Tenedores de Bonos reclaman pago de sentencia en NYC mientras Venezuela alega que no paga por la crisis humanitaria que vive el país

  Desde que la corte falló a su favor, los demandantes bregan para que el fallo sea ejecutado.

Por Maibort Petit

  En octubre de 2020 el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York ordenó a Venezuela a pagar a Pharo Gaia Fund Ltd. y a Pharo Macro Fund Ltd., una suma que superaba los USD 387.085.592 más los retrasos que pudieran producirse.

   Desde entonces, los demandantes y la demandada han llevado a cabo diversas acciones, los unos para que la sentencia sea ejecutiva, la otra, para ser eximida del pago.

   Entre estas acciones se inscribe el pedido de Venezuela para que se deniegue la moción de reparación de los demandantes y para que el tribunal solicite la opinión del gobierno de los Estados Unidos con respecto a los intereses de política exterior implicados por la moción. Por su parte, Venezuela estima que no es apropiado, dada la grave crisis humanitaria que padece, que se ejecute la sentencia en estos momentos.

  En enero 2019 se conoció que Pharo Gaia Fund Ltd. y Pharo Macro Fund Ltd., dos fondos registrados en Islas Caimán, presentaron ante la Corte Suprema de Nueva York, una demanda contra Venezuela en reclamo a la falta de pago de un monto que en ese entonces se ubicaba en USD 26 millones. Dichos fondos están controlados por Pharo Management LLC en Nueva York[1].

La sentencia pendiente

  El 16 de octubre de 2020, Analisa Torres, juez del Distrito Sur de Nueva York, sentenció a favor de Pharo Gaia Fund Ltd. y Pharo Macro Fund Ltd. y en contra de la República Bolivariana de Venezuela.

  Determinó la magistrada que por los incumplimientos de Venezuela de los Bonos de 2019 al 7.75% (ISIN USP97475AN08), Pharo Gaia Fund, Ltd. tiene derecho a recuperar de Venezuela: a) USD 114.000.000 por capital impago; b) USD 30.824.333 por intereses contractuales acumulados y no pagados sobre el principal hasta el 9 de octubre de 2020; c) USD 4.155.476 en intereses legales previos al juicio sobre los intereses contractuales impagos, a una tasa del 9% anual acumulada desde el día después de cada pago de intereses atrasado hasta el 9 de octubre de 2020; d) Si el Fallo Final ingresara el 13 de octubre de 2020 o antes, USD 31.077 adicionales por cada día calendario siguiente al 9 de octubre de 2020 hasta la fecha en que este Fallo Final se ingrese en el expediente del Tribunal; e) Si el Fallo Final se ingresa después del 13 de octubre de 2020, USD 32.166 adicionales por cada día calendario siguiente al 13 de octubre de 2020 hasta la fecha en que este Fallo Final se ingresa en el expediente del Tribunal; y los intereses posteriores al juicio según lo establecido en 28 U.S.C. § 1961(a).

  Para los incumplimientos de Venezuela de los Bonos de 2018 al 13,625% (ISIN USP9395PAA95) y los Bonos de 2019 al 7,75% (ISIN USP97475AN08), Pharo Macro Fund, Ltd.tiene derecho a recuperar de Venezuela: a) USD 182.000.000 por capital impago; b) USD 49.448.976 por intereses contractuales acumulados y no pagados sobre el principal hasta el 9 de octubre de 2020; c) USD 6.656.807 en intereses legales previos al juicio sobre los intereses contractuales impagos, a una tasa del 9% anual acumulada desde el día después de cada pago de intereses atrasado hasta el 9 de octubre de 2020; d) si este Fallo Final se ingresa el 13 de octubre de 2020 o antes, USD 49.924 adicionales por cada día calendario siguiente al 9 de octubre de 2020 hasta la fecha en que este Fallo Final se ingrese en el expediente del Tribunal; e) si este Fallo Final se ingresa después del 13 de octubre de 2020, USD 51.649 adicionales por cada día calendario siguiente al 13 de octubre de 2020 hasta la fecha en que el Fallo Final se ingrese en el expediente del Tribunal; f) Honorarios y costos de abogados por un monto por determinar; y g) intereses posteriores al juicio según lo establecido en 28 U.S.C. § 1961 (a).

El pedido de Venezuela

  El 2 de marzo de 2021, los abogados de la firma Arnold & Porter Scholer LLP que representan a la República Bolivariana de Venezuela, pidieron al tribunal denegar la moción de reparación de los demandantes de conformidad con 28 U.S.C. § 1610 (c) y, como alternativa, solicitaron que la Corte procurara la opinión de los Estados Unidos bajo 28 U.S.C. § 517 con respecto a los intereses de política exterior implicados por la presente moción.

   Para Venezuela ha transcurrido un tiempo razonable desde la orden de Sentencia Definitiva del Tribunal contra la República el 16 de octubre de 2020, de modo que los demandantes puedan buscar hacer cumplir la sentencia contra los bienes de la República.

 

   Expusieron que el gobierno interino y la comunidad internacional han trabajado diligentemente para abordar las obligaciones de deuda heredadas, como parte de sus planes para restaurar la prosperidad económica de Venezuela. Pero advierte que no tienen acceso total a todas las instancias de poder en este momento. Recordaron que el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro usurpa ilegalmente un control sustancial del funcionamiento del gobierno dentro del territorio de Venezuela y se ha negado a reconocer la autoridad constitucional de Guaidó.

