miércoles, 18 de noviembre de 2020

Un juez federala aceptó retirar los cargos criminales contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda

  Estados Unidos había acusado al militar de alto rango de aceptar sobornos del cártel H-2. El fiscal general estadounidense, Williams Barr dijo que México ahora investigará el caso.

 Por Maibort Petit

  Un juez federal aceptó la solicitud del Departamento de Justicia de retirar los cargos penales contra el exsecretario de Defensa de México, el general, Salvador Cienfuegos Zepeda, quien había sido acusado de ayudar a uno de los carteles de la droga de México a "operar con impunidad" mientras utilizaba al ejército mexicano para dañar a sus rivales. 

  Cienfuegos Zepeda, quien fue secretario de Defensa durante la presidencia de Enrique Peña Nieto de 2012 a 2018, fue detenido por  las autoridades estadounidenses en octubre de 2019 en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

   En un comunicado conjunto, dado a conocer el martes,  el fiscal general de EE. UU., William Barr y la Fiscalía General de México, Alejandro Gertz Manero informaron la decisión que permitiría retirar los cargos federales contra el general Cienfuegos y enviarlo a su país para que las autoridades respectivas sigan la investigación.

  Al conceder la moción del Departamento de Justicia para desestimar  los cargos, la jueza Carol Bagley sostuvo lo siguiente:"Si bien el viejo adagio, un pájaro en la mano viene a la mente ... no tengo ninguna razón para dudar del Gobierno".

  Cienfuegos Zepeda será llevado por alguaciles estadounidenses de regreso a México. En ese momento, el gobierno mexicano se ha comprometido a investigar pero no ha prometido acusarlo.

   El el comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos se asegura que el gobierno estadounidense ha proporcionado a México las pruebas de este caso y se compromete a continuar la cooperación, dentro de ese marco, para apoyar la investigación de las autoridades mexicanas.

  Los fiscales federales en Brooklyn, Nueva York, habían acusado a Cienfuegos, de 72 años, de aceptar sobornos del cártel H-2, con sede en Nayarit y Sinaloa, México, a cambio de sus servicios mientras era secretario de Defensa. Se enfrentaba a cadena perpetua si era declarado culpable de todos los cargos.

  En documentos judiciales del caso de Cienfuegos Zepeda, los fiscales del Distrito Este de Nueva York describieron que el cártel H-2 había distribuido miles de libras de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana.

 "En México", decía una presentación de octubre, "el cártel H-2 traficaba con cientos de armas de fuego letales y cometía innumerables actos de violencia espantosa, incluida la tortura y el asesinato, para protegerse de los desafíos de las organizaciones rivales de tráfico de drogas, lucha por el territorio y silenciar a aquellos que cooperarían con las fuerzas del orden ".


Cabecillas de uno de los más grandes desfalcos a PDVSA aguardan aún por sentencia

 Conozca a los integrantes de la trama de corrupción que esquilmó durante años a la estatal petrolera venezolana.

Por Maibort Petit

   La expectativa continúa, toda vez que la Corte del Distrito Sur de Texas ha cambiado en varias oportunidades la fecha de la lectura de la sentencia de los ex-contratistas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera, acusados de haber orquestado un esquema masivo de corrupción y lavado de dinero que desfalcó a la estatal petrolera millones de dólares.

   Para lograr contratos de PDVSA para sus empresas, Rincón y Shiera estructuraron una sofisticada y complicada trama en la participaron un gran número de funcionarios de la empresa estatal venezolana, compañías fantasmas y otros empresarios, cuyos nombres han ampliado el expediente y han llevado a que más de 20 personas enfrenten cargos, se hayan declarado culpables o están a la espera de ser juzgados.

He aquí los principales protagonistas:  

Los cabecillas

  Abraham José Shiera Bastidas, empresario de Coral Gables, se declaró culpable el 22 de marzo de 2016, de cargos de fraude y soborno en el extranjero de manera de asegurarse de manera corrupta contratos millonarios de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

   Ante el Tribunal del distrito Sur de Texas en Houston, Shiera Bastidas admitió un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y cometer fraude electrónico y un cargo por violar la FCPA.

    Un Gran Jurado emitió una acusación formal contra Shiera Bastidas responsabilizándolo de 18 cargos, al igual que acusó a Roberto Enrique Rincón Fernández, socio del primero. El 16 de diciembre de 2015, Shiera fue arrestado en Miami.

   Shiera y Rincón se asociaron y presentaron ofertas para proporcionar equipos y servicios a PDVSA a través de sus diversas empresas. Shiera admitió que, a partir de 2009, él y Rincón acordaron pagar sobornos y otras cosas de valor a los analistas de compras de la estatal petrolera venezolana para asegurarse ser incluidas en los paneles de licitación de PDVSA y obtener lucrativos contratos. También pagó sobornos a otros funcionarios de PDVSA para asegurarse de que sus empresas fueran incluidas en las listas de proveedores de la petrolera y se les diera prioridad de pago por sobre el resto de los proveedores con facturas pendientes[1].

  Entretanto, Roberto Enrique Rincón Fernández, formuló su admisión de culpa el 16 de junio de 2016, cuando ante juez federal del distrito sur de Texas, Gray H. Miller, aceptó su responsable de un plan para asegurar corruptamente contratos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

   El empresario aceptó un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo por ofrecer información falsa en su declaración federal de impuestos sobre la renta de 2010. El juez impuso una sentencia monetaria personal a Rincón, quien aceptó el decomiso.

