miércoles, 25 de noviembre de 2020

Otro venezolano acusado de por EE. UU. de lavado de dinero y pago de sobornos

   El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Natalino D’Amato, venezolano-italiano que con controlaba varias empresas de haber participado en un esquema de lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela a cambio de la aprobación de contratos con sobreprecios.

 D'Amato usaba las cuentas bancarias abiertas en bancos estadounidenses, a nombre de sus empresas, para mover el dinero y pagar las coimas a los empleados de PDVSA.

  Natalino D’Amato, de 61 años, de Venezuela, fue acusado en una acusación formal de 11 cargos presentada en el Distrito Sur de Florida. 

El anuncio fue hecho por el Secretario de Justicia Auxiliar Interino de la División Criminal del Departamento de Justicia, Brian C. Rabbitt y la Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida, Ariana Fajardo Orshan, en conjunto con el Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, Anthony Salisbury, y el agente especial interino a cargo Tyler R. Hatcher de la oficina local de Miami del Servicio de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI).

D’Amato fue acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, cuatro cargos de lavado de dinero internacional, tres cargos de lavado de dinero promocional y tres cargos de participación en transacciones que involucran propiedad derivada del crimen.

La acusación formal alega que, a partir de enero de 2013 y hasta diciembre de 2017, D'Amato conspiró con otros, incluidos funcionarios de empresas conjuntas entre PDVSA y varias empresas extranjeras de la Faja Petrolífera del Orinoco de Venezuela, para lavar el producto de una operación ilegal en un esquema de soborno hacia y desde cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida. 

Estas empresas conjuntas eran de propiedad mayoritaria y estaban controladas por PDVSA. 

Según la acusación formal, D’Amato ofreció y pagó sobornos a numerosos funcionarios venezolanos que trabajaban en las empresas conjuntas de PDVSA con el fin de obtener contratos altamente inflados y lucrativos para proporcionar bienes y servicios a las empresas conjuntas de PDVSA. 

La demanda alega que durante el curso de la conspiración, las empresas controladas por D’Amato recibieron aproximadamente $ 160 millones de las compañías conjuntas de PDVSA en cuentas que él controlaba en el sur de Florida. 

Según los cargos, D’Amato usó una parte de esos fondos para realizar pagos a los funcionarios venezolanos o en beneficio de ellos.

La demanda incluye acusaciones que buscan la confiscación criminal de cuentas bancarias involucradas en los delitos imputados, con fondos por un total de aproximadamente $ 45 millones.





meramente una acusación y todos los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.


Este caso fue investigado por la oficina local de HSI en Miami y la oficina local del IRS-CI en Miami. El abogado litigante Alexander Kramer de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal y el Fiscal Federal Auxiliar Michael Berger del Distrito Sur de Florida están procesando el caso. La Fiscal Federal Auxiliar Adrienne E. Rosen del Distrito Sur de Florida está manejando el decomiso de activos.


La Sección de Fraudes de la División Criminal es responsable de investigar y procesar todos los asuntos de la FCPA. Puede encontrar información adicional sobre los esfuerzos de cumplimiento de la FCPA del Departamento de Justicia en

ENTENDIENDO EL SISTEMA DE VOTACIÓN ELECTRÓNICA: CASO SMARTMATIC EN VENEZUELA

viernes, 20 de noviembre de 2020

Conozca por qué José Luis De Jongh-Atencio es procesado en la Corte del Distrito Sur de Texas (I)

  En enero de 2021 deberá, finalmente, someterse a juicio por, supuestamente, recibir sobornos a cambio de otorgar contratos de CITGO y PDVSA a José Manuel González Testino.

Por Maibort Petit

    Por recibir sobornos por un monto de USD 2,5 millones por parte de los empresarios José Manuel González Testino y Tulio Aníbal Farías a cambio de la aprobación de contratos de CITGO Petroleum Corporation y de Petróleos de Venezuela S.A., José Luis De Jongh-Atencio, exgerente de adquisiciones en el Grupo de Proyectos Especiales de la filial de PDVSA en Estados Unidos, se verá la cara con la justicia en enero de 2012.



