martes, 8 de diciembre de 2020

Corte ordenó mantener en custodia los fondos de José Luis De Jongh-Atencio hasta que se decida si procede el decomiso

  En total, se trata de USD 352.707,51 repartidos en tres cuentas bancarias a nombre de un familiar del ex-funcionario de CITGO.

Por Maibort Petit

  El juez del Tribunal del Distrito Sur de Texas solicitó al juez Gray H. Miller, ordenó mantener en custodia los fondos y propiedades incautadas al exfuncionario de CITGO en Houston, José Luis De Jongh-Atencio, entretanto se produzca la resolución del caso en esa instancia judicial.
   La moción del gobierno otorgada por el magistrado responde a una solicitud de la Fiscalía Distrito Sur de Texas dirigida a preservar los activos que el gobierno de los Estados Unidos estima son provenientes del delito por el cual se le procesa.
      El tal sentido, el juez Miller determinó que, efectivamente, tanto los fondos como los bienes, permanecerán en custodia hasta tanto se dicte sentencia.

  La fiscalía consideró la confiscación de los activos que pudieran estar involucrados en el lavado de dinero y, en tal sentido, pidió al juez preservar fondos incautados en tres cuentas bancarias en bancos de los Estados Unidos.

  En específico, el gobierno pidió preservar USD 305.688,39 incautados de fondos depositados en una cuenta bancaria a nombre del Pariente 1 del acusado, en Comerica Bank. La cuenta está identificada termina en el número 6863 (denominada Cuenta de Texas 2).

   Igualmente, USD 3.156,68 incautados de fondos depositados en una cuenta bancaria a nombre del Pariente 1 en Comerica Bank, la cual termina en el número 7226 (denominada Cuenta de Texas 1).

   También USD 43.862,44 incautados de fondos depositados en una cuenta bancaria a nombre del Asociado 2 al Comerica Bank, con un número de cuenta que termina en 6905 (denominada Cuenta de Texas 4).
   La fiscalía optó por un decomiso penal en lugar de un decomiso civil y, en tal sentido, inició el procedimiento correspondiente.

  José Luis De Jongh-Atencio está siendo acusado por el gobierno de los Estados Unidos de supuestamente participar en una trama de lavado de dinero a través de la cual se legitimaron fondos provenientes de sobornos destinado a asegurar contratos de CITGO y PDVSA.

   La acusación fue aprobada por un gran jurado federal el 16 de julio de 2020 y ahora José Luis De Jongh-Atencio deberá enfrentar seis cargos.

   El asunto se dirimirá en enero de 2021, luego de que el magistrado Miller decidiera que el juicio tenga lugar en dicha fecha sin la presencia de jurado, un Bench Trial o "juicio de banco o en el tribunal", proceso en el que el juez toma las mismas decisiones luego de evaluar las pruebas y decide, decidiendo si el acusado es culpable o inocente.

   De Jongh-Atencio se desempeñó en el área de proyecto especiales de CITGO en Houston y en esa posición, presuntamente, entre 2013 y 2019, habría sobornos que superan los USD 2,5 millones de parte de los contratistas, José Manuel González Testino y Tulio Aníbal Farías Pérez.

  José Luis De Jongh-Atencio habría ordenado que los pagos de los sobornos se hicieran a cuentas bancarias a nombre de empresas fantasmas en Panamá y Suiza. Las ganancias habrían sido lavadas en cuentas bancarias de EE. UU. y en bienes raíces en Texas.


 

lunes, 7 de diciembre de 2020

Estas es la flota de aviones de My Jet Server, empresa de Alejandro J. Marín, acusado de haber mentido a los agentes federales de EE. UU.

Por Maibort Petit

    Aviones pertenecientes a empresarios venezolanos [y de otras nacionalidades] conforman la flota de My Jet Server, la empresa propiedad de Alejandro Javier Marín, un piloto y empresario que actuaba como fuente confidencial en una investigación vinculada al exvicepresidente y actual Ministro de Petróleo del régimen venezolano, Tareck El Aissami.

    Alejandro Javier Marín está siendo procesado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por haberle mentido a los agentes federales de Estados Unidos cuando, justamente trabajaba como fuente confidencial. 

  Marín dijo en una declaración financiera jurada ante el tribunal "que no tenía fondos  para pagar su defensa por lo que pidió al juez que le designara un abogado de oficio". Los fiscales se negaron y dijeron que Marín tenía recursos para costearse su representación legal. El juez aprobó la petición del piloto venezolano.

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Aunque está siendo procesado por mentirle a los agentes federales, el piloto venezolano, Alejandro J. Marín consiguió un préstamo para su empresa de $400 mil otorgado por el gobierno de EE. UU.

   En la carta al juez, los fiscales neoyorquinos acusan a Marín de mentir, y advirtieron que el acusado logró un préstamo gubernamental, "previsto para atender la emergencia económica de las empresas norteamericanas [creada por la pandemia de coronavirus] por más de $400 mil". 

  Los fiscales agregaron que Marín tiene fondos para pagar sus abogados.

  De hecho, en una averiguación, Venezuela Política pudo determinar que Marín posee bienes inmuebles en Brickell, Florida, así como autos lujosos [un Porsche y una camioneta Range Rover último modelo] así como otros bienes en instrumentos financieros.

Este es el auto deportivo de Marín y su avión que forma parte de la flota de My Jey Server.

  Estos son algunos de los aviones identificados en los récords de la flota  de la empresa de Marín, My Jet Server .

