Incumplimiento de contrato es el reiterado reclamo que los bonistas hacen a Venezuela en las cortes de Estados Unidos.
Por Maibort Petit
A Pharo Gaia Fund, Casa Express y Pharo Gaia Fund, entre otras a las que hemos hecho referencia en estas páginas, se suma Daniel Retter, quien extiende su acción a todas las personas afectadas con Bonos Internacionales del Gobierno de Venezuela 7.750 por ciento como el suyo, tanto en Estados Unidos como otras partes y presenta una demanda colectiva en reclamo a la República Bolivariana de Venezuela por la falta de pagos de capital e intereses de las citadas notas.
El no darse por notificada parece ser una estrategia de Venezuela frente a las exigencia que los acreedores hacen en las instancias judiciales.
Notificación y petición de pago
El 25 de septiembre de 2020, Daniel Retter, un ciudadano del estado de Nueva York y residente del condado de Bronx, remitió una comunicación a la República Bolivariana de Venezuela, a la atención del Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas, en Caracas, a objeto de para exigir el pago del capital e intereses de los bonos que posee y que no percibe desde el 13 de octubre de 2009.
Retter le refiere al despacho de gobierno venezolano que el 5 de mayo de 2017, compró Bonos Internacionales del Gobierno de Venezuela 7.750 por ciento con un valor nominal total de USD 180.000.
Venezuela debía pagarle intereses semestralmente el 13 de octubre y 13 de abril de cada año, a partir de la fecha de emisión del 13 de octubre de 2009, a una tasa del 7.750 por ciento por año, pero incumpliendo el contrato, en ningún momento se ha hecho la cancelación de capital, intereses o de otro tipo.
La demanda
El 12 de octubre de 2020, Gregory A. Nahas, de la firma Pardalis & Nohavicka LLP, en representación de Daniel Retter, individualmente y en nombre de todos los demás en situación similar, ante la Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, para demandar a la República Bolivariana de Venezuela por incumplimiento de contrato en relación con su obligación de pagar el capital pendiente y los intereses acumulados actualmente adeudados sobre los bonos emitidos en poder del demandante y los miembros de la Clase.
Se explica en la demanda que Daniel Retter, como miles de personas, posee bonos emitidos por la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con un Acuerdo de Agencia Fiscal de fecha 25 de julio de 2001, según la Enmienda Nº 1 del 19 de septiembre de 2003, la Enmienda Nº 2 del 25 de marzo de 2005, y la Enmienda Nº 3 del 17 de diciembre de 2007.
De conformidad con el Acuerdo de Agencia Fiscal y el contrato del prospecto de los bonos, Venezuela debía pagar a los miembros de la Clase, intereses sobre los bonos semestralmente a una tasa fija, así como el capital pendiente adeudado sobre los bonos en su totalidad en la fecha de vencimiento de los mismos, pero incumplió con esta obligación.
Retter busca la reparación por daños y reparaciones equitativas para él y los miembros de la Clase de la cual es miembro. Esta Clase putativa incluye personas que poseen uno o más bonos emitidos por Venezuela y no recibieron todos los pagos de intereses y capital adeudados.
Los hechos
Daniel Retter compró Bonos Internacionales del Gobierno de Venezuela, Número de Garantía: P97475AN0 el 5 de mayo de 2017.
Estas notas fueron emitidas por Venezuela con Deutsche Bank Trust Company Americas, anteriormente Bankers Trust Company, que actúa como agente fiscal.
Los Bonos tienen un valor nominal total de USD 180.000, una tasa de cupón del 7,75% anual y vencieron el 13 de octubre de 2019.
Los Bonos se emitieron de conformidad con el Acuerdo de Agencia Fiscal (FAA) y se rigen por él, estableciendo este que debía pagar intereses al semestralmente el 13 de octubre y el 13 de abril de cada año, a partir de la fecha de emisión del 13 de octubre de 2009, a una tasa del 7.750 por ciento anual, pero han incumplido el contrato y no han realizado pago alguno.
El 25 de septiembre de 2020, el demandante envió por correo una notificación de incumplimiento y demanda de pago al Demandado por el capital y todos los intereses devengados sobre los Bonos a partir del 13 de octubre de 2009, exigiendo la cancelación del capital e intereses vencidos y adeudados hasta la fecha.
El 8 de octubre de 2020, Daniel Retter envió por correo una segunda notificación de incumplimiento y demanda de pago al Demandado y al Agente Fiscal, pero estos no han respondido.
Daniel Retter presenta la demanda en su nombre y en nombre de las siguientes Clases de conformidad con las Reglas Federales de Procedimiento Civil 23 (a), 23 (b) (2) y / o 23 (b) (3): Primero, Clase Nacional que comprende a todas las personas en los Estados Unidos que poseen uno o más bonos emitidos por la demandada y no recibieron todos los pagos de intereses y capital adeudados de conformidad con la FAA y/o el prospecto de los bonos desde el 12 de octubre de 2014, hasta el presente y continua; segundo, la Subclase de Nueva York, que comprende todas las personas en Nueva York que poseen uno o más bonos emitidos por el Demandado y no recibieron todos los pagos de intereses y capital adeudados de conformidad con la FAA y/o el prospecto de los bonos desde el 12 de octubre de 2014, hasta el presente y continua.
La demanda comprende un cargo por incumplimiento de contrato en razón de que Venezuela no cumplido con sus obligaciones de pago de capital e intereses de acuerdo a los términos de la FAA y el contrato de prospecto de bonos.
Daniel Retter pide al tribunal se le conceda una indemnización por daños, incluidos los reales, generales, especiales, incidentales, legales, punitivos, triples y consecuentes, en una cantidad que se determinará en el juicio; y pidió que se emita una orden judicial contra la República Bolivariana de Venezuela para que se le prohíba participar en prácticas, políticas y patrones ilícitos continuos como se establece en este documento.
Asimismo, Retter pide que se le designe como representante de la Clase y a su abogado como abogado de la Clase.
También pide se le cancelen los intereses previos y posteriores al juicio según lo disponga la ley; los honorarios, costos y desembolsos razonables de abogados; y cualquier otra reparación adicional que la Corte considere justa y adecuada.
Demanda enmendada
El 23 de febrero de 2021, Daniel Retter, a través de sus abogados de Parfdalis & Nohavika LLP, introdujo en el tribunal una enmienda a la demanda en la que ahora se presenta como fideicomisario en nombre de las Oficinas de Derecho de Daniel Retter PC Fideicomiso de Jubilación, individualmente y en nombre de todos los demás en situación similar.
Asimismo, extiende la Clase que ahora será Nacional e Internacional.
El 13 de agosto el Tribunal Constitucional podría emitir la decisión final del caso. No obstante, hay algunas fuentes que señalan que el proceso podría durar más tiempo.
