martes, 17 de agosto de 2021

Abraham Edgardo Ortega, exfuncionario de PDVSA, busca a toda costa retrasar su ingreso a una cárcel de EE. UU.

 Por Maibort Petit 

   Abraham Edgardo Ortega, quien se declaró culpable por delitos de corrupción y lavado de dinero busca a toda costa no ir a la cárcel, y para ello ha logrado que un juez norteamericano le autorice posponer la fecha de entrega voluntaria a la prisión, mientras sus abogados arreglan con los fiscales para que la justicia le otorgue "más beneficios tras su colaboración en la investigación" que realizan las autoridades estadounidenses sobre la enorme red de venezolanos que blanqueó miles de millones de dólares en el sistema financiero de Estados Unidos.

  La abogada de Ortega,  Lilly Ann Sánchez, pidió a un juez estadounidense que el convicto por delitos de corrupción y lavado de dinero proveniente de PDVSA, no se entregue "voluntariamente a la cárcel para cumplir su sentencia en la fecha prevista en el mandato del tribunal", que establecía que el reo entraría a la prisión  el 2 de septiembre de 2021. 

   El ex ejecutivo de la compañía petrolera estatal de Venezuela fue sentenciado a dos años y cuatro meses de prisión en relación con un supuesto plan de lavado de dinero de $ 1.2 mil millones vinculado a bienes raíces en el sur de Florida.

  En la comunicación de  la defensa, refrendada por los fiscales federales, se asegura que el corrupto podría entregarse a las autoridades de la prisión en una fecha  posterior al 3 de enero de 2022. 

  Para lograr permanecer en libertad condicional  y no cumplir con la sentencia de 28 meses en prisión, Abraham Edgardo Ortega argumentó que ha seguido colaborando con los fiscales y que aspira una reducción de la sentencia.

  El 31 de octubre de 2018,  Ortega se declaró culpable de un cargo n que lo acusa de conspiración para cometer blanqueo de capitales, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h) y 1957 (a).

  La audiencia de sentencia, que se llevó a cabo el 5 de mayo de 2021, y un juez  lo condenó a 28 meses de prisión. 

  Según la defensa de Ortega, los fiscales federales señalaron que  esperan presentar una moción basada en la regla 35 para una reducción basada en una mayor cooperación que aún está en curso.

   La misiva dice que la defensa y el Gobierno esperaban que la cooperación en curso se completara antes de la fecha de entrega del 2 de septiembre de 2021, pero "no ha sido así, debido a las complicaciones derivadas de la pandemia continúan retrasando las cosas".

   Abraham Edgardo Ortega "se encuentra bajo fianza y monitoreo electrónico y ha cumplido plenamente durante todo el tiempo que estuvo pendiente" sostiene su defensa.

   Asimismo, la abogada Sánchez sostiene que el fiscal federal adjunto Kurt Lunkenheimer y el representante del Departamento de Justicia en este caso, Paul Hayden se han pronunciado, y el gobierno no se opone a esta prórroga y cree que una fecha de entrega posterior al 3 de enero de 2022 sería apropiada.

  Abraham Edgardo Ortega, quien fue director ejecutivo de planificación financiera de PDVSA, admitió que aceptó más de $ 12 millones en sobornos por su papel, lo que permitió a otros venezolanos acusados ​​de desfalcar a la petrolera venezolana.

   Los fiscales del caso alegaron que los "cleptócratas" hicieron préstamos a la compañía petrolera que los hicieron ricos de la noche a la mañana, en parte a través del sistema de cambio de divisas único de Venezuela.

   En total, nueve personas fueron acusadas en el plan en 2018, y cinco de ellas aún están prófugas. Ortega es el segundo en recibir una sentencia reducida.

   La sentencia de 10 años del banquero suizo Matthias Krull se redujo a tres años y medio en septiembre. Krull, acusado de mover $ 600 millones vinculados al esquema de la compañía petrolera, también cooperó con los fiscales.

   Los fiscales han alegado que parte del dinero extraído terminó en bienes raíces locales, incluida una unidad en la Porsche Design Tower de Sunny Isles Beach.

  Al momento de su sentencia, Ortega lloró frente a la jueza federal Kathleen Williams en Miami y reconoció  que la “corrupción” generalizada y el esquema de malversación de fondos llevaron a la crisis económica en Venezuela.

   La fecha de la sentencia de Abraham Edgardo Ortega  se ha cambiado dos veces. Inicialmente estaba prevista para el 1 de abril de 2020, por 60 días y luego fue planificada para el 2 de septiembre de 2021. Ahora nuevamente se cambia para el 10 de febrero de 2022.

El caso

   Abraham Edgardo Ortega formó parte de la conspiración para lavar miles de millones de dólares producto de operaciones irregulares de PDVSA de la cual fueron protagonistas: Francisco Convit Guruceaga; José Vicente Amparan Croquer, alias «Chente»; Carmelo Urdaneta Aquí; Gustavo Adolfo Hernández Frieri; Hugo Andre Ramalho Gois; Mathias Krull; Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, 9 conspiradores y tres oficiales venezolanos.

  La investigación encubierta denominada “Money Flight” emprendida por la Fuerza de Tarea de Delincuencia Organizada y Control de Drogas (OCDETF), la cual tuvo su origen en la delación que una Fuente Confidencial (Confidential Source) hizo ante las autoridades de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Miami (HSI, por las siglas en inglés de Homeland Security Investigations) en 2016, cuando dio a conocer que había sido contactada por operadores financieros venezolanos —conocidos en el argot popular como “boliburgueses”, enriquecidos bajo el amparo de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro— para legitimar USD 78 millones provenientes de una transacción cambiaria irregular que se había efectuado entre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la empresa Rantor Capital. Al final esta operación totalizaría USD 1.200 millones de los cuales se destinaría una parte para pagar sobornos a los ejecutivos de la estatal petrolera que habrían facilitado la negociación fraudulenta. A partir de la delación de la CS, esta comenzó a trabajar con las autoridades en la investigación.

  La actividad de rastro de la operación se extendió por dos años en los que se hicieron más de cien grabaciones que revelaron el modus operandi que los protagonistas de la trama utilizaron legitimar los capitales irregulares, usando bienes raíces en Miami y esquemas sofisticados de falsas inversiones.

  Estos hechos se constituyeron en la causa probable para iniciar el proceso judicial en contra de los indiciados.