  Avión N820JS perteneciente a José Manuel González Testino, contratista de PDVSA y CITGO, acusado por el gobierno de los Estados Unidos de delitos de corrupción y lavado de dinero, y de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas por haber pagado sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela y su filial CITGO. Actualmente se encuentra a la espera de sentencia que será dictada en la Corte del Distrito Sur de Texas en Houston.
  Avión con siglas N887JS propiedad de Juan Carlos Ferro [y Mariano Díaz fallecido en un accidente aéreo en Venezuela en 2019].  
***Mariano Díaz fue denunciado en 2015 por lavado de dinero y narcotráfico. La nave donde murió provenía del Arco Minero de Guasipati, uno de los lugares de mayor riqueza de Venezuela en donde el régimen de Nicolás Maduro ha permitido explotar el mineral para venderlo a través del mercado negro y traficarlo a otros países.

  Mariano Díaz, por cierto, estaba ligado al mundo del fútbol en Venezuela, y vinculado a la «Banda de los Enanos”, la mafia judicial más grande que se ha denunciado en Venezuela.  Díaz también comparte nexos con el boliburgués Raúl Gorrín, sancionado por el Gobierno de Estados Unidos por lucrarse con dinero del Estado a través de negocios millonarios con el chavismo y uno de los más buscados de la justicia estadounidense.


José "Pepe" Leggio Cassara

  En la flota también estuvo el avión que pertenecía al empresario venezolano, José "Pepe" Leggio Cassara quien fue deportado o expulsado de los Estados  Unidos por agentes federales el domingo 4 de octubre de 2020, cuando llegó al aeropuerto de Miami. 

   El avión Hawker 800XP siglas N27FL fue  confiscado días antes por el gobierno de los Estados Unidos cuando se encontraba en un hangar  en el aeropuerto de Tamiami y actualmente se encuentra bajo custodia de los federales en el aeropuerto de Fort Lauderdale. Leggio Cassara fue deportado a México. 


  La empresa de Alejandro Javier Marín, My Jet Sever operaba el avión del mencionado empresario. La nave es la Hawker 800XP siglas N27FL.


  My Jet Sever ha operado y administrado una cantidad importante de aviones de personas ligadas al régimen de Nicolás Maduro y a grandes caso de corrupción. En la flota aparecen al menos dos aviones de Gónzalez Testino, y uno del abogado del empresario colombiano arrestado en Cabo Verde por orden de los Estados Unidos, por estar acusado de delitos de lavado de dinero, corrupción y de ser el testaferro de Maduro, Álex Saab. El abogado de Saab, Abelardo de la Espriella tenía uno de sus aviones bajo My Jet Server.
  Este es otro de los aviones que aparecen en la flota de la empresa de Alejandro J. Marín.

   Este es el último de la flota propiedad de MGME INC TRUSTEE
WILMINGTON, DE, US.



¿Qué decía el informe que la Fracción CLAP hizo desaparecer de la AN?

 Una investigación previa daba cuenta de la corrupción e irregularidades del programa alimentario en manos del empresario señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro.

Por Maibort Petit

   Ocultar la corrupción e irregularidades cometidas por el Álex Saab y sus empresas en la implementación del programa alimentario del gobierno de Nicolás Maduro, en el seno de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, requería por parte de la denominada Fracción CLAP, designar una subcomisión especial para investigar el caso.

     Tal ente parlamentario se conformó por Conrado Pérez (PJ), Richard Arteaga (VP) y Adolfo Superlano (UNT) y su tarea consistía en hacer desaparecer las investigaciones previas sobre el corrupto programa alimentario y limpiar la imagen de sus protagonistas con un informe exculpatorio y la emisión de cartas de buena conducta dirigidas a gobiernos, bancos e instituciones financieras que mantenían fondos congelados ante las denuncias de irregularidades.

   Anterior a la entrada en escena de los diputados de la Fracción CLAP existía un expediente elaborado por una subcomisión especial que investigó la corrupción e irregularidades del programa gubernamental.

   Era fundamental, por tanto, que los diputados contratados por Alex Saab, principal sospechoso junto a sus empresas, desviaran de él todos los señalamientos.

   Y es que, de acuerdo a fuentes ligadas al caso, el informe real de la investigación hacía referencia a contratos de los CLAP, el FONDEN, CORPOVEX, los cuales contemplaban sobreprecios.

  Asimismo, el empresario requería silenciar o desaparecer los informes de análisis químicos y microbiológicos que demostraban las graves irregularidades sobre los productos suministrados en el programa alimentario.

   El informe real había determinado que las empresas con las cuales se habían suscritos los contratos del programa CLAP eran, simplemente, compañías de maletín o fachada, constituidas en fechas sucesivas.

  De igual manera, los análisis de costos de cada contrato revelaron que se realizaron por cada producto, lo que demostró el diferencial de sobreprecio tanto en el costo adjudicado y el estudiado como en el costo del transporte. Todos los estudios realizados para la redacción del informe original y real, llevaron establecer un incremento (sobreprecio) del 60 por ciento%.

  El estudio químico y microbiológico a cada producto y empaque concluyó que el 99 por ciento de los mismos, no cumplen con las normas de calidad y consumo nacionales COVENIN, por lo que su distribución no es recomendada por no ser aptos para el consumo humano.

