EEUU advierte que reabriría el caso del general Salvador Cienfuegos si México no lo procesa

Por Maibort Petit

   El Departamento de Justicia de Estados Unidos se reservará el derecho de reiniciar un proceso judicial al general, Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue arrestado en EE. UU. y extraditado a México luego de un acuerdo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que prometía que el acusado sería procesado según las leyes mexicanas, no obstante, este jueves la Fiscalía General de la República informó que el militar acusado de delitos de narcotráfico, fue exonerado de toda acusación. 

   Según un comunicado del Departamento de Justicia, Estados Unidos “se reserva el derecho de reiniciar un proceso judicial por vínculos con el narcotráfico al general Salvador Cienfuegos Zepeda, si el gobierno de México no lo hiciera”, esto luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) diera a conocer la exoneración del ex secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

   Salvador Cienfuegos Zepeda fue acusado por los fiscales federales  de Nueva York de haber abusado de su posición pública para ayudar al Cártel H-2, una organización mexicana extremadamente violenta, a traficar miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana en los Estados Unidos, incluida la ciudad de Nueva York. 

  A cambio de la ayuda que prestaba Cienfuegos Zepeda a los narcotraficantes, el alto exfuncionario castrense recibía pagos de sobornos del Cártel H-2, una organización que habitualmente participaba en acciones violentas, incluida la tortura y el asesinato, para operar con impunidad en México.

   Los fiscales sostienen que el 14 de agosto de 2019, un gran jurado reunido en el Distrito Este de Nueva York presentó una acusación formal que vinculaba a Cienfuegos Zepeda de delitos de narcotráfico, trata y blanqueo de capitales. 

  El militar, de 72 años, que volvió a mediados de noviembre a México, tras ser acusado por Estados Unidos de vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva, fue declarado inocente por la justicia mexicana, al no encontrar pruebas contundentes que revelaran un supuesto encuentro con integrantes de dicha organización delictiva, como lo habían asegurado las autoridades norteamericanas.

“No sostuvo comunicación con alguno de ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos”, se lee en un comunicado de las autoridades mexicanas.

  Cienfuegos Zepeda fue arrestado el 15 de octubre en el Aeropuerto de Los Ángeles, EE. UU., acción que provocó un conflicto entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el presidente estadounidense, Donald Trump, pues el gobierno mexicano se quejó de no haber sido notificado de la investigación en contra del ex jefe militar.

El caso en la demanda

1) Entre 2012 y 2018, el imputado fue Secretario de Defensa Nacional para México, responsable de la gestión del Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana. Reportaba directamente al Presidente de México, Enrique Peña Nieto.

2) Mientras ocupaba un cargo público en México, el acusado usó su cargo oficial para ayudar al Cártel H-2, una famosa organización criminal mexicana a cambio de sobornos.

3) El Cártel H-2 es una violenta organización mexicana de narcotráfico que fue anteriormente dirigido por Juan Francisco Patrón Sánchez, también conocido como "H-2", y con sede en Nayarit y Sinaloa, México. 

4) Durante el período de tiempo relevante, el Cartel H-2 tuvo numerosas células de distribución de drogas en los Estados Unidos, incluyendo a Los Ángeles, Las Vegas, Ohio, Minnesota, Carolina del Norte y Nueva York, a través de las cuales distribuyó miles de kilogramos de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana y ganó millones de dólares en ingresos ilegales.

5) En México, el Cártel H-2 traficaba con cientos de armas de fuego letales y cometió innumerables actos de violencia espantosa, incluida la tortura y el asesinato, para protegerse contra los desafíos de organizaciones rivales de narcotráfico, luchar por el territorio y silenciar a quienes decidían cooperar con las fuerzas del orden. 

6) El Cártel H-2 ha transportado cargamentos de droga y recaudó ganancias de la droga de la ciudad de Nueva York, incluidas áreas en Brooklyn.

7) El Cártel H-2 ha utilizado la corrupción de funcionarios públicos, incluidos los sobornos al acusado mientras era un alto funcionario mexicano, como medio y método para lograr los objetivos de su empresa de tráfico de drogas. A cambio de sobornos de otros funcionarios del gobierno mexicano, el Cártel H-2 aseguró el arresto y tortura de narcotraficantes rivales por Agentes mexicanos de la ley, la liberación de la prisión de miembros del Cártel H-2, y la capacidad de participar en el tráfico de drogas al por mayor, el tráfico de armas de fuego y la violencia, incluyendo decenas de asesinatos, sin interferencia de las fuerzas del orden mexicanas.

La conducta criminal de Salvador Cienfuegos Zepeda

Los fiscales sostiene que durante la investigación lograron acumular evidencias obtenidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluida la interceptación de miles de comunicaciones de mensajería de Blackberry que ha revelado que, mientras Cienfuegos Zepeda era el Secretario de Defensa Nacional de México, el demandado recibió pagos de sobornos, ayudó al Cártel H-2 de numerosas formas, entre ellas: 

(i) asegurando que las operaciones militares no se llevaran a cabo contra el Cártel H-2; 

(ii) iniciar operaciones militares contra los carteles de la droga rivales

(iii) localización de transporte marítimo para cargamentos de drogas;

(iv) actuar para expandir el territorio controlado por el Cártel H-2 a Mazatlán y el resto de Sinaloa; 

(v) presentar a los principales líderes del Cártel H-2 a otros funcionarios corruptos del gobierno mexicano dispuestos a ayudar a cambio de sobornos; y 

(vi) advertir al Cartel H-2 sobre la investigación en curso de las fuerzas del orden de los EE. UU. sobre el Cártel H-2 y su uso de testigos e informantes, lo que finalmente resultó en el asesinato de un miembro del Cártel H-2 que los jefes de esa organización creía incorrectamente que estaba ayudando a la ley de EE. UU.

Entre las muchas comunicaciones capturadas durante el transcurso de la investigación, los fiscales advierten que existen numerosas comunicaciones directas entre el acusado y un líder superior del Cartel H-2, incluyendo unas en las que el acusado discutió su historial de asistencia a otra organización narcotraficante.

Asimismo, los fiscales estadounidense dicen poseer comunicaciones en las que el acusado se identifica por nombre, título y fotografía como funcionario del gobierno mexicano que estaba ayudando al Cártel H-2. 

"Debido, en parte, a la ayuda corrupta del acusado, el Cartel H-2 llevó a cabo su actividad delictiva en México sin interferencia significativa de la militares e importaron miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana a los Estados Unidos".

  De acuerdo a la acusación en Estados Unidos, las miles de comunicaciones interceptadas entre los miembros del Cártel H-2 se corroboran con numerosas incautaciones de drogas de cientos de kilogramos de cocaína, heroína y metanfetamina, así como la incautación de cientos de miles de dólares procedentes de la droga vendida en los Estados Unidos. 

  Los fiscales aseguran que los testigos de la investigación han proporcionado una gran cantidad de información al gobierno sobre las operaciones del Cártel H-2, su empleo regular violencia para promover su tráfico de drogas, su uso del soborno para garantizar la protección del gobierno, así como la asistencia del imputado al Cártel H-2 y otras organizaciones de narcotráfico.

Estados Unidos acusa de delitos de terrorismo a líderes de mayor rango de la pandilla Mara Salvatrucha MS-13

Nota de Prensa

   El gobierno de los Estados Unidos acusó formalmente a 14 líderes de mayor rango de la pandilla Mara Salvatrucha MS-13, que se conocen hoy como Ranfla Nacional, que operaba como la Junta Directiva de la Organización que dirigía las violentas actividades que la banda criminal ejecutaba en todo el mundo durante casi dos décadas. 

