lunes, 8 de febrero de 2021

Alejandro Marín mantiene su defensa pública a pesar de poseer una flota de aviones

  Desde que en noviembre la corte decidiera designarle un abogado público, el denominado piloto de Tareck El-Aissami es defendido por Kelley J. Sharkey.

Por Maibort Petit

   Ser propietario[1] de la empresa My Jet Sarver LLC[2], no ha sido óbice para que Alejandro Javier Marín recibiera el beneficio de la defensa pública en la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde es procesado por mentirle al gobierno de los Estados Unidos en el contexto de un programa de cooperación en el que agentes federales recibían información con relación a un esquema de lavado de dinero vinculado a una organización criminal presuntamente operado por funcionarios del régimen venezolano, entre ellos Tareck El-Aissami.

   Marín enfrenta tres cargos por hacer una declaración falsa a un agente federal, a saber, una agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) respecto a la retención de un dinero durante una operación encubierta en la que participaba como informante. Uno de estos interrogatorios se produjo el 18 de agosto de 2020 y los otros dos el 28 de agosto del mismo año.

   En enero de 2018, Alejandro Marín había firmado un acuerdo para actuar como fuente confidencial de HSI y se comprometió a cooperar en una investigación relacionada con transacciones irregulares e ilegales de co-conspiradores ubicados en los Estados Unidos y en el extranjero. En ese contexto, en junio de 2018 participó en una operación de la investigación y debía transportar el dinero, producto derivado del delito, en un avión privado. Marín debía recoger el dinero de las ganancias ilícitas y llevar el avión a los Estados Unidos donde se confiscaría por ser producto de un delito.

   El imputado ocultó el destino de parte del dinero[3]. Cuando se le consultó si había recibido alguna vez una suma de USD 140.000 que eran propiedad del gobierno de los Estados Unidos, Marín dijo que no, cuando en realidad sí lo había recibido. En pocas palabras, el imputado sustrajo la cantidad de los paquetes que debía transportar en la operación[4].

  Alejandro Javier Marín se acogió a la defensa pública pero la fiscalía cuestionó tal prerrogativa y la jueza de la causa, Debra Freeman ordenó establecer cuál es la realidad financiera del acusado quien insiste en afirmar que, pese a ser un empresario, los ingresos que percibe se destinan casi en su totalidad al pago de un préstamo de USD 1,4 millones.

  Pero ese no ha sido el único beneficio recibido por Marín durante el tiempo en que ha estado procesado por la justicia estadounidense, pues igualmente recibió un préstamo de USD 400 mil dólares del programa de ayuda a los negocios que implementó la administración del expresidente, Donald Trump, destinado a ayudar a las empresas durante la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19[5].

Designación del abogado público

  El 18 de noviembre de 2020, la juez de primera instancia de los Estados Unidos, Debra Freeman, ordenó continuar que Alejandro Marín continúa disfrutando el beneficio de designación de un abogado en tanto se determine con certeza si el acusado está en capacidad o no de pagar defensa privada.

  Se advierte que, en una etapa posterior de estos procedimientos, el gobierno podría solicitar el reembolso de los honorarios de abogados gastados en virtud de la Ley de Justicia Penal.

  La corte también ordenó que la abogada designada para la defensa de Marín informe cualquier cambio en las circunstancias financieras de imputado durante el curso de su enjuiciamiento.

  Refiere la orden que el 13 de noviembre de 2020, fue presentado ante el referido tribunal, el imputado Alejandro Javier Marín, acusado de hacer una declaración falsa a un agente federal y se procedió a designarle temporalmente como abogado a Kelley J. Sharkey. Pero se advirtió, con base en la información financiera de la declaración jurada financiera de Marín y las hechas por el gobierno —opuesto al nombramiento de abogado— no estaba claro si el imputado era elegible para ello. Por tal razón, la corte ordenó a Sharkey informar si el nombramiento temporal debería continuar.

  La abogada designada había remitido al tribunal una correspondencia el 12 de noviembre de 2020, en la que esa instancia judicial encontró que, si bien Alejandro Marín parecía tener activos sustanciales, igualmente parecía estar significativamente endeudado y con poca liquidez en sus activos y sin efectivo disponible. Se indica que antes de su arresto, Marín presuntamente obtenía ingresos como piloto, luego de haber ordenado la prisión preventiva del acusado se desconoce si los ingresos continuarán. En este sentido, si bien el gobierno ha argumentado que podría obtener fondos de su negocio familiar aún en funcionamiento —recientemente obtuvo un préstamo PPE Pandemic de USD 400.000— el abogado Sharkey manifestó que, según su cliente, cualquier ganancia de la empresa se utiliza para pagar una deuda de USD 1.4 millones.

