martes, 22 de diciembre de 2020

José Luis De Jongh-Atencio, exgerente de CITGO, acusado de corrupción y lavado de dinero, se declaró no culpable en un tribunal de EE. UU.

Por Maibort Petit

   En un documento emitido por la Corte del Distrito Sur de Texas, se informa que el lunes 21 de diciembre de 2020, el exgerente de CITGO,  José Luis De Jongh Atencio renunció a comparecencia para la lectura de cargos en el tribunal y a través de sus abogados se se declaró no culpable de los delitos de corrupción, lavado de dinero y cobro de sobornos.

   El magistrado Gray H. Miller fijó la fecha del juicio del ex-funcionario corrupto de CITGO, José Luis De Jongh-Atencio para  enero de 2021. El proceso se realizará sin jurado lo que se conoce como Bench Trial o "juicio de banco o en el tribunal", proceso en el cual el juez toma las mismas decisiones de procedimiento [que en uno con jurado], escucha las pruebas y decide si el acusado es culpable o inocente.

  De Jongh-Atencio es un ciudadano venezolano-estadounidense que fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber participado en un esquema de lavado de dinero, que involucra sobornos, para asegurar de manera corrupta, los contratos de CITGO y PDVSA a los demás conspiradores. Un gran jurado federal aprobó la acusación de seis cargos el 16 de julio de 2020.

   El 6 de agosto de 2020, durante la audiencia, los abogados de De Jongh Atencio sometieron a consideración del juez una una fianza por $2 millones para disfrutar de libertad bajo fianza. El 11 de agosto fue liberado con la prohibición de salir del país. 

    De Jongh trabajó en la subsidiaria del grupo de proyectos especiales de PDVSA con sede en Houston. La acusación federal señala que,  desde aproximadamente 2013 hasta al menos 2019, acordó aceptar más de $ 2.5 millones en pagos de sobornos de los contratistas, José Manuel González Testino y Tulio Anibal Farías Pérez, y otros, en el marco de un enorme esquema de corrupción y lavado de dinero que incluyó la entrega de contratos con sobreprecios de CITGO y PDVSA con sobreprecio a las empresas de los conspiradores.

  González Testino y Farías Pérez se declararon culpables por presuntas violaciones de las leyes estadounidenses contra el soborno y otros cargos en relación con el caso.

  De Jongh Atencio ordenó que los pagos de sobornos de los contratistas González Testino y Farías, se hicieran a cuentas bancarias a nombre de empresas fantasmas en Panamá y Suiza y luego lavó las ganancias del soborno a través de cuentas bancarias de EE. UU. Y utilizó la mayor parte de los fondos para comprar bienes raíces en Texas, según informó el Departamento de Justicia.

  También supuestamente recibió obsequios como boletos para los principales eventos deportivos y conciertos de los empresarios.

   La acusación del Departamento de Justicia estadounidense contra el exfuncionario de CITGO, José Luis De Jongh-Atencio, no incluye a todos los asociados de la conspiración criminal ni a la totalidad de las empresas que pagaron sobornos para obtener contratos  fraudulentamente en la filial de PDVSA en Estados Unidos. 

    De Jongh Atencio creó un emporio de riquezas, gracias a negocios ilícitos vinculados a CITGO durante las administraciones de Alejandro Granado y Nelson Martínez. En la estructura criminal hay más cómplices, muchos de los cuales se encuentran en Miami y Houston, que le habrían ayudado a comprar una serie de propiedades a través de compañías fantasmas.

  Fuentes internas de CITGO han revelado que De Jongh Atencio recibía órdenes principalmente del entonces CEO de CITGO,  Nelson Martínez y de José Luis Zambrano, actualmente arrestado en Caracas.  

  Dentro de la estructura criminal en la que participó De Jongh Atencio  participaron, además de González Testino y Farías Pérez, otros contratistas corruptos como Pietro Micale, Ernesto Luis Guevara Rodríguez, Manuel Chinchilla Da Silva, Ángel Rodríguez, entre otros. Dichos contratistas  usaron una serie de empresas de fachada, entre las que se destacan: Rothwell Energy, ICTS, Petroleum Logistics, DanelCorp., EcoWire, SPS, Stang Industrial Products, Ventex, Drill Corp y Lexington Tech.

   De acuerdo a un documento que fue publicado en este expediente, De Jongh Atencio aparece mencionado como receptor de sobornos en otros dos casos, que incluye el del contratista, Gonzalo Morales Divo, (caso sellado #19-cr 001148) y el caso de Laymar Peña Torrealba  (Caso No. 19-cr-186). Gonzalo Morales Divo se declaró culpable de conspirar con su asociado, José Manuel González  Testino, para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Se sabe que Morales colabora con la justicia de los Estados Unidos y su caso fue sellado desde el inicio del proceso por decisión del tribunal.  

   Peña, González Testino, Morales Divo y Farías Pérez están a la espera de sentencia.   González Testino, Farías Pérez y probablemente Peña podrían ser llamados como testigos en el caso de De Jongh.


lunes, 21 de diciembre de 2020

El Gerente General de Procura de CITGO testificó ante la corte en el caso de Rothwell

El juicio fue fijado por el tribunal para el 19 de abril de 2021. 

Por Maibort Petit

   Brian Paulson, Gerente General de Procura de CITGO, testificó bajo juramento ante la Corte del Condado de Harris en Texas, en el marco del caso de la empresa Rothwell Energy Services LLC vs. CITGO. Paulson ocupaba una posición privilegiada en la empresa cuando la filial de PDVSA en Estados Unidos otorgó contratos a la compañía vinculada al sobrino del entonces CEO de CITGO.

   El 22 de marzo de 2019, Rothwell Energy Services LLC demandó a CITGO por incumplimiento de una parte de los pagos acordados por la venta de unas plantas desalinizadoras de agua que supuestamente serían instaladas en Venezuela.

   En este pleito legal también testificaron otros ejecutivos de CITGO, entre ellos Glenn Hilman y Gina Coon.

 Rothwell Energy Services LLC es una empresa incorporada en el registro de compañías del estado de Texas bajo el número 0801876159, el 31 October 2013, teniendo como domicilio fiscal la dirección: 408 west 17TH St, Suite 101, Austin, TX, 78701.