   En esta primera entrega, damos a conocer la trama de corrupción que llevará a De Jongh-Atencio al banquillo de los acusados del Tribunal del distrito Sur de Texas-División Houston, por haber convertido al activo más valioso de Venezuela en el extranjero en un “instrumento” para violar la ley estadounidense, específicamente la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero.

El esquema de corrupción

  En julio del presente año 2020, un Gran Jurado aprobó la acusación formulada por la Fiscalía, dando así inicio al proceso judicial.

  Refiere la acusación que, a partir de 2013, José Manuel González Testino, Tulio Aníbal Farías Pérez y otras personas ofrecieron, pagaron, prometieron y autorizaron el pago de sobornos a José Luis de Jongh, tanto en efectivo, como obsequios y otras cosas de valor, a cambio de que el acusado brindara ventajas indebidas para que González, Farías y sus empresas, obtuvieran contratos de CITGO, PDVSA e, incluso, con el grupo de Proyectos Especiales de CITGO.

   Para promover el esquema de soborno ilegal y ocultar su naturaleza, José Luis De Jongh ordenó e hizo que González, Farías y otros enviaran los pagos a cuentas a nombre de sus familiares y asociados, así como a cuentas en el extranjero, entre ellas cuentas a nombre de Shell Company A y Shell Company C. Para ello, el acusado y sus co-conspiradores crearon facturas falsas que justificaran estos pagos. Se especifica que al menos en una ocasión, De Jongh dirigió un pago a la Compañía de título A por una inversión inmobiliaria.

  Como parte del plan, el acusado blanqueó el producto del soborno haciendo que los fondos se enviaran de cuentas bancarias a nombre de una empresa fantasma a otra. Se explica que la Compañía Shell A envió los fondos a la Compañía Shell B, y luego a cuentas a nombre de sus asociados.

  Es el caso de que el acusado hizo que el producto del soborno se transfiriera a través de una serie de cuentas bancarias, incluida la Cuenta de Panamá 1, a nombre de la Compañía Shell A, a la Cuenta de Panamá 2, a nombre de la Compañía Shell B; de la Cuenta de Panamá 2 a la Cuenta de Texas 4 y de la Cuenta de Texas 4 a la Cuenta de Texas 1. Después de ser transferidos a través de dos cuentas panameñas y dos cuentas de Texas, estos sobornos se utilizaron finalmente para comprar bienes raíces residenciales a nombre de José Luis De John en el Distrito Sur de Texas.

  El acusado también lavó el producto del soborno enviado los fondos a la Cuenta Suiza de manera similar. Entre 2014 y 2019, De Jongh ordenó que se enviaran transferencias desde la cuenta suiza a la cuenta 1 de Texas, la cuenta 2 de Texas y la cuenta 3 de Texas, ninguna de las cuales estaba a su nombre. Las ganancias del soborno se utilizaron para comprar bienes raíces, se invirtieron o se lavaron a través de cuentas adicionales, como la Cuenta de Texas 2, antes de ser transferidas nuevamente a cuentas a nombre de José Luis De Jongh.

Compra de propiedad

  La acusación ilustra la compra de inmuebles con el producto de los sobornos.

 Se narra que el 22 de mayo de 2014, José Manuel González y Tulio Aníbal Farías hicieron que la Compañía B transfiriera USD 119.982,50 a la Cuenta 3 de Texas.

  En la misma fecha, José Luis De Jongh emitió un cheque de caja a nombre de la Compañía de título A, por USD 120.000 que se giró a la Cuenta de Texas 3 con el objetivo de comprar seis unidades de propiedad comercial en 440 Cobia Drive en Katy, Texas.

  Posteriormente, el 28 de julio de 2014, González Testino ordenó transferir USD 1.4 millones de una cuenta suiza bajo su control a una cuenta bajo su control en los Estados Unidos.

   Un día después, el 29 de julio de 2014, González Testino ordenó que de la cuenta en estados Unidos se transfirieran USD 1.386.964,40 a la Compañía de título A para completar la compra de los referidos inmuebles.