   Refiere la moción que Juan Guaidó ha tomado medidas importantes para abordar los reclamos de legado contra el gobierno venezolano y proteger los intereses del pueblo venezolano y, en este sentido, desarrolla un proceso ordenado y consensuado de reestructuración de la deuda en virtud del cual todos los reclamos en situaciones similares serán tratados de manera justa y equitativa. Un plan que se prepara en conjunto con el gobierno de Estados Unidos.

  Venezuela argumenta que a la luz de la crisis que padece el país, no sería apropiado permitir procedimientos de ejecución contra la república y para ellos se sustenta en lo establecido en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA, por sus siglas en inglés) la cual estipula que “ningún embargo o ejecución (…) se permitirá hasta que el tribunal lo haya hecho (…) determinó que ha transcurrido un período de tiempo razonable después de la emisión del fallo".

  Insiste en que en virtud de la abrumadora crisis humanitaria que padece Venezuela no se puede esperar razonablemente que el gobierno interino realice pagos del fisco público en la actualidad.

  Agregan que no es razonable en estos momentos el tribunal permita la ejecución cuando los demandantes carecen de las licencias necesarias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para hacer efectiva la sentencia contra los bienes de Venezuela.

  Finalmente, Venezuela considera que las sentencias de dos tribunales de distrito de Estados Unidos que dictaminaron que períodos de cinco meses y dos meses eran razonables, no tuvieron plenamente en cuenta la crisis única y devastadora que enfrenta el país.

Pharo Gaia: Tiempo suficiente

  El de marzo de 2021, la representación legal de los demandantes Pharo Gaia Fund, Ltd. y Pharo Macro Fund Ltd., pidió al tribunal otorgarle una moción de alivio en razón de que, en su opinión, ha transcurrido un tiempo suficientemente razonable desde la orden de Sentencia Definitiva emitida por la Corte el 16 de octubre de 2020 en contra de la República Bolivariana de Venezuela.

  Contrario a la sugerencia de Venezuela, los demandantes consideran que los intereses de política exterior de los Estados Unidos no están implicados por la determinación de la Corte sobre si ha transcurrido un período de tiempo razonable.

   Según lo establecido en la norma, el período de tiempo razonable que gira en torno a los esfuerzos de Venezuela para satisfacer la sentencia, no está relacionado con ningún interés político que favorezca o milite en contra de la incautación de activos. Tampoco hay ninguna razón para exigir que Pharo obtenga una licencia OFAC antes de buscar una determinación bajo la ley. Subraya que ningún acreedor de Venezuela ha obtenido aún una licencia de este tipo para vender activos de Venezuela y satisfacer una sentencia.

  Por último, los demandantes creen que solicitar la aportación innecesaria de los Estados Unidos solo retrasará aún más la capacidad de Pharo para buscar la satisfacción de su juicio contra Venezuela.

[1] Contexto Diario. “Fondos de Islas Caimán presentan demanda contra el Gobierno de Maduro”. 17 de enero de 2019. https://contextodiario.com/venezuela/fondos-de-islas-caiman-presentan-demanda-contra-el-gobierno-de-maduro/

 

 

PDVSA: Las sanciones de EE. UU. hicieron imposible pagar la deuda con Dresser-Rand Company

  Sostiene la demandada que en tres ocasiones intentó realizar los pagos y no le fue posible en razón de la política estadunidense y de los bancos que impidieron llevar a cabo las operaciones.

Por Maibort Petit

  De acuerdo a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), honrar la deuda que la estatal mantiene con Dresser-Rand Company, encontrándose en la propia letra del acuerdo de pagaré suscrito entre las partes, la justificación para estimar dicha cancelación resulta impracticable.

  El 29 de marzo de 2021, la demandada PDVSA, a través de Dennis H. Tracey III, de la firma Hogan Lovells (US) LLP, presentó al juez Stanton un escrito de juicio en el que sostiene, primero, que la estatal petrolera venezolana quedó liberada de su obligación de realizar los pagos del Pagaré, en virtud de su imposibilidad para hacerlo, pues la cancelación es impracticable; segundo, que la Corte debe excluir algunas partes del testimonio pericial de Stephanie Rice, la perito del demandante, pues el mismo es indebido según la Regla Federal de Prueba 702; y tercero, que el testimonio pericial de John Barker, propuesto bajo la Regla Federal de Prueba 702, sea admitido.

  De acuerdo a la visión de la demandada y así lo intentará demostrar en el juicio, está eximida del cumplimiento del pago y, por tanto debe aplicarse lo establecido en el “Acuerdo del Pagaré”, en el sentido de que el deber de una de las partes de cumplir con sus obligaciones contractuales será liberado y excusado si, después de celebrado el contrato, esto ocurriere y el cumplimiento de la parte se vuelve imposible u objetivamente impracticable sin que la la culpa sea imputable a ella.

  Bajo la ley de Nueva York, PDVSA se propone demostrar que ocurrió la destrucción del objeto del contrato o los medios de ejecución y que la imposibilidad generada por ello fue producida por un evento imprevisto que no pudo haber sido previsto o protegido en el contrato.