   Valiéndose de su posición en la empresa venezolana, Ortega recibió  USD 5 millones en sobornos a cambio de catalogar de prioritaria a una empresa francesa y un banco ruso y de esta manera hacerlos beneficiarios de contrato de préstamo a favor de la empresa conjunta de la que ambos son accionistas. El soborno provino de un esquema de cambio de moneda que permitió malversar USD 1.2 mil millones.

  Ortega también aceptó USD 12 millones en sobornos por su participación en un esquema de malversación de fondos de PDVSA que involucra un préstamo y un contrato de cambio de divisas. Este monto fue lavado entre Ortega y un coacusado a través de un sofisticado esquema de falsas inversiones. En este esquema participaron administradores de dinero cómplices, casas de bolsa, bancos y empresas de inversión inmobiliaria en los Estados Unidos y en otros lugares, los cuales operaban como una red de lavadores profesionales de dinero y quienes fueron acusados el 16 de agosto de 2018.

  Por estos hechos el tribunal procedió con la incautación de una serie de propiedades en Miami, Panamá, así como bonos y otros instrumentos financieros en Suiza, Inglaterra y Las Bahamas. A estas se suman propiedades en Miami. 


Juez de Texas cambia nuevamente fecha de la sentencia de los contratistas corruptos de CITGO y PDVSA: Roberto Rincón y Abraham Shiera

Por Maibort Petit

   La Corte del Distrito Sur de Texas ha cambiado en varias oportunidades la fecha de la lectura de la sentencia de los ex-contratistas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y de CITGO, Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera, acusados de haber orquestado un esquema masivo de corrupción y lavado de dinero que desfalcó a la estatal petrolera millones de dólares. Una decisión del juez Gray H. Miller  anunció que los dos contratistas corruptos serán sentenciados el 10 de febrero de 2022

   Para lograr contratos de PDVSA para sus empresas, Rincón y Shiera estructuraron una sofisticada y complicada trama en la participaron un gran número de funcionarios de la empresa estatal venezolana, compañías fantasmas y otros empresarios, cuyos nombres han ampliado el expediente y han llevado a que más de 20 personas enfrenten cargos, se hayan declarado culpables o están a la espera de ser juzgados.

La espera continúa

  Abraham José Shiera Bastidas, contratista de Coral Gables, se declaró culpable el 22 de marzo de 2016, de cargos de fraude y soborno en el extranjero de manera de asegurarse de manera corrupta contratos millonarios de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

   Ante el Tribunal del distrito Sur de Texas en Houston, Shiera Bastidas admitió un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y cometer fraude electrónico y un cargo por violar la FCPA.

    Un Gran Jurado emitió una acusación formal contra Shiera Bastidas responsabilizándolo de 18 cargos, al igual que acusó a Roberto Enrique Rincón Fernández, socio del primero. El 16 de diciembre de 2015, Shiera fue arrestado en Miami.

   Shiera y Rincón se asociaron y presentaron ofertas para proporcionar equipos y servicios a PDVSA a través de sus diversas empresas. Shiera admitió que, a partir de 2009, él y Rincón acordaron pagar sobornos y otras cosas de valor a los analistas de compras de la estatal petrolera venezolana para asegurarse ser incluidas en los paneles de licitación de PDVSA y obtener lucrativos contratos. También pagó sobornos a otros funcionarios de PDVSA para asegurarse de que sus empresas fueran incluidas en las listas de proveedores de la petrolera y se les diera prioridad de pago por sobre el resto de los proveedores con facturas pendientes[1].

  Entretanto, Roberto Enrique Rincón Fernández, formuló su admisión de culpa el 16 de junio de 2016, cuando ante juez federal del distrito sur de Texas, Gray H. Miller, aceptó su responsable de un plan para asegurar corruptamente contratos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

   El empresario aceptó un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo por ofrecer información falsa en su declaración federal de impuestos sobre la renta de 2010. El juez impuso una sentencia monetaria personal a Rincón, quien aceptó el decomiso.

   Rincón fue arrestado el 16 de diciembre de 2015, luego de que un gran jurado en el Distrito Sur de Texas emitiera una acusación formal de 18 cargos contra él y Abraham José Shiera Bastidas.

    Ambos empresarios se asociaron para ofertar y proporcionar equipos y servicios a PDVSA a través de sus compañías. Rincón admitió que, a partir de 2009, él y Shiera acordaron sobornar y ofrecer otras cosas de valor a los analistas de compras de PDVSA para asegurarse de que sus empresas fueran incluidas en los paneles de licitación de la estatal, lo que les permitió ganar lucrativos contratos. También reconoció haber sobornado a otros funcionarios de PDVSA para asegurarse de que sus empresas se incluyeran en las listas de proveedores y se les priorizaran los pagos por encima de otros proveedores.

    Del mismo modo, Rincón dijo que, deliberadamente, no informó en su declaración de impuestos federales de 2010 más de USD 6 millones en ingresos por dividendos extranjeros que recibió de una corporación venezolana de su propiedad[2].

     La sentencia estaba prevista para el 19 de agosto de 2021 a las 10 AM.

Namam Wakil: De vendedor ambulante a contratista millonario del chavismo

 A la sombra de sus relaciones con altos funcionarios chavistas, el empresario amasó una gran fortuna a expensas de minar el erario público venezolano.

Por Maibort Petit

   El pago de sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A. o de cualquier empresa estatal venezolana parece ser una constante, una marca, una impronta en el comportamiento de la administración pública que, durante los últimos veinte años adquirió niveles alarmantes. En ese contexto se inscribe el caso de Naman Wakil, un ciudadano de nacionalidad siria y venezolana residente en los Estados Unidos, quien se sumó al esquema corrupto señalado con el objeto de lograr contratos millonarios con la petrolera y, también, con la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícola (CASA), la empresa de alimentos del estado venezolano.

  La causa identificada con el en número 21-CR-20406-WILLIAMS (SELLADO), se ventila en el Tribunal del Distrito Sur de Florida-División Miami, a cargo de la juez de primera instancia, Lauren F. Louis, a quien el caso le fue presentado el pasado 4 de agosto del presente año 2021. Wakil pagó 21 millones de dólares en una fianza para ser juzgado en libertad.

    De acuerdo a los documentos judiciales bajo esta modalidad, Wakil, entre 2010 y 2017, habría realizado negociaciones por el orden de los USD 250 millones para lo cual, supuestamente, pagó sobornos a funcionarios de CASA y de las empresas mixtas que operan en el Faja petrolífera del Orinoco, las cuales tienen un paquete accionario en el que PDVSA tiene el mayor porcentaje frente a sus socias extranjeras. El empresario vendería alimentos a la corporación venezolana y, por otra parte, proporcionaría bienes y servicios a PDVSA, habiéndose determinado un sobreprecio de al menos USD 30 millones en estos últimos contratos.