  En adelante, González Testino, Farías y el Empleado A hicieron que los pagos de sobornos destinados al acusado, se enviaran a la Cuenta 1 de Panamá.

Esta operación se llevó a cabo como lo ilustra el siguiente gráfico:

Entre el 7 y el 11 de mayo de 2015, José Luis De Jongh ordenó transferir USD 950.000 de la Cuenta de Panamá 1 a la Cuenta de Panamá 2.


Luego, el 1 de julio de 2015 ordenó transferir USD 949.500 desde la Cuenta de Panamá 2 a la Cuenta de Texas 4.


El 2 de julio de 2015 el acusado transfirió casi todos los fondos restantes, a saber, USD 4.890, de la Cuenta 1 de Panamá a la Cuenta 2 de Panamá. Ese mismo día, ordenó transferir USD 5.241 de la Cuenta de Panamá 2 a la Cuenta de Texas 4.

  Posteriormente, el 27 de diciembre de 2016, De Johgh ordenó transferir USD 903.000 de la Cuenta de Texas 4 a la Cuenta de Texas 1. El mismo día hizo que se girara un cheque de caja a la Compañía de título A por USD 899.625,13 a la Cuenta 1 de Texas para comprar una propiedad residencial.

La cuenta suiza y las transferencias

  Seguidamente, la acusación refiere que posteriormente José Manuel González Testino y Tulio Aníbal Farías ordenaron que los sobornos para el acusado se enviaran a la Cuenta Suiza.

Esto ocurrió así:


.        El 10 de diciembre de 2014, De Jongh hizo que se transfirieran USD 130.083,28 de la Cuenta Suiza a la Cuenta 3 de Texas.

    El 15 de mayo de 2015 hizo que se transfirieran USD 563.088,19 de la Cuenta Suiza a la Cuenta 1 de Texas.

     El 24 de febrero de 2017, el acusado le envió a González Testino un correo electrónico con el asunto, traducido al inglés, “para factura (ADJUNTO EN EXCEL PARA QUE LA FACTURA SE PUEDA EDITAR)” y adjuntó un archivo de Excel que contenía una plantilla en blanco para una factura de Shell Company C e indicaba al destinatario de la factura que pagara la cuenta suiza.

   Después, el 27 de mayo de 2017, González Testino envió un correo electrónico a dos de sus socios comerciales ordenando transferir USD 200.000 a la Cuenta Suiza.

  El 13 de junio de 2017, una empresa bajo el control de González Testino transfirió USD 200.000 a la Cuenta Suiza.

  El 21 de junio de 2019, De Jongh hizo que se transfirieran USD 280.051,40 de la Cuenta Suiza a la Cuenta 2 de Texas.

  El 28 de junio de 2019 el acusado hizo que se transfirieran USD 280.000 de la Cuenta de Texas 2 a la Cuenta de Texas 1. El mismo día, hizo transferir USD 250.029 de la Cuenta 1 de Texas a una cuenta a su propio nombre en el Distrito Sur de Texas.

   El 5 de julio de 2019, el acusado hizo que se transfirieran USD 30.029 de la Cuenta 1 de Texas a la misma cuenta a su propio nombre.

Viajes y entretenimiento

   La acusación narra que, en octubre de 2014, Tulio Aníbal Farias acompañó a José Luis De Jongh a un juego de la Serie Mundial en San Francisco, California, y corrió con los gastos.

   Luego, el 1 de febrero de 2015, Farías acompañó al acusado al Super Bowl XLIX, en Glendale, Arizona, también pagando por todo.

  El 16 de mayo de 2017, González Testino le dio al acusado entradas para el concierto de U2 el 11 de junio de 2017 en Miami, Florida.

Los cargos

  Seis son los cargos que enfrenta José Luis De Jongh-Atencio, a saber, un cargo por Conspiración para lavar dinero, cinco cargos por Lavado de dinero.