 Las autoridades de Central Islip, Nueva York, presentaron una acusación contra 14 de los líderes de mayor rango de la MS-13 en el mundo, conocidos como la Ranfla Nacional, la cual funcionaba como la Junta Directiva de la Organización y dirigió la violencia y la actividad delictiva de la MS-13 en todo el mundo durante casi dos décadas.

  Según el acta presentada, se les acusa de conspiración para prestar y ocultar apoyo material a terroristas, conspiración para cometer actos de terrorismo que trascienden las fronteras nacionales, conspiración para financiar el terrorismo y conspiración de narcoterrorismo en relación con la dirección de los acusados de la organización delictiva transnacional durante las últimas dos décadas en El Salvador, Estados Unidos, México y otros lugares.

  El acusado Borromeo Enrique Henríquez, alias “Diablito de Hollywood,” es ampliamente reconocido como el miembro más poderoso de la Ranfla Nacional. Tres de los acusados, Fredy Iván Jandres-Parada, alias “Lucky de Park View” y “Lacky de Park View;” César Humberto López-Larios, alias “El Greñas de Stoners” y “Oso de Stoners” y Hugo Armando Quinteros-Mineros, alias “Flaco de Francis,” siguen en libertad y deben ser considerados como armados y peligrosos. Se exhorta a los ciudadanos que tengan información sobre su paradero que se pongan en contacto con la línea telefónica gratuita de información MS-13 del Buró Federal de Investigaciones (FBI), 1-866-STP-MS13 (1-866-787-6713), o con el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, en el (866) 347-2423, o en https://www.ice.gov/webform/ice-tip-form. Juntos, el FBI y HSI han ofrecido $20,000 en recompensa por información que lleve al arresto y condena de cada uno de los tres fugitivos. Henríquez y otros 10 acusados están en custodia en El Salvador. Estados Unidos, en conjunto con el Gobierno de El Salvador, estudiarán las opciones para su extradición a los Estados Unidos.

  El fiscal general en funciones, Jeffrey A. Rosen; el fiscal en funciones del Distrito Este de Nueva York (EDNY), Seth D. DuCharme; el director de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano (JTFV), John J. Durham; el director del FBI, Christopher A. Wray, y el director ejecutivo asociado de HSI, Derek Benner, anunciaron la acusación.

  El fiscal general en funciones Rosen dijo, “La acusación anunciada hoy es la más amplia y de mayor alcance que se ha hecho en la historia de los EE.UU. contra la MS-13 y su estructura de mando y control. Cuando el fiscal general Barr anunció la creación de la JTFV en agosto de 2019, previó un enfoque transversal que combinaría herramientas procesales ya probadas con estrategias innovadoras diseñadas específicamente para eliminar la capacidad de los líderes de la MS-13 de operar la banda y dirigir su actividad terrorista. 

  Esta acusación refleja un importante paso hacia el logro de ese objetivo. Al trabajar codo a codo con nuestros socios de la aplicación de la ley de EE. UU. y con nuestros socios en El Salvador, hemos acusado a los líderes de más alto rango de la MS-13 de operar una organización criminal transnacional que utiliza el terror para imponer su voluntad en los barrios, negocios y sobre civiles inocentes en Estados Unidos y América Central.”

“La MS-13 es responsable de una ola de muerte y violencia que ha aterrorizado a las comunidades, dejando a los barrios de Long Island y a todo el Distrito Este de Nueva York inundados de sangre,” dijo el fiscal en funciones del Distrito Este de Nueva York (EDNY), Seth D. DuCharme. “Incluso desde la cárcel, la Ranfla Nacional continuó dirigiendo las operaciones globales de la MS-13, reclutando nuevos miembros en la MS-13, incluyendo niños, y orquestando asesinatos y caos en todo el mundo. La innovadora acusación de hoy busca demoler la MS-13 apuntando a su estructura de mando y control y haciendo responsable a la Junta Directiva de la MS-13 por sus acciones terroristas.”

“El FBI está comprometido a combatir todas las formas de terrorismo que amenazan al pueblo estadounidense así como a nuestros socios internacionales,” dijo el director del FBI, Christopher Wray. “En colaboración con nuestros socios federales, estatales, locales e internacionales, tomamos medidas agresivas para atacar y perseguir algunos de los más altos niveles de liderazgo de la MS-13. Esta operación es una clara señal para otros que participan en este tipo de actividad delictiva transnacional: el FBI trabajará incansablemente para llevarlos ante la justicia dondequiera que tengan su base.”

“Por más de una década, HSI se ha mantenido firme en nuestra resolución de desmantelar las pandillas transnacionales como la MS-13,” dijo el director ejecutivo asociado de HSI, Derek Benner. “Como una de las organizaciones criminales más violentas y peligrosas, la MS-13 y la Ranfla Nacional fueron directamente responsables de una violencia y actividad criminal impensables en comunidades a lo largo de los Estados Unidos y Centroamérica. Como resultado de la ardua labor y los considerables recursos dedicados a la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano por nuestros socios en la aplicación de la ley, tanto nacionales como internacionales, esta acusación tendrá un efecto negativo duradero en las futuras actividades ilícitas mundiales de esta organización delictiva transnacional.”

Como se alega en la acusación, la Ranfla Nacional comprende el más alto nivel de liderazgo del MS-13.  Aproximadamente en 2002, los acusados y otros dirigentes del MS-13 comenzaron a establecer una estructura de mando y control altamente organizada y jerárquica como medio para llevar a cabo sus decisiones y hacer cumplir sus órdenes, incluso mientras estaban en prisión.  Dirigieron actos de violencia y asesinato en El Salvador, Estados Unidos y otros lugares; establecieron campamentos de entrenamiento de tipo militar para sus miembros y obtuvieron armas militares como rifles, pistolas, granadas, artefactos explosivos improvisados (IED) y lanzacohetes. Como líderes de la MS-13, los acusados controlaban franjas de territorio y participaban en actividades de relaciones públicas en nombre de la organización delictiva transnacional. Además, los acusados utilizaban la gran cantidad de miembros de la MS-13 en los Estados Unidos para participar en actividades delictivas, como el tráfico de drogas y la extorsión para recaudar fondos en apoyo de las actividades terroristas de la MS-13 en El Salvador y en otros lugares, y dirigían a sus miembros en los Estados Unidos a cometer actos de violencia, incluidos asesinatos, para promover sus objetivos. 

Como se alega también en la acusación, un tema central de las normas aplicadas por la Ranfla Nacional era el requisito de lealtad a la MS-13, o al “barrio.”  El requisito de lealtad era fundamental en todos los aspectos de la vida de los miembros del MS-13.  Los miembros que desobedecían las reglas, mostraban deslealtad a la banda o a sus líderes, cooperaban con las fuerzas del orden o faltaban al respeto a otros miembros eran sometidos a severos castigos, incluso la muerte. Las normas establecidas por la Ranfla Nacional permitieron que la banda prosperara en algunas partes de los Estados Unidos, incluso dentro del EDNY, donde, bajo el mando de los acusados, la MS-13 ha cometido numerosos actos de violencia, entre ellos asesinatos, intentos de asesinato, asaltos, secuestros, tráfico de drogas, extorsión de personas y empresas, obstrucción de la justicia y envío de las cuotas y el producto de la actividad delictiva por transferencia electrónica a los líderes de la MS-13 en El Salvador. 

   Como se expone más adelante en el acta de acusación, la Ranfla Nacional ha ejercido su poder sobre el Gobierno de El Salvador cometiendo actos de violencia e intimidación contra funcionarios del gobierno, los organismos de represión y la población de El Salvador en general.  Al hacerlo, el Ranfla Nacional ha ordenado el asesinato de funcionarios de los organismos de represión y del Gobierno de El Salvador, así como la “luz verde”, o el asesinato, de un agente especial del FBI destacado en El Salvador que investigaba la MS-13 y sus miembros. Además, al controlar el nivel de violencia del MS-13, la Ranfla Nacional ejerció influencia sobre el Gobierno de El Salvador. 