   Los dineros mal habidos de estas negociaciones, habrían sido lavados por Wakil a través de cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida y mediante la compra de inmuebles en dicha zona, un avión de USD 3.5 millones y un yate de USD 1.5 millones, entre otras cosas. Parte de estos fondos también fueron destinados por el empresario para pagar a los funcionarios venezolanos que facilitaron las negociaciones.

  Las autoridades judiciales acusan a Naman Wakil de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA); conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero promocional internacional y tres cargos de participación en transacciones que involucran propiedad derivada delictivamente, por lo que, de ser hallado culpable, podría enfrentar una pena máxima de 80 años de cárcel.

   Entre las primeras diligencias del caso, el 6 de agosto tuvo lugar una audiencia de detención preventiva de Wakil, quien fue arrestado el 3 de agosto.

  Las jugosas ganancias de estas presuntas negociaciones irregulares le permitieron a Wakil mantener una vida de lujos con su familia, lo cual incluía viajes por todo el mundo y vivir en un condominio de USD 3.5 millones de Coconut Grove es con vista a la Bahía de Biscayne, de acuerdo con una nota publicada por el Miami Herald[1].

   La reseña de prensa indica que Wakil habría invertido las ganancias ilegales derivadas de los contratos corruptos con PDVSA y CASA en el citado condominio, ubicado específicamente en “Residences at Vizcaya” en Hiawatha Avenue, así como también en los apartamentos antes mencionados, los cuales están en Brickell Avenue en el centro de Miami y en la Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach. Señala la publicación que el valor de estas compras ronda los USD 50 millones.

  Pero para evadir las rejas, la defensa de Wakil y los fiscales del caso acordaron una fianza de USD 50 millones, los cuales se cancelarán con propiedades y USD 21,3 millones provenientes de una cuenta en suiza, señala otra nota del Miami Herald[2].

   Esta última detalla que las ganancias del primer contrato de Wakil con CASA, el citado líneas arriba por USD 30 millones, habrían ido a parar a cuentas del empresario en las Islas Caimán, mientras USD 750 mil fueron a parar a la cuenta en el sur de la Florida de un funcionario venezolano. Más tarde, en 2012, obtuvo un nuevo contrato por USD 225 millones que se depositaron en cuentas bancarias corporativas en Suiza, entretanto USD 11 millones alimentaron las finanzas de otro funcionario venezolano.

   Con la subsidiaria de PDVSA, Petropiar, Wakil firmó en 2015 un acuerdo por tuberías de USD 11.2 millones, cuando los referidos tubos los compraba en China por USD 1.3 millones. El funcionario que facilitó el negocio habría sido favorecido con un condominio de USD 300 mil en Miami.

Con historial en los Papeles de Panamá

  Agrega que ya el nombre de Naman Wakil había resonado en 2016 cuando explotó el escándalo de los Papeles de Panamá y al empresario se le vinculó con un banquero de Citigroup y con empresas fantasmas con cuentas secretas extraterritoriales que permitieron ocultar fondos irregulares de clientes entre los cuales se contaba el sirio-venezolano.

 En aquel entonces se dijo que Wakil con intereses comerciales en Carolina del Norte y Miami por el orden de los USD 400 millones. Para evadir la carga tributaria que tales negocios suponen, recurrió al bufete panameño Mossack Fonseca. Los abogados de esta firma le propusieron abrir una serie de fideicomisos y sociedades offshore que le permitirían enmascarar y esconder sus ganancias.

Un documento muestra negocios irregulares entre extitular el Ministerio de Alimentación de Venezuela y un empresario sirio

Su historia y su afán de ocultarla

  El portal El Pitazo[3] da cuenta del historial de este hombre y los “funcionarios venezolanos” con que en los documentos judiciales de la corte de la Florida se identifica a los socios corruptos con los que Naman Wakil supuestamente habría realizado las negociaciones irregulares, adquieren nombre y apellido.

  La publicación refiere que Wakil amasó su fortuna con los contratos de importación de carne que le otorgó el exmimnistro de alimentación, mayor general Carlos Osorio. Familiares de este último habría recibido USD 5,9 millones desde una cuenta en el banco suizo CBH, propiedad del empresario.

  Del mismo modo, la nota de El Pitazo reza “que desde las cuentas del sirio-venezolano se hicieron, en 2012, cerca de 14 transferencias por montos desde los 108.250 dólares hasta 149.975 dólares a favor de Rodolfo Raschid Velasco Kassem, capturado por el Cicpc en 2013, señalado por formar parte de la organización del capo colombiano Daniel “El Loco” Barrera (…) También se comprobó que Naman Wakil habría hecho entre diciembre de 2012 y junio de 2013 al menos ocho transferencias entre 350.000 hasta 2.000.000 dólares a favor de varias empresas, desde la cuenta de empresas propiedad de Wakil —Atlas Systems International y J.A. Comercio de Géneros Alimenticios— a favor de la Viltas Company, cuyos beneficiarios serían Roberto Rodríguez y Santiago Souto, este último también identificado como uno de los asesores de Raúl Gorrín en Suiza”.

  Naman Wakil habría amasado una fortuna de USD 400 millones solamente en el banco suizo, habiéndose iniciado como vendedor ambulante que residía en Petare. Según las averiguaciones periodísticas, compraba carne a punto de vencerse y la negociaba con el estado venezolano con sobreprecios milmillonarios, a la sombra de sus relaciones con Osorio.

  El portal refiere los esfuerzos del empresario sirio-venezolano por hacer desaparecer su historia de internet, creándole otros perfiles que van desde jugador de fútbol de la vino tinto, beisbolista de los Leones del Caracas, hasta blogger de comida.

Mas de Wakil, según Carlos Tablante

  El exdiputado y exgobernador del estado Aragua, Carlos Tablante[4], autor del libro “El Gran Saqueo”, también le pone nombre y apellido a los “funcionarios venezolanos” que figuran en la demanda contra Wakil. De este modo, “Los altos funcionarios venezolanos 1 y 2 de CASA presuntamente serían los militares Sergio Caldera García, quien fuera presidente de la institución entre 2010 y 2011 (residente en EE. UU.), y Carlos Osorio Zambrano, responsable de CASA entre 2011 y 2014, fechas que se mencionan específicamente en la acusación. Osorio es en la actualidad presidente de la Corporación Venezolana de Minería, S.A. (CVM)”.

