martes, 11 de mayo de 2021

Dresser-Rand Company: no es cierto que sanciones impidieron a PDVSA pagar su deuda

  Sin lugar a dudas, asegura la empresa demandante, el caso se trata de un simple incumplimiento de contrato.

Por Maibort Petit

  No es verdad que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) no pudo pagar su deuda con Dresser-Rand Company a causa de las sanciones impuestas por el gobierno de los estados Unidos a la petrolera estatal, por cuanto a la par de la Orden Ejecutivo que las impuso, por cuanto esta previó que las transacciones relacionada con la deuda venezolana emitidas antes del 25 de agosto de 2017 —caso del acuerdo de pagaré objeto de la demanda— continuaron siendo legalmente permitidas. Además, sostiene la demandante, el ejecutivo norteamericano también emitió la Licencia General 9 par permitía la subsanación de la deuda.
  Dresser-Rand Company demandó el 26 de febrero de 2019 a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), por incumplimiento de sus obligaciones al no honrar una deuda de USD 132.295.896,82 correspondientes a unos bonos que, la petrolera venezolana sostiene no haber podido cancelar en razón de las sanciones de que es objeto por parte del gobierno de los Estados Unidos.

  El acuerdo de Pagaré fue suscrito el 21 de enero de 2017 y el gobierno estadounidense emitió la Orden Ejecutiva 13808 el 25 de agosto del referido año y a raíz de esta decisión gubernamental, el Citibank implementó una política que restringió las de PDVSA y otras entidades relacionadas con el gobierno venezolano.

Lo que sostiene Dresser-Rand

  El 29 de marzo de 2021 Dresser-Rand Company presentó al juez Stanton, su resumen del juicio en el que anticipa cuestiones legales clave que estima surgirán en el juicio.

  En primer lugar, la demandante destaca que se trata de un simple caso de incumplimiento de contrato para cobrar más de USD 119 millones de deuda indiscutiblemente adeudada por PDVSA a Dresser-Rand R por un Acuerdo de pagaré de fecha 20 de enero de 2017.

  Dresser-Rand asegura que no fue imposible ni impracticable para PDVSA cumplir con sus obligaciones bajo el Acuerdo de Pagaré, primero, porque bajo la Orden Ejecutiva 13808, las transacciones relacionadas con la deuda venezolana emitidas antes del 25 de agosto de 2017, como el Pagaré y el Acuerdo de Pagaré, continuaron siendo legalmente permitidas.

  En segundo lugar, la demandante refiere que después de ser notificado de sus incumplimientos, PDVSA pudo haber subsanado su pago y no lo hizo. Esto lo dice a la luz de que gobierno de los EE. UU. emitió la Licencia General 9 al mismo tiempo que las sanciones de bloqueo del 28 de enero de 2019, lo que permitía a PDVSA subsanar su incumplimiento y reembolsar a la demandante los pagos adeudados.

  En tercer lugar, Dresser-Rand advierte que no existe evidencia creíble de una imposibilidad objetiva de que PDVSA realice pagos cuando sus obligaciones de pago restantes vencen en virtud del Pagaré.

 Igualmente, refiere que ofrecieron a PDVSA varias alternativas viables para facilitar el pago, pero no respondió a las comunicaciones y la demandante agotó todas las vías de ejecución.

  Dresser refiere que la Orden Ejecutiva 13808 establece en un lenguaje sencillo que prohíbe a "EE. UU. o personas sujetas a la jurisdicción de los EE. UU., participar en transacciones relacionadas con, proporcionar financiamiento o negociar de otra manera con nueva deuda, con un vencimiento de más de 90 días y emitida en nombre o en beneficio de PDVSA, su propiedad, o sus intereses en la propiedad".

  En tal sentido, el término “nueva deuda” se refiere a cualquier deuda emitida a partir del 25 de agosto de 2017. Por tanto, el Pagaré y el Acuerdo de Pagaré, celebrado el 20 de enero de 2017, no puede considerarse “deuda nueva” dentro del alcance de la orden ejecutiva.

  Asegura que PDVSA hace una lectura parcial y selectiva de las directrices publicadas por la OFAC en relación con la orden ejecutiva 13808.

  Al mismo tiempo sostiene que PDVSA podría haber tratado de obtener una licencia específica a través de la OFAC, como lo ayudó el propio bufete de abogados de su experto en otras situaciones crediticias, que le hubiera permitido cumplir con sus obligaciones de pago, pero no hay evidencia en el expediente de que así lo hubiera hecho.

 Agrega que Dresser ofreció a PDVSA varial alternativas viables para realizar el pago, pero estatal venezolana los ignoró.

Testimonio inadmisible de Baker

  Para Dresser-Rand Company, el informe pericial de John Barker que presentará PDVSA no es confiable y debe excluirse según la regla federal de prueba 702.

  Esto por cuanto el testigo propuesto ha actuado como abogado de PDVSA y esa es una razón por la cual los tribunales federales rechazan habitualmente su testimonio.

“Si bien el señor Barker no es abogado de PDVSA en este caso, su rol como abogado de PDVSA en otros asuntos relacionados excluye cualquier posibilidad de que él ofrezca opiniones objetivas y confiables a la Corte”.

Dresser presenta fechas para comparecencia

  El 29 de marzo de 2021, Jordan W. Siev, abogado de la firma Reed Smith LLP que representa a Dresser-Rand Company, empresa subsidiaria de la alemana Siemens AG con sede en Houston (Texas), le presentó al juez Louis L. Stanton, una orden previa al juicio consolidada, así como los respectivos escritos del proceso judicial de cada parte, los cuales tratan cuestiones de derecho controvertidas y cuestiones probatorias que pudieran surgir en el juicio.