Por Maibort Petit
El equipo de abogados defensores de Alex Saab emitió una declaración en la que advierten de los supuestos errores que habría cometido el Fiscal General de Cabo Verde, José Landim, con el único objetivo de facilitar la extradición del empresario a los Estados Unidos.
Específicamente, Landim, en uno de los apartes del documento habría afirmado que los compromisos diplomáticos contraídos por el gobierno de los Estados Unidos a través de sus departamentos de Estado y Justicia, constituiría una obligación para los tribunales estadounidenses lo cual, al entender de los representantes de Saab, es incorrecto.
Recuerdan que la Constitución de los Estados Unidos se basa en el principio de la separación de poderes, por lo que el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo. Partiendo de esto, los tribunales estadounidenses solamente se someten a los dictados constitucionales y las leyes de los EE. UU., por lo que aun cuando los tratados forman parte de la legislación, estos sólo obligan a los tribunales en la medida en que crean disposiciones de "ejecución automática" que el propio acusado tiene derecho a hacer cumplir.
El comunicado de los abogados de Saab subraya que la "regla de la especialidad" es aplicable en los casos de extradición en los que un país ha contraído ciertos compromisos específicos con otro país como condición para asegurar la custodia de la persona extraditada. “Establece que, cuando esos compromisos impliquen una limitación de los delitos por los que una persona extraditada puede ser procesada, esa persona solo podrá ser juzgada por los delitos específicamente declarados. No se pueden presentar nuevos cargos contra dicha persona”.
Y advierten entonces que, aunque la regla es de aplicación general, tiene limitaciones importantes en los Estados Unidos, aplicables en el caso de Álex Saab Morán. Según el precedente judicial vinculante aplicable al Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Florida donde cursa el caso contra Saab Morán, aplica solo cuando la extradición se haya sustentado en un tratado de extradición que incluya específicamente la "regla de la especialidad" entre Estados Unidos y el país de donde se solicitó la extradición, en este caso Cabo Verde.
Al no haber tratado de extradición entre los EE. UU. y Cabo Verde, no podrá establecerse este compromiso, aún en el caso de que Estados Unidos se comprometiera a cumplir el compromiso. Por ende, el Departamento de Justicia podría presentar cargos adicionales si así lo considera pertinente en contra Saab.
Esto significa que mientras las autoridades de Cabo Verde sustenten su decisión en la regla de especialidad para justificar su aprobación, no estarían garantizando ninguna protección exigible para Saab Morán en un juicio que pudiera tener una sentencia de cadena perpetua, la cual es inadmisible en Cabo Verde.
Finaliza el comunicado con la advertencia sobre el hecho contradictorio de que, por un lado, se argumente que Estados Unidos hace su solicitud de extradición sobre lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Delincuencia Transnacional —que no aplica pues UNTOC no contempla la cláusula de especialidad— y por el otro, EE. UU. dice que aplicará el mecanismo de las Naciones Unidas[1].
Cuenta regresiva
Pero la batalla campal que se libra en los tribunales de Cabo Verde en donde desde un lado y de otra se dispara a matar, pareciera estar en sus últimos estertores dado que el próximo 13 de agosto se espera que la Corte Constitucional caboverdiana emita la decisión final de este caso.
Para la defensa de Saab es vital el pronunciamiento que la corte constitucional adopte en cuanto a la citada regla de la especialidad y sobre lo que ha sido su revisión del proceso que ya supera más de un año.
Esta decisión es fundamental, toda vez que ya el tribunal Supremo de Justicia autorizó la extracción el pasado 17 de marzo.
Entre los últimos asaltos de esta dura pelea, Álex Saab arremetió en una carta abierta contra el fiscal Landim, a quien señaló junto al primer ministro, Ulisses Correia, de ocultar información y de mentir. Acusó nuevamente al gobierno de Cabo Verde de haberlo “sacado a golpes” del avión cuando paró a recargar combustible para proseguir su viaje a Irán en donde, supuestamente cumpliría una misión diplomática en nombre de Venezuela.
Refiere Saab en su pronunciamiento que el fiscal ha ignorado sus argumentos y lo acusó de entregar información errada al Tribunal Constitucional[2].
Reino Unido lo califica de corrupto
Y si de acusaciones se trata, el Reino Unido a través del secretario de la Relaciones Exteriores, no dudó en calificar a Álex Saab de corrupto, al anunciar el ingreso del colombiano a la lista de ciudadanos sancionados por actos de corrupción.
La decisión del Reino Unido se erige sobre la acusación que Estados Unidos mantiene contra Saab en los tribunales, en donde se lo señala, junto a su socio Álvaro Enrique Pulido, de enriquecerse a cosa te de los programas de alimentación y vivienda del gobierno venezolano[3].
El gobierno británico impuso sanciones a Saab y a Pulido, consistentes en la congelación de sus activos en el Reino Unido y prohibición de entrada al país.
La cancillería británica al explicar la razón de sus sanciones dijo que Saab y Pulido “Se beneficiaron de contratos adjudicados indebidamente, en los que los bienes prometidos se entregaban a precios muy inflados. Sus acciones causaron más sufrimiento a los venezolanos, ya golpeados por la pobreza, para su propio enriquecimiento privado”[4].
Desestimado recurso de apelación
Antes de esto, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde había rechazado el 21 de julio el recurso de apelación interpuesto por la defensa de quien es acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, con el cual se buscaba suspender el proceso de extradición en razón de un pedido del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
El tribunal decidió por unanimidad desestimar el recurso de “cumplimiento de la solicitud de adopción de medidas provisionales”, por cuanto el estado caboverdiano no tiene obligación alguna de cumplir la solicitud del comité de Naciones Unidas y porque “no existen razones suficientemente persuasivas para justificar su aceptación”[5].
REFERENCIAS
[1] Justicia Fuser. “Declaración del equipo de defensa del diplomático Alex Saab”. 4 de agosto de 2021. https://www.justiciafuser.com/declaracion-del-equipo-de-defensa-del-diplomatico-alex-saab/
[2] El Tiempo. “Saab arremete contra fiscal de Cabo Verde ad portas de extradición”. 27 de julio 2021. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-arremete-contra-fiscal-y-primer-ministro-de-cabo-verde-606171
[3] El Tiempo. “Reino Unido califica a Saab de corrupto y le impone sanción”. 22 de julio 2021. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-y-alvaro-pulido-sancionados-por-el-reino-unido-605020
[4] Semana. “Congelan cuentas de Álex Saab en el Reino Unido por malversar ayudas públicas en Venezuela”. 22 de julio de 2021. https://www.semana.com/mundo/articulo/congelan-cuentas-de-alex-saab-en-el-reino-unido-por-malversar-ayudas-publicas-en-venezuela/202146/
[5] Infobae. “El Tribunal Constitucional de Cabo Verde rechazó suspender la extradición de Alex Saab a Estados Unidos”. 21 de Julio de 2021. https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/07/21/el-tribunal-constitucional-de-cabo-verde-rechazo-suspender-la-extradicion-de-alex-saab-a-estados-unidos/
El demandante reclama el pago de capital e intereses de Bonos Globales 2018, 2020 y 2027.
