miércoles, 14 de julio de 2021

CITGO acusa al fallecido Nelson Martínez de entregar un contrato millonario corrupto a la empresa de su sobrino, Rothwell Energy Services LLC

   En el documento presentado por CITGO se asegura que el contrato se otorgó a Rothwell en razón de los vínculos que esta empresa tenía con el entonces CEO de la filial de PDVSA en EE. UU., Nelson Martínez.

Por Maibort Petit

   Hasta la fecha no se había hecho alusión directa a Nelson Martínez, el expresidente de CITGO Petroleum Corporation al momento de que este suscribiera un contrato con Rothwell Energy Services LLC, para la adquisición e instalación de plantas desalinizadoras en Venezuela. La contrademanda que CITGO presentó contra dicha empresa en el Tribunal del Condado de Harris, en Texas, acusa que el fallecido Martínez otorgó el referido contrato, "dado los vínculos de la contratista con un familiar suyo".
   Aunque la contrademanda se refiere a los socios de Nelson Martínez como “otros” sin mencionarlos por sus nombres, fuentes ligadas al caso refirieron a Venezuela Política que se trata de José Luis De Jongh y los seis exfuncionarios de CITGO que se encuentran detenidos en Caracas, a saber, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Tomeu Vadell, Gustavo Cárdenas y José Pereira.

  La fuente sostiene que los abogados de CITGO manipulan la realidad al presentar a Rothwell como la parte que incumplió el contrato, cuando la verdad es que nadie en la filial habría cumplido con su responsabilidad de monitorear las operaciones antes de realizar los pagos.

   Además, el informante asegura que el monto de los pagos realizados a Rothwell supera lo referido en la contrademanda, USD 5.542.241,77, pues en realidad, supuestamente, se habrían cancelado más de USD 10 millones.

La contrademanda de CITGO

  El 14 de mayo de 2021, John Zavitsanos, abogado de la firma Ahmad, Zavitsanos, Anaipakos, Alavi & Mensing PC, en representación de CITGO Petroleum Corporation, presentó ante la Corte del Condado de Harris, en Texas, la Cuarta Respuesta Enmendada y Segunda Contrademanda Enmendada del caso que ventila en esa instancia judicial entre la filial de la petrolera venezolana y la empresa Rothwell Energy Services LLC, a la que reclama daños reales, daños ejemplares, intereses previos y posteriores al juicio a la tasa permitida en la ley, las costas judiciales, honorarios de abogados y cualquier otra compensación adicional, por contrato, por ley o en equidad a la que tenga derecho.
   CITGO niega que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) se haya unido a la demanda en razón de que tuviera interés en el contrato de servicio y porque las plantas desalinizadoras que son razón del mismo, debían ser transferidas por Rothwell a ella a través de una factura de venta y cesión.

  Además, CITGO niega que deba dinero alguno a Rothwell aunque admite que si el tribunal determina alguna deuda, esto no será conforme a una cuenta jurada. La filial incorporó las declaraciones de Brian Boudreaux en apoyo de la denegación del reclamo del demandante.

Lo que sostiene CITGO

  Alega CITGO que cualquier pago a Rothwell, así como el cumplimiento adicional del Acuerdo, sería imposible, impracticable y/o ilegal en razón de que violaría las sanciones impuestas por EE. UU. referidas en las Órdenes Ejecutivas 13808, 13850 y 13884.

    Refiere que la cláusula de fuerza mayor en el Acuerdo impide que CITGO adeude o realice pagos a Rothwell, además de excluir la reclamación de esta por daños y perjuicios.

   CITGO asevera la defensa afirmativa de pago y refiere que ya pagó a Rothwell la cantidad de USD 5.542.241,77 de conformidad con el contrato, lo cual queda corroborado con la Declaración Jurada de Gina Coon, tesorero corporativo de la empresa petrolera. Subraya que este monto cancelado es mayor al realmente tenía derecho Rothwell.
   En razón de estos pagos, CITGO se acoge a la defensa afirmativa de compensación y sostiene que Rothwell no le ha entregado ningún estado de cuenta o recibo de que se hayan realizado todas las compensaciones, pagos y créditos justos y legales.

 Asimismo, CITGO afirma la defensa afirmativa de falta de mitigación, satisfacción y fraude.

  La petrolera venezolana en EE. UU. niega que Rothwell cumpliera con todos los requisitos para pagarle los montos que solicita, así como tampoco ha certificado pagos a todos los subcontratistas, personal, proveedores y vendedores; todos los embargos han sido liberados; se han cumplido todos los criterios de la prueba de desempeño para el trabajo por el que solicita pago; o que se haya proporcionado la documentación necesaria de rotación y cierre del proyecto.

  CITGO afirma que el Acuerdo prohíbe la recuperación del lucro cesante y cualquier otro daño emergente que busque Rothwell.

   Entre los señalamientos de CITGO se alega que Rothwell obtuvo el contrato a pesar de que carecía de la experiencia necesaria para instalar plantas desalinizadoras, esto en razón de la estrecha relación, familiar o de otro tipo, existente entre su propietario y Nelson Martínez, para la fecha de la negociación, Director Ejecutivo de la filial de PDVSA.

   Martínez ordenó que CITGO otorgara a Rothwell el acuerdo y esta última presentó su oferta sobre el Proyecto directamente a este Martínez, luego de que Laymar Peña, una exempleada del departamento de adquisiciones le notificara sobre el mismo. Peña se declaró culpable de delitos de corrupción ante la Corte del Distrito Sur de Texas-División en Houston y se encuentra a la espera de sentencia.

Los cargos

  CITGO Petroleum Corporation presentó ocho cargos contra Rothwell, el primero de ellos por Conspiración para violar el deber fiduciario, indicando que Martínez y otros tenían una relación fiduciaria con CITGO y violaron los deberes fiduciarios que le debían a la empresa.

   Tales incumplimientos de los deberes fiduciarios ocasionaron un daño a CITGO y/o resultaron en un beneficio para Rothwell, una empresa, como se ha dicho, en la que Nelson Martínez tenía intereses y con la que, mediante sus socios, buscaba un propósito legal por medios ilegales.

   Martínez y otros, quienes le debían a CITGO lealtad, violaron intencionalmente sus deberes fiduciarios, sin limitación, tomando medidas para dirigir la adjudicación del Acuerdo a Rothwell, perpetuando la participación en el Proyecto y/o inducir pagos de CITGO a Rothwell.

  CITGO sufrió un daño como resultado inmediato del hecho ilícito, sostiene la empresa para sustentar el cargo.

   El segundo cargo 2 es por Ayudar y favorecer el incumplimiento del deber fiduciario, argumentando que Rothwell tenía conocimiento de que la conducta de Martínez y de otras personas constituía un incumplimiento de sus deberes fiduciarios para con CITGO.

   Sostiene CITGO que Rothwell le brindó a Martínez asistencia para quebrantar sus deberes fiduciarios, lo cual fue un factor sustancial en el incumplimiento del director ejecutivo s de sus deberes fiduciarios para con la filial de PDVSA.