   El sexto cargo, también es por Lavado de dinero, al estimar que el acusado ayudó, instigó y provocó que otras personas participaran en una transacción monetaria que afectara el comercio interestatal en propiedad derivada por un valor superior a USD 10.000, derivados de un soborno de un funcionario extranjero. 

jueves, 19 de noviembre de 2020

Extraditan de Italia a narcotraficante del Cártel de Sinaloa

  Este caso se convierte en una de las operación de extradición exitosas más reciente de un miembro del cártel que estuvo bajo investigación por muchos años.


    Las autoridades de Estados Unidos informaron que Ramón Santoyo-Cristóbal, alias "Dr. Wagner", ex oficial de la Policía Federal de México y presunto narcotraficante del Cártel de Sinaloa, fue extraditado desde Italia.



  El 19 de agosto de 2016, un gran jurado federal, reunido en el Distrito Sur de California, emitió una acusación formal contra Santoyo-Cristóbal por haber presuntamente participado en una conspiración mundial de larga duración para traficar cantidades sustanciales de metanfetamina, cocaína y heroína de México a los Estados Unidos, además de lavar millones de dólares en ingresos provenientes de la droga.

  Fugitivo durante casi tres años, Santoyo-Cristóbal, fue detenido por las autoridades italianas en agosto de 2019 mientras visitaba Roma. 

  Santoyo-Cristóbal impugnó la extradición en los tribunales italianos, pero en julio de 2020, la Corte Suprema de Casación rechazó sus argumentos y al mes siguiente el Ministerio de Justicia autorizó su extradición a Estados Unidos. 

  El acusado llegó a San Diego el 18 de noviembre de 2020 e hizo su aparición inicial hoy ante el juez Andrew Schopler esta semana. La próxima audiencia será el 24 de noviembre de 2020.

 “Este fallo de extradición de los tribunales italianos demuestra que quienes violen las leyes estadounidenses y busquen evadir la justicia no encontrarán ningún lugar donde esconderse”, dijo el fiscal federal Robert Brewer. 

 “El Departamento de Justicia agradeció la cooperación de las autoridades italianas en el proceso de extradición.

"La DEA y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley continuarán utilizando todos los recursos disponibles para llevar a los narcotraficantes ante la justicia", dijo el agente especial a cargo de la DEA, John W. Callery. 

“Esta extradición debe servir como una advertencia a otros miembros del Cártel de Sinaloa: lo encontraremos sin importar en qué parte del mundo intente esconderse y lo llevaremos de regreso a Estados Unidos para su enjuiciamiento”.

  La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California y la Administración de Control de Drogas lideraron el esfuerzo de extradición de los Estados Unidos. 

  El Departamento de Justicia agradeció al Ministerio de Justicia italiano y a las autoridades fiscales y policiales por hacer posible la extradición. 

   La Oficina de Asuntos Internacionales de la División de lo Penal proporcionó una asistencia importante para lograr la extradición del acusado de Italia. El Servicio de Alguaciles de EE. UU. Ayudó a traer al acusado de regreso a los Estados Unidos.

    Este caso es parte de una investigación de cinco años liderada por el Distrito Sur de California, que, en total, ha resultado en cargos contra más de 125 personas y ha tenido un impacto significativo en las operaciones mundiales del Cártel de Sinaloa. 

  Esta investigación también ha ofrecido una de las perspectivas más completas hasta la fecha del funcionamiento interno de uno de los cárteles de la droga más prolíficos, violentos y poderosos del mundo. 

  Los miembros del cártel y los asociados fueron el objetivo de esta investigación masiva que involucró a varios países, numerosas agencias de aplicación de la ley en los Estados Unidos, varios distritos federales y más de 250 escuchas telefónicas autorizadas por la corte solo en este distrito.

  Este enjuiciamiento también es parte de la Iniciativa de Fuerza de Ataque de las Fuerzas de Tarea de Lucha contra las Drogas del Crimen Organizado (OCDETF), que prevé el establecimiento de equipos de fuerza de tarea de múltiples agencias permanentes que trabajan codo con codo en el mismo lugar. 