   Tablante agrega que en denuncia formulada en 2016 señaló que “Dos cuñados del general recibieron casi 6 millones de dólares de una empresa de Wakil entre diciembre de 2012 y junio de 2013 cuando el militar era ministro de Alimentación. Las evidencias fueron entregadas a la Asamblea Nacional que produjo un voto de censura contra Osorio, así como a la Fiscalía General, la cual abrió una investigación contra el general y Wakil sin resultados conocidos”.

  El libro de Tablante dedica uno de sus capítulos a Namal Wakil: “Trece millones de dólares en mortadela”, en el que describe el modus operandi mediante el cual Wakil estafó a la nación venezolana.

“A través del sistema de subastas, Naman Wakil, como representante de legítimas compañías de Brasil y por medio de información privilegiada, obtuvo millonarios contratos. Sin embargo, su verdadero objetivo era obtener dólares preferenciales para venderlos en el mercado negro y obtener inmensas ganancias. Para ello no vaciló en negociar productos cárnicos a punto de caducar o de ínfima calidad, muchas veces rechazados por otros países. Adquirió un frigorífico en Brasil para reempacar y reetiquetar la mercancía como de primera calidad antes de su envío a Venezuela donde muchas veces llegó en estado de descomposición”, dice Tablante.

 Para perfeccionar su negoció diseñó un esquema fraudulento consistente en el establecimiento de una red de empresas de maletín con nombres similares a las empresas proveedoras de Brasil y de esta manera enmascaraba los sobreprecios de los productos que le vendía a Venezuela.

REFERENCIAS 

[1] Miami Herald. “U.S. agents arrest wealthy Venezuelan man at Miami home on money laundering charge”. 10 de Agosto de 2021. https://www.miamiherald.com/news/local/article253219913.html


[2] Miami Herald. “Venezuelan’s bond: $21 million in Swiss account, plane, yacht, lots of Miami condos”. 11 de Agosto de 2021. https://www.miamiherald.com/news/local/article253390023.html


[3] El Pitazo. “Naman Wakil: el vendedor de carne que quiere ocultarse en internet”. 3 de agosto de 2021. https://elpitazo.net/internacional/naman-wakil-el-cunado-de-carlos-osorio-que-quiere-ocultarse-en-internet/


[4] El Pitazo. “Los pecados capitales de Naman Wakil”. 9 de agosto de 2021. https://elpitazo.net/opinion/los-pecados-capitales-de-naman-wakil/


lunes, 16 de agosto de 2021

Conozca la táctica evasiva de Petroleum Logistics Service Corp para darse por notificada de demanda en su contra entablada por CITGO

  Tanto José Manuel González Testino como su empresa evitaron a toda costa ser notificados de la demanda que la filial de PDVSA en Estados Unidos entabló contra ellos.

Por Maibort Petit

  Múltiples han sido las diligencias llevadas a cabo por CITGO Petroleum Corporation para servir a José Manuel González Testino y a su empresa Petroleum Logistics Service Corp. y así dar curso al proceso judicial por incumplimiento de contrato presentó en la Corte del Distrito Sur de Texas.
   Las evasivas de uno y otra, llevaron a los abogados de CITGO a pedir ante la secretaría del tribunal, se declare en rebeldía a los demandados.

El reclamo

   El 2 de marzo de 2021, Jennifer Hardy de la firma Willkie Farr & Gallagher LLP, en representación de CITGO Petroleum Corporation, presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas un Informe de Estado de su cliente en relación con la Moción de Incumplimiento respecto a los demandados, Petroleum Logistics Service Corp. y José Manuel González Testino, a objeto de actualizar al tribunal sobre sus esfuerzos con relación al caso.
  Refiere, en primer lugar, que CITGO fue víctima de una conspiración de soborno perpetrada por los demandados, por lo que recurrió a al Corte demandando incumplimiento de contrato, fraude y reclamos civiles bajo la Ley de Organizaciones Influenciadas y Corruptas del Racketeer (RICO), con el objeto de recuperar los daños que sufrió como resultado de esa conspiración de soborno criminal.

  Para satisfacer su carga de la prueba y obtener una sentencia en rebeldía, CITGO propone presentar una sola moción que aborde tanto los asuntos de responsabilidad como de daños y, además, en respaldo de dicha moción, también propone presentar un informe pericial sobre los daños.

   Explica que el 5 de marzo de 2014, CITGO y PLS celebraron un Acuerdo de contrato de servicio en el que el demandado se comprometía a brindar servicios de adquisición y logística para facilitar la venta y el transporte de equipos, bienes y/o materiales a la empresa matriz de la demandante, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
   Entre los años 2014 y 2018, CITGO hizo cientos de transacciones para adquirir bienes y servicios en nombre de PDVSA a través de PLS como proveedor de adquisiciones y logística. Port ello pagó a PLS y sus afiliados, más de USD 20 millones. Debido a que cada transacción se facturó por separado, el proceso de recopilación, revisión y organización de las aproximadamente 1.000 facturas de PLS identificadas, ha requerido mucho tiempo.

  Igualmente, CITGO informa que ha contratado un experto con más de tres décadas de experiencia en asesorar a clientes con problemas económicos, financieros y de valoración complejos, a objeto de que haga una evaluación de los daños. Se advirtió que la revisión y análisis de las aproximadamente 1.000 facturas, podría tomarle al perito hasta julio de 2021.

   Al momento de la redacción del informe de estado (marzo de 2021), CITGO no preveía solicitar permiso al Tribunal para citar a terceros para que presentaran documentos adicionales. Sin embargo, alertó que en la medida que avanzara la evaluación de daños para determinar el monto a exigir a los demandados, era posible que requiriera el permiso de la corte para obtener dicha documentación adicional a través de citaciones de terceros.

  Por último, CITGO consideraba que los asuntos de responsabilidad y daños pueden ser resumidos de manera efectiva en una sola moción, la cual incluiría documentación relevante como prueba, así como el informe pericial sobre daños. Asimismo, indicó que en la medida en que el Tribunal solicitara más información sobre las cuestiones de responsabilidad o daños, el demandante también podría presentar pruebas y hacer que su experto esté disponible en una audiencia probatoria.
  CITGO informó a la Corte que estaría preparado para presentar una moción por incumplimiento en agosto de 2021 o alrededor de esa fecha.

CITGO puede declarar en rebeldía a los demandados

  De acuerdo a lo establecido la Regla 55 (a) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, CITGO Petroleum Corporation solicitó al Secretario del Tribunal declarar en rebeldía a los demandados José Manuel González Testino y Petroleum Logistics Service Corp.