  Brian Paulson habría participado, por su posición privilegiada, en el proceso de entrega de contratos a la empresa Rothwell propiedad del sobrino del ex-ceo de CITGO, Nelson Martínez, quien falleció bajo la custodia del régimen de Nicolás Martínez. 

  Fuentes internas de CITGO sostienen que Paulson estaría vinculado a Glenn Hilman y Laymar Peña, dos ex ejecutivos que fueron denunciados por haberse supuestamente prestado a colaborar con operaciones fraudulentas durante la administración de Nelson Martínez. 

   "Brian Paulson, sigue trabajando en CITGO, aunque fue señalado por irregularidades en la aprobación de contratos de compras fraudulentas de CITGO y CITGO Aruba (bajo las órdenes de Glenn Hilman y Nelson Martínez) en las auditorías de la corporación [que fueron entregadas a la actual directiva de la corporación en el primer trimestre de 2019], Paulson se mantuvo en su puesto, bajo la protección por Luisa Palacios y Carlos Jordá", advierte una fuente vinculada al caso que declaró en condición de anonimato.

  La misma fuente señala que "durante las administraciones de Nelson Martínez y Asdrúbal Chávez se estableció un esquema de corrupción que involucró a varios ejecutivo de la empresa, incluyendo a Glenn Hilman y Brian Paulson para beneficiar a proveedores como Danel Corp, Grupo RO, Rothwell, entre otros."

Rothwell Energy Services LLC

   Rothwell Energy Services LLC es una entidad registrada  en 2013 en el estado de la Florida por Juan Carlos Hurtado Angarita y Claudia Acevedo. La empresa fue creada después de que Nelson Martínez fuera nombrado CEO de CITGO.

  De acuerdo a los récords de CITGO [en poder de Venezuela Política], Rothwell fue agregada a la lista maestra de proveedores aprobados por CITGO sin cumplir con el proceso de debida diligencia que establece las reglas de corporación. 

  Para el momento en que se produce la incorporación de Rothwell a la lista de proveedores de CITGO, los gerentes de adquisiciones eran Michael Ballantine y José Luis Zambrano.

  Los récords evidencian que los mencionados funcionarios adjudicaron a Rothwell los contratos de adquisición de CITGO unos meses después de su fecha de registro.
 
“Rothwell se incluyó en los mismos paneles de licitación con otras empresas fantasma propiedad de Tulio Farías, Manuel Chinchilla De Silva, José Manuel González Testino, Roberto Rincón, Abraham Shiera, Ernesto Guevara y otros proveedores con fuertes vínculos con los directores de PDVSA y CITGO que han sido acusados de corrupción y violación de la Ley de Prácticas Corruptas por el gobierno de los Estados Unidos” sostuvo una fuente interna de la corporación que declaró bajo condición de anonimato.

  Durante 2014 y 2015, a Rothwell Energy Services LLC, se adjudicó contratos de adquisición en CITGO por aproximadamente $ 900 mil de acuerdo a los récords de la corporación.

   Según los registros de CITGO, en 2017, José Pereira, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh y Brian Paulson asignaron más de USD 16 millones en contratos de adquisiciones a Rothwell, como entidad intermediaria, para la adquisición de los siguientes bienes:

 1) Enero de 2017, 170.000 monos de seguridad para PDVSA E&P Occidente por USD 4.139.500,00 

2) Abril de 2017: Plantas de agua por USD 6,3 millones.

3)Junio ​​de 2017: Cilindros y válvulas de gas por USD $ 5.692.500.

   Siguiendo instrucciones de los gerentes de adquisiciones, los paneles de licitación fueron armados por Alejandro Sabatino, Laymar Peña y Marcos Bermúdez, todos ellos en calidad de “Agentes de Adquisiciones del Proyecto Especial de CITGO“.

   El esquema de manipulación de licitaciones a menudo incluía a los siguientes contratistas acusados de corrupción: Tradequip (Roberto Rincon), G&B Global (Ernesto Guevara y Charles Beech), Southern Procurement Services (Manuel Chinchilla), Yakima Trading Corporation (Samark López Bello), Stang Industrial Products (José Manuel González Testino), Rothwell Energy Services (Juan Carlos Hurtado Angarita) entre otros.

  Como era de esperarse, la adjudicación de contratos fraudulentos a las empresas de maletín de los mencionados corruptos, se ejecutaban con complicidad interna. Testimonios de empleados de CITGO confirman que “los procesos de licitación [presuntamente] fraudulentos fueron manipulados y respaldados por los gerentes de adquisiciones de CITGO de la época, a saber: Glenn Hilman, José Luis Zambrano, Brian Paulson, Gustavo Cárdenas y Laymar Peña”.

   Para el tiempo en que se aprobaron los contratos fraudulentos en el Departamento Legal de CITO estaba un funcionario llamado, Gene Riccetti, mientras que Rick Esser, ejercía como Oficial de Cumplimiento; Jennifer Moos, era la Asistente del Oficial de Cumplimiento y Presidenta del Comité de Adquisiciones de CITGO.

    De acuerdo a las fuentes consultadas por Venezuela Política los mencionados funcionarios presuntamente “colaboraron para facilitar la aprobación ilegal de contratos corruptos, malversación, fraude y lavado de dinero”.

  Un funcionario recalcó que CITGO “No realizó la debida diligencia detallada en el caso de Rothwell Energy para identificar y documentar a los beneficiarios finales finales y evaluar el estado financiero, comercial y legal de la entidad“.

   La fuente consultada sostiene que “Juan Carlos Hurtado Angarita es sobrino de Nelson Martínez, y a pesar que sabían que había un conflicto de intereses, el hecho fue ignorado y encubierto por los directores de CITGO”.

   Por su lado, Nelson Martínez [fallecido en 2018], Eulogio Del Pino y José Pereira[bajo arresto en Caracas] aprobaron los contratos definitivos.

   Desde febrero de 2017 hasta agosto de 2018, [tiempo que incluye en posiciones de servicio a los funcionarios (ex): Glenn Hilman, José Luis Zambrano y José Pereira], “CITGO aprobó USD 10.6 millones en pagos para sobrino de Nelson Martínez, Juan Carlos Hurtado Angarita, según los registros internos”.

