Acabar con el régimen venezolano requiere de una acción conjunta de todos los países de la región. Advierte a los dictadores que no deben sobrepasar las “líneas rojas” de alerta, porque habrá consecuencias.
Por Maibort Petit
Para Sergio de la Peña, ex-subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos del hemisferio occidental, quien aspira a la gobernación de Virginia, es inadmisible que la tarea de sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela se deje únicamente en manos de Estados Unidos. Sostiene que, si la vecindad de países circundantes al régimen no se involucra, será imposible acabar con la tiranía venezolana. Esa fue la razón, según esgrime, del fracaso de las acciones emprendidas durante la administración de Donald Trump que requirieron del concurso de todos los países de la región, pero el cual no se concretó.
Esta alerta la lanzó a propósito de solicitársele su evaluación de los hechos y las razones del fracaso de las acciones emprendidas en pro de poner fin a un régimen que no sólo ha llevado a la miseria a los venezolanos, sino que ha afectado a los países de toda la región, a los que ha arribado la oleada de inmigrantes que huyen del hambre y el caos en que el régimen chavista ha sumido a Venezuela. “Yo pienso que hay que tomar en cuenta lo más clave, que es la vecindad, todos los vecinos tienen que involucrarse (…) pero se deja esa tarea únicamente en manos de Estados Unidos, cúmplanlo”.
En tal sentido, De la Peña refirió que la administración de Donald Trump de la cual formó parte, tenía la convicción de que todos los países afectados participaría, pues era la manera más eficaz de lograr el cometido, pero no fue así. “Eso nunca se logró. Había gente que dudaba. Obviamente nosotros [el gobierno de Estados Unidos] estábamos dispuestos a ayudar, pero tenía que ser una acción contundente que tenía que incluir a todos los países vecinos, porque los más impactados por los 5 millones de inmigrantes venezolanos, eran los países vecinos, especialmente de Sudamérica. Ellos tenían que haber sido parte de la solución del problema”.
La estrategia socialista
A manera de paréntesis hay que subrayar que el conocimiento que Sergio de la Peña sobre la región y, particularmente, sobre Venezuela le viene de vieja data, toda vez que durante su carrera militar de más de 30 años contempló la agregaduría militar en la Embajada de EE. UU. en Caracas para el momento en que Hugo Chávez llegó al poder. Apunta que Fidel Castro le enseñó a Chávez cómo ganar el poder a través de unas elecciones, luego de su fracaso mediante una asonada militar. En esos comicios —tal vez los últimos o uno de los últimos transparentes realizado en Venezuela— actuó como observador internacional. A partir de entonces, el hoy finado exmandatario comenzó a consolidar su poder “a través de un conjunto de elecciones llenas de trampas (…) y ya vemos los resultados que eso ha tenido”. Esa fue la estrategia de los socialistas y comunistas, alcanzar por la vía democrática lo que las armas no le permitieron y luego instaurar sus regímenes.
Refiere que ya venía estudiando la figura de Chávez desde antes, incluso, llegó a conversar con él antes de que llegará a la presidencia. “Yo conocí al comandante Chávez y él me platicó de Mao y de cómo se armaban las guerrillas y todo tipo de cosas de esa índole, pero yo sabía que él tenía esa intención, porque yo había visto sus entrevistas, como la que dio en diciembre de 1994 en la Universidad de La Habana donde dijo, precisamente, todo lo que iba a cumplir”. Así que sabía perfectamente lo que vendría después de que Chávez ganara las elecciones, “porque yo ya había visto otros regímenes socialistas en distintas partes del mundo y el patrón que estaban utilizando era el mismo que había visto anteriormente. Lo que sí hicieron muy hábilmente fue obtener el poder con elecciones. Luego de que se instalan con elecciones cambia todo y ya vimos los resultados”.
Así lo advirtió a las autoridades en aquel entonces cuando era agregado militar. “Advertí que él era una persona que no iba a tener buenos resultados, que iba a llevar al país al socialismo”.
Estando ya de retiro, Donald Trump lo invitó a participar en su gobierno, al que ingresó como el funcionario del Pentágono de más alto nivel encargado de los asuntos del continente. Desde esa posición comenzó a trabajar el tema de Venezuela con más rigor, aún cuando desde la administración de Barack Obama se habían tomado algunas acciones, pero sin atacar a los principales miembros del régimen. Fue el gobierno de Trump el que, a su llegada, sancionó a Tareck El Aissami a través del Departamento del Tesoro.
Los intereses nacionales
Consultado acerca del papel del resto de las contrapartes, a saber, Chile, Colombia, Brasil y el resto de países latinoamericanos, en el diseño de las políticas para enfrentar el régimen de Nicolás Maduro, Sebastián de la Peña hace mención a los obstáculos que se presentaron para poder hacer efectivo el destronamiento del dictador venezolano.
Indicó que el grado de cooperación necesario no se alcanzó por parte de todos los países de la región, en razón al miedo que causa en América Latina el uso de la fuerza de las armas. Estados Unidos puso sobre la mesa todas las opciones, pero, en la tarea de derrocar a Maduro privaban, no únicamente los intereses de EE. UU., sino los de cada país.
Refiere que los intereses nacionales de cada nación se impusieron a la hora de considerar las acciones a tomar respecto a un país ajeno. “Nosotros hemos visto que en la historia ha habido conflictos entre vecinos y siempre tienen mal resultado. Entonces todo eso se tiene que tomar con una gran seriedad y eso es lo que se consideró y ya vimos los resultados. Tiene que haber una acción contundente, pero tiene que ser unificada y tiene que ser [asumida] por todos los vecinos”.
Y aunque reconoce que son importantes estas consideraciones de los países, es necesario que estos se den cuenta de una buena vez que al ser ellos los más directamente afectados por la amenaza que representa Venezuela, toda vez que el éxodo de venezolanos hacia sus geografías les pone una presión enorme a los servicios sociales de cada uno de esas naciones.
Venezuela es, a su juicio, el mayor peligro para la región, pues está produciendo todo tipo de miseria y provocando todo tipo de problemas e inestabilidad para el resto de la vecindad. “Eso es algo que tenemos que gestionar. Ahora, la manera para enfrentarlo, repito, es que todos los países tienen unirse para decirle a Nicolás Maduro que ya. Eso tiene que hacerse de una manera coordinada entre los vecinos”.
Alerta
Sergio de la Peña estima que, aunque el hemisferio occidental siempre ha mantenido una posición de colaboración con Estados Unidos, un clima que se mantuvo hasta el momento de su salida del Pentágono teníamos, cuando la región exhibía el mejor alineamiento con el libre mercado y el sistema de gobierno democrático.
Solamente tres países que estaban fuera de ese ámbito: Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Apunta que México y Argentina estaban un poco distantes, pero el gobierno de Trump había logrado una buena colaboración con ambos, “especialmente con México que es nuestro primer socio de intercambio comercial en el mundo. Ese equilibrio no siempre se mantiene, hay que tomar en cuenta que siempre hay fuerzas que quieren sacarlo fuera del orden y lo que estamos viendo ahora es que Bolivia parece que regresó más hacia la izquierda, más al socialismo. Estamos viendo lo que está pasando en Ecuador. Vamos a ver en qué resulta el cambio constitucional que va a haber en Chile y luego vemos lo que está pasando en Perú”.
¿Es real la opción militar?
Es cauto al ser consultado sobre la posibilidad cierta de que, antes o ahora en la nueva administración estadounidense, realmente esté planteada la opción militar para acabar con la dictadura de Nicolás Maduro.
“El dictador que piense que puede hacer lo que le dé la gana sin repercusiones, está muy equivocado. Ellos deben estar pendiente de ciertas líneas rojas, como decimos nosotros, que no se pueden cruzar, pero uno no las va a divulgar, uno tiene que mantenerlas ocultas, pero la persona que quiere provocar algún conflicto, debe saber que hay repercusiones”.
No revela cuáles son esas “líneas rojas”, pero advierte que existen y no deben ser sobrepasadas, porque ello traerá consecuencias.
Su ascendente con altos funcionarios gubernamentales y policiales se convirtió en el atractivo de sus operaciones de narcotráfico.
Por Maibort Petit
Uno de los aportes más significativos del testimonio que Devis Leonel Rivera Maradiaga rindió ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York durante el juicio de Geovanny Fuentes Ramírez, fue que el éxito y la prosperidad del negocio de narcotráfico de este último se debía a sus conexiones con la policía, el poder militar y político en Honduras, lo cual incluía presidentes, alcaldes, representantes del Congreso, generales militares y jefes de policía.
Rivera Maradiaga, exlíder del cártel de “Los Cachiros” quien mantuvo una sociedad con Fuentes Rivera que se extendió entre 2011 y 2013, dijo en el tribunal que la ascendencia que este último tenía en la policía era tal que, con una llamada a sus contactos, lograba que se retiraran los puestos de control a lo largo de la carretera por donde él planeaba transportar sus cargamentos de droga.
Narró que él se reunió con Melvin Sanders, alias “Metro” en el taller mecánico "Torres Servicio", ubicado en San Pedro Sula, para discutir los contactos de Geovanny Fuentes Rivera con la policía hondureña. Rivera Maradiaga había conocido de las relaciones del hoy acusado con la Policía Nacional de San Pedro Sula, los cuales “trabajaban”, tanto para Fuentes Ramírez, como para un narcotraficante conocido como "Paico".