 

  Por ejemplo, como se alega en el acta de acusación, desde aproximadamente 2012 hasta aproximadamente 2015, la Ranfla Nacional entró en una “tregua” con el entonces Gobierno de El Salvador.  Como parte de ese acuerdo, la Ranfla Nacional ordenó a la MS-13 que redujera los homicidios en El Salvador a cambio de mejores condiciones carcelarias, prestaciones y pagos en efectivo. 

  En 2015, cuando este acuerdo se derrumbó, la Ranfla Nacional culpó a los Estados Unidos, creyendo que el gobierno de los Estados Unidos presionó al gobierno de El Salvador para que pusiera fin a la “tregua” como condición para recibir fondos de cooperación. A partir de entonces, a principios de 2016, la Ranfla Nacional comenzó a planificar una importante campaña de violencia coordinada en El Salvador en represalia por las medidas más severas impuestas a sus miembros tras el fin de la “tregua.” 

  Como se alega en la acusación, los acusados ordenaron a todas las clicas de El Salvador que crearan una unidad especializada de miembros de la MS-13 para atacar a los agentes de policía, los militares y los funcionarios gubernamentales de El Salvador. Estos miembros se sometieron a entrenamiento militar en los campamentos de entrenamiento militar de la MS-13 en El Salvador.  

  Los acusados también ordenaron a todas las clicas, incluidas las de los Estados Unidos y el EDNY, que proporcionarán los beneficios de sus actividades delictivas relacionadas con la MS-13 para que se utilizaran en la compra de armas para los ataques previstos contra la policía en El Salvador. 

   En total, los acusados recaudaron más de $600,000 para este fondo que se utilizó para comprar armas, incluyendo ametralladoras M-16 y M-60, granadas, IED y lanzacohetes.  Además, los acusados ordenaron un aumento de la violencia, incluyendo asesinatos, en el EDNY y en otras partes de los Estados Unidos, que vieron un dramático aumento de la violencia con las MS-13 en 2016 y 2017. 

  Por último, como se alega en la acusación, la Ranfla Nacional dirigió la expansión de las actividades de la MS-13 en todo el mundo, sobre todo en México, donde se envió a varios dirigentes de alto rango para que organizaran operaciones. 

  En México, los líderes de la MS-13 establecieron conexiones para obtener narcóticos y armas de fuego, hicieron negocios con los cárteles mexicanos de la droga, como los Zetas, el Cártel del Golfo, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, y se dedicaron a la trata y el contrabando de personas.

  En agosto de 2019, el fiscal general William P. Barr creó la JTFV para llevar a cabo las recomendaciones del Subcomité MS-13 formado en el marco del Grupo de Trabajo del fiscal general sobre la Delincuencia Organizada Transnacional. 

  El Grupo de Tarea del fiscal general fue el resultado de la Orden Ejecutiva del presidente Donald J. Trump, de febrero de 2017, en la que se ordenaba a los Departamentos de Justicia, Estado y Seguridad Nacional y a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional que coordinaran un enfoque de todo el gobierno para desmantelar las organizaciones delictivas transnacionales, como la MS-13, y aumentar la seguridad del pueblo estadounidense.

  Desde su creación, la JTFV ha aplicado con éxito un enfoque de todo el gobierno para combatir la MS-13, que incluye el aumento de la coordinación y la colaboración con asociados extranjeros en la aplicación de la ley, entre ellos El Salvador, México, Honduras y Guatemala; la designación de programas, camarillas y líderes de la MS-13 prioritarios, que tienen el mayor impacto en los Estados Unidos, para enjuiciamientos selectivos; y la coordinación de acusaciones importantes de la MS-13 en las oficinas de los fiscales de los Estados Unidos en todo el país, incluido el primer uso de cargos de seguridad nacional contra los líderes de la MS-13.

  La JTFV ha estado compuesta por miembros de la División de Seguridad Nacional y de la División Penal del Departamento de Justicia, así como de la División de los Estados Unidos Fiscalías de todo el país, incluyendo el EDNY; el Distrito de Nueva Jersey; el Distrito Norte de Ohio; el Distrito de Utah; el Distrito Este de Virginia; el Distrito de Massachusetts; el Distrito Este de Texas; el Distrito Sur de Nueva York; el Distrito de Alaska; el Distrito Sur de Florida; el Distrito Sur de California; el Distrito de Nevada, y el Distrito de Columbia. Además, todos los organismos de aplicación de la ley del Departamento de Justicia participan en el esfuerzo, incluidos el FBI, la Administración de Lucha contra las Drogas de los Estados Unidos, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos y la Oficina de Prisiones de los Estados Unidos.  Además, HSI también desempeña un papel fundamental en el JTFV.

  El fiscal general, en funciones, Jeffrey A. Rosen, expresó su sincero agradecimiento al fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, por la asistencia de su oficina, así como a los investigadores de la Policía Nacional Civil de El Salvador, unidad del Centro Transnacional Antipandillas, por su inestimable cooperación. Además, numerosos componentes del Departamento de Justicia contribuyeron a esta acusación, entre ellos: la Sección de Lucha contra el Terrorismo de la División de Seguridad Nacional; la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia; la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación del Ministerio Público en el Extranjero de la División Penal; la Sección de Lucha contra la Delincuencia Organizada y las Pandillas; y la Oficina Ejecutiva de los Grupos de Tareas para la Lucha contra la Delincuencia Organizada contra las Drogas. Por último, en consonancia con la Orden Ejecutiva del presidente Trump y el enfoque de todo el gobierno del fiscal general, el Departamento de Estado ha prestado un apoyo fundamental a la misión de la JTFV.

  Los cargos anunciados hoy son acusaciones y los acusados se presumen inocentes a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.  Si son declarados culpables, los acusados se enfrentan a una sentencia máxima de cadena perpetua.

    El caso del gobierno está siendo procesado por los fiscales adjuntos James Donnelly, Matthew Shepherd y Stewart Young de JTFV, y los fiscales adjuntos Paul G. Scotti, Justina L. Geraci y Megan E. Farrell de la División Criminal de Long Island del EDNY.

   Para saber más sobre los esfuerzos del Departamento de Justicia en la lucha contra la MS-13 de 2016 a 2020, véase el informe en: https://www.justice.gov/ag/page/file/1329776/download.

   Una copia de la acusación y los carteles de buscados en español haciendo clic en: acusación, Fredy Ivan Jandres-Parada póster buscado en español, Cesar Humberto Lopez-Larios póster buscado en español, y Hugo Armando Quinteros-Mineros Wanted póster buscado en español.