   Las fuentes consultadas sostiene que aunado al caso de Rothwell Energy, “Nelson Martínez, José Pereira y Glen Hilman [presuntamente] conspiraron para beneficiar a otras empresas fantasmas propiedad de personas corruptas con fuertes vínculos con el régimen de Maduro“.

    En el caso de Rothwell Energy Services LLC vs. CITGO, los abogados de Rothwell/Juan Hurtado están solicitando las declaraciones de Glenn Hilman y Gina Coon, que durante el 2017 y 2018 junto a Nelson Martínez, José Pereira, José Luis Zambrano y Gustavo Cárdenas, [presuntamente] ayudaron a facilitar la aprobación ilegal de los Contratos y el lavado de dinero proveniente de las transacciones ilícitas.

  Otra fuente destaca que a pesar de las denuncias de presunto fraude, corrupción y lavado de dinero de los funcionarios nombrados en que Gina Coon, Gene Ricetti, Rick Esser y Glenn Hilman [ahora consultor contratado] continúan como empleados y oficiales de CITGO bajo la administración de Luisa Palacios y Carlos Jordá.


La demanda en el tribunal de Texas

   La demanda alega que CITGO incumplió y violó los términos de un contrato firmado entre las partes [en tiempos de la presidencia de Martínez]. El tribunal fijó el inicio del proceso de juicio para el mes de septiembre de 2020 y el juicio para el 19 de abril de 2021.

  El demandante alega que CITGO ha incumplido en coordinar las deposiciones de varios empleados, entre quienes se menciona a Rick Esser y Gina Coon.

   El avance del caso de Rothwell se retrasó varios meses debido a que CITGO buscaba una orden de abatimiento debido a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

   De acuerdo a los documentos del caso, varios empleados de CITGO, junto a corruptos venezolanos —dueños de empresas de maletín, funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y sus respectivos testaferros— están involucrados en este caso que también es objeto de investigación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

  El hecho presuntamente ocurrió durante la gestión del fallecido Nelson Martínez —cuando este se desempeñaba como CEO de CITGO— y contempló y aprobó un proyecto de USD 100 millones para la empresa demandante, Rothwell Energy Services LLC, una entidad vinculada a un familiar directo del finado ejecutivo. 

 CITGO niega los alegatos de Rothwell

  Los documentos presentados en la corte, muestran una comunicación enviada por CITGO, como respuesta a la solicitud de divulgación del demandante, Rothwell Energy Services LLC.

   La filial de PDVSA en EE. UU. negó los cargos y las alegaciones contenidas en la petición original de la demanda, de conformidad con las disposiciones de la Regla 92 de las Reglas de Procedimiento Civil de Texas y exige una prueba estricta de las mismas.

 Asimismo, CITGO informó que PDVSA Petróleo S.A. tenía un interés en el contrato de servicio que constituye la base de la demanda y las plantas de agua que el mismo involucra, indicándose que al terminarse cada una de dichas plantas, se procedería a ejecutar una factura de venta y cesión entre Rothwell y PDVSA. Esto no habría ocurrido.

  Del mismo modo, CITGO negó que le debiera dinero a Rothwell, no obstante, admitió que, si el Tribunal determina que se adeuda alguna cantidad, esto no será conforme a una cuenta jurada originalmente. 

   En el proceso, CITGO presentó e incorporó una declaración jurada de la persona que conoce bien el proceso de pagos y de contratos de la corporación, Brian Boudreaux, en apoyo de la denegación del reclamo del demandante. 

  CITGO argumenta que la deuda que se quiere cobrar Rothwell es ilegal, a la vez que alega que cualquier pago que CITGO haga a Rothwell en estos momentos, violaría las órdenes ejecutivas del gobierno de los EE. UU. números 13808 y 13850 que prohíbe transacciones con PDVSA y sus filiales por estar sancionadas.

   CITGO explica en la moción que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó el 28 de enero de 2019 a PDVSA, la empresa matriz indirecta de CITGO. Lo que significa que la propiedad de ambas empresas estatales venezolanas está bloqueada.

 “CITGO y Rothwell probablemente tengan prohibido realizar transacciones que involucren a PDVSA sin una licencia de la OFAC que autorice la transacción“, dice la comunicación.

    Debido a que PDVSA es el usuario final previsto y el beneficiario de los sistemas de agua, los pagos que busca Rothwell no se pueden realizar ni aceptar bajo las sanciones de los EE. UU., puesto que la empresa estatal venezolana podría someter a CITGO y Rothwell a sanciones penales y civiles, según la legislación estadounidense.

   Sostiene que la Orden Ejecutiva 13808 prohíbe cualquier transacción relacionada con la deuda de CITGO con vencimiento superior a 90 días, incluidas las facturas con antigüedad superior a dicho término, si PDVSA está involucrada. Como resultado, el pago de las facturas que se alegan en la demanda y la aceptación de dichos pagos sin la autorización del gobierno de los EE. UU. volvería a someter a CITGO y Rothwell a importantes sanciones civiles y penales de acuerdo a las leyes de los EE. UU.

  CITGO reitera que los pagos a Rothwell, en razón de las órdenes ejecutivas 13850 y 13808, no pueden hacerse puesto que el acuerdo establece que la demandante debe cumplir con todas las leyes, reglas, regulaciones, ordenanzas y requisitos de nacionales, estadales y locales, o de organismos reguladores sobre cualquier aspecto de la obra en Venezuela.

  También CITGO afirma que la disposición de fuerza mayor en el acuerdo le impide realizar pagos a Rothwell mientras las sanciones de EE. UU. estén vigentes.

Ex trabajador discapacitado que demandó a CITGO exige juicio con jurado y daños compensatorios

  Gabriel Alvarado sostiene que ha sido víctima de discriminación y represalias por parte de CITGO y del funcionario de bomberos por cuya negligencia quedó discapacitado.

Por Maibort Petit

   Las acciones legales con CITGO ocurren en todos los ámbitos posibles, tanto por incumplimiento de contratos, como de índole administrativo y laboral, tal es el caso del ex trabajador, Gabriel Alvarado, quien demandó ante la Corte del Distrito Sur de Texas-División Corpus Christi, a la filial de Petróleos de Venezuela S.A. en Estados Unidos por daños reales, exigió la realización de un juicio con jurado y el otorgamiento de una serie de reivindicaciones que incluyen salarios perdidos, bonificaciones, los beneficios en una cantidad por determinar, así como también años compensatorios por el monto máximo permitido por la ley.