  Se refiere la demandada a las sanciones impuestas por el gobierno de los EE. UU. a la estatal petrolera venezolana y otras entidades relacionadas con el gobierno venezolano, así como las políticas de sanciones adoptadas por los bancos, incluido el único banco autorizado en el Acuerdo de Pagaré para recibir el pago, por lo que el cumplimiento se hace impracticable. Subraya que las sanciones en cuestión no se impusieron hasta casi nueve meses después de que las partes firmaron la Nota.

  Asegura el escrito que PDVSA tomó prácticamente todas las acciones a su alcance para cumplir con sus obligaciones de pago y refiere que intentó realizar el tercer pago de intereses adeudado a la cuenta Citibank designada por Dresser-Rand en por loe menos tres ocasiones, pero debido a las sanciones de los bancos, los pagos fueron rechazados y los fondos devueltos a PDVSA.

 Los intentos de pago por parte de PDVSA ocurrieron el 21 de noviembre de 2017 por USD 1.960.212,37 desde su cuenta con China CITIC a la cuenta Citibank de Dresser-Rand. El segundo intento fue el 31 de enero de 2018, esta vez a través de la cuenta de PDVSA con DMBL. DRESSER_0061898. El tercer intento tuvo lugar el 12 de febrero de 2018, PDVSA intentó realizar otro pago a la cuenta Citibank designada por Dresser-Rand a través de DMBL.

  Sostiene PDVSA no tuvo la culpa de la imposibilidad de realizar los pagos, sino que Dresser-Rand fue directamente responsable porque cuando se enteró en septiembre de 2017, antes de que venciera el tercer pago de intereses, de la nueva política del Citibank, no tomó las previsiones que debió tomar. Tal afirmación la formula la demandada en razón de que el 25 de septiembre de 2017, Citibank ofreció procesar manualmente futuros pagos entrantes/salientes desde/hacia PDVSA, si Dresser-Rand aceptaba los términos descritos en la “Certificación de cumplimiento de sanciones” que, entre otras obligaciones, requirió que esta proporcionara una lista de transacciones anticipadas con PDVSA y certificara que los pagos esperados cumplían con las sanciones pertinentes.

Testimonio inadmisible

  Por otra parte, PDVSA se opone a la declaración de Stephanie Rice como experto sobre las sanciones, que Dresser-Rand presentará en el juicio, por cuanto considera que estas son inadmisibles bajo FRE 702. Refiere que Rice testificara sobre declaraciones de oídas que supuestamente fueron hechas por funcionarios no identificados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), por lo que se trata de un mero rumor no documentado y que no se puede confirmar.

  Recuerda PDVSA que la Regla 702 establece que una persona “calificada como experta por conocimiento, habilidad, experiencia, capacitación o educación” puede ofrecer testimonio de opinión si: (a) los conocimientos científicos, técnicos u otros conocimientos especializados del experto ayudarán al examinador de hechos a comprender la evidencia o determinar un hecho en cuestión; (b) el testimonio se basa en hechos o datos suficientes; (c) el testimonio es producto de principios y métodos fiables; y (d) el perito ha aplicado de manera confiable los principios y métodos a los hechos del caso.

  Por ello PDVSA solicita que el Tribunal excluya la evidencia de oídas ofrecida y cualquier opinión de Rice basada en dicha evidencia.

El testigo admisible de PDVSA

  Entretanto, PDVSA ofrecerá el testimonio experto de John Barker respecto a las sanciones y prevé que la demandante buscará excluirlo alegando motivos de parcialidad. Esto en virtud de que este es un abogado que ha sido consultado sobre temas de sanciones por PDVSA, la cual cliente del bufete de abogados en el que se desempeña el experto. “El hecho de que Barker haya brindado asesoría a PDVSA es, a lo sumo, un asunto que depende del peso de sus opiniones, no de su admisibilidad·.

 

 

 

Dresser-Rand Company: no es cierto que sanciones impidieron a PDVSA pagar su deuda

  Sin lugar a dudas, asegura la empresa demandante, el caso se trata de un simple incumplimiento de contrato.

Por Maibort Petit

  No es verdad que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) no pudo pagar su deuda con Dresser-Rand Company a causa de las sanciones impuestas por el gobierno de los estados Unidos a la petrolera estatal, por cuanto a la par de la Orden Ejecutivo que las impuso, por cuanto esta previó que las transacciones relacionada con la deuda venezolana emitidas antes del 25 de agosto de 2017 —caso del acuerdo de pagaré objeto de la demanda— continuaron siendo legalmente permitidas. Además, sostiene la demandante, el ejecutivo norteamericano también emitió la Licencia General 9 par permitía la subsanación de la deuda.

  Dresser-Rand Company demandó el 26 de febrero de 2019 a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), por incumplimiento de sus obligaciones al no honrar una deuda de USD 132.295.896,82 correspondientes a unos bonos que, la petrolera venezolana sostiene no haber podido cancelar en razón de las sanciones de que es objeto por parte del gobierno de los Estados Unidos.

  El acuerdo de Pagaré fue suscrito el 21 de enero de 2017 y el gobierno estadounidense emitió la Orden Ejecutiva 13808 el 25 de agosto del referido año y a raíz de esta decisión gubernamental, el Citibank implementó una política que restringió las de PDVSA y otras entidades relacionadas con el gobierno venezolano.