   Rincón fue arrestado el 16 de diciembre de 2015, luego de que un gran jurado en el Distrito Sur de Texas emitiera una acusación formal de 18 cargos contra él y Abraham José Shiera Bastidas.

    Ambos empresarios se asociaron para ofertar y proporcionar equipos y servicios a PDVSA a través de sus compañías. Rincón admitió que, a partir de 2009, él y Shiera acordaron sobornar y ofrecer otras cosas de valor a los analistas de compras de PDVSA para asegurarse de que sus empresas fueran incluidas en los paneles de licitación de la estatal, lo que les permitió ganar lucrativos contratos. También reconoció haber sobornado a otros funcionarios de PDVSA para asegurarse de que sus empresas se incluyeran en las listas de proveedores y se les priorizaran los pagos por encima de otros proveedores.

    Del mismo modo, Rincón dijo que, deliberadamente, no informó en su declaración de impuestos federales de 2010 más de USD 6 millones en ingresos por dividendos extranjeros que recibió de una corporación venezolana de su propiedad[2].

Luis Carlos De León-Pérez

  Dentro de la estructura que Roberto Rincón y Abraham Shiera usaba para pagar sobornos a funcionarios de PDVSA a cambio de que éstos aprobaran millonarios contratos de la estatal en favor de las empresas de los primeros, se encontraba Luis Carlos De León-Pérez, un ciudadano venezolano-estadounidense que admitió su participación en la trama de corrupción el 16 de julio de 2018.

   De León-Pérez impulsó el plan internacional de lavado de dinero destinado a legitimar los sobornos pagados por los propietarios de empresas con sede en Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano para asegurar las adjudicaciones. 

   Ante un tribunal federal de Houston, De León-Pérez aceptó un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales. Fue arrestado en España en octubre de 2017 y posteriormente extraditado a los Estados Unidos después de que un gran jurado federal emitiera una acusación de 20 cargos contra él y Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, César David Rincón Godoy, Alejandro Isturiz Chiesa y Rafael Ernesto Reiter Muñoz. Todos estos últimos, entre 2011 y 2013, cuando eran funcionarios de PDVSA, conspiraron para solicitar a los proveedores de PDVSA sobornos y comisiones ilícitas a cambio de brindar asistencia a esos proveedores en relación con su negocio de PDVSA.

   Específicamente, De León admitió que solicitó y dirigió sobornos de Roberto Rincón y Abraham Shiera Bastidas a funcionarios de PDVSA. También admitió que, luego de esto, conspiró con Rincón y Shiera para lavar y ocultar las ganancias del esquema de soborno a través de una serie de transacciones financieras, incluidas transferencias electrónicas a cuentas en Suiza a nombre de personas o entidades distintas de De León y sus co-conspiradores[3].

Juan Carlos Castillo Rincón

  El ex gerente de una empresa de transporte de carga y logística con sede en EE. UU., Juan Carlos Castillo León, se declaró el 13 de septiembre de 2018, de un cargo de soborno extranjero, al haber formado parte de un plan para asegurar de manera corrupta contratos y extensiones de contrato de PDVSA.

   Castillo León admitió ante la jueza del Distrito Sur de Texas en Houston, Nancy K. Johnson, formar parte de conspirar para violar las Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Fue arrestado en Miami el 19 de abril de 2018, luego de que un gran jurado federal emitiera una acusación formal de cinco cargos en su contra.

   Según admitió, desde 2011 hasta 2013, Castillo León conspiró con otros para sobornar a un funcionario de PDVSA a cambio de que este brindara asistencia en relación con los negocios de la empresa con la petrolera venezolana. 

  Su intervención sirvió para que la empresa obtuviera contratos millonarios, extensiones de contrato, así como términos de contrato favorables. También proporcionó información privilegiada sobre el proceso de licitación de PDVSA y apoyó a la empresa en reuniones internas de la estatal sobre decisiones de compra[4].

José Orlando Camacho

   Otro funcionario de PDVSA que recibió sobornos, fue José Orlando Camacho, quien se declaró culpable en julio de 2017 en secreto ante el juez Miller, según develó el juez Johnson. Las coimas percibidas por Camacho provenían de Castillo Rincón

   Camacho se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y admitió que mientras era empleado de PDVSA, aceptó sobornos de Castillo y la empresa de logística y transporte de carga de la que este era gerente a cambio de tomar ciertas acciones para ayudar a la empresa. Accedió perder el producto de su actividad criminal[5].

Juan José Hernández Comerma

   El exgerente general y propietario parcial de una empresa de energía con sede en Florida, Juan José Hernández Comerma, formó parte del esquema corrupto de Rincón y Shiera en el cual se favorecía con contratos de PDVSA a las empresas de estos último a cambio de sobornos. Se declaró culpable el 10 de enero de 2017 de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo de violar la FCPA. El 8 de enero de 2020 fue sentenciado a pagar 48 meses de prisión por el juez Miller. También se le impuso el mandato de cuatro años y se le ordenó pagar una multa de USD 127.000 y perder USD 3 millones.

   Hernández Comerma conspiró entre 2008 y 2012 con Abraham José Shiera Bastidas y Roberto Enrique Rincón Fernández para pagar sobornos y otras cosas de valor a los analistas de compras de PDVSA, de modo de asegurar los empresarios antes señalados y sus compañías obtuvieran jugosos contratos de PDVSA. 

  La propiedad de la firma en Florida la compartió con Sheira y ofreció sobornos a funcionarios de la estatal petrolera venezolana. Entre los favorecidos estuvo Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz[6].

Charles Quintard Beech III

   En la misma fecha que Hernández Cormena —10 de enero de 2017— también Charles Quintard Beech III, se declaró culpable de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

   Charles Quintard Beech III pagó sobornos a varios funcionarios de PDVSA, incluido Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, a cambio de su asistencia para que las empresas del primero entraran en los paneles de licitación y lograr la adjudicación de contratos de la petrolera. Beech también admitió que estuvo de acuerdo con otros funcionarios de PDVSA, para participar en transacciones financieras para ocultar la naturaleza, fuente y propiedad de los ingresos del soborno[7].

Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz

  En la trama de corrupción encabezada por Rincón y Shiera, también tuvo participación Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, ex oficial de adquisiciones de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), quien se declaró culpable el 10 de diciembre de 2015 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de hacer declaraciones falsas en relación con una declaración de impuestos, por lo que fue sentenciado el 19 de febrero de 2020, a 70 meses de prisión seguidos de tres años de libertad supervisada. El juez federal del Distrito Sur de Texas, Gray H. Miller, también ordenó a Gravina que pagara una restitución al IRS por un monto de USD 214.849,21.

   Gravina Muñoz igualmente fue acusado formalmente el 15 de noviembre de 2018 por un cargo de conspiración para obstruir un procedimiento oficial, del cual se declaró culpable el 10 de diciembre de 2018. Había ocultado en las entrevistas hechos sobre el pago de sobornos a funcionarios de Citgo Petroleum Corporation.

   Gravina aceptó sobornos por más de USD 590.000 entre 2007 y 2014 de los empresarios estadounidenses Abraham José Shiera Bastidas y Roberto Enrique Rincón Fernández mientras trabajaba como gerente de compras en PDVSA, asegurándole desde esa posición ganar lucrativos contratos a los susodichos. Para ocultar los pagos corruptos, los empresarios transfirieron fondos desde cuentas que controlaban fuera de los Estados Unidos a cuentas a nombre de asociados y familiares de Gravina. Luego de su declaración de culpabilidad en diciembre de 2015, Gravina se reunió periódicamente con agentes de HSI para brindar información sobre la corrupción en PDVSA[8].

Fernando Ardila Rueda

    El propietario parcial de varias empresas de energía en el estado de la Florida, Fernando Ardila Rueda, se declaró culpable el 11 de octubre de 2017, de cargos de soborno en el extranjero por su papel en un plan para asegurar contratos de Petróleos de Venezuela S.A. de manera corrupta.

   Rueda (Ardila), 49, de Miami, se declaró culpable en un tribunal federal de Houston, de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo de violar la FCPA. El juez federal de distrito Gray H. Miller del distrito sur de Texas aceptó la declaración de culpabilidad. La sentencia está programada para el 8 de febrero de 2018.

   Según las admisiones hechas en relación con su declaración de culpabilidad, Ardila conspiró con los empresarios estadounidenses Abraham José Shiera Bastidas (Shiera) y Roberto Enrique Rincón Fernández (Rincón) para pagar sobornos y otras cosas de valor a los analistas de compras de PDVSA. 

      Los sobornos de estas operaciones irregulares se pagaron para asegurar que las empresas de Shiera y Rincón se colocaran en los paneles de licitación de PDVSA y para obtener o mantener negocios con PDVSA. Desde 2008 hasta 2014, mientras fue director de ventas, gerente y propietario parcial de varias de las empresas de Shiera, Ardila brindó entretenimiento y ofreció sobornos a los funcionarios de PDVSA en función de un porcentaje del valor de los contratos que los funcionarios ayudaron a otorgar a las empresas de Shiera.

César David Rincón Godoy

   En la trama corrupta encabezada por Rincón y Shiera, también tuvo participación César David Rincón Godoy, quien intervino en el esquema internacional de lavado de dinero con el objetivo de legitimar sobornos pagados para asegurar corruptamente contratos de PDVSA.

  Rincón Godoy, ex-gerente general de la subsidiaria de adquisiciones de PDVSA, fue arrestado en España en octubre de 2017, junto a Luis Carlos De León Pérez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y Rafael Ernesto Reiter Muñoz, por una acusación de 20 cargos emitida por el Distrito Sur de Texas el 23 de agosto de 2017. César Rincón fue extraditado de España el 9 de febrero de 2018 y compareció ante el tribunal el 12 de febrero del mismo año. César Rincón está acusado de dos cargos de conspiración para cometer blanqueo de capitales[9].

   Se declaró culpable el 19 de abril de 2018 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Se le impuso una sentencia monetaria personal por la cantidad de USD 7.033.504,71 y este accedió a que se dicte una orden de decomiso.

    César Rincón también admitió haber solicitado y recibido sobornos de otros propietarios de empresas de energía con sede en Estados Unidos a cambio de su asistencia para ayudarlos a ganar contratos con PDVSA. Admitió haber conspirado con otros para lavar al menos USD 7.033.504,71 en ganancias de los diversos esquemas de soborno en los que participó[10].

José Manuel González Testino

   El propietario de varias empresas en estados Unidos de nacionalidad venezolano-estadounidense, José Manuel González Testino, es igualmente otro presunto integrante de la trama de corrupción dirigida por Rincón y Shiera.

   González Testino fue arrestado el 31 de julio de 2018, en el aeropuerto Internacional de Miami cuando intentaba abandonar el país. Sobre él pesan cargos de soborno extranjero por conspirar para realizar pagos corruptos a un funcionario de PDVSA. Específicamente se le acusa de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y de pagar sobornos a un funcionario extranjero en violación de la FCPA.

   Según la denuncia penal, González Testino y un co-conspirador pagaron al menos USD 629.000 en sobornos a un exfuncionario de PDVSA a cambio de que éste tomara medidas para dirigir los contratos de PDVSA a sus empresas y para darles prioridad sobre otras proveedoras para recibir pagos. Asimismo, las empresas de González Testino habrían recibido contratos de PDVSA en dólares estadounidenses en lugar de bolívares venezolanos[11].

   González Testino se declaró culpable de conspiración para violar la FCPA y un cargo de no cumplir reportar cuentas bancarias extranjeras. El juez federal de distrito Gray H. Miller del distrito sur de Texas aceptó su declaración el 29 de mayo de 2019. Los hechos ocurrieron entre 2012 y 2018, cuando con otros sobornó a funcionarios de PDVSA.

   Los sobornos que admitió haber pagado entre 2012 y 2013 estuvieron destinados a Cesar Rincon David Godoy, ex gerente general de Bariven, la subsidiaria de adquisiciones de PDVSA. Otros sobornos fueron para Alfonso Eliezer Gravina Muñoz cuando era funcionario en PDVSA Services Inc., otra subsidiaria con sede en Houston. A cambio, Rincón y Gravina proporcionaron a González información privilegiada sobre los procesos de adquisiciones de PDVSA. También algunos sobornos de González Testino fueron para empleados de CITGO[12].

Villalobos, Reiter, Istúriz

   Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y Rafael Ernesto Reiter Muñoz, fueron también arrestado en España —junto a César David Rincón Godoy— en octubre de 2017, atendiendo a la acusación formulada en el Distrito Sur de Texas, en las que se les formulaban 20 cargos. Villalobos y Reiter permanecen bajo custodia española pendiente de extradición. Otro acusado fue Alejandro Isturiz Chiesa, quien sigue prófugo.

   De León, Villalobos, Reiter e Isturiz están acusados cada uno de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. De León y Villalobos también están acusados de un cargo de conspiración para violar la FCPA[13].

  La acusación formal alega que los cinco acusados, todos funcionarios de PDVSA, eran conocidos como el "equipo de gestión" y tenían una influencia significativa dentro de empresa petrolera. Estos hombres conspiraron entre sí y con otros para solicitar a varios proveedores de PDVSA, recibir sobornos y comisiones ilegales a cambio de brindarles asistencia en relación con su negocio con la estatal venezolana. Los co-conspiradores luego lavaron el producto del esquema de soborno a través de una serie de transacciones financieras internacionales complejas hacia, desde o a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos.

    Roberto Rincón y Abraham Shiera enviaron más de USD 27 millones en sobornos a una cuenta en Suiza de la que De León era beneficiario efectivo y este y Villalobos eran firmantes autorizados. Esos fondos se transfirieron posteriormente a otras cuentas en Suiza[14].

   Informaciones recibidas en Departamento de Justicia de parte de los conspiradores, permitió conocer ampliar los elementos y acusaciones en torno al esquema de corrupción de Rincón y Shiera, estableciéndose que también el expresidente de Bariven, Javier Alvarado Ochoa y dos gestores patrimoniales europeos lavaron dinero proveniente de las arcas de Petróleos de Venezuela[15]

REFENCIAS 

[1] Department of Justice. “Empresario de Miami se declara culpable de cargos de soborno y fraude en el extranjero en relación con el plan de soborno de Venezuela”. 23 de marzo de 2016. https://www.justice.gov/opa/pr/miami-businessman-pleads-guilty-foreign-bribery-and-fraud-charges-connection-venezuela


 


[2] Department of Justice. “Empresario se declara culpable de soborno extranjero y cargos fiscales en relación con el plan de soborno de Venezuela”. 16 de junio de 2016. https://www.justice.gov/opa/pr/businessman-pleads-guilty-foreign-bribery-and-tax-charges-connection-venezuela-bribery-scheme


 


[3] Department of Justice. “Exfuncionario venezolano se declara culpable de lavado de dinero en relación con plan de soborno”. 16 de julio de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/former-venezuelan-official-pleads-guilty-money-laundering-charge-connection-bribery-scheme-0


[4] Department of Justice. “Ejecutivo de negocios se declara culpable de cargo de soborno extranjero en relación con plan de soborno venezolano”. 13 de septiembre de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/business-executive-pleads-guilty-foreign-bribery-charge-connection-venezuelan-bribery-scheme


 


[5] Department of Justice. “Ejecutivo de negocios se declara culpable de cargo de soborno extranjero en relación con plan de soborno venezolano”. 13 de septiembre de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/business-executive-pleads-guilty-foreign-bribery-charge-connection-venezuelan-bribery-scheme


[6] Department of Justice. “Empresario de Florida sentenciado por participación en plan de soborno en Venezuela”. 8 de enero de 2020. https://www.justice.gov/usao-sdtx/pr/florida-businessman-sentenced-role-venezuela-bribery-scheme


[7] Department of Justice. “Dos empresarios se declaran culpables de cargos de soborno en el extranjero en relación con esquemas de soborno en Venezuela”. 10 de enero de 2017. https://www.justice.gov/opa/pr/two-businessmen-plead-guilty-foreign-bribery-charges-connection-venezuela-bribery-schemes


 


[8] Department of Justice. “Hombre de negocios de Texas condenado a 70 meses de prisión por su participación en plan de soborno en Venezuela y obstrucción de la justicia”. 19 de febrero de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/texas-businessman-sentenced-70-months-prison-role-venezuela-bribery-scheme-and-obstruction


 


[9] Department of Justice. “Cinco exfuncionarios del gobierno venezolano acusados de plan de lavado de dinero que involucra soborno extranjero”. 12 de febrero de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/five-former-venezuelan-government-officials-charged-money-laundering-scheme-involving-forei-0


[10] Department of Justice. “Exfuncionario venezolano se declara culpable de lavado de dinero en relación con plan de soborno”. 19 de abril de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/former-venezuelan-official-pleads-guilty-money-laundering-charge-connection-bribery-scheme


[11] Department of Justice. “Ejecutivo de negocios arrestado por cargos de soborno extranjero en relación con plan de soborno en Venezuela”. 1 de agosto de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/business-executive-arrested-foreign-bribery-charges-connection-venezuela-bribery-scheme


[12] Department of Justice. “Ejecutivo de negocios se declara culpable de cargos de soborno en el extranjero en relación con el esquema de soborno de Venezuela”. 29 de mayo de 2019. https://www.justice.gov/opa/pr/business-executive-pleads-guilty-foreign-bribery-charges-connection-venezuela-bribery-scheme


[13] Department of Justice. “Cinco exfuncionarios del gobierno venezolano acusados de plan de lavado de dinero que involucra soborno extranjero”. 12 de febrero de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/five-former-venezuelan-government-officials-charged-money-laundering-scheme-involving-forei-0


[14] Department of Justice. “Cinco exfuncionarios del gobierno venezolano acusados de plan de lavado de dinero que involucra soborno extranjero”. 12 de febrero de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/five-former-venezuelan-government-officials-charged-money-laundering-scheme-involving-forei-0


[15] Venezuela Política. “Javier Alvarado Ochoa, otro acusado de lavado de dinero y corrupción por el gobierno de EE. UU.”. 20 de septiembre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/09/javier-alvarado-ochoa-acusado-de-lavado.html


 



Amir Nassar Tayupe: Negocios gracias a las relaciones con el poder (II)

  Sus irregulares actuaciones en el ámbito judicial se llevan a cabo con el aval de altos personeros del chavismo.

Por Maibort Petit

    Entre las relaciones que Amir Nassar Tayupe estableció a raíz de la adjudicación del un contrato para la Gran Misión Vivienda Venezuela que el gobierno de Hugo Chávez Frías le otorgó a la empresa Fondo Global de la Construcción de Alex Saab, está la del gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, para quien edificó un conjunto de obras de infraestructura en esa entidad[1].

   Igualmente, la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, denunció que Saab y sus abogados, entre quienes se cuenta Amir Nassar, llevaron a cabo múltiples operaciones de importación de alimentos por orden del entonces gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, a través del programa gubernamental de alimentación de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

  Fuentes ligadas a la investigación del caso, refieren que, igualmente, Amir Nassar Tapuye entabló negociaciones particulares con estos mandatarios regionales. En el caso de García Carneiro, Nassar Tapuye logró acceder a él a través del exembajador de Venezuela en Colombia y expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Rincón Urdaneta, cuyo hijo, del mismo nombre, es pupilo de Amir Nassar en el bufete de abogados que dirige.

   Un reporte de una investigación en curso en nuestro poder,  sostiene que "Amir Nassar Tapuye es el abogado personal y privado en Venezuela" de la política y exsenadora colombiana, Piedad Córdova, ligada, según algunos entendidos, al Fondo Global de la Construcción en razón de sus vínculos con Álex Nain Saab y con las FARC. Según testimonios de la investigación, esta empresa "es el vehículo mediante el cual fluye el dinero del régimen venezolano a las FARC".

  A este abogado también se le vincula con supuestos fraudes cometidos en Ecuador donde logró liberar para el Fondo Global de la Construcción la cantidad de USD 54.000.000, los cuales se encontraban retenidos en ese país en la moneda creada por Hugo Chávez, a saber, el Sucre.

  La fiscalía ecuatoriana había apelado la orden de un tribunal para evitar que el dinero fuera devuelto a la empresa de Saab, pero el juez penal de Guayaquil, Galo Ramos Viteri negó la apelación. La fiscalía sostiene que los accionistas y representantes del Fondo Global de la Construcción supuestamente cometieron lavado de activos. Los acusados eran Álvaro Pulido Vargas, Luis Zúñiga Burneo, Luis Sánchez Yánez y Amir Nassar Tayupe. Tal acusación la hace en razón de que la empresa recibió USD 159,9 millones de Elm Import (de Venezuela) a través del sistema Sucre, pero la ecuatoriana solo envió mercadería por USD 3,1 millones. El Consejo de la Judicatura abrió una investigación administrativa en contra del juez[2].

Socio de Gonzalo Tirado

  Los Papeles de Panamá revelaron que Amir Nassar Tapuye supuestamente era socio, testaferro y defensor del ex-banquero, Gonzalo Tirado, señalado de cometer un fraude en el Stanford Bank.

  Y es que hasta 2007, Tirado fue presidente de Ema Business Inc., una empresa registrada en Panamá a través del bufete Mossack Fonseca con una capital de USD 10.000.

  Como socios de Tirado figuraban Pedro Paredes, Edgar Monserrat, Omar González, Daniel Vitrián, Sacha Ratti, Francisco Gadea, Eduardo Salturno y Amir Nassar Tapuye [3].

Abogado de Moris Beracha

  Amir Nassar Tapuye prestó sus servicios como abogado a Moris Beracha, uno de los denominados “bolichicos”, acusado de estafar al estado venezolano y hacerle perder a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) USD 20 millones a través de la empresa Fractal Fund Management LTD.

  Aprovechándose de la ausencia de domicilio en un contrato, la empresa de Beracha procuraba que una inversión hecha en dólares por PDVSA se resolviera en bolívares, una pretensión que se lograría con la anuencia de un juez vinculado a Nassar Tapuye[4].

Artífice de un despojo

  Del mismo modo, gracias a las supuestas irregulares actuaciones de Nassar Tapuye ante los tribunales, Williams Vílchez y Olaff Pérez, tomaron el control del concesionario Toyota-Toyo Oeste, despojando a su legítimo propietario, Carlos Nagel.

  Tal objetivo lo habría logrado Amir Nassar Tapuye gracias a su relación con Elvis Amoroso y Reinaldo Carvallo, la cual le permitió que los magistrados de la Sala de casación del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Bastardo y Guillermo Blanco, maniobraran a su favor y ampararan el despojo. En tal acción, Nassar Tapuye supuestamente también habría contado con el respaldo y complicidad del general Armas López, presidente actual de CAVIM.

  Es decir, al Poder Judicial legitimando el fraude como lo denunció Juan Alberto Castro, Juez de Municipio de Caracas, quien acusó haber sido presionado a través de “múltiples llamadas y actos de amedrentamiento, tanto a mi persona como a mis familiares, a través de magistrados y en especial del General del Ejército, ciudadano Carlos José Armas López (hoy presidente de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares CAVIM), se me impuso ‘ayudar’ a los accionistas minoritarios de dicho concesionario, ciudadanos  Olaff Pérez  y William Vílchez siendo la principal instrucción lograr mediante actuaciones judiciales que éstos obtuvieran ‘un aval legal’ para el control (ROBO) del concesionario TOYOTA , TOYO OESTE, todo ello direccionado por la Presidencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia venezolano y bajo la Aprobación de Toyota de Venezuela”.

  Y agrega: “Por su parte, los abogados de Olaff Pérez y Williams Vilches , ciudadanos, Parra Saluzzo, Amir Nassar Tayupe y José Miguel Azocar, a sabiendas de que se estaba procediendo de forma contraria a derecho, interpusieron varios  juicios creando una falsa controversia entre accionistas de Toyo Oeste, para que en la sentencia de fondo, se estableciere que no había vicio alguno con las actas de asamblea fraudulentas, y de esa manera crear una sentencia que sirviera de precedente inmediato para eliminar los riesgos de eventuales juicios de nulidad por las asambleas ilegales”[5].



[1] YouTube. “Inauguración Coliseo Hugo Chávez”. 14 de julio de 2014. https://www.youtube.com/watch?v=lSEiOVty5yY


[2] El Universo. “Juez reafirma la devolución de $ 56,4 millones a Fondo Global”. 12 de marzo de 2016. https://www.eluniverso.com/noticias/2016/03/12/nota/5458020/juez-insiste-que-dinero-se-devuelva-fondo-global


[3] Panamapapers. “Gonzalo Tirado: un plan premeditado para proteger su herencia”. http://panamapapersvenezuela.com/gonzalo-tirado-un-plan-premeditado-para-proteger-su-herencia/


[4] Maibort Petit. “PDVSA podría perder 20 millones de dólares en tribunales venezolanos”. https://maibortpetit.wordpress.com/2018/04/10/maibort-petit-pdvsa-podria-perder-20-millones-de-dolares-en-tribunales-venezolanos/


[5] Noti Express. “¡Juego sucio! Juez denuncia presiones de mafias y altos funcionarios militares para validar judicialmente “robo” de concesionario Toyota en La Yaguara”. 7 de diciembre de 2017. http://www.notiexpresscolor.com/venezuela/2017/12/6567/juego-sucio-juez-denuncia-presiones-de-mafias-y-altos-funcionarios-militares-para-validar-judicialmente-robo-de-concesionario-toyota-en-la-yaguara/

lunes, 16 de noviembre de 2020

CRISIS POLÍTICA EN PERÚ: LA ESTRATEGIA DE LA IZQUIERDA GLOBALISTA

El burladero de las sanciones: Rosneft sirvió al régimen venezolano para vender petróleo y conseguir recursos para mantenerse en el poder (I)

   Una serie de informes y documentos pruebas las operaciones en las que que intervienen empresas fantasmas y el gigante petrolero ruso.

Por Maibort Petit

  Recientemente un informe de la agencia Reuters daba cuenta de las estratagemas urdidas por Venezuela y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) para violar las sanciones impuestas por los Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro. 

  El reporte explicaba que la petrolera —por consejo del régimen de Irán— implementó un sistema de identificación errónea de los barcos cargueros, así como la utilización de empresas fantasmas que figuran como los nuevos clientes de PDVSA que, configurando toda una trama en la que los datos de las mismas suelen ser errados y luego desaparecidos, permite a la administración de Maduro burlar las sanciones estadounidenses. 

  En una serie de entregas, mostraremos el mecanismo de burladero implementado por el régimen venezolano para exportar el petróleo y hacerse de recursos para mantenerse en el poder.

   Citan, por ejemplo, el caso del carguero Otoman que el 21 de agosto atracó en la terminal petrolera de Jose ubicado en el oriental estado Anzoátegui de Venezuela, para cargar 1,82 millones de barriles de crudo pesado. Según la documentación, el número de identificación asignado a esta embarcación por la Organización Marítima Internacional, se le asignó a otro petrolero llamado Rubyni. Lo curioso es que el Rubyni —como lo revelan las imágenes de satélite de TankerTrackers.com, un servicio de seguimiento de embarcaciones independiente, fue desguazado en la costa de Bangladesh en 2018.



  Del mismo modo, Reuters hace referencia al petrolero Elisabeth Knutsen, al cual luego se le etiquetó como "Knut", fue contratado por empresas fantasmas que ahora exportan el petróleo venezolano. La embarcación fue vista anclada frente a Las Palmas, Islas Canarias, poco antes de emprender viaje hacia la terminal de Jose.

   La investigación periodística determinó que, de ningún modo, estas identificaciones erróneas puedan ser tenidas como un accidente, sino que responden a una estrategia de PDVSA para darle salida. Su crudo y burlar las sanciones, según lo dejan ver los registros a los que Reuters tuvo acceso.

  Refiere la nota que el Otoman es uno de los 30 barcos petroleros contratados por un grupo de empresas fantasmas constituidas como nuevas clientas de PDVSA, una compañía que ha terminado obviando la normativa que hasta hace apenas unos dos años la regía para registrar nuevos clientes.

  Lo cierto es que el sistema implementado ha permitido a PDVSA saltar de 400 mil barriles de petróleo exportados entre junio y agosto, a 700 mil en septiembre.

  Una vez se concretan las operaciones, los registros de PDVSA son borrados.

 Señala la nota, que de “los 21 nuevos clientes de PDVSA identificados en los documentos internos de la petrolera estatal, ninguno tiene antecedentes en el comercio de petróleo. La mayoría parece tener su sede en Rusia, pero para muchos, no se registró una dirección completa. Aquellos con direcciones no se encontraban en ellos. En total, recibieron más de 25 millones de barriles de crudo y combustible venezolanos entre abril y octubre, según registros de PDVSA. Eso es casi una cuarta parte de las exportaciones totales de petróleo de Venezuela y, a precios de mercado para ese período, valdría alrededor de $ 544 millones”.

Rosneft: ¿Sí o no?

   La empresa rusa Rosneft se convirtió en uno de los principales socios de PDVSA y uno de los destinos preferente de sus exportaciones. 

  De hecho, la gigante rusa tenía participación en varias de las empresas mixtas que PDVSA mantiene, siendo que, por ejemplo, en Petromonagas, Petromiranda, Petroperijá y Petrovictoria, la participación de Rosneft es de 40 por ciento, mientras que en Boquerón es de 26,67 por ciento.

  Incluso, desde marzo de este año, PDVSA mudó su sede internacional de Lisboa, Portugal, a Moscú, Rusia, consolidando la relación de respaldo que el estado ruso brinda al régimen venezolano.

    Cuando se conoció la medida, Rusia la condenó y aseguró que de esta manera no disuadirían a Rosneft de seguir trabajando con Caracas, al tiempo que catalogó las sanciones de “indignantes”, puntualizado que la compañía no participó en ninguna actividad ilegal. Entretanto, desde EE. UU. acusaron a la empresa rusa de “apuntalar el sector petrolero venezolano y participar en ‘trucos’ y transferencias de barco a barco para evadir activamente las sanciones estadounidenses”.

    Pero pese a sus declaraciones, las sanciones impuestas por Estados Unidos a PDVSA y a la inclusión de unidades de Rosneft en la lista negra de los armadores que hacen negocios con Venezuela, llevaron a la petrolera a anunciar el cese de las negociaciones con la estatal venezolana. La rusa vendió sus activos en Venezuela  Incluso, compañías dejaron de transportar el crudo venezolano para Rosneft, como es el caso de Mercantile & Maritime. 

 Un reporte  en nuestro poder —fechado en 2019— que analiza las relaciones comerciales de PDVSA, da cuenta del respaldo de Rosneft a la estatal petrolera venezolana y de las maniobras irregulares urdidas para burlar las sanciones estadounidenses. 

  El reporte refiere que entre enero y octubre de 2019, se registraron 84 cargas levantadas para Rosneft en Venezuela, lo supone un promedio de casi 9 cargas mensuales. La mayoría se transportaron con VLCC (Very Large Crude Carriers-1.5M a 2M barriles de capacidad) o Suezmaxes (1M barriles). Refiere el informe que, en octubre, Rosneft canalizó el 62 por ciento de las exportaciones totales en Venezuela. 

  Una de las estrategias para evitar ser detectados y de la que da cuenta el reporte, es la de apagar los transpondedores de ubicación durante el trayecto, lo cual se conoce como "viaje oscuro". Hay que apuntar que el transpondedor transmite los detalles únicos de un barco, a saber, su origen, destino y su carga a un satélite. La Organización Marítima Internacional sólo recomienda esta práctica en zonas de piratería y otras circunstancias excepcionales. 

   En tal sentido, el informe indica que 16 embarcaciones recurrieron a esta práctica y apagaron su transpondedor al aproximarse a aguas venezolanas o estando en ellas. Agrega que muchos de estos cargamentos y embarcaciones tienen un destino designado en el conocimiento de embarque que no siempre se cumple. La evidencia recopilada para la elaboración del informe les permitió establecer que algunas la carga se desvía a otros puertos.

   Se cita el ejemplo del MT Bouboulina, cuyo informe final de inspección, refiere que cargó 1M bbls de Merey (más exactamente 979.880 bbls) el 18 en julio de 2019, desde el puerto de Jose, con destino al puerto de Shandong, China, para el cliente Rosneft Trading SA.

  Sin embargo, según fuentes consultadas para la redacción del informe, aseguraron que el buque dado de alta cerca de Melaka, Malasia, a través de operaciones de alumbrado.

Deuda por petróleo

  El informe, además, hace referencia a otro mecanismo utilizado por Rosneft y sus socios comerciales para sortear las sanciones de Estados Unidos.

   Alega la empresa rusa que no se trata de ventas, por cuanto las cargas de crudo que se transportan ya pertenecen a Rosneft que recibió el petróleo como forma de pago de la deuda.

  Recuerda el informe que Rosneft navega FOB (Free on Board) la carga a otros compradores, tales como Reliance, Nayara y otras compañías pequeñas, así como para cuestionados comerciantes petroleros como Tansy Shiptrade, Norteca y otros. Estas empresas fletan embarcaciones que retiran la carga de los puertos venezolanos, figurando, no PDVSA como el vendedor, sino Rosneft. En pocas palabras, sentencia el informe, la compañía petrolera rusa se convirtió en el mayor revendedor de crudo venezolano.

SIGUE EL CONTEO ¿UN CAOS QUE BENEFICIA A LA DEMOCRACIA DE EE. UU.?

viernes, 13 de noviembre de 2020

Defensa de Víctor Mones Coro, asociado a Tareck El Aissami, asegura que la fuente del caso "está desacreditada"

 Por Maibort Petit

   Víctor Mones Coro, acusado de negociar vuelos para el ex-vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami Maddah, Samark López Bello, entre otros, se quejó ante un juez de Nueva York porque los fiscales federales del caso entregaron tardíamente a su defensa las evidencias contenidas en el descubrimiento, y con una serie de información clasificada difícil de descifrar y que complican su revisión antes de que se produzca su sentencia en enero 2020.

   La defensa de Mones Coro dijo al juez que el acusado, quien se declaró culpable al principio, pero que en el mes de octubre de 2020 retiró su pliego de culpabilidad, "continúa aceptando la responsabilidad y tiene la intención de volver a declararse culpable pero en base a la eliminación de una serie de argumentos".

   La sentencia de Mones Coro está prevista para enero de 2020. 

   La Defensa solicitó la preparación de un PSR acelerado; y pidió a juez que impida al gobierno basarse en cualquier información contenida en la Decimosexta Producción de pruebas al momento de dictar sentencia.

   La abogada de Mones Coro se quejó de lo tardío en la entrega de las evidencias, que los documentos estaban mezclados con una data clasificada del DHS, que no correspondía al caso.

   La fiscal Amanda Houle informó al tribunal que una parte de las informaciones contenían información sellada que correspondía a otras investigaciones del gobierno. 

   La defensa de Mones Coro pidió sanciones a los fiscales el 11 de noviembre, argumentando que el 25 de octubre la Fiscalía Federal entregó un disco duro que contenía, erróneamente, "material confidencial sobre otra investigación que el DHS había copiado por error en el disco". Tendremos más sobre esto.

    La abogada de Mones Coro dijo que el caso de su cliente representa otro “capítulo lamentable” de las producciones de descubrimiento tardías de la fiscalía, "gravemente perjudiciales y que desperdician recursos por parte del gobierno en este distrito", por lo que pidió tomar medidas correctivas.

   Desde junio 2020, la fiscalía ha complementado el descubrimiento del caso de Mones Coro 16 veces, "produciendo círculos concéntricos cada vez mayores de información sobre una Fuente Confidencial ahora desacreditada". 

    La abogada de Mones Coro, recordó que se ha pospuesto su sentencia seis veces, durante los últimos seis meses, para esperar estos suplementos del gobierno y revisarlos. 

    La Defensa se quejó ante el tribunal que los fiscales entregaron evidencias de más de 5.7 terabytes de datos comprimidos incautados del lugar de trabajo de la Fuente Confidencial con quien el gobierno ha estado trabajando desde principios de 2017 (Alejandro J. Marín). 

   Según la defensa, el gobierno no cumplió con la fecha límite de descubrimiento final del 23 de octubre de 2020. "En cambio, el gobierno entregó, dos días después de la fecha límite, un disco duro que contienen "imágenes" de computadora sin procesar, cuyo contenido no se pudo revisar al recibirlo". 

    Asegura la defensa que para tratar de cumplir con la fecha límite, el gobierno cambió y comprometió su práctica de producción anterior y le otorgó a Mones el tiempo y el trabajo considerables necesarios para que la producción se pudiera revisar.

    El disco duro fue entregado al abogado el 25 de octubre de 2020 y contenía material confidencial sobre otras investigaciones que el Departamento de Seguridad Nacional había copiado por error en el disco.

    En ese sentido, advirtieron que Mones Coro no se le debería retrasar aún más su sentencia o tomarse el tiempo para revisar los nuevos materiales producidos. 

   Agrega que "es difícil ver cómo el gobierno podría reclamar la necesidad de confiar en información que solo consideró conveniente recopilar, de su propia Fuente, más de un año después de acusar a Mones". 

   Mones se declaró culpable en noviembre de 2019 de conspirar para violar las sanciones de Estados Unidos al negociar viajes aéreos privados de pasajeros para sus coacusados ​​Tareck Zaidan El Aissami Maddah y Samark José López Bello, después de que la OFAC designara a esas personas como Traficantes de Estupefacientes Especialmente Designados.