   El abogado de la demandante le manifestó al magistrado, que en caso de que la Corte tuviera alguna pregunta o requiriera aclaraciones adicionales sobre cualquiera de las cuestiones tratadas en las presentaciones previas al juicio, estarían disponibles para participar en una conferencia previa al juicio.

  Presentó igualmente un conjunto de fechas comprendidas entre mayo y octubre de 2021, en las que él, su firma y/o las partes no estarían disponibles para comparecer en el juicio.

A saber, las fechas propuestas son del 10 al 13 de mayo de 2021; del 17 al 21 de mayo de 2021; del 28 de mayo de 2021; el 1 de junio de 2021; del 8 de junio al 31 de julio de 20211; el 5 al 23 de agosto de 2021; del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2021; y del 6 al 17 de septiembre de 2021.


Fiscalía solicitó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York Mantener el sello sobre documentos del expediente de Víctor Mones Coro

   La acción responde a un pedido de Inner City Press de abrir documentos del caso.

Por Maibort Petit

   La fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, solicitó al juez Alvin K. Hellerstein, magistrado de la referida jurisdicción, mantener bajo sello un conjunto de documentos pertenecientes al expediente del caso Estados Unidos contra Mones Coro y otros.
  Un pedido ante al cual el magistrado ordenó a la secretaría del tribunal mantener el acceso solamente al Fiscal Federal Auxiliar que maneja el caso y su personal y la corte. El gobierno informar antes del 29 de abril de 2021 qué aspectos de los documentos permanecerán sellados y cuáles se harán públicos.


  El 31 de marzo de 2021, Inner City Press, presentó una solicitud para abrir documentos en el referido caso.

  Ante tal solicitud, el juez Hellerstein había ordenado el 14 de abril a la fiscalía, reconociendo la presunción a favor de la rendición de cuentas y la presentación pública de documentos, que informara a la Corte qué partes de los documentos a su juicio debían permanecer sellados con la respectiva motivación para ello.

  El 31 de marzo de 2021, el Tribunal del distrito Sur de Nueva York sentenció a Victor Mones Coro a cumplir 55 meses de prisión por haber formado parte de un plan para proporcionar vuelos chárter privados a Tareck Zaidan El Aissami Maddah y su supuesto testaferro, Samark José López Bello; así como al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, y a la campaña presidencial 2018 de Nicolás Maduro, violando con esta acción las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de estados Unidos (OFAC). Mones Coro se había declarado culpable de una acusación formal de cinco cargos el 4 de enero de 2021[1].








[1] Department of Justice. “Florida Man Sentenced To 55 Months In Prison For Violating Sanctions Against Senior Venezuelan Leaders”. 17 de marzo de 2021. https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/florida-man-sentenced-55-months-prison-violating-sanctions-against-senior-venezuelan

 

viernes, 7 de mayo de 2021

¿Engañó Rafael Ramírez al Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston?

  Una decisión de la corte le otorgó al exjerarca petrolero venezolano, la oportunidad de presentarse a un nuevo juicio en el que pudiera ejercer su derecho a la defensa.

Por Maibort Petit

   Algunos documentos y rastreos harían presumir que Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y ex ministro de energía y minas en el gobierno del finado Hugo Chávez, así como canciller y representante de Venezuela en la ONU bajo la administración de Nicolás Maduro, habría engañado a la Corte de Houston donde las empresas Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energía BV lo acusaban de fraude.
   En febrero de 2018, Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia BV a interpusieron en febrero de 2018 una demanda civil ante el tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, en contra Rafael Ramírez, Eulogio Del Pino y sus intermediarios, a saber, Juan José Mendoza García, Petro Consultores S.C., Petro Consultores International Trading Company Inc., Azure 904 y José Ángel González Acosta, acusándolos por daños y señalándolos de llevar a cabo un esquema de soborno y lavado de dinero.
  Según los demandantes, habrían sido objeto en cuatro oportunidades de presión para que pagar USD 10 millones a cambio de que el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería aprobara la venta de los activos de las demandantes en Venezuela. Al haber rechazado tales exigencias, Harvest perdió dos operaciones por compradores diferentes en 2013 y 2014 (una por USD 725 millones y la otra por USD 400) y se vio obligada a vender los mismos activos por USD 255 millones, lo que representó una pérdida de USD 470 millones, así como, inesperadamente, dejar de hacer negocios y liquidar sus negocios.

  El 13 de febrero de 2019, la corte dictaminó a través de la juez federal de Houston, Lee Rosenthal, que Rafael Ramírez debía pagar a los demandantes USD 1.400 millones como compensación por el fraude de fueron objeto.

  Durante el proceso, Ramírez no dio respuesta al tribunal respecto a las acusaciones de que fue objeto por parte de Harvest y HNR y la juez Rosenthal que inicialmente, en diciembre de 2018 otorgó una compensación de USD 472 millones, monto que el nuevo fallo triplicó[1].
   Un mensaje del abogado Dane Ball, quien formó parte del equipo legal que representó a Harvest Natural Resources, da cuenta de esta situación.

  El abogado Ball refiere a Ramírez que “no ha respondido a la demanda en el tribunal, ni ha aparecido un abogado en su nombre” y, por ello, lo insta a hablar con él o a enviar a un abogado.
“Simplemente me gustaría saber, en este momento, si responderá a la demanda en la corte. Encantado de seguir hablando con usted, sobre este o el caso en general, por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico. Nuevamente, si tiene un abogado con el que debería hablar, por favor avise”.

  Pero, sorpresivamente, el 26 de agosto de 2020, mediante una comunicación que los abogados de Harvest Natural Resources Inc. informaron que la empresa había decidido retirar voluntariamente la querella y advirtió que no estaba obligado a responder ante el tribunal.