Lo que sostiene Dresser-Rand

  El 29 de marzo de 2021 Dresser-Rand Company presentó al juez Stanton, su resumen del juicio en el que anticipa cuestiones legales clave que estima surgirán en el juicio.

  En primer lugar, la demandante destaca que se trata de un simple caso de incumplimiento de contrato para cobrar más de USD 119 millones de deuda indiscutiblemente adeudada por PDVSA a Dresser-Rand R por un Acuerdo de pagaré de fecha 20 de enero de 2017.

  Dresser-Rand asegura que no fue imposible ni impracticable para PDVSA cumplir con sus obligaciones bajo el Acuerdo de Pagaré, primero, porque bajo la Orden Ejecutiva 13808, las transacciones relacionadas con la deuda venezolana emitidas antes del 25 de agosto de 2017, como el Pagaré y el Acuerdo de Pagaré, continuaron siendo legalmente permitidas.

  En segundo lugar, la demandante refiere que después de ser notificado de sus incumplimientos, PDVSA pudo haber subsanado su pago y no lo hizo. Esto lo dice a la luz de que gobierno de los EE. UU. emitió la Licencia General 9 al mismo tiempo que las sanciones de bloqueo del 28 de enero de 2019, lo que permitía a PDVSA subsanar su incumplimiento y reembolsar a la demandante los pagos adeudados.

  En tercer lugar, Dresser-Rand advierte que no existe evidencia creíble de una imposibilidad objetiva de que PDVSA realice pagos cuando sus obligaciones de pago restantes vencen en virtud del Pagaré.

 Igualmente, refiere que ofrecieron a PDVSA varias alternativas viables para facilitar el pago, pero no respondió a las comunicaciones y la demandante agotó todas las vías de ejecución.

  Dresser refiere que la Orden Ejecutiva 13808 establece en un lenguaje sencillo que prohíbe a "EE. UU. o personas sujetas a la jurisdicción de los EE. UU., participar en transacciones relacionadas con, proporcionar financiamiento o negociar de otra manera con nueva deuda, con un vencimiento de más de 90 días y emitida en nombre o en beneficio de PDVSA, su propiedad, o sus intereses en la propiedad".

  En tal sentido, el término “nueva deuda” se refiere a cualquier deuda emitida a partir del 25 de agosto de 2017. Por tanto, el Pagaré y el Acuerdo de Pagaré, celebrado el 20 de enero de 2017, no puede considerarse “deuda nueva” dentro del alcance de la orden ejecutiva.

  Asegura que PDVSA hace una lectura parcial y selectiva de las directrices publicadas por la OFAC en relación con la orden ejecutiva 13808.

  Al mismo tiempo sostiene que PDVSA podría haber tratado de obtener una licencia específica a través de la OFAC, como lo ayudó el propio bufete de abogados de su experto en otras situaciones crediticias, que le hubiera permitido cumplir con sus obligaciones de pago, pero no hay evidencia en el expediente de que así lo hubiera hecho.

 Agrega que Dresser ofreció a PDVSA varial alternativas viables para realizar el pago, pero estatal venezolana los ignoró.

Testimonio inadmisible de Baker

  Para Dresser-Rand Company, el informe pericial de John Barker que presentará PDVSA no es confiable y debe excluirse según la regla federal de prueba 702.

  Esto por cuanto el testigo propuesto ha actuado como abogado de PDVSA y esa es una razón por la cual los tribunales federales rechazan habitualmente su testimonio.

“Si bien el señor Barker no es abogado de PDVSA en este caso, su rol como abogado de PDVSA en otros asuntos relacionados excluye cualquier posibilidad de que él ofrezca opiniones objetivas y confiables a la Corte”.

Dresser presenta fechas para comparecencia

  El 29 de marzo de 2021, Jordan W. Siev, abogado de la firma Reed Smith LLP que representa a Dresser-Rand Company, empresa subsidiaria de la alemana Siemens AG con sede en Houston (Texas), le presentó al juez Louis L. Stanton, una orden previa al juicio consolidada, así como los respectivos escritos del proceso judicial de cada parte, los cuales tratan cuestiones de derecho controvertidas y cuestiones probatorias que pudieran surgir en el juicio.

   El abogado de la demandante le manifestó al magistrado, que en caso de que la Corte tuviera alguna pregunta o requiriera aclaraciones adicionales sobre cualquiera de las cuestiones tratadas en las presentaciones previas al juicio, estarían disponibles para participar en una conferencia previa al juicio.

  Presentó igualmente un conjunto de fechas comprendidas entre mayo y octubre de 2021, en las que él, su firma y/o las partes no estarían disponibles para comparecer en el juicio.

A saber, las fechas propuestas son del 10 al 13 de mayo de 2021; del 17 al 21 de mayo de 2021; del 28 de mayo de 2021; el 1 de junio de 2021; del 8 de junio al 31 de julio de 20211; el 5 al 23 de agosto de 2021; del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2021; y del 6 al 17 de septiembre de 2021.

Fiscalía solicitó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York Mantener el sello sobre documentos del expediente de Víctor Mones Coro

   La acción responde a un pedido de Inner City Press de abrir documentos del caso.