  Tal pedido se formuló en razón de que ni González Testino ni PLS han respondido a las notificaciones que la demandante procuró hacer, luego de haber entablado una demanda por incumplimiento de contrato contra ambos el 26 de mayo de 2020.

  Dado que transcurrió el tiempo de ley y ninguno de los demandados ha presentado alegatos de respuesta, CITGO reclama la declaración de incumplimiento por parte de González Testino y PLS.

  CITGO refiere que intentó servir a Petroleum Logistics Service Corp a través de su agente registrado en Estados Unidos, pero esta empresa incumplió esta obligación. Igualmente lo intentó hacer en persona mediante servidores de procesos en las oficinas que figuran en el sitio web corporativo de PLS, 1519 NW 82nd Ave, Miami, FL 33126. Pero en dicha dirección funcionaba una empresa diferente y un empleado de la recepción indicó que no sabía que PLS tuviera oficinas allí.

  Dada la inexistencia del agente registrado en Texas, el 4 de agosto de 2020, CITGO sirvió a PLS a través del Secretario de Estado de Texas, de acuerdo con la ley de esa entidad federal.

 Específicamente, CITGO transmitió la Queja, la Citación, la Declaración de divulgación corporativa de la Regla 7.1 y el Certificado de partes interesadas al Secretario de Estado de Texas con instrucciones para enviar el Servicio de PLS a los siguientes tres nombres y direcciones:

  A la sede corporativa internacional de PLS en Panamá según su sitio web y correspondencia con CITGO, ubicada en Petroleum Logistics Service Corp., Trump Office Tower, 2nd piso, Oficina 2 -06, Punta Pacífica, Ciudad de Panamá, Panamá con atención al Agente Gerente de PLS.

  Al Agente de PLS en presentaciones corporativas en Panamá, Fábrega, Molino y Mulino, ubicado en BMW Plaza, 9th Floor, 50 St. P.O. Box: 0816-00744, Panamá, Rep. De Panamá.
   Al presidente de PLS, Jaymy Domínguez, quien fue identificada por el abogado de PLS USA como un punto de contacto apropiado para PLS en Panamá, en su domicilio según los registros corporativos de PLS ubicados en PH Riverside, Piso 23, Apto. 23A, Calle 5ta, Parque Lefevre y vía España, Parque Lefevre, Panamá.
   El 14 de agosto de 2020, el Secretario de Estado certificó que recibió los Documentos de servicio de PLS el 4 de agosto de 2020 y, el 11 de agosto de 2020, los remitió por correo certificado con acuse de recibo solicitado a las tres direcciones proporcionadas.

  El 15 de septiembre de 2020, el Secretario de Estado de Texas firmó tres certificados de servicio adicionales que certifican la respuesta que recibió de los correos a PLS. Por ejemplo, el 2 de septiembre de 2020, los correos del Secretario de Estado de Texas a las oficinas centrales de PLS y a Fabrega, Molino y Mulino fueron devueltos "Devolver notación de rumbo al remitente, no se puede reenviar". El 8 de septiembre de 2020, el correo del Secretario de Estado de Texas al presidente de PLS, Jaymy Domínguez, fue devuelto con el mensaje "Devolución de notación al remitente, rechazada, incapaz de reenviar".

  Debido a que, como se alega en la Demanda, PLS estaba bajo el control y propiedad indirecta de González Testino, CITGO también proporcionó de forma independiente los documentos de servicio de PLS a este el 1 de septiembre de 2020, a través del abogado registrado en su proceso penal relacionado.

El servicio a González Testino

  Entretanto, luego de repetidos intentos, de entregar a González Testino en el apartamento donde se encontraba confinado bajo "encierro domiciliario de '24 horas al día'" por un caso criminal relacionado y de su abogado, el 21 de agosto de 2020 se presentó ante el tribunal una solicitud para hacer una notificación sustitutiva, la cual fue otorgada el 24 de agosto de 2020.

En ningún momento González ha respondido.

  De conformidad con FRCP 55 (a), el secretario del tribunal debe declarar en incumplimiento contra una parte que no ha presentado un alegato en respuesta o defendido de otra manera una demanda.

  Los intentos del juez por realizar conferencia inicial

   El 4 de agosto de 2020, el juez de primera instancia de la Corte para el Distrito Sur de Texas, Andrew M. Edison, emitió una orden para llevar a cabo las conferencias de programación inicial que estaba programada en principio para el jueves 17 de septiembre de 2020, pero que debió suspenderse en razón de la pandemia, por lo que se llevarían a cabo por videoconferencia a través de la plataforma Zoom.

  Igualmente, instó a las partes a preparar y presentar un plan de descubrimiento que, en primera instancia debía ocurrir antes del 10 de septiembre de 2020
 
   Órdenes similares las emitió el juez Edison el 28 de septiembre de 2020 y el 23 de noviembre de 2020.

Las distintas diligencias de notificación

   El 7 de octubre de 2020, Sarah M. Wastler, socia del despacho de abogados Willkie Farr & Gallagher LLP, presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas una declaración en el que refirió que en razón de la orden de la corte del 24 de agosto de 2020 que otorgó la Moción de notificación sustitutiva de CITGO, ésta notificó de la misma al acusado José Manuel González Testino varios medios.

   En primer término, el 1 de septiembre de 2020, mediante la contratación de un notificador de proceso que envió por correo copias de la demanda, la citación, la moción del demandante para la entrega legal sustitutiva al testimonio del demandado y la petición de prórroga para efectuar la notificación, orden de notificación, certificado de partes interesadas, al 200 Biscayne Boulevard Way, Unit 3903, Miami, Florida 33131, a través de U.S. Postal prepago y Servicio Postal de los Estados Unidos de primera clase, correo certificado, recibo de devolución solicitado.

   El 10 de septiembre de 2020, el acuse de recibo relacionado con este envío certificado se devolvió al servidor de procesos, con la designación “Covid 19” completada en la línea de la firma.

    En este sentido, Joseph Onega hizo una Declaración jurada de debida diligencia el 18 de agosto de 2020, en la que, bajo juramento, informó que después de una búsqueda debida, una investigación cuidadosa y un intento diligente, no pudo servir a Petroleum Logistics Service Corp. Precisó que el 14 de agosto de 2020 a las 2:13 p. m., intentó servir a PLS en 1519 NW 82nd Avenue, Miami, Florida 33126, encontrando que el negocio en la dirección era Meson Valves. En el lugar le manifestaron no conocer nada respecto a Petroleum Logistics Service Corp.