Los Acusados:

BORROMEO ENRIQUE HENRIQUEZ (“Diablito de Hollywood”)

Edad: 42 años

ELMER CANALES-RIVERA (“Crook de Hollywood”)

Edad: 44 años

EFRAIN CORTEZ (“Tigre de Park View” y “Viejo Tigre de Park View”)

Edad: 51 años

RICARDO ALBERTO DIAZ (“Rata de Sotavento” y “Ratón de Sotavento”)

Edad: 47 años

EDUARDO ERAZO-NOLASCO (“Colocho de Western” y “Mustage de Western”)

Edad: 48 años

EDSON SACHARY EUFEMIA (“Speedy de Park View”)

Edad: 46 años

JOSE FERNANDEZ FLORES-CUBAS (“Cola de Western”)

Edad: 46 años

FREDY IVAN JANDRES-PARADA (“Lucky de Park View” y “Lacky de Park View”)

Edad: 45 años

LEONEL ALEXANDER LEONARDO (“El Necio de San Cocos”)

Edad: 40 años

CESAR HUMBERTO LOPEZ-LARIOS (“El Greñas de Stoners” y “Oso de Stoners”)

Edad: 42 años

JOSE LUIS MENDOZA-FIGUEROA (“Pavas de 7-11” y “Viejo Pavas de 7-11”)

Edad: 56 años

HUGO ARMANDO QUINTEROS-MINEROS (“Flaco de Francis”)

Edad: 48 años

SAUL ANTONIO TURCIOS (“Trece de Teclas”)

Edad: 42 años

ARISTIDES DIONISIO UMANZOR (“Sirra de Teclas”)

Edad: 42 años

El oscuro pasado y las relaciones peligrosas de José Luis De Jongh-Atencio

  Tanto el exgerente de proyectos especiales de CITGO, como su esposa y su suegro se han visto involucrados en hechos de sangre y estafas.

Por Maibort Petit

    El exfuncionario de CITGO en Houston, José Luis De Jongh-Atencio, que aguarda por la celebración este mes de enero del juicio que se le sigue por delitos de lavado de dinero, no sería la primera vez que enfrenta un proceso judicial, toda vez que, en el pasado, él y su esposa —directa o indirectamente— se vieron envueltos en hechos de sangre que se dirimieron en instancias judiciales, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos.

   Así lo refieren documentos de la Sala 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, donde el 4 de octubre de 2004, se declaró la nulidad absoluta del recurso de apelación que el abogado, Álvaro Castillo Zeperfell, presentó a favor de su representado, José Luis De Jongh-Atencio. Con esta decisión se dejaba sin efecto un fallo previo dictado por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, adoptado el 28 de julio de 2004, con el cual se acordó una Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación de Libertad de De Jongh-Atencio, en una causa seguida en su contra por la presunta comisión del delito de Lesiones Intencionales Graves en Grado de Complicidad Correspectiva en perjuicio de dos personas.

  Se trató de un caso por lesiones causadas con un arma de fuego en el que el abogado defensor de José Luis De Jongh-Atencio alegó que “Nunca puso en peligro la vida de la persona que resultara herida como consecuencia de la lesión sufrida, 2), en cuanto a las circunstancias de su comisión, el propio representante del Ministerio Público al establecer la complicidad Correspectiva no ha podido determinar que haya sido su defendido el autor material del hecho y 3) La pena aplicable al delito, sería si es rebajada una tercera pare de un (01) año y ocho (08) meses de prisión, y si es rebajada a la mitad, sería de un (01) año y tres (03) meses de prisión”[1].

El suegro prófugo

  Asimismo, la decisión de un caso dirimido en el Tribunal de Apelaciones de Distrito de Florida, Tercer Distrito, en octubre de 1983, hace referencia a la apelación interpuesta por el estado de la Florida con respecto a una orden que desestimó el cargo de conspiración en una causa que se seguía a Amilcar José Rodríguez-Jiménez y Aguedo Borrego-Estrada.

  El juez Daniel Pearson revirtió la orden que desestimó el cargo de conspiración de la acusación.

  Un Gran Jurado de la Florida estimó la procedencia de acusar a Amilcar José Rodríguez-Jiménez —también conocido con los apelativos de Javier Rodríguez, Selimo S. García y Rafael—, Aguedo Borrego-Estrada —también conocido como Cacho— y Winston Salaverría, quienes entre el 29 de septiembre de 1979 y el 3 de octubre de 1979, conspiraron en el Condado de Dade del estado de la Florida, para asesinar en primer grado a Raimundo Martínez con un arma de fuego[2].

  La relación indirecta con De Jongh-Atencio se a da a través de Winston Salaverría —prófugo de la justicia— padre de su esposa, Dulce María Salaverría Restrepo.

  Algunas voces llaman a poner la lupa en la figura de Dulce María Salaverría Restrepo en la trama de lavado de dinero que se debate en la Corte del Distrito Sur de Texas y a revisar casos de estafa que tuvieron lugar en Venezuela y Florida.

El caso en Texas

  El gobierno de los Estados Unidos procesa judicialmente a José Luis De Jongh-Atencio por presuntamente participar en una trama de lavado de dinero que buscaba legitimar fondos provenientes de sobornos destinados a asegurar contratos de CITGO y PDVSA, luego de que un gran jurado federal lo aprobara el 16 de julio de 2020.

  De Jongh-Atencio, ciudadano con nacionalidad estadunidense y venezolana, cumplió funciones como oficial de adquisiciones y gerente del Grupo de Proyectos Especiales de CITGO, enfrenta un cargo de conspiración para lavar dinero y cinco cargos de lavado de dinero que deberán dirimirse este enero de 2021.

   La acusación formal contra José Luis De Jongh-Atencio sostiene que entre 2013 y 2019, este habría aceptado sobornos de los empresarios José Manuel González Testino y Tulio Aníbal Farías Pérez, entre otros, a cambio de asistirlos a ellos y sus compañías en la concreción de contrataciones con CITGO y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

  Según la documentación presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas, el acusado habría recibido USD 2.5 millones en pagos de sobornos a través del esquema. Por este dinero, De Jongh-Atencio habría proporcionado ventajas comerciales indebidas a González Testino y Farías Pérez para ayudarlos a obtener contratos de CITGO y PDVSA.

   Supuestamente, José Luis De Jongh-Atencio habría ordenado que los montos de los sobornos se hicieran a cuentas bancarias a nombre de empresas fantasmas en Panamá y Suiza. Las ganancias habrían sido lavadas en cuentas bancarias de EE. UU. y en bienes raíces en Texas[3].

REFERENCIA

[1] V/lex Venezuela. “Jurisprudencia. Decisión nº 360-04 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 4 de Octubre de 2004”. 4 de octubre de 2004. https://vlexvenezuela.com/vid/jose-luis-jongh-atencio-307510250

[2] Leagle TM. State v. Rodríguez-Jiménez. https://www.leagle.com/decision/19831358439so2d91911280

[3] Department of Justice. “Former Venezuelan Official Charged in Connection with International Bribery and Money Laundering Scheme”. 6 de agosto de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/former-venezuelan-official-charged-connection-international-bribery-and-money-laundering

 

 

Rafael Reiter: De vigilante en discotecas a millonario hombre de confianza de Rafael Ramírez

 En Estados Unidos y España enfrenta cargos por lavado de dinero de fondos irregulares provenientes de la estatal petrolera venezolana.

Por Maibort Petit

   Tal vez su trabajo como gerente de la Región Metropolitana del Área Prevención y Control de Pérdidas (PCP) de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en el que le correspondía detectar procesos ilícitos dentro de la empresa estatal, le permitió durante mucho tiempo a Rafael Ernesto Reiter Ramírez, mantenerse fuera del ojo de la justicia. A esto también contribuyó su cercanía con el exministro de Energía y Petróleo y expresidente de la petrolera, Rafael Ramírez, de quien era uno de sus hombres de confianza.

  Pero la impunidad de Reiter Ramírez llegó a su fin gracias a las investigaciones del fiscal general auxiliar interino de la División Criminal del Departamento de Justicia, John P. Cronan; el fiscal federal del Distrito Sur de Texas, Ryan K.Patrick; y del agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (HSI) en Houston, Mark Dawson; las cuales condujeron a la presentación del caso ante la Corte del Distrito Sur de Texas-División Houston.

  En esta entrega hacemos referencia a un informe llegado a nuestras manos en el cual se suministran datos, tanto personales, como de los casos en los que se ha visto involucrado Reiter Ramírez.