  Las fuentes nos indican que el informe real determinó otras responsabilidades del caso, precisando, en primer lugar, al mayor general, Yoffreda Giuseppe, presidente de Corpovex en 2016, quien suscribió contratos con empresas de maletín, uno por cada producto, que contemplan detalles específicos del concepto de contratación, así como costos, requerimientos e información de coordenadas bancarias para el pago de los mismos.

  Del mismo modo, el general Luis Medina Ramírez, ministro de Alimentación y presidente de Cuspal, solicitó mediante requerimiento a CORPOVEX, la compra de alimentos para los CLAP, así como para la distribución de los mismos.

  Entretanto, Simón Zerpa, presidente del FONDEN, suscribió un convenio de asistencia financiera con CORPOVEX-CUSPAL y las empresas contratadas para el programa de alimentos CLAP.



domingo, 6 de diciembre de 2020

De cómo Alex Saab estafó a Venezuela con la anuencia de los diputados CLAP

  Una serie de irregularidades debían correr por cuenta de los parlamentarios para silenciar la corrupción del programa manejado por quien es señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro.

Por Maibort Petit

  En dos fases habría implementado el empresario Álex Saab la supuesta estafa con las cuales desfalcó las arcas venezolanas a través del programa alimentario gubernamental de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, para lo cual debió contar con el apoyo de los diputados de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional que, en su conjunto, desde entonces, pasó a ser conocida como la Fracción CLAP.
  Fuentes ligadas al caso refieren que el empresario colombiano —señalado de ser supuestamente un testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro—, en procura de acallar tal condición, así como las denuncias formuladas en contra del programa gubernamental por los altos niveles de corrupción habidos en su implementación, buscó en el grupo parlamentario al aliado necesario para silenciar el caso, nacional e internacionalmente.

  Para Saab era absolutamente necesario silenciar las acusaciones contra su empresa Grand Group Limited y el daño patrimonial que le causaron al país al estado venezolano con el corrupto e irregular programa alimentario.

Fase I: Limpieza de imagen

   Hasta ese momento, las investigaciones señalaban que el programa CLAP se instrumentó aplicando sobreprecios por parte de las empresas de Saab, lo cual causó un daño patrimonial de miles de millones de dólares. Asimismo, se había podido comprobar el daño a la salud ocasionado a la población, en razón de los productos de mala calidad que se suministraban a los venezolanos.
    La diligencia de Álex Saab consistió, entonces, en lograr que desde el seno del Poder Legislativo Nacional se silenciara tanto el daño patrimonio como los crímenes de lesa humanidad causados. Para ello, los aliados parlamentarios del empresario en la Comisión permanente de Contraloría de la AN, tendrían que hacer desaparecer el informe real de la investigación y emitir cartas de buena conducta dirigidas a bancos en España y Estados Unidos, así como a organismos internacionales y gobiernos extranjeros, con el objetivo de exculpar a Saab y sus empresas. La Fracción CLAP habría emitido 48 oficios con este fin.

  Esta primera fase de la operación, por tanto, tenía como objeto limpiar la imagen de Álex Saab y sus empresas, de manera de resguardar sus intereses financieros.

  Por su trabajo de ocultar el informe real de investigación y las pruebas del mismo, los diputados involucrados designaron una subcomisión especial para investigar el caso CLAP, conformada por Conrado Pérez (PJ), Richard Arteaga (VP) y Adolfo Superlano (UNT). Presuntamente, por esta labor, los diputados involucrados habrían cobrados USD 300.000 cada uno (otros reportes aseguran que fueron USD 400.000), así como dos camionetas por sustituir el informe original por uno exculpatorio.

   Apuntan las fuentes que la fiscal general de la república, Luisa Ortega Díaz y su esposo, Germán Ferrer, conocían acerca de las Cartas de Buena Conducta y acordaron con Guillermo Luces, Richard Arteaga, Conrado Pérez y Chaim Bucaram no denunciar el caso, al igual que no objetar los reportes el programa y su implementación de modo de blanquear la imagen de Alex Saab.

¿Por qué era imprescindible esta operación?

  El blanqueo de la imagen de Alex Saab y sus empresas era absolutamente necesario, dado el efecto que las denuncias en su contra estaban teniendo internacionalmente ante gobiernos y en bancos e instituciones financieras.

   Las 48 cartas exculpatorias con las que los diputados cabildearon en Europa a favor de Saab debían facilitar la liberación de fondos del empresario colombiano que permanecían bloqueados en dichas instituciones europeas. Por esta diligencia, los diputados de la Fracción CLAP supuestamente recibieron una comisión del 10 por ciento de los fondos que lograran liberar.

   Era igualmente imprescindible, que los parlamentarios neutralizaran a la Comisión de Contraloría, de modo que, durante un año, no se recibieran denuncias contra el programa, el empresario ni sus empresas. Las investigaciones debían detenerse. No se debía sesionar en el ente parlamentario y por ellos presuntamente recibirían, USD 10.000 mensuales.

   Las negociaciones con Álex Saab arrojarían también como resultado, la conformación y consolidación de una nueva fuerza política en el seno de la Asamblea Nacional que negociara con el PSUV la directiva de la instancia legislativa nacional.

Fase II: Poner fin a la investigación

  La fase II del plan de Alex Saab se dirigió, en segunda instancia, a silenciar las investigaciones en torno al programa CLAP.

  Era necesario poner un velo sobre los contratos suscritos con CORPOVEX, así como sobre los convenios establecidos con el FONDEN, los cuales exhiben un sobreprecio del 65 por ciento. Del mismo modo, se debía frenar el análisis químico y microbiológico de los productos contenidos en los CLAP.