   Igualmente, Alvarado solicitó al tribunal una orden para que CITGO repare la violación de los derechos civiles y cualquier otra reclamación aplicable, incluida la reinstalación en la empresa, si se justifica o es factible; los costos procesales, incluidos los honorarios de peritos y abogados; la concesión de cualquier otra reparación adicional, tanto en derecho como en equidad.

   Alvarado acusa por parte de CITGO discriminación por discapacidad y represalias en violación de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, 42 USC Sec. 12101 y siguientes, así como de la Sección del Código Laboral de Texas 21 y siguientes; violación de la Ley de Compensación para Trabajadores de Texas, Código de Laboratorio de Texas, Sec. 451.001 y siguientes; una reclamación en virtud de la sección 504 de la Ley de rehabilitación relacionada con la discriminación por discapacidad y represalias.

   El demandante es un hombre hispano que trabaja para CITGO en la refinería ubicada en Corpus Christi, Texas, se encuentra discapacitado bajo la ADA, 42 USC Sec. 12102; y el Tex.Lab.Code Sec. 21.002(6). En tal sentido, se explica que Gabriela Alvarado tiene un impedimento físico que limita sustancialmente una o más de las principales actividades de su vida.

   Alvarado comenzó a trabajar con CITGO en 2007 como técnico de trabajo múltiple, correspondiéndole trabajar en la refinería y monitorear las operaciones de esta, las bombas y las temperaturas de las unidades de procesamiento, que incluían la unidad de aislamiento, la unidad Alky y la unidad de cumeno.

Los hechos

   El 19 de julio de 2009 Cabriel Alvarado sufrió lesiones graves como resultado de una explosión química mientras trabajaba en la planta de CITGO en Corpus Christi, Condado de Nueces, Texas, lo que provocó su discapacidad. El incidente fue cubierto por la Ley de Compensación para Trabajadores de Texas.

  Ese día una de las unidades de procesamiento de CITGO comenzó a perder gas, lo que creó una nube de gas fluorhídrico.

  Se explica que el ácido fluorhídrico es un líquido transparente y venenoso, un químico cáustico altamente corrosivo que causa inmediatamente daño severo a los tejidos al contacto. Hubo una segunda explosión más grande.

  Gabriel Alvarado vestía un overol retardante de fuego y un traje resistente a salpicaduras de ácido sobre el referido overol, las cuales se quemó por completa con las explosiones y aunque intentó entrar en otra área no pudo hacerlo porque no pudo escanear pues su placa se había derretido. Logró hacerlo gracias a que un compañero lo ayudó y allí intentó descontaminarse. El demandante fue envuelto en una manta y luego esperó una ambulancia y atención médica de emergencia. David Cave, el Jefe de Bomberos de CITGO a cargo de la situación, caminó hacia el exterior de la casa de cambio donde Alvarado esperaba ayuda médica. Al grito del demandante de "dónde está la ambulancia", Cave no respondió, se dio la vuelta y salió sin brindar ayuda.

  Cuando más tarde llegó la ambulancia, le dio a Gabriel Alvarado un medicamento que lo durmió de inmediato y despertó noventa días después en el hospital.

   Alvarado sufrió quemaduras en aproximadamente el 60 por ciento de su cuerpo tanto externa como internamente, perdió el antebrazo y la mano izquierda, mientras su lado derecho resultó gravemente dañado, así como el área de los ojos, las orejas y los labios, que tuvieron que rehacerse mediante injertos. Sus piernas resultaron gravemente dañadas.

  El demandante ha requerido más de 50 cirugías debido a sus lesiones, así como terapia continua desde la explosión, la cual deberá aplicarse por el resto de su vida.

  Cave fue degradado/removido como Jefe de Bomberos luego de la explosión química de 2009.

  En enero de 2011, Gabriel Alvarado volvió a trabajar. Para ese entonces, John Silva era el gerente de recurso humano de CITGO y Kevin Ferrell era el gerente de planta.

  CITGO estaba consciente de la necesidad de Alvarado de recibir tratamiento médico y fisioterapia constantes y a través de Silva y Ferrell, acordó: (a) acomodar todas las terapias y citas médicas futuras del demandante; (b) que el demandante no tendría que utilizar la licencia por enfermedad o vacaciones del demandante para asistir a la terapia; y (c) que no sería acosado por sus visitas de terapia, médico o cirugías.

   Al regresar al trabajo en 2011, Gabriel Alvarado se convirtió en Coordinador de Seguridad/Jefe Auxiliar de Bomberos, correspondiéndole ayudar a llevar a cabo seminarios y presentaciones de seguridad con empleados, empleados nuevos, empleados de cambio y contratistas; coordinar evacuaciones de incendios y ayudar con las inspecciones de seguridad mensuales. Todas estas tareas las llevó a cabo entre 2011 y diciembre de 2018.

   A partir diciembre de 2018, CITGO instaló a David Cave como Jefe de Bomberos y gerente/supervisor y desde entonces comenzó un patrón de discriminación, represalias y acoso contra Gabriel Alvarado.

   Cave comenzó a acosar y microgestionar al demandante; cambió los horarios, requiriendo que Alvarado tenga que laborar en el tiempo para las visitas de terapia y las citas médicas. Esto requirió que el demandante se pusiera a trabajar temprano para recuperar el tiempo y regresara a labores después de la terapia y trabajara hasta tarde para compensar el tiempo de la cita, aun cuando luego de la terapia es insoportable. También se exigió que trabaje los fines de semana para compensar las citas médicas y que tuviera que pedir licencia en cada ocasión de terapia o cita médica. A Alvarado se le degradó como enlace con los bomberos y se le confinó a la oficina de seguridad. CITGO se ha negado a entregarle a Alvarado por escrito la descripción de sus funciones.

  Alvarado ha tenido que buscar atención médica por la ansiedad extrema causada por las acciones descritas.

  CITGO no se involucró en el proceso interactivo y violó la ley estadounidense con Requisitos de adaptación de la Ley de Discapacidades (ADA) y del Código Laboral de Texas.