Por Maibort Petit

   La fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, solicitó al juez Alvin K. Hellerstein, magistrado de la referida jurisdicción, mantener bajo sello un conjunto de documentos pertenecientes al expediente del caso Estados Unidos contra Mones Coro y otros.

  Un pedido ante al cual el magistrado ordenó a la secretaría del tribunal mantener el acceso solamente al Fiscal Federal Auxiliar que maneja el caso y su personal y la corte. El gobierno informar antes del 29 de abril de 2021 qué aspectos de los documentos permanecerán sellados y cuáles se harán públicos.

  El 31 de marzo de 2021, Inner City Press, presentó una solicitud para abrir documentos en el referido caso.

  Ante tal solicitud, el juez Hellerstein había ordenado el 14 de abril a la fiscalía, reconociendo la presunción a favor de la rendición de cuentas y la presentación pública de documentos, que informara a la Corte qué partes de los documentos a su juicio debían permanecer sellados con la respectiva motivación para ello.

  El 31 de marzo de 2021, el Tribunal del distrito Sur de Nueva York sentenció a Victor Mones Coro a cumplir 55 meses de prisión por haber formado parte de un plan para proporcionar vuelos chárter privados a Tareck Zaidan El Aissami Maddah y su supuesto testaferro, Samark José López Bello; así como al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, y a la campaña presidencial 2018 de Nicolás Maduro, violando con esta acción las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de estados Unidos (OFAC). Mones Coro se había declarado culpable de una acusación formal de cinco cargos el 4 de enero de 2021[1].

[1] Department of Justice. “Florida Man Sentenced To 55 Months In Prison For Violating Sanctions Against Senior Venezuelan Leaders”. 17 de marzo de 2021. https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/florida-man-sentenced-55-months-prison-violating-sanctions-against-senior-venezuelan

 

¿Engañó Rafael Ramírez al Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston?

  Una decisión de la corte le otorgó al exjerarca petrolero venezolano, la oportunidad de presentarse a un nuevo juicio en el que pudiera ejercer su derecho a la defensa.

Por Maibort Petit

   Algunos documentos y rastreos harían presumir que Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y ex ministro de energía y minas en el gobierno del finado Hugo Chávez, así como canciller y representante de Venezuela en la ONU bajo la administración de Nicolás Maduro, habría engañado a la Corte de Houston donde las empresas Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energía BV lo acusaban de fraude.

   En febrero de 2018, Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia BV a interpusieron en febrero de 2018 una demanda civil ante el tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, en contra Rafael Ramírez, Eulogio Del Pino y sus intermediarios, a saber, Juan José Mendoza García, Petro Consultores S.C., Petro Consultores International Trading Company Inc., Azure 904 y José Ángel González Acosta, acusándolos por daños y señalándolos de llevar a cabo un esquema de soborno y lavado de dinero.

  Según los demandantes, habrían sido objeto en cuatro oportunidades de presión para que pagar USD 10 millones a cambio de que el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería aprobara la venta de los activos de las demandantes en Venezuela. Al haber rechazado tales exigencias, Harvest perdió dos operaciones por compradores diferentes en 2013 y 2014 (una por USD 725 millones y la otra por USD 400) y se vio obligada a vender los mismos activos por USD 255 millones, lo que representó una pérdida de USD 470 millones, así como, inesperadamente, dejar de hacer negocios y liquidar sus negocios.

  El 13 de febrero de 2019, la corte dictaminó a través de la juez federal de Houston, Lee Rosenthal, que Rafael Ramírez debía pagar a los demandantes USD 1.400 millones como compensación por el fraude de fueron objeto.

  Durante el proceso, Ramírez no dio respuesta al tribunal respecto a las acusaciones de que fue objeto por parte de Harvest y HNR y la juez Rosenthal que inicialmente, en diciembre de 2018 otorgó una compensación de USD 472 millones, monto que el nuevo fallo triplicó[1].

   Un mensaje del abogado Dane Ball, quien formó parte del equipo legal que representó a Harvest Natural Resources, da cuenta de esta situación.

  El abogado Ball refiere a Ramírez que “no ha respondido a la demanda en el tribunal, ni ha aparecido un abogado en su nombre” y, por ello, lo insta a hablar con él o a enviar a un abogado.

“Simplemente me gustaría saber, en este momento, si responderá a la demanda en la corte. Encantado de seguir hablando con usted, sobre este o el caso en general, por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico. Nuevamente, si tiene un abogado con el que debería hablar, por favor avise”.

  Pero, sorpresivamente, el 26 de agosto de 2020, mediante una comunicación que los abogados de Harvest Natural Resources Inc. informaron que la empresa había decidido retirar voluntariamente la querella y advirtió que no estaba obligado a responder ante el tribunal.

  En esa ocasión, Venezuela Política conoció por fuentes ligadas al caso, que la razón del retiro de la acusación había sido el no haber logrado ubicar "una serie de elementos que eran indispensables para procesar la acusación en un nuevo juicio".

  Igualmente, la corte otorgó a Rafael Ramírez el derecho a iniciar un nuevo proceso en razón de que no había ejercido su derecho a la defensa al encontrarse fuera del territorio de los Estados Unidos “y en una situación que, según el exfuncionario del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, le impidió responder a la corte en ese proceso, cuya decisión final ordenada por un juez de Distrito le obligaba a pagar 1.400 millones de dólares a la empresa por compensación como resultado de una demanda de fraude interpuesta por la empresa Harvest Natural Resources”[2].