   El 1 de septiembre de 2020, el notificador envió por correo copias de los documentos de notificación al abogado de González Testino en su proceso penal, Edward Shohat, Esq., en Jones Walker LLP, 201 South Biscayne Boulevard, 26th Floor, Miami, Florida 33131 a través del Servicio Postal de los Estados Unidos, correo certificado, acuse de recibo solicitado.

   El 8 de septiembre de 2020, el acuse de recibo relacionado con este envío certificado fue devuelto al servidor de procesos, con las iniciales “LS” en la línea de la firma y “C19” en la línea “recibido por”.

   El 1 de septiembre de 2020, el servidor de procesos envió por correo electrónico copias de los Documentos de servicio desde la dirección de correo electrónico de Rebecca E. Short (rshort@capitolprocess.com) a la dirección de correo electrónico indicada de Edward Shohat, Esq. (eshohat@joneswalker.com). Hasta la fecha, Short no ha recibido ninguna confirmación que acuse recibo del correo electrónico.

  Finalmente, el 5 de septiembre de 2020, el notificador de proceso dejó una copia de los Documentos de Servicio en la puerta de 200 Biscayne Boulevard Way, Unidad 3903, Miami, Florida 33131.

   Según el notificador del proceso, mientras dejaba una copia de los Documentos de Servicio en la dirección antes mencionada, un hombre que se identificó como “Kion” abrió la puerta e informó al notificador que se había mudado a la Unidad 3903 dos semanas antes y que González Testino ya no era residente en la dirección y que no tenía ninguna información de contacto de este. No se pudo determinar si esta declaración era veraz.

Abogados de CITGO informa al juez

   El 5 de noviembre de 2020, Sarah M. Wastler, de la firma Willkie Farr & Gallagher LLP, en representación de su cliente CITGO Petroleum Corporation le remitió una comunicación al juez Magistrado para el Distrito Sur de Texas, Andrew M. Edison, para informarle acerca de las distintas diligencias emprendidas por el demandante para servir a los demandados.

  Le precisó Wastler que cumplir con la orden de programación emitida por el magistrado el 27 de agosto de 2020 en la cual se establecía una conferencia inicial previa al juicio y programación para el 12 de noviembre de 2020 y ordenó a las partes que se reunieran y conferenciaran antes de la audiencia y que presentaran un plan conjunto de descubrimiento/manejo del caso para este litigio, no había podido cumplirse.

  Recordó que, como era de conocimiento del tribunal, CITGO procuró hacer la notificación a ambos demandados: el 21 de agosto de 2020, a Petroleum Logistics Service Corp. a través de notificación a la Secretaría de Estado de Texas.

   Mientras que el 7 de octubre de 2020, CITGO presentó prueba de notificación a José Manuel González Testino de conformidad con la Orden del Tribunal de 24 de agosto de 2017 que otorga el servicio sustituto. Desde entonces, los demandados no han aparecido en este litigio ni han respondido a los muchos intentos de Willkie de contactar a los Demandados.

    Dadas esta circunstancia y la imposibilidad de cumplir con la orden de la Corte, CITGO a través de sus abogados pidió al juez suspender la conferencia de programación mientras CITGO consideraba sus próximos pasos con respecto a cómo proceder en este asunto.

jueves, 12 de agosto de 2021

Tribunal prorroga el dictado de la sentencia de González Testino hasta febrero de 2022

  El magistrado concedió la Moción Acordada de Continuidad presentada por la Fiscalía.

Por Maibort Petit

   Definitivamente no será este año 2021 la fecha en que se conozca la sentencia que el Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston a cargo del juez Gray H. Miller dicte en contra de José Manuel González Testino, toda vez que el magistrado aprobó extender hasta el próximo año —específicamente para el 10 de febrero de 2022— la condena que deberá purgar el empresario por protagonizar un esquema de corrupción y lavado de dinero consistente en el pago de sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A. para asegurar y mantener contratos de energía y logística con la estatal.
   El destino del contratista estadounidense y venezolano ha sido aplazado en varias oportunidades después de que, en primera instancia, se fijara el 28 de agosto de 2019 como el día en que esta se diera a conocer por el juez de la causa, luego de que se declarara culpable el 29 de mayo de 2019 de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), un cargo de violar la FCPA y un cargo de no cumplir reportar cuentas bancarias extranjeras.

  González que había sido arrestado el 31 de julio de 2018 en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando intentaba abandonar el territorio estadounidense, después de que el sistema judicial encontrara una causa probable para demandar al empresario, como efectivamente lo demandó.

 González controlaba varias empresas estadounidenses e internacionales que proporcionaban bienes y servicios a PDVSA, la cuales fueron utilizadas para, entre 2012 y 2018, obtener contratos millonarios a cambio de sobornos pagados a funcionarios de la estatal venezolana.

  El 19 de febrero de 2020 era la nueva fecha, después de que el magistrado aprobara un calendario en el que se establecía que el informe de investigación de presentación estaría disponible para el acusado antes del 17 de enero de 2020; antes del 31 de enero de 2020 debían hacerse las objeciones por escrito o la declaración de que no se tenían objeciones; antes del 14 de febrero de 2020, el oficial de libertad condicional debía presentar al juez el informe final de presentación con una adición que abordara los temas en disputa; asimismo, todas las mociones, memorandos de sentencia y cartas de apoyo deberían presentarse a más tardar el lunes anterior a la sentencia para ser consideradas; la sentencia se llevaría a cabo en la fecha antes indicada a las 10:00 a.m.

  Otro cambio operó y la sentencia de González Testino se fijó para el 19 de agosto de 2021 a las 10:00 a. m, pero como informamos al principio y detallamos a continuación, el dictado de sentencia se prorrogó hasta el próximo año 2022.

Orden de prórroga

  El 6 de julio de 2021, el juez del Distrito Sur de Texas-Houston, Gray H. Miller, prorrogó el dictado de la sentencia contra José Manuel González Testino hasta el 10 de febrero de 2022 a las 10:00 a. m.

   Tal decisión la tomó el magistrado en atención a la Moción Acordada de Continuidad presentada por la fiscalía.

  Igualmente, el juez Miller indicó en su decisión que los plazos asociados también continúan, determinando que la preparación del Informe de Presencia inicial vence el 6 de enero de 2022, las objeciones vencen el 20 de enero de 2022 y el Informe de Presencia final vence el 3 de febrero de 2022.