    Luego de sufrir lesiones en julio de 2009, Gabriel Alvarado solicitó y recibió pagos mensuales subsidiados por discapacidad del Seguro Social para él y sus familiares, lo cual requería que CITGO llenara los formularios de discapacidad del Seguro Social para que el demandante pudiera calificar para estos pagos de beneficios. Estos formularios incluyen el Formulario de cuestionario de actividad laboral, que es necesario para que el Seguro Social califique al Demandante para los pagos subsidiados por discapacidad del Seguro Social.

   CITGO determinó que Alvarado solo podía realizar el 10 por ciento de sus obligaciones laborales anteriores y calificó para que el restante 90 por ciento fuera pagado por el Seguro Social. Así, el demandante recibió aproximadamente $USD 2.100 mensuales en pagos por discapacidad, incluidos los pagos para miembros de la familia.

   Sin embargo, CITGO luego se negó a completar los formularios de discapacidad del Seguro Socia/Formulario de cuestionario de actividad laboral, lo que impide que Alvarado califique para el subsidio por discapacidad del Seguro Social. Tal circunstancia ha ocasionado que el Seguro Social requiera un reembolso en efectivo del demandante por USD 60.000 y lo descalificó a él y a los miembros de su familia de beneficios pasados y futuros.

viernes, 18 de diciembre de 2020

Por delitos de lavado de dinero Corte de la Florida acusa a Raúl Gorrín, a Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa

  La acción legal contempla la confiscación 18 bienes inmuebles ubicados en la Florida y Nueva York.

Por Maibort Petit

   Ante la Corte del Distrito Sur de Florida la fiscal, Adriana Fajardo Orshan, presentó acusación contra Raúl Gorrín Belisario, Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, por los delitos de Conspiración para cometer blanqueo de capitales, 9 cargos de Blanqueo de instrumentos monetarios y Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

La trama

  Refiere la acusación que desde 2008 hasta alrededor de 2017, Raúl Gorrín Belisario, Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, así como sus co-conspiradores constituyeron una trama de corrupción sustentada en los cambios de moneda extranjera realizados para el gobierno venezolano. Gorrín habría pagado cientos de millones de dólares en sobornos para asegurar su participación en negociaciones cambiarias que superaban los USD 1.000 millones que le rindieron ganancias de cientos de millones de dólares.

  Gorrín Belisario y otros, “ofrecieron, prometieron, autorizaron y realizaron pagos corruptos a funcionarios del gobierno venezolano, incluidos dos Tesoreros Nacionales consecutivos en Venezuela”, a saber, Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Díaz Guillén. El empresario utilizó para ello, tanto cuentas bancarias personales como a nombre de empresas de las que era propietario y controlaba.

  En primer término, Gorrín Belisario, a partir de 2008, ofreció, prometió, autorizó y pagó sobornos a Alejandro Andrade Cedeño con el fin de que le permitiera realizar cambios de divisas, asegurándose una ventaja indebida derivada del control de cambios imperante en Venezuela.

   En 2010, Raúl Gorrín se asoció con Gabriel Arturo Jiménez Aray con objetivo de comprar el Banco Peravia y así ayudar en el lavado de sobornos pagados a funcionarios venezolanos y el producto de este y otros esquemas.

  En 2011, cuando Claudia Patricia Díaz Guillén fue designada Tesorera Nacional, Alejandro Andrade Cedeño le presentó —a ella y a su cónyuge Adrián José Velázquez Figueroa— a Raúl Gorrín y, a partir de entonces, el empresario igualmente le ofreció, prometió, autorizó y pagó sobornos a la funcionaria, de manera de poder mantener con ella las negociaciones cambiarias que llevaba a cabo con su antecesor.

  Para encubrir los pagos, Raúl Gorrín Belisario y otros, se valió de cuentas bancarias a nombre de tres empresas fantasmas y disfrazó los sobornos realizados en favor de Claudia Díaz Guillén a través de su esposo.

  De este modo, entre 2011 y 2013, Raúl Gorrín pagó alrededor de USD 65 millones en sobornos a Claudia Díaz Guillén. Por ejemplo, entre noviembre de 2012 y mayo de 2013, Gorrín transfirió USD 8,6 millones de cuentas bancarias en Suiza a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida a beneficio de Díaz Guillén y Velázquez Figueroa.

  Igualmente, mientras Claudia Díaz fue tesorera nacional, Gorrín Belisario pagó sobornos por USD 94 millones a beneficio de Alejandro Andrade Cedeño, con el propósito de completar los pagos que le adeudaba cuando estaba al frente de la Tesorería y para para evitar que interfiriera o impidiera el esquema en curso con Díaz Guillén y su esposo. También buscaba premiar a Alejandro Andrade Cedeño por presentarle a su sucesora en el cargo.

   Entre diciembre de 2012 y junio de 2013, Raúl Gorrín transfirió USD 1,78 millones de cuentas bancarias en Suiza a cuentas bancarias en Estados Unidos, incluyendo cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida, a beneficio de Alejandro Andrade Cedeño.

   Además de los sobornos pagados en beneficio de Andrade Cedeño, Díaz Guillén y Velázquez Figueroa, el empresario compró y pagó gastos relacionados con jets privados, yates, mansiones, caballos campeones, relojes de alta gama y una línea de moda de diseño en el Distrito Sur de Florida y el Distrito Sur de Texas a beneficio de estos.

  Gorrín Belisario recibió facturas y mantuvo correspondencia vía correo electrónico con los proveedores de Alejandro Andrade Cedeño, Claudia Díaz y Adrián Velázquez que el empresario hizo que se pagaran mediante transferencias bancarias desde cuentas bancarias en Suiza a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida.

  Raúl Gorrín instruyó a sus empleados para que mantuvieran una hoja de cálculo con el propósito de rastrear algunos de los pagos de sobornos hechos a Alejandro Andrade y a Claudia Díaz, incluidos los pagos realizados a través de su esposo Adrián Velázquez.

  Señala la acusación que Raúl Gorrín continuó entregando dinero y otras cosas de valor a Claudia Díaz y a Adrián Velázquez, aun después de dejar la Tesorería, con el objeto de que le brindara su asistencia en la obtención de ventajas comerciales.