  Silenciar el otorgamiento de millones de dólares sin que para ellos mediaran controles ni auditorías, era fundamental.

  Asimismo, se tenían que desaparecer las averiguaciones sobre 26 empresas que desfalcaron el FONDEN y el hecho de que el programa CLAP simplemente había servido de fachada para defraudar el referido fondo gubernamental y a CORPOVEX, al haber adjudicando millones dólares sin ningún tipo de control posterior, seguimiento, auditoría sanitaria y financiera. Negociaciones todas que se llevaron a cabo por adjudicación directa de las empresas de importación.

    Las fuentes refieren que los contratos fueron suscritos en el año 2016 por Luis Medina Ramírez, para la fecha ministro de Alimentación; por Yoffreda Giuseppe, presidente de CORPOVEX; y por Simón Zerpa, presidente de FONDEN.

    Finalmente, hay que subrayar que otra exigencia de Alex Saab era que los diputados silenciaran que Shadi Nain Saab, hijo del empresario, es el propietario de Grand Group Limited, la compañía que mantiene contratos con sobreprecio y compra alimentos no aptos para el consumo humano.

miércoles, 2 de diciembre de 2020

Natalino D'Amato, imputado por lavado de dinero en EE. UU., asegura que sus millonarios negocios con PDVSA son legítimos

   Sus cuentas en Miami recibieron USD 160 millones que la fiscalía sostiene son el producto de negocios irregulares mantenidos con empresas mixtas de PDVSA.

Por Maibort Petit

   Mientras las autoridades de los Estados Unido dirigen todos sus esfuerzos para confiscar dinero proveniente de negociaciones irregulares depositados en cuentas de Miami, los protagonistas de las tramas de corrupción se defienden y aseguran que sus fondos no son el producto de corrupción que quisieran lavar en el sistema bancario norteamericano, sino de negocios legítimos entablados con Petróleos de Venezuela S.A.

   Es el caso del empresario ítalo-venezolano, Natalino D'Amato — quien se encuentra en Venezuela— y a través de su abogado, David O. Markus, aseguró ser inocente y agregó que luchará ante las autoridades federales de los Estados Unidos para demostrar la legitimidad de sus fondos y sus negociaciones. El representante legal también negó que su cliente se encuentre cooperando con la fiscalía.

“Natalino D’Amato es inocente y no está cooperando con Estados Unidos, en lo único que está interesado es en el dinero que ha ganado con sus negocios legítimos”, aseguró Markus[1].

  D'Amato fue acusado de once cargos por la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida a cargo de Ariana Fajardo Orshan, luego de una investigación llevada a cabo por la oficina local de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la oficina local del IRS-CI en Miami; el abogado litigante, Alexander Kramer, de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal y el Fiscal Federal Auxiliar, Michael Berger, del Distrito Sur de Florida. Entretanto, la Fiscal Federal Auxiliar, Adrienne E. Rosen, maneja lo concerniente al decomiso de activos.

  La acusación del gobierno refiere que entre 2013 y 2017, D'Amato conspiró con otras personas, entre ellos funcionarios de las empresas mixtas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), a saber, Petrocedeño y Petropiar, Petromonagas, Sinovensa y Petromiranda, en la Faja Petrolífera del Orinoco, para lavar el producto de una operación ilegal consistente en el pago de sobornos, hacia y desde cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida.

   El acusado enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, cuatro cargos de lavado de dinero internacional, tres cargos de lavado de dinero promocional y tres cargos de participación en transacciones que involucran propiedad derivada del crimen.

  Las empresas de D’Amato con las cuales entabló negocios para el suministro de bienes y servicios con la petrolera venezolana a través de las referidas empresas mixtas, de acuerdo a lo que señala la acusación, son Venezolana de Mecanizado C.A. (Vemeca); Alpha Energy de Venezuela C.A. (Alfa); Industria Techno Parts C.A. (ITP); e Industria Nacional de Goma C.A. (GNL). Éstas compañía poseían una o más cuentas bancarias en Mercantil Commercebank, en el Distrito Sur de Florida.

  Asimismo, el acusado es propietario de una corporación con sede en Nevis, denominada Kronos Enterprises Corp., la cual mantuvo cuentas en Mercantil y Wells Fargo Bank en el Distrito Sur de Florida.

 La acusación sostiene que Natalino D’Amato habría ofrecido y pagado sobornos a numerosos funcionarios de las referidas empresas mixtas, con el fin de obtener contratos altamente inflados y lucrativos para proporcionar bienes y servicios de estas. En concreto, según la acusación, las empresas controladas del acusado recibieron aproximadamente USD 160 millones en cuentas que él controlaba en el sur de Florida. D’Amato supuestamente destinó una parte de esos fondos para pagar sobornos a los funcionarios venezolanos.

  El proceso iniciado por la fiscalía, igualmente procura la confiscación criminal de cuentas bancarias involucradas en los delitos imputados, con fondos por un total de aproximadamente USD 45 millones.

Las transferencias

  La acusación contra Natalino D'Amato describe una serie de transferencias que tuvieron lugar entre 2013 y 2017 por un total de más de USD 160 millones, desde cuentas bancarias de las Subsidiarias de PDVSA a cuentas de las empresas del demandado en el banco Mercantil.

  En este sentido, se describe una transferencia de USD 99,8 millones de Petrocedeño; una de USD 34,4 millones de Petropiar; una de USD 15,5 millones de Petromonagas; otra de USD 11,3 millones de Sinovensa; y una de USD 1.0 millón de Petromiranda.