REFERENCIAS

[1] Department of Justice. “Business Executive Pleads Guilty to Foreign Bribery Charges in Connection with Venezuela Bribery Scheme”. 29 de mayo de 2019. https://www.justice.gov/usao-sdtx/pr/business-executive-pleads-guilty-foreign-bribery-charges-connection-venezuela-bribery

[2] Venezuela Política. “(DOCUMENTO) E.E. U.U. arresta a José Manuel González Testino por cargos de corrupción PDVSA”. 1 de agosto de 2018. https://www.venezuelapolitica.info/ee-uu-arresta-jose-manuel-gonzalez/

[3] Venezuela Política. “Tribunal de EE. UU. fija fecha de sentencia de José Manuel González Testino culpable de delitos de corrupción y lavado de dinero en PDVSA y CITGO”. 11 de diciembre de 2019. https://www.venezuelapolitica.info/gonzalez-testino-fue-arrestado-el-31-de/



 

Continúan los aplazamientos en el proceso judicial contra Clíver Alcalá Cordones

  El 23 de agosto de 2021 es la nueva fecha para llevar a cabo la conferencia de estado entre las partes y el juez de la causa.

Por Maibort Petit

  Las distintas diligencias y, por ende, el juicio en contra de Clíver Alcalá Cordones, continúan difiriéndose en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde el ex mayor general del ejército venezolano enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo. En esta ocasión se extendió hasta el 23 de agosto de 2021 la realización de una conferencia de estado, al tiempo que se pide más tiempo para el proceso del descubrimiento.

  Alcalá Cordones fue acusado el 26 de marzo de 2020 por conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y cargos relacionados con armas de fuego en violación del Título 21 del Código de los EE. UU., Secciones 960a y 963, y el Título 18 del Código de los EE. UU., Secciones 924 y 2.

   Se trató de una acusación formulada por el gobierno de los Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro y 14 funcionarios venezolanos[1], señalándose a Cliver Alcalá como uno de sus lugartenientes que procuraban “inundar Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación. Maduro usó cocaína de forma muy deliberada como arma”. Según la acusación, él, Maduro, Diosdado Cabello y Hugo Carvajal “actuaron como líderes y gerentes del Cártel de Los Soles, o Cartel de los Soles”[2].

  Los cargos en su contra, en razón de la pandemia por Covid-19, se le dieron a conocer por vía telefónica el 31 de marzo de 2020 ante el juez accidental de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Paul E. Davison, declarándose no culpable, al tiempo que manifestó su disposición a colaborar con la justicia estadounidense, lo que dio inicio a su proceso judicial[3].

   En junio de ese año 2020, los fiscales solicitaron reprogramar la fecha de la audiencia de presentación de Alcalá Cordones, prevista para el 26 de junio del citado año[4]. En esa misma fecha, el militar venezolano pidió un abogado de oficio por no tener dinero para pagar una defensa privada[5] y el 2 de agosto el juez Hellerstein, aprobó la solicitud, pero le pidió demostrar que, ciertamente, no dispone de los medios económicos para pagar el bufete que lo venía representando[6].

   El 26 de agosto de 2020, el tribunal le otorgó mas tiempo para revisar su grueso expediente criminal, atendiendo así un pedido de los fiscales, quienes le argumentaron al juez que seguirían presentando pruebas en contra de Alcalá Cordones, por lo que debía disponer de un plazo más largo para revisar el material[7].

   El 8 de junio de 2021, el juez Alvin K. Hellerstein informó de un nuevo calendario procesal del juicio contra el general, Cliver Alcalá Cordones. El 7 de junio, la corte había autorizado a las partes para que presentaran dentro de los siguientes 60 días, las mociones del caso[8].

Ahora nuevamente, se modifican las fechas.

Orden de aplazamiento

   El 29 de julio de 2021, el juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, ordenó que una conferencia de estado, inicialmente programada para llevarse a cabo el 4 de agosto de 2021, se aplazara hasta el 23 de agosto de 2021 al mediodía.

   Giró instrucciones a las partes a objeto de que quienes efectúen las llamadas y no sean abogados silencien sus teléfonos. Además, se indica a todos los participantes que llamen 5 minutos antes del inicio de la conferencia.

  También ordenó que, a más tardar el 16 de agosto de 2021, a las 12:00 pm, las partes presenten conjuntamente al tribunal una lista de todos los abogados que se espera que aparezcan en el expediente, junto con su información de contacto.

Extender los lapsos

   El 4 de agosto de 2021, los fiscales federales auxiliares de la fiscal del Distrito Sur de Nueva York Audrey Strauss, Jason A. Richman, Benjamin Schrier y Kyle Wirshba, remitieron una comunicación al juez Alvin K. Hellerstein, solicitándole, en razón de la pandemia por el Covid-19, que el tribunal excluya hasta la fecha del juicio el tiempo de la nueva conferencia programada para el 23 de agosto de 2021, esto en interés de la justicia, de conformidad con 18 USC Sección 3161 (h) (7) (A). Informaron que la defensa accedía a esta solicitud.

  Explicaron los fiscales que este tiempo permitiría la revisión continua del descubrimiento por parte del acusado y a ambas partes continuar discutiendo una posible disposición de este asunto

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “Esta es la acusación contra Nicolás Maduro y 14 funcionarios venezolanos por delitos de narcoterrorismo, corrupción y lavado de dinero”. 26 de marzo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/03/nicolas-maduro-moros-y-14-funcionarios.html


[2] Department of Justice. “Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges”. 26 de marzo de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism


[3] Venezuela Política. “Se inicia en Nueva York el proceso judicial contra Cliver Alcalá Cordones, presentación inicial se hizo vía telefónica”. 31 de marzo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/03/se-inicia-en-nueva-york-el-proceso.html


[4] Venezuela Política. “Conoce los últimos detalles del caso de Cliver Alcalá Cordones en corte de Nueva York”. 29 de junio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/06/conoce-los-ultimos-detalles-del-caso-de.html


[5] Venezuela Política. “Cliver Alcalá Cordones pide a la corte un abogado de oficio porque no tiene dinero para pagar los privados”. 29 de junio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/06/cliver-alcala-cordones-pide-la-corte-un.html


[6] Venezuela Política. “Juez de Nueva York ordena a Cliver Alcalá Cordones demostrar que no tiene dinero para pagar su defensa”. 2 de julio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/07/juez-de-nueva-york-ordena-cliver-alcala.html


[7] Venezuela Política. “Cliver Alcalá Cordones tendrá más tiempo para revisar su grueso expediente criminal”. 26 de agosto de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/08/cliver-alcala-cordones-tendra-mas.html


[8] Venezuela Política. “Avanza en Nueva York el juicio por narcoterrorismo contra el general Cliver Alcalá Cordones”. 8 de junio de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/06/avanza-en-nueva-york-el-juicio-por.html


lunes, 9 de agosto de 2021

Mientras petroleras mundiales toman previsiones con Trafigura, CITGO sigue negociando con la cuestionada empresa

  Pese a las múltiples denuncias e investigaciones por corrupción, la filial de PDVSA en EE. UU., como revelan reportes, mantiene a la comercializadora como su principal proveedor.