Rivera Maradiaga precisó que entre los nombres de metro le refirió como contactos de Fuentes Ramírez en la policía, estaban el coronel Motiño; el Comisionado Martínez, quien fue un alto oficial de la Policía Nacional de Honduras; el oficial Nuila; el oficial Roja. Todos estos policías trabajarían con Rivera Maradiaga, Metro y Geovanny Fuentes Ramírez, escoltando los envíos de cocaína, resolviendo cualquier inconveniente, o haciendo cualquier otra cosa que fuera necesaria para garantizar el éxito de las operaciones.Los contactos policiales utilizados por los narcotraficantes estaban ubicados en todas partes de Honduras.
Apuntó Rivera Maradiaga que, durante uno de los envíos de drogas, uno de sus trabajadores fue arrestado en la carretera mientras estaba fuertemente armado en el traslado de un cargamento. De inmediato, Fuentes Ramírez llamó al Comisionado de Policía Martínez para pedirle que llamara al oficial responsable del arresto y ordenara la liberación, pero este no respondió. Entonces, Fuentes llamó al actual alcalde de Choloma y precandidato al Congreso por el Partido Liberal, Leopoldo Crivelli, conocido como “Polo” Crivelli, para pedirle la liberación del hombre y este fue puesto en libertad y le devolvieron su arma.
Refirió Rivera Maradiaga que Leopoldo Crivelli también informaba a Geovanny Fuentes Rivera sobre las fechas en que la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) de Tegucigalpa o San Pedro Sula, planificaba realizar operaciones en Choloma. Esta información le permitía a Fuentes sacar cualquier arma de su casa para no tener problemas si la allanaban.
El laboratorio de drogas
Geovanny Fuentes Rivera le pidió a Devis Rivera Maradiaga que invirtiera entre USD 300.000 y USD 500.000 para ayudar a traer la base de cocaína de Colombia al laboratorio de drogas. Rivera Maradiaga respondió que lo pensaría, pero dejó sentado que no estaba interesado porque era un riesgo adicional llevar la base de cocaína al país, pues podía ser incautada. Para él no tenía sentido la inversión, pues solamente importaba cocaína terminada.
Durante esa reunión sobre la inversión del laboratorio de drogas, Rivera Maradiaga compró dos autos a Fuentes Ramírez para "ayudarlo". Se trataba de dos vehículos valorados en USD 20.000 cada uno, pero por los cuales pagó USD 70.000 en billetes de 20.
Pero esa no fue la única conversación sostenida en torno a establecer una sociedad en el laboratorio de drogas, pues Geovanny Fuentes Rivera, “Metro” y Devis Rivera Maradiaga sostuvieron otras reuniones para discutir el asunto.
Las citas tenían lugar en un taller mecánico llamado “Torres Servicio”, lugar donde se acondicionaban los vehículos utilizados para transportar drogas.
Policía investiga el laboratorio
Durante su declaración ante el Tribunal del distrito Sur de Nueva York, Devis Rivera Maradiaga dijo que, en fecha no especificada, “Metro” concertó otra reunión con él para discutir sobre el laboratorio de drogas ubicado en los cerros del departamento de Cortés.
Fuentes Ramírez le manifestó a Rivera Maradiaga su preocupación por el hecho de que la policía de San Pedro Sula estuviera investigando el laboratorio, el cual operaba en una propiedad de un comerciante local llamado Fuad Jarufe.
A través del hijo del alcalde de Choloma, “Polito Crivelli”, Fuentes Ramírez se había enterado de la investigación. Supo que José Miguel Handal Pérez (a) “Chepe” Handal, le dijo a Crivelli del asunto a objeto de que procediera a manejar a la policía para evitarlo. Advertía Handal que cualquier investigación establecería la relación del laboratorio con Geovanny Fuentes Ramírez.
Por ello, Fuentes le pidió a Rivera que a través de sus contactos averiguara sobre la posible investigación del laboratorio. Rivera Maradiaga contactó a Carlos Valladares, de la policía de investigaciones, quien se encargaría de la averiguación.
Los envíos de droga
El testimonio de Devis Rivera Maradiaga también versó sobre los envíos de droga que, según dijo, se recibieron cargamentos en varias partes del país, los cuales arribaron a los departamentos de Cortés, Gracias a Dios, Yoro, áreas en Santa Rosa de Copán, incluyendo El Espíritu, Copán; San Esteban, Olancho; entre otros.
Durante el testimonio se habló en especificó de tres envíos de droga en los que Fuentes Ramírez estuvo involucrado.
En primer término, dijo que, en 2011, él se comunicó con Geovanny Fuentes Ramírez a través de “Metro” para informarle que la cocaína procedía de Venezuela y para que escoltara la carga. Se trataba del primer trabajo de Fuentes y Rivera juntos.
Refirió que el avión transportaba entre 425 y 530 kilos de cocaína que fueron desembarcados en el Valle de Sico y luego llevados a una finca en la vereda El Tigre, ambas localidades del departamento de Colón. Luego la carga se llevó a El Espíritu, Copán.
Todos los hombres iban armados, Fuentes Rivera con AR-15, Glock verde con selector; Metro con lanzagranadas y pistola dorada; Rivera Maradiaga con AR15 y 93R. El resto del equipo también estaba armado. Acotó que Geovanny también llevaba un pequeño lanzagranadas conocido como "El Moñito" o "El Mono" para ayudar a proteger las drogas.
Narró que “Metro” llevó un carro con compartimentos secretos que estaban llenos de armas para brindar seguridad al cargamento de drogas. La cocaína se contaba en la finca y se colocaba en compartimentos secretos dentro del NPR (tipo de camión que suele tener aproximadamente 12 pies de largo). Geovanny Fuentes Ramírez tenía tres o cuatro vehículos adicionales por seguridad y dijo que viajaría detrás del camión. La previsión era que, si se encontraba con un puesto de control policial, llamaría a sus contactos, específicamente al comisionado de policía Martínez para que la policía retirara el puesto de control.
Rivera Maradiaga dijo al tribunal que el cargamento fue entregado a los hermanos Luis y Arnulfo Valle Valle, en El Espíritu (Copán) en su finca. Rivera Maradiaga pagó a Metro y a Fuentes Ramírez entre USD 60.000 y USD 70.000 en persona para este envío.
Seguidamente, a instancia de los fiscales, Devis Rivera Maradiaga hizo referencia a otro envío de cocaína, el cual tuvo lugar 3 o 4 meses después del segundo envío. Dijo que se comunicó con Fuentes Ramírez a través de “Metro” pidiéndole que se trasladara a Tocoa a recibir otro envío.
El avión de la droga transportaba entre 500 y 700 kilos de cocaína y llegó a San Esteban, Olancho, a una pista de aterrizaje clandestina controlada por Fredy Nájera (un exrepresentante del Congreso que se declaró culpable en Estados Unidos con quien Riviera traficaba).
Se trataba de una cocaína que a Rivera le había vendido Rafael Sierra, uno de los líderes del cartel de Rentería, la cual vendieron luego a los hermanos Valle Valle y entregada en El Espíritu, Copán.
A su arribo a destino, la cocaína fue llevada a un rancho en Zamoro, Colón donde se encontraban Geovanny Fuentes Ramírez, “Metro”, el camionero y el colombiano de Rentería (“Yuca”).
Por este cargamento, Rivera Maradiaga pagó Geovanny Fuentes Ramírez en efectivo y en persona.
El tercer envío a que se hizo referencia en el juicio durante el testimonio de Rivera Maradiaga, el cual ocurrió en 2012, el cual se hizo en otro avión cargado de cocaína procedente de Colombia, el cual quería que Fuentes Ramírez lo recibiera.
El avión llevaba entre 425 y 500 kilos de cocaína y aterrizó en una pista clandestina junto al río en Baracoa, en el departamento de Cortés, en una zona conocida como “Tapón de los Ojos”, la cual estaba bajo el control de Geovanny Fuentes Ramírez. La droga la recibió “Jack”, un narcotraficante guatemalteco que luego la iba a vender a mexicanos que, a su vez, la venderían en Estados Unidos.
El avión aterrizó en la franja y Fuentes Ramírez transportó la carga en camión a los hermanos Valle en El Espíritu, Copán, quienes luego se lo entregaron a “Jack”, quien pagó a Rivera Maradiaga el 10 por ciento de la cocaína. Rivera usó después la cocaína para pagar Fuentes y a Metro.
Dos funcionarios medios de Corpoelec se convirtieron en los chivos expiatorios sobre los cuales pretendieron achacar la responsabilidad de unos hechos que sólo son la demostración de la ruina en que está sumida Venezuela.
Por Maibort Petit
Algunos medios de prensa reportaron el 8 de marzo de 2021, el acto de reapertura —ocurrido el día previo— del Oncológico “Dr. Humberto Fernández Morán” que funciona en el Hospital General del Sur de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia[1]. Tal evento, así como la rehabilitación de los quirófanos del Hospital Oncológico de San Cristóbal, estado Táchira, debía darse a conocer durante una transmisión de la jornada de trabajo de la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la COVID-19 que se llevó a cabo el domingo 7 de marzo del presente año. El gobernador de la entidad, Omar Prieto, se enlazó a través de una transmisión televisiva con el presidente de la república, Nicolás Maduro, para informar al país de los esfuerzos que hace el gobierno revolucionario en pro de la salud de los venezolanos, a pesar de las sanciones y el bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos.