Las operaciones y correos

   El 25 de octubre de 2012, Raúl envió un correo electrónico con el asunto "485.000" a uno de sus empleados y socios comerciales, instruyéndolos acerca de una operación próxima a realizar con una empresa de yates y diciendo: "Por favor, haga la transferencia y cárguela a AV''. Posteriormente, el 29 de octubre de 2012 ordenó transferir USD 485.000 desde la cuenta bancaria de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta bancaria de una compañía de yates ubicada en el Distrito Sur de Florida, en beneficio de Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa.

   El 13 de noviembre de 2012, Gorrín ordenó transferir USD 4,35 millones desde la cuenta bancaria de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta bancaria de la misma compañía de yates en el Distrito Sur de Florida, esto con relación a la compra de un yate para Claudia Díaz y Adrián Velázquez.

  El 11 de diciembre de 2012, Alejandro Andrade Cedeño envió por correo electrónico a Raúl Gorrín una copia de una factura por USD 14.422 por servicios veterinarios y las instrucciones para realizar el pago.

  El 12 de diciembre de 2012, Raúl Gorrín transfirió USD 15.000 desde una cuenta en Suiza a una cuenta ubicada en el Distrito Sur de Florida, en los Estados Unidos.

   El 29 de enero de 2013, luego de recibir un correo electrónico con los detalles para la compra de un sistema de seguridad por USD 1.103.371 para la casa de Alejandro Andrade Cedeño en Caracas, Raúl envió por correo electrónico la propuesta de la compra dirigiéndose a Andrade como “Jefe”, solicitándole su aprobación. El 30 de enero de 2013 Gorrín ordenó transferir USD 1.103.371 desde su cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza, a una cuenta bancaria en el Distrito Sur de Florida para la compra del citado sistema de seguridad.

   El 5 de febrero de 2013, mientras se encontraba en Wellington, Florida, Alejandro Andrade Cedeño envió por correo electrónico a Gorrín una copia de una factura por USD 174.800 de una empresa de transporte de caballos. El 7 de febrero de 2013, el empresario ordenó transferir USD 174.800 desde su cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a una cuenta bancaria en Nueva York para la empresa de transporte de caballos.

   El 15 de febrero de 2013, Alejandro Andrade Cedeño envió por correo electrónico a Gorrín con la identificación de la persona a quien se le debía pagar por los gastos relacionados con sus caballos. El 25 de febrero de 2013, el empresario ordenó transferir USD 150.000 de la cuenta bancaria de la Compañía 1 en Suiza a una cuenta bancaria en el Distrito Sur de Florida a beneficio de dicha persona.

   El 4 de marzo de 2013, Andrade Cedeño le envió por correo electrónico a Raúl Gorrín una copia de las instrucciones de transferencia para una empresa de transporte de caballos. El 7 de marzo de 2013, Gorrín Belisario, mientras se encontraba en el Distrito Sur de Florida, ordenó transferir USD 228.768 desde su cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a una cuenta bancaria en Nueva York para la empresa de transporte de caballos.

  El 15 de marzo de 2013, el empresario ordenó transferir USD 281.051 desde la cuenta bancaria de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta bancaria de una compañía de yates en el Distrito Sur de Florida, para la compra de un yate para Claudia Díaz Guillén y su esposo, Adrián Velázquez Figueroa.

   El 17 de mayo de 2013, Raúl Gorrín ordenó transferir USD 4 millones desde la cuenta bancaria de la Compañía 2 en Suiza a una cuenta bancaria en el Distrito Sur de Florida mantenida por una compañía de moda propiedad de Claudia Díaz y su esposo.

  El 29 de mayo de 2013, Alejandro Andrade Cedeño envió por correo electrónico a Gorrín una copia de una factura por USD 117.062,15 por obras de mejoramiento para su casa. El 6 de junio de 2013, el empresario ordenó transferir USD 117.087,15 desde la cuenta bancaria de la Compañía 2 en Suiza a una cuenta bancaria en el Distrito Sur de Florida para la empresa de mejoras para el hogar.

Confiscación de bienes

   La acusación contempla la confiscación de los siguientes bienes de los imputados:  1) 140 Paloma Drive, Coral Gables, Florida 33143; (2) 144 lsla Dorada Boulevard, Coral Gables, Florida 33143; 3) 18555 Collins Avenue, Unidad 4401, Sunny lsles Beach, Florida 33160; 4) 21055 Yacht Club Drive, Unidad 2602, Aventura, Florida 33180; 5) 4100 Salzedo Street, Unidad 804, Coral Gables, Florida 33146; 6) 4100 Salzedo Street, Unidad 1010, Coral Gables, Florida 33146; 7) 4100 Salzedo Street, Unidad 608, Coral Gables, Florida 33146; 8) 4100 Salzedo Street, Unidad 807, Coral Gables, Florida 33146; 9) 4100 Salzedo Street, Unidad 809, Coral Gables, Florida 33146; 10) 4100 Salzedo Street, Unidad 811, Coral Gables, Florida 33146; 11) 4100 Salzedo Street, Unidad 813, Coral Gables, Florida 33146; 12) 4100 Salzedo Street, Unidad 909, Coral Gables, Florida 33146; 13) 4100 Salzedo Street, Unidad 913, Coral Gables, Florida 33146; 14) 20 W. 53 rd St, 47A, Nueva York, Nueva York 10019; 15) 310 E. 53th Street, Apt 24C, Nueva York, Nueva York 10022; 16) 330 E. 57th Street, Apt 12, Nueva York, Nueva York 10022; 17) 60 Riverside Boulevard, PH 3702, Nueva York, NY 10069; y 18) 60 Riverside Boulevard, PH 3602, Nueva York, NY 10069.




 

Crimen organizado y corrupción: 9 bloques delictivos controlan Venezuela (III)

   El crimen organizado se ha instalado en Venezuela y hace vida común con el régimen chavista que ostenta el poder desde hace 20 años.

Por Maibort Petit

   Esta tercera entrega sobre las organizaciones de la delincuencia organizada que operan en Venezuela y que, de acuerdo a un estudio se constituyen en 9 bloques que actúan en perfecta convivencia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), las policías nacionales, regionales y municipales, así como otros organismos del estado.

   Así lo señala el informe “Crimen organizado y corrupción en Venezuela: Un problema de Estado” elaborado por Transparencia Venezuela, el cual hace un recuento acerca de las organizaciones criminales, los tipos delitos, situación regional en varios estados, el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), además de presentar una serie de iniciativas para combatir el problema y darle solución.