Por Maibort Petit

   Sospechosa por las múltiples denuncias formuladas en su contra por la presunta comisión de hechos irregulares, negociaciones turbias, imposición de sobreprecios y demás, la multinacional de comercio de productos básicos Trafigura Group Pte. Ltd. se encuentra en la mira de muchas compañías, agentes y naciones que, previsivos, han decidido suspender o limitar las negociaciones con ella, en espera del resultado de las investigaciones de que es objeto. Muchas, pero no todas, porque empresas como CITGO Petroleum Corporation, la filial de Petróleos de Venezuela S.A. en Estados Unidos, continúa manteniéndola como su principal proveedor de crudo y productos derivados.



   Lejos está de la intención real de la alta gerencia de CITGO, el tomar decisiones como la reciente implementada por Petróleos Mexicanos (Pemex), que prohibió temporalmente establecer nuevas contrataciones con Trafigura AG, hasta tanto no se aclaren los hechos y las averiguaciones que en torno a la comercializadora se llevan a cabo en varias los países, arrojen resultados. Esta es una revelación que hizo Reuters[1], que indicó que Pemex y otras petroleras estatales están ahora más cautelosas al momento de negociar firmas comerciantes como Trafigura y Vitol.

  Ya Venezuela Política lo había advertido, cuando en nota publicada en estas páginas en febrero de 2020, informó que desde 2019, CITGO había incrementado la compra de crudo en el mercado spot, con algunas empresas trading vinculadas al chavismo. Referimos en aquel entonces, que compañías presuntamente incursas en tramas de corrupción, como Trafigura, Lukoil, Vitol y Mercuria, entre otras, habían sido beneficiadas con contratos de compra directa

  Pero en lo que respecta a Trafigura, los reportes revelan que las compras de Trafigura Canada GP aumentaron de forma significativa en 2019, como también indican que la empresa suiza se convirtió —después de PDVSA Petróleos que lideraba como suplidor antes de las sanciones de la OFAC— en el mayor proveedor de crudo en el área trading durante los períodos 2017 y 2018. Fuentes de Venezuela Política indican que los contratos trading con estas empresas, lejos de proscribirse, se incrementaron durante la gestión de la directiva designada por Juan Guaidó en la filial.

  Empresas como Trafigura, Vitol, Glencore y Mercuria se incorporaron al registro mayor de proveedores y clientes de CITGO durante las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En la gestión de Gustavo Velásquez y Rick Esser las compañías de trading intermediarias adquirieron un gran protagonismo, un papel que no dejaron de tener, según todo deja ver, cuando la filial de PDVSA en EE. UU. pasó a estar bajo el control del 'gobierno' interino de Guaidó.

  Ante estas denuncias, el CEO de CITGO, Carlos Jordá, habría ordenado algunas auditorías y había tratado de indagar y conocer los manejos del área de trading de la filial sin haber tenido éxito en este intento. Fuentes de la petrolera refirieron a Venezuela Política que, inexplicablemente, el área de auditoría de la empresa excluyó del plan anual de la compañía, todas las auditorías de esa dependencia de la filial.

 Pero nuestras fuentes igualmente alertaron que las iniciativas de Carlos Jordá respecto al área de trading, las contrataciones con Trafigura y el resto de empresas cuestionadas, lejos está de responder al deseo transparentar las operaciones de CITGO, sino que simplemente es la consecuencia, su reacción, a las denuncias, tanto desde estas páginas formuladas, como por otras voces que acusan la conducta irregular de la comercializadora suiza.

  No deja de tener peso tampoco, el ojo que, sobre la subsidiaria de PDVSA, tiene el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de allí el aparente deseo de Jordá de investigar y aclarar la situación en el área de trading de CITGO.

  Las alarmas acerca de Trafigura, llevaron a PMI Comercio International — filial de Petróleos Mexicanos— a suspender a principios de julio suspendió la suscripción de nuevos contratos con la comercializadora y sus subsidiarias, según documento al que tuvo acceso Reuters, aunque advierte que en el mismo no hay referencia alguna al motivo de la prohibición. Eso sí, la petrolera mexicana respetará los acuerdos vigentes.

  La nota de la agencia de noticias indica que, aunque Pemex con estas decisiones busca no exponerse con estas empresas investigadas por corrupción, sus unidades en otros lugares, como la de Ginebra, por ejemplo, continúan negociando con Trafigura.

  Entre quienes investigan a este comerciante global de materias primas por presuntos hechos de corrupción y manipulación del mercado petrolero, se encuentra el gobierno de los Estados Unidos, el cual a través de organismos como la Comisión de Comercio de Productos Básicos y Futuros (CFTC), la cual indaga sobre el alcance de las actividades de Trafigura, sobre todo en sus operaciones con América del Sur.

   Se entiende que la investigación se relaciona con la división de comercio de petróleo de Trafigura, que tiene su sede en Singapur, pero también tiene oficinas en Londres y Ginebra[2].

  Igualmente, en 2018, Vitol, Trafigura y Glencore fueron vinculadas con la corrupción de la brasileña Petrobras, al ser señaladas de pagar sobornos por el orden de USD 31 millones a funcionarios de la estatal, todo en el contexto de la operación Lava Jato[3].

REFERENCIAS

[1] Reuters. EXCLUSIVE Pemex's trading arm bans new business with Trafigura -sources. 15 de julio de 2021. https://www.reuters.com/business/energy/exclusive-pemexs-trading-arm-bans-new-business-with-trafigura-sources-2021-07-15/


[2] The Guardian. “Trafigura investigated for alleged corruption, market manipulation”. 31 de mayo de 2020. https://www.theguardian.com/world/2020/may/31/trafigura-investigated-for-alleged-corruption-market-manipulation


[3] Expansión. “Vitol, Trafigura y Glencore, señaladas de presunta corrupción ligada a Petrobras”. 5 de diciembre de 2018. https://expansion.mx/empresas/2018/12/05/vitol-trafigura-y-glencore-senaladas-de-presunta-corrupcion-ligada-a-petrobras