   En el tercer cargo, por Incumplimiento de contrato (desempeño), CITGO refiere que existía un contrato válido y ejecutable entre ella y Rothwell en forma de Acuerdo. En tal sentido, como signatario del contrato CITGO puede entablar una demanda por incumplimiento.

   Se indica que Rothwell violó el Acuerdo al no proporcionar la cantidad acordada de plantas de agua ni en la fecha acordada; por no realizar correctamente ni plenamente su trabajo en virtud del Acuerdo; por realizar trabajos no autorizados; por no completar la preparación del sitio, la instalación, la puesta en servicio y/o de las plantas de desalinización; por no proporcionar un cronograma de proyecto adecuado; por no realizar su trabajo de manera expedita y eficiente; por no tomar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del calendario del Acuerdo; por no agregar personal adicional, trabajar horas extras, para cumplir con el cronograma del Acuerdo; por no subsanar el trabajo ineficaz; por no cumplir con los horarios de envío, instalación y puesta en marcha; por cambiar y/o desviarse de las especificaciones sin la aprobación previa por escrito del representante autorizado de CITGO; por no informar adecuadamente el avance de la obra, entre otras.

   El cuarto cargo es por Incumplimiento de contrato (defensa y/o indemnización), refiriendo CITGO que en el acuerdo, una serie de anexos establecen que "El Contratista se compromete a indemnizar incondicionalmente por completo, mantener indemne y defender, a costa exclusiva del Contratista, la Compañía (...) de y contra todas las Responsabilidades y Daños (...) reclamados por (...) el Contratista (...) que surjan directa o indirectamente de o en cualquier forma relacionada con el desempeño o incumplimiento de este Acuerdo o el Trabajo u operaciones cubiertas o contempladas por este Acuerdo, sin tener en cuenta la causa o las causas del mismo (...)".
   Como parte del Acuerdo, CITGO puede entablar una demanda por incumplimiento del contrato por parte de Rothwell, la cual violó el Acuerdo, sin limitación, al iniciar una demanda, no defender y/o no indemnizar a la petrolera de acuerdo con las disposiciones anteriores.

   El quinto cargo es por Incumplimiento de la garantía expresa de los servicios, alegando CITGO que Rothwell le vendió servicios y ofreció garantías sobre la calidad y características de los servicios.

   Sostiene que Rothwell violó las garantías que otorgó a CITGO, al no realizar el trabajo de manera ágil y eficiente, al no proporcionar una administración y supervisión empresarial eficiente en todo momento; al no realizar trabajos libres de defectos de mano de obra; al no proporcionar equipos, materiales y suministros libres de defectos y que cumplan con todas las especificaciones; al no proporcionar personal con las habilidades, la capacitación, los antecedentes, las licencias y los registros adecuados para realizar el trabajo de manera buena y profesional; al no utilizar principios y prácticas de ingeniería sólidos.

  El sexto cargo por Sentencia declaratoria refiriendo que, al existir una controversia de carácter judicial entre las partes, la Corte debe determinar los derechos de CITGO y declarar que Rothwell violó las disposiciones de defensa, exoneración de responsabilidad y/o indemnización del Acuerdo.

   Quiere CITGO que se establezca que los pagos a Rothwell violan las sanciones impuestas por EE. UU. y hacen que el cumplimiento sea impracticable, imposible y/o ilegal.

   Al mismo tiempo, CITGO solicita una declaración de que está eximido de cumplir mientras existan sanciones de conformidad con la cláusula de fuerza mayor del Acuerdo.

  El séptimo cargo, por Enriquecimiento injusto precisa que Rothwell ha retenido injustamente un beneficio en detrimento de CITGO en el monto de los pagos en exceso que se le hicieron en virtud del Acuerdo. Esta retención viola los principios fundamentales de justicia, equidad y buena conciencia.

   El octavo cargo, por Dinero refiere que Rothwell posee dinero, en forma de sobrepagos, que, en equidad y conciencia, pertenece a CITGO.


martes, 13 de julio de 2021

¿Qué es lo que busca Samark López Bello en su demanda contra el gobierno de lo EE. UU. ?

   Quien es señalado de ser supuesto testaferro de Tareck El Aissami, cataloga de ilegal su designación por parte de la OFAC bajo la Ley de Kingpin.

Por Maibort Petit

   El 29 de junio de 2021, Erich C. Ferrari, de la firma Ferrari & Associates P.C., presentó ante el Tribunal para el Distrito de Columbia, actuando en representación de Samark José López Bello, una demanda en contra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el director de dicho despacho, por haber ejercido ilegalmente su autoridad bajo la Ley de Designación de Kingpin de narcóticos extranjeros, al sancionar al demandante y bloquear y aprovechar sus propiedades en EE. UU., y devastando sus operaciones comerciales y su reputación internacional.

   Sostiene López Bello que los demandados difundieron información errónea y el rumor no demostrado para hacer denuncias dañinas de su persona sustentadas en falsos criterios de designación. Agrega que esto se hizo sin dar aviso a López Bello sobre cómo los tratos con ciertas partes constituyen una conducta sancionable y sobre la base de importantes "hallazgos" que no se le han dado a conocer.

  Considera López Bello que las acusaciones de la OFAC y sus evidencias son sólo falsas, sino también fabricadas por completo, pues es un “hombre de negocios internacional” cuya reputación ha sido difamada y cuyo sustento ha sido seriamente amenazado por las acciones ilegales de los acusados. Niega haber proporcionado asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de narcóticos de Tareck El Aissami ni a ninguna otra persona, como asegura la OFAC. Dice no actuar por o en nombre de este último al tiempo de que advierte que, hasta esta fecha, no es consciente de que El Aissami tenga una participación en el tráfico de drogas.

Abuso de autoridad

   En la demanda se enfatiza que los acusados actúan más allá de los que les permite su autoridad legal, contradiciendo el debido proceso constitucional. En tal sentido, refiere que al haber sido catalogado Tareck El Aissami como Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNT) de manera simultánea como él como quien lo asiste material y financieramente, lo cual a su manera de ver es ilógico al no haber sido advertido antes de ello. Por tanto, el registro de apoyo de OFAC no es razonable ni puede estar sustentado en pruebas que demuestren que López Bello estaba proporcionando asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de narcóticos El Aissami.
Foto cortesía de Noticiero Univisión 
  Sobre esto, la demanda estima que esta designación simultánea, hace suponer que la designación del demandante se hace sobre la base de denuncias de conducta que preceden la designación de El Aissami como un SDNT. Por tanto, la OFAC se habría basado en una creencia errónea de que Samark López proporcionó apoyo o servicios a las actividades de tráfico internacional para o en nombre de una persona que no era un SDNT durante el tiempo en que se produjeron aquellas actividades supuestamente. Denuncia que, entonces, se violó de manera arbitraria y caprichosa la Ley de Procedimiento Administrativo.

Consecuencias inconmensurables

  Al hablar de las consecuencias de las acciones ilegales de los acusados, el demandante asegura que estas son inconmensurables y sobrepasan lo que sufren usualmente quienes son objeto de estas designaciones.