  En esa ocasión, Venezuela Política conoció por fuentes ligadas al caso, que la razón del retiro de la acusación había sido el no haber logrado ubicar "una serie de elementos que eran indispensables para procesar la acusación en un nuevo juicio".

  Igualmente, la corte otorgó a Rafael Ramírez el derecho a iniciar un nuevo proceso en razón de que no había ejercido su derecho a la defensa al encontrarse fuera del territorio de los Estados Unidos “y en una situación que, según el exfuncionario del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, le impidió responder a la corte en ese proceso, cuya decisión final ordenada por un juez de Distrito le obligaba a pagar 1.400 millones de dólares a la empresa por compensación como resultado de una demanda de fraude interpuesta por la empresa Harvest Natural Resources”[2].

  Pero por lo menos hasta el 4 de diciembre de 2017 se había mantenido en Nueva York, ejerciendo como Representante Permanente de Venezuela ante las naciones Unidas, un cargo al que llegó —según insistieron distintos personeros de la política y la opinión pública venezolana— para revestirlo de inmunidad en razón de las múltiples acusaciones que existían en su contra. De hecho, la Asamblea Nacional lo señaló como responsable de la comisión de varias irregularidades y el Tribunal Supremo de Justicia la silenció para que, años después, el mismo sistema judicial que lo protegió, lo señalara como corrupto y responsable de buena parte de los ilícitos cometidos en la industria petrolera de que anteriormente lo había eximido.

  Desde esa capital emitía mensajes a través de su cuenta en la red social Twitter, referidos estos a su labor diplomática.
  El servicio Wayback Machine, el cual es una base de datos que contiene copias de una gran cantidad de páginas o sitios de Internet, certificó que el 5 de octubre de 2017, Rafael Ramírez se encontraba en Nueva York y desde allí lanzó los tweets.

   Documentos presentados por Harvest igualmente refieren que otros sitios de rastreo también ubicaban, para junio de 2019, a Rafael Ramírez en Nueva York, e indicaban que su dirección en dicha localidad era el 16 E 81st; New York, NY 10028-0201. Esta dirección es la correspondiente a la casa del Embajador de Venezuela ante la ONU. El inmueble es propiedad de la República de Venezuela.
Su esposa, Beatrice Sansó también fue ubicada en la misma dirección.







































[1] Venezuela Política. “Conoce todos los detalles de la demanda que obliga a Rafael Ramírez a pagas USD 1.400 millones”. 15 de febrero de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/02/conoce-todos-los-detalles-de-la-demanda.html



[2] Venezuela Política. “¿Por qué Harvest Natural Resources Inc. retiró la demanda contra Rafael Ramírez?”. 26 de agosto de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/08/por-que-harvest-natural-resources-inc.html


martes, 4 de mayo de 2021

En Venezuela no rige un estado criminal sino un estado paralelo

   El diagnóstico adecuado es lo que permite la implementación de una estrategia de solución adecuada, advierte el experto en temas de seguridad Joseph Humire.

Por Maibort Petit

   Las definiciones de “estado criminal”, “estado mafia”, “narco estado”, entre otras, se habrían quedado cortas a la hora de denominar el régimen venezolano, por lo que el concepto que mejor aplica es el de “estado paralelo”, acuñado por el historiador norteamericano, Robert Paxton, un investigador de los regímenes totalitarios que explica que se trata de subestructuras, que funcionan dentro del estado formal. Así lo sostiene Joseph Humire, experto en Seguridad Global, especializado en el análisis de amenazas transregionales en el hemisferio occidental del director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS, por las siglas en inglés de Center for a Secure Free Society).

  Estas subestructuras cívico paramilitar criminal, se desarrollan dentro del Estado y llegan, incluso, a ostentar más poder que el estado formal, al extremo de controlar más territorio que el propio estado. El mejor ejemplo de estado paralelo lo constituyen los nazis en Alemania, refiere el experto.

  Subraya que los modelos totalitarios han ido avanzando en sus conocimientos y aprendiendo uno del otro durante casi 200 años de regímenes totalitarios modernos. Su estrategia consiste en la conquista de terreno sin tener que recurrir a la fuerza militar o, al menos, que, si esta se encuentra presente, no lo sea como la herramienta principal de control.

  “El estado paralelo es un término académico que define a Venezuela en el sentido de que la estructura que controla a Venezuela es paralela al régimen y al estado, porque Nicolás Maduro no está en el control de todo, es horizontal con las ocho regiones de defensa de Venezuela que se llaman REDI”.

  Cada una de estas REDI opera con una economía ilícita que la sustenta, como minería ilegal, extorsión, narcotráfico, etc., las cuales, generalmente, están ligadas a la posición geográfica.

  Por ejemplo, REDI CapitaL, opera con la extorsión e igualmente junto a un Grupo Armado Organizado (GAO) que, en este caso son los colectivos; el REDI Los Llanos, opera con los pranatos y el contrabando; REDI Los Andes, opera con los paramilitares y el tráfico humano; REDI Oriental, opera con el ELN y el narcotráfico. En total, son 8 Grupos Armados Organizados (GAO), que funcionan y trabajan esa economía en conjunto con 8 REDI, en 8 regiones, con 8 economías ilícitas, por ó que se le conoce como la “Ley de 8”.

  De allí, que Humire advierta que el mecanismo del diálogo y la negociación como mecanismo de resolución del conflicto venezolano, no funciona en razón de que habría que sentar a la mesa a todos estos grupos irregulares, dado que cada región se mueve de manera autónoma. “Esa es la complejidad del asunto, no basta con negociar con Maduro o cualquiera de los miembros del gobierno, pues ellos sólo tienen el control político”.