  En mayo de 2015, Natalino D'Amato ofreció pagar al Oficial Venezolano 1 USD 1 millón en sobornos a cambio de su asistencia para lograr contratos de Petrocedeño, así como otras ventajas comerciales.

  Entre julio de 2015 y diciembre de 2016, Natalino D'Amato transfirió USD 2 millones de dólares en sobornos al Funcionario venezolano 1, desde las cuentas de sus Empresas D'Amato en Mercantil Bank, a una cuenta corporativa en Panamá a nombre de un familiar del Oficial Venezolano 1.

  El 19 de abril de 2017, D'Amato ordenó una transferencia que constituía un soborno por USD 30.000 a beneficio del Oficial Venezolano 2. Esta operación se hizo desde una cuenta personal del acusado en Mercantil Bank a una cuenta a nombre de un familiar del Oficial Venezolano 2.

  Entre noviembre de 2014 y diciembre de 2017, Natalino D'Amato ordenó transferencias por más de USD 800.000 que constituyen sobornos a beneficio del funcionario venezolano, desde cuentas de las empresas D'Amato en Mercantil Bank a una cuenta corporativa controlada por Funcionario Venezolano 3.

  Entre abril de 2015 y diciembre de 2016, D'Amato transfirió más de USD 160.000 en sobornos a beneficio del Funcionario venezolano 4, desde cuentas de sus empresas en Mercantil Bank a cuentas corporativas controladas por el Funcionario Venezolano 4.

 Entre agosto de 2017 y octubre de 2017, el demandado transfirió sobornos por más de USD 170.000 al Funcionario venezolano 5, desde cuentas de sus empresas en Mercantil Bank a una cuenta corporativa controlada por Funcionario Venezolano 5.

Lavado internacional de instrumentos monetarios

  Para concretar el delito de lavado internacional de instrumentos monetario, el acusado, Natalino D'Amato, llevó a cabo una serie de operaciones.       Así, el 9 de diciembre de 2016, transfirió USD 1.034.576,70 desde una cuenta de la empresa ITP en el Banco Mercantil en el Distrito Sur de Florida, a una cuenta en el Banco Banesco en Panamá a beneficio del Oficial Venezolano 1.

  El 19 de abril de 2017, transfirió USD 30.000 desde una cuenta del Banco Mercantil a nombre de D'Amato, a una cuenta personal en España a beneficio del Oficial Venezolano 2.

  El 1 de mayo de 2017, transfirió USD 3.434.345,49 desde una cuenta de Petrocedeño en Portugal a una cuenta de ITP en Mercantil Bank en el Distrito Sur de Florida.

  El 15 de junio de 2017, el acusado transfirió USD 2.908.943,49 desde una cuenta de Petrocedeño en Portugal a una cuenta de ITP en el Mercantil Bank en el Distrito Sur de Florida.

Lavado de dinero

  Para materializar el delito de lavado de dinero que se le imputa, Natalino D'Amato, según la acusación, llevó a cabo las siguientes operaciones:

  El 1 de junio de 2016, transfirió USD 151.506,22 desde una cuenta de Vemeca en Mercantil Bank a una cuenta en BB&T Bank a beneficio del Funcionario Venezolano 3.

  El 22 de diciembre de 2016, ordenó transferir USD 105.958,16 desde una cuenta del lTP en el Mercantil Bank a una cuenta en Banesco Bank a beneficio del Oficial Venezolano 4.

  El 24 de octubre de 2017, transfirió USD 130.000 desde una cuenta de Vemeca en el Banco Mercantil a una cuenta en Bank of America a beneficio del Oficial Venezolano 5.

Participar en transacciones con propiedad derivada del delito

  El delito de Participar en transacciones con propiedad derivada del delito del que también se señala a Natalino D'Amato, se habría concretado a través de las siguientes operaciones:

  El 9 de diciembre de 2016, transfirió USD 5.000.000 desde una cuenta de Vemeca en el Mercantil Bank a una cuenta de Kronos en Wells Fargo.

   EL 16 de mayo de 2017, el acusado transfirió fondos relacionados con la compra de bonos del Grupo Goldman Sachs por USD 301.623,61, desde una cuenta de inversión de Kronos en el Distrito Sur de Florida.

  El 17 de julio de 2017, D'Amato transfirió USD 3.000.000 desde una cuenta de ITP en Mercantil Bank a una cuenta de él mismo en Titleist Asset Management.

Los decomisos

   En el proceso judicial que la fiscalía sigue contra Natalino D'Amato, aspira recuperar activos a través de una serie de decomisos.

  La fiscalía contabiliza hasta el momento, USD 14.691.851.79 a nombre de Kronos Enterprises Corp en una cuenta de Wells Fargo Advisors; USD 9.854.646.81 de Kronos Enterprises Corp, en una cuenta de Wells Fargo Advisors identificada con el número 3700-8508; USD 7.791.854,82 de L.J.D. en una cuenta de Wells Fargo Advisors con el número 7103-8027.

  Igualmente, USD 6.968.670,01 de Kronos Enterprises Corp en la cuenta número 8950-0365 en el Wells Fargo Advisors; USD 5.897.975,66 de Natalino D'Amato y L.J.D. la cuenta de Tigress Financial Partners, número P82-004055;  USD 746.950,98 a nombre de L.J.D. en la cuenta número 898095788895 del Bank of America; y USD 34.280,03 a nombre de Natalino D'Amato, en la cuenta número 898071640481 en el Bank of America.