  Esta afirmación obedece, en primer lugar, a que Samark López y sus empresas estadounidenses y extranjeras han sido designadas por la OFAC y/o bloqueadas de conformidad con la Ley de Kingpin.

  En segundo lugar, por el bloqueo de sus las propiedades y otros activos reales basadas en los Estados Unidos.

  En tercer lugar, por sanciones a que están sujetas las personas extranjeras por involucrarse en transacciones con López Bello o sus compañías, lo que ha socavado su capacidad para realizar negocios incluso fuera de los Estados Unidos.

   En cuarto lugar, por la injusta investigación de índole penal de que ha sido objeto, al ser acusado por supuestamente inducir a personas estadounidenses comercien con propiedad bloqueada en violación de las regulaciones que implementan su designación.
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   Por último, siendo lo que el demandante considera como más dañino, el hecho de que terceros se valgan de las falsas acusaciones de la OFAC para ejecutar los activos bloqueados de López Bello en satisfacción de sentencias dictadas contra grupos terroristas designados por Estados Unidos, con los que López Bello no tiene relación o conexión. Sostiene que la acción de bloqueo de la OFAC se ha convertido en un mecanismo para la incautación y decomiso de sus activos en EE. UU.

  Refiere Samark López que, para la fecha de la demanda, el decomiso ilegal de sus propiedades se ubicaba en uno USD 160 millones.

Samark López Bello según Samark López Bello

  En la demanda, Samark José López Bello se presenta a sí mismo —además de ciudadano venezolano e italiano— como un “prominente empresario con experiencia internacional en los campos de la ingeniería industrial, la negociación de productos básicos y equipos, y logística para la industria del petróleo y el gas”.
  Refiere que es CEO y presidente de Profit Corporation C.A., a la que señala como “empresa líder en el mercado energético venezolano en las áreas de ingeniería de soluciones, adquisiciones y construcción”

  Del mismo modo, informa que dirige Yakima Trading Corporation, la cual ofrece servicio para la industria de petróleo y gas venezolanos, “incluida la negociación de materiales ferrosos, así como en la adquisición de materiales y equipos necesarios para viviendas prefabricadas de alta calidad para albergar equipos para la industria petrolera”.

  Otra empresa de la que da cuenta López Bello como parte de sus haberes, es Postar, compañía de logística que se encargaba de conseguir materiales de construcción para enviarlos Venezuela en kits de viviendas de fácil acceso para personas de bajos recursos.

  También se presenta como una persona dedicada a actividades humanitarias en Venezuela a través de “The Profit Foundation” (Fundación Empresas Profit), con la cual brinda apoyo financiero regular a niños en situación de riesgo. Esta fundación habría financiado la construcción de una escuela y centros de atención de salud rural.

Las propiedades de López Bello en EE. UU.

   La demanda hace referencia a las propiedades de Samark López Bello en Estados Unidos afectadas con la medida bloqueo a consecuencia de su designación como SDN por parte de la OFAC. Igualmente cita a las entidades extranjeras propiedad del demandante.

   Entre las propiedades de López Bello, según la OFAC, se encuentran Alfa One, C.A.; Grupo Sahect, C.A.; MFAA Holdings Limited, Profit Corporation C.A., Servicios Tecnológicos Industriales C.A., SMT Tecnología C.A. y Yakima Trading Corporation.

  Hace mención la demanda a que, atendiendo a una solicitud de registro administrativo formulada por López Bello, sobre la designación y bloqueo de sus propiedades de conformidad con la Ley de Kingpin, la OFAC, mediando una carta remitida el 12 de abril de 2017, en la que hacía alusión al bloqueo de 325 Leucadendra Drive en Coral Gables, Florida, identificado con el ID PITK-9310. El registro administrativo no clasificado incluyó el memorándum que evidencia que la propiedad pertenecía al demandante y, además, se proponía el bloqueo de cinco compañías en EE.UU. también controladas por López Bello.

   Asimismo, se refiere que el 22 de mayo de 2017, la OFAC remitió el registro administrativo relacionado con la designación de López Bello y sus empresas, entre las cuales se hacía referencia a ciertas empresas, su avión y otros bienes raíces y activos en los Estados Unidos, identificado como caso ID FNK-6137.

 Indica la demanda respecto a este punto, que este registro administrativo incluyó el memorando de evidencias que llevó al organismo gubernamental a establecer que Samark López Bello cumple con los criterios de designación bajo la Ley de Kingpin. Según OFAC, "la información presentada [en el Memorándum] proporciona motivos para creer que [López Bello] es una persona extranjera que está asistiendo materialmente, o brinda apoyo financiero o tecnológico para o, o proporciona bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de narcóticos de El Aissami, y está actuando por o en nombre de El Aissami".

   Se hace un recuento de las propiedades de López Bello según la OFAC que, primero, refiere cuáles son las entidades extranjeras que cumplen lo estipulado bajo 21 U.S.C. § 1904 (b) (3) para tal designación y que, a saber, son Profit Corporation C.A., registrada en Venezuela; Yakima Trading Corporation, registrada en Panamá; Grupo Sahect C.A.(Venezuela); ALFA ONE C.A. (Venezuela); SMT Tecnología C.A. (Venezuela); Servicios Tecnológicos Industriales C.A. (Venezuela); MFAA Holdings Limited (Islas Vírgenes Británicas); Yakima Oil Trading LLP (Reino Unido).

  Respecto a las compañías basadas en los Estados Unidos y otras propiedades que la OFAC sostiene están en control del demandante, está 1425 Brickell Ave 63-F LLC, registrada en la Florida; 1425 Brickell Ave 63-F LLC (Florida); 1425 Brickell Avenue Unit 46b (Florida); 1425 Brickell Avenue 64E LLC (Florida); Agusta Grand I LLC (Delaware); 200G PSA Holdings LLC (Delaware); todas ajustadas a la designación de conformidad con [21 USC § 1904 (b)].

   La OFAC también determinó que tiene "razones para creer que un Gulfstream 200 con el número de registro de aeronaves FAA N200vr es una aeronave propiedad o controlada por 200 g de Holdings LLC" y que esta aeronave se identificará en la lista de SDN de OFAC de conformidad con 21 U.S.C. § 1904 (b).

Sin sustento legal

   Se advierte que la OFAC no ofrece suficientes bases de ley que sustenten sus afirmaciones, las cuales terminan básicamente basadas, no en evidencias, sino informes y reportes de prensa. Hacen referencia a un artículo de julio de 2013 del periódico en línea de Venezuela, Reportero24, que dice que "López Bello está “vinculado como como testaferro de El Aissami. El artículo afirma que López Bello tiene un patrimonio neto estimado de mil millones de dólares”.

  Subrayan que la OFAC no evalúa la credibilidad del artículo de Reportero-24 ni la base para que la agencia diera por ciertas las afirmaciones de este. Tampoco se evidencia que la OFAC haya corroborado la veracidad de esta información ni de que López Bello es el testaferro de Tareck El Aissami.