  El 12 de febrero de 2018 fue acusado, junto a Luis Carlos De León Pérez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, César David Rincón Godoy y Alejandro Isturiz-Chiesa, fue acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Texas ante la corte homónima, todos exfuncionarios de PDVSA, por participar en un esquema internacional de lavado de dinero mediante el cual se buscaba legitimar fondos provenientes de sobornos hechos para asegurar corruptamente contratos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Dos de los cinco acusados también están acusados de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

  Fue arrestado en España en octubre de 2017 respondiendo a la acusación de la justicia estadounidense y, para el momento de la presentación de los cargos ante la Corte del Distrito Sur de Texas-División Houston, permanecía bajo custodia de las autoridades en espera de ser extraditado a los EE. UU.

  La acusación refiere que estos exfuncionarios de PDVSA recibieron sobornos de Roberto Rincón y Abraham Shiera, proveedores de la estatal petrolera venezolana, los cuales totalizaban USD 27 millones[1].

  La acusación sostiene que los cinco exfuncionarios recibieron sobornos de parte de Rincón y Shiera que recibieron de cuentas de estos últimos registradas en Texas, Suiza y Panamá. Como retribución a estos pagos, Reiter, De León, Villalobos, Rincón e Istúriz, les brindaron asistencia para recibir el pago por facturas pendientes de PDVSA y para obtener nuevos contratos.

  Concretamente, Reiter recibió el 19 de febrero de 2013 de una compañía de Roberto Rincón USD 200.000 que fueron depositados en cuenta a nombre de un pariente de Reiter.

  Después, el 21 de febrero de 2013, nuevamente desde la misma empresa de Rincón le fueron transferidos USD 250.000 a la misma cuenta del referido familiar.

   Pero el nombre de Reiter Ramírez también tuvo alta resonancia en el denominado caso de la maleta de los 800 mil dólares transportada por el empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson a Argentina en 2007. Franklin Durán, quien participó en el hecho, en sus declaraciones señaló que el exjefe de seguridad de PDVSA fue el encargado de llevar las dos maletas hasta el avión.

   Una nota del diario La Nación refiere que el exgerente de PCP de PDVSA experimentó un ascenso meteórico en su carrera, al haber pasado de guardia de seguridad en discotecas y fiestas a guardaespaldas de Rafael Ramírez y, de allí, a la gerencia en la petrolera venezolana. Una escalada que, al parecer, no se debió a méritos, sino a su complicidad con Rafael Ramírez[2].

  La prensa argentina y venezolana también refirieron entre julio y septiembre de 2010 que otro funcionario de PDVSA y luego director del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), ente administrador de un  fondo fiduciario que compra productos argentinos del que desaparecieron USD 83,9 millones. Supuestamente, Reiter y Méndez actuaban como espías y agentes diplomáticos paralelos que rendían cuentas a Rafael Ramírez[3].

  El portal Open Corporates informa que en el directorio de la empresa Inversiones RC 58 INC, Rafael Reiter figura como director y tesorero[4]. Esta compañía es propiedad Said Aurelio Cabrera Abraham, oficial del Ejército venezolano que se ha visto involucrado en varios escándalos por corrupción tanto en Venezuela como fuera de ella[5] [6]

  El 27 de octubre de 2017, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España lo detuvo en Madrid junto a Nervis Villalobos Cárdenas, Luis Carlos de León y César Rincón Godoy, por delitos de lavado de dinero en razón de las investigaciones que en su contra se siguen en EE. UU.[7]

  En España, en junio de 2018, un juzgado congeló sus bienes como parte de las investigaciones sobre el blanqueo de capitales provenientes de PDVSA. Reiter a su llegada al país ibérico en 2015 compró una casa en una urbanización acomodada de Barcelona que durante mucho tiempo después intentó vender por 2 millones de euros[8].  La vivienda había costado 1.150.000 euros sin hipoteca, habiéndose hecho los pagos con dos cheques bancarios entregados en el propio acto de compraventa, cuyos fondos precedían de una cuenta en Italia a nombre de la mujer de Reiter, Vanessa Yssea, quien fue también arrestada por estar acusada de participar en el supuesto saqueo de 6.000 millones de dólares cometido por exdirectivos de la petrolera[9].

Los datos de Reiter Ramírez

  Rafael Ernesto Reiter Ramírez nació el 19 de noviembre de 1978 en Caracas. Es titular de la Cédula de Identidad V-16.113.756[10].

  Soltero para la fecha de redacción del informe, el exjefe de seguridad de PDVSA es hijo de Carlos Eduardo Reiter Colina y María Muñoz de Reiter.

  Se le conocen dos direcciones, a saber, la primera, en la Calle Arturo Michelena, Edificio Talismán, Piso 1, apartamento Nº 4, Sector Los Naranjos, urbanización Las Mercedes; y la segunda, en la urbanización Los Naranjos, Edificio Los Naranjos Sol, Piso 4, apartamento Nº 4-4, Municipio Baruta. 

  De acuerdo al informe, para la fecha de su redacción, Reiter Ramírez no presentaba antecedentes registrados en el Sistema de Información Policial (SIPOL) del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

  Tampoco figuraba como propietario de vehículos o motos en el Servicio Autónomo de Transporte y Tránsito Terrestre (SETRA).

  En la base de datos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) del Ministerio para el Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, figura como:

  Según el registro del Instituto venezolano de los Seguros Sociales, Rafael Reiter, quien en la actualidad se encuentra cesante, ingresó al sistema el 29 de julio de 2005. Su fecha de contingencia será el 29 de noviembre de 2038.

  En la empresa Consultores Grupo RT C.A. se desempeñó hasta el 31 de octubre de 2017.

  Acumula 581 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados equivalentes a Bs. 2.915,53.

  Su registro en el IVSS a la fecha del informe en febrero de 2011, refería que para ese momento era un trabajador activo del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, al que ingresó el 29 de julio de 2007, bajo el número patronal D14187387. Para ese momento acumulaba 288 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados equivalentes a Bs. 49.545,74.

  El informe indica que era empleado activo del Ministerio para el Poder Popular para la Energía y Petróleo, y ocupaba, al parecer, el cargo de Gerente de Prevención y Control de Pérdidas, Región Metropolitana, de Petróleos de Venezuela (PDVSA)

  Refería el informe que Rafael Reiter figuraba como una persona sin riesgos en la base de datos del Sistema de Información Central de Riesgo (SICRI), en el que aparecía registrado sistemáticamente con Riesgo “A” (No registra riesgos para el otorgamiento de créditos o inversión).

  En materia de impuestos, los archivos del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT) revisados por la fecha que Rafael Reiter, al 15 de mayo de 2009, no registraba transacciones ni pagos al Fisco Nacional.

Su número de Registro de Información Fiscal (RIF) es V-161137568.

Al 10 de marzo de 2010, No registraba cargas familiares y figuraba como Contribuyente Ordinario. No tenía obligaciones tributarias cargadas.

  La página del Consejo Nacional electoral (CNE) refiere que Rafael Reiter informa que, en la actualidad, Rafael Reiter sufraga en el Liceo Bolivariano Miguel Antonio Caro, de la parroquia Sucre, Municipio Bolivariano Libertador, Distrito Capital.

  Pero a la fecha de redacción del informe en 2011 (se recogieron datos al 30 de noviembre de 2010), su derecho al voto lo ejercía en la escuela Técnica Popular Don Bosco, parroquia Leoncio Martínez, Municipio Sucre, estado Miranda.

   Sobre su tendencia electoral, el informe refiere que Rafael Reiter no figuró en los registros de los procesos revocatorios de mandatos llevados a cabo en el país para la fecha de su redacción. Tampoco aparecía en las denominadas Lista Tascón y Maisanta.