   Según la jurisprudencia no se necesita estar totalmente sin medios para calificar para el nombramiento de abogado, sino que el tribunal considere "las realidades económicas que enfrenta el acusado, es decir, los costos realistas de la defensa y las necesidades financieras del acusado y su familia".

  Que se tenga conocimiento público, hasta la fecha Kelley J. Sharkey no ha informado a la corte de ningún cambio en la situación financiera de Marín que motive el retiro de la defensa pública.

  Sin embargo, como ya lo hemos dado a conocer anteriormente, Venezuela Política determinó que Alejandro Javier Marín es dueño de inmuebles en Brickell, Florida, posee autos lujosos y es titular de instrumentos financieros. Asimismo, la flota de aviones de su empresa, My Jet Saber, incluye aeronaves de personas ligadas al régimen de Nicolás Maduro y a grandes casos de corrupción. Así, por ejemplo, dos de los aviones son propiedad de José Manuel González Testino; uno del abogado del empresario colombiano arrestado en Cabo Verde, Álex Saab, señalado de ser supuesto testaferro de Nicolás Maduro; un avión que pertenecía al empresario venezolano, José "Pepe" Leggio Cassara, deportado o expulsado de los Estados Unidos en octubre de 2020; entre otros[6].

REFERENCIAS

[1] Sunbiz. My Jet Sarver LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2016%5C0701%5C00156932.Tif&documentNumber=L12000114362

[2] My Jet Sarver. http://www.myjetsaver.com/


 


[3] Venezuela Política. “Juez de Florida ordena traslado a Nueva York del piloto Alejandro J. Marín acusado de mentirle al gobierno de EE. UU.”. 7 de octubre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/10/juez-de-florida-ordena-traslado-nueva.html


[4] Venezuela Política. “Arrestan al piloto venezolano, Alejandro Javier Marín por mentir al gobierno de EE. UU. en el marco de su colaboración en un caso de unos asociados a Tareck El Aissami”. 26 de septiembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/09/arrestan-al-piloto-venezolano-alejandro.html


 


[5] Venezuela Política. “Aunque está siendo procesado por mentirle a los agentes federales, el piloto venezolano, Alejandro J. Marín consiguió un préstamo para su empresa de $400 mil otorgado por el gobierno de EE. UU.”. 19 de noviembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/11/aunque-esta-preso-por-mentirle-los.html


 


[6] Venezuela Política. “Estas es la flota de aviones de My Jet Server, empresa de Alejandro J. Marín, acusado de haber mentido a los agentes federales de EE. UU.”. 7 de diciembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/12/estas-es-la-flota-de-aviones-de-my-jet.html


 


 

Crystallex, PDVSA y PDV Holding acuerdan mantener suspendidas demandas hasta que la Corte Suprema decida el proceso de liquidación de activos

 El juez del Tribunal de Delaware solicitó en enero un informe conjunto de las partes en litigio.

Por Maibort Petit

   Crystallex acordó con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), PDV Holding Inc., Rosneft Trading S.A. y Glas Americas LLC mantener suspendidas las demandas conocidas como Crystallex I y Crystallex II, hasta tanto la Corte Suprema de los Estados Unidos decida el Proceso de Activos de la petrolera que reclama la empresa canadiense u otro tribunal levante la suspensión.

  En tal sentido, así se lo hicieron saber al juez, Leonard P. Stark, titular de la Corte del Distrito de Delaware en el que tienen lugar los juicios que Crystallex International Corp. entabló para cobrar la sentencia que la favoreció por la expropiación de sus activos en la mina Las Cristinas expropiados por el finado presidente venezolano, Hugo Chávez y que la empresa reclama cobrar en acciones de CITGO Petroleum Corporation, propiedad de PDV-H.

  Una sentencia estableció que PDVSA es un alter ego de la República Bolivariana de Venezuela y, por tanto, en ella puede cobrarse la acreencia.

El informe

  El abogado Travis S. Hunter de la firma Richards Layton & Finger que representa los derechos de Crystallex en el proceso legal que mantiene contra PDVSA y PDV Holding Inc., dirigió una comunicación al juez Stark para hacerle llegar un informe sobre la situación actual de los casos y su posición en el mismo, tal como este lo había solicitado previamente.