REFERENCIAS

[1] MSN de la original publicada en El Nuevo Herald. “EEUU intensifica esfuerzos contra venezolanos acusados de lavado de dinero en Miami”. 1 de diciembre de 2020. https://www.msn.com/es-us/noticias/miami/eeuu-intensifica-esfuerzos-contra-venezolanos-acusados-de-lavado-de-dinero-en-miami/ar-BB1bwWxg


Guillermo Salas: Resolución de las elecciones de EE. UU. en las cortes podría poner en evidencia las trampas del sistema de votación venezolano

Por Maibort Petit

  Los tribunales pueden ser el escenario donde — sin ser catalogadas como teorías conspirativas y sin el veto de los medios de comunicación— se conozca en toda su dimensión la perversidad del sufragio automatizado.

  Las denuncias de fraude electoral en los Estados Unidos por parte del equipo del presidente Donald Trump que terminen en la Corte, permitirían que salieran a la luz las vulnerabilidades y trampas del sistema electrónico de votación implementado en Venezuela a través de la empresa Smartmatic, toda vez que él mismo ha sido acusado por importantes voceros de la campaña del mandatario norteamericano, como la causa de que en estos momentos se le tenga como el perdedor de la contienda.

  Específicamente, Rudy Giuliani y Sidney Powell, han hecho referencia a la utilización de software electoral diseñado por la empresa vinculada al chavismo en los pasados comicios presidenciales del 3 de noviembre.

“No es posible creer que la empresa dueña de esta maquinaria electoral sea aliada de Hugo Chávez, sea aliada de Nicolás Maduro y aliada de George Soros. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a la verdad?", advirtió Giuliani, mientras que Powell aseguró tener evidencias de que el fraude electoral implementado en Estados Unidos tiene su origen en Venezuela[1].

  Muchas voces se han levantado en Estados Unidos para refutar esto, incluso desde el seno del propio Partido Republicano, queriendo descalificar las denuncias al calificarlas como meras teorías conspirativas.

  Pero apelar a catalogar las irregularidades denunciadas como teorías conspirativas es, al mismo tiempo, parte de la estrategia implementada a la hora de llevar a cabo un fraude electoral, advierte Guillermo Salas, fundador de la organización de contraloría electoral Esdata, un experto con larga trayectoria explicando lo que es un fraude electoral desde el punto de vista de la ciencia.

  Salas refiere que en el caso venezolano toda persona que atacara al sistema electrónico de votación impuesto por Jorge Rodríguez cuando presidía el Consejo Nacional Electoral (CNE) era catalogado de antipatriota o de divisor de la oposición, entre otras cosas.

   La sacralización del sistema electoral venezolano se convirtió, pues, en tema vetado aun entre el círculo opositor, toda vez que las referencias a su vulnerabilidad pasaban a considerarse obstruccionistas de cualquier posibilidad de entendimiento o de resolución a la crisis política imperante en el país.

  Salas subraya que todo fraude electoral de cierta envergadura lleva asociada una conspiración, la cual se puede inferir, incluso, a través de un método matemático planteado en 2007 por uno de los grupos matemáticos más importantes del mundo, Wolfram Research.

Las denuncias de Salazar

   Hay que recordar que en Estados Unidos las referencias a las irregularidades del sistema electoral venezolano no son un tema reciente, toda vez que el exjefe de seguridad del finado expresidente Hugo Chávez y luego de Diosdado Cabello, Leamsy Salazar, presentó una declaración jurada en la que habló, de acuerdo a lo que se sabe de ella pues se encuentra sellada en la actualidad, de la supuesta existencia de un sistema de control que permitía monitorear los resultados e interactuar con las máquinas de votación en tiempo real.
 
  Esta declaración jurada de Salazar, podría conocerse más profundidad en el proceso judicial que se iniciaría en caso de prosperar las denuncias de la campaña de Donald Trump ante la corte.

  “Creo que, en estos momentos, cuando se lleve a cabo en la corte de justicia de los Estados Unidos todo lo relativo al supuesto fraude cometido contra Donald Trump, permitirá también destapar el caso de Smartmatic en Venezuela. Se va a saber mucho de lo que pasó en el referendo y que continuó pasando para tapar todas las evidencias de fraude, lo cual fue asqueroso”, alerta Salas.

  Las denuncias de Leamsy Salazar fueron recogidas en el libro “Boomerang Chávez: los fraudes que llevaron al colapso a Venezuela”, del periodista español Emili Blasco que en una de sus partes señala que “Un sistema informático paralelo al oficial permitía al chavismo saber en tiempo real a lo largo del día la evolución del voto y le facultaba conocer el número de votos falsos que debía producir para girar el resultado. Eso ocurría en el marco de un proceso completamente electrónico, como es habitual en Venezuela, y con la complicidad de quien debía ser su árbitro, el Centro Nacional Electoral (CNE). Gran parte de la trampa se gestionó desde Cuba”.

El fraude es comprobable en una corte

 Guillermo Salas asegura que el fraude electoral cometido electrónicamente es perfectamente comprobable y, de hecho, las pruebas estadísticas son válidas en los tribunales estadounidenses.

  Citó el caso de un recurso introducido hace pocos años ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio, en el que aun cuando ninguno de los magistrados era proclive a la tesis del fraude electoral, luego de escuchar toda la exposición sin que existiera el bloqueo de los medios de comunicación donde el asunto es vetado, concluyeron con la prohibición del voto electrónico y exigieron que se auditara el registro electoral y se impusieran una serie de condiciones para que pueda haber unas elecciones transparentes en el país.