   Este modelo de ubicación conjunta permite que agentes de diferentes agencias colaboren en operaciones multijurisdiccionales impulsadas por inteligencia para interrumpir y desmantelar a los narcotraficantes, lavadores de dinero, pandillas y organizaciones criminales transnacionales más importantes.



Tribunal de EE. UU. confirma orden de expulsión contra el hombre de Tennessee que sirvió como guardia del campo de concentración nazi durante la II Guerra Mundial

Venezuela Política

  La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) desestimó la apelación del residente de Tennessee, Friedrich Karl Berger, un ciudadano alemán a quien se ordenó la expulsión de los Estados Unidos a principios de 2020 sobre la base de su servicio en la Alemania nazi en 1945, como guardia armado de concentración. prisioneros de campo en el sistema de campos de concentración de Neuengamme (Neuengamme).

  "El servicio voluntario de Berger como guardia armado en un campo de concentración nazi no puede borrarse y no será ignorado", dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Interino  de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, Brian C. Rabbitt

  “En vísperas del 75 aniversario del inicio de los juicios de Nuremberg de los líderes sobrevivientes del régimen nazi derrotado, este caso muestra que el paso del tiempo no disuadirá al departamento de cumplir con el imperativo moral de buscar justicia para las víctimas de sus atroces crímenes".

“Berger fue un participante activo en uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Intentó deshacerse de su pasado nefasto para venir a Estados Unidos y comenzar de nuevo, pero gracias a la dedicación de los del Departamento de Justicia y Investigaciones de Seguridad Nacional, se reveló la verdad ”, dijo el subdirector adjunto de Inmigración de Estados Unidos, y la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Control de Aduanas (ICE), que supervisa el Centro de Crímenes de Guerra y Violadores de Derechos Humanos, Louis A. Rodi III 

"No se permitirá que los criminales de guerra y los violadores de los derechos humanos eludan la justicia y encuentren refugio aquí", acota Rodi III.

  La BIA confirmó una decisión del juez de inmigración de Memphis, Tennessee, el 28 de febrero de 2020, de que Berger era removible bajo la Enmienda Holtzman de 1978 a la Ley de Inmigración y Nacionalidad porque su "servicio voluntario como guardia armado de prisioneros en un campo de concentración place ”constituyó una ayuda en la persecución patrocinada por los nazis. 

  El tribunal determinó que Berger sirvió en un subcampo de Neuengamme cerca de Meppen, Alemania, y que entre los prisioneros había "judíos, polacos, rusos, daneses, holandeses, letones, franceses, italianos y opositores políticos" de los nazis. Los grupos más numerosos de prisioneros eran civiles rusos, holandeses y polacos.

   Después de un juicio de dos días en febrero, el juez presidente emitió un dictamen en el que concluyó que los prisioneros de Meppen fueron retenidos durante el invierno de 1945 en condiciones "atroces" y explotados para trabajos forzados al aire libre, trabajando "hasta el punto de agotamiento y muerte".

  El tribunal determinó además, y Berger admitió, que protegía a los prisioneros para evitar que escaparan durante su jornada laboral desde el amanecer hasta el anochecer, y de camino a los lugares de trabajo y también de regreso al subcampo dirigido por las SS por la noche.

  A finales de marzo de 1945, a medida que avanzaban las fuerzas aliadas británicas y canadienses, los nazis abandonaron Meppen. 

  El tribunal determinó que Berger ayudó a proteger a los prisioneros durante su evacuación forzosa al campo principal de Neuengamme, un viaje de casi dos semanas en condiciones inhumanas, que se cobró la vida de unos 70 prisioneros. 

  La decisión de las autoridades también citó la admisión de Berger de que nunca solicitó un traslado del servicio de guardia del campo de concentración y que sigue recibiendo una pensión de Alemania basada en su empleo en Alemania, "incluido su servicio en tiempos de guerra".