Sin embargo, la transmisión no se llevó a cabo según los planes debido a una falla eléctrica ocurrida al momento en que Nicolás Maduro se dirigía a la colectividad, lo cual impidió que hiciera alarde de su gestión en favor del sector salud. Del apagón no hay reseña en los medios locales y el mandatario regional se mostró en cuenta en la red social Twitter sólo una parte del evento[2].
Donde sí quedó registrado el hecho como un recuerdo imborrable e en el haber de dos funcionarios medios de Corpoelec, quienes se convirtieron, por obra y gracia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en artífices de un supuesto acto de sabotaje por el cual los mantuvieron secuestrados hasta la tarde del 8 de marzo cuando tuvieron que ser liberados sin cargos.
¿La razón? El apagón no se debió a ningún acto de sabotaje, sino a una falla interna en una tanquilla del Hospital General del Sur, como lo corroboraron los técnicos que a la mañana siguiente hicieron un recorrido por el circuito donde está ubicado el centro médico asistencial. Con todo y esa información, a los funcionarios de Corpoelec los mantuvieron retenidos, incomunicados y sometidos a una fuerte presión psicológica hasta el final de la tarde del lunes, según fuentes internas de Corpoelec Caracas.
No se molestaron ni el SEBIN ni el DGCIM en revisar el largo historial de fallas eléctricas que exhibe el HGS, una de ellas ocurrida poco menos de un mes antes de la reinauguración del oncológico, a saber, el 19 de febrero de 2021, cuando desde las 2 de madrugada se quedó a oscuras afectando la atención de los pacientes[3].
Los hechos
La falla eléctrica ocurrió a las 6:21 p. m. del domingo 7 de marzo de 2021, cuando tenía lugar el enlace televisivo entre Mauro y Prieto.
Desde ese momento se encendieron las alarmas en Corpoelec, más que por la afectación de la comunidad marabina del sector y de los pacientes, por la repercusión política que tenía el hecho de que la ineficiencia e ineficacia del gobierno del presidente Maduro quedara en evidencia respecto a lo que ha sido la gestión eléctrica. La movilización de los técnicos fue total, dirigiéndose todas las miradas hacia el operador de despacho, que es quien se mantiene vigilante del sistema, correspondiéndole, por potestad que la empresa le confiere a su cargo, el poder abrir o cerrar el interruptor de alguna subestación, de algún circuito y suspender o recuperar el servicio eléctrico, si así hiciera falta. En este caso eso no ocurrió porque el circuito falló.
Otro funcionario a quien apuntaron, fue el encargado de la administración de cargas quien es, en pocas palabras, quien se encarga del racionamiento eléctrico, sostiene la misma fuente interna de Caraca.
Esta tarea se lleva a cabo, según conocimos, en conjunto entre el despacho nacional y el despacho regional, informando el primero al supervisor de transmisión, en este caso del Zulia, quien es la persona que está a cargo y vigilante del sistema en lo que a transmisión respecta, vigilando las líneas, los flujos de carga que proceden del Guri y los locales.
Cuando el supervisor de transmisión regional recibe la información, gira la instrucción al operador del despacho de distribución.
Durante el apagón del 7 de marzo, el referido operador del despacho de distribución se comunicó con el administrador de cargas para informarle que había sacar determinada cantidad de megavatios y el segundo procede a revisar cuáles son de los circuitos de que disponía, pues ya están preestablecidos por bloques. Por vía telefónica le indicó los circuitos y procedió a ejecutar las órdenes que el despacho nacional le había dado.
Y fue en ese momento que ocurrió el percance que trastocó todo, pues no se pudieron abrir los circuitos indicados por el administrador de cargas, toda vez que la subestación Arriaga que alimenta el circuito del Hospital General del Sur, se encuentra sin remota desde hace varios meses. Cabe explicar que la remota es un sistema que permite operar a distancia las subestaciones desde el centro de operaciones Caujarito.
El administrador de cargas se limita a la referida labor de monitoreo y a registrar en una tabla Excel los tiempos de racionamiento en los circuitos, de manera que no sobrepasen las cuatro horas, tiempo máximo que se supone deben durar las restricciones eléctricas en cada circuito. Este funcionario no interactúa con el sistema, bajo ninguna circunstancia.
El circuito del HGS alimentado por la subestación Arriaga falló a las 6:21 p. m. del 7 de marzo de 2021, como referimos al principio, y el administrador de cargas se comunicó con su superior para reportar la novedad y este último le manifestó que no había habido ningún error, voluntario ni involuntario, y que se había actuado según el protocolo.
Cabe destacar que cuando se está en presencia de un evento de esta naturaleza y, como en este caso, la remota de la subestación no funciona, se debe proceder a “abrir las cuchillas” en el respectivo circuito, correspondiéndole al del Hospital general del Sur se atendidos por la central del municipio San Francisco, quienes debían operar para transferirle la carga.
Cuando el personal de la central de San Francisco llegó al lugar, ocurrió otro percance que impidió la correcta actuación de los técnicos: no disponían la pértiga, una herramienta que permite manipular las cuchillas desde el suelo, por lo que debían esperar ser auxiliados.
Cuando ocurren este tipo de contratiempos se tiene establecido la implementación de un plan de contingencia que contempla que un inspector, supervisor o una unidad con equipo de apoyo, acuda en auxilio para que se produzca la recuperación del servicio. Tal circunstancia es la causa de las demoras, siendo esto lo que ocurrió en el caso del HGS.
Las investigaciones y el secuestro
Al Centro de Operaciones Caujarito se dieron cita, alrededor de las 8 de la noche, funcionarios del SEBIN, los cuales procedieron a interrogar al administrador de cargas, aunque este les advirtió que no era el funcionario responsable, pero estos insistieron y el funcionario suministró la información de que hemos dado cuenta en líneas precedentes.
El administrador de cargas le hizo saber al SEBIN que desde tempranas horas había recibido instrucciones de que debían producirse racionamientos en el circuito del hospital debido al acto político de reapertura que tendrá lugar en horas de la tarde. Luego procedieron a interrogar al operador de distribución y una vez terminada la entrevista se fueron del lugar.
Posteriormente, unas dos horas después, llegó al Centro de Operaciones Caujarito, una comisión del DGCIM que solicitó al administrador de cargas, quien, ante un nuevo interrogatorio, repitió la historia de que ya hemos dado cuenta. Luego hicieron lo mismo con el operador de distribución quien, incluso, llevó a cabo delante de ellos una simulación, es decir, una maniobra que demuestra que la subestación Arriaga carecía de remota, lo cual dio pie a los eventos en cuestión.
Ante los funcionarios del DGCIM quedó perfectamente establecido que cuando se manipulan los sistemas queda registrada la identidad del autor, por lo que ello era demostrativo de la falta de responsabilidad de estos funcionarios de Corpoelec en las fallas eléctricas del HGS.
A pesar de esto, el DGCIM procedió a llevarse con ellos al administrador de cargas y al operador de distribución, convertidos a estas horas en los chivos expiatorios que debían pagar por los acontecimientos que dejaron en evidencia a Nicolás Maduro y a Omar Prieto.
Desde entonces, se acentuó la presión sobre los funcionarios de Corpoelec a quienes a las 4 de la madrugada del 8 de marzo los reseñaron y les hicieron firmar la admisión de los hechos.
Estaban siendo señalados desde ese momento, como los saboteadores del acto político de Nicolás Maduro y Omar Prieto. De nada valieron las explicaciones que una y otra vez repitieron los funcionarios de Corpoelec, El dedo acusador del régimen los apuntaba.
A las 9 de la mañana los llevaron esposados al Hospital Militar para una revisión médica que nunca se llevó a cabo y que sólo sirvió para someter al escarnio público a los funcionarios de Corpoelec.
De regreso a la sede del DGCIM debieron seguir encerrados e incomunicados hasta las 3 de la tarde cuando fueron fotografiados para instrumentarles un expediente.
Dos comisarios de apellidos Álvarez y Sánchez, los mismos que durante toda la jornada los interrogaron, presionaron y coaccionaron, se presentaron casi a las 5 de la tarde y les informaron que el caso había sido dimitido y que podían irse a sus casas. Formularon la inadmisible excusa de que solamente cumplían con su trabajo y obedecían órdenes.
Quedaba en evidencia, una vez más, el modus operandi de un régimen violador de los derechos humanos, la constitución y las leyes.
[1] Diario República. “Gobernador Prieto entregó totalmente rehabilitado el Oncológico ‘Dr. Humberto Fernández Morán’”. 8 de marzo de 2021. https://www.diariorepublica.com/regionales/gobernador-prieto-entrego-totalmente-rehabilitado-el-oncologico-dr-humberto-fernandez-moran
[3] A Punto en Línea. “Reportan falla eléctrica en el Hospital General del Sur”. 19 de febrero de 2021. https://apuntoenlinea.net/2021/02/19/reportan-falla-electrica-en-el-hospital-general-del-sur/?doing_wp_cron=1616188101.6153900623321533203125
Este viernes la fiscalía y la defensa dieron sus argumentos finales, el juez Kevin Castel instruyó al jurado y se iniciaron las deliberaciones. La próxima semana se conocerá el veredicto.