   Sostiene la demanda que, en ninguna parte del memorando, la OFAC establece su evidencia acerca de cómo Samark López Bello asiste materialmente o brinda apoyo financiero o tecnológico o proporciona bienes o servicios en apoyo del tráfico internacional de narcóticos de Tareck El Aissami.

Resúmenes no clasificados

   La demanda hace referencia a una serie de resúmenes no clasificados en los cuales se hacen afirmaciones respecto a Samark López Bello, indicando que el primero de estos documentos declara al demandante como testaferro de Tareck El Aissami, lo cual “Además de ser falso, este resumen no identifica ninguna conducta sancionable ni cómo esta caracterización de López Bello se relaciona con las actividades internacionales de tráfico de narcóticos de El Aissami”.

   El segundo resumen no clasificado de OFAC establece, en parte, que López Bello "está a cargo de las ganancias de los medicamentos para el lavado de [PDVSA] y organizar las rutas de cocaína aérea y marítimo para transportar cocaína a Oriente Medio y Asia". Sobre esto, la demanda sostiene que es falso y no identifica cómo esta supuesta conducta se relaciona con las actividades internacionales de tráfico de narcóticos de El Aissami.

  Se remite la demanda al segundo resumen no clasificado donde se alega que López Bello "fue utilizado por El Aissami” para comprar y manipular noticias en Venezuela, especialmente aquellas críticas del régimen de Chávez, lo cual se habría hecho con fondos gubernamentales para influir en la opinión pública venezolana. Se indica que el resumen no identifica cómo esta supuesta conducta se relaciona con las actividades internacionales de tráfico de narcóticos de El Aissami y tampoco informa cómo López Bello actúa por o en nombre de un SDNT, puesto que para ese momento no había sido designado como tal.

  Entretanto, el tercer resumen no clasificado de OFAC establece que López Bello es el" representante de Negocios", "gerente financiero" y "lavador de dinero” de Tareck El Aissami, lo cual cataloga de falso y de no señalar quién identificó a López Bello como tal, ni cómo se evaluaron estas afirmaciones n la veracidad de las mismas.

  Respecto al cuarto resumen no clasificado de OFAC alega la demanda que la afirmación de que López Bello "maneja asuntos financieros para El Aissami" y "gestiona los bonos venezolanos, como parte privada, y lleva a cabo acuerdos no específicos que generan beneficios significativos", son absolutamente falsas y no explican cómo se apoyaron las actividades internacionales de narcóticos internacionales de El Aissami.

   Se alerta en la demanda que la fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York en su acusación del 8 de marzo de 2019 contra Samark López Bello, lo señala de cargos penales por violaciones de la Ley de Kingpin, pero, en ningún momento, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó cargos penales contra López Bello por tráfico de narcóticos o lavado de dinero.

   Además de hacer un recuento de las propiedades y cuentas bancarias bloqueadas, Samark López Bello hace referencia a los daños económicos y morales que las acciones de la OFAC en su contra, le han ocasionado.

El reclamo de López Bello

  La demanda de Samark López Bello contra la OFAC del departamento de Estado y el director de esta entidad, Bradley Smith, comprende siete cargos que sostienen que su designación bajo la Ley de Kingpin constituye una acción arbitraria y caprichosa en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo; que la designación excede la jurisdicción estatutaria, limitaciones o autoridades en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo; que los acusados no lo notificaron de manera justa cuando lo designaron bajo la Ley de Kingpin en violación de la cláusula de debido proceso de la quinta enmienda; que la designación bajo la Ley de Kingpin y la imposición de sanciones sobre él y sus propiedades viola su derecho de la Cuarta Enmienda a estar libres de convulsiones irrazonables; que la designación según la ley de Kingpin es contraria al derecho constitucional; que la designación y el incumplimiento del aviso violan su quinto derecho de enmienda al debido proceso; y porque el incumplimiento de la notificación de las razones de la designación de López Bello bajo la Ley de Kingpin, viola la Ley de Procedimiento Administrativo.

  López Bello pide al Tribunal para el Distrito de Columbia que se ordene a los demandados a rescindir su designación y la de sus empresas bajo la Ley de Kingpin; declarar ilegal su designación como SDNT; declarar ilegal la designación de sus empresas; que los demandados divulguen la evidencia que los llevó a su designación bajo la Ley de Kingpin; un premio de los costos y honorarios de abogados bajo la Ley de Justicia Igual Acceso a la Justicia; y cualquier otra disposición aplicable de la ley y beneficio que se considere apropiado.

jueves, 8 de julio de 2021

¿Cómo la OFAC designó a Samark López Bello como narcotraficante y agente de Tareck El Aissami?

  En esta entrega se hace un recuento del proceso que llevó a las autoridades del departamento del Tesoro a accionar en contra de quien considerado testaferro del alto funcionario gubernamental venezolano.

Por Maibort Petit

  Centro de múltiples señalamientos relacionados con corrupción, lavado de dinero y narcotráfico, Samark López Bello —igualmente acusado de actuar como presuntamente como testaferro de Tareck El Aissami— demandó al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y a Bradley T. Smith, director de la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ante el Tribunal para el Distrito de Columbia, por haberlo designado como narcotraficante por la Ley Kingpin.

   Sostiene López Bello que es víctima de una campaña difamatoria que lo presenta como un capo junto al actual ministro de petróleo venezolano, Tareck El Aissami, dañando su reputación como empresario, al tiempo de afectarlo mediante el bloqueo y confiscación de sus propiedades en territorio estadounidense[1]. 

   Una investigación por parte de la Oficina de la Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en su despacho de Nueva York, condujo a la designación de Samark López Bello como narcotraficante, junto a Tareck El Aissami.

   La averiguación estuvo a cargo del Equipo de Trabajo contra Delitos Financieros El Dorado condujo en febrero de 2017,a que la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos los catalogara como narcotraficantes especialmente designados (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Cabecillas por jugar un papel significativo en el narcotráfico internacional.

   El Dorado es el equipo de trabajo investigativo y de control financiero responsable de detectar, desestabilizar y desarticular redes financieras criminales transnacionales en prevención a que puedan acceder a los sistemas financieros de Estados Unidos.

    Tanto El Aissami como López Bello fueron sancionados por el Departamento del Tesoro en 2017, al tiempo que contra ellos se presentaban cargos penales por la Fiscalía federal para el distrito sur de Nueva York a principios de 2019.

  Las averiguaciones determinaron que López Bello, actuando como co-conspirador de Tareck Zaidan El Aissami Maddah, quien ha ocupado diversas posiciones en la administración pública venezolana desde 2008 cuando fue designado ministro del Interior, Justici y Paz. Desde entonces ha sido gobernador del estado Aragua (2012-2017), vicepresidente ejecutivo (2017-2018), ministro de Petróleo (2020),en entre otros. Al alto funcionario se lo señala de, presuntamente, haber facilitado cargamentos de narcóticos desde Venezuela que salían en aviones desde una base aérea y puertos en Venezuela. Según la investigación, El Aissami desde que ocupaba antiguas posiciones, habría supervisado o habría sido el propietario parcial de cargamentos de narcóticos de más de mil kilos desde Venezuela en múltiples ocasiones, con México y Estados Unidos como destinos finales.