   Sobre sus movimientos financieros, el informe indica que, para esa fecha, Rafael Reiter mantenía la Tarjeta de Crédito No. 5257-3938-0412-1547, en el Banco de Venezuela con un límite de Bs. 5.000,00 y un Saldo Deudor de Bs. 25,00.

  En Banco Banesco tenía la Cuenta Corriente signada con el Nº 0134-0369-4436-9105-1241, abierta el 7 de marzo de 2004, la cual, a la fecha del informe tenía un saldo de Bs. 4.439,94.

  En el Banco Industrial de Venezuela figuraba con una Cuenta Corriente con un saldo a la fecha de Bs. 371,25.

  En el Banco Mercantil tenía registrada la cuenta signada con el Nº 718901782-8, abierta el 13 de febrero de 2006, con un saldo de Bs. 4.040,80.

REFERENCIAS

[1] Department of Justice. “Five Former Venezuelan Government Officials Charged in Money Laundering Scheme Involving Foreign Bribery”. 12 de febrero de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/five-former-venezuelan-government-officials-charged-money-laundering-scheme-involving-forei-0

[2] La Nación. “Todas las miradas apuntan a un empleado clave de Pdvsa”. 16 de septiembre de 2008. https://www.lanacion.com.ar/politica/todas-las-miradas-apuntan-a-un-empleado-clave-de-pdvsa-nid1050348/

[3] Informe 21. “Dos nuevos funcionarios aparecen en caso de sobornos en negociaciones entre Argentina y Venezuela”. 6 de julio de 2010.  https://informe21.com/rafael-ernesto-reiter-munoz/dos-nuevos-funcionarios-aparecen-caso-sobornos-negociaciones-argentina-v

[4] OpenCorporates. Inversiones RC 58 INC. https://opencorporates.com/companies/pa/846641

 

[5] Diario Cibao. “Leonel dice nadie parará su defensa a la Constitución”. 4 de junio de 2019. https://diariocibao.com/leonel-dice-nadie-parara-su-defensa-a-la-constitucion/

[6] Periódico El Sol. “Venezuela: Venden un reactor de refinería evaluado en millones de dólares como chatarra”. 1 de agosto de 2018. https://elsolweb.tv/venezuela-venden-un-reactor-de-refineria-valuado-miles-de-millones-de-dolares-como-chatarra/

[7] El Confidencial. “La UCO detiene a cuatro exdirigentes chavistas en Madrid a petición de EEUU”. 27 de octubre de 2017. https://www.elconfidencial.com/espana/2017-10-27/boliburgueses-madrid-detenidos-villalobos-alvarado_1467563/

[8] El País. “El último refugio de ‘Nadal’, el agente secreto de PDVSA”. 18 de junio de 2018. https://elpais.com/internacional/2018/06/15/actualidad/1529085419_638872.html

[9] OK Diario. “El ex agente infiltrado de PDVSA compró un piso de un millón para blanquear dinero en España”. 17 de junio de 2020. https://okdiario.com/investigacion/ex-agente-infiltrado-pdvsa-compro-piso-millon-blanquear-dinero-espana-5483584  

[10] Dateas. Reiter Muñoz, Rafael Ernesto. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/reiter-munoz-rafael-ernesto-10524588

 

Conozca los bloques de contención que usa el régimen para evitar que el pueblo se levante en su contra

 El control social es estratégico para evitar el desbordamiento de la sociedad.

Por Maibort Petit

   Existe todo un sistema de dominio mediante el cual el gobierno chavista control y manipula al pueblo venezolano, de manera de evitar que este se enfrente al régimen y lo saque del poder. Para ello se vale de cinco bloques de contención que actúan en su favor y, desde todos los flancos, sirven de diques que frenan cualquier intento de desbordamiento.

   Quien sostiene esto es Eduardo E. Hurtado, ex-integrante de la Fuerza Aérea Venezolana y veterano de guerra del Ejército de Estados Unidos quien formó parte de una unidad especial de inteligencia geoespacial. Hurtado es Licenciado en Seguridad Estratégica y Gerencia de la Protección, y también es Licenciado en Tecnología Electrónica, con una Maestría en Administración Empresarial (MBA). 

   En su libro “La franquicia cubana: una dictadura científica”, explica cómo los hermanos Castro desarrollaron una metodología en conjunción con el gobierno de Rusia para implementarlo en Latinoamérica, logrando la manipulación de las masas con el fin de perpetuarse en el poder de manera indefinidamente.

  Según Eduardo Hurtado, la dictadura científica “es un proyecto que tiende a modificarse según la geopolítica del país y que apunta al uso de métodos psicológicos y físicos para lograr el completo adoctrinamiento de sus ciudadanos volviéndolos a todos sumisos y resignados ante el dictador. Para lograr ese adoctrinamiento se ejecutan un conjunto de técnicas y estrategias perfectamente estudiadas y que se van reajustando según la reacción de los ciudadanos, para ello se usa la ingeniería social, la cual hace un solapamiento con la programación neurolingüística, la inteligencia emocional y el lenguaje corporal”.

  Para influir y modificar el comportamiento de la sociedad del país que haya comprado la franquicia, se valen de la ingeniería social y el resultado, en el caso de Venezuela, es que los ciudadanos comenzaron a ver como “indeseable” a quien difiera del gobierno socialista. La ingeniería social es común en los regímenes autoritarios que imponen sus creencias políticas a la ciudadanía, obligándola a creer que su propuesta es la única salida a todos los males.

  Refiere Hurtado que el gobierno cubano vende un paquete de asesoría que él a ha denominado “Franquicia Cubana”, la cual comprende la aplicación de técnicas de ingeniería social, así como temas en materia de invasión, inteligencia, espionaje, contrainteligencia, narcotráfico, lavado de dinero, psicología, torturas entre otros procedimientos. Esta franquicia la vendieron e implementaron con éxito en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y México. Así se vendió a Hugo Chávez como el mesías, quien comenzó pregonando la “igualdad social” en razón de que el término socialismo no era bien visto en el país.

   El gobierno venezolano construyó la “big data” que le permite medir el comportamiento de la masa, a través del denominado “carnet de la patria” el cual no es otra cosa que un mecanismo de control social.

Los bloques de contención

  Sostiene Eduardo Hurtado que para que un sistema de dominio estratégico sea perfecto, es necesario crear niveles de control y manipulación en los que existe una combinación entre el uso de la fuerza, la demagogia, la inteligencia y el populismo.

 Estrategias éstas que el gobierno venezolano aplica a modo de laboratorio de guerra psicológica, al tiempo que analiza los resultados y establece maniobras de acuerdo a las reacciones.

  Refiere que el pueblo en crisis lucha mientras espera una intervención interna de las Fuerzas Armadas, las cuales no terminan de reaccionar a favor de la constitución y el interés nacional. Entretanto, el pueblo sigue en su lucha en contra de una dictadura, pero se agota física y mentalmente cada día más.

  Explica que existen cinco 5 muros o bloques de contención que permiten contrarrestar a la población enardecida. Estos bloques deben cumplir con al menos tres pasos fundamentales para ser exitosos, a saber: 1) Crear una coalición organizada con múltiples líderes de las fuerzas de oposición; 2) estudiar el modus operandi del dictador para así conocer sus debilidades y fortalezas; 3) planificar de manera estratégica las acciones basadas en las debilidades del estado dictador.

  La experiencia cubana es utilizada para sacar de combate a cualquier líder emergente que trate de organizar una rebelión.