Por Maibort Petit
En el juicio contra Geovanny Fuentes Ramírez, que duró dos semanas y donde salieron a relucir acusaciones contra los presidentes de Honduras del siglo XXI, el fiscal federal Michael Lockard dijo ante el jurado en sus argumentos de cierre que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aceptó sobornos de un narcotraficante entre los años 2013 hasta 2019.
Según Lockard, Geovanny Fuentes Ramírez sostuvo reuniones con Juan Orlando Hernández en dos ocasiones en 2019 y en esos encuentros el acusado le pagó sobornos para lograr seguridad para él , sus asociados y la mercancía (droga) que transportaban desde Honduras a los Estados Unidos.
A lo largo del juicio se escucharon a varios testigos que señalaron que el presidente hondureño recibió coimas de varios narcotraficantes, incluyendo al acusado, Fuentes Ramírez.
Juan Orlando Hernández llegó al poder en 2014, luego de haber ejercido como presidente del Congreso de la República. En 2017 se reeligió y su nombre vinculado a narcotraficantes, empezó a salir a la luz pública cuando su hermano, Tony Hernández, fue juzgado y hallado culpable de delitos de narcotráfico en Nueva York donde enfrenta una condena máxima de cadena perpetua.
Hasta esta fecha, Juan Orlando Hernández no ha sido acusado formalmente por los fiscales, aunque aparece en la acusación de Fuentes Ramírez como co-cooperador #04. El presidente ha negado de manera reiterado las acusaciones en su contra.
De acuerdo a la investigación de la Fiscalía de Nueva York, el acusado sostuvo reuniones con Juan Orlando Hernández hasta 2019, y continúo pagando sobornos para mantener sus privilegios en Honduras. Esta información fue lograda por las autoridades debido a dos reuniones que tuvo Fuentes Ramírez con Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder del cártel de los Cachiros en la cárcel donde ambos se encuentran arrestados en Manhattan.
La fiscalía hizo énfasis en el hecho que el presidente de Honduras recibía coimas de Fuentes y otros y que además quería tener parte de la cocaína propiedad del acusado.
Recordó Lockard que Fuentes Ramírez tenía un laboratorio de drogas ubicado en Cerro Negro cerca de Puerto Cortés, y que el mandatario Juan Orlando había expresado al acusado que quería cocaína para exportarla a través del puerto. El fiscal dijo que "El acceso al laboratorio del acusado valdría millones ".
Pero el acusado no tenía relaciones exclusivamente con el presidente de Honduras, sino con varios miembros del Ejército que formaban parte de los funcionarios con quienes aspiraba realizar operaciones de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico.
Juan Orlando Hernández no se escapa
En documentos presentados esta semana por los fiscales en el caso de Juan Antonio "Tony" Hernández, un ex-congresista hondureño, juzgado por su participación en negocios de narcotráfico, la Fiscalía estadounidense sostiene que Juan Orlando Hernández, hermano mayor de Tony, tenía participación en operaciones de drogas desde hace mucho tiempo, y sostienen que su ascenso al poder político del mandatario fue financiado por narcotraficantes a cambio de protección para sus actividades criminales.
Los fiscales sostuvieron que Tony Hernández era un congresista hondureño que, junto con su hermano Juan Orlando Hernández, desempeñó un papel de liderazgo en una violenta conspiración de narcotráfico patrocinada por el estado”.
Los alegatos contra el presidente de Honduras, dado a conocer en el caso de Tony Hernández se reforzaron en el proceso contra Geovanny Fuentes Ramírez cuando uno de los testigos sostuvo que Juan Orlando Hernández dijo que metería drogas en las narices de los gringos, al tiempo que recibía sobornos de los narcos como condición para no ser extraditados.
El fiscal insistió que Fuentes Ramírez traficaba toneladas de cocaína a los Estados Unidos, que tuvo su laboratorio de drogas, custodiado por hombres armados y que solía comprar y pagar a policías y políticos de su país para mantener su negocio de drogas rentable.
"De hecho, sostuvo el fiscal, Fuentes Ramírez entregó dinero en efectivo en un trato corrupto con el futuro presidente de Honduras, traficó kilos de cocaína a Miami, se asoció con cárteles, compró policías y asesinó gente".
El fiscal dijo que Fuentes empezó trabajando con Metro, primo de los hermanos Javier y Leonel Rivera, ambos del cártel de los Cachiros.
Acotó que "cuando el trabajo en Miami fracasó, abrieron un laboratorio de drogas en Cerro Negro. En Honduras un kilo de cocaína vale unos $ 9000 dólares, que se puntiplica en los Estados Unidos"
Agregó que Fuentes Ramírez le contó a Leonel Rivera sobre su laboratorio, en la gasolinera de Rivera. Asimismo, le dijo sobre la redada en su laboratorio. "Pero debido a los contactos del acusado con policías corruptos, sacó las drogas y además, asesinó al policía".
Refirió el fiscal el testimonio del contador, cuyo nombre ficticio es José Sánchez, quien aseguró frente al jurado que sabía sobre el laboratorio. "Jarufe lo envió allí con dinero en efectivo. En ambas ocasiones lo detuvo la seguridad armada. No los caficultores".
También hizo mención al testimonio de Jorge Medina, el ingeniero agrónomo de Ganaderos que testificó que Fuentes Ramírez había pagado para que no no investigarán en dos oportunidades y le dio un soborno a a Barahona para callarlo.
Según el testimonio, Sánchez dijo que en 2013 Juan Orlando Hernández había designado a Barahona y se postuló para la presidencia.
Para la época de la postulación de Hernández, Los Cachiros pagaron enormes sumas de dinero a Juan Orlando Hernández, a Pepe Lobo y a Manuel Zelaya para que les ofrecieran protección y no los extraditaran a los Estados Unidos.
Igualmente, sostuvo que Ricardo Álvarez, quien sería el vicepresidente de Honduras, también recibió sobornos.
Sánchez vio a Juan Jarufe, al acusado y Juan Orlando Hernández reunirse, Juan Orlando Hernández se llevó $ 15,000 en efectivo y de paso quería tener acceso a la cocaína del acusado.
El fiscal federal comentó que Juan Orlando Hernández dijo que le daría al imputado el número de celular de su hermano Tony Hernández, quien estampó los kilos (de cocaína) con sus propias iniciales.
Agregó que debido a que los Cachiros no invirtieron en el laboratorio de drogas de Fuentes, éste se asoció con Juan Orlando Hernández y su hermano, Tony Hernandez.
Entre otros aspectos, el fiscal señaló que Fuentes Ramírez mató a un mecánico de botes, para congraciarse con los Cachiros a quienes el mecánico se jactaba de robar. Entonces el imputado comenzó a trabajar con Leonel Rivera: un cargamento de 500 kilos del colombiano Vargas R. También participó en un envío aéreo a las pistas de aterrizaje de Freddy Najara. El acusado lo transportó, armado con lanzagranadas.
Frente al jurado, el fiscal advirtió que además de haber estado relacionado con los Cachiros, Fuentes Ramírez trabajó con el cártel de Sinaloa bajo el mando del Chapo Guzmán en un envío de unas tres toneladas de cocaína.
Para esa época, Fuentes y Metro se convirtieron e rivales de Los Cachiros y fue entonces cuando el acusado intentó matar a Devis Leonel Rivera.
Fue entonces cuando Devis Leonel Rivera se convirtió en cooperador del gobierno de Estados Unidos,.
El fiscal sostuvo además que en teléfono celular del acusado, aparecen los números del presidente y el del vicepresidente de Honduras. Tiene decenas de oficiales policiales y militares.
Acotó que "la evidencia muestra que el acusado conspiró para traficar drogas a los Estados Unidos, con armas de fuego. Él es culpable".
Un nuevo revés sufrió la aspiración del régimen de Nicolás Maduro de lograr recuperar unos $10 mil millones a través de una demanda contra las gigantes petroleras a través PDVSA U.S. Litigation Trust por una presunta conspiración multimillonaria para fijar precios y manipular licitaciones. Un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 11 ° Circuito dictaminó que el fideicomiso no puede ejecutar la demanda que fue inicialmente interpuesta en una corte del estado de la Florida.
El panel de tres jueces rechazó los argumentos de que PDVSA U.S. Litigation Trust, que fue formado por la petrolera venezolana Petróleos de Venezuela, S.A.en 2017, anulando la posibilidad de que el fideicomiso podría demandar como cesionario de la empresa en virtud de un contrato de dicha figura que ha sido calificada de fraudulenta.
David Boies de Boies Schiller & Flexner, había solicitado a un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 11 ° Circuito en Atlanta, que restablezca la demanda civil del Fideicomiso ( PDVSA US Litigation Trust) introducida el 5 de marzo de 2018 en Miami y que fue desestimada por el juez federal de distrito Darrin P. Gayles en 2019.
Durante los argumentos orales en el caso en mayo pasado, Boies dijo al panel que la creación del fideicomiso era necesaria porque “a todos les preocupaba que las personas involucradas en la corrupción usaran su influencia política para juzgar para conseguir que una facción u otra acabe con este litigio ".
Luego de las audiencias, los jueces emitieron un fallo de 18 páginas, en la que se ratifica el veredicto de un juez federal de Florida que había desestimando la acción. Esta orden se emitió en el tribunal de Apelación a pesar de su desacuerdo con algunas de las conclusiones del juez.
Cuando el magistrado Gayles denegó la querella argumentó que "los problemas políticos en Venezuela no habían permitido que los testigos probaran la autenticidad de las firmas que aparecen en el acuerdo que crea el fideicomiso", cuyo objetivo era interponer la causa contra más de 40 personas y petroleras transnacionales. Durante las diligencias que se hicieron en la corte del Distrito Sur de la Florida, sólo dos de las personas que firmaron el acuerdo lograron reconocer sus firmas. PDVSA no pudo autenticar las otras tres rúbricas ante el tribunal.
El juez Gayles también argumentó en su fallo que la Asamblea Nacional de Venezuela declaró que el acuerdo de confianza era inválido e inconstitucional. Asimismo sostuvo que la ley de Nueva York prohíbe que los fideicomisos se constituyan con "la intención y con el propósito principal de presentar una demanda".
El magistrado explica en su decisión que "El propósito claro del acuerdo de fideicomiso era presentar esta demanda, con abogados e inversores como los principales beneficiarios", escribió el juez.
David Bois habló ante los jueces el viernes 22 de mayo de 2020, en una audiencia donde la defensa estuvo representada por litigantes del bufete Paul Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison.
El juez de distrito de los Estados Unidos, Darrin Gayles, tomó dos determinaciones críticas en su orden de 2019 desestimando el caso: que el fideicomiso no autenticó adecuadamente el acuerdo de fideicomiso y que el acuerdo de fideicomiso fue champerto y por lo tanto nulo.
Champerty es un término legal para un acuerdo poco ético que surge cuando un tercero no relacionado con el litigio acuerda demandar y pagar los costos del litigio a cambio de una parte de los ingresos recuperados.
Gayles dictaminó que la asignación de PDVSA de sus reclamos al fideicomiso era "de dudosa autenticidad y legalidad" y señaló que la Asamblea Nacional de Venezuela ha declarado el acuerdo de fideicomiso inválido e inconstitucional.
La decisión del panel de jueces del 18 de marzo de 2021, firmada por el juez de circuito estadounidense Adalberto Jordan, señaló que el tribunal de distrito “puede haber cometido un error de procedimiento al resolver definitivamente la cuestión de la champerty en la etapa de la Regla 12 (b) (1) porque La pregunta probablemente implicó los méritos de las reclamaciones del Litigation Trust ".
"Esta apelación podría haber salido de manera diferente si se hubiera argumentado de manera diferente", escribió Jordan.
El magistrado firmante señaló que había un "argumento fuerte" de que el tribunal de distrito debería haber utilizado un estándar específico para abordar si el acuerdo fue champerto. Pero los abogados del fideicomiso simplemente no plantearon objeciones de procedimiento por esos motivos.
"En un caso como este, que involucra a litigantes sofisticados representados por un abogado competente, no hay razón para apartarse del principio general de presentación de las partes, y nos negamos a aceptar de manera espontánea la falta de aplicación del estándar de la Regla 56 por parte del tribunal de distrito". los estados gobernantes.
El fallo de la corte de Apelaciones explica que el fideicomiso se creó específicamente para perseguir los reclamos de la denuncia. Solo el 34% de cualquier recuperación de un litigio va a PDVSA, afirma el fallo, y el resto del dinero se divide entre los abogados, el investigador y el financiero del fideicomiso.
Los detalles del caso
La demanda presentada por el fideicomiso PDVSA US Litigation Trust, a través de la firma Boies Schiller Flexner LLP, tenía como objetivo recuperar al menos $10 mil millones por daños a Petróleos de Venezuela, causados por una conspiración encabezada Francisco Morillo, Leonardo Baquero, Daniel Lutz, Luis Liendo, John Ryan, quienes se habrían apoderado de manera fraudulenta de la data de PDVSA para poder manipular los precios y beneficiarse ilegalmente con miles de millones de dólares.
En la querella fueron acusadas las siguientes empresas: Lukoil Pan American LLC, Lukoil Petroleum LTD, Colonial Oil Industries, Colonial Group INC, Glencore LTD, Glencore International A.G, Glencore Energy U.K, Masefiel A.G, Trafigura A.G, Trafigura Trading LLC, Trafigura Beheer B.V, Vitol Energy (Bermuda), Vitol S.A, Vitol INC.
Asimismo fueron acusados los siguientes ejecutivos de las empresas involucradas: Andrew Summers, Maximiliano Poveda, José La Rocca (Trafigura Trading), Luis Álvarez, Gustavo Gabaldón, Sergio de la Vega (Glencore), Antonio Maarraoui (Vitol), Paúl Rosado (Colonial Group), María Fernanda Rodríguez y Campo Elías Páez.
La demanda civil se introdujo el 5 de marzo de 2018 en la corte federal de Miami. Desde el inicio del caso, se plantearon dudas con relación a la legitimidad de la naturaleza del ente demandante y la posibilidad real de que el mandato mismo pudiera significar reclamaciones en nombre de la estatal petrolera PDVSA.
Varios de los equipos de defensa cuestionaron el hecho de que la constitución del Fideicomiso presentaba lagunas que no pudieron ser aclaradas. Alegaron que la creación de PDVSA US Litigation Trust no poseía real legitimidad para realizar los reclamos a nombre de PDVSA.
La demanda alega que los acusados saquearon a PDVSA al participar en una conspiración que incluyó "sobornar y corromper a los funcionarios de PDVSA para obtener información privilegiada que les permitiría socavar las ofertas de PDVSA para productos energéticos".
Lo que dijo David Bois a los jueces
El abogado David Boies, del bufete Boies Schiller & Flexner, sostuvo ante un panel de tres jueces que la creación del PDVSA US Litigation Trust era una vía indispensable "para darle transparencia a la demanda" porque había "una enorme preocupación de que las personas involucradas en la corrupción podría ejercer su influencia política para obtener una parte del dinero que se lograra recuperar como resultado de la querella".
Bois explicó que si bien, PDVSA pudo ser el ente demandante, prefirió hacerlo a través el fondo de litigio por el problema de la corrupción que existe en el país y que está presente en todas las facciones políticas. "Todos sabían que los conspiradores de esta querella tenían dinero y eran capaces de usar toda su influencia para intentar descarrilar el litigio una vez que se introdujera en la corte".
Los equipos de defensa de los acusados, solicitaron a los jueces a ratificar la orden del juez Gayles de desestimar la causa.
El litigante Bruce Birenboim, del bufete Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, sostuvo que "PDVSA US Litigation Trust no fue capaz de demostrar su capacidad legal para demandar la causa en la corte".
Birenboim recordó que para que la querella pudiera procesarse debía procederse primero con la autentificación del ente demandante y que dicho requisito no se pudo cumplir.
Uno de los jueces del panel, Adalberto Jordan comentó que el acta constitutiva del fondo de litigio tiene varias firmas. "Si se tiene evidencia competente de que algunas de las firmas es genuinas y legítimas, sería suficiente para superar el obstáculo de autenticación".
La defensa respondió que "Para tener validez, el fideicomiso debe tener una asignación legal". Por ende, la defensa argumentó que "el fideicomiso es nulo y que no puede haber una asignación legal si las firmas no pueden autenticarse".
La conspiración
La acusación describe un intrincado esquema supuestamente puesto en funcionamiento desde 2004 y que habría permitido a directivos de la estatal petrolera, así como a empresas dedicadas al comercio energético, obtener beneficios provenientes de la estafa a PDVSA por más de 14 años. La conspiración permitía a los acusados armar ofertas, pagar de menos en compras y cobrar de más por las ventas, lo que supuestamente habría resultado en pérdidas de miles de millones de dólares para PDVSA.
PDVSA US Litigation Trust denunció a dos consultores venezolanos —Francisco Morillo y Leonardo Baquero— quienes supuestamente sobornaron a directivos de Petróleos de Venezuela, S.A. en connivencia con corredores internacionales para, irregularmente, obtener beneficios provenientes de los contratos de venta y suministro de la estatal venezolana.
La defensa del principal acusado del caso, Francisco Morillo se basó en el hecho que el fideicomiso tenía graves fallas, para lo cual presentó a la corte [el 26 de marzo de 2018] una copia del “Contrato de Fideicomiso de Litigios de PDVSA en los EE. UU.” del 27 de julio de 2017 el cual estaba parcialmente ejecutado. Frente a esta acción, los abogados de Bois presentaron una versión diferente del documento.
Según destacan los documentos, la última interpretación es diferente a la original, incluyendo los actores firmantes del mismo. El documento presentado el 2 de abril de 2018 al tribunal, mostraba que PDVSA US Litigation Trust nombraba un Fideicomisario designado por PDVSA (Nelson Martínez, Ministro del Poder Popular para el Petróleo para la época [fallecido bajo custodia del Estado en diciembre de 2018], como parte, y la firma del Procurador de la República Bolivariana de Venezuela [para esa fecha], Reinaldo Muñoz Pedroza). Otra de las partes firmantes fue Alexis Arellano Bolívar, Gerente General de Administración del Ministerio del Poder Popular de Petróleo. En el mandato también aparecen nombrados por los Abogados del Fideicomiso, Vincent Andrew de Private Capital Advisors, Inc. en la ciudad de Nueva York y Edward P. Swyer de The Swyer Companies en Albany, Nueva York. Llamó la atención que en el acuerdo sometido como evidencia por Morillo, el apoderado de PDVSA era Miguel Bolívar, con el cargo de Gerente Corporativo de Tesorería de PDVSA. Ambos documentos fueron firmados en Nueva York el 27 de julio de 2017.
En el documento denominado "Acuerdo del Fideicomiso" dice que dicha figura fue creada “por PDVSA para el único beneficio, y en nombre de, PDVSA”. Mediante el Contrato de Fideicomiso, PDVSA transfirió, asignó y entregó irrevocablemente todos sus derechos e intereses en los reclamos que surgen del presunto esquema de soborno a PDVSA US Litigation Trust.
Entre las evidencias aparece una carta de compromiso firmada por PDVSA, dos semanas antes de la creación del fideicomiso, para la constitución del mismo con un abogado estadounidense de los bufetes Boies Schiller Flexner LLP y Meister Seelig & Fein LLP para actuar como consejero de la confianza.
La millonaria aspiración
Los demandantes aspiraban encauzar civilmente a unas 40 personas, naturales y jurídicas, por supuestamente haber cometido delitos de corrupción en PDVSA y para ello presentaron un conjunto de evidencias que bien podrían también servir en otras investigaciones federales.
Por esta acción, PDVSA US Litigation Trust aspiraba obtener unos $ 10 mil millones, así como otros dividendos extras en razón de las pérdidas sufridas durante catorce años, es decir, el tiempo en que la conspiración supuestamente estuvo vigente.
PDVSA US Litigation Trust es un fideicomiso creado en Nueva York con el objetivo de investigar a los acusados y el cual levantó muchas sospechas y dudas entre los venezolanos, dada la naturaleza del fondo de fideicomiso y su beneficiario, puesto que no había claridad en torno a la identidad del querellante por la ambigüedad del recurso legal interpuesto. No se dejaba firmemente establecido que PDVSA fuera el accionante.
También se plantearon muchas dudas acerca de quién sería el beneficiario de la querella y plantearon como inaceptable que el despacho de abogados de David Bois terminara quedándose con el dinero obtenido en contra de los intereses de Venezuela.
Intimidación y soborno
La demanda sostiene que los acusados supuestamente se valieron de mecanismos de intimidación y de sobornos para lograr el propósito de mantener la operación invisible durante los catorce años que tuvo de vigencia.
Refiere que fue necesario el concurso de abogados e investigadores en Estados Unidos, Venezuela y Europa para poner al descubierto la trama de corrupción.
La operación
Se explica que la operación objeto de la conspiración fue ejecutada en tiempo directo, pues sus protagonistas tuvieron acceso al sistema informático de PDVSA luego de haber clonado el servidor del departamento Comercial y de Suministros de la estatal.
Los demandados, Francisco Morillo y Leonardo Baquero, habrían instalado en sus oficinas en Miami el servidor clonado, lo cual les permitió obtener información en caliente sobre las otras empresas que participaban en las licitaciones y sus ofertas.
Incluso —reza la demanda— intervenían haciéndose pasar por Petróleos de Venezuela a través de un correo electrónico, a saber, pdva.com —obsérvese que le falta la letra “s”— con lo cual alteraban las ofertas y la negociación en su favor.
El fideicomiso demandante señala en su acusación ante la Corte de Distrito del Sur de Florida que Francisco Morillo y Leonardo Baquero supuestamente sobornaron a directivos de PDVSA y actuaron en contra de los intereses de la estatal en conjunción con corredores mundiales, tales como Glencore, Vitol y Trafigura, al igual que empresas del ramo energético como Lukoil y Colonial Oil Industries.
Morillo y Baquero constituyeron en Venezuela en mayo de 2001 la empresa Waltrop Consultant, la cual tiene como objetivo la prestación de servicio de inteligencia al mercado de energía, especialmente a PDVSA.
Posteriormente, el 2004, los demandados establecieron en Panamá la empresa consultora Helsinge Inc. a través de la cual se relacionaron comercialmente con Petróleos de Venezuela, S.A. Esta compañía tenía sucursales en Miami, Ginebra y en la isla británica de Jersey.
De acuerdo a lo dice la demanda, Helsinge Inc. Supuestamente permitió que algunos de los principales clientes y proveedores de Petróleos de Venezuela conocieran de primera mano información privilegiada sobre las licitaciones de la estatal venezolana sobre la venta de sus exportaciones de petróleo y acerca de la compra productos utilizados en la refinación de hidrocarburos.
Rechazo de la Asamblea Nacional
La Asamblea Nacional se pronunció sobre esta demanda y advirtió que el Poder Legislativo era el único con potestad para darle el visto bueno a los contratos de cesión de derechos en un litigio y no el Estado.
En tal sentido, la AN aprobó un Proyecto de Acuerdo sobre la cesión de derechos de litigio de Petróleos de Venezuela, S.A. en los Estados Unidos.
Con la decisión adoptada por el gobierno se contraviene lo establecido en la Constitución de la República en el artículo 18, numeral 9 que faculta a la Asamblea Nacional para “autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de interés nacional, en los casos establecidos en la ley. Autorizar los contratos de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela”.
El Poder Legislativo Nacional acordó “Solicitar a la Subcomisión especial para investigar el Fideicomiso PDVSA US Trust que investigue si la constitución del ‘PDVSA US Litigation Trust’ se efectuó con la participación efectiva de la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela; así mismo se investigue los términos legales del fideicomiso.
“Investigar el Fideicomiso US PDVSA Trust que, en caso que el ‘PDVSA US Litigation Trust’ haya sido constituido por la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela, se verifique capacidad legal de PDVSA para celebrar este tipo de negocio jurídico, principalmente los términos legales en los que ocurrió.
“Alertar sobre los riesgos que corre el dinero de la República y de todos los venezolanos en el caso de que la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela se haya excedido en sus facultades al ceder derechos de litigio sobre bienes patrimonio de la República que pudiera materializarse con la imposibilidad de recuperación o regreso de esos recursos al erario público.
“Solicitar ante los órganos competentes que se realicen las investigaciones correspondientes a los fines de verificar el delito de conspiración denunciado con el establecimiento de las responsabilidades que hubieren a lugar”.
Lo que en un principio resultó una curiosa —y por momentos hasta divertida— manera de gobernar, devino en autoritarismo y una estrategia para distraer a la opinión pública del verdadero foco de atención que son las cada vez más reiteradas irregularidades que tienen lugar en la actual administración salvadoreña.
Por Maibort Petit
El hartazgo que el pueblo de El Salvador respecto a una hegemonía bipartidista corrupta que gobernó la nación centroamericana durante 30 años, le allanó el camino a un joven político que se erigió como la esperanza para restituir la institucionalidad, la justicia y la democracia: Nayib Bukele, quien recibió todo el apoyo de una nación que se identificó con sus postulados, ideas y opiniones, expresados en mensajes de 120 caracteres vertidos en las redes sociales. Sin embargo, una vez en el poder, sus decisiones, órdenes y actuaciones develaron ver el verdadero talante de un gobierno que ha hecho del secretismo, la confrontación y la arbitrariedad, una política de estado que lo ubica en la frontera, muy al borde, de lo irregular, de la criminalidad.
Bukele fue alcalde de Nuevo Cuscatlán y San Salvador, donde tuvo unas gestiones creativas y exitosas que le captaron la simpatía de todo el país, pero que al mismo tiempo le permitieron distraer la atención de la opinión pública de lo que ocurría tras bastidores, un entramado de negociaciones entre las empresas de su familia, especialmente, Obermet, S.A. de C.V., una compañía de su propiedad que ahora estaba en manos de su hermano Karim Armando Bukele, que obtenían múltiples contratos y licitaciones.
Se presentó como el candidato antisistema que ofrecía una transformación del país centroamericano a través de un programa denominado Plan Cuscatlán de "nueva gobernanza", que contenía sus propuestas de seguridad, inclusión social, combate a las maras y la corrupción, reformas educativas y becas universitarias, la exención de impuestos a 100.000 familias en situación de vulnerabilidad, así como la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
Gobierno de amigos
Nayib Bukele comenzó a gobernar El Salvador el 1º de junio de 2019, luego de asumir la presidencia de la república en un acto público que, por primera vez, se realizaba en la plaza central de San Salvador.
Cuando finalmente se conoció la integración del gabinete de gobierno, pudo observarse que el núcleo del mismo lo constituían 14 personas pertenecientes al círculo de confianza de Nayib Bukele. Se trataba de amigos de la infancia, personas que habían sido empleados de sus empresas, exfuncionarios que lo acompañaron en la Alcaldía de San Salvador y dirigentes de Nuevas Ideas. Un grupo que dejaba ver que, para su escogencia, más que las capacidades, preparación, experiencia y mérito, había privado la incondicionalidad.
Todo aquello que hasta entonces había sostenido Bukele como bandera se iba al traste. Parecía no recordar cómo había criticado a Salvador Sánchez Cerén, de quien dijo “estaba intoxicado de familiares y amigos”. Tampoco se acordaba del nepotismo de GANA, del PCN y de Arena, que tanto había acusado. Ahora su gabinete ministerial lo integraban miembros de su familia, socios y amigos íntimos.
Rodeado de familia
Hijo de Armando Bukele Kattán y Olga Marina Ortez, oriundos de Belén, él musulmán y ella católica, Nayib Armando Bukele Ortez nació en San Salvador en 1981. De ese núcleo familiar —Armando Bukele tuvo más uniones e hijos— forman parte también Karim Alberto y los mellizos Yusef Alí e Ibrajim Antonio.
Sus hermanos, aunque no ostentan oficialmente cargos en el gobierno, oficiosamente forman parte de la administración del presidente Nayib Bukele con un gran poder y ascendente sobre el mandatario. De hecho, según refieren las investigaciones periodísticas, la opinión de los hermanos supuestamente prevalecen por encima de la de los 16 ministros, seis secretarios de la presidencia y tres comisionados que integran el gabinete, en lo que se refiere a asuntos de primera línea.
Se afirma, incluso, que cuando se trata de decisiones importantes, Nayib Bukele sólo consulta a sus hermanos, lo que les otorga a los Bukele Ortez un papel decisivo, pero poco controlado, esto porque al no tratarse de funcionarios públicos, no están sometidos a los dictámenes de la contraloría de los empleados públicos.
Otro hermano del presidente, a saber, Yamil Alejandro Bukele Pérez, preside el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), mientras sus primos, Xavier Zablah Bukele (presidente de Nuevas Ideas) y su hermano Francisco, también integran este primer anillo.
Su tío, Jorge Miguel Kattán, es secretario de Comercio e Inversiones de la presidencia de la república y la esposa de Nayib Bukele, Gabriela Rodríguez, ejercería la función de reclutar los integrantes del gabinete Social.
De acuerdo a una nota de El Faro, los hermanos “Se han repartido por áreas: Yusef es el del gabinete económico; Karim, el estratega político, el de los discursos; Ibrajim es emisario para negociaciones o misiones especiales del presidente: por ejemplo, ejecutar proyectos de reactivación económica”. Sin embargo, esta misma fuente advierte que no se trata de una división absoluta de tareas, pues “cada uno se mueve a su antojo en toda la estructura del Ejecutivo, pero sí un ordenamiento tácito de los rubros en los que, tras un año de gestión, cada uno tiene más control”. La reseña comenta que el propio presidente reconoció públicamente el papel de sus hermanos, especialmente de Karim.
Sobre Ibrajim y Yusef Bukele Ortez, la nota periodística refiere que “Suelen ser parte en reuniones privadas. Ibrajim fue, por ejemplo, delegado de Bukele en una reunión del comité creado para administrar 2,000 millones de dólares para la emergencia por el coronavirus, y que estaba conformado por seis funcionarios de Gobierno y cinco representantes de sociedad civil”.
Se desconoce si los hermanos Bukele reciben algún salario por sus funciones, aunque Nayib Bukele ha asegurado que sus asesorías son gratuitas.
Se sabe que los hermanos Bukele han participado de misiones oficiales tanto nacionales como en el exterior. Karim Bukele tuvo un papel fundamental cuando El Salvador suscribió una serie de acuerdos de cooperación y comerciales con China en 2019, durante una visita oficial del presidente a esa nación asiática. Una labor que, incluso, reconoció la embajadora de China en el país centroamericano: “Un agradecimiento especial al Sr. Karim @bukele. Sin su trabajo valioso y su aporte importante, no habríamos logrado los éxitos de la Visita de Estado del Presidente Bukele a China”.
Sin embargo, El Faro destaca que tales reconocimientos no fueron suficientes a la hora de que “la Presidencia de El Salvador declaró inexistente cualquier información relacionada al viaje de Karim Bukele. ‘Según el proceso de investigación realizado en las diferentes unidades respecto al Señor Karim Bukele, le informo que no se encuentra nombrado en la Presidencia, según datos de la Gerencia de Recursos Humanos al igual que no se han encontrado registros de viajes pagados con fondos institucionales, según respuesta de la Gerencia Financiera’, dice un memorándum de la Secretaría Privada. Una muestra más del limbo en el que se mueven los hermanos del presidente: ejecutan, acuerdan, negocian, pero nada de eso es público si no lo revelan ellos, nada es auditable, no hay información oficial. A efectos prácticos, parece ser que un ciudadano salvadoreño como cualquier otro, a título personal, negoció acuerdos con China en nombre de El Salvador”.
Respecto a Yusef Alí Bukele, este se definió como “un intermediario entre el sector privado y el presidente, como una puerta de entrada: ‘Yo tengo el oído del presidente’”. Formó parte de una misión oficial que acompañó a la canciller, del 18 al 25 de agosto de 2019, a Turquía, aunque “No existe un documento gubernamental que describa a Ibrajim Bukele de esa forma ni que explique cuáles son sus funciones como representante del pueblo salvadoreño”, aunque recibió pasajes y viáticos”.
Nayib, ¿el dictador?
Aunque en principio se tornó como un hecho curioso, excéntrico, ocurrente y, en ocasiones, divertido, devino en una agresiva estrategia política y de comunicación para la que Nayib Bukele se valió de las redes sociales. De hecho, el presidente, ha terminado gobernando a través de Twitter.
Así, a través de mensajes de 120 caracteres, Bukele comenzó a impartir directrices y órdenes a los integrantes de su gabinete. De hecho, recién llegado a la presidencia, procedió al despido de funcionarios de la anterior administración por medio de agresivos tweets.
La confrontación y la agresividad se convirtieron en un hecho recurrente que empezó a extenderse a los otros poderes públicos, por lo que las miradas se dirigieron en torno suyo, pues la constante controversia ponía cada vez más en jaque el ejercicio democrático en El Salvador. La institucionalidad salvadoreña está comenzando a verse amenazada, por el giro autoritario que había tomado su gestión.
La curiosidad de comunidad internacional manifestada al principio de su gobierno, ahora se tornaba en preocupación, pues sus actuaciones estaban encaminadas a controlar el resto de los poderes públicos, especialmente el legislativo, que tuvo su máxima expresión en la toma de la sede de la Asamblea Legislativa por parte del mandatario, acompañado de las fuerzas militares el 9 de febrero de 2020. El asalto de Nayib Bukele al parlamento, obedecía, según su criterio, a la exigencia de que se le aprobara un préstamo proveniente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por USD 109 millones, destinado al equipamiento de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio de la Defensa.'
Un hecho que encendió las alarmas nacional e internacionalmente, habiéndose producido un pronunciamiento masivo en contra de la toma por parte de la Comisión de Derechos de la Organización de las Naciones Unidas, el Departamento de Estado de Estados Unidos, las embajadas de Reino Unido, Canadá y la Unión Europea en El Salvador.
El poder legislativo rechazó la actuación de Bukele y advirtió que no aceptaría presiones del mandatario. El presidente, entonces, retrocedió un poco e intentó calmar los ánimos, pidiendo paciencia a la población y dando un ultimátum a la Asamblea Legislativa para que aprobaran el crédito.
Pero estos hechos no han sido los únicos que han alarmado a la opinión pública nacional e internacional. Por ejemplo, las medidas adoptadas por Nayib Bukele en contra de las pandillas, conocidas como “maras” en El Salvador, llamaron poderosamente la atención de los organismos de los derechos humanos que hicieron serios cuestionamientos de las mismas.
El presidente Bukele autorizó el uso de la fuerza letal contra pandillas y generó una convulsión total, a o que se agregó la publicación de unas fotografías que mostraban a decenas de miembros de pandillas sin camisa y forzados a sentarse uno encima del otro en prisión, en plena crisis por el coronavirus.
También ordenó el cierre de las fronteras salvadoreñas, del aeropuerto para vuelos internacionales y aplicó una estricta cuarentena. Para remate, giró la orden a las fuerzas armadas de arrestar a quien infringiera y remitirlos a “centros de cuarentena”.
La Corte Suprema de Justicia intervino y declaró inconstitucionales los arrestos, al tiempo que ordenó su suspensión. La respuesta de Bukele fue la negativa a obedecer y en su cuenta en Twitter advirtió: “5 personas no van a decidir la muerte de cientos de miles de salvadoreños” y agregó: “Una cosa es interpretar la Constitución, otra muy diferente es ordenar la muerte del pueblo”, rematando con que la “sala no tiene facultades para implementar o quitar medidas sanitarias, ni para decidir sobre contenciones epidemiológicas”.
El combate contra el coronavirus, en El Salvador se convirtió en una guerra entre los poderes públicos. El enfrentamiento del presidente con el resto de los poderes público era ahora absoluto, desatando una crisis institucional que se veía sazonada con el temor sobre el peligro de la instauración de un gobierno autoritario.
Ante las acusaciones que lo señalan como un autoritario, Nayib Bukele se defiende: “Si yo fuera un dictador o alguien que no respeta la democracia, ahora hubiera tomado el control de todo. Según las encuestas, el 90% del pueblo nos apoya. También lo hacen las Fuerzas Armadas y la policía. El pueblo se enojó cuando pedí calma, pero si hubiera querido hubiera tomado el control de todo el Gobierno esta noche. Si alguien prefiere enfocarse en una fotografía [la imagen que retrató la toma de la Asamblea Legislativa por los militares], está en su derecho, pero hay que ver todo lo que está pasando. El pueblo se dio cuenta que los diputados retiraron el apoyo a los soldados y a los policías que están en las calles y a quienes están matando. Porque El Salvador es un pueblo violento, no hay una sola familia en el país a la que no le hayan matado un familiar. No quiero ni imaginar si a España le sucediera el 10% de lo que pasa aquí. En El Salvador se dan todas las condiciones para el estallido social, pero si no sucede es porque yo pedí al pueblo que tuviera calma. Aunque me griten y pierda apoyo entre mis propios seguidores, pero pienso que es mejor que el país esté en calma”, advirtió Bukele en una entrevista que le hizo El País vía telefónica a propósito de la toma de la Asamblea Legislativa.
Presencia venezolana en el gabinete salvadoreño
Aparte de los amigos, familiares y allegados de Nayib Bukele, en su equipo de gobierno llama la atención la presencia de un grupo de venezolanos ligados a la organización política, Voluntad Popular, liderada por Leopoldo López.
En primer término, se trata de Sara Hanna Georges, Miguel Arvelo y Miguel Ángel Sabal Matheus, denunciados recientemente por funcionarios adscritos al ministerio de salud, como personas que supuestamente se estarían sobrepasando en el ejercicio de sus funciones como integrantes de la mesa de Crisis de la Pandemia de Coronavirus en carácter de asesores presidenciales.
Georges, Arvelo y Sabal, según documentos, estarían dictando órdenes dirigidas a manipular las cifras y estadísticas de afectados por Covid 19 en la nación centroamericana. De hecho, ordenaron no procesar más de 1.600 pruebas para COVID-19 que habían sido tomadas el 22 de mayo y días anteriores, según el documento que circuló en redes.
Ante la acusación de injerencia de los venezolanos, la Comisionada Presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, admitió la contratación, pero advirtió que es el gobierno el que toma las decisiones sobre el Covid 19. "Sí tenemos asesores venezolanos que están trabajando, pero no están tomando las decisiones, solo son asesores y están haciendo un buen trabajo (…) Todo el resto es parte de una campaña política para tratar de afectar el excelente trabajo del Gobierno reconocido por la población y por el mundo entero”.
También el ministro de Salud, Francisco Alabí, defendió las asesorías de los venezolanos y aseguró que no tienen poder de decisión.
El mandatario se hizo acompañar de un gran equipo de asesores internacionales durante su campaña electoral y, a los que ya habían trabajado con él en Nuevo Cuscatlán, se sumó el grupo vinculado a la oposición venezolana, contándose entre ellos —además de los citados anteriormente— a Eugenia Mercedes de Lourdes Vegas Rodríguez Aizpurúa, Juan Carlos Gutiérrez y Elisa Totaro, esta última “ganadora de diversos premios Reed y dueña de un extraordinario talento en la producción de spots y eventos políticos”, según refiere una nota de El Salvador.
También Lester Toledo asesora a Bukele, como lo admitió en una entrevista concedida al portal Panampost, que trabaja para Bukele. También negó las acusaciones en su contra respecto al supuesto manejo irregular de ayuda humanitaria. Toledo fue designado como coordinador de dicha ayuda. El diputado aclaró que el dinero que posee para sus operaciones personales proviene de su trabajo como asesor de campañas políticas. “Yo salí al exilio en noviembre de 2016 y justo al salir, toda la historia la conoce la gente, perseguido, con orden de captura, con 86 días en clandestinidad, con prohibición de salir del país… Al salir, el primer apoyo que recibí fue de Freedom House [la organización le donó USD 15.000 de un fondo para perseguidos políticos] Yo tenía pocos ahorros. Vendí los carros que teníamos en Maracaibo. Pensé que con eso sobreviviría seis meses y fue pasando el tiempo hasta que descubrí: ‘Bueno, tengo que ponerme a trabajar'”.
Toledo trabajó en la campaña de Guillermo Lasso en Ecuador y las de José Antonio Meade y Nayib Bukele, habiendo sido bien retribuido por estos trabajos, afirma. “Yo soy el jefe de la oficina de organización de Bukele en El Salvador. Si tiene algún corresponsal en El Salvador, pueden abordar al presidente y preguntárselo de frente: ‘¿Quién dirigió tu campaña?’. Todos reconocen que fui yo”.
Por su parte, Elisa Totaro contó en su cuenta en la red social Facebook su experiencia: “Hace unos meses tuve el privilegio de trabajar en la campaña de Nayib Bukele, el nuevo presidente de El Salvador. Hoy todo ese esfuerzo se materializó en su toma de posesión (…)”.
Sobre los antecedentes de Elisa Tótaro, se sabe que durante una década ella y su agencia estuvieron vinculadas a las campañas electorales de líderes opositores venezolanos y a otras de respaldo a los presos políticos venezolanos. En 2015, la venezolana fue la encargada de la creación de los spots televisivos y del sitio web de la coalición Unidad, que llevó a la oposición venezolana a ganar mayoría calificada en la Asamblea Nacional.
Entretanto, Miguel Sabal fue nombrado por Juan Guaidó como encargad o del manejo de la ayuda humanitaria proporcionada por USAID, siendo señalado de cometer irregularidades en el manejo de esta.
Por su parte, Eugenia Mercedes de Lourdes Vegas Rodríguez Aizpurúa está adscrita al Ministerio de Turismo. Fue contratada de manera directa por Casa Presidencial como experta en marketing y turismo.
En el caso de Juan Carlos Gutiérrez, abogado que defendió a Leopoldo López durante el juIcio en el que fue declarado culpable por un tribunal al servicio del régimen de Nicolás Maduro, es poco lo que se conoce sobre sus funciones en El Salvador. Sólo se sabe que funge como asesor internacional en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
¿Lucha contra la corrupción?
La presidencia de la república llegó Nayib Bukele, principalmente enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción, pero ya desde la campaña estaba siendo investigado por parte de la Fiscalía General de la República, por supuesta evasión fiscal, lavado de dinero y fraude de ley. La Corte Suprema de Justicia encontró indicios de presunto enriquecimiento ilícito de Bukele, por haber recibido USD 850.000 donados por una empresa familiar que contrataba con el estado, un dinero por el que, además, no había pagado impuestos.
El discurso anticorrupción de Bukele podría no ser más que retórica, pues hasta la fecha no ha concretado sus promesas electorales de acabar con el flagelo en la administración pública. Tampoco ha cumplido con el nombramiento del comisionado presidencial para el mal manejo de fondos públicos que contempla el Plan Cuscatlán, una responsabilidad que recaería en un personaje de la oposición con altas credenciales éticas.
La creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), marcha a medias y con muchas limitaciones que dejan en duda su efectividad.
Durante el poco más de un año que lleva de gestión, ministros, secretarios, colaboradores, amigos y socios de Bukele han sido señalados de cometer hechos de corrupción o, por lo menos, irregularidades altamente reñidas con la ética, son que por parte del mandatario haya habido el más mínimo indicio de que investigar las acusaciones. Al respecto InSight Crime advierte que las investigaciones por supuesto enriquecimiento ilícito que pesa sobre algunos de los funcionarios del gabinete de gobierno o de la alta dirigencia de los partidos políticos que lo respaldan, hacen sospechar que no haya avance en materia de castigo a los responsables. Asimismo, se acota el “rechazo de la empresa privada local que, acaso amedrentada por investigaciones de corrupción que la CICIG abrió contra poderosos empresarios guatemaltecos, insiste en que una CICIES no es necesaria”.
Otro hecho que empaña la trayectoria de Nayib Bukele es el descubrimiento de que recibió dinero del consorcio Alba Petróleos que recibe fondos provenientes de PDVSA en Venezuela y que es investigada por posible lavado de dinero en El Salvador y Estados Unidos”. Esto ocurrió en tiempos en que éste fungía como alcalde de Nuevo Cuscatlán, cuando Inversiones Valiosas de El Salvador (Inverval, S.A. de C.V.), investigada por lavado de dinero, le entregó USD 1.974.200. Además de estos desembolsos de Inverval también dio préstamos a personas que ahora figuran en su gabinete de gobierno por USD 3.474.894,70.
La Revista Factum dice que “Entre el 1 de febrero y el 24 de octubre de 2013, Inverval emitió ocho cheques desde una cuenta del Banco Promérica a favor de Nayib Bukele; de Obermet, la empresa de publicidad de la familia del presidente; y de Starlight, compañía propietaria del Canal TVX. Todos esos fondos, según consta en los documentos en poder de la Fiscalía, estaban destinados a la compra de acciones y a inversión de capital en Starlight, una empresa de comunicación audiovisual que llegó a ser importante en el ascenso político de Bukele, y de la cual Carolina Recinos, actual jefa de gabinete, fue apoderada especial”.
Pablo Anliker, ministro de Agricultura, y Nelson Fuentes, de Hacienda, también obtuvieron préstamos de Alba Petróleos entre 2012 y 2016. “El primer préstamo que Alba dio a Pablo Anliker fue a título personal y se registró en 2012: $2.3 millones. El año siguiente, Alba reportó un dato consolidado de la deuda a pagar por Pablo Anliker y la empresa Precocidos de El Salvador, fundada el 3 de septiembre de 2009, de la que Anliker es accionista junto a su padre. La deuda total había crecido a $3.3 millones, aunque no se especificó el monto por el que debía responder cada parte”. Para 2016, la deuda de Nelson Fuentes con Alba Petróleos era de USD 72.411.
Todos estos hechos, sumados a la negativa de la administración de Nayib Bukele ha convertido el respaldo popular con que cuenta en una patente de corso para actuar sin control en la presidencia de la república, reacio a rendir cuentas y a someterse al escrutinio público, lo que ubica a su gobierno muy al borde de la irregularidad y la criminalidad.