  Pero por lo menos hasta el 4 de diciembre de 2017 se había mantenido en Nueva York, ejerciendo como Representante Permanente de Venezuela ante las naciones Unidas, un cargo al que llegó —según insistieron distintos personeros de la política y la opinión pública venezolana— para revestirlo de inmunidad en razón de las múltiples acusaciones que existían en su contra. De hecho, la Asamblea Nacional lo señaló como responsable de la comisión de varias irregularidades y el Tribunal Supremo de Justicia la silenció para que, años después, el mismo sistema judicial que lo protegió, lo señalara como corrupto y responsable de buena parte de los ilícitos cometidos en la industria petrolera de que anteriormente lo había eximido.

  Desde esa capital emitía mensajes a través de su cuenta en la red social Twitter, referidos estos a su labor diplomática.

  El servicio Wayback Machine, el cual es una base de datos que contiene copias de una gran cantidad de páginas o sitios de Internet, certificó que el 5 de octubre de 2017, Rafael Ramírez se encontraba en Nueva York y desde allí lanzó los tweets.

   Documentos presentados por Harvest igualmente refieren que otros sitios de rastreo también ubicaban, para junio de 2019, a Rafael Ramírez en Nueva York, e indicaban que su dirección en dicha localidad era el 16 E 81st; New York, NY 10028-0201. Esta dirección es la correspondiente a la casa del Embajador de Venezuela ante la ONU. El inmueble es propiedad de la República de Venezuela.

Su esposa, Beatrice Sansó también fue ubicada en la misma dirección.

[1] Venezuela Política. “Conoce todos los detalles de la demanda que obliga a Rafael Ramírez a pagas USD 1.400 millones”. 15 de febrero de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/02/conoce-todos-los-detalles-de-la-demanda.html

[2] Venezuela Política. “¿Por qué Harvest Natural Resources Inc. retiró la demanda contra Rafael Ramírez?”. 26 de agosto de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/08/por-que-harvest-natural-resources-inc.html

En Venezuela no rige un estado criminal sino un estado paralelo

   El diagnóstico adecuado es lo que permite la implementación de una estrategia de solución adecuada, advierte el experto en temas de seguridad Joseph Humire.

Por Maibort Petit

   Las definiciones de “estado criminal”, “estado mafia”, “narco estado”, entre otras, se habrían quedado cortas a la hora de denominar el régimen venezolano, por lo que el concepto que mejor aplica es el de “estado paralelo”, acuñado por el historiador norteamericano, Robert Paxton, un investigador de los regímenes totalitarios que explica que se trata de subestructuras, que funcionan dentro del estado formal. Así lo sostiene Joseph Humire, experto en Seguridad Global, especializado en el análisis de amenazas transregionales en el hemisferio occidental del director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS, por las siglas en inglés de Center for a Secure Free Society).

  Estas subestructuras cívico paramilitar criminal, se desarrollan dentro del Estado y llegan, incluso, a ostentar más poder que el estado formal, al extremo de controlar más territorio que el propio estado. El mejor ejemplo de estado paralelo lo constituyen los nazis en Alemania, refiere el experto.

  Subraya que los modelos totalitarios han ido avanzando en sus conocimientos y aprendiendo uno del otro durante casi 200 años de regímenes totalitarios modernos. Su estrategia consiste en la conquista de terreno sin tener que recurrir a la fuerza militar o, al menos, que, si esta se encuentra presente, no lo sea como la herramienta principal de control.

  “El estado paralelo es un término académico que define a Venezuela en el sentido de que la estructura que controla a Venezuela es paralela al régimen y al estado, porque Nicolás Maduro no está en el control de todo, es horizontal con las ocho regiones de defensa de Venezuela que se llaman REDI”.

  Cada una de estas REDI opera con una economía ilícita que la sustenta, como minería ilegal, extorsión, narcotráfico, etc., las cuales, generalmente, están ligadas a la posición geográfica.

  Por ejemplo, REDI CapitaL, opera con la extorsión e igualmente junto a un Grupo Armado Organizado (GAO) que, en este caso son los colectivos; el REDI Los Llanos, opera con los pranatos y el contrabando; REDI Los Andes, opera con los paramilitares y el tráfico humano; REDI Oriental, opera con el ELN y el narcotráfico. En total, son 8 Grupos Armados Organizados (GAO), que funcionan y trabajan esa economía en conjunto con 8 REDI, en 8 regiones, con 8 economías ilícitas, por ó que se le conoce como la “Ley de 8”.

  De allí, que Humire advierta que el mecanismo del diálogo y la negociación como mecanismo de resolución del conflicto venezolano, no funciona en razón de que habría que sentar a la mesa a todos estos grupos irregulares, dado que cada región se mueve de manera autónoma. “Esa es la complejidad del asunto, no basta con negociar con Maduro o cualquiera de los miembros del gobierno, pues ellos sólo tienen el control político”.

La narrativa falsa como estrategia

  En torno al régimen venezolano se han tejido toda una serie de especulaciones y se han hecho circular historias que solamente tienen por objetivo la desinformación y la distracción, advierte Joseph Humire.

   Entre estas narrativas está la de presentar a Nicolás maduro como un individuo ignorante, bruto y disparatero, cuando en realidad estamos en presencia de un hombre sumamente astuto, claro en sus objetivos y con toda una maquinaria detrás que trabaja en su afianzamiento.

   El experto en temas de seguridad destaca que la construcción de narrativas falsas es parte de la estrategia de conquista mediante la manipulación y sin necesidad de la fuerza militar.

“En la guerra asimétrica, no solamente hay que atacar al enemigo, sino también infiltrarlo para controlarlo y controlar la narrativa que tú enemigo va a decir sobre ti. Si tú puedes controlar la narrativa de tu enemigo, tienes el triunfo asegurado”, explica.

  Parte de esas narrativas falsas es también la especie de la existencia de diferencias entre el chavismo y el madurismo, o entre los chavistas disidentes y Maduro. “Hay una manipulación tan fuerte de la contra narrativa, que tienen a la oposición completamente desviada de la realidad, todo con el objetivo de mantener la falsa narrativa de que el chavismo y el madurismo son dos cosas distintas”. En tal sentido recordó a quienes esto creen, que Nicolás Maduro fue el canciller de Hugo Chávez, trabajó con él para sacarlo de la cárcel.

  Cónsono con la advertencia que ha hecho en torno a Tareck El-Aissami como figura principalísima en este proceso, Joseph Humire alerta que Nicolás Maduro es un fiel soldado de Chávez, pero no es el líder. “Ya lo he dicho, el líder es Tareck El-Aissami. La manipulación es fundamental y allí entran los cubanos que son maestros en la manipulación”.

  Una prueba de que ni Chávez ni maduro son los líderes es el hecho de que el proyecto no acabara con la muerte del primero.

Conflicto en la frontera

  Como apuntáramos en nota precedente, Siria es el modelo que se sigue en Venezuela para expandir la revolución bolivariana por Latinoamérica, sin necesidad del conflicto militar.

  De hecho, sostiene que el país del medio Oriente ha funcionado como un centro logístico y un laboratorio para Rusia, Irán, Hezbollah. Los resultados de la experiencia los están trayendo a Venezuela.

  En el propósito de expansión de la revolución bolivariana, Colombia es el paso siguiente pues, como advierte no hay Gran Colombia sin ella. La reciente incursión de aviones rusos en el espacio aéreo colombiano se inscribe como un sondeo para determinar dónde están los límites.

  La conquista de Colombia pasa, a criterio de Humire, por la generación de un conflicto en la frontera colombo-venezolana para provocar un desastre en la nación neogranadina y convertirla en un estado fallido donde se reproduzcan, aparte de todos los demás problemas que aquejan a todos los países a raíz de la pandemia del Covid-19, la tragedia humanitaria, migratoria, el conflicto armado, etc.

“El plan es destruir a Colombia por dentro, dividir la sociedad. Construir diferentes movimientos separatistas, manipular tanto a la izquierda como a la derecha. Vladimir Putin es experto en manipular a la derecha del mundo usando temas de nacionalismo y separatismo”.

Neo-totalitarismo

  Por último, Joseph Humire advierte que Venezuela y Siria son países que no son ni anárquicos ni democráticos, sino que son un nuevo modelo neo-totalitario consistente en usar regímenes con alto control político, pero poco control territorial. En el caso de Venezuela, el territorio está en manos de milicias y grupos como las FARC, ELN, hezbollah, mientras el régimen maneja el tentáculo del poder.

 

Siria y no Cuba: El modelo con el cual destruyeron la democracia venezolana

   Se trata de un proceso diseñado desde hace mucho tiempo, incluso, desde antes de la incursión de Hugo Chávez en el panorama venezolano, pues él sólo fue el instrumento de una estrategia que llevaba años proyectada.

Por Maibort Petit

   La grave crisis que padece Venezuela en todos los órdenes sin que, hasta la fecha, las iniciativas adoptadas para restituir el sistema democrático, tanto a lo interno como lo externo, hayan dado resultado, obedecería a un mal diagnóstico de la misma, lo cual ha derivado en propuestas de solución equivocadas y la agudización del problema. Quien así lo considera es Joseph Humire, experto en seguridad global, especializado en el análisis de amenazas transregionales en el hemisferio occidental del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS, por las siglas en inglés de Center for a Secure Free Society).

  Explica Humire que, en 2017, cuando la crisis venezolana estaba en su punto más neurálgico, decidieron darle un vuelco a los análisis que hasta el momento se había, formulado hasta el momento, los cuales acusaban a Cuba como la responsable de dirigir el colapso de Venezuela y, además, de presentar sólo como criminal al régimen de Nicolás Maduro. Un mal diagnóstico que a ojos del experto ha llevado al fracaso de todas las iniciativas para acabar con la tiranía que gobierna el país suramericano. Luego de una serie de estudios el SFS ha desarrollado una exposición denominada “Venezuela, de crisis a conflicto” que se han propuesto difundir a objeto de que todos comprendan lo que en realidad ocurre en el país.

  Humire sustenta su mensaje en dos premisas, la primera, que no se trata de una amenaza con conflicto convencional y, por tanto, no requiere fuerza militar para atenderlo; y la segunda, que el venezolano es mucho más que un régimen criminal —sin que esto signifique el régimen no recurra al crimen— sino que lo utiliza como método, mas no como objetivo.

  “Están usando el crimen organizado, las redes ilícitas, como herramientas para llegar a otro fin con una visión geopolítica que ni siquiera nace en Venezuela, no es propio de Hugo Chávez ni de Nicolás Maduro, sino que viene específicamente del Medio Oriente. Esto no vino de Cuba, esto no es la estrategia de Cuba, sino de Siria”, sostiene.

  Se remite a Gamal Abdel Nasser, ex-presidente egipcio entre 1954 y 1970, como el personaje de la historia que guarda más similitudes con el finado mandatario venezolano, Hugo Chávez, precursor de la revolución bolivariana que llevó al caos a Venezuela. Sus historias, asegura, son idénticas, destacando del primero la conquista que hizo de Siria sin un solo disparo, algo que logró con la implementación de una estrategia asimétrica, construyendo una identidad socio-cultural, ganando y manipulando a los pueblos árabes. A través de ella constituyó la República Árabe Unida, anexionándose a Siria, bajo la premisa de que no existe frontera ni soberanía, sino que eran un país Pan-árabe.

Los antecedentes

  Y en tal sentido refiere que Hugo Chávez aplicó esta estrategia en la implementación de revolución bolivariana, aprendiéndola, no de Fidel Castro —lo que no quiere decir que no haya trabajado de cerca con Cuba— sino de personeros sirios. Cuba participó en la ejecución, no en el diseño.

   Pero advierte que el finado presidente fue sólo el implementador del proyecto que busca implementar la revolución bolivariana en toda Latinoamérica como simulación de la Gran Colombia de Simón Bolívar, pues se trata de una idea que tiene mucho más tiempo en gestación. En este sentido recuerda que a Venezuela han arribado tres migraciones masivas provenientes de Siria, la primera, en el siglo 19, en 1880, por efecto de la agresión otomana a la comunidad cristiana maronita; la segunda, en 1910, cuando los turcos arremetieron contra el pueblo de Armenia; la tercera, en los años 60 del siglo 20, cuando se instala la dictadura en Siria y luego durante la guerra civil en Líbano.

  En esta última ocasión, comienzan a infiltrarse entre los refugiados ciertos actores subversivos, entre ellos Nehemet Chagin Simón, conocido en Venezuela como “Simón el Árabe”, quien en 1964 ayuda a escapar a líderes del Partido Comunista de Venezuela (PCV) del Cuartel san Carlos, donde estaban presos por su colaboración con cubanos que buscaban implementar las guerrillas en el país.

  Luego llega entre los años 60 y 70, el padre de Tareck El Aissami, Zaidan Amin El-Aissami “El Mufi”, con el propósito de enseñar a los comunistas cómo hacer una revolución con otras estrategias y tácticas, sin necesidad de recurrir a las fuerzas armadas. Se buscaba implementar la táctica denominada “comparmentalización”, consistente en la utilización del propio equipo, la propia red, para crear división y conquistar más terreno. “Así es como el partido Baaz conquistó Siria y después a Irak”. Del padre de Tareck El-Aissami, aprende Chávez l táctica para expandir su revolución bolivariana.

  Como dato curioso, Joseph Humire apunta que más de 350 mil venezolanos viven en Siria en la región de As Suwayda, conocida como la pequeña Venezuela, mientras en Brasil solamente hay 280 mil venezolanos.

  Destaca Humire que As Suwayda es el corazón del pueblo venezolano Siria y que esta red migratoria actúa como un comando de control de todos aspectos ilícitos que unen el régimen con Irán, Hezbollah, Rusia. “Para comprender todo lo relativo a Álex Saab, a Hezbollah, etc., es necesario conocer lo que sucede en As Suwayda”, subraya.

El protagonismo de Tareck El-Aissami

  Todo este antecedente le sirve a Joseph Humire para resaltar el papel que en esta historia juega Tareck El-Aissami, quien se perfila a su modo de ver como un hombre con gran poder, incluso, superior al del propio Nicolás Maduro. Recuerda que este maneja cadenas de migración históricas que han construido la revolución bolivariana y agrega que, si no fuera por su línea familiar, no habría existido Hugo Chávez ni Nicolás Maduro. “No existiera la revolución bolivariana si no fuera por los refugiados sirios”.

   Humire lleva más de una década estudiando a Tareck El-Aissami, análisis que varió de rumbo a partir de 2017, cuando dejó de lado el mapeo típico del personaje, concentrado en sus negocios, actividades ilícitas, conexiones, etc., y se enfiló hacia su biografía, su historia.

   Recuerda que un asesor diplomático de la embajada de Venezuela en Irak documentó la vinculación de las redes de El-Aissami con los consulados de Venezuela en el Medio Oriente y miembros de grupos terroristas, especialmente Hezbollah. La conclusión es que el asunto sobrepasa el mero suministro de pasaportes a terroristas, sino que apunta a la construcción de identidades e historia a personas que necesitan tener presencia en dos lugares al mismo tiempo. “Al ver los apellidos se puede ver claramente que estaban construyendo dinastías”. Son las familias más poderosas de Siria y Líbano que están relacionadas de una manera muy íntima con el gobierno de Venezuela y eso fue el propósito, construir una doble identidad.

  Todo esto fue perfectamente diseñado y el papel de Tareck El-Aissami es fundamental, pues sus vínculos con Hezbollah son determinantes.