  Luego de comentar que ningún medio de comunicación nacional comentó esta decisión —dado el veto señalado—, algunos de los magistrados se pronunciaron por la necesidad de procesar el caso penalmente.

  Con relación al caso estadounidense, Salas apunta que los juicios se deciden por el número de indicios, sobre los cuales el jurado se pronuncia acerca de si el imputado es culpable o inocente. Por lo tanto, habrá que esperar para ver si en este, la evidencia delata al cuestionado sistema electoral venezolano.

REFERENCIA

[1] Independientes en Español. “Trump 'election fraud' lawyer claims communist plot from Venezuela to help Democrats win”. 20 de noviembre de 2020. https://www.independentespanol.com/noticias/giuliani-trump-fraude-electoral-venezuela-b1758714.html

Smartmatic, la empresa electoral que carga con el lastre de su relación con el chavismo

   Un largo historial de acusaciones en su contra ponen en tela de juicio cualquier proceso electoral en sus manos.

Por Maibort Petit

    Desde que el equipo legal que asesora la campaña de Donald Trump aseguró que el voto en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos del pasado 3 de noviembre, fue pirateado y se cambiaron las boletas correspondientes al actual mandatario para su adversario Joe Biden, el nombre de la empresa Smartmatic ha comenzado a resonar nuevamente como supuesta responsable del fraude acusado Rudy Giuliani.

  El abogado personal de Trump, sugirió que la presunta manipulación del voto habría sido responsabilidad de “una empresa propiedad de afiliados de Chávez y Maduro (…) No es posible creer que la empresa dueña de esta maquinaria electoral sea aliada de Hugo Chávez, sea aliada de Nicolás Maduro y aliada de George Soros. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a la verdad?", advirtió Giuliani.

   A las acusaciones de Giuliani se suma Sidney Powell, quien dijo tener evidencia de que el supuesto fraude “vino de Venezuela, de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez, de Cuba y de China, que tiene importantes intereses en Venezuela”[1].

   Los señalamientos alcanzan igualmente a Dominion Voting System, una empresa canadiense supuestamente ligada a compañía que impuso el voto automatizado en Venezuela.

   El propio Donald Trump aseguró que 2,7 millones de votos a su favor fueron “eliminados” por el sistema de votación electrónica, acusaciones que apuntan directamente a Dominion Voting System, compañía de la que en 2019 se la reportó desde la Secretaría de Estado en Texas, como llena de vulnerabilidades.

   Smartmatic niega las acusaciones en su contra, al asegurar que, en los comicios en Pensilvania, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan o Carolina del Norte, entidades en las que la campaña de Donald Trump cuestionó o impugnó los resultados electorales, hayan usado tecnología de su propiedad.

   Igualmente, Dominion desestimó los señalamientos y se remitió a las conclusiones de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), instancias adscrita al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que aseguró que las elecciones presidenciales del 3 de noviembre "fueron las más seguras en la historia" desde un punto de vista técnico[2].

  Smartmatic sostiene que nunca ha proporcionado a Dominion Voting Systems ningún software, hardware u otra tecnología y que más bien son competidores en el mercado.

  Documentos oficiales refieren que la única relación existente entre Smartmatic y Dominion se remonta al año 2010 cuando la segunda licenció a la primera para usar escáneres ópticos en una elección de Filipinas. Una información que niega la afirmación del equipo de Trump que aseguró que aun cuando Dominion es una empresa canadiense, el software que utiliza es propiedad de Smartmatic. La advertencia de la campaña del actual presidente estadounidense se debe a que Dominion participó en las elecciones en 28 estados[3].

Smartmatic según ella misma

  Según la página web de Smartmatic, esta empresa fundada en el estado de la Florida en el año 2000 por los venezolanos Antonio Mugica, Alberto Anzola y Roger Piñate, está enfilada a “crear tecnologías de votación más seguras, accesibles y fáciles de usar, diseñadas para salvaguardar el proceso de principio a fin”, al tiempo que asegura que es “la compañía de tecnología de elecciones más grande, avanzada e innovadora del mundo”, habiendo “diseñado e implementado con éxito tecnología de votación segura para comisiones electorales en los cinco continentes en 25 países”.

   Refiere que es un proveedor aprobado del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, al tiempo que es miembro fundador del Subsector de Infraestructura Electoral del Departamento de Seguridad Nacional y agrega que no se basa en ninguna aplicación única para garantizar la integridad de las elecciones. “Utilizamos múltiples capas de protección, medidas de seguridad y mecanismos de control en todos nuestros sistemas de votación. Nuestra tecnología protege los votos en cada paso, desde la recopilación de datos a prueba de manipulaciones hasta el cifrado de extremo a extremo y los registros completamente auditables”[4].

   En la actualidad la compañía está en manos de Mugica y Piñate, siendo que el 83 por ciento de las acciones del capital se propiedad de sus familias, 10 por viento es de los empleados y el restante 7 por ciento, a otros inversores. Smartmatic niega ser una empresa venezolana.