  En 1946, las autoridades de ocupación británicas en Alemania acusaron al SS Obersturmführer Hans Griem, que había encabezado los subcampos de Meppen, y a otro personal de Meppen de crímenes de guerra por "malos tratos y asesinato de ciudadanos aliados". Aunque Griem escapó antes del juicio, el tribunal británico juzgó y condenó a los restantes acusados ​​de crímenes de guerra en 1947.

  El juicio y la apelación del caso de deportación fueron manejados por Eli Rosenbaum, Director de Cumplimiento y Política de Derechos Humanos en la Sección de Derechos Humanos y Enjuiciamientos Especiales (HRSP) de la División Criminal, la Abogada Litigante Senior de HRSP Susan Masling, y abogados de ICE Nueva Orleans, Oficina del Asesor Jurídico Principal (Memphis), con la ayuda del Historiador Jefe de HRSP, Jeffrey S. Richter, y del Centro de Violadores de Derechos Humanos y Crímenes de Guerra. La investigación fue iniciada por el HRSP y se llevó a cabo en asociación con la oficina de Nashville ICE HSI.

  Desde el inicio en 1979 del programa del Departamento de Justicia para detectar, investigar y expulsar a los perseguidores nazis, ha ganado casos contra 109 personas. 

   Durante los últimos 30 años, el Departamento de Justicia ha ganado más casos contra personas que participaron en la persecución nazi que las autoridades policiales de todos los demás países del mundo juntas. 

  El caso de HRSP contra Berger fue parte de sus esfuerzos en curso para identificar, investigar y enjuiciar a personas que participaron en genocidio, tortura, crímenes de guerra, reclutamiento o uso de niños soldados, mutilación genital femenina y otras violaciones graves de derechos humanos.

   Los abogados de HRSP procesaron el primer caso de tortura iniciado en los Estados Unidos y han procesado con éxito casos penales contra los autores de violaciones de derechos humanos cometidas en Guatemala, Etiopía, Liberia, Cuba y la ex Yugoslavia, entre otros.



Aunque está siendo procesado por mentirle a los agentes federales, el piloto venezolano, Alejandro J. Marín consiguió un préstamo para su empresa de $400 mil otorgado por el gobierno de EE. UU.

 Por Maibort Petit

   Aunque había dudas sobre la certeza de la declaración financiera presentada ante el tribunal, el piloto y empresario de aviación[propietario de Jet Server], Alejandro J. Marín, acusado de haber metido a los agentes federales de los Estados Unidos cuando actuaba como fuente confidencial de la investigación vinculada al caso que involucra al Ministro de Petróleo del régimen de Nicolás Maduro, Tareck El Aissami y a otros altos jerarcas venezolanos.

   Gracias a lo argumentado por los fiscales del caso se supo que Marín se las arregló para lograr un préstamo de $400 mil dólares del programa de ayuda a los negocios que implementó la administración del presidente, Donald Trump para ayudar a las empresas norteamericanas para hacer frente a la crisis originada por la pandemia del Covid-19.

  Alejandro Javier Marín, dueño y director de la empresa de Administracion Aeronautica My Jet Saver LLC, una compañía de unos 16 empleados, habría aplicado al préstamo del gobierno federal para supuestamente pagar a los trabajadores.

  Los fiscales acusan al empresario aeronáutico venezolano del sur de Florida de mentir respecto a un dinero que retuvo durante una operación encubierta en la que participaba como informante del gobierno federal, según documentos judiciales.

   Marín sustrajo 140,000 dólares de un paquete de dinero en efectivo que sería incautado a una organización criminal internacional y mintió sobre su destino.

  El 13 de noviembre de 2020 se presentó inicialmente el imputado Alejandro Javier Marín ante la  Corte del Distrito Sur de Nueva York ante la juez, Debra Freeman, quien luego de evaluar el caso decidió designar un abogado para defensa del acusado.

  A Marín se le imputan de tres cargos de declaración falsa a un agente federal, en violación de 18 U.S.C. § 1001 (a). 