   López Bello habría proporcionado apoyo financiero y asistencia material en apoyo de las actividades de narcotráfico internacional de El Aissami. Los dos, por más de dos años, presuntamente defraudaron al gobierno de Estados Unidos al participar en transacciones prohibidas por la Ley para la Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero y regulaciones relacionadas, además de evadir sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Cabecillas y regulaciones relacionadas.

  La OFAC identificó trece empresas propiedad o controladas por López Bello, las cuales conforman una red internacional en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, el Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela.

   Del mismo modo, el Departamento del Tesoro estableció al momento de sancionar a López Bello, que este supuestamente supervisa una red internacional de petróleo, distribución, ingeniería, telecomunicaciones y empresas de explotación de activos, a saber, Alfa One, C.A. (Venezuela), Grupo Sahect, C.A. (Venezuela), MFAA Holdings Limited (Islas Vírgenes Británicas), Corporación de beneficios, C.A. (Venezuela), Servicios Tecnológicos Industriales, C.A. (Venezuela), SMT TECNOLOGIA, C.A. (Venezuela), y Yakima Trading Corporation (Panamá). En Reino Unido también funcionaría Yakima Oil Trading LLP, la cual es dirigida por Yakima Trading Corporation (Panamá)[2].

También en Barbados

  Una investigación periodística desarrollada por el portal Armando.info y suscrita por Roberto Deniz[3], revela —de acuerdo a documentos filtrados de los Paradise Papers— que los bienes de Samark López Bello superan los bloqueados por la administración estadounidense, pues la isla de Barbados habría servido para crear en ella un holding de empresas con el que el supuesto testaferro de El Aissami participado en el negocio petrolero y alimentario, entre otros, mediante contratos suscritos con el estado venezolano.

  La documentación a la que el periodista tuvo acceso mostrarían como el empresario, pese a la grave crisis económica que sacude a Venezuela, se expandía y, una forma de hacerlo, era con compañías conformadas en Barbados.

   Postar Intertrade Limited es una empresa registrada en principio en las Islas Vírgenes Británicas que luego, en 2016, fue domiciliada en Barbados y, por ejemplo, habría servido para negociar  alimentos para el programa alimentario gubernamental CLAP, pero también el despacho  de materiales de construcción más y árboles de navidad destinados a la administración de Nicolás Maduro.

  El reportaje indica que las 50 mil acciones de Postar Intertrade Limited es una empresa de nombre Investments Group Limited que está registrada en la Islas Vírgenes Británicas y está vinculada a Yakima Oil Trading LLP, compañía de López Bello registrada en el Reino Unido.

  A Postar Intertrade Limited se sumarían Profit C.A. Corp.,Food Trading Group Corp., October Ventures LTD., YPP Latam Holding Corp., YPP Offshore Holdings Corp., YPP US Holdings Corp., Yakima Trading Corp y 2000 Investment Group LTD (esta última en registrada en Nevis).

Se busca

   La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), incluyó el 14 de agosto de 2019 a Samark José López Bello en su listado de “Los más buscados”.

   El requerimiento en el que también se solicita información del paradero del exvicepresidente y actual ministro del Poder Popular de Petróleo de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, se formula por su presunta vinculación con el narcotráfico internacional y lavado de activos[4].

   Posteriormente, en junio de 2020, se agregó a Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, por quien se ofrecieron USD 5 millones de recompensa. Se trataba del superintendente nacional de criptoactivos de Venezuela y ha sido acusado formalmente en el distrito sur de Nueva York por violaciones de la Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Internacional, la Ley de Cabecillas y otras sanciones impuestas por OFAC[5].

  El Departamento de Estado también con base a la designación como narcotraficantes de El Aissami y López Bello el 13 de febrero de 2017, por parte de la OFAC, así como en las investigaciones de seguridad de ICE Nacional (HSI), comenzó una averiguación del último por el lavado de dinero y la evasión de las sanciones en relación con la Ley de Kingpin. Del mismo modo, se sustentó en la acusación que contra los señalados cursa en el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York el 1 de marzo de 2019.

   En razón de esto, el Departamento de Estado decidió ofrecer una recompensa de hasta USD 5 millones a quien ofrezca información que conduzca al arresto y/o convicción de Samark José López Bello por participar en el crimen organizado transnacional[6].

Las consecuencias de violar las sanciones

   La imposición de las sanciones supone que sobre los estadounidenses pesa la prohibición de negociar o proporcionar servicios a El Aissami y López Bello sin autorización de OFAC, tal prohibición fue violada cuando se le suministraron servicios de viajes, incluyendo jets privados fletados.

  Actuar de esta manera llevó a que Víctor Mones Coro fuera sentenciado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a pagar 55 meses de prisión por  haber prestado servicios vuelos privados tipo chárter a Tareck El Aissami y a Samark López Bell. Además fue multado con USD 250.000 y tendrá dos años de libertad supervisada luego de salir de la cárcel.

"Víctor Mones Coro dirigió un plan de varios años concertado y sostenido para proporcionar millones de dólares de los servicios de vuelo ilícitos a los líderes venezolanos en la contravención directa del régimen de sanciones y la política exterior de nuestro país", dijo la fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss[7].

  Por este caso también fueron procesados Alejandro Miguel León Maal y Michols Orsini Quintero,señalados igualmente de facilitar vuelos charters Tareck El Aissami y a Samark López[8].

Agente de las FARC

  Pero, además, el nombre de Samark López Bello ha salido a relucir en otros procesos judiciales en los que sus accionistas buscan ser resarcidos económicamente en su condición de víctimas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

  Es el caso de Antonio Caballero, quien reclama una sentencia millonaria otorgada en una corte estadunidense y pide ser resarcido con los bienes congelados en EE. UU. de López Bello[9].

   Pero Caballero no es el único, pues otros dos casos que se ventilan en cortes de Florida y Washington buscan cobrarse con activos de López Bello sentencias a su favor. Uno de ellos es de los Pescatore, familia que interpuso en 2018 un recurso en la Corte del Distrito de Columbia contra los activos de Samark López Bello en razón de sus calificación por parte de la OFAC. En 1996, Frank Thomas Pescatore Jr. y un tribunal les otorgó una sentencia por daños que no han logrado cobrar.

  En la Florida, el caso Stancel ya había obtenido un fallo previo contra López y sus activos confiscados por el gobierno norteamericano. Dada la designación de la OFAC, en septiembre de 2019, ganaron una determinación judicial que señala que Samark López Bello “es un agente o un instrumento de las FARC y que es posible embargar sus activos”[10].