   Lo cierto es que esta empresa que en el momento de su fundación funcionó en la casa de los padres de Mugica, en Boca Ratón, luego de encargarse del referendo revocatorio convocado en Venezuela para consultar a la población si quería terminar el mandato del finado expresidente, Hugo Chávez, la empresa comenzó un proceso de expansión, siete meses después habría comprado una de las empresas más grandes en los Estados Unidos encargada del conteo de votos, a saber, Sequoia Voting System firma que mantuvo bajo su dominio en 2007 cuando la vendió. A la versión de que Sequoia se convirtió en Dominion Voting System y esta sostiene que en 2010 compró "ciertos activos" a Sequoia. Después, Smartmatic comenzó a operar por Latinoamérica, habiéndose encargado de procesos electorales.

  La vertiginosa expansión de Smartmatic a partir de su participación en el referendo venezolano y también fue comentada por la Embajada de de los Estados Unidos en Venezuela, tal como reveló un cable de la instancia diplomática fechado en julio de 2006, divulgado por WikiLeaks, el cual advertía que la empresa “pasó de ser una pequeña startup tecnológica a un importante actor en el mercado, catapultado por su participación en el referendo revocatorio de agosto de 2004” y remataba diciendo que “sus verdaderos dueños —probablemente miembros de la élite venezolana de diferentes afiliaciones políticas— permanecen ocultos detrás de una red de holdings en Holanda y Barbados“.

   En 2017, Smartmatic denunció, luego de haber participado en las elecciones para la Asamblea nacional Constituyente, que la presidenta para entonces del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, supuestamente había manipulado el boletín de participación de los comicios[5].

¿La mano de Soros?

   Los señalamientos acusan la mano de George Soros estaría detrás de todas estas irregularidades, al afirmarse que Dominion fue comprada por Staple Street Capital, que cuenta entre sus directorio  con William Earl Kennard, ex-embajador del gobierno de Barack Obama en la Unión Europea.

  Se declara [sin evidencia] que Lord Mark Malloch-Brown segunda voz de mando de la empresa especulativa Quantum Funds, propiedad de George Soros, es "padrino" de Smartmatic. Malloch-Brown preside la empresa holding SGO Corporation Ltd, presuntamente matriz operativa de Smartmatic.

 Según Giuliani, Soros y los Clinton estarían detrás del fraude cibernético, una afirmación que le valió la arremetida de todos los medios de comunicación adscritos a George Soros y a su conglomerado Project Syndicate que califica las denuncias como "teorías de la conspiración" sin fundamento.

  Desde el portal The Nation de Pakistán se dice que "el presidente de la firma del software para las votaciones ligado a Soros se encuentra en el equipo de transición de Biden": a saber, el almirante retirado, Peter Neffenger, a quien califica de ser el “mandamás de Smartmatic en EEUU”[6].

  Hay quienes van más allá y sostienen que Soros es propietario de Smartmatic desde 2014, lo cual se habría dado, como se dijo líneas arriba, a través de Mark Malloch-Brown, quien se asociaría a Antonio Mugica y conformaron la organización llamada SGO Corporation Ltd.

  Malloch-Brown es periodista que se inició en The Economist, fue funcionario de carrera de las Naciones Unidas desde al menos 1979, suponiéndose que su trabajo con los refugiados habría sido lo que lo vinculó a Soros con motivo del conflicto en los Balcanes.

  Fue administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y desde allí se ofreció para colaborar con el diálogo entre el gobierno de Hugo Chávez y la oposición venezolana cuando se promovía la realización del referendo revocatorio.

  Se dejado ver que el despliegue de Smartmatic coincide con la contratación de Malloch-Brown, luego de que la empresa registrada en la Florida consiguiera el contrato de la automatización del referendo revocatorio y que “el impulso de la firma como solución electoral haya venido de Malloch Brown y de Soros. Para esto fue muy conveniente posicionar la idea de que Smartmatic era una creación del chavismo”[7].

CITAS

[1] Independientes en Español. “Trump 'election fraud' lawyer claims communist plot from Venezuela to help Democrats win”. 20 de noviembre de 2020. https://www.independentespanol.com/noticias/giuliani-trump-fraude-electoral-venezuela-b1758714.html

[2] Telemundo. “Smartmatic, Hugo Chávez y un supuesto fraude: empresas rechazan acusaciones de la campaña de Trump”. 23 de noviembre del 2020. https://www.telemundoutah.com/noticias/decision/elecciones-estados-unidos-acusaciones-fraude-de-trump-smartmatic-hugo-chavez-venezuela/2036757/

[3] El Diario. “¿Dominion, empresa que gestiona el software en el conteo de votos de EE UU, es propiedad de Smartmatic?”. 13 de noviembre de 2020. https://eldiario.com/2020/11/13/dominion-votos-eeuu-smartmatic/

[4] SmarTmatic. https://www.smartmatic.com/es/

[5] BBC Mundo. “Smartmatic, la empresa a cargo del sistema de votación en Venezuela, denuncia "manipulación" en la elección de la Constituyente y el CNE lo niega”. 2 de agosto de 2017. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40804551

[6] Mundo. “Protestas en Filadelfia tras las elecciones presidenciales en EEUU ¿Existió fraude de los "algoritmos de Soros" en las elecciones de EEUU?”. 20 de noviembre de 2020. https://mundo.sputniknews.com/firmas/202011201093564491-existio-fraude-de-los-algoritmos-de-soros-en-las-elecciones-de-eeuu/

[7] AlbaSuiza. “Smartmatic Es Propiedad De George Soros (Oficialmente) Desde 2014”. 4 de agosto de 2017. http://www.albasuiza.org/es/2017/08/smartmatic-es-propiedad-de-george-soros-oficialmente-desde-2014/