  La Corte designó temporalmente a Kelley J. Sharkey, del panel de CJA para representar al Sr. Marín, pero observó que, con base en la información financiera proporcionada al tribunal en la declaración jurada financiera del Sr. Marín y declaraciones hechas por la Fiscalía (que objetó el nombramiento de un abogado),  "No estaba claro si Marín era, de hecho, elegible para representación designada por el tribunal". 

  La corte ordenó la abogada Sharkey proporcionar información adicional después de la presentación y ayudar al Tribunal a determinar si debe continuar el nombramiento temporal.

    Sharkey envió una carta a la Corte el 12 de noviembre de 2020, en respuesta a su directiva. 

    La juez dijo que "habiendo revisado esa carta, el Tribunal concluye que, si bien Marín parece tener activos sustanciales, también parece estar significativamente endeudado y tener poca liquidez en su activos y no hay efectivo disponible. Además, aunque, antes de su arresto, Marín recibía ingresos de su trabajo (como piloto) a un nivel superior al que normalmente calificaría a un acusado para recibir servicios de un abogado de oficio, la Corte ha ordenado ahora su prisión preventiva y no tiene indicios de que su los ingresos continuarán". 

 Asimismo, la magistrada indicó que "sí bien el Gobierno ha argumentado que el señor Marín podría sacar fondos de su negocio familiar que aún funciona, que recientemente obtuvo un préstamo del programa de ayuda federal para paliar la crisis de la pandemia, de aproximadamente $ 400,000, la abogada Sharkey ha manifestado que, según el acusado cualquier beneficios que la empresa obtenga actualmente se utilizan para pagar una deuda de 1,4 millones de dólares, y el préstamo PPE se utilizó para pagar a los empleados de la empresa".

  “Para calificar para el nombramiento de abogado, uno no necesita estar totalmente sin recursos financieros. Para determinar si un acusado no puede pagar un abogado, un tribunal generalmente considera “las realidades económicas que enfrenta el acusado, es decir, los costos realistas de defensa y las necesidades financieras del acusado y su familia". 

   Sostuvo que en este caso, es demasiado pronto en el proceso para conocer con certeza los costos realistas de la defensa, pero bien pueden ser alto, y, si bien es posible que Marín tenga acceso a activos más allá de lo que ha representado ante la Corte, ni su declaración jurada ni las declaraciones realizadas en su nombre por abogado refleja que actualmente tiene los fondos disponibles para contratar un abogado.

  En ese sentido, la juez ordenó que Sharkey siga sirviendo como abogado de oficio aunque advirtió a Marín que, en una etapa posterior de este procedimiento, es posible que el Gobierno solicite el reembolso de los honorarios de abogados gastados en virtud de lo establecido en la  Ley de Justicia Penal. 

  La carga recaerá sobre Marín para demostrar por una preponderancia de la evidencia que ha sido financieramente incapaz de obtener un abogado. “está bien establecido que la carga recae en acusado de demostrar por una preponderancia de la evidencia que no puede obtener abogado. 

  Además, la juez ordenó  a la abogada Sharkey que informe al Tribunal de cualquier cambio en las circunstancias financieras del Sr.Marín del que tenga conocimiento durante el curso de su enjuiciamiento, en la medida en que ella crea que tales cambios podrían tener un impacto material sobre la determinación de la Corte de la continua elegibilidad de  Marín para un abogado designado.


Ex Boina Verde del Ejército estadounidense se declara culpable de conspiración de espionaje ruso

Venezuela Política

   Un ex Boina Verde del Ejército se declaró hoy culpable de conspirar con agentes de inteligencia rusos para proporcionarles información de defensa nacional de Estados Unidos.

   Según documentos judiciales, desde diciembre de 1996 hasta enero de 2011, Peter Rafael Dzibinski Debbins, de 45 años, de Gainesville, ex miembro del ejército de los Estados Unidos, conspiró con agentes de un servicio de inteligencia ruso. Durante ese tiempo, Debbins visitó Rusia periódicamente y se reunió con agentes de inteligencia rusos. 

   En 1997, los agentes de inteligencia rusos asignaron un nombre en clave a Debbins y firmó una declaración en la que atestiguaba que quería servir a Rusia.