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “Samark López Bello pidió a la corte que se anule su designación como narcotraficante y testaferro de Tareck El Aissami hecha por la OFAC, tras lo cual le confiscaron activos por un valor de $160 millones”. 30 da junio de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/06/samark-lopez-bello-pidio-la-corte-que.html

[2] Department of Treasor y. “Treasury Sanctions Prominent Venezuelan Drug Trafficker Tareck El Aissami and His Primary Frontman Samark Lopez Bello”. 13 de febrero de 2017. https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/pages/as0005.aspx

[3] Armando.info. “La isla de Barbados esconde el tesoRo de Samark López”. 1 de julio de 2021. https://armando.info/la-isla-de-barbados-esconde-el-tesoro-de-samark-lopez/

[4] ICE. Los Más Buscados: Samark José López Bello. https://www.ice.gov/doclib/most-wanted/mwLopezBelloSamarkJose.pdf

[5] ICE. “HSI añade a funcionario venezolano a Lista de Los Más Buscados, se ofrece recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca a su arresto, condena”. 1de junio de 2020. https://www.ice.gov/es/news/releases/hsi-anade-funcionario-venezolano-lista-de-los-mas-buscados-se-ofrece-recompensa-de-0

[6] Department of State. Samark Jose Lopez Bello. 8 de octubre de 2020. https://www.state.gov/samark-jose-lopez-bello/

[7] Department of Justice. “Man Sentenced to 55 Months in Prison for Violating Sanctions Against Senior Venezuelan Leaders”. 17 de marzo de 2021. https://www.justice.gov/opa/pr/man-sentenced-55-months-prison-violating-sanctions-against-senior-venezuelan-leaders

[8] Venezuela Política. “Tres acusados en el caso de Tareck El Aissami se declaran "no culpables" ante juez de Nueva York y deciden ir a juicio”. 1 de agosto de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/08/tres-acusados-en-el-caso-de-tareck-el.html

[9] Venezuela Política. “Demandante estima inapropiado desestimar caso contra Samark López Bello en juicio que reclama activos de PDVSA para resarcir a víctima de las FARC”. 21 de junio de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/06/demandante-estima-inapropiado.html

[10] El Tiempo Latino. “Tribunal declara que Samark López ‘es un agente o un instrumento de las FARC’”. 8 de diciembre de 2019. https://eltiempolatino.com/news/2019/dec/08/tribunal-declara-que-samark-lopez-es-un-agente-o-u/




Jessica Oseguera: La hija del “Mencho” que actuaba como cerebro financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación

    El bajo perfil fue durante mucho tiempo su manera de escabullirse de la acción de las investigaciones de narcotráfico.
 
Por Maibort Petit

   Poco o nada se sabía de Jessica Johana Oseguera González, la hija del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), hasta data reciente cuando las investigaciones de la agencia antidrogas de los Estados Unidos (DEA) determinaron su papel como cerebro financiero de la organización criminal.
  Su arresto y posterior declaración de culpabilidad derivaron en una sentencia de 30 mes es de prisión dictada por el Tribunal para el Distrito de Columbia recientemente.

¿Quién es Jessica Oseguera?

   Jessica Johana Oseguera González nació en San Francisco, California, Estados Unidos, el 23 de julio de 1986. Tiene doble nacionalidad, estadounidense y mexicana y es una de las hijas del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho" —ampliamente buscado en EE. UU. y México—, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su esposa Rosalinda González Valencia, "La Jefa", también una de las jefes del grupo.

  Esta mujer de 34 años, la mayor entre sus hermanos Rubén Oseguera González "El Menchito" y Laisha Michelle Oseguera González, ostenta liderazgo en la organización criminal, de la que es tenida como cerebro financiero. Es licenciada en Mercadotecnia, graduada en una universidad de Guadalajara[1].

  Jessica Oseguera figura en los expedientes de las autoridades de seguridad y justicia en México, acusada de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

   En 2018 se libró de ser detenida cuando se encontraba en un centro comercial junto a su madre, quien sí fue aprehendida y enfrente un proceso judicial. Pudo evadirse gracias a un amparo que se le otorgó en el proceso identificado con el número 38/2018 en el Sexto Tribunal Unitario del Tercer Circuito[2].

   El referido amparo fue concedido por Isidro Avelar Gutiérrez, magistrado que en mayo de 2019 ingresó a la lista negra de la OFAC y sus cuentas bancarias fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). También fue suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Se le acusó de recibir sobornos para realizar fallos a favor del CJNG.

  Jessica Oseguera está enlistada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como propietaria de empresas ligadas al lavado de dinero por parte del Cártel Jalisco. Las empresas con las que la OFAC liga a Jessica son Las Flores Cabañas, en Tapalpa, Jalisco; Mizu Sushi en Puerto Vallarta, Jalisco; Onze Black en Guadalajara, Jalisco y dos más.

   Documentos judiciales refieren que Jessica Johanna Oseguera González nació en Estados Unidos y por su condición de ciudadana estadounidense no puede ser sancionada por la propia OFAC, pero como estadounidense, al haber participado ilegalmente en transacciones o tratos de propiedad o intereses en la propiedad con un narcotraficante extranjero designado cuando ocupó y mantuvo un rol de liderazgo en cinco negocios con sede en México, que fueron designados por la OFAC, es procesable por la Ley Kingpin al brindar apoyo material a las actividades de narcotráfico del CJNG y/o Los Cuinis, brazo financiero de la primera.

Los hechos y sus empresas

   Documentos judiciales refieren que Jessica Oseguera fue objeto d e una extensa investigación por parte de la Administración de Control de Drogas (DEA), la cual indagaba las operaciones de dos organizaciones de tráfico de drogas a gran escala con sede en Jalisco, México, a saber, el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes (“Mencho”), y la Organización de Narcotráfico Los Cuinis (“Los Cuinis”), a cargo de su tío materno, Abigael González Valencia (“Abi”).

   Estas organizaciones criminales operan actualmente en México y son responsables del tráfico de grandes cantidades de cocaína, metanfetamina y heroína a los Estados Unidos, así como de la violencia y la pérdida significativa de vidas en México.

  Entre las más de cien entidades comerciales e individuos señalados de brindar apoyo material a CJNG y a Los Cuinis, se estableció que cinco empresas propiedad de Jessica Oseguera González, formarían parte de la red. Se acota en los documentos manejados en la investigación, que Jessica Oseguera no se separó de las empresas luego de la designación por parte de la OFAC a pesar de la notificación, lo cual viola lo estipulado en la Ley Kingpin.


   La designación de las empresas de Oseguera González por la OFAC ocurrió el 17 de septiembre de 2015, manteniéndose la hija del Mencho activa en cuatro de ellas hasta la fecha de la acusación, el 13 de febrero de 2020.

   Las empresas en cuestión son J&P Advertising, SA de CV, también conocida como J and P Advertising, SA de CV; JJGON SPR de RL de CV; Las Flores Cabañas (también conocida como Cabañas Las Flores; Mizu Sushi Lounge y Operadora Los Famosos, SA de CV, la cual se conoce también como Kenzo Sushi y Operadora Los Famosos, SAPI de CV; y Onze Black, también conocida como Tequila Onze Black.
   Una nota del portal Perfil Formosa refiere que en 2015 el Departamento del Tesoro incluyó al restaurante Mizu Sushi Lounge y a la marca de Tequila Onze Black, en la lista negra de negocios sospechosos de tener relación con el narcotráfico. Indicaba la reseña que el tequila elaborado en Tepatitlán, Jalisco, sólo se conseguía por internet y únicamente se vendía en presentaciones de palenques o eventos de mariachis. Agregaba la información que Onze Black procuraba competir con el segmento de tequila premium en Estados Unidos y Europa[3].