  A los cinco bloques que hasta ahora se conocen, se espera que se adicionen los estudiantes universitarios, quienes serán endulzados con estrategias populistas de parte de los alcaldes y gobernadores donde estén ubicadas las principales sus universidades. Una forma de lograr esto puede ser ayudar a rescatar las deterioradas sedes de estas casas de estudios superiores. Para el gobierno es fundamental poner a los estudiantes, toda vez que sabe que son ellos quienes encienden las protestas contra la dictadura.

  Como ejemplo de esto último, Eduardo Hurtado pone como ejemplo el caso de Ricardo Sánchez Mujica, quien fue uno de los líderes de la Universidad Central de Venezuela que luchó en contra del gobierno y, luego, terminó de aliado de la dictadura.

  Hurtado indica que el primer bloque de contención lo conforman: El pueblo simpatizante con el gobierno; el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); la Policía Nacional y algunas Policías Municipales; la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB);  el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN); los Servicios de Inteligencia y Contrainteligencia; los Círculos Bolivarianos; la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

  Entretanto, el segundo bloque de contención lo integran: los colectivos (La Piedrita/Fuerzas Revolucionarias Bolivarianas); los grupos de guerrilla (Tupamaros); los milicianos; los presidiarios; la Guardia Nacional Bolivariana-Infiltrados (Falso personal portando uniforme de la Guardia Nacional); el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC); el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN); los servicios de Inteligencia y Contrainteligencia: la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

  En el tercer bloque de contención están una serie de grupos que son financiados en dólares: Grupo Avispas Negras (Fuerzas Especiales de Cuba); Euskadi Ta Askatasuna Española (ETA); Hezbollah; Al-Qaeda; Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN); las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); los carteles narcotraficantes; Hamas (Palestino).

  El cuarto bloque de contención #4, igualmente pagados en dólares, lo integran: el Comité de Seguridad del Estado Ruso (KGB); el G2 Cubano; el Ministerio de Seguridad del Estado de China (MSS); el reemplazo estratégico (Agentes pasivos); el servicio de espionaje activo; los miembros significativos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas; los miembros significativos de la política venezolana.

  Por su parte, el quinto bloque de contención (también financiado en dólares)  lo conforman: la Mesa de la Unidad Democrática (MUD); el Tribunal Supremo de Justicia; los ministerios estratégicos; la Organización de Naciones Unidas (ONU); las Altas Comisiones para los Derechos Humanos; la Organización de los Estados Americanos (OEA); las altas personalidades políticas extranjeras (cómplices); el Consejo Nacional Electoral (CNE); la fuente de inteligencia abierta (OSINT- Open Source Intelligence).

Sobre la MUD

  Apunta Eduardo Hurtado que en lo atinente a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), se encuentra presente en casi todas las barreras de defensa del estado venezolano.

  Se trata, pues, de un engaño al país que extiende de manera sustantiva el periodo de vida del gobierno, un tiempo que es necesario para consagrar el plan psicológico de control de masa y para pacificar las protestas cuando éstas se salgan de control y representen peligro al régimen. Serán esos momentos en que entrarán en modo de negociación con el gobierno haciendo creer que ellos son los salvadores.

  Es decir, con la MUD el pueblo acude a un organismo estratégicamente infiltrado que detiene su furia con falsas promesas de democracia y paz, así como con mensajes de no a la violencia dirigidos a enfriar los ánimos de la población que ansía cambios.

  Estima Eduardo Hurtado como un hecho positivo, el hecho de que, con todos los acontecimientos ocurridos, la ciudadanía ya ha identificado la traición de todos los dobles agentes de la política.

Sobre la OSINT

 Igualmente, Hurtado destaca el caso de la fuente abierta de inteligencia, el cual es un ejército que no se ve, pero que controla las redes sociales y se encarga de desacreditar cualquier fuente de información confiable.

Son los encargados de investigar, sabotear, confundir, hackear, etc.

  Explica que existe una sala situacional en diferentes lugares de Venezuela y en el extranjero, donde se dedican diariamente a crear o desvirtuar/sabotear noticias a favor del régimen.

 Esta fuente abierta de inteligencia crea fuentes de información opositoras al estado, de modo de dar la impresión de credibilidad en la población y para que la gente sienta confianza en estos medios de información que luego usaran en determinados momentos para sembrar las noticias que ellos quieran manipular en momentos de crisis.

 Estas salas situacionales también se encargan de sabotear a quienes traten de herir el sistema castrista a través de las redes sociales.

Venezuela cedió a Trinidad comercialización del gas del campo Loran-Manatí

   Inexplicablemente el gobierno venezolano renunció a la parte de la actividad que más beneficios económicos brinda.

Por Maibort Petit

   A raíz de la cancelación por parte de Trinidad y Tobago del acuerdo que mantenía con Venezuela para el desarrollo conjunto de un campo de gas natural en parte de la frontera marítima que ambas naciones comparten, el gobierno venezolano cedió a la isla la comercialización del hidrocarburo en el mercado interno trinitario. Así lo revela el documento que puso fin al referido acuerdo, del cual un fragmento llegó a nuestras manos.

  El fin del acuerdo se debió a las sanciones que la administración de los Estados Unidos impuso a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) una de las encargadas de las operaciones.

 A principios del mes de febrero de 2020, el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, anunció que los dos países explotarían de manera independiente los 10,04 billones de pies cúbicos del campo Loran-Manatí.

  En esa ocasión, el gobernante de trinitario dijo que las sanciones “inhiben a las empresas estadounidenses de hacer negocios con la petrolera venezolana PDVSA”, lo que obstaculizaba, por tanto, el acuerdo firmado por Venezuela y Trinidad en 2013[1].

  El Campo Loran-Manatí es una superficie de 209.42 kilómetros cuadrados integrado por el Bloque 2 de la Plataforma Deltana venezolana, cuya superficie es de 169.07 kilómetros cuadrados, así como por una parte del Bloque 6d en el Área Marina Suroeste de Trinidad y Tobago, el cual tiene una superficie de 48, 35 kilómetros cuadrados. Allí, donde Venezuela posee la mayor parte, las administraciones de ambos países acordaron llevar a cabo, las actividades de exploración, las cuales estarían, primeramente, en manos de PDVSA y después, de la estadounidense Chevron, la cual era propietaria de un 60 por ciento. Estas actividades exploratorias determinaron la existencia de una cantidad sustancial de gas en el campo Loran.

  En el año 2005, Chevron/BG eran dueñas del 50 por ciento cada una del Bloque 6, el cual comprende el Sub-bloque 6b y el Sub-bloque 6d, donde se descubrió el campo Manatí. Posteriormente una evaluación técnica de Chevron, BG (ahora Shell), PDVSA y MEEI estableció que los campos estaban integrados. Tiempo después, Chevron vendió su participación en el Bloque 6 a Shell, la cual posee el 100 por ciento en el bloque.

  Los gobiernos de Venezuela y Trinidad suscribieron un acuerdo de unidad para Loran-Manatí el 16 de agosto de 2010, estableciéndose que la República de Trinidad y Tobago participaría con la República Bolivariana de Venezuela en el intercambio de instrumentos de ratificación con respecto al Tratado Marco y la ejecución del Acuerdo de Unidad de Préstamo-Manatí específico sobre el terreno.

  Esto permitió ejecutar el Acuerdo de Unidad de Loran-Manatí respecto al campo de Loran-Manatí, del cual 26,94 por ciento está en el área marítima perteneciente a Trinidad y Tobago y el 73,06 por ciento en la venezolana.

  Pero dado que las sanciones impuestas por EE. UU. impiden a las empresas de ese país negociar con PDVSA, Chevron se ve imposibilitada de participar en cualquier desarrollo del Loran-Manatí, lo que llevó al gobierno de la isla antillana a acordar con el de Venezuela, emprender la explotación y el desarrollo del Campo Loran-Manatí, separadamente[2].