   Tal acción la realizó atendiendo el requerimiento que el magistrado formuló el 29 de enero de 2020 a objeto de que las partes presentaran un informe de la situación en conjunto de los casos Crystallex International Corp. contra Petróleos de Venezuela S.A. y otros., Nº 15-1082-LPS, conocido como Crystallex I; y Crystallex International Corp. contra PDV Holding Inc., et al., Nº 16-1007-LPS, denominado Crystallex II.

Posición de Crystallex

  En primer lugar, se expone la posición de Crystallex que recuerda que el 30 de noviembre de 2018, la Corte suspendió los casos relacionados hasta que se levante la suspensión de los casos iniciados por dicha empresa en contra de la República Bolivariana de Venezuela o hasta que se dicte alguna otra orden que levante la suspensión en uno o más de los casos relacionados. En tal sentido, el 12 de diciembre de 2019, el tribunal ordenó la prórroga de la suspensión “hasta la finalización del proceso de la Corte Suprema en el Proceso de Activos Crystallex o nueva orden de este o cualquier otro Tribunal que levante la suspensión”.

   Refiere que, posteriormente, el 18 de mayo de 2020, la Corte Suprema de los Estados Unidos denegó la petición de certiorari presentada por Venezuela y PDVSA que procuraba la revisión de la decisión del Tercer Circuito del 29 de julio de 2019 que afirmaba la orden del 9 de agosto de 2018 otorgando el Auto de Adjudicación Fieri Facias. Luego, el 14 de enero de 2021, la corte de Delaware otorgó en parte la moción de Crystallex para determinar el proceso de venta de las acciones de PDVSA en PDV-H para satisfacer la sentencia de Crystallex y negando las mociones de Venezuela y PDVSA para anular el auto de embargo y modificar o enmendar la sentencia que favoreció a la demandante.

   Subraya que, tal como lo reconoció el tribunal, resulta innecesario el enjuiciamiento continuo toda vez que Crystallex prevalece en la ejecución de su sentencia a través del Procedimiento de Activos.

  Para Crystallex, el juicio se satisface a través de la venta de acciones de PDV-H embargadas como resultado del Procedimiento de Activos Crystallex.

  Por ello, Crystallex solicitó a la corte mantener la suspensión de Crystallex I y Crystallex II en espera de la resolución del Procedimiento de Activos Crystallex.

La posición de PDVSA

  Por su parte, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) —sin perjuicio de la defensa de sus derechos— acordó con Crystallex que el Tribunal del Distrito de Delaware debe mantener suspendidas las causas Crystallex I y Crystallex II, hasta tanto se resuelva el Procedimiento de Activos Crystallex.

La posición de PDV Holding

  Coincidiendo con los precedentes y sin renunciar a ningún derecho, PDV Holding Inc., acordó igualmente que, en interés de la economía judicial, Crystallex I y Crystallex II sigan suspendidos hasta la resolución del procedimiento de activos de Crystallex.

Posición de RTSA

  La comunicación cita también la posición de Rosneft Trading S.A. la cual no se no se opone a la suspensión continua de Crystallex I y Crystallex II en espera de la venta propuesta de PDV-H.

 Del mismo modo, RTSA reitera que se ha despojado de las obligaciones comerciales garantizadas por la prenda de PDV-H.


  RTSA ha venido sosteniendo desde el 1º de junio de 2020 que la conclusión del tribunal que estableció que PDVSA es el alter ego de la República de Venezuela para efectos de embargo posterior al juicio, no tiene en cuenta la inviabilidad fundamental de la reclamación DUFTA de Crystallex contra Rosneft Trading S.A. “Después de todo, Crystallex nunca ha alegado que PDVH (el presunto cedente) sea el alter ego de PDVSA o Venezuela, a pesar de tener años para investigar y alegar tales acusaciones, ni ha vinculado la transferencia fraudulenta alegada contra RTSA en este caso a ningún ‘reclamo’. ‘Que no sean las reclamaciones fallidas en Crystallex I. Tanto Crystallex I como Crystallex II deben descartarse con prejuicio’”.

Posición de Glas Americas

  Finalmente, GLAS Americas LLC la cual figura en la primera y la segunda demanda enmendada propuesta en Crystallex II, como demandada en su calidad de agente de garantía de acuerdo a los documentos que rigen los pagarés de PDVSA con vencimiento en 2020, no ha expuesto hasta el momento su posición.