Séptimo bloque: Traficantes de drogas

  Durante los 20 años en los que el chavismo ha gobernado en Venezuela, el país se ha convertido en uno de los puentes —aéreo y marítimo— del narcotráfico más importantes del planeta.

  Mientras Colombia produce el 70 por ciento de la cocaína que se consume en el mundo, Venezuela por su ubicación estratégica, es ruta de traslado de drogas hacia los grandes mercados de consumidores, a saber, Norteamérica y Europa.

  Refiere el informe que la ruta más importante para traficar cocaína por vía aérea desde Venezuela es la que utiliza las pistas clandestinas de los estados Apure, Zulia y Falcón desde donde parten avionetas con rumbo a Centroamérica, especialmente a Honduras. Estos cargamentos pasan hacia México y desde allí a Estados Unidos.

  Agrega el reporte que la ONU ha certificado que muchos vuelos no documentados salieron de Venezuela y “todas las remesas aéreas clandestinas de cocaína detectadas en el África Occidental parecen haberse originado en la República Bolivariana de Venezuela”. Igualmente, el organismo internacional señala que “la cocaína traficada a través de la República Bolivariana de Venezuela, rumbo a los Estados Unidos, suele salir por aire desde puntos cercanos a la frontera con Colombia con destinos en la República Dominicana, Honduras y otros países del Caribe y América Central, así como en México”.

  Incluso el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar ha sido usado para transportar droga, lo que evidencia la participación del sector militar en el negocio, puesto que ellos custodian la terminal aérea.

  Entretanto, por vía marítima, los cargamentos de droga se trafican, principalmente con rumbo a Europa. La ONU comprobó que las grandes remesas transportadas por mar se llevan a cabo cada vez en mayor medida, a través de Venezuela. Se informa que la cocaína incautada desde 2004, “se comprobó que el 41% provenía de la República Bolivariana de Venezuela”.

  El informe de Transparencia Venezuela hace mención al caso del conocido narcotraficante venezolano, Walid Makled, “quien tenía una concesión en el mayor complejo portuario de Venezuela, ubicado en la localidad de Puerto Cabello, ubicado en el estado Carabobo. El permiso fue obtenido, según su propio testimonio, por medio de sobornos, lo que le brindaba grandes facilidades para enviar cargamentos de droga a través de barcos. Su familia también llegó a ser dueña de la compañía aérea Aeropostal, una de las más importantes del país”.

  Las amplias costas venezolanas son punto de partida a diario de pequeñas embarcaciones cargadas de droga hacia islas del Caribe.

 En 2005 el gobierno de Hugo Chávez rompió los acuerdos de cooperación que existían con la DEA y con la policía británica, los cuales habían permitido duros golpes contra los traficantes de drogas en Venezuela. Ese mismo año, fue destituida Mildred Camero del órgano rector de la lucha contra el narcotráfico, quien calificó al gobierno de ser un “narcorégimen”.

  Se advierte que no sería ilógico pensar que el gran negocio del narcotráfico en Venezuela haya avanzado sin la participación de funcionarios corruptos e inescrupulosos.

   En este sentido, se hace referencia a la presunta existencia del “Cártel de los Soles”, conformado por oficiales de la Fuerza Armada Nacional que mantienen el control de puestos fronterizos, puertos, aeropuertos y otras instituciones del Estado.

Octavo bloque: FARC y ELN

  Transparencia Venezuela sostiene en su informe que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mantienen actividad delictiva y controlan territorio en Venezuela.

  En la incursión de estas dos guerrillas colombiana en Venezuela, el informe cita como factores primordiales, primero, la afinidad ideológica del régimen con estas agrupaciones delictivas y, segundo, el combate que se le da en Colombia a estos grupos, lo que las ha obligado a replegarse al territorio venezolano como aliviadero, refugio y lugar de operaciones.

  Se afirma que Venezuela se convirtió en los últimos años en un bastión fundamental de los disidentes de las FARC que no se acogieron al proceso de pacificación y que en tierras gobernadas por el chavismo encontraron corredores de narcotráfico clave y lugares para huir de la presión de las fuerzas de seguridad colombianas.

  Recuerda el informe que, a su llegada al poder, Hugo Chávez se declaró neutral en el conflicto colombiano, lo que en derecho internacional público significó que reconocía a las FARC y al ELN como beligerantes.

  Este respaldo hacia las FARC ha continuado con Nicolás Maduro, quien, en 2019, le dio la bienvenida a “Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir, son dos líderes de paz (...). La FARC es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir”.

  Se alerta de que la relación del régimen venezolano con las FARC y otros grupos irregulares colombianos es fundamental para entender la magnitud del tráfico de drogas en el territorio nacional pues, como lo señala el Informe Mundial Sobre Drogas ONU 2017, “varias fuentes calculan que los ingresos anuales totales obtenidos de las drogas por las FARC ascienden a unos 1.000 millones de dólares”.

  Se agrega en el reporte la falta de colaboración de Venezuela en el combate a estos grupos irregulares y cita las declaraciones del periodista e investigador, Javier Ignacio Mayorca, quien señaló que “el gobierno venezolano se ha negado en forma recurrente a perseguir a los miembros y colaboradores de las FARC que puedan estar en su territorio, aun cuando las autoridades colombianas han señalado periódicamente que disponen de información precisa para ubicarlos en el país”.

  Sobre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el informe de Transparencia Venezuela dice que la presencia de este grupo en Venezuela se remonta a etapas anteriores a la llegada del chavismo al poder, pero su accionar se incrementó desde 1999, siendo tal vez en la actualidad el principal grupo colombiano que opera en el país.

  Se cita a Insight Crime que estima que el ELN tendría presencia en 12 estados de Venezuela, a saber, Táchira, Zulia, Trujillo, Anzoátegui, Lara, Falcón, Amazonas, Barinas, Portuguesa, Guárico, Bolívar y Apure.

  Precisa el informe que el ELN se vale del territorio de Apure como un escondite para sus líderes y para cometer distintos delitos.

  En los estados Amazonas y Bolívar, el ELN se ha concentrado en el control de algunas minas del Arco Minero, donde participan de la actividad extractiva y la comercialización de minerales.