Por Maibort Petit
Dado que no ha podido hasta la fecha notificar formalmente a la República Bolivariana de Venezuela de la demanda interpuesta en su contra por incumplimiento de pago de capital e intereses de los títulos de la deuda de que es titular, Alexander Neuhanser procederá a cumplir con este trámite por medio de la Convención de La Haya, tal como lo establece la ley.
El demandante reclama por el impago de Bonos Globales en su poder correspondientes a los años 2018, 2020 y 2027.
El informe al tribunal
El 24 de marzo de 2021, Alexander Neuhauser, a través de sus abogados, remitió una comunicación a la juez Analisa Torres, para presentar un informe por ella solicitado el 9 de febrero de 2021, en el que expuso, en primer término, la imposibilidad que han afrontado para entregar la demanda al demandado de conformidad con 28 U.S.C. § 1608 (a) (1). Refirió que habían sido notificados de que la oficina del Consulado General de Venezuela en Nueva York se encontraba cerrada y no podía aceptar el servicio.
El demandante le dio a conocer a la juez Torres, que se encontraban procediendo con la notificación de la denuncia del acusado por medio de la Convención de La Haya, de conformidad con el U.S.C. Sección 1608 (a) (2).
Por tal motivo, Neuhauser solicitó al tribunal una extensión de tiempo de 45 días para efectuar la notificación al demandado.
La demanda
El 8 de diciembre de 2020, el abogado Joshua H. Epstein, de la firma Davis & Gilbert LLP, en representación de Alexander Neuhauser, un ciudadano belga, presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, una demanda en contra de la República Bolivariana de Venezuela por incumplimiento en el pago del capital e intereses de los bonos globales 2018, 2020 y 2027.
Neuhauser hace tres reclamos a Venezuela, el primero de ellos de compensación, a objeto de que se le otorgue una sentencia monetaria por un monto que se determinará en el juicio, pero que no sea menor de USD 1.150.000, más los intereses devengados aplicables, junto con los intereses previos al juicio, y los costos y honorarios de abogados.
El segundo reclamo de compensación es para que se otorgue una sentencia monetaria por un monto que se determinará en el juicio, pero que no debe ser menor de USD 500.000, más el interés acumulado aplicable, junto con los intereses previos al juicio, y los costos y honorarios de abogados incurridos por Neuhauser en esta acción; y
El tercer reclamo de reparación, Neuhauser pide una sentencia monetaria por un monto que se determinará en el juicio, pero que no sea menor de USD 100.000, más los intereses devengados aplicables, junto con los intereses previos al juicio, los costos y honorarios de abogados.
Por último, Neuhauser solicita cualquier otra reparación adicional que la Corte considere justa y apropiada.
Los bonos
El demandante expone que es el beneficiario efectivo de las participaciones en tres títulos de deuda denominados en dólares emitidos por Venezuela.
La primera Garantía de Deuda, son bonos globales al 6 por ciento con vencimiento en 2020, ISIN Nº USP97475AG56, CUSIP Nº P97475AG5, emitido en 2005 de conformidad con un Acuerdo de Agencia Fiscal con fecha del 25 de julio de 2001 entre Venezuela, Banco Central de Venezuela, Deutsche Bank AG y Deutsche Bank Trust Company Americas (antes Bankers Trust Company).
La segunda Garantía de Deuda, son bonos globales al 13,625 por ciento con vencimiento en 2018, ISIN Nº USP922646AT10, CUSIP Nº P922646AT1 (los “Bonos Globales 2018”), emitido 1998 de conformidad con un Acuerdo de Agencia Fiscal con fecha del 8 de agosto de 1998 entre Venezuela y The Chase Manhattan Bank.
La tercera Garantía de Deuda, son bonos globales al 9.25 por ciento con vencimiento en 2027, ISIN Nº US922646AS37, CUSIP Nº 922646AS3, emitido en 1997 de conformidad con un Acuerdo de Agencia Fiscal con fecha del 3 de septiembre de 1997 entre Venezuela y The Chase Manhattan Bank.
Estos títulos de deuda obligaban a Venezuela a reembolsar el capital y los intereses no pagados en su totalidad a la fecha de vencimiento, por un monto, en total, de aproximadamente USD 6 seis millones.
Se refiere en la demanda que hasta el pago total del capital, ya sea en la fecha de vencimiento, según lo requieran los términos de los Títulos de Deuda o posteriormente, estos obligaban a Venezuela a pagar intereses sobre el principal semestralmente vencidos, el 9 de junio y 9 de diciembre de cada año (con respecto a los Bonos Globales 2020), el 15 de febrero y 15 de agosto de cada año (con respecto a los Bonos Globales 2018), y el 15 de marzo y 15 de septiembre de cada año (con respecto a los Bonos Globales 2027) Bonos), a las tasas señaladas anteriormente por año.
Sin embargo, a partir del pago de intereses con vencimiento el 9 de diciembre de 2017 para los Bonos Globales 2020, Venezuela no ha realizado ninguno de los pagos de intereses y capital requeridos sobre todos los Títulos de Deuda y, por lo tanto, ha incumplido sus obligaciones.
Aunque Neuhauser no es un tenedor directo de los valores de deuda, las FAA pertinentes contemplan que los beneficiarios reales como él, con la autorización de Cede, tendrán derecho a tomar cualquier acción a que esta última tuviera derecho como titular de la Garantía de Deuda correspondiente.
Incumplimiento en los bonos globales de 2018
Se indica en la demanda que los términos y condiciones de los Bonos Globales 2018 requerían que Venezuela pagara intereses, semestralmente, el 15 de febrero y el 15 de agosto de cada año, a una tasa equivalente al 13,625 por ciento anual.
Venezuela no hizo el pago correspondiente de intereses que vencieron el 15 de febrero de 2018, tanto en dicha fecha como en cualquier momento posterior.
Se establecía que Venezuela reembolsara todo el principal pendiente de los Bonos Globales de 2018 a su vencimiento el 15 de agosto de 2018, lo cual no ocurrió, ni en ese momento ni fecha posterior.
Por tal razón, Neuhauser reclama daños y perjuicios de al menos USD 500.000 más los intereses devengados aplicables.
Habiendo transcurrido el lapso establecido por ley sin que se haya producido el pago, se convierte en un evento de incumplimiento según los términos y condiciones aplicables que rigen los Bonos Globales de 2018.
Por ello, Neuhauser requiere que Venezuela le cancele todos los gastos razonables y documentados entre ellos honorarios de abogados y costos judiciales.
Incumplimiento en los bonos globales de 2020
Los términos y condiciones aplicables de los Bonos Globales 2020 establecían que Venezuela debía pagar intereses sobre el principal, semestralmente, el 9 de junio y el 9 de diciembre de cada año, a una tasa del 6 por ciento anual.
Insertar Imagen Neuhauser 3
Venezuela no hizo el pago correspondiente el 9 de diciembre de 2017, como tampoco lo hizo en fecha posterior. Igualmente se incumplió con el pago de intereses correspondiente al 9 de junio de 2018.
Además, Venezuela no reembolsó todo el capital a su vencimiento el 9 de diciembre de 2020 y, según información que posee el demandante, no tiene intención de hacerlo.
Ante esta circunstancia, Neuhauser reclama por daños y perjuicios por USD 1.150.000 más los intereses devengados aplicables.
Tratándose de un evento de incumplimiento, de acuerdo a los términos del contrato, se requiere que Venezuela pague todos los gastos, incluidos honorarios.
Incumplimientos en los bonos globales de 2027
Los Bonos Globales 2027 requerían que Venezuela pagara intereses, semestralmente, el 15 de marzo y el 15 de septiembre de cada año, a una tasa equivalente al 9.25 por ciento anual.
Insertar Imagen Neuhauser 4
Venezuela no realizó el pago correspondiente al 15 de marzo de 2018, ni en ese momento ni a la fecha de la demanda. Tampoco ha realizado los pagos del 15 de septiembre de 2018 hasta el 15 de septiembre de 2020 inclusive.
Por ello, Neuhauser reclama por daños y perjuicios al menos USD 100.000 más los intereses devengados aplicables como resultado del impago de interés y principal.
El demandante igualmente requiere que Venezuela pague todos los gastos, incluidos honorarios de abogados y costos judiciales.
Intereses acumulados
Refiere la demanda que, de acuerdo a los términos y condiciones aplicables de los Títulos de Deuda, los intereses sobre el principal continuarán devengándose a sus respectivas tasas de interés por año hasta que sea reembolsado en su totalidad.
Según información manejada por el demandante, el Ministro de Finanzas de Venezuela no ha autorizado el pago con respecto a los Bonos Globales 2020, los Bonos Globales de 2018 ni los Bonos Globales 2027.
En virtud de esta situación, Alexander Neuhauser sostiene que tiene derecho a recuperar daños hasta la fecha por un monto de, al menos, USD 1.750.000 más los intereses devengados aplicables, sobre el capital impago y los intereses de los Títulos de Deuda propiedad beneficiaria del demandante.
Resolución rápida
El 11 de diciembre de 2020, la juez Analisa Torres ordenó a las partes a discutir la posibilidad de lograr una resolución rápida de la disputa, según 28 U.S.C. § 636 (c), para llevar a cabo todos los procedimientos posteriores ante el Juez Magistrado asignado.
Insertar Imagen Neuhauser 6
Si Neuhauser y Venezuela consentían en ello, debían enviar un correo electrónico antes del 1 de febrero de 2021 con el formulario de Notificación, Consentimiento y Referencia de Acción Civil a un Juez Magistrado.
De ser aprobado por el tribunal todos los procedimientos posteriores se llevarían a cabo ante el Juez Magistrado asignado. Cualquier apelación se llevaría directamente a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, como lo sería si el formulario de consentimiento no estuviera firmado y ordenado.
En caso de no estar de acuerdo, una o las dos partes, debían remitir una carta conjunta, antes del 1 de febrero de 2021, notificando al Tribunal que las partes no dan su consentimiento, pero sin revelar la identidad o la parte o partes que no dan su consentimiento.
Se estaría manejando retomar el proyecto con las mismas empresas que han sido señaladas de cometer irregularidades y aplicar sobreprecios en contratos anteriores.
Por Maibort Petit
La construcción de la Central Hidroeléctrica Manuel Piar, conocida como represa de Tocoma, la cual contribuiría a aliviar la grave crisis eléctrica que padece el país terminó siendo un elefante blanco, una obra inconclusa que no generó un solo megavatio de electricidad, pero sí oscuros negocios. Transcurridos 14 años de la firma del contrato para su construcción, podría próximamente, no brindar luz a los venezolanos, sino nuevas corruptelas e irregularidades, según dejar ver los últimos movimientos que tienen lugar en el seno de la corporación eléctrica nacional.
Investigaciones llevadas a cabo por Venezuela Política, permitieron conocer que, Corpoelec encuentran en conversaciones para reactivar el Proyecto Tocoma y concluir la construcción de la represa (que debió haber estado lista en 2013). Una iniciativa que sería digna de aplaudir sino fuera por el detalle de que, los referidos contactos se están estableciendo con los mismos actores que protagonizaron procesos irregulares y negociaciones con sobreprecios que constituyeron un desfalco para las arcas públicas venezolanas durante la administración de Argenis Chávez en Corpoelec y las empresas Odebrecht (Brasil) e IMPSA, de Argentina.
Venezuela Política pudo determinar que el objeto de las nuevas negociaciones giraría en torno a las piezas y componentes electromecánicos de cuya fabricación se encargaría una compañía brasileña, y como principal intermediaria de la argentina IMPSA que ha sido señalada en múltiples oportunidades por sus manejos turbios.
Desde la mas alta gerencia del Ministerio de Energía Eléctrica se retomaron las negociaciones para obtener las piezas que no llegaron a salir de los talleres del fabricante a su destino en Venezuela. La parte álgida de las conversaciones gira en torno a la forma de pago, lo cual hace levantar sospechas acerca de la transparencia de las mismas.
Una fuente interna de Corpoelec Caracas confirmó, bajo el compromiso de anonimato, que las gestiones se están realizando desde la alta gerencia del Ministerio de Energía Eléctrica, y que inclusive uno de los funcionarios ya se encuentra discutiendo los términos en que se produciría el traslado de las piezas desde la fábrica a Venezuela. Asimismo, las partes evalúan la forma de pago, bien en dólares o bien con petróleo.
Resulta inexplicable que la administración de Nicolás Maduro explore la posibilidad de retomar las obras civiles paralizadas en Tocoma, aun con las irregularidades allí detectadas con quienes ejecutaron unos trabajos que nunca terminaron y por el cual habrían contratado con sobreprecio.
Este proyecto, similar al de la Central Caruachi, se inició, de acuerdo a estudios realizados, a un costo de USD 1.493 por KW (Caruachi tuvo un costo de USD 1.274 por KW. Ya para 2011 el costo se había elevado a USD 2.925 por KW y en 2014 era de USD 5.059 por KW, es decir 239 por ciento más del costo inicial del proyecto.
Investigaciones periodísticas citadas por Transparencia Venezuela refieren la existencia de errores, defectos y fallas en la construcción de la represa.
Además, se violaron las cláusulas del contrato que presentamos en detalle más adelante, pues supuestamente el 80 por ciento de las valuaciones en bolívares del Consorcio OIV se facturaron en dólares calculados a tasa preferencial, lo que supondría un fraude de cientos de millones de dólares.
Cabe destacar las denuncias formuladas por el fiscal 55 nacional en el exilio, Pedro Lupera Zerpa[1], quien reveló una serie de irregularidades cometidas en el desarrollo de este proyecto, comenzando por el incumplimiento de la fecha de entrega de las obras. En una nota de El Pitazo, Lupera Zerpa “asegura que el Estado desembolsaría para el proyecto la cantidad de 263.384.534,21 dólares, más un componente nacional por un monto de 1.515.839.477.931,63 bolívares (anteriores a la reconversión monetaria de 2008), cambiados a la tasa oficial de aquel entonces, de 2.150 bolívares por dólar”.
Una investigación periodística dio a conocer que los USD 10.000 millones pagados por la obra inconclusa, por lo menos USD 1.000 millones correspondieron a lo pagado en divisas de manera irregular a través de un ardid administrativo. Esto gracias a los vericuetos que el control cambiario ofrece para la comisión de irregularidades[2].
Además, cita el informe de la Asamblea Nacional que en 2017 determinó que en estas obras se desfalcó a la nación en más de USD 3.000 millones y declaró la responsabilidad política de Rafael Ramírez, Alí Rodríguez Araque, Jesse Chacón, Argenis Chávez, Nervis Villalobos y Javier Alvarado, así como al entonces jefe del Estado Mayor Eléctrico, Aristóbulo Istúriz[3].
En su sitio web, Corpoelec informa que la “Central Hidroeléctrica de Tocoma es una obra del Gobierno nacional que contempla el desarrollo hidroeléctrico en la cuenca del Bajo Caroní. Esta obra vislumbra la instalación de 2,160 MW para producir una energía promedio anual de 12,100 GWh. Para ello, se prevé que sus 10 unidades generadoras, de 216 MW cada una, ingresen a operación entre julio de 2012 y abril 2014. En el Bajo Caroní se encuentran en operación las centrales hidroeléctricas de Guri (8.850 MW), Macagua (2.930 MW) y Caruachi (2.196 MW) que fue apoyada financieramente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 1993”.
Igualmente, habla de una inversión de USD 5.996 millones con un periodo de ejecución entre 2002 y 2014 que, hasta el momento de la publicación (no hay nada en la página que refiera la fecha), registraba un avance físico de 66,26 por ciento[4].
Advertimos diferencia en cuanto a las fechas previstas para la culminación de las obras, por cuanto, mientras Corpoelec refiere en 2014, el contrato al que hacemos referencia en esta entrega dice que junio 2013 y algunas informaciones de prensa hablan de 2012.
Sobre los avances de los trabajos, Transparencia Venezuela en una publicación del 4 de diciembre de 2018, habla de 87,19 por ciento de avance y una paralización total de las obras[5].
Sobre IMPSA
En su página web, IMPSA se presenta como “una empresa que ofrece soluciones integrales para la generación de energía a partir de recursos renovables, así como equipos para la industria de procesos y la energía nuclear”.
Esta compañía, que anteriormente se denominaba Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A., pasó a ser simplemente IMPSA el 27 de abril de 2018, luego de la modificación de sus estatutos, como resultado del inicio del proceso de cierre de la reestructuración financiera de la compañía.
En la actualidad, IMPSA es una empresa cuya mayoría accionaria está en manos del estado argentino, al poseer 63,7 por ciento de las acciones el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), el cual es un fondo fiduciario público controlado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación; mientras que 21,2 por ciento de las acciones está en manos de la Provincia de Mendoza. El restante 15,1 por ciento del capital social de empresa es de propiedad privada, a saber, 9,8 por ciento en un fondo de capital controlado por los acreedores de la firma y el 5,3 por ciento en poder de los accionistas originales y fundadores, a través de un fideicomiso de capital[6].
La decisión de que el estado la capitalizara ocurrió después de un largo período de reestructuración de pasivos por el que poco termina en la quiebra —en 2013 entró en default y en concurso de acreedores— y de evaluar la importancia de empresa en razón de su importancia en las cadenas de valor para el desarrollo tecnológico del país[7].
Esta empresa tiene un largo historial de señalamientos por irregularidades. En 2003 se vio involucrada en un caso de corrupción en el que se refería que el presidente de Filipinas para la época, Joseph Estrada. Se decía que IMPSA habría pagado sobornos al mandatario que aprobara la continuidad de un contrato[8].
El informe de Transparencia Venezuela “Empresas propiedad del estado. Un modelo de control II Parte. Casos de estudio sector eléctrico”, elaborado en noviembre de 2018, hace referencia al sobreprecio que IMPSA impuso a los trabajos de la Central Hidroeléctrica Manuel Piar (Tocoma) que analizamos en esta entrega, destacando que la empresa argentina ofertó por los USD 10,371 millones, tres veces por encima de la segunda oferta y similares en indisponibilidad, que en el caso del segundo a 2014 era de 94 por ciento, mientras el primero aún está inconcluso.
El informe cita también que IMPSA negoció con e el gobierno venezolano en 2005 en el contexto del convenio de cooperación energética suscrito entre Hugo Chávez y Cristina Fernández de K., para repotenciar y rehabilitar las unidades de la casa de máquinas de la central hidroeléctrica Macagua I. Este contrato se elevó de USD 223 millones a USD 325 millones, es decir 46 por ciento de incremento, después de 8 años de extensiones del plazo de entrega y aumentos del costo de la obra.
Pese a esta experiencia, el 20 de abril de 2010, IMPSA fue contratada por PDVSA para la fabricación de de aerogeneradores en Venezuela y para la repotenciación de las turbinas de la central hidroeléctrica de Guri. En Tocoma, a IMPSA le correspondía entregar los equipos electromecánicos[9].
Sobre OIV Tocoma
El contratista, Consorcio OIV Tocoma, es una sociedad en la que la cuestionada empresa constructora Odebrecht, de Brasil) con 50 por ciento del paquete accionario; Impregilo S.P.A. (Italia), con 40 por ciento de las acciones; y Vinccler (Venezuela) ostenta el restante 10 por ciento. Fue contratada por la CVG Electrificación del Caroní (Edelca) para llevar a cabo los trabajos de la cuarta y última generadora hidroeléctrica en el Bajo Caroní, la Central Hidroeléctrica Manuel Piar en Tocoma, estado Bolívar.
En Venezuela, Consorcio OIV Tocoma tiene sede en Caracas, constituida conforme a las leyes de la República Bolivariana de Venezuela a través de un documento que se autenticó por ante la Notaría Pública Trigésima Séptima del municipio Libertador del Distrito Capital, el 6 de octubre de 2006, bajo el N° 20, Tomo 65 de los libros de Autenticaciones de ese despacho.
El sitio web Pymes Venezuela, informa que la dirección fiscal de la empresa es Avenida Río Caura, Centro Empresarial Torre Humboldt, Piso 10, Oficina 10-06, Prados del Este, Caracas 1080. Con número de Registro de Información Fiscal (RIF) J-293785464[10].
El contrato por el cual se rige la obra es el N° 1.1.104.003.05 y tiene por nombre “construcción de las estructuras principales de concreto, suministro e instalación de los equipos hidromecánicos, construcción final de la presa izquierda, construcción de la variante del ferrocarril y construcción de la plataforma para sub-estación Tocoma”, registrada en el Sistema Nacional de Contratistas por Impregilo, que actualmente se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado.
Este mismo consorcio se encarga de adquirir los servicios de otras empresas contratistas para avanzar con el proyecto.
Según una nota del diario Correo del Caroní, Tocoma debió estar lista en 2012, y debió sumar 2.160 MW, pero hasta la fecha sigue en obras, con una fecha aproximada de culminación –según la memoria y cuenta 2014 del Ministerio de Energía Eléctrica– en 2017 (con cinco años de retraso). Otra empresa que labora en la construcción de la hidroeléctrica es la argentina Industria Metalúrgica Pescarmona (Impsa), que está a cargo de las obras electromecánicas.
Construcciones Clerico C.A. está inscrita inicialmente en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 14 de diciembre de 1956, bajo el Nº 27, Tomo 28-A. La última reforma inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, en fecha 26 de abril de 2006, bajo el Nº 61, Tomo 5-A, representada por Juan Francisco Clerico Avendaño.
El contrato con el Consorcio OIV-Tocoma[11]
El 19 de marzo de 2007, se suscribió el contrato entre la CVG Electrificación del Caroní C.A., y el Consorcio OIV-Tocoma, integrado este por Vinccler C.A. Venezolana de Inversiones y Construcciones Clerico C.A.
Este contrato de obra pública fue financiado con fondos propios de CVG Edelca y fondos provenientes del contrato de préstamo 1686/OC-VE del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En la cláusula primera se establece que el Consorcio OIV-Tocoma se comprometió a realizar la construcción de las Estructuras Principales de Concreto, Suministro e Instalación de los Equipos Hidromecánicos, Construcción Final de la Presa Izquierda, Construcción de la Variante del Ferrocarril y Construcción de la Plataforma para la Sub-Estación “Tocoma”, del Proyecto Tocoma, a todo costo, por su exclusiva cuenta y con sus propios elementos y en un todo de acuerdo con los documentos de licitación (Especificaciones), condiciones, precios y plazos de entrega establecidos en los documentos del contrato, definidos en la cláusula segunda.
La cláusula tercera indica que el Consorcio OIV-Tocoma debía terminar todo el trabajo en junio de 2013 y se comprometía a cumplir con todas las fechas de entrega de la obra civil establecidas a partir de la firma del contrato, el señalado 19 de marzo de 2007.
Así, en marzo de 2010, debían estar terminado los trabajos que permitían iniciar la segunda etapa de desvío del río. Esto contemplaba una cláusula penal de USD 100.000 diario hasta un máximo de USD 4.500.000.
Igualmente, para junio de 2011 debían estar terminadas las obras de concreto en la nave de montaje; en enero de 2012 debían estar terminadas las obras de concreto en la nave de generadores para todas las unidades; en febrero de 2012, debía estar terminada la casa de máquinas integrada y el canal de descarga inundado, permitiendo la operación de unidades.
Si estas tres últimas no hubiesen estado concluida a la fecha prevista y si esta representaba costos adicionales a otros los contratistas, entonces los montos pagados por CVG Edelca a dichos contratistas, serían cargados al Consorcio OIV-Tocoma, hasta un máximo de USD 30.000.000.
La cláusula cuarta estableció el precio del contrato en Bs. 1.515.839.477.931,63 más USD 263.384.534,21.
Se previó un anticipo del 10 por ciento sobre el precio del contrato, el cual, en el caso del pago en bolívares se realizaría progresivamente en cada valuación de la obra, descontando de los pagos correspondientes, un porcentaje fijo correspondiente a la razón entre el monto del anticipo pagado en bolívares y el monto básico en bolívares del contrato, hasta cubrir el 100 por ciento del monto anticipado.
En el caso del anticipo en dólares, la amortización se realizaría progresivamente en cada valuación de la obra, descontando el 10 por ciento de los pagos correspondientes a divisas básicas, hasta cubrir el 100 por ciento del monto básico en divisas anticipado.
El contrato estableció que se realizaran ajustes de precios tomando en cuenta el Programa de Construcción aprobado por CVG Edelca, incluyendo cualquier prórroga siempre y cuando fuera aprobada por esta última.
Una serie de fórmulas servirían para determinar las variaciones mensuales de los costos de los componentes.
La cláusula decima establecía que OIV-Tocoma tendría una única relación contractual con CVG Edelca, renunciando en forma expresa a cualquier pretensión de imputar corresponsabilidad contractual al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o a la Unidad Ejecutora Central del Programa (Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, de la República Bolivariana de Venezuela).
REFERENCIAS
[1] Twitter. Pedro Lupera Zerpa. @palzerpa. https://twitter.com/palzerpa/status/1154024058029322240
[2] Armando.info. “El redondeo cambiario que benefició a Odebrecht”. 11 de julio de 2017. https://armando.info/el-redondeo-cambiario-que-beneficio-a-odebrecht/
[3] El Pitazo. “Un fiscal en el exilio revela detalles de la corrupción de Odebrecht en Tocoma”. 25 de julio de 2019. https://elpitazo.net/politica/proyecto-tocoma-la-central-hidroelectrica-que-quedo-en-promesas-tras-12-anos/
[4] Corpoelec. “Central Hidroeléctrica "Manuel Piar" en Tocoma”. http://www.corpoelec.gob.ve/proyectos/central-hidroel%C3%A9ctrica-manuel-piar-en-tocoma
[5] Transparencia Venezuela. “Tocoma sigue sin dar luz tras 11 años de iniciada”. 4 de diciembre de 2018. https://transparencia.org.ve/11-anos-despues-del-inicio-de-su-construccion-tocoma-sigue-sin-dar-luz/
[6] IMPSA. https://www.impsa.com/
[7] La Política Online. “El Gobierno estatizó la histórica empresa de energía de Pescarmona”. 28 de mayo de 2021. https://www.lapoliticaonline.com.ar/nota/134383-el-gobierno-estatizo-la-historica-empresa-de-energia-de-pescarmona/
[8] La Nación. “Involucran a Impsa en un caso de corrupción”. 15 de enero de 2003. https://www.lanacion.com.ar/economia/involucran-a-impsa-en-un-caso-de-corrupcion-nid466334/
[9] Transparencia Venezuela. Empresas propiedad del estado. Un modelo de control II Parte. Casos de estudio sector eléctrico. Noviembre 2018. https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2018/11/CASOS-sector-el%C3%A9ctrico.pdf
[10] Pymes Venezuela. Consorcio OIV Tocoma. http://pymesvenezuela.com/ficha/consorcio-oiv-tocoma-111764
Se le conocía en Caracas por estar vinculado a los jerarcas del régimen de Venezuela y por haberse enriquecido gracias negocios corruptos. Este martes, sin embargo, Naman Wakil fue arrestado por agentes del FBI en Miami, tras ser acusado de delitos relacionados con su presunto papel en un plan para sobornar a funcionarios venezolanos y lavar fondos para obtener contratos de PDVSA y de la empresa de alimentos controlada por el Estado venezolano, Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícola (CASA).
En septiembre de 2019, Venezuela Política publicó un documento que establecía la relación entre Nama Wakil y el exMinistro de Alimentación, Carlos Osorio.
Según documentos judiciales, desde 2010 hasta al menos septiembre de 2017, Naman Wakil, de 59 años, ciudadano sirio y residente permanente legal de los EE. UU., supuestamente conspiró con otros para pagar sobornos a funcionarios de la empresa estatal CASA, los de PDVSA y varias empresas extranjeras que operan en la faja petrolera del Orinoco de Venezuela.
Wakil habría pagado sobornos para obtener, al menos, $ 250 millones en contratos para vender alimentos a CASA y hacer negocios con las empresas conjuntas de PDVSA, incluida la obtención de contrataciones altamente inflados (por un valor de unos $ 30 millones) para proporcionar bienes y servicios a las empresas conjuntas de PDVSA.
Wakil lavó fondos relacionados con el esquema de soborno desde y hacia cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida y compró 10 unidades de apartamentos en el sur de Florida, un avión de $ 3.5 millones y un yate de $ 1.5 millones, entre otras cosas. Wakil también utilizó una parte de los fondos para realizar pagos a los funcionarios venezolanos o en beneficio de ellos.
Wakil está acusado de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), violación de la FCPA, conspiración para cometer blanqueo de capitales, blanqueo de capitales promocionales internacionales y tres cargos de participación en transacciones que involucren propiedad de origen criminal.
De ser declarado culpable, Wakil enfrenta una pena máxima de 80 años de prisión.
Hoy martes, Wakil hizo su aparición inicial en la corte federal a la 1:30 PM ante la Jueza Magistrada de los Estados Unidos Lauren Louis en Miami.
El anuncio de la detención fue hecho por el Secretario de Justicia Auxiliar de la División Criminal del Departamento de Justicia, Kenneth A. Polite Jr.; el Fiscal Federal Interino para el Distrito Sur de Florida,Juan Antonio González; el Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Anthony Salisbury y el Especialista Interino de la Oficina de Campo de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) en Miami, Tyler R. Hatcher.
Venezuela debió reembolsar el capital de los Bonos Globales en su totalidad el 15 de agosto de 2018, cuando era su fecha de vencimiento, pero hasta la fecha no ha cumplido con los pagos.
Por Maibort Petit
Luego de haberse dado por notificada, la República Bolivariana de Venezuela debe enfrentar una nueva demanda que, por incumplimiento de pago de Bonos Globales, la sentará nuevamente en el banquillo de la Corte del Distrito Sur de Nueva York para responder por el reclamo que le hace Chickpen S.A.
Chickpen S.A., de acuerdo a información que ofrece el portal Open Corporates, es una empresa activa registrada en Panamá el 26 de septiembre de 2007 bajo el número 584867.
El agente es Arias, Fabrega & Fabrega, mientras que en el directorio figura como presidente y director, Feliciano Ortiz; como directores, Nancy Eliette Cossu de Grisolia (igualmente, secretaria) y Hermes Oriel Vargas, este último también funge como tesorero; como suscriptores, José Eugenio Silva Ritter, Dianeth Isabel Matos de Ospino; el apoderado es Tomás Ignacio Polanco Fernández[1].
Venezuela notificada
El 22 de junio de 2021, la juez del Distrito Sur de Nueva York, Analisa Torres, ordenó que para el 28 de julio del presente año, tanto el demandante Chickpen S.A., como la demandada República Bolivariana de Venezuela, debían presentar una carta conjunta y un plan de manejo de caso propuesto por ambos.
Tal decisión de la magistrada se produjo luego de conocer que la parte demandada había sido notificada de la acción judicial por parte de Chickpen S.A.
La orden de la juez se había producido el 11 de marzo de 2021, cuando la juez Analisa Torres, en atención a una comunicación de Chickpen S.A. del esa misma fecha, ECF Nº 21, ordenó que la conferencia programada para el 24 de marzo de 2021 y los plazos asociados se aplazaran sine die. Los demandantes debían informar de inmediato al Tribunal cuando se completara la notificación del proceso. Si el servicio no se completaba en dichos 60 días posteriores a la fecha de esta Orden, el Demandante presentará una carta de estado ante el Tribunal.
La demanda
El 22 de enero de 2021, la firma Sánchez Fischer Levine LLP, en representación de Chickpen S.A., presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en contra de la República Bolivariana de Venezuela por Incumplimiento de Contrato de Bonos Globales.
La demandante Chickpen exige juicio contra Venezuela de manera que, en primer lugar, se otorgue una sentencia monetaria con relación a su primer reclamo de compensación (Incumplimiento de Contrato de Bonos Globales), por una cantidad que se determinará en el juicio que no sea menor a USD 1.890.002,99, junto con los intereses previos y posteriores a la sentencia, así como los costos y honorarios de abogados incurridos en esta acción.
Igualmente, Chickpen pide otra sentencia monetaria con respecto a su segunda reclamación de exención (incumplimiento de contrato en la nota global) por una cantidad que se determinará en el juicio, pero no menos de USD 14.567.055,22, junto con los intereses previos y posteriores a la sentencia, así como los costos y honorarios de abogados.
Asimismo, Chickpen pide cualquier otra reparación adicional que la Corte considere justa y apropiada.
La acción
Chickpen es el beneficiario efectivo de las participaciones en títulos de deuda denominados en dos dólares emitidos por Venezuela.
En primer lugar, están los Bonos Globales, al 13,625 por ciento con vencimiento en 2018, emitidos en 1998, ISIN No. US922646AT10, CUSIP Nº 922646AT1, con una oferta de continuación en 2004, de conformidad con una Agencia Fiscal Acuerdo de fecha 6 de agosto de 1998 entre Venezuela, Banco Central de Venezuela y The Chase Manhattan Bank.
Venezuela debió reembolsar el capital de los Bonos Globales en su totalidad el 15 de agosto de 2018, cuando era su fecha de vencimiento.
Bien hasta el pago total del capital o a la fecha de su vencimiento, los Bonos Globales debían pagar intereses sobre el principal semestralmente vencidos, a saber, el 15 de febrero y el 15 de agosto de cada año, a una tasa del 13,625 por ciento anual. Sin embargo, desde el 15 de febrero de 2018, Venezuela no ha realizado ninguno de los pagos de intereses y capital requeridos sobre los Bonos Globales, lo que se traduce en incumplimiento de sus obligaciones en virtud de los Bonos Globales.
Entretanto, la nota global, la segunda Garantía de Deuda, pagaré global al 7.00 por ciento con vencimiento en 2018, ISIN No. USP97475AD26, CUSIP Nº P97475AD2, emitido en 2001 y modificado el 1 de septiembre de 2003, de conformidad con el Acuerdo de Agencia Fiscal de fecha 25 de julio de 2001 entre Venezuela, Banco Central de Venezuela, Deutsche Bank AG y Deutsche Bank Trust Company.
El Pagaré global obligaba a Venezuela a reembolsar el capital en su totalidad el 1 de diciembre de 2018 y, hasta el pago total del principal, ya sea al vencimiento del Bono Global, según se requiera, o más tarde, Venezuela estaba obligada a pagar intereses sobre el capital semestralmente vencidos, el 1 de diciembre y el 1 de junio de cada año, en una tasa del 7,00 por ciento anual hasta el reembolso total del pagaré.
A partir de los pagos de intereses que vencen el 1 de diciembre de 2017, Venezuela no ha pagado los intereses y capital requeridos y, por lo tanto, está incumpliendo sus obligaciones en virtud del Pagaré global.
Con la acción legal ante la corte, Chickpen busca recuperar de Venezuela sus daños, como beneficiario efectivo de intereses en los dos Títulos de Deuda resultantes de los incumplimientos de Venezuela.
Los alegatos
Chickpen S.A. no es un tenedor directo de los valores de deuda, sino que es un inversor que tiene intereses beneficiosos en dichos valores registrados en cuenta a través de las instituciones financieras participantes.
Los Títulos de Deuda son “títulos de anotaciones en cuenta” registrados a nombre de Cede & Co., como representante de la Depository Trust Company (DTC). Las instituciones financieras, denominadas “participantes”, mantienen cuentas con el DTC a través de las cuales mantienen intereses en dichos valores registrados en cuenta.
Chickpen, con la autorización de Cede, tendrán derecho a tomar cualquier acción que Cede pudiera tomar.
Primer reclamo de alivio
Chickpen S.A. presenta un primer reclamo contra Venezuela por Incumplimiento de Contrato de Bonos Globales, por cuanto el capital de los mismos venció el 15 de agosto de 2018 y, hasta el momento, Venezuela no no ha hecho el pago respectivo, como tampoco ha cancelado los intereses adeudados sobre estos.
En razón de esto, Venezuela ha incumplido sus obligaciones contractuales en virtud de los Bonos Globales y es responsable ante Chickpen, como propietario de un interés beneficiario de dichos bonos por un monto de capital de USD 1.285.000, por daños por un monto a determinar en el juicio, pero no menos de USD 1.890.002,99 que representan la participación proporcional de Chickpen en el principal impago y los intereses de los Bonos Globales hasta la fecha de este alegato, junto con los intereses previos al juicio y los costos y honorarios de abogados de Chickpen incurridos en esta acción.
Segundo reclamo de alivio
Chickpen S.A. presenta una segunda reclamación de alivio por incumplimiento de contrato en la nota global, por cuento el Pagaré Global venció el 1 de diciembre de 2018, sin que hasta la fecha Venezuela haya redimido el Bono Global a la par, como correspondía. Venezuela tampoco ha pagado los intereses respectivos.
Por tal incumplimiento, Chickpen, propietario de un interés beneficioso en de la Nota Global por un monto principal de USD 11.599.000, por daños por un monto que se determinará en el juicio, pero no menos de USD 14.567.055,22 que representa la parte proporcional de Chickpen de capital e intereses impagos en el Bono Global hasta la fecha del alegato, junto con los intereses previos al juicio, y los costos y honorarios de abogados de Chickpen incurridos en esta acción.
Propuesta de resolución
El 28 de enero de 2021, la juez Analisa Torres, ordenó a Chickpen S.A. y a la República Bolivariana de Venezuela discutir si están dispuestas a lograr una resolución más rápida de la disputa entre ambas, de acuerdo a lo establecido en 28 U.S.C. § 636 (c).
Si así lo consentían, el abogado de Venezuela debía enviar por correo electrónico un formulario de Notificación, Consentimiento y Referencia de Acción Civil a un Juez Magistrado, antes del 17 de marzo de 2021.
Si el Tribunal aprobaba el formulario, todos los procedimientos posteriores se llevarán a cabo ante el Juez Magistrado asignado en lugar de de la jueza Torres.
También se les informó que cualquier apelación se llevaría directamente a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, como lo sería si el formulario de consentimiento no estuviera firmado y ordenado.
Se advirtió que si alguna de las partes no consentía los procedimientos propuestos, las partes debían presentar una carta conjunta, antes del 17 de marzo de 2021, notificando al Tribunal la decisión, pero sin revelar la identidad o la parte o partes que no dan su consentimiento.
Procedimientos remotos
El 28 de enero de 2021, la juez Torres, conforme con las Reglas 30 (b) (3) y 30 (b) (4) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, ordenó que todas las declaraciones en el caso Chickpen S.A. contra Venezuela, puedan tomarse por teléfono, videoconferencia u otros medios remotos.
Además, ordenó de conformidad con la Regla 30 (b) (5) que se considerará que la deposición pudiera igualmente llevarse a cabo a través de procedimientos remotos “ante un funcionario designado o designado de conformidad con la Regla 28”. Conminó a las partes llevara a cabo el descubrimiento mediante este procedimiento en la oportunidad disponible.
[1] Open Corporates Chickpen S.A. https://opencorporates.com/companies/pa/584867