   La comunicación refiere que Glas Americas se encuentra en proceso de contratar abogados en el caso Crystallex II y apunta que, habiéndose el abogado enterado de la orden del tribunal de presentar un informe conjunto muy tardíamente, solicitó un breve período adicional para exponer sus puntos de vista sobre si Crystallex II debe proceder y cómo.

  GLAS Americas LLC espera poder rendir el informe al tribunal a más tardar el 10 de febrero de 2021.


Acusado de abusar sexualmente de menores encuentra apoyo en el chavismo para escapar de la justicia

  Entre sus defensores figura la exministra del deporte, Alejandra Benítez, de quien el acusado fue entrenador personal.

Por Maibort Petit

  A nuestra mesa de redacción llega la denuncia contra Luis Junior Salazar, entrenador de esgrima quien, supuestamente, habría incurrido en el delito de abuso y acoso sexual de cinco menores de edad integrantes de la Selección Nacional de Esgrima Femenino Cadete-Juvenil, sin que las autoridades hayan actuado en consecuencia, habiendo el presunto victimario, por el contrario, encontrado protección en personeros políticos y autoridades deportivas.

  Se refiere que los supuestos actos de abuso cometidos por Salazar, habrían ocurrido entre los años 2019 y 2020 sin que se hayan iniciado las averiguaciones correspondientes.

  Los padres de las menores presuntamente abusadas acusan que, de manera insólita, fueron las víctimas las que padecieron —además del abuso y acoso sexual— las represalias por haber denunciado estos hechos, al ser retiradas de la Selección Nacional por parte de las autoridades deportivas.

  Agregan que la exministra del deporte, Alejandra Benítez —de quien el denunciado fue entrenador durante mucho tiempo— forma parte de los protectores de Luis Salazar, como también la propia Federación de Esgrima.

  La consecuencia de dicho amparo es que, pese a las denuncias, Salazar nunca haya sido detenido, se mantenga como entrenador postulado a la Selección Nacional Femenina y de menores, al igual que la del estado Yaracuy.

  Se indica que cuatro de las víctimas abandonaron y, la que se mantiene, lo hace con la Selección de Colombia.

Uno de los casos

  En una de las denuncias formulada ante la Fiscalía Sexagésima Sexta Nacional Penal el 6 de diciembre de 2019, la víctima refiere que comenzó a entrenar en el deporte de esgrima a los once años de edad en Yaracuy y cuando ya contaba con 14 años, comenzó a recibir mensajes de Luis Albert Junior Salazar Rojas a través de la red social Facebook. Estos primeros mensajes versaban sobre la actividad deportiva y las aptitudes de la menor. Después, comenzó a hablarle de trasladarse a Caracas y, de hecho, logró convencer a su madre para que lo permitiera.

  En Caracas, la menor entrenaba con la selección de jóvenes y adultas en turnos completos hasta que cumplió 15 años de edad, momento en el cual, comenzó a ser presionada, primero con obsequios, entre ellos unos zapatos de esgrima sobre los cuales el entrenador le habría dicho: “Ten presente que este regalo que te estoy haciendo es muy difícil que te lo haga otra persona”. Y agrega: “…luego de ello las conversaciones comenzaron a ser más intensas, porque me sacaba muchas cosas que me daba, motivado a mis dificultades económicas porque carecía de recursos para poder trasladarme al centro donde entrenaba, además de que muchas veces mis padres no contaban con los recursos para poder inscribirme en las competencias y este ciudadano siempre cubría mis gastos”.

  Al cumplir la víctima 16 años, las conversaciones de Salazar se dirigieron al terreno sexual al enviarle fotografías de sus “partes íntimas y también me solicitaba que le enviara fotos donde le exhibiera mi cuerpo”. Lo próximo fue una invitación a ir a un hotel donde se concretó el acto sexual. Desde entonces, el entrenador se hizo más intenso en sus mensajes y comunicación.

  La denunciante cuenta que el 9 de julio de 2016. Luego de días de sentir malestares, acudió con su novio a una consulta médica en la que le dijeron que estaba embarazada, pero debía practicarse un aborto porque el feto estaba muerto. Por miedo, la joven no acudió al hospital y a los dos días debió ser ingresada para practicarle el procedimiento, después de los cual debió permanecer un mes hospitalizada.

  Salazar se enteró y le recriminó: “Si tú estabas conmigo yo no permitiría que nada de eso te pasara, pero a ti solo te gustan los niños, no los viejos como yo”.

  Al cumplir los 17 años, la denunciante refiere que comenzó a tener conciencia de los hechos y decidió poner fin a la relación que mantenía con su entrenador y dedicarse únicamente a la esgrima. La respuesta de Salazar fue contundente: sin relación tampoco habría carrera deportiva.

   Pero el fin de la relación, según la denunciante, se produjo al regreso de una competencia en Colombia donde, igualmente fue manipulada por Salazar para tener sexo. “Al llegar a Venezuela yo decidí terminar con eso y me fui alejando de él, no le respondía mensajes, ni nada, solo me enfoqué a que actuara como mi entrenador”.

  En el interrogatorio que en la Fiscalía le formularon a la denunciante, esta dijo que en Colombia se había enterado de que Luis Salazar había sido denunciado por abusar sexualmente de una niña.

  Ante el fiscal del ministerio público, la joven dijo haber sido coaccionada bajo una relación de superioridad por Luis Salazar para obligarla a mantener relaciones sexuales. Mientras que otra parte de la entrevista, se le preguntó si Salazar grabó sus encuentros sexuales, a lo que la denunciante respondió afirmativamente: “Sí, cuando manteníamos relaciones sexuales me grababa y después me enteré que esos videos se los enseñaba a otros entrenadores y les decía que si me daban cosas yo accedería a estar sexualmente con ellos como si eso era una forma de pago”.



miércoles, 3 de febrero de 2021

Fuente: La extradición de Álex Saab a Estados Unidos es un hecho inminente

   De nada valdrían los esfuerzos de la defensa que insiste en conferirle a quien es señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro, una supuesta inmunidad diplomática que impediría su traslado a territorio estadunidense.

Por Maibort Petit

   Pese a que el equipo de abogados defensores de Álex Saab ha recurrido a toda clase de diligencias y estratagemas para impedir que el empresario colombiano señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro, sea trasladado a los Estados Unidos donde es acusado de la comisión de supuesto delitos de lavado de dinero, la extradición es prácticamente un hecho inminente, de acuerdo a información suministrada por una fuente local de Cabo Verde.

   Saab es solicitado por la Corte del Distrito Sur de la Florida por estar presuntamente incurso en operaciones de legitimación de fondos provenientes de la corrupción, en específico, las ganancias fraudulentas de negocios ilícitos cometidos a partir de contratos obtenidos con el gobierno de Nicolás Maduro[1].

  La fuente le aseguró a Venezuela Política que de nada valdrán los múltiples intentos de la defensa por impedir que se materialice la decisión adoptada el pasado 4 de enero de 2021, por el Tribunal de Apelación de Barlavento, Cabo Verde, de extraditar al operador financiero del chavismo[2].

 Entre las últimas actuaciones de la defensa del empresario colombiano, está el haber tramitado ante la citada instancia judicial, el arresto domiciliario de Saab argumentando supuestos problemas de salud[3] y, tal vez, creyendo que podrían lograr que la estancia de su cliente en Cabo Verde tuviera lugar en un hotel 5 estrellas. Pero a los abogados les habría salido el tiro por la culata, toda vez que no fue posible la especie que hicieron rodar de que Saab sería trasladado a una suite del hotel Marriot y, por el contrario, terminó en un lugar con las mismas condiciones de la prisión de Isla de Sal. De allí que la representación legal del empresario ahora apunte en dirección a la Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde.

  Pero las acciones en favor de Álex Saab no se llevan a cabo únicamente en el país africano, pues en Venezuela, por ejemplo, a finales de enero se desplegaron pancartas y letreros en varios lugares de Caracas, exigiendo la liberación de quien catalogan como “diplomático”. Los estandartes que rezaban: “El pueblo está con Álex Saab. Venezuela exige su liberación inmediata”[4], incluso fueron custodiados por las fuerzas policiales para impedir que fueran destruidos o retirados.

  Los abogados de Saab —planificadores de la protesta— se encargaron de remitir notas de prensa a los medios de comunicación, asegurando que en Venezuela más de 200 mil personas habrían salido, de manera “espontánea”, en defensa de quien es el contratista del programa alimentario gubernamental conocido como CLAP[5].

  De acuerdo a nuestros informantes, el proceso de extradición de Álex Saab prosigue su curso en la Corte de Apelaciones a donde el caso fue devuelto desde la Corte Suprema de Justicia que solamente concedió parcialmente un recurso al empresario.



[1] Department of Justice. “Two Colombian Businessmen Charged With Money Laundering in Connection With Venezuela Bribery Scheme”. 25 de julio de 2019. https://www.justice.gov/opa/pr/two-colombian-businessmen-charged-money-laundering-connection-venezuela-bribery-scheme

[2] El País. “La justicia de Cabo Verde acuerda la extradición a EE UU de Alex Saab, presunto testaferro de Maduro”. 5 de enero de 2021. https://elpais.com/internacional/2021-01-05/la-justicia-de-cabo-verde-acuerda-la-extradicion-a-ee-uu-de-alex-saab-presunto-testaferro-de-maduro.html

[3] VOA. “Aprueban arresto domiciliario para Alex Saab”. 21 de enero de 2021. https://www.voanoticias.com/venezuela/aprueban-arresto-domiciliario-alex-saab

[4] El Pitazo. “Avenida Libertador de Caracas amanece llena de carteles pidiendo libertad de Alex Saab”. 30 de enero de 2021. https://elpitazo.net/gran-caracas/avenida-libertador-de-caracas-amanece-llena-de-carteles-pidiendo-libertad-de-alex-saab/

[5] El Cooperante. “Las manifestaciones a favor de Álex Saab se planificaron en Cabo Verde”. 3 de febrero de 2021. https://elcooperante.com/las-manifestaciones-a-favor-de-alex-saab-se-planificaron-en-cabo-verde/


 

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martes, 2 de febrero de 2021

CITGO reporta al tribunal sobre las múltiples diligencias para citar a José Manuel González Testino sobre demandas en su contra

  Los demandados no han dado ninguna respuesta a la filial de PDVSA en Estados Unidos.

Por Maibort Petit 

   En una declaración jurada emitida bajo pena de perjurio bajo las leyes de los Estados Unidos, Robert J. Meyer, socio de la firma Willkie Farr & Gallagher LLP que representa a CITGO Petroleum Corporation, en el litigio que esta empresa entabló en esa instancia contra Petroleum Logistics Service Corp. y José Manuel González Testino, dio a conocer todas las diligencias que ha realizado para informar a los demandados del proceso judicial que inició.

La declaración de Robert J. Meyer

   El 16 de diciembre de 2020, Robert J. Meyer, presentó su declaración jurada con respecto a la demanda que su representada entabló contra José Manuel González Testino y Petroleum Logistics Service Corp. el 26 de mayo de 2020.

    En su narración acerca de lo difícil que resultó la búsqueda para CITGO de un agente registrado de Petroleum Logistics Service Corp (PLS) en los Estados Unidos, contactó telefónicamente en junio de 2020 a Douglas N. Jacobson de la empresa Jacobson Burton Kelley PLLC, un abogado que en correspondencia previa con CITGO y los abogados de Willkie se había mantenido como asesor legal de PLS y de su subsidiaria estadounidense, Petroleum Logistics Service USA Inc.

  Jacobson respondió el 22 de junio de 2020 a través de correo electrónico en el que dijo ser “abogado de la OFAC solo para la entidad estadounidense de PLS” y que “PLS le dará el nombre de su abogado litigante que puede aceptar el servicio". Además preguntó a Meyer si la demanda estaba referida solamente a la entidad panameña o también incluía a la estadunidense.


   El 23 de junio de 2020, Jacobson remitió otro correo electrónico de seguimiento en el que decía que "PLS le informó que no tienen un representante en los EE. UU. Para aceptar la notificación del proceso en su nombre" y que "el punto de contacto en Panamá es Jeymi [sic] Domínguez ”.

 Refiere que igualmente, CITGO intentó contactar a PLS en la dirección de la oficina en Estados Unidos  que figura en el sitio web de la empresa, a saber, el 1519 NW 82nd Ave, Miami, FL 33126[1], pero cuando se visitó el lugar en agosto de 2020, la ubicación estaba ocupada por una empresa llamada "Meson Valves". Precisó que una empleada de la recepción dijo desconocer que PLS tuviera oficinas en la referida dirección y agregó que no había oído hablar de PLS.




  En su declaración, Robert Meyer dice que el 4 de agosto de 2020, CITGO contactó con éxito a PLS a través de una notificación dirigida a su agente ante el Secretario de Estado de Texas, como se establece en la declaración de Sarah M. Wastler que CITGO presentó como prueba el 21 de agosto de 2020.

  Refirió que CITGO entregó a la Secretaría de Estado de Texas la documentación del caso, a saber, la demanda, la citación, la declaración de divulgación corporativa de la Regla 7.1 y el certificado de partes interesadas, con instrucciones para quee stos fueran remitidos a PLS a la sede corporativa internacional en Panamá, según su sitio web y correspondencia con CITGO: Trump Office Tower, 2nd floor, Office 2-06, Punta Pacífica, Ciudad de Panamá, Panamá con atención al Agente Gerente de PLS. Igualmente al agente de PLS en Panamá, Fábrega, Molino y Mulino, en BMW Plaza, 9th Floor, 50 St. P.O. Box: 0816-00744, Panamá, República de Panamá. También al presidente de PLS, Jaymy Domínguez, en la dirección de su casa según los documentos corporativos ubicados en PH Riverside, Piso 23, Apto. 23A, Calle 5ta, Parque Lefevre y vía España, Parque Lefevre, Panamá.

   Indica que el 14 de agosto de 2020, el Secretario de Estado certificó haber recibido la documentación así como su envío y el 15 de septiembre de 2020, emitió tres nuevas certificaciones adicionales sobre la respuesta que recibió de los correos a PLS.

  Como puede verse, estos certificados señalan que el 2 de septiembre de 2020, los correos del Secretario de Estado de Texas fueron devueltos; que el 8 de septiembre de 2020, el correo a Jaymy Domínguez también fue devuelto.

  Meyer manifiesta que, como se alega en la demanda, Petroleum Logistics Service Corp. es una empresa controlada indirectamente por José Manuel González Testino. Agrega que CITGO también entregó los documentos de servicio de PLS a González Testino a través del abogado registrado en su proceso penal r, Edward Shohat de Jones Walker LLP. Precisa que en ningún momento PLS ha respondido a la demanda.

   Especifica que el 21 de agosto de 2020, después de repetidos intentos de notificar a González Testino en el apartamento registrado judicialmente como el lugar de su confinamiento domiciliario de 24 horas al día, así como a través de su abogado, CITGO presentó una moción de notificación sustitutiva, la cual fue concedida por el tribunal el 24 de agosto de 2020. La corte ordenó a CITGO que notificara a González Testino la Moción de notificación sustitutiva, lo cual fue cumplido e informado al tribunal el 7 de octubre de 2020.

  Seguidamente, Robert Meyer refiere que el 13 de octubre de 2020, remitió al abogado de José Manuel González Testino un correo electrónico adjuntando copias de cortesía de la Orden de notificación y la prueba de presentación de notificación y solicitando confirmación de la recepción.

  Meyer informa al tribunal en su declaración jurada que hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta u otra comunicación de González Testino o de su abogado. Tampoco se ha producido respuesta a la demanda por parte del acusado.

  Finalmente, Robert Meyer le refiere al tribunal del distrito sur de Texas que, tal como lo confirman las búsquedas en los registros del Centro de Datos de Mano de Obra del Departamento de Defensa, José Manuel González Testino no es un miembro activo del servicio.

[1] Petroleum Logistic Service. http://petrologservice.com/?#where


lunes, 1 de febrero de 2021

CITGO pide a la Corte declarar en rebeldía a José Manuel González Testino y a su empresa acusada por delitos de corrupción

  El requerimiento obedece a que ninguno de los intentos que la filial de PDVSA en EE. UU. ha hecho para participar a los demandados ha obtenido respuesta.

Por Maibort Petit

   A través de una moción, CITGO Petroleum Corporation solicitó a la Corte del Distrito Sur de Texas, declarar en rebeldía a José Manuel González Testino y a su empresa Petroleum Logistics Service Corp. (PLS). 

  González Testino está siendo procesado en Texas por el delito de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, en inglés). El acusado se declaró culpable el 29 de mayo de 2019.  Actualmente se encuentra a la espera de la sentencia

La demanda a su empresa

  Los abogados de Willkie Farr y Gallagher LLP presentaron la moción ante la secretaría del tribunal amparándose en la Regla 55 (a) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil (FRCP).

  El 26 de mayo de 2020, CITGO demandó a González Testino y a PLS bajo los cargos de incumplimiento de contrato, fraude y violación a la Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas (RICO).

   Desde entonces, CITGO ha entregado debidamente a González Testino y a PLS todas las pruebas del caso en forma de declaraciones juradas sin que, hasta la fecha, ninguno de los dos haya respondido o defendido de otra manera esta acción.

  En la declaración jurada que el abogado Robert J. Meyer, de la firma Willkie Farr y Gallagher LLP que representa a CITGO en el proceso, se enumeran todas las diligencias de la filial de PDVSA para informar a los demandados.

  Por ello, los abogados de CITGO sostienen que sus representada tiene derecho a un incumplimiento contra González Testino y PLS.

   Entre las diligencias realizadas por CITGO está la acción inicial de recurrir al agente registrado de PLS en Texas, el cual estaba obligado a mantener de acuerdo a la Sección 9.001 del Código de Organizaciones Comerciales de Texas. Del mismo modo, Petroleum Logistics Service Corp, por contrato, debía mantener un agente en Estados Unidos, pero no lo hizo.

  Fue así como luego de varios intentos de contactar a PLS, CITGO recurrió el 4 de agosto de 2020, al Secretario de Estado de Texas mediante el cual procedió a remitir a PLS, la acusación, la citación, la declaración de divulgación corporativa de la Regla 7.1 y el certificado de partes interesadas con la instrucción de enviarlo a las direcciones conocidas de PLS en Panamá.

  El 14 de agosto de 2020, el Secretario de Estado certificó que recibió los documentos y, el 11 de agosto de 2020, los remitió por correo certificado con acuse de recibo solicitado a las tres direcciones proporcionadas. Esto fue certificado por el 15 de agosto de 2020 por el secretario de estado de Texas. Los envíos de este funcionario texano fueron igualmente infructuosos, pues recibió devueltos sus remisiones. Esta diligencia se hizo en virtud de que la Ley de Texas establece que el Secretario de Estado de dicha entidad, puede actuar como agente a los efectos del servicio del proceso cuando, como aquí, una entidad extranjera que opera en ese estado, no ha designado a un agente de servicio. La notificación se considera efectuada en el momento en que se entregan los documentos de notificación al Secretario de Estado, incluso cuando, como aquí, el envío por correo del funcionario al demandado no residente finalmente se devuelve o se rechaza. Desde entonces, comenzó a correr el tiempo para que los demandados respondan.

  Debido a que, como quedó establecido en la demanda, Petroleum Logistics Service Corp es propiedad indirecta de José Manuel González Testino, quien ejerce su control, CITGO también procedió de forma independiente a remitirle los documentos de servicio de PLS. Esto ocurrió el 1 de septiembre de 2020, a través del abogado registrado en su proceso penal relacionado, a saber, Edward Shohat de Jones, de la firma Walker LLP.

  Ningunos de estos intentos recibió respuesta de parte de PLS o González Testino.

  En vista de que todos sus intentos de informar a los demandados habían resultado fallidos, el 21 de agosto de 2020, se intentó hacerlo en el lugar que se suponía servía para que José Manuel González Testino cumpliera su arresto domiciliario las 24 horas del día, pero también fue inútil. Por ello, la corte ordenó a CITGO que notificara a González Testino la Moción de notificación sustitutiva, lo cual fue cumplido e informado al tribunal el 7 de octubre de 2020.

  El 13 de octubre de 2020, CITGO entregó copias de dicha prueba de entrega al abogado de González Testino, a quien le solicitó confirmación de la recepción de los documentos, pero la filial de PDVSA no recibió respuesta.

  La representación legal de CITGO solicita entonces que el secretario del tribunal declare el incumplimiento de José Manuel González Testino y de Petroleum Logistics Service Corp por no haber presentado respuesta oportuna a la parte demandante, luego de haberse cubierto todos los extremos que prevé la ley para que se produzca la notificación.

 Como no ha habido una respuesta oportuna, corresponde a la secretaría del tribunal declarar el incumplimiento de José Manuel González Testino y PLS, de acuerdo a los estipulado en FRCP 55 (a) y (b) (2), y se le otorgue a CITGO cualquier otra compensación adicional que pueda corresponderle.

   El 4 de agosto de 2020, el juez Andrew M. Edison, de la Corte del Distrito Sur de Texas-División Houston, emitió una orden a través de la cual en razón de las restricciones impuestas por la pandemia del Covid-19, se programaría realizar las sesiones previas al juicio a través de videoconferencia a través de la plataforma Zoom. El ciclo iniciaba el 17 de septiembre de 2020 a las 9 y media de la mañana. En la orden se giraron instrucciones sobre el procedimiento.