“Nuestro país le confió a Debbins la responsabilidad y la capacitación para protegerlo de sus adversarios”, dijo G. Zachary Terwilliger, Fiscal Federal para el Distrito Este de Virginia. 

Terwilliger acotó que “Debbins traicionó esa confianza y traicionó a sus compañeros miembros del servicio al conspirar para proporcionar información de defensa nacional a los agentes de inteligencia rusos". 

De 1998 a 2005, Debbins sirvió en servicio activo como oficial en el Ejército de los Estados Unidos, sirviendo en unidades químicas antes de ser seleccionado para las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Los agentes de inteligencia rusos lo alentaron a unirse y seguir una carrera en las Fuerzas Especiales, lo que hizo, donde sirvió en el rango de Capitán.

"Debbins reconoció hoy que violó la mayor confianza de este país al pasar información confidencial de seguridad nacional a los rusos", dijo John C. Demers, Secretario de Justicia Auxiliar de Seguridad Nacional. 

“Debbins traicionó su juramento, su país y los miembros de su equipo de Fuerzas Especiales con la intención de dañar a Estados Unidos y ayudar a Rusia. La declaración de culpabilidad de Debbins representa otro éxito en el esfuerzo continuo del Departamento para contrarrestar la amenaza a la seguridad nacional que representan los adversarios de nuestra nación, incluida Rusia".

En el transcurso de la conspiración, Debbins proporcionó a los agentes de inteligencia rusos información que obtuvo como miembro del Ejército de los Estados Unidos, incluida información sobre sus unidades químicas y de las Fuerzas Especiales. 

En 2008, después de dejar el servicio activo, Debbins reveló a los agentes de inteligencia rusos información clasificada sobre sus actividades anteriores mientras estaba desplegado con las Fuerzas Especiales. 

Debbins también proporcionó a los agentes de inteligencia rusos los nombres y la información sobre varios de sus antiguos miembros del equipo de las Fuerzas Especiales para que los agentes pudieran evaluar si debían acercarse a los miembros del equipo para ver si cooperarían con el servicio de inteligencia ruso.

"Debbins traicionó a esta nación y a sus compañeros militares, poniendo en riesgo a los estadounidenses y nuestra seguridad nacional al proporcionar información de defensa nacional al Servicio de Inteligencia de Rusia", dijo Steven M. D'Antuono, subdirector a cargo de la oficina local del FBI en Washington. 

“A pesar de que se le confió la protección de sus colegas y la seguridad nacional de los Estados Unidos, eligió abusar de esta confianza proporcionando información clasificada a sabiendas a uno de nuestros adversarios más agresivos. La petición de hoy es un ejemplo de la celosa búsqueda de justicia que el FBI y nuestros socios defienden y trabajan incansablemente para lograr todos los días".


"El presidente Kennedy llamó a los Boinas Verdes 'un símbolo de excelencia, una insignia de coraje, una marca de distinción'. Las acciones del Sr. Debbins fueron un símbolo de traición, una insignia de cobardía y una marca de traición", dijo Alan E Kohler, Jr., subdirector de la División de Contrainteligencia del FBI. “Prometió su lealtad a Rusia y, al hacerlo, vendió a su país ya sus compañeros Boinas Verdes. Este caso debería servir como recordatorio de que el FBI y sus socios de investigación no se detendrán ante nada para responsabilizar a una persona por sus acciones ".


Debbins está programado para ser sentenciado el 26 de febrero de 2021. Se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua. Las sentencias reales por delitos federales suelen ser inferiores a las penas máximas. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de tener en cuenta las Pautas de Sentencia de EE. UU. Y otros factores legales.


Los fiscales federales adjuntos Thomas W. Traxler y James L. Trump, y el abogado litigante David Aaron de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional están procesando el caso.


El Fiscal Federal Terwilliger y el Fiscal General Adjunto Demers agradecen enormemente la ayuda de la Contrainteligencia del Ejército, la Oficina de Campo de Minneapolis del FBI, el Servicio de Policía Metropolitana del Reino Unido y el MI5.