El documento                  

  En tal sentido, se decidió la rescisión del Acuerdo de Unidad para la explotación y el desarrollo de los yacimientos de hidrocarburos del Campo Loran-Manatí y, seguidamente, las partes establecieron un nuevo acuerdo que establece las pautas del desarrollo del campo Loran-Manatí de manera separada e independientemente.

  Es en este nuevo acuerdo donde observamos que, a pesar de Venezuela desarrollará los trabajos de explotación en el área de mayor tamaño que es de su propiedad, entregó al gobierno de Trinidad y Tobago encargarse de “la venta de volúmenes de gas natural de la participación venezolana del Campo de Loran-Manatí en el mercado nacional en Trinidad y Tobago y en el mercado internacional”.

  El documento refiere los derechos y obligaciones de las partes en la nueva modalidad de explotación del Campo Loran-Manatí de acuerdo a “las prácticas internacionales de la industria petrolera”.

  El gobierno de Trinidad y Tobago determinó como requisito en materia de suministro de gas natural, tanto en su territorio como en los mercados internacionales, la definición de las pautas que regirán la actividad a partir de la finalización del acuerdo, entre las cuales destaca la insólita cesión que Venezuela hace de la parte de la actividad que más rinde beneficios económicos, la comercialización.

REFERENCIA

[1] Reuters. “Trinidad cancela acuerdo de gas por sanciones de EEUU a venezolana PDVSA”. 3 de febrero de 2020. https://lta.reuters.com/article/idLTAKBN1ZX2Q0

[2] BNAmericas. “Declaración sobre acuerdo para el desarrollo del campo Lorán-Manatee”. 7 de febrero de 2020. https://www.bnamericas.com/es/noticias/declaracion-sobre-el-acuerdo-para-el-desarrollo-del-campo-loran-mantee 

Clíver Alcalá Cordones podría enfrentar más cargos ante la justicia de EE. UU.

   Pese a que la acusación actual en su contra versa sobre operaciones de narcotráfico que habría llevado a cabo junto a Nicolás Maduro y otros funcionarios venezolanos, el militar retirado ahora se presenta como un enconado adversario del dictador.

Por Maibort Petit

   A los cuatro cargos de narcotráfico que ya enfrenta el ex Mayor General del Ejército, Clíver Antonio Alcalá Cordones, en la Corte del distrito Sur de Nueva York, ahora podría sumársele una nueva acusación federal, de acuerdo a lo revelado por abogados luego de que tuviera lugar el pasado 6 de enero del presente años 2021, durante una conferencia previa al juicio ante el juez de la causa, Alvin K.Hellerstein.

   Sin embargo, no hubo revelación acerca de la naturaleza del nuevo cargo del que se conoció de boca de los abogados que participaron en la audiencia, pero podría estar relacionado con las operaciones que en marzo de 2020 fueron develadas acerca de un plan para derrocar a Nicolás Maduro.

   El militar retirado fue acusado, junto a Nicolás Maduro y otros altos jerarcas de su régimen, por hechos de narcotráfico, pero ahora estaría siendo objeto de una nueva investigación que podría sumarle otros cargos a la acusación por la que próximamente se sentará en el banquillo de la corte de Manhattan.

  Los otros funcionarios venezolanos presuntamente involucrados en la trama son Diosdado Cabello; el exdirector de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal; y a los colombianos Luciano Martín Arango, alias “Iván Márquez”, y Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”,

  La cita del 6 de enero tuvo lugar online, en razón de que los tribunales federales se encuentran cerrados debido a la pandemia de COVID-19. La comparecencia de la Clíver Alcalá Cordones la hizo a través de un teléfono desde la prisión. Para ello requirió de la asistencia de un intérprete.

  En contra de Alcalá Cordones —señalado por la justicia de los Estados Unidos de formar parte del denominado Cártel de los Soles— se le acusa de actuar desde una posición de liderazgo dentro de la referida organización integrada por funcionarios venezolanos, junto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

  Los cargos presentados contra Clíver Alcalá Cordones son: (1) participar en una conspiración de narcoterrorismo, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años y un máximo de cadena perpetua en prisión; (2) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y un máximo de cadena perpetua; (3) usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y una pena máxima de cadena perpetua; y (4) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua en prisión. Todos en violación del Título 21 del Código de los EE. UU., Secciones 960a y 963, y el Título 18 de EE. UU. Code, Secciones 924 y 2[1].

De socios a enemigos

 De compartir los mismos ideales políticos y de juntos, supuestamente, estar incursos en actividades de narcotráfico a través del Cartel de los Soles, Alcalá Cordones y Maduro ahora son enemigos.

  Quien fuera uno de los hombres de confianza del finado expresidente, Hugo Chávez, se habría deslindado del actual dictador venezolano y se ha declarado abiertamente adversario de su gobierno.

 Los supuestos negocios de narcotráfico entre Alcalá Cordones y Nicolás Maduro habrían comenzado —según refieren los documentos que procesa la corte— en 1999, habiéndose extendido estos hasta 2020, aunque la supuesta ruptura con el mandatario habría ocurrido antes de esta última fecha.

 Clíver Alcalá Cordones y otros exministros de Hugo Chávez, agrupados en la que denominaron “Plataforma por la Defensa de la Constitución Bolivariana”, se pronunciaron en contra de Maduro y advirtieron a através de un documento público acerca del “avance gradual pero sostenido y permanente en la limitación y eliminación de los derechos constitucionales de los ciudadanos y ciudadanas y de las organizaciones del pueblo venezolano”[2].

 Esta ruptura lo llevó a huir a Barranquilla, Colombia, donde vivió dos años hasta el 27 marzo de 2020, cuando se entregó a las autoridades de ese país para ser extraditado a los Estados Unidos.

 En esa ocasión, Alcalá Cordones acusó al régimen de Maduro de emprender una campaña de destrucción en su contra.

 Dos días antes, las autoridades colombianas incautaron un arsenal de armas que, supuestamente, estaba destinado a una operación para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro[3]. El hoy acusado ante la corte de Nueva York habría participado en este movimiento en el que habría tenido participación Juan Guaidó quien con JJ rendón habría suscrito un contrato con un mercenario estadounidense, propietario de la una empresa de seguridad en la Florida, que estaría al frente del movimiento.

“Las armas incautadas en Colombia pertenecían al pueblo venezolano, en el marco de un pacto o de un convenio firmado por el presidente (Juan) Guaidó, el señor JJ Rendón, el señor (Sergio) Vergara y asesores norteamericanos’, dijo, en referencia al operativo colombiano que el martes secuestró 26 fusiles de asalto AR-15 y diferentes accesorios en la carretera entre las ciudades de Barranquilla y Santa Marta. ‘El señor Guaidó también firmó ese contrato’, agregó. ‘Desde hace muchos meses venimos trabajando la conformación de una unidad por la libertad de Venezuela. Hemos tenido mucho tropiezo de la oposición, de los testaferros de la oposición que coinciden con los testaferros del Gobierno, llámese César Omaña’, agregó“, recoge una nota de Infobae[4].

[1] Department of Justice. “Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges”. 26 de marzo de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism

[2]https://www.reuters.com/article/us-usa-venezuela-dea-exclusive/alleged-maduro-accomplice-surrenders-to-u-s-agents-will-help-prosecution-sources-idUSKBN21E3IQ

[3] Policía Nacional de Colombia. “Incautamos un gran cargamento de armas de fuego”. 25 de Marzo de 2020. https://www.policia.gov.co/noticia/incautamos-gran-cargamento-armas-fuego