martes, 13 de octubre de 2020

AMÉRICA LATINA ESTÁ QUE ARDE: LAS FARC QUEDAN DESNUDAS, NAYIB BUKELE Y A...

Conozca cuál fue el papel de los hermanos Martinelli Linares en la trama de corrupción de Odebrecht

   Supuestamente habrían actuado como intermediarios para que un alto funcionario de gobierno de Panamá entre 2009 y 2014 recibiera los sobornos de la empresa brasileña.

Por Maibort Petit

   La documentación presentada ante el Tribunal del Distrito este de Nueva York revela cómo habría sido la participación de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, en la trama de corrupción en la cual, supuestamente, la empresa constructora brasileña Odebrecht pagó sobornos a un alto funcionario de gobierno de Panamá para obtener millonarios. Contratos entre 2008 y 2014.


   El 27 de junio de 2020, el Agente Especial de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por las siglas en inglés de Federal Bureau of Investigation), quien se desempeña en la Unidad de Corrupción Internacional en la División de Nueva York, presentó ante el tribunal del Distrito Este de Nueva York, detalló en una declaración jurada los detalles de la presunta participación de los Martinelli Linares en el esquema corrupto.

  El agente especial del FBI declaró que, entre agosto de 2009 y enero de 2014, los acusados Martinelli Linares, junto con otros, participaron en el esquema de soborno de Odebrecht al, entre otras cosas, actuando como intermediarios para el pago de sobornos y la provisión de otras cosas de valor que Odebrecht ofreció y entregó al Funcionario de Gobierno de Panamá. Entre otras cosas, Luis y Martinelli Linares establecieron cuentas bancarias offshore a nombre de sociedades fantasma offshore que les permitían recibir y disfrazar los pagos de sobornos de Odebrecht realizados en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá.

  En cumplimiento del esquema de soborno, aproximadamente entre agosto de 2009 y septiembre de 2015, los imputados, junto con otros, abrieron y administraron cuentas bancarias secretas a nombre de empresas fantasma en jurisdicciones extranjeras, que fueron utilizadas para recibir, transferir y entregar pagos de sobornos que Odebrecht hizo y provocó que se hicieran en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá. Específicamente, Luis Martinelli y Ricardo Martinelli establecieron sociedades pantalla en jurisdicciones extranjeras; sirvieron como signatarios de algunas de las cuentas bancarias de la empresa fantasma; y realizaron transferencias electrónicas a través de la estructura de las cuentas bancarias de la empresa fantasma para ocultar y gastar las ganancias del soborno.

   Entre 2009 y 2012, los demandados abrieron cuentas bancarias en Suiza con el propósito de recibir, transferir y entregar pagos de sobornos de Odebrecht en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá. Esto ocurrió utilizando la Compañía Offshore A el Banco; la Compañía Offshore B el Banco 2; la Compañía Offshore C el Banco 3; la Compañía Offshore del Banco 4; y la Compañía Offshore E, la Compañía Offshore F, la Compañía Offshore G y la Compañía Offshore H, todas en Banco 5.

   Explicó Lewandowski que la apertura y operación de las Cuentas de Sociedades Offshore se hizo con el objetivo de promover, asistir, facilitar, encubrir y actuar como intermediarios para el pago de sobornos de Odebrecht en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá. Esto para que la citada Odebrecht obtuviera una ventaja comercial indebida para suscribir contratos en Panamá.

  Entre 2009 y 2012, las Cuentas de Sociedades Offshore recibieron aproximadamente USD 28 millones en sobornos de Odebrecht en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá. Al menos USD 19 millones de los ingresos de esos sobornos se transfirieron a través de cuentas bancarias corresponsales de EE. UU., entre ellos Banco 6 y el Banco 7 en Nueva York, Nueva York, a las cuentas de empresas offshore.

  El agente del FBI refirió que los registros financieros muestran que el 27 de julio de 2010, se hizo una transferencia bancaria de USD 350.000 dólares desde una cuenta bancaria de una empresa fantasma en el extranjero controlada por Odebrecht y ubicada en Portugal, a la cuenta de la Compañía A en el Banco 1, a través de una cuenta en Bank 6 en Nueva York, Nueva York.

 Después, los acusados Luis Martinelli y Ricardo Martinelli, realizaron numerosas transacciones financieras adicionales a través de bancos estadounidenses, algunos Nueva York, que involucraron el producto de los pagos de sobornos de Odebrecht.

  El 11 de febrero de 2013, el demandado Luis Martinelli transfirió USD 346.500.00 de la cuenta de la Compañía Offshore I en el Banco 2, a través de una cuenta en el Banco 6 en Nueva York, a una cuenta en Nueva Jersey en el Banco 9. Los registros obtenidos de un corredor de yates en Nueva York muestran que esta transferencia fue un pago parcial por la compra de una embarcación.

  Entre estas operaciones irregulares, el agente del FBI menciona que el 12 de noviembre de 2013, los demandados transfirieron USD 899.978,32 de la cuenta de la Compañía Offshore A en el Banco 1, a la Compañía Offshore E cuenta en Bank 5, a través de una cuenta en el Banco Corresponsal 3 en Nueva York.

  El 10 de diciembre de 2013, los acusados transfirieron USD 30.887,21 de la cuenta de la Compañía Offshore A en el Banco 1 a la cuenta E de la Compañía Offshore en el Banco 5, a través de cuentas en el banco 8 en Nueva York.

  El 26 de agosto de 2015 Luis Martinelli transfirió USD 570.000 de la cuenta de la Compañía Offshore I en el Banco 2 a través de una cuenta en el Banco 6 en Nueva York, a una cuenta en el Banco 6 en Florida. Los registros muestran que esta transferencia fue un pago parcial por la compra de un condominio en Miami por una corporación de Florida a nombre de Luis Enrique Martinelli Linares.

  El agente especial del FBI solicitó a la corte que emitiera órdenes de aprehensión en contra de Luis Martinelli y Ricardo Martinelli.

Declaración del agente del FBI

  En esa misma fecha, en su declaración jurada ante el juez Robert M. Levi, titular del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, Michael Lewandowski, pidió el sellado de los documentos de la investigación.

  El agente Lewandowski solicitó que se  sellaran todos documentos presentados en apoyo de su solicitud, incluida la denuncia y las órdenes de arresto relacionadas, dado que se corresponden a una investigación criminal en curso que no es pública ni conocida por todos los objetivos de la averiguación.

  Alertó al juez de que no todos los implicados serían arrestado en ese momento y subrayó que tanto Luis como Ricardo Martinelli Linares se encontraban en libertad, requiriéndose el sellado de los documentos para evitar que los imputados fueran detenidos y procesados.

  El gobierno señala como excepción limitada al sellado, compartir la denuncia y/o las órdenes de arresto relacionadas con otras agencias de aplicación de la ley.

Declaración de la Fiscal en apoyo a la extradición

  El 27 de julio de 2020, la Fiscal Federal Auxiliar del Distrito Este de Nueva York, Julia Nestor, declaró bajo juramento ante el Juez de primera instancia de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Robert M. Levy, en apoyo a la solicitud de extracción de Luis Enrique Martinelli Linares.

   Nestor trabajó en el caso contra Luis Enrique Martinelli Linares, titulado Estados Unidos contra Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares, numerado 20-M- 498, surgido de una investigación a Odebrecht S.A., empresa brasileña que opera en 27 países y que promovió un esquema de soborno masivo y lavado de dinero en el que participaron los acusados.

Los cargos

  Refiere Julio Nestor que un Juez de Primera Instancia del Distrito Este de Nueva York firmado una demanda el 27 de junio de 2020 contra Luis Enrique Martinelli Linares, acusándolo de conspiración para cometer lavado de activos, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 195 (h), 1956 (a) (I) (B) (i), 1956 (a) (2) (A) y 1957; y luego se emitió una orden de arresto en su contra, por parte de un Juez Magistrado del referido circuito judicial.

   Este juez magistrado acusó a Luis Enrique Martinelli Linares, el 20 de julio de 2020, de conspiración para cometer lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h), 1956 (a) (1) (B) (i), 1956 (a) (2) (A) y 1957; de lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (a) (1) (B) (i) y 2; y de lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1957 y 2.

  Explica la fiscal que acumuló todas las diligencias judiciales practicadas contra Luis Martinelli como es la práctica frecuente en al Tribunal del distrito Este de Nueva York.

  La fiscal Nestor explica que según las leyes de Estados Unidos el delito de conspiración es simplemente un acuerdo para violar leyes penales, subrayando que el acto de combinar y acordar con una o más personas para violar la ley estadounidense es un crimen en sí mismo. Tal acuerdo no necesita ser formal y puede ser simplemente un entendimiento verbal.

  En este sentido, Julia Nestor refiere que la Demanda Enmendada acusa a Luis Enrique Martinelli Linares de conspiración para cometer lavado de dinero en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (h). Añade que respecto al cargo de conspiración para cometer lavado de activos se debe acreditar que el imputado celebró un acuerdo con una o más personas para cometer lavado de activos. La pena máxima de prisión por este delito es una pena de 20 años de prisión.

  La fiscal dice que respecto a los dos delitos de encubrimiento de lavado de dinero en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (1) (B) (i) que también se le imputa a Luis Martinelli, se debe demostrar que este realizó o intentó realizar una transacción financiera que involucraba bienes que constituían el producto de un delito de soborno a un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá; que este sabía que la propiedad involucrada en la transacción financiera era producto de alguna forma de actividad ilícita; y que también sabía que la transacción fue diseñada total o parcialmente para ocultar o disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad o control del producto de un delito de cohecho de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá. La pena máxima de prisión por una violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (1) (B) (i), según se imputa en la Demanda Enmendada, es una pena de 20 años de prisión.

  Igualmente, la Demanda Enmendada también acusa a Luis Martinelli Linares de dos delitos de gastos de lavado de dinero en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1957, por lo que se debe demostrar  que participó o intentó participar a sabiendas en una transacción monetaria; que involucraba bienes de origen criminal; que la propiedad tenía un valor superior a USD 10.000; que la propiedad, de hecho, se derivó de un delito de cohecho de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá; y que la transacción ocurrió en Estados Unidos. La pena máxima de prisión por una violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1957, según se imputa en la Demanda Enmendada, es una pena de 10 años de prisión.

  A Luis Enrique Martinelli Linares también se le señala de cometer dos delitos de encubrimiento de lavado de dinero y dos delitos de lavado de dinero de gastos al ayudar e incitar a los delitos, según lo dispuesto en el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 2.

  Luego de otras consideraciones, Julia Nestor refirió al juez Levi que revisó a fondo el estatuto de limitaciones aplicable, comprobado que los cargos que se le imputan a Luis Martinelli se ajustan a la norma.

  Manifestó que Estados Unidos probará su caso contra Luis Enrique Martinelli Linares a través de varios tipos de evidencia, incluida información obtenida de testigos, registros bancarios, documentos de propiedad de la corporación, correos electrónicos y otras pruebas.

Los hechos

  La investigación señala que entre 2001 y 2016, Odebrecht, a través de algunos de sus empleados y agentes, y junto con otros co-conspiradores, participaron en un esquema de soborno masivo en el que los conspiradores acordaron con otros pagar corruptamente más de USD 700 millones en sobornos a servidores públicos, funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, funcionarios de partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros para obtener y retener negocios en varios países del mundo, incluidos los funcionarios públicos y los servidores públicos en Panamá.

  Odebrecht ocultó la naturaleza, el origen, la propiedad y el control del producto de los beneficios del esquema de soborno al canalizar los ingresos del esquema a través de cuentas bancarias de empresas fantasma en el extranjero a los beneficiarios finales de los sobornos.

 Se identificó a Luis Enrique Martinelli Linares como un intermediario que aceptó y blanqueó pagos de sobornos de Odebrecht en nombre del “Funcionario del Gobierno de Panamá”, un alto funcionario del gobierno de ese país, entre 2009 y 2014, que era un familiar cercano suyo.

  Entre agosto de 2009 y julio de 2014, Luis Enrique Martinelli Linares y su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares, junto con otros, participaron en el esquema de soborno de Odebrecht al, entre otras cosas, actuar como intermediarios de pagos corruptos y la provisión de cosas de valor que Odebrecht ofreció y entregó al Funcionario de Gobierno de Panamá. Los acusados establecieron cuentas bancarias offshore a nombre de sociedades fantasma offshore para recibir y disfrazar los pagos de sobornos de Odebrecht realizados en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá.

  Desde agosto de 2009 hasta septiembre de 2015, Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, junto con otros abrieron y administraron cuentas bancarias secretas a nombre de empresas pantalla en jurisdicciones extranjeras, las cuales se utilizaron para recibir, transferir y entregar los pagos de sobornos que Odebrecht hizo en beneficio del Funcionario de Gobierno de Panamá.

   Específicamente, los demandados establecieron sociedades fantasma en jurisdicciones extranjeras; sirvieron como signatarios de algunas de las cuentas bancarias de la empresa fantasma; y las transferencias electrónicas enviadas personalmente y provocadas a través de la estructura de las cuentas bancarias de la empresa fantasma para ocultar y gastar las ganancias del soborno.

 


 


 


 


 


lunes, 12 de octubre de 2020

Diputados de la Fracción CLAP habrían cobrado USD 3.500.000 por desaparecer informe de Álex Saab

  Cada parlamentario habría recibido USD 400.000, USD 10.000 mensuales durante 2019 y USD 100.000 por cada gestión realizada.

Por Maibort Petit

   Un reporte llegado a nuestras manos revela que los diputados de la Asamblea Nacional pertenecientes a la denominada Fracción CLAP, habría cobrado USD 3.500.000 por hacer desaparecer el informe de la investigación sobre el empresario colombiano y supuesto testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, encargado del negocio de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, programa de alimentación del gobierno venezolano, señalado de manejos irregulares y corrupción.
 El grupo parlamentario integrado por los diputados Conrado Pérez (Primero Justicia), Richard Arteaga (Voluntad Popular), Luis Parra Rivero (Primero Justicia), Adolfo Superlano (Cambiemos), José Brito (Primero Justicia, Chaim Bucaram (Un Nuevo tiempo) y Guillermo Luce (Voluntad Popular), sería el responsable de haber hecho “desaparecer” de la Comisión permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, el informe de las investigaciones que se desarrollaron sobre Saab y la irregularidades por él cometidas en la implementación del programa CLAP.
  Precisa el informe que cada uno de estos diputados habría supuestamente recibido USD 400.000 a cambio de ·esconder” el expediente de la investigación; USD 10.000 mensuales durante el año 2019, y USD 100.000 por cada gestión realizada. También se les aseguró —de acuerdo a la versión del reporte— continuidad como diputados en las elecciones parlamentarias programadas irregularmente por el Consejo nacional Electoral (CNE) y la Asamblea Nacional Constituyente. Para lograr tal propósito, con el respaldo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dominado por el oficialismo, se apropiarían de los partidos políticos Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo tiempo. Desde el seno de estos partidos títeres, establecerían alianzas con el PSUV.

  Igualmente, los citados parlamentarios se habrían encargado de una serie de jugadas destinadas a la destitución de Juan Guaidó de la presidencia del Poder Legislativo Nacional. Este hecho se materializó el 5 de enero de 2020, cuando los diputados CLAP se confabularon con los parlamentarios del PSUV para impedir la entrada de Juan Guaidó y los demás diputados de la fracción democrática de oposición al Palacio Federal Legislativo, para así poder defenestrarlos del poder parlamentario y designarse con directivos de la Asamblea Nacional[1].

  Esta jugada parlamentaria se conoció como “operación alacrán”, habiendo sido descubierta cuando el diputado Alfonso Marquina (Primero Justicia) publicó un video en el que intentaban sobornarlo para que se sumara a la Fracción CLAP[2].

  La diputada de Un Nuevo Tiempo, Delsa Solórzano, había denunciado previamente —el 19 de diciembre de 2019— que Nicolás Maduro había instrumentado la referida operación para evitar que Guaidó fuera reelecto titular del Parlamento el 5 de enero de 2020. “La dictadura ha intentado comprar conciencias ofreciendo un millón de dólares a parlamentarios para comprarle su voto el 5 de enero” y agregó que “como no lo lograron encarcelan y allanan sus inmunidades”. Explicó que la propuesta oficialista consistía en pagarles a cambio de que no asistieran a la sesión en que se produciría la votación para así romper el quorum[3].

  La Fracción CLAP también habría hecho paralizar leyes y deshacerse de la oposición democrática del parlamento, para lo cual presuntamente contaron con el financiamiento de Álex Saab en toda la trama de corrupción.

  Luis Parra, quien fue designado de manera fraudulenta como presidente de la Asamblea Nacional, fue protagonista de un nuevo escándalo recientemente, cuando circuló un video en el que se le veía contando un fajo de billetes —euros o dólares— en un baño cuando se encontraba de compras por Europa.

  Parra, de acuerdo a investigaciones desarrolladas por el periodista, Roberto Deniz, encabezó “La llamada ‘rebelión de las regiones’ [la cual] comenzó en Europa defendiendo a Alex Saab y contando fajos de euros. El chavismo había dicho que iba a investigar a los diputados involucrados en el caso. Luego formaron un frente para asaltar la Asamblea Nacional y dijeron que Saab es diplomático (…) En 2019 Luis Parra dirigió la operación para defender en Europa y Colombia a Alex Saab, sus colaboradores y sus empresas, especialmente las relacionadas al negocio de los CLAP. Posteriormente llegó el asalto a la presidencia de la AN el pasado 5 de enero con el apoyo del chavismo”[4].

  El periplo europeo de Parra y el resto de los diputados CLAP se. Llevó a cabo sin que nunca el referido parlamentario explicara nunc, cómo no formando parte de la Comisión de Contraloría, viajó a Bulgaria en abril de 2019 junto a Conrado Pérez y Richard Arteaga, en inexplicada gira, que según sugirió el portal Armando.Info tuvo como objetivo entregar oficios en favor de Álex Saab y sus empresas relacionadas con los CLAP. No explicó quién costeó ese viaje y el realizado en mayo con parlamentarios de esa comisión a Roma y Madrid[5].

La desaparición del expediente de Saab

  De acuerdo a lo referido en el informe, los diputados de la Fracción CLAP supuestamente extrajeron las pruebas del expediente sobre la investigación que se le siguió al programa alimentario del gobierno y a los empresarios y empresas encargados del mismo que se desarrollaba desde el año 2016 en el seno de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN.

  Los parlamentarios presuntamente también ocultaron que el hijo de Álex Saab, igualmente formaba parte de la empresa Grand Group Limited.

 En tal sentido, habrían elaborado un informe paralelo en los que eximieron y favorecieron a Álex Saab y su entramado de 20 empresas de toma responsabilidad en la trama de corrupción de que se les acusaba. Las denuncias en su contra sostienen que estos empresarios conformaron y registraron empresas en el exterior con apoderados venezolanos y cuentas bancarias diferentes a las del país de origen de dichas empresas de maletín, con el objetivo de crear un velo corporativo y así dificultar las investigaciones y su detección.

 El informe real que los diputados CLAP supuestamente desaparecieron, demostraba el sobreprecio aplicado por todas las empresas involucradas en el esquema, ocasionando con esto un daño al patrimonio público por miles de millones de dólares.

 Del mismo modo, el informe comprobaba el daño a la salud ocasionado a la población venezolana debido a los productos de mala calidad que se suministraban para el programa CLAP.

 A pesar del daño y los crímenes de lesa humanidad causados, inexplicablemente la Comisión permanente de Contraloría de la AN, otorgó cartas de buena conducta a los empresarios señalados y sus empresas para trámites en bancos en España y Estados Unidos.

  El reporte en nuestras manos que da cuenta de las acciones de la Fracción CLAP, recomienda que Álex Saab, Shadi Saab, Carlos Lizcano, así como los diputados, sean denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI), por la vulneración al derecho de la alimentación y a la salud cometidas por ellos, lo cual constituyen crímenes de lesa humanidad.

Las cartas de buena Conducta

  Refiere en informe, que la Fracción CLAP habría emitido 48 oficios desde el seno de la subcomisión de contraloría encargada de la averiguación de las denuncias formuladas por supuestas irregularidades y corrupción imperante en el programa alimentario oficialista. Estas comunicaciones estuvieron dirigidas a organismos internacionales, instituciones financieras y ministerios de gobiernos extranjeros, con el objeto de exculpar a Alex Saab y Carlos Lizcano y sus empresas de denunciadas.

  Tales oficios de la Comisión de Contraloría, según reza el informe, fueron emitidos como cartas de buena conducta en favor de las firmas Salva Foods 2015, Mulberry Proje Yatirim, Group Grand Limited, Adon Trading, Asasi Food Fze. En detalle, estos oficios se emitieron a favor de Group Grand Limited, el 29 de noviembre de 2018; Salva Food, el 28 de noviembre de 2018; de Ramsés Reyes, el 1 de agosto de 2018.

  Se emitió, además, una Resolución de la Subcomisión Especial; un Poder para el abogado italiano, Frediano Sanneris, el 2 de julio de 2019.

  Oficios de la Comisión Permanente de Contraloría (CPC/P/18/08), el 1 de agosto de 2018; (P/18/06314), el 27 de junio de 2018; (CPC/P/18/08), el 1 de agosto de 2018, dirigido a Luisa Ortega Díaz (Fiscal General).

 También se remitieron informes para el Primer Ministro de los Emiratos Árabes, Mohamed Bin Rachid Al Maktun, el 2 de mayo de 2019; para Grand Group Limited, el 29 de noviembre de 2018.

 Igualmente, una Constancia de fecha 29 de noviembre de 2018; una Certificación de documentos, el 14 de agosto de 2018; a los Servicios Financieros de Dubai, Saeb Eigner, el 3 de mayo de 2019; a favor de Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi, el 29 de noviembre de 2018; a favor de Carlos Lizcano Presidente de Salva Foods (P/18/11505), el 16 de noviembre de 2018.

  A la ministra de Asuntos Exteriores, Justicia y Cultura del Principado Liechtestein, Aurella C.K. Frick, se le dirigieron varias comunicaciones, una el 9 de abril de 2019; otra el 8 de abril de 2019; y otra el 10 de abril de 2019.

 A favor de Adon Trading Fze, el 29 de noviembre de 2018; a favor de Carlos Lizcano, presidente de Salva Foods, el 16 de noviembre de 2018.

La absolución a Alex Saab se emitió el 29 de noviembre de 2018.

  Una comunicación de la Comisión Permanente de Contraloría (CPC/P/000520/2018), dirigida al Banco Itau Panamá, se remitió el 27 de noviembre de 2018; otra identificada con el código CPC/P/000519/2018, para el Banco Banesco, se emitió el 27 de noviembre de 2018; una para el Banco Itau Bogotá, el 27 de noviembre de 2018; una con el código CPC/P/000522/2018, para el Banco Corp Banca Helm, se remitió el 27 de noviembre de 2018.

  Al ministro de asuntos exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, le enviaron un oficio el 9 de abril de 2019; al embajador de Suiza en Venezuela, Didier Chassot, el 29 de mayo de 2019; al Primer Ministro de Bulgaria, Boyko Borissov, se le enviaron dos comunicaciones, una el 9 de abril de 2019 y la otra el 10 de abril de 2019; a Miguel Oliveira, director de Novo Banco, el 10 de abril de 2019 y el 9 de abril de 2019.

  Por su parte, los diputados señalados, así como también el ex vicepresidente de la Comisión de Contraloría, Conrado Pérez (padre), con propiedades en Georgia (EE. UU.), consignaron ante la Fiscalía de Colombia y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, cartas de Buena Conducta y Certificación de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN, en las que se absuelve de toda responsabilidad en la comisión de irregularidades y corrupción a los empresarios Álex Saab y Carlos Lizcano.

CITAS

[1] El Nacional. “Golpe al Parlamento: Fracción CLAP y PSUV juramentan a Luis Parra como presidente de la AN”- 5 de enero de 2020. https://www.elnacional.com/venezuela/golpe-al-parlamento-fraccion-clap-y-psuv-juramentan-a-luis-parra-como-presidente-de-la-an/

[2] Tal Cual. “La Operación Alacrán en 16 frases: montos, nombres y Maduro”. 17 de enero de 2020. https://talcualdigital.com/la-operacion-alacran-en-16-frases-montos-nombres-y-maduro/

[3] CNN en español. “Venezuela: ¿qué es la Operación Alacrán?”. 18 de diciembre de 201. https://cnnespanol.cnn.com/radio/2019/12/18/venezuela-que-es-la-operacion-alacran/

[4] Infobae. “Escándalo en Venezuela: videos muestran al diputado Luis Parra contando un fajo de billetes en un baño y de compras por Europa”. 6 de octubre de 2020. https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/10/06/escandalo-en-venezuela-videos-muestran-al-diputado-luis-parra-contando-un-fajo-de-billetes-en-un-bano-y-de-compras-por-europa/

[5] La Gran Aldea. “Luis Parra: La bisagra entre la ‘fracción CLAP’ y la ‘Operación Alacrán’” . 23 de diciembre de 2019. https://lagranaldea.com/2019/12/23/luis-parra-la-bisagra-entre-la-fraccion-clap-y-la-operacion-alacran/



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Omar Bula Escobar: China no es una víctima de EE. UU.

Por Maibort Petit

  La agenda globalista pretende mostrar a China como una víctima de los Estados Unidos, desconociendo que los avances económicos experimentados por la nación oriental durante las últimas dos décadas, son el resultado de la política norteamericana y al impulso que desde occidente se le brindó.

  Así lo advirtió el experto e n crimen organizado, Omar Bula Escobar, al momento de comentar el empeño que desde el globalismo y la izquierda se hace por presentar a los Estados Unidos como el causante de todas las desgracias a nivel mundial.

  Recordó el papel que la Organización Mundial de Comercio (OMC) impulsada por los Estados Unidos tuvo para para el desarrollo de la economía china.

  Puntualizó que China era un país sumamente pobre en el siglo pasado y para evitar que se aliara con la Unión Soviética, estados Unidos comenzó a ayudarla.

  En tal sentido, a China se le otorgó un tratamiento preferencial y un gran respaldo a través de la OMC, lo que le permitió experimentar un espectacular crecimiento económico en los últimos 20 años.

“El hecho es que estados Unidos comienza a ayudar a China y durante estos 20 años su crecimiento es espectacular gracias en gran parte a la creación de la Organización Mundial de Comercio donde había un trato preferencial para China porque se le consideraba, y todavía aparece, como un país en vías de desarrollo”.

  El crecimiento económico chino fue de tal envergadura que terminó desatando una guerra comercial entre ese país y los Estados Unidos que, con la llegada de la pandemia del Covid19 derivó en una brecha muy grande a pesar del acuerdo que había firmado Donald Trump, a quien comenzaron a catalogar de proteccionista. “Él les dijo que la prensa estaba equivocada y no era sí como decían”.

  En 2016, EE. UU. tenía un gran déficit anual de USD 500 mil millones con China; más de USD 60.000 millones con Europa; USD 63 mil millones con México; USD 21.000 millones con Canadá, lo cual sumaba casi un trillón de dólares anuales el déficit.

  China seguía manteniendo una serie de licencias y otros beneficios, pues seguía manteniendo el un tratamiento preferencial que se le había otorgado en el siglo pasado.

  Entonces el presidente Donald Trump decide adoptar una serie de medidas proteccionistas —que no adoptar el proteccionismo como política— para poder reequilibrarse, pues el déficit de medio trillón de dólares no podía catalogarse como un comercio justo.

“Entonces ahora China, Rusia que antes se beneficiaban de EE. UU. ahora lo detestan. El nuevo tratado que firmó EE. UU. con Canadá y México es prueba de que no hay proteccionismo por parte del gobierno estadounidense. Eso es lo que la prensa no muestra y dice que el malo de la historia son los Estados Unidos. Él lo que hizo fue proteger a los suyos, sobre todo a los agricultores, pero una vez equilibrada la balanza nuevamente estableció las reglas del comercio justo”.

  Bula sostiene que la prensa en manos de los globalistas ha desfigurado al gobierno de Donald Trump y lo presenta de manera vil. “Es asqueroso todo esto, cuando, por el contrario, no he visto un discurso de Trump en el que no llame siempre a la unidad”.

Hermanos Martinelli batallan en Guatemala para evitar extradición a EE. UU.

  Desde su detención en Guatemala bregan para no tener que enfrentar cargo en la Corte del distrito Este de Nueva York donde son solicitados.

Por Maibort Petit

  Bajo una acusación por lavado de dinero, fueron apresados en Guatemala, los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño, Ricardo Martinelli, quien gobernó la nación centroamericana entre 2009 y 2014.

  Los hijos del exmandatario panameño son solicitados en extradición por Estados Unidos, lo cual fue confirmado por la Cancillería de Guatemala el pasado 4 de septiembre[1].

  De los Martinelli Linares se desconocía su paradero desde hacía un año y fueron arrestados en el aeropuerto internacional La Aurora, cuando intentaba abordar un vuelo humanitario hacia Panamá.

 Se los acusa de recibir sobornos de la empresa Odebrecht para la obtención de contratos. También están implicados un escándalo que se conoce como "Blue Apple", una trama similar a la de la brasileña, pero con empresas panameñas.

  Odebrecht que se declaró culpable el 21 de diciembre de 2016 en el Distrito Este de Nueva York, estableció un esquema corrupto implicó el pago de más de USD 700 millones en sobornos a funcionarios gubernamentales, servidores públicos, partidos políticos y otros en Panamá y otros países del mundo para obtener y retener negocios para la empresa[2].

  Los hijos del expresidente panameño eran investigados desde hacía unos meses y alegan inmunidad por su condición de diputados suplemente al Parlamento Centroamericano desde junio de 2019[3].

 Investigaciones de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos incluyeron reuniones que los demandados sostuvieron con un agente federal, pero no se han dado detalles al respecto.

  Se dice que los sobornos por los cuales los Martinelli Linares sirvieron de intermediarios, estaban destinados a quien en la demanda se identifica como “Funcionario del Gobierno de Panamá”, quien ostentó un alto rango 2009 y 2014 y de quien los demandados son familiares cercanos. La descripción hace presumir que se estaría hablando del expresidente, Ricardo Martinelli, cuyo periodo de gobierno coincide con los años señalados.

  La defensa de Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares brega en Guatemala por evitar la extradición a los Estados Unidos, donde deberán enfrentar un proceso en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York[4]. En el país centroamericano el caso se lleva por separado[5].

  Entretanto, el expresidente Ricardo Martinelli, asegura que el caso de sus hijos fue “fabricado” por Juan Carlos Varela[6].

Demanda enmendada y solicitud de aprehensión

  El 27 de junio de 2020, el Agente Especial de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por las siglas en inglés de Federal Bureau of Investigation), quien se desempeña en la Unidad de Corrupción Internacional en la División de Nueva York, presentó ante el tribunal del Distrito Este de Nueva York, una Demanda Enmendada en apoyo a la solicitud de detención de Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, supuestamente incursos en el delito de lavado de dinero.

Los cargos

  Se indica que, entre agosto de 2009 y septiembre de 2015, dentro del Distrito Este de Nueva York y en otros lugares, los acusados junto con otros, actuaron sabiendas y conspiraron intencionalmente para cometer delitos bajo el Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 y 1957, a saber:

  (a) transportar, transmitir y transferir fondos desde un lugar en los Estados Unidos hacia y a través de un lugar fuera de los EE. UU. y a un lugar en el país con la intención de cometer un delito contra una nación extranjera, mediante el soborno de un funcionario público, en violación del Código Penal de la República de Panamá; contrario al Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A);

 (b) realizar e intentar realizar transacciones financieras que involucran un delito contra una nación extranjera que implique el soborno de un funcionario público, en violación del Código Penal de la República de Panamá; saber que la propiedad involucