federal está investigando la compra el año pasado de un importante fabricante estadounidense de sistemas de votación electrónica por parte de una pequeña empresa de software vinculada al gobierno de izquierda venezolano del presidente Hugo Chávez”.
Antes de lograr el contrato con Venezuela para la automatización del voto, “Smartmatic era entonces una empresa de tecnología incipiente. Su domicilio social era Boca Ratón, Florida, en el hogar del padre de uno de los dos jóvenes ingenieros venezolanos que eran sus principales oficiales, Antonio Mugica y Alfredo Anzola, y tenía una oficina de una sola habitación con una sola secretaria”.
Sin embargo, "poco tiempo después de haber coronado el contrato venezolano, compraba una de las compañías de voto más importantes de los Estados Unidos, como lo es Sequoia Voting Systems".
En la nota del New York Times se indica que "la compañía que realizaba esta compra había afirmado que tenía “dos empresas en funcionamiento, pequeños contratos para software de comunicaciones seguras que, según un portavoz de Smartmatic, tenían un valor total de alrededor de 2 millones de dólares”.
En otras palabras, destaca Guillermo Salas, la hormiguita se compró el elefante, algo que a The New York Times le resultó altamente sospechoso.
Ante el escándalo surgido, congelaron la operación por un tiempo.
Vuelve la preocupación en EE. UU.
En 2020 Smartmatic volvió a convertirse en objeto de preocupación en los Estados Unidos, cuando la empresa participa en las elecciones estadunidenses y comienzan a hacerse revelaciones acerca de sus directivos.
Integró hasta hace unos meses la junta directiva de Smartmatic, Lord Mark Malloch-Brown.
Salas subraya que Lord Mark Malloch-Brown era vicepresidente de los fondos mutuales de George Soros, además de ser director del Crisis Group[6], una ONG con gran influencia en muchos países, entre ellos Venezuela. Malloch-Brown es, igualmente, director del Foro Económico Mundial[7], una institución globalista también llamada Foro de Davos: actualmente es el presidente de Open Society Foundation, que es una organización “fundada por George Soros, [que] es el mayor financiador privado de grupos independientes que trabajan por la justicia, la gobernanza democrática y los derechos humanos en el mundo”, de acuerdo a su página web[8]. Además, Salas refiere que a esta última organización se la señala de querer imponer un nuevo orden mundial.
Señala Salas que Mark Malloch-Brown escribió el libro “La revolución global inconclusa: los límites de las naciones y la búsqueda de una nueva política”. Al respecto, el experto electoral manifiesta su preocupación toda vez que las personas que se califican de revolucionarias “se sienten con derecho a saltar ciertas normas. Esto en lo personal a mi me preocupa. Malloch-Brown es una persona totalmente ligada a George Soros. Muchos lo vieron como una simple casualidad, una inversión de Soros, mientras a otros les dio mucha preocupación la presencia de Lord Mark Mallow-Bronw en la directiva de Smartmatic”.
Smartmatic en Venezuela
Guillermo Salas se remite a Venezuela, donde se consolidó la empresa Smartmatic.[9] registrada en el estado de la Florida, a partir su contratación como encargada de la automatización del sistema de votación y en donde se ha impuesto la narrativa de que la salida a la crisis venezolana es únicamente electoral.
Igualmente, puntualizó que solamente hasta hace poco tiempo, en Venezuela se manejó la tesis de que, tanto con Chávez como con Nicolás Maduro, ha regido un gobierno autoritario más no dictatorial.
Del mismo modo, se ha dicho que en Venezuela se realizan las “elecciones competitivas”, que “nunca ha habido fraude electoral” y mantienen que “la salida será electoral”, como ya lo habíamos apuntado anteriormente. “Esa es una especie de Ritornello que nos ponen año a año”, expresa Salas.
Se trata de una narrativa que, incluso, manejaron voceros importantes de la política venezolana como Teodoro Petkoff, quien en 2015, declaró luego de haber sido galardonado con el Premio Ortega y Gasset, que el régimen de Nicolás Maduro, “ese es un gobierno autoritario, pero no dictatorial”; “…la democracia está viva. Acosada, pero viva”; “las instituciones democráticas han resistido al gobierno y el desenlace de esta situación será democrático”; “…si no hay fraude, que nunca lo ha habido hasta ahora, por cierto”; “Chávez por mucho que tuviera una visión militarista de la política, tenía un sentido democrático en su relación con el país”.
Petkoff hacía estas afirmaciones en 2015 —destaca Salas— cuando en tan solo en 2014 el gobierno de Maduro había llevado a cabo una masacre de estudiantes.
Subraya que, en política, los políticos que ganan son los que imponen su narrativa, indistintamente de que esta sea cierta o no y así ocurrió en Venezuela por muchísimos años e, incluso, aún en la actualidad algunos se hacen eco de esta “verdad oficial”.
Pero entretanto el gobierno y los políticos mantienen dicho discurso, la población tiene otro parecer. En tal sentido, Salas se remite a una encuesta que hizo la Universidad Católica Andrés Bello en mayo de 2015, sobre las “Percepciones ciudadanas del sistema electoral venezolano”, donde una de las preguntas es: “En el CNE se pueden cambiar electrónicamente los resultados”, resultando que 44,5 por ciento de los consultados pensaban sí y solamente el 30,7 por ciento creía que no.
“Es decir que la percepción de la mayoría de los venezolanos es totalmente divorciada de la narrativa de la oposición oficial”, asevera Guillermo Salas.
Las dos verdades
Entonces Guillermo Salas hace mención al hecho de que, en realidad, existen dos verdades. Por un lado, la verdad oficial que sostiene que regímenes como el venezolano son gobiernos autoritarios, pero no dictatoriales; que realizan elecciones competitivas; que nunca ha habido fraude electoral; y que la salida será electoral.
Por otro lado, existe una verdad proscrita que es acallada, “no se imaginan ustedes cómo hemos sido censurados en todos los medios de comunicación en Venezuela. Tal vez el único que nos dio cierto espacio es El Nacional”.
Esta verdad proscrita asegura que los citados regímenes como el venezolano “son totalitarismos modernos”; “realizan elecciones controladas”; “se han mantenido en el poder gracias a fraudes electorales”; y en consecuencia sostienen que “no existe la salida electoral”.
Alerta, pues, de que se trata de dos verdades contrapuestas que es necesario que la oposición venezolana se decida a dilucidar, pues hasta ahora se limitó a desechar la verdad proscrita, sin siquiera analizarla y determinar cuánto de cierto pudiera contener. Tal situación, subraya, mantiene dividida a los opositores venezolanos.
El método de comprobación
Guillermo Salas se vale del método de Galileo Galilei para evaluar dos verdades contrapuestas y que desarrolló en su libro “Diálogo” en el que se planteaba una verdad oficial que decía que la Tierra era el centro del universo, el modelo ptolemaico; entretanto, una verdad proscrita sostenía que la Tierra giraba en torno al sol, el modelo de Copérnico.
Galileo Galilei examina una serie de hechos a través de tres personajes que dialogan entre sí: Simplicio, quien representa la verdad oficial; Salviati, quien representa la verdad proscrita y en el fondo era el mismo Galileo; y Sagredo, quien era un tipo muy inteligente que escuchaba a las dos partes y hacía contra preguntas; en eso se basa el diálogo.
Los hechos a examinar
Guillermo Salas estima analizar estas narrativas serviría para unificar a la oposición en torno a la verdad y no a una premisa falsa.
Los hechos a examinar son los siguientes: el origen del sistema de votación de Smartmatic; el debut del sistema de votación de Smartmatic: la auditoría del software, la votación, el escrutinio y las auditorías de los resultados; los primeros alegatos de fraude; las hipótesis; y otras evidencias de fraude; lo que sucedió en The Statistical Science affaire.
Salas se remite al libro escrito por Emili J. Blasco llamado “Bumeran Chávez. Los fraudes que llevaron al colapso a Venezuela”, en el que el autor entrevista a Leamsy Salazar, ex-guardaespaldas de Hugo Chávez y de Diosdado Cabello, quien hizo estas declaraciones en forma jurada en los Estados Unidos. Blasco lo entrevistó y recogió sus declaraciones en el referido libro.
Salazar dice en el libro: “Las computadoras secretas de los chavistas lo indicaban bien claro. A las seis de la tarde, la hora en que es 14 de abril de 2013 debían cerrar los centros electorales en Venezuela, las presidenciales las había ganado Henrique Capriles Radonski…”.
Luego agregó: “Un sistema informático paralelo al oficial permitía al chavismo saber en tiempo real a lo largo del día la evolución del voto y le facultaba conocer el número de votos falsos que debía producir para girar el resultado”.
Esto, alerta, es absolutamente necesario determinarlo.
Sobre el origen de la compañía Smartmatic y su sistema de votación, Guillermo Salas refiere que es bastante conflictivo y controversial.
Rememora el año 2002 el cual fue tremendamente conflictivo y controversial, con la oposición venezolana totalmente activada en una lucha por salir de Hugo Chávez, con confrontaciones por todos lados, paros y marchas eran gigantescas. Se produce un paro petrolero al que se sumaron el empresariado y los sindicatos. “Prácticamente todo el país estaba en paro contra Chávez”.
El 11 de abril de 2002 cae Chávez cuando la Fuerza Armada le retira el apoyo, pero por la actuación de un pequeño grupo que trató de robarse el esfuerzo de todos los venezolanos y emitió un decreto vergonzoso que, de hecho, era un golpe de estado, se perdió el sustento constitucional y Chávez fue restituido en el poder por un grupo de militares encabezado por el general Raúl Isaías Baduel, hoy caído en desgracia con el chavismo.
Dada la grave situación en el país, se crea la “Mesa de negociación y acuerdo” en la que el Centro Carter y la OEA, se instalaron en Venezuela como facilitadores. En estas conversaciones, el 30 de mayo de 2003, se convino que la salida al conflicto sería electoral, a través de la convocatoria del referendo revocatorio que plantea un artículo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La compra de Bitza
A pocos días de esta decisión, el gobierno venezolano compra una compañía que se llama Bizta Corporation[10] y que es la “hermana gemela” de la compañía Smartmatic, pues ambas fueron registradas en EE. UU. por Antonio Mugica. Las dos compañías tenían la misma dirección, a saber, la casa de los padres de Mugica. “Son compañías siamesas”.
Es decir, refiere Guillermo Salas, el gobierno de Chávez en lugar de ir a hacer proselitismo normal, compró la empresa Bitza, un hecho que salió a la luz gracias a una trabajo de investigación emprendido por The Miami Herald, escrito por los periodistas Richard Brand y Alonso Chardy, el 28 de mayo de 2004, quienes descubrieron que el gran inversionista en la compañía de software que se encargaría de la elaboración de las boletas electrónicas en el muy criticado sistema de votación de Venezuela, resultó ser el mismo gobierno de Venezuela.
Brand y Chardy descubrieron que el ingeniero Antonio Mugica en enero de 2000, registró las dos compañías en Boca Ratón, Florida, Smartmatic y Bitza, dos empresas siamesas prácticamente.
El 30 de mayo de 2003 se resuelve la vía electoral para el conflicto venezolano en la Mesa de Negociación y Acuerdo.
“Luego, en los primeros días de junio de 2003, Chávez compra Bitza, digo Chávez porque fue el estado venezolano y en estos regímenes como el de Chávez, él era el estado. Es decir, Chávez se convierte en accionista de Bitza”, apunta Salas.
Nuevo CNE ¿balanceado?
Posteriormente, en agosto de 2003, Hugo Chávez, a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) bajo su control, sustituye la antigua directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) y nombra una nueva directiva supuestamente balanceada, integrada por dos personas del oficialismo, dos de la oposición y un independiente. El asunto particular estuvo en que el rector independiente terminó siendo el más chavistas de todos, a saber, Jorge Rodríguez. De esta manera, se establece un apabullante 3 a 2 que impide a los representantes de la oposición accionar en el organismo electoral.
A principios de diciembre de 2003, en una faena de cuatro días, la oposición logra recaudar las firmas necesarias para convocar el referendo revocatorio.
En enero de 2004, un viceministro del gobierno de Chávez llamado Omar Montilla Castillo, es nombrado director de Bitza. Su padre era secretario del consejo de ministros del Chávez.
El 4 de febrero de 2004, Jorge Rodríguez se hace cargo del proceso de licitación para seleccionar un sistema de votación para automatizar el voto en Venezuela.
The Miami Herald dice sobre esto: “El proceso de licitación para seleccionar el nuevo sistema de votación en Venezuela fue secreto y no se permitió ninguna información sobre los oferentes y sus productos”, dijo Sobella Mejías después de que esto ocurrió, una de las rectoras no afines al gobierno.
La decisión se tomaría sobre la base de una evaluación técnica para la cual Jorge Rodríguez designó a dos profesores de la Universidad Simón Bolívar. Uno es Carlos Figueira y el otro es Félix Arroyo.
El primero, Carlos Eloy Figueira actualmente es el cónsul adjunto de Venezuela en Barcelona. De 2003 a 2007 trabajó desde la universidad como asesor en materia de sistemas electorales. Fue viceministro de Ciencia y Tecnología durante un año. Dio una conferencia denominada “Venezuela, ni golpe de estado ni injerencias”, al que convocaban puras organizaciones de izquierda. Figueira es un marxista confeso.
El otro evaluador, Félix Arroyo, no parece marxista, pero cuando se revisa el “Diccionario de la corrupción en Venezuela”. Volumen 3 que comprende los años entre 1984 y 1992, encontramos que estuvo involucrado en el caso de las visas chinas. Arroyo era director de la DIEX (Dirección de Identificación y Extranjería). Cobraban entre USD 2.500 y USD 30.000 por visa a ciudadanos de origen chino. En noviembre de 1992, el Tribunal Superior de Salvaguarda decretó auto de detención a Arroyo y al otro implicado, José Gonzalo Ramírez Calles, cónsul de Venezuela en Hong Kong, por la expedición indebida de documentos.
Finalmente, la licitación la ganó el Consorcio SBC, conformado por Smartmatic, Bitza y Cantv, es decir, el contrato se entregó a una empresa en la el propio gobierno tenía participación.
Smartmatic, que nunca había fabricado una máquina de votación, se las encarga a Olivetti, mientras Bitza se encarga de desarrollar el software en un proceso controlado directamente por Omar Montilla. A Cantv le correspondía ceder sus redes de comunicación.
En abril de 2004 llegaron las máquinas de votación a Venezuela y es después de esto, cuando Hugo Chávez acepta ir al referendo revocatorio el 3 de junio de 2004: “Cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo ordene, nosotros estamos listos para como un solo hombre, ahora sí, comenzar la verdadera batalla del revocatorio presidencial”.
En agosto de 2004, viene el referendo revocatorio y los resultados oficiales dan ganador a Hugo Chávez en un proceso que fue dirigido por un viceministro de su gabinete.
Las explicaciones oficiales
The Miami Herald dijo al respecto que “Los funcionarios del gobierno pro-Chávez y los ejecutivos de la compañía entrevistados por el periódico de la Florida dijeron que las máquinas Smartmatic-Bitza se encuentran entre las más seguras del mundo y que la inversión del gobierno en Bitza no está relacionada con la oferta de Bitza por el contrato de las máquinas de votación”.
Más adelante refirieron: “Los funcionarios del gobierno habían afirmado en repetidas ocasiones que su inversión en Bitza y en Vista, así como el nombramiento de Montilla, se hizo sin saber que la empresa alguna vez buscaría un contrato relacionado con las elecciones”.
También insistieron en que la inversión era parte de un esfuerzo mayor para respaldar la empresa privada y que su interés en una empresa de software era meramente una coincidencia. Agregaron que una docena de inversiones de este tipo, se habían realizado para ayudar a empresas prometedoras.
La comprobación
Guillermo Salas procede a aplicar el método de Galileo Galilei:
¿Cómo lo explicaría la verdad oficial?
Simplicio: La compra de Bitza por parte del gobierno venezolano fue un hecho casual que no guardó ninguna relación con que esta compañía, pocos meses después, recibiera del CNE un contrato para desarrollar el software que les contaría los votos a los venezolanos.
Entretanto, la verdad proscrita lo plantearía así:
Salviati: Es muy poco probable que todo esto haya ocurrido por casualidad. Por lo tanto, debieron ser acciones deliberadas relacionadas con la preparación del fraude.
Sagredo tendrá que ser cada una de las personas que evalúen estas dos visiones enfrentadas y corresponde a cada quien ponderar los argumentos de un lado y los argumentos del otro.
La respuesta de Mugica
Salas se remite nuevamente al artículo de The New York Times que hacía referencia a la compra de Sequoia Voting Systems por parte de Smartmatic, por lo que esta última reclamó al diario y este le contestó en los siguientes términos: “En una conferencia de prensa y una entrevista que se hizo ayer, el señor Mugica dijo que nunca se habían reunido con el señor Montilla [el viceministro de Chávez]. Cuando se le preguntó sobre una minuta de Bitza de la reunión de la junta directiva del 15 de diciembre de 2003 en la que se indica que ambas personas estaban juntas, él dijo que tenía un vago recuerdo de ese evento”.
Y después agregó: “Si yo me reuní con él habrá sido una especie de saludo”, dijo Mugica, “pero yo no recuerdo esto”.
Las reacciones de la oposición y el Centro Carter
Refiere Guillermo Salas que los periodistas de The Miami Herald presentaron estos hechos a la Coordinadora Democrática que era la que manejaba la oposición en aquel momento y la respuesta de estos fue: “Los opositores de Chávez le dijeron al Herald que se sorprendieron al enterarse que el gobierno tiene participación en una empresa fundamental para el proceso electoral. ‘¿El gobierno venezolano? Está usted bromeando’, dijo Jesús Torrealba, funcionario del grupo opositor Coordinadora Democrática. ‘Impugna la credibilidad del proceso, esto es impactante’”.
A pesar de la sorpresa, no tomaron medidas correctivas al respecto.
También, informaron de los hechos al Centro Carter que era garante del proceso y era observador. “Pero el Centro Carter, con sede en Atlanta, que ha observado todos los procesos electorales venezolanos desde la elección de Chávez en 1998, dijo que el haberse encontrado que la participación del gobierno en Bitza, refuerza la necesidad de auditorías electorales independientes”.
Sigue The Miami Herald reseñando la respuesta del Centro Carter: “‘Lo que vemos en cualquier proceso electoral es que si cada uno de los componentes es transparente y auditable, en este caso incluiremos las nuevas máquinas’, dijo Jennifer McCoy, quien lideraba la misión del centro Carter para Venezuela. Y añadió que desconocía la inversión del gobierno venezolano en Bitza”.
Es decir, tanto la oposición como el Centro Carter manifestaron sorpresa por la información, pero solamente el segundo estableció la necesidad de poner énfasis en las auditorías.
El gobierno de Guyana, a través del Ministerio de Recursos Naturales, anunció su decisión de comercializar el crudo del pozo costa afuera Liza 1, ubicado en un área cuya soberanía es reclamada por Venezuela. De acuerdo con lo informado por la administración guyanesa, será la subsidiaria de Saudi Aramco, Aramco Trading Limited (ATL), la que se encargue de encontrar comprador para un millón de barriles de crudo que produce Liza Destiny, una FPSO.
El referido pozo Liza-1 se encuentra en el bloque de Stabroek, un área costera cerca de la frontera entre Guyana y Venezuela disputada desde hace más de un siglo por los dos países.
ATL, la subsidiaria de la saudí Aramco Trading Company que tiene su sede en el Reino Unido, fue escogida en razón de lo expuesto por las autoridades guyanesas, por presentarse "como el postor evaluado con el menor cumplimiento a un precio de 0,025 centavos por barril".
Entretanto, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Recursos Naturales, el postor más bajo resultó ser la empresa china Sinochem, la cual ofertó a 0,02 centavos de dólar por barril.
Le correspondería a ATL comercializar la cuarta carga de Guyana en 2021, la cual está programada para el 21 y 22 de septiembre.
Al explicar el proceso de escogencia, las autoridades guyanesas refirieron que se llevaron a cabo evaluaciones administrativas, técnicas y financieras para tomar esta decisión, luego de estudiar las presentaciones de 15 firmas.
Además de ATL, participaron en la licitación Bibi Energy Trading, Shell Western Supply and Trading, Chevron, Petraco Oil, China National Offshore Oil Corporation, Natural Gas Company of Trinidad y Tobago y Heritage Petroleum, Hess, Vitol, Mercuria Trading, Total Energies, Litasco y Trafigura.
Vickram Bharrat, ministra de Recursos Naturales, expresó a través del comunicado difundido por su despacho, que el gobierno de Guyana asegurará los "mejores acuerdos" para el país, al tiempo que se comprometió a "mantener el más alto nivel de cumplimiento y transparencia para garantizar que los beneficios de este sector mejoren la vida de todos los guyaneses".
Se conoció que semana la Junta Nacional de Administración de Adquisiciones y Licitaciones conocerá los detalles de la operación la próxima semana.
Del mismo modo se conoció que, desde 2018 cuando comenzó la producción petrolera de la Fase 1 de Liza, hasta la fecha, Guyana ha vendido 7 mil 56 millones de barriles de crudo por USD 388.7 millones.
Guyana mantiene un acuerdo de producción compartida con ExxonMobil, Hess y CNOOC, las cuales tienen derecho a vender crudo del pozo, refiere la nota consultada de SPG Global[1].
Una nota de Argus Media[2] refiere que, de acuerdo a lo informado, no está claro si ATL se encargará del manejo de otras cargas, ni para cuándo el gobierno guyanés tiene planeado convocar a una nueva licitación para comercializar los crecientes volúmenes de crudo.
Estas licitaciones reemplazan los acuerdos bilaterales que se venían suscribiendo, siendo esta del Pozo Liza 1 la primera en realizarse en esta nueva modalidad. Se trata, según el despacho de Ambiente, del tercer esfuerzo de Guyana para alinear a un comercializador en un proceso competitivo.
Todo el crudo ahora comercializado proviene del bloque de aguas profundas Stabroek a cargo de ExxonMobil que ubicó a Guyana en el mapa petrolero mundial en 2019, fecha en la que inició la producción.
Las estimaciones de ExxonMobil se elevar a lo 800.000 b/d para 2025 desde los 120.000 b/d que produce en la actualidad.
La ministra Bharrat dijo que las ganancias petroleras acumuladas de Guyana desde el inicio de la producción, se han incrementado hasta USD 436 millones, una cifra que incluye las regalías de ExxonMobil y sus socios, las cuales están depositadas en un nuevo fondo soberano en la Reserva Federal de Nueva York, sin que hasta la fecha se hayan tocado.
Petróleo ¿venezolano?
Toda esta bonanza que experimenta ahora Guyana a consecuencia de la explotación petrolera, que la llevó en 2020 a experimentar un crecimiento económico de 86 por ciento, tenido según apunta una nota del ABC de España[3], como “el mayor salto del PIB en el mundo, que multiplica por catorce el incremento del PIB chino”.
Lo particular del asunto es que todo esto ocurre sobre áreas cuya soberanía le disputa Venezuela desde hace más de cien años. Una riqueza que lo ubicaría como el país con la mayor producción per cápita del mundo, superando a Kuwait.
El yacimiento Liza ubicado a, aproximadamente, 190 kilómetros de la costa y que produce 120.000 barriles diarios explotados por ExxonMobil, Hess y la china CNOOC, forma parte del Bloque Stabroek, se estima que para 2025, ya en una segunda fase, producir 750.000 barriles diarios, altamente competitivo con el crudo venezolano, pues es de menor densidad que este último.
Una gran riqueza que brota en un territorio y aguas reclamadas por Venezuela, la cual fue despojada en 1899 por un tribunal internacional que falló a favor de Guyana y que los venezolanos acusan de “nulo e írrito”.
Hasta la fecha no ha habido pronunciamiento alguno por parte del gobierno venezolano, ni el encabezado por Nicolás Maduro, ni el interinato a cargo de Juan Guaidó.
Se fijó el 13 de diciembre de 2021 para que las partes lleven a cabo una conferencia de estado del caso.
Por Maibort Petit
El 29 de septiembre de 2021, el juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, estableció el cronograma de acciones a seguir en los próximos meses en el caso que en su Corte se ventila entre los Estados Unidos y el mayor general venezolano, Cliver Antonio Alcalá Cordones, acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y cargos relacionados con armas de fuego.
En agosto pasado los fiscales del caso, Amanda Houle, Matthew Laroche, Jason A. Richman y Kyle Wirshba, solicitaron aplazar por 30 días de la fecha de la audiencia antes del juicio que estaba prevista para el 2 de septiembre de 2020, en razón de que el gobierno continúa presentando pruebas contra el acusado, quien a su vez requiere tiempo para revisar el material con sus abogados.
El pasado 27 de septiembre de 2021, el juez Hellerstein celebró una conferencia telefónica sobre el estado del caso y decidió que la fiscalía presente cualquier moción relacionada con la Ley de intercambio de información sobre ciberseguridad (CISA), 6 U.S.C. § 1501 et seq., a más tardar el 1 de diciembre de 2021. Por su parte, el demandado, Clíver Alcalá Cordones, deberá presentar cualquier oposición a esa moción a más tardar el 8 de diciembre de 2021.
Del mismo modo, el magistrado fijó el 13 de diciembre de 2021 como la fecha tope para el Alcalá Cordones presente cualquier otra moción, además de un calendario de sesiones informativas.
Por último, Alvin Hellerstein, ordenó a las partes que se presenten a una conferencia telefónica de estado el 13 de diciembre de 2021 a las 10:30 a.m., excluyendo y el tiempo en interés de la justicia hasta el 13 de diciembre de 2021.
Será ahora el 27 de septiembre de 2021 cuando se lleve a cabo la conferencia de estado entre las partes y el juez que lleva el caso.
Por Maibort Petit
El caso que contra Clíver Alcalá Cordones se sigue difiriendo en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Esta vez el juez de la causa, Alvin K. Hellerstein, reprogramó la realización de la conferencia de estado en que las partes deberán comparecer ante la corte y que previamente había sido aplazado en dos ocasiones, hasta el 27 de septiembre de 2021.
Sobre el mayor general pesa una acusación por delitos de narcoterrorismo, formulada el 26 de marzo de 2020.
Los señalamientos contra Alcalá Cordones se inscriben en el contexto de una acusación formulada por los Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro y 14 funcionarios venezolanos[1]. Específicamente, se refiere que el militar en situación de retiro es uno de los lugartenientes de Maduro, siendo que entre sus intenciones estaba el “inundar Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación. Maduro usó cocaína de forma muy deliberada como arma”.
Supuestamente, Clíver Alcalá Cordones, junto con Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Hugo Carvajal “actuaron como líderes y gerentes del Cártel de Los Soles, o Cartel de los Soles”[2].
Las distintas reprogramaciones
El 29 de julio de 2021, el Juez de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, ordenó el aplazamiento de la conferencia de estado inicialmente programada para el 4 de agosto de 2021, hasta el 23 de agosto de 2021 a las 12:00 p.m.
También ordenó que, a más tardar el 16 de agosto de 2021, a las 12:00 pm, las partes presentaran conjuntamente al tribunal una lista de todos los abogados que se espera que aparezcan en el expediente, junto con su información de contacto.
El 4 de agosto de 2021, al fiscal de los Estados Unidos para el Sur de Nueva York, Audrey Strauss, a través de sus fiscales auxiliares Jason A. Richman, Benjamin Schrier y Kyle Wirshba, dirigió una comunicación al juez Alvin K. Hellerstein, para darse por enterados del aplazamiento de la conferencia de estado hasta el 23 de agosto de 2021 a las 12 p.m.
Al mismo tiempo, los fiscales solicitaron al juez Hellerstein que en razón de la pandemia de Covid-19, se permitiera la revisión continua del descubrimiento por parte del acusado y para que ambas partes continúen discutiendo una posible disposición del caso. En este sentido, pidieron a la Corte que se excluyera el tiempo hasta la fecha de la nueva conferencia, en interés de la justicia, de conformidad con 18 USC Sección 3161 (h) (7) (A). Informaron que la defensa estaba de acuerdo con esta solicitud.
El 19 de agosto de 2021, Alvin K. Hellerstein, juez para el Distrito Sur de Nueva York, ordenó el aplazamiento de la conferencia que previamente había sido programada para el 23 de agosto de 2021 a las 10:30 a. m. y la reprogramó para el 27 de septiembre de 2021 a las 10:30 a.m., quedando excluido el tiempo hasta esta última fecha, en interés de la justicia.
También volvió a reprogramar la entrega conjunta al tribunal de la lista de todos los abogados que se espera que aparezcan en el expediente, junto con su información de contacto, esta vez para el 20 de septiembre de 2021, a las 12:00 p. m.
[1] Venezuela Política. “Esta es la acusación contra Nicolás Maduro y 14 funcionarios venezolanos por delitos de narcoterrorismo, corrupción y lavado de dinero”. 26 de marzo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/03/nicolas-maduro-moros-y-14-funcionarios.html
[2] Department of Justice. “Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges”. 26 de marzo de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorismimage.png