  Las afinidades políticas del ELN con el chavismo no han impedido que este grupo terrorista ataque a las fuerzas de seguridad venezolanas, un hecho curioso tratándose de que el de Venezuela es un régimen militarista. El ELN abiertamente lleva a cabo en Venezuela acciones ligadas a la extorsión, el secuestro, el narcotráfico y la minería ilegal, entre otros, que claramente vulneran la soberanía nacional.

Noveno bloque: Bandas criminales “Bacrim”

  Finalmente, el informe de Transparencia Venezuela hace referencia a la composición del noveno de los bloques del crimen organizado que operan en el país y en el cual se ubican las bandas criminales “Bacrim”.

  Se apunta que el término “Bacrim” es un acrónimo surgido en Colombia para denominar a las bandas criminales que se formaron en la nación neogranadina después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

   Se trata de grupos delictivos dedicados al narcotráfico, a la extorsión y al secuestro, entre otros delitos.

  Según Transparencia Venezuela en el país, entre otras Bacrim, operan las Águilas Negras, los Rastrojos, los Urabeños, la Oficina de Envigado y el Clan del Golfo.

  Se indica que las Bacrim se ubican, principalmente, en Táchira, Zulia y Apure, donde cobrar “vacunas” a comerciantes, ganaderos o industriales, aparte de practicar también el secuestro y el sicariato.

  Con el cierre fronterizo, las Bacrim igualmente se dedican a controlar algunas trochas en las que les cobran a las personas para permitirles el paso a Colombia. También se dedican al contrabando de gasolina y de otros bienes.

PDVSA incrementó sus exportaciones manipulando la información de los buques cargadores

   Reportes acerca de las relaciones comerciales de petróleo y gas de Venezuela, muestran cómo se llevaron a cabo las operaciones de evasión de las sanciones.

Por Maibort Petit

    Un informe que analiza las relaciones comerciales de crudo y gas de Venezuela refiere que, para finales del año 2019, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) experimentó un ligero incremento en sus exportaciones, específicamente en las correspondientes al último trimestre —unos 75 millones de barriles— en contraste con las disminuciones del tercer trimestre, equivalentes a aproximadamente 57,5 millones de barriles. Tal circunstancia obedeció al hecho de que los compradores de petróleo encontraron maneras de eludir las sanciones impuestas por los Estados Unidos el régimen y a la industria petrolera venezolana.
   En esta segunda entrega de nuestra serie dedicada a explicar la manera como el régimen de Nicolás Maduro y sus socios, han logrado en diferentes momentos, evadir las sanciones estadounidenses, damos a conocer uno de los informes relativos al mes de enero de 2020 en el que hace referencia al comportamiento de la industria petrolera venezolana a finales de 2019 e inicios del siguiente y actual 2020. El uso de empresas fantasmas que figuran como compradoras y la manipulación de la información de los cargueros petroleros, es parte de la estrategia utilizada.

  Las estratagemas implementadas permitían —al menos en el papel—mantener el comercio limpio. A su vez, los armadores pusieron en práctica estrategias para no ser detectados en territorio venezolano. Un servicio que prestan con un aumento de tres y hasta cuatro veces las tarifas regulares de alquiler cuando el destino es Venezuela.

  Se indica que ciertas transacciones que se han liberado desde Venezuela con diferentes cifras de cargadores, lo que se traduce en que algunos Bill Of Ladings sean emitidos a nombre de una empresa diferente y no de PDVSA, una acción que viola lo establecido en la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) de Venezuela. Se cita el caso del buque “Ace”, del cual los registros refieren que en diciembre de 2019 fue cargado en Puerto Miranda (Ver adjunto). Advierte el reporte que se trata de un precedente que puede haber ocurrido en múltiples oportunidades. El Conocimiento de Embarque (Bill Of Ladings) fue emitido por la empresa SueloPetrol, registrada en Venezuela y Colombia, utilizando la figura de Shipper, vendiendo crudo a una empresa denominada Sonangol E. P. con puerto de destino en Togo, África Occidental.

   Agrega el informe que se tiene tienen datos de que algunas cargas asignadas a la empresa rusa Rosneft, a Petrochina y a otros compradores, se venden FOB (Free On Board) a terceros. Esto significa que la carga asignada no es necesariamente cargada al comprador asignado, sino por el tercero que compró el crudo al comprador asignado. Bajo ninguna circunstancia, el BL nunca debe ser emitido por ninguna otra empresa que no sea PDVSA.

  Así tenemos también el caso del buque Perfect de bandera liberiana, cuyo conocimiento de embarque (BL), fechado el 22 de enero de 2020, cargó en el puerto de Jose, estado Anzoátegui, 1.019.862 barriles de crudo Hamaca para la empresa Libre Abordo S.A. de C.V., lo cuales serían desembarcados en el puerto de Singapur.

PDVSA Petróleo S.A. certificó la cantidad del crudo embarcado.


  El informe especial de inspección de Aivepet C.A. emitió su certificación sobre el crudo Hamaca embarcado.
   En la misma fecha, igualmente para en el buque Perfect, fueron cargados 743.169 barriles de crudo Merey 16, también para la empresa Libre Abordo S.A. de C.V., que se descargarían en el puerto de Singapur.
Del mismo modo PDVSA Petróleo certificó la cantidad de petróleo embarcado.

Pago en Petro

   El informe en cuestión igualmente hace mención a la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de establecer el Petro como medio de pago de las tarifas de los servicios prestados por el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA).

   La medida se oficializó a través de su publicación en la gaceta Oficial el 14 de enero de 2020, bajo el decreto Nº 4.096, haciéndose efectiva a partir del 29 de enero.

    De esta manera los fondos recibidos en el INEA por servicios de Pilotaje, Cuotas de Anchorage, Remolque, Servicios de Lanzamiento y otros, obligatoriamente deben pagarse en Petros. El informe acota que tal medida “no beneficia a nadie más que fortalecer el régimen y sus estrategias financieras”.

  Finalmente, el reporte proyectó que a principios de 2020 un incremento en las operaciones con importantes compañías petroleras como ENI (Italia) y Reliance (India) regresando con volúmenes crecientes de compras de carga.



¿Qué ocurrió con las elecciones de los EE. UU.? ¿Los enemigos de EE. UU. ganaron la batalla?, Duro golpe al Estado de Derecho