REFERENCIAS 

[1] Vanguardia. “Ella es Jessica, la heredera de "El Mencho" y un fantasma en investigaciones de EU”. 23 de noviembre de 2019. https://vanguardia.com.mx/articulo/ella-es-jessica-la-heredera-de-el-mencho-y-un-fantasma-en-investigaciones-de-eu

[2] La Voz de Michoacán. “¿Quién es la hija de ‘El Mencho’, la moreliana detenida en EUA?”. 27 de febrero de 2020. https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/quien-es-la-hija-del-mencho-la-moreliana-detenida-en-eua/


[3] Perfil Formosa. “Jessica Johanna Oseguera, la hija del Mencho que permaneció en el anonimato”. 27 de febrero de 2020. http://perfilformosa.com/general/jessica-johanna-oseguera-la-hija-del-mencho-que-permanecio-en-el-anonimato/


martes, 6 de julio de 2021

Conozca las razones de la Corte para negar moción de desestimación de demanda de PDV USA contra empresa de David Rivera

Por Maibort Petit

  Recientemente reseñamos que en fecha 22 de junio del corriente año 2021, el juez para el Distrito Sur de Nueva York, John G. Köeltl, rechazó dos mociones que había interpuesto la empresa propiedad del excongresista David, Interamerican Consulting, la cual procuraba que la Corte desestimara la demanda en su contra y, además, se derogara un documento contentivo de las alegaciones del caso[1].
   PDV USA Inc. está demandando a Interamerican Consulting Inc. por incumplimiento de contrato, indemnización, enriquecimiento injusto y desagravio declarativo derivados de un acuerdo de consultoría entre las partes.

   La intención de Interamerican de que se desestimara la causa en su contra la sustentó en el alegato de la falta de jurisdicción en la materia de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 12 (b) (1) y por no presentar una reclamación de conformidad con la Regla federal de Procedimiento Civil 12 (b) (6), lo cual a modo de ver de la empresa de David Rivera, traslada a huelga partes de la queja enmendada de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 12 (f).

  En esta entrega explicamos las razones que llevaron al magistrado a adoptar tal decisión.

Corte da por ciertos los términos de la demanda

  Se establece que para decidir una moción para desestimar por falta de jurisdicción en la materia de conformidad con la Regla 12 (b) (1), los tribunales de distrito pueden considerar evidencia fuera de los alegatos, tal como lo señala la jurisprudencia.

  Refiere el juez Köeltl que al decidir una moción para desestimar de conformidad con la Regla 12 (b) (6), las alegaciones en la queja se aceptan como verdaderas y todas las inferencias razonables deben hacerse a favor del demandante. Corresponde a la Corte en una moción de desestimación “no sopesar las pruebas que podrían presentarse en un juicio, sino simplemente determinar si la denuncia en sí es legalmente suficiente”.
  Sin embargo, se advierte que si bien la Corte debe interpretar las alegaciones fácticas de la manera más favorable para el demandante, cuando se presenta una moción de desestimación de conformidad con la Regla 12 (b) (6), el tribunal puede considerar documentos a los que se hace referencia en la demanda en los que este se basó iniciar la causa y que están en posesión del demandante, de su conocimiento o que pueda tomarse conocimiento judicial de ellos.

Lo que argumenta Interamerican

   De acuerdo a contra Interamerican Consulting Inc., el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York carece de jurisdicción en la materia, porque, en primer lugar, PDV USA asignó el Acuerdo de Consultoría a PDVSA y, por lo tanto, no tiene legitimación del Artículo III para demandar; en segundo término, porque a su modo de ver, PDV USA no tiene legitimación del Artículo III porque su daño no es reparable debido a sanciones contra Venezuela; y en tercer lugar, porque el caso presenta una cuestión política injustificable.

  Con relación al argumento de la falta de legitimación para demandar en razón de que el Contrato de Consultoría se asignó a PDVSA y la cesión es catalogada por PDV USA como una novación y, por lo tanto, requería del consentimiento de Interamerican y esta nunca lo dio y la novación argumentada nunca se finalizó, el magistrado considera que carece de fundamento.

   Estima el juez que el hecho de que Interamerican no ejecutara el Acuerdo de Cesión no impidió que PDV USA cediera sus derechos bajo el Acuerdo de Consultoría a PDVSA. No obstante, cuando el Acuerdo de cesión se "interpreta de manera que dé pleno significado y efecto a todas sus disposiciones", como debe hacer el tribunal al elaborar un contrato, queda claro que no se trató de un mero intento de ceder los derechos de PDV USA, sino más bien un intento fallido de novación del Contrato de Consultoría.

   El magistrado se remite a lo que el acuerdo de cesión estableció en su preámbulo expresamente que se trataba de una novación, sino que también tenía la intención de liberar a PDV USA de todas las obligaciones, algo que una mera cesión de derechos no podría haber logrado bajo la ley de Nueva York y requiere una novación del contrato y debido a que una novación hubiera requerido el consentimiento de Interamerican y esto no ocurrió, significa que nunca entró en vigencia. Por lo tanto, rescindir el Acuerdo de cesión fue innecesario porque sencillamente nunca entró en vigor.

   En consecuencia, el argumento de Interamerican de que la cesión del contrato por PDV USA a PDV USA priva a la primera de legitimación para demandar, carece de fundamento.
Las sanciones no restan legitimidad a la corte ni a PDV USA.

  Respecto al argumento de Interamerican sobre la carencia de jurisdicción de la Corte en razón de que las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela le impiden reparar el presunto daño y, por tanto, privan a PDV USA de la legitimación del Artículo III, el juez estimó que no es válido.

 Refiere que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) faculta al presidente de EE. UU. para “regular (…) anular, prevenir o prohibir cualquier adquisición (…) uso, transferencia (…) o negociar o ejercer cualquier derecho, poder o privilegio con respecto a, o transacciones que involucren, cualquier propiedad en la que cualquier país extranjero (...) tenga algún interés” y, en virtud de que, en 2015, el presidente Barack Obama declaró una emergencia nacional bajo la IEEPA cuando la situación política en Venezuela se intensificó. Luego, el 5 de agosto de 2019, el presidente Donald Trump emitió la Orden Ejecutiva N ° 13.884, que establece que “toda propiedad e interés en bienes del Gobierno de Venezuela que se encuentren en Estados Unidos (…) están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados, o negociado de otro modo”.

  En tal sentido, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro emitió una serie de regulaciones que aplican los términos de esas órdenes a los litigios contra el gobierno venezolano que a juicio de Interamerican prohíben cualquier juicio en este caso. Sin embargo,la agencia ha explicado que “normalmente no se requiere una licencia específica de la OFAC para iniciar o continuar procedimientos legales en los EE. UU. contra una persona designada o bloqueada de conformidad con el programa de sanciones de la OFAC para Venezuela, o para un tribunal de EE. UU. o su personal, para conocer un caso así”.

  Se advierte que los tribunales que interpretan estos reglamentos han sostenido que, si bien un tribunal “tiene prohibido incautar, embargar, gravar o congelar dichos activos para ejecutar una sentencia (...) una parte no tiene prohibido litigar para obtener una sentencia (...) debido a una determinación judicial de los derechos de las partes y las obligaciones derivadas de un contrato no causan, por sí mismas, ninguna transferencia de propiedad”. Por tanto, las regulaciones de bloqueo extranjeras prohíben sólo aquellos procedimientos judiciales que efectúen una transferencia de propiedad extranjera o interés de propiedad.

   La decisión desestimó los argumentos de Interamerican y estableció que la guía de la OFAC y los casos que interpretan las sanciones venezolanas y las regulaciones de bloqueo similares, respaldan la proposición de que la mera audiencia de un caso relacionado con sujetos o propiedad venezolanos no entra en conflicto con las sanciones porque no da lugar a una “transferencia o alteración o afectación de la propiedad o interés en propiedad bloqueado”.

  El juez considera que este razonamiento es válido independientemente de si la demanda es presentada por una entidad bloqueada o una entidad no bloqueada.

   En consecuencia, el magistrado determinó que las sanciones contra Venezuela no privan a PDV USA de legitimación, así como tampoco a la Corte de competencia en la materia.

Argumentos infundados

   Respecto a lo argumentado por Interamerican de que la denuncia de PDV USA no presenta un reclamo, el juez John G. Köeltl determinó que todo lo esgrimido por la empresa de David Rivera carece de fundamento.

  De acuerdo a lo estimado por el tribunal, el demandante alega hechos suficientes para presentar un reclamo por incumplimiento de contrato: la existencia de un contrato entre las partes, que el demandante cumplió con el contrato al realizar tres pagos por un total de USD 15 millones y dejó de hacer los pagos cuando se hizo evidente que el demandado no estaba cumpliendo con el contrato, que el demandante alega que la demandada no cumplió con los requisitos del contrato, constituyendo así un incumplimiento y, como resultado, que sufrió daños por USD 15 millones.

“En consecuencia, el demandante declaró suficientemente una reclamación por incumplimiento de contrato”, advierte el juez.

Sobre la condición precedente

  Del mismo modo, la corte estima que carece de fundamento el argumento de Interamerican de que PDV USA no alegó el cumplimiento de una condición precedente y tampoco ha demostrado que hubiera condiciones precedentes en el contrato que no se cumplieron.

   Según el criterio de Interamerican, ciertas disposiciones del Contrato de Consultoría eran condiciones precedentes, a saber, que el demandante debía especificar que "los servicios (...) que el cliente consideró necesarios y apropiados" y debió proporcionar al demandado el contenido de un "plan estratégico" a ejecutar.

   Pero el juez estimó que el Contrato de Consultoría enumeró varias disposiciones que describen en detalle los servicios que el demandado debía realizar y un cronograma de ejecución corto, por lo que era menos plausible que la frase "servicios (...) que el Cliente considere necesarios y apropiados" fuera una condición precedente que se necesitaba para ocurrir antes de que se realizaran los servicios.


En consecuencia, el reclamo por incumplimiento de contrato no puede ser desestimado con base en el supuesto incumplimiento por parte del demandante de una condición precedente.


La indemnización


El tribunal también rechazó la moción para desestimar la reclamación de indemnización. Y explicó que el argumento de Interamerican de que no existe una acción de terceros contra la cual indemnizar, no es conviencente. Tampoco el alegato de que es una duplicación del reclamo por incumplimiento de contrato o una disposición redundante de cambio de tarifas.


El magistrado recordó que en el Contrato de Consultoría se incluye una compensación por parte de Interamerican a PDV USA por todos los costos que resulten directa o indirectamente del incumplimiento del contrato.


Debido a que la disposición de indemnización en este caso cubre expresamente los incumplimientos del contrato mismo por parte de Interamerican, claramente no se limitó a acciones de terceros, sostiene el juez.


Además, la reclamación de indemnización no es una duplicación completa de una reclamación por incumplimiento de contrato o una disposición redundante de cambio de tarifas, porque como señala la jurisprudencia, “Cuando un reclamante tiene derecho a una categoría particular de daños en una reclamación, pero no en la otra, las reclamaciones no son duplicadas”.


Se rechaza moción de enriquecimiento injusto


Para el magistrado, el enriquecimiento injusto que Interamerican esperaba desestimar, por supuestamente no alegarse con suficiente especificidad y porque es una duplicación del reclamo por incumplimiento de contrato, no aplica porque los tribunales han permitido a los demandantes perseguir reclamos tanto por enriquecimiento injusto como por incumplimiento de contrato, de acuerdo a la jurisprudencia.


En este caso, Interamerican argumenta que PDV USA renunció a cualquier reclamo por incumplimiento de contrato y afirma que no ha cumplido con las condiciones precedentes y que, como resultado, el reclamo por incumplimiento de contrato de PDV USA debe fallar. Al hacerlo, Interamerican ha puesto en disputa la exigibilidad del contrato. En consecuencia, PDV USA puede mantener apropiadamente su reclamo de enriquecimiento injusto como alternativa.


El reclamo de reparación declarativa


La Corte rechaza la moción para desestimar el reclamo de reparación declarativa sustentado en el argumento de que no está suficientemente alegada y porque la rescisión no es apropiada.


El juez recordó que la Ley de sentencia declaratoria dispone que los tribunales de distrito "pueden declarar los derechos y otras relaciones jurídicas de cualquier parte interesada que solicite dicha declaración, independientemente de que se solicite o no más reparación".


En este caso, el demandante busca una declaración de que no le debe dinero al demandado porque el demandado violó el acuerdo. Esto es distinto del remedio buscado en la demanda por incumplimiento de contrato, a saber, la recuperación de los USD 15 millones que el demandante ya pagó al demandado. En consecuencia, la reparación declaratoria tendría un propósito útil y aclararía aún más las cuestiones legales entre las partes.


Eliminación de alegaciones


Por último, la decisión judicial niega el pedido de eliminar ciertas alegaciones en la demanda enmendada de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 12 (f). Interamerican estimaba que las declaraciones que hizo David Rivera a la prensa no tienen relevancia para el reclamo por incumplimiento de contrato más que para sugerir alguna irregularidad vaga.


Creyó el magistrado que la declaración proporciona una base para creer que los fondos fueron utilizados de una manera que sería inconsistente con los términos explícitos del contrato. Además, no hay nada injustamente perjudicial sobre las acusaciones, porque se basan en informes públicos a los que puede acceder fácilmente cualquier persona con acceso a Internet.







[1] Venezuela Política. “Corte de NY rechazó mociones de David Rivera para desestimar demanda en contra de su empresa Interamerican Consulting”. 30 de junio de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/06/corte-de-ny-rechazo-mociones-de-david.html