La narrativa falsa como estrategia

  En torno al régimen venezolano se han tejido toda una serie de especulaciones y se han hecho circular historias que solamente tienen por objetivo la desinformación y la distracción, advierte Joseph Humire.

   Entre estas narrativas está la de presentar a Nicolás maduro como un individuo ignorante, bruto y disparatero, cuando en realidad estamos en presencia de un hombre sumamente astuto, claro en sus objetivos y con toda una maquinaria detrás que trabaja en su afianzamiento.

   El experto en temas de seguridad destaca que la construcción de narrativas falsas es parte de la estrategia de conquista mediante la manipulación y sin necesidad de la fuerza militar.

“En la guerra asimétrica, no solamente hay que atacar al enemigo, sino también infiltrarlo para controlarlo y controlar la narrativa que tú enemigo va a decir sobre ti. Si tú puedes controlar la narrativa de tu enemigo, tienes el triunfo asegurado”, explica.

  Parte de esas narrativas falsas es también la especie de la existencia de diferencias entre el chavismo y el madurismo, o entre los chavistas disidentes y Maduro. “Hay una manipulación tan fuerte de la contra narrativa, que tienen a la oposición completamente desviada de la realidad, todo con el objetivo de mantener la falsa narrativa de que el chavismo y el madurismo son dos cosas distintas”. En tal sentido recordó a quienes esto creen, que Nicolás Maduro fue el canciller de Hugo Chávez, trabajó con él para sacarlo de la cárcel.

  Cónsono con la advertencia que ha hecho en torno a Tareck El-Aissami como figura principalísima en este proceso, Joseph Humire alerta que Nicolás Maduro es un fiel soldado de Chávez, pero no es el líder. “Ya lo he dicho, el líder es Tareck El-Aissami. La manipulación es fundamental y allí entran los cubanos que son maestros en la manipulación”.

  Una prueba de que ni Chávez ni maduro son los líderes es el hecho de que el proyecto no acabara con la muerte del primero.

Conflicto en la frontera

  Como apuntáramos en nota precedente, Siria es el modelo que se sigue en Venezuela para expandir la revolución bolivariana por Latinoamérica, sin necesidad del conflicto militar.

  De hecho, sostiene que el país del medio Oriente ha funcionado como un centro logístico y un laboratorio para Rusia, Irán, Hezbollah. Los resultados de la experiencia los están trayendo a Venezuela.

  En el propósito de expansión de la revolución bolivariana, Colombia es el paso siguiente pues, como advierte no hay Gran Colombia sin ella. La reciente incursión de aviones rusos en el espacio aéreo colombiano se inscribe como un sondeo para determinar dónde están los límites.

  La conquista de Colombia pasa, a criterio de Humire, por la generación de un conflicto en la frontera colombo-venezolana para provocar un desastre en la nación neogranadina y convertirla en un estado fallido donde se reproduzcan, aparte de todos los demás problemas que aquejan a todos los países a raíz de la pandemia del Covid-19, la tragedia humanitaria, migratoria, el conflicto armado, etc.

“El plan es destruir a Colombia por dentro, dividir la sociedad. Construir diferentes movimientos separatistas, manipular tanto a la izquierda como a la derecha. Vladimir Putin es experto en manipular a la derecha del mundo usando temas de nacionalismo y separatismo”.

Neo-totalitarismo

  Por último, Joseph Humire advierte que Venezuela y Siria son países que no son ni anárquicos ni democráticos, sino que son un nuevo modelo neo-totalitario consistente en usar regímenes con alto control político, pero poco control territorial. En el caso de Venezuela, el territorio está en manos de milicias y grupos como las FARC, ELN, hezbollah, mientras el régimen maneja el tentáculo del poder.


 

lunes, 3 de mayo de 2021

Siria y no Cuba: El modelo con el cual destruyeron la democracia venezolana

   Se trata de un proceso diseñado desde hace mucho tiempo, incluso, desde antes de la incursión de Hugo Chávez en el panorama venezolano, pues él sólo fue el instrumento de una estrategia que llevaba años proyectada.

Por Maibort Petit

   La grave crisis que padece Venezuela en todos los órdenes sin que, hasta la fecha, las iniciativas adoptadas para restituir el sistema democrático, tanto a lo interno como lo externo, hayan dado resultado, obedecería a un mal diagnóstico de la misma, lo cual ha derivado en propuestas de solución equivocadas y la agudización del problema. Quien así lo considera es Joseph Humire, experto en seguridad global, especializado en el análisis de amenazas transregionales en el hemisferio occidental del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS, por las siglas en inglés de Center for a Secure Free Society).
  Explica Humire que, en 2017, cuando la crisis venezolana estaba en su punto más neurálgico, decidieron darle un vuelco a los análisis que hasta el momento se había, formulado hasta el momento, los cuales acusaban a Cuba como la responsable de dirigir el colapso de Venezuela y, además, de presentar sólo como criminal al régimen de Nicolás Maduro. Un mal diagnóstico que a ojos del experto ha llevado al fracaso de todas las iniciativas para acabar con la tiranía que gobierna el país suramericano. Luego de una serie de estudios el SFS ha desarrollado una exposición denominada “Venezuela, de crisis a conflicto” que se han propuesto difundir a objeto de que todos comprendan lo que en realidad ocurre en el país.

  Humire sustenta su mensaje en dos premisas, la primera, que no se trata de una amenaza con conflicto convencional y, por tanto, no requiere fuerza militar para atenderlo; y la segunda, que el venezolano es mucho más que un régimen criminal —sin que esto signifique el régimen no recurra al crimen— sino que lo utiliza como método, mas no como objetivo.
  “Están usando el crimen organizado, las redes ilícitas, como herramientas para llegar a otro fin con una visión geopolítica que ni siquiera nace en Venezuela, no es propio de Hugo Chávez ni de Nicolás Maduro, sino que viene específicamente del Medio Oriente. Esto no vino de Cuba, esto no es la estrategia de Cuba, sino de Siria”, sostiene.

  Se remite a Gamal Abdel Nasser, ex-presidente egipcio entre 1954 y 1970, como el personaje de la historia que guarda más similitudes con el finado mandatario venezolano, Hugo Chávez, precursor de la revolución bolivariana que llevó al caos a Venezuela. Sus historias, asegura, son idénticas, destacando del primero la conquista que hizo de Siria sin un solo disparo, algo que logró con la implementación de una estrategia asimétrica, construyendo una identidad socio-cultural, ganando y manipulando a los pueblos árabes. A través de ella constituyó la República Árabe Unida, anexionándose a Siria, bajo la premisa de que no existe frontera ni soberanía, sino que eran un país Pan-árabe.
Los antecedentes

  Y en tal sentido refiere que Hugo Chávez aplicó esta estrategia en la implementación de revolución bolivariana, aprendiéndola, no de Fidel Castro —lo que no quiere decir que no haya trabajado de cerca con Cuba— sino de personeros sirios. Cuba participó en la ejecución, no en el diseño.

   Pero advierte que el finado presidente fue sólo el implementador del proyecto que busca implementar la revolución bolivariana en toda Latinoamérica como simulación de la Gran Colombia de Simón Bolívar, pues se trata de una idea que tiene mucho más tiempo en gestación. En este sentido recuerda que a Venezuela han arribado tres migraciones masivas provenientes de Siria, la primera, en el siglo 19, en 1880, por efecto de la agresión otomana a la comunidad cristiana maronita; la segunda, en 1910, cuando los turcos arremetieron contra el pueblo de Armenia; la tercera, en los años 60 del siglo 20, cuando se instala la dictadura en Siria y luego durante la guerra civil en Líbano.

  En esta última ocasión, comienzan a infiltrarse entre los refugiados ciertos actores subversivos, entre ellos Nehemet Chagin Simón, conocido en Venezuela como “Simón el Árabe”, quien en 1964 ayuda a escapar a líderes del Partido Comunista de Venezuela (PCV) del Cuartel san Carlos, donde estaban presos por su colaboración con cubanos que buscaban implementar las guerrillas en el país.

  Luego llega entre los años 60 y 70, el padre de Tareck El Aissami, Zaidan Amin El-Aissami “El Mufi”, con el propósito de enseñar a los comunistas cómo hacer una revolución con otras estrategias y tácticas, sin necesidad de recurrir a las fuerzas armadas. Se buscaba implementar la táctica denominada “comparmentalización”, consistente en la utilización del propio equipo, la propia red, para crear división y conquistar más terreno. “Así es como el partido Baaz conquistó Siria y después a Irak”. Del padre de Tareck El-Aissami, aprende Chávez l táctica para expandir su revolución bolivariana.

  Como dato curioso, Joseph Humire apunta que más de 350 mil venezolanos viven en Siria en la región de As Suwayda, conocida como la pequeña Venezuela, mientras en Brasil solamente hay 280 mil venezolanos.

  Destaca Humire que As Suwayda es el corazón del pueblo venezolano Siria y que esta red migratoria actúa como un comando de control de todos aspectos ilícitos que unen el régimen con Irán, Hezbollah, Rusia. “Para comprender todo lo relativo a Álex Saab, a Hezbollah, etc., es necesario conocer lo que sucede en As Suwayda”, subraya.

El protagonismo de Tareck El-Aissami

  Todo este antecedente le sirve a Joseph Humire para resaltar el papel que en esta historia juega Tareck El-Aissami, quien se perfila a su modo de ver como un hombre con gran poder, incluso, superior al del propio Nicolás Maduro. Recuerda que este maneja cadenas de migración históricas que han construido la revolución bolivariana y agrega que, si no fuera por su línea familiar, no habría existido Hugo Chávez ni Nicolás Maduro. “No existiera la revolución bolivariana si no fuera por los refugiados sirios”.
   Humire lleva más de una década estudiando a Tareck El-Aissami, análisis que varió de rumbo a partir de 2017, cuando dejó de lado el mapeo típico del personaje, concentrado en sus negocios, actividades ilícitas, conexiones, etc., y se enfiló hacia su biografía, su historia.

   Recuerda que un asesor diplomático de la embajada de Venezuela en Irak documentó la vinculación de las redes de El-Aissami con los consulados de Venezuela en el Medio Oriente y miembros de grupos terroristas, especialmente Hezbollah. La conclusión es que el asunto sobrepasa el mero suministro de pasaportes a terroristas, sino que apunta a la construcción de identidades e historia a personas que necesitan tener presencia en dos lugares al mismo tiempo. “Al ver los apellidos se puede ver claramente que estaban construyendo dinastías”. Son las familias más poderosas de Siria y Líbano que están relacionadas de una manera muy íntima con el gobierno de Venezuela y eso fue el propósito, construir una doble identidad.

  Todo esto fue perfectamente diseñado y el papel de Tareck El-Aissami es fundamental, pues sus vínculos con Hezbollah son determinantes.

El "Mayito Gordo", líder del cártel de Sinaloa se declara culpable de cargos de narcotráfico

Por Maibort Petit

  El líder del Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada-Imperial, alias "Mayito Gordo", se declaró culpable en una corte federal de Estados Unidos por cargos de narcotráfico luego de su extradición al Distrito Sur de California en diciembre de 2019. También acordó perder $ 5 millones en narcotráfico.
  En un comunicado de prensa, el Departamento de Justicia informó que Ismael Zambada Imperial, el Mayito Gordo, firmó un acuerdo con fiscales de la Corte del Distrito Sur de California, y se declaró culpable de haber traficado drogas hacia Estados Unidos para el Cártel de Sinaloa, grupo criminal que encabeza su padre, Ismael Zambada García, el Mayo.

  Zambada-Imperial se declaró culpable de todos los cargos en una acusación de reemplazo emitida por un gran jurado federal en San Diego el 25 de julio de 2014.  La acusación también acusa a su padre, el presunto líder del cartel, Ismael Zambada-García, conocido como “El Mayonesa" así como otro hijo de El Mayo, Ismael Zambada-Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”; e Iván Archivaldo Guzmán-Salazar, conocido como “Chapito”, cuyo padre Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera fue el exlíder del Cártel de Sinaloa junto con Mayo. Zambada-Imperial fue arrestado por las autoridades mexicanas en noviembre de 2014. Zambada-García, Zambada-Sicairos y Guzmán-Salazar siguen prófugos.

   En un procedimiento hoy ante la jueza federal de distrito Dana M. Sabraw, Zambada-Imperial aceptó la responsabilidad de su papel como líder dentro del Cártel de Sinaloa, reconociendo que organizó el transporte y distribución de miles de kilogramos de sustancias controladas, entre ellas cocaína, heroína, y marihuana para la importación de México a Estados Unidos. 

   Zambada-Imperial admitió haber dirigido actos de violencia con el propósito de promover las actividades de narcotráfico del Cártel de Sinaloa. Una audiencia de sentencia está programada para el 29 de abril de 2022 a las 2 p.m. ante el juez Sabraw.

“La declaración de culpabilidad de Zambada-Imperial hoy envía un mensaje a otros capos de la droga que operan en México. No hay lugar donde esconderse porque nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley lo encontrarán y trabajarán incansablemente para llevarlo ante la justicia en los Estados Unidos ”, dijo el fiscal federal interino Randy S. Grossman. 

  “Nuestra investigación y enjuiciamiento de otros miembros de alto nivel del Cártel de Sinaloa continúa y está teniendo un impacto significativo en las operaciones globales del cartel”. Grossman elogió al fiscal federal adjunto Matthew J. Sutton, a los agentes de la DEA y a todos los socios encargados de hacer cumplir la ley por su excelente trabajo en este caso.

“Debido a la dedicación y determinación de la DEA y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, hoy estamos un paso más cerca del desmantelamiento del violento Cártel de Sinaloa con la declaración de culpabilidad de un líder del Cártel de Sinaloa”, dijo el agente especial a cargo de la DEA, John W. Callery. 
 
  “La DEA sigue confiando en que capturaremos a los prófugos restantes de esta investigación y los llevaremos ante la justicia, junto con muchos miembros adicionales del Cártel de Sinaloa. Si el público tiene alguna información sobre el paradero de estos fugitivos o información sobre el cartel de Sinaloa, lo instamos a que se comunique con la DEA al (858) 616-4100 ”.

  La acusación del Distrito Sur de California en este caso es parte de una investigación de varios años que, en total, ha resultado en cargos contra más de 125 personas y ha tenido un impacto significativo en las operaciones mundiales del Cártel de Sinaloa. Esta investigación también ha ofrecido una de las vistas más completas hasta la fecha del funcionamiento interno de uno de los cárteles de la droga más prolíficos, violentos y poderosos del mundo. Los miembros del cártel y los asociados fueron el objetivo de esta investigación masiva que involucró a varios países, numerosas agencias de aplicación de la ley en los Estados Unidos, varios distritos federales y más de 250 escuchas telefónicas autorizadas por la corte solo en este distrito.

  Este caso comenzó a fines de 2011 como una investigación de lo que al principio se creía que era una célula de distribución de drogas a pequeña escala en National City y Chula Vista. Se hizo evidente que la droga estaba siendo suministrada por el Cártel de Sinaloa, y el caso se convirtió en una investigación masiva multinacional y multiestatal que resultó en decenas de arrestos e incautaciones de 1.397 kilogramos de metanfetamina, 2.214 kilogramos de cocaína, 17.2 toneladas. de marihuana, 95,84 kilogramos de heroína y $ 27,892,706 en ingresos por narcóticos.

  Este enjuiciamiento es parte de una Iniciativa de Fuerza de Ataque de las Fuerzas de Tarea de Lucha contra las Drogas del Crimen Organizado (OCDETF), que prevé el establecimiento de equipos de fuerza de tarea de múltiples agencias permanentes que trabajan codo con codo en el mismo lugar. Este modelo de ubicación conjunta permite a los agentes de diferentes agencias colaborar en operaciones multijurisdiccionales impulsadas por inteligencia para interrumpir y desmantelar a los narcotraficantes, lavadores de dinero, pandillas y organizaciones criminales transnacionales más importantes.

  El caso del gobierno está siendo procesado por el fiscal federal adjunto Matthew J. Sutton.

domingo, 2 de mayo de 2021

Demanda por expropiación de once taladros petroleros podría exigir cobrarse con activos de PDVSA en EE. UU.

  Los últimos hechos ocurridos en tribunales de los Estados Unidos, hacen suponer que los reclamos por este viejo caso adquieran nuevamente vigor.

Por Maibort Petit

   Una demanda entablada presentada en 2011 por Helmerich & Payne International Driling Co. y Hermerich & Payne de Venezuela C.A. en contra de Venezuela Petróleos de Venezuela S.A. y PDVSA Petróleos S.A. presentada ante el Tribunal del Distrito de Columbia, la cual reclama el resarcimiento por la expropiación de once plataformas de perforación en Venezuela, ordenada por el finado expresidente, Hugo Chávez[1], se erige como otro frente de los múltiples que en los últimos años se han levantado, para exigir el pago de acreencias con activos venezolanos en Estados Unidos.

   La tesis del alter ego de PDVSA respecto a la República Bolivariana de Venezuela, abrió compuertas para que un sinnúmero de agentes estimen que pueden ver satisfechas sus aspiraciones de pago de acreencias con el activo más valioso de Venezuela en el Extranjero: CITGO Petroleum Corporation.

  Sobre este caso, en 2017, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió por unanimidad en favor del gobierno de Venezuela, a objeto de concederle otra oportunidad para que evitara dicha demanda. Apuntó el fallo que las cortes de menor instancia habían sido demasiado laxas al permitir que procediera la demanda presentada por la empresa H&P. Sin embargo, a pesar de que los países son por lo general inmunes a las demandas entabladas en Estados Unidos, un estatuto prevé una excepción cuando hay confiscación de propiedad privada[2].

  El fallo instó a Helmerich & Payne International Driling Co. y Hermerich & Payne de Venezuela C.A. a presentar argumentos más sólidos sobre el principio de la confiscación de una propiedad infringiendo el derecho internacional.

  El caso fue devuelto a las cortes de instancias inferiores con el objetivo de que, de acuerdo a los principios establecidos por la Corte Suprema de Estados Unidos, se determine si los reclamos deben ser dejados sin efecto en su totalidad[3].

  El 15 de febrero de 2019, el Tribunal del Distrito de Columbia suspendió todos los procedimientos del caso y ordenó a Helmerich & Payne International Drilling Co., presentar un informe de estado cada 90 días hasta que se ordene lo contrario, lo cual ocurrió por primera vez el 15 de mayo de 2019, mientras que el segundo informe se presentó el 14 de agosto de 2019. En esta último se pedía que se mantenga la suspensión.

 Después de esto, la Corte ordenó que los informes posteriores se presentaran de manera conjunta, lo cual ocurrió el 12 de noviembre de 2019, el 10 de febrero de 2020, el 12 de mayo de 2020 y 10 de agosto de 2020.

  El informe conjunto del 9 de noviembre de 2020, refiere que la situación política en Venezuela continúa impidiendo que este litigio avance, las partes estimaron que la suspensión debe mantenerse, sujeta a la moción de cualquiera de las partes para disolverla por una buena causa demostrada.

  Igualmente, las partes decidieron continuar presentando informes de estado conjuntos cada 90 días hasta que se disuelva la suspensión.

La demanda

  El 23 de septiembre de 2011, Helmerich & Payne International Driling Co. y Hermerich & Payne de Venezuela C.A., demandaron ante el Tribunal del Distrito de Columbia a la República Bolivariana de Venezuela y a Petróleos de Venezuela S.A. y PDVSA Petróleo S.A., empresas estatales estas que considera como instrumentalidades del gobierno venezolano, por haber tomado a la fuerza once de sus plataformas de perforación petrolera en pleno funcionamiento y todo el equipo, la infraestructura y los bienes muebles e inmuebles asociados, sin una compensación justa, en violación del derecho internacional. Tal demanda la formularon bajo la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de 1976 ("FSIA"), 28 U.S.C. § l605 (a) (3) y bajo la excepción de las actividades comerciales a la inmunidad bajo la FSlA, 28 U.S.C. § 1605 (a) (2).

  En tal sentido, los demandantes reclaman la reparación por los incumplimientos flagrantes y continuos del contrato por parte de los demandados, los cuales se dedican a actividades comerciales en Venezuela y los Estados Unidos. Helmerich & Payne International Driling Co. y Hermerich & Payne de Venezuela C.A. pidieron a la corte otorgarles un fallo sobre todos los cargos, así como resarcimiento por daños y compensación, incluidos intereses, costos de honorarios de abogados y cualquier otra reparación que el tribunal considerara justos.

  Helmerich & Payne de Venezuela, C.A. (H & P-V) es una subsidiaria de propiedad total de Helmerich & Payne lnternational Drilling Co., que hasta 2010 prestó por más de 55 años servicios de perforación de petróleo y gas por contrato en Venezuela.

  Para la fecha de la demanda, H & P-V. había brindado servicios de perforación por contrato exclusivamente a entidades estatales venezolanas, entre ellas PDVSA y PDVSA Petróleo S.A., las cuales “por ley gozan de un monopolio sobre las reservas de petróleo de Venezuela”.

  Refiere la demanda que el 12 de junio de 2010, sin previo aviso, empleados de los demandados, soldados armados y uniformados de la Guardia Nacional de Venezuela, rodearon y bloquearon ilegalmente las instalaciones comerciales de las operaciones de perforación de H&P-V en Ciudad Ojeda. El 13 y 14 de junio de 2010, rodearon y bloquearon ilegalmente los locales comerciales de las operaciones de perforación de H&P-V en Anaco, sede de la empresa en Venezuela para ese entonces. Tal actuación de los empleados de PDVSA y la Guardia Nacional se hizo bajo la dirección de Hugo Chávez y/o su ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez con el propósito de apoderarse de los activos de H&P-V y evitar que los reubicara. 

  Se trató de una acción intimidatoria para que la demandante perdonara las deudas pendientes de PDVSA y continuara brindando servicios de perforación que se produjera el pago por trabajos que ya se habían completado en contratos anteriores. Se trataba, según de la demandante, de una incautación de los activos de H&P estaba fuera del alcance de cualquier autoridad legal venezolana.

  Dos semanas después, el 29 de junio de 2010, la demandada Venezuela, a través de la Asamblea Nacional  emitió un “Proyecto de Ley” declarando los activos de H&P-V como de “bien y beneficio público” y recomendó que el presidente Chávez emitiera un “Decreto de Expropiación”, lo cual ocurrió esa misma fecha mediante cuando mediante el "Decreto Presidencial No. 7532" se ordenó a PDVSA la "toma forzosa" de las plataformas de perforación petrolera de H&P-V y "toda la propiedad personal e inmobiliaria" de la misma.

  Sostenía la demanda que el acoso contra de Hermerich & Payne de Venezuela C.A. comenzó desde 2008, a pesar de que había cumplido plenamente con sus obligaciones en virtud de los contratos pertinentes, mientras que PDVSA y PDVSA Petróleo comenzaron sistemáticamente a incumplir con los contratos que mantenía con la demandada.

  Especificaba que, aunque PDVSA y PDVSA Petróleo estaban obligados contractualmente a pagar a tarifas claramente establecidas no lo hicieron a sabiendas de que los tribunales venezolanos no protegerían los derechos comerciales de H&P. Esta situación dio lugar a más de USD 32 millones en facturas impagas que los demandados no expresaron ninguna intención de cumplir.

  Desde su expropiación, las once plataformas de perforación y toda la infraestructura de apoyo están en poder de los demandados, los cuales las operan sin haber pagado por ellos.

   En razón de que H&P no puede recibir ni recibirá una compensación justa por sus negocios y propiedades incautados bajo la ley venezolana a través de los tribunales venezolanos, pues estos estaban controlados políticamente por el presidente Chávez. Citaba la demanda que, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el tribunal de apelaciones que tendría jurisdicción sobre el caso de H&P si fuera juzgado y apelado en Venezuela, había “fallado a favor del gobierno en 324 de los 325 casos presentados por ciudadanos privados contra el gobierno”. Además, el único caso resuelto por dicho tribunal a favor de un particular contra el gobierno, fue posteriormente anulado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que invocó un poder especial que nunca antes había sido utilizado en la historia judicial venezolana.

  Ante tales circunstancias, Helmerich & Payne International Driling Co. y Hermerich & Payne de Venezuela C.A., consideraron que el Tribunal del Distrito de Columbia tiene jurisdicción para llevar el caso de conformidad con 28 U.S, C. § 1330 y 28 U.S.C. § 1602 et seq., incluida la excepción de expropiación a la inmunidad bajo 28 U.S.C. § 1605 (a) (3) y la excepción de actividad comercial a la inmunidad bajo 28 U.S.C. Sección 1605 (a) (2), dado que 28 U.S.C. § 1391 (d) autoriza una acción contra un extranjero en cualquier distrito, mientras que 28 U.S.C. § 1391 (f) (4), autoriza acciones civiles contra un estado o entidad extranjera en el Distrito de Columbia.

  La demanda se explaya en los detalles de cada uno de los contratos suscritos entre los demandados y las demandantes por el alquiler de los taladros de perforación, los cuales, a partir de 2007 comenzaron a incumplirse por parte de PDVSA y PDVSA Petróleo. Indica que para agosto de 2008, el saldo de las cuentas por cobrar de H&P-V en virtud de los contratos en cuestión había alcanzado los USD 63 millones.

  Los demandados, subraya la demanda, reconocieron la deuda que mantenía con los demandantes en las múltiples reuniones que sostuvieron y aseguraron que la cancelarían, promesa que cumplieron y ya para enero de 2009, rondaba los USD 100 millones.

  Por tales razones, el 29 de enero de 2009, H&P lnc. anunció que "cesaría [] las operaciones en las plataformas a medida que expiraran sus contratos de perforación" y no renovaría los contratos de su subsidiaria con los demandados por ausencia de una "mejora en los cobros por cobrar". Tal medida la adoptó para evitar continuar realizando trabajos sin compensación.

  Con la devaluación de la moneda venezolana a principios de 2010 las cuentas por cobrar de H&P-V a PDVSA que estaban denominadas en Bolívar Fuerte, se redujo drásticamente.

  El último encuentro entre las partes se produjo el 24 de mayo de 2010 en la sede de ClTGO Petroleum Corporation, en Houston, Texas, sin que se resolvieran las diferencias. PDVSA no impugnó el monto adeudado a H & P-V pero rechazó el plan de pago propuesto por esta sin ofrecer un plan de pago propio.

  Refería la demanda que la expropiación de las plataformas por parte de Venezuela afectó directamente a la gestión y las actividades con sede en Estados Unidos en apoyo de H & P-V, por lo que H&P lnc. se vio obligado a aceptar y divulgar públicamente pérdidas materiales. También se afectó directamente a terceros proveedores de H & P-V en los EE. UU. que ya no tenían un rol de apoyo a sus operaciones venezolanas.

  Por su parte, los demandados de PDVSA mantienen actividad comercial significativa en los Estados Unidos definida por la FSlA como "un curso regular de conducta comercial o una transacción o acto en particular". 28 U. S. C. Sección 1605 (a) (3).

  Las demandante presentaron un primer cargo por violación del derecho internacional y un segundo cargo por incumplimiento de contrato con diez apartes.

REFERENCIAS

[1] América Economía. “Helmerich & Payne demanda a Venezuela y Pdvsa por expropiación de plataformas”. 26 de septiembre de 2011. https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/helmerich-payne-demanda-venezuela-y-pdvsa-por-expropiacion-de-plataformas


[2] Chicago Tribune. “EEUU da a Venezuela nueva oportunidad en caso de plataformas”. 1 de mayo de 2017. https://www.chicagotribune.com/hoy/ct-hoy-8835306-eeuu-da-a-venezuela-nueva-oportunidad-en-caso-de-plataformas-story.html


[3] Lexlatin. “Corte Suprema de EE. UU. falla a favor de Venezuela en caso Helmerich & Payne”. 8 de mayo de 2017.  https://lexlatin.com/noticias/corte-suprema-de-ee-uu-falla-favor-de-venezuela-en-caso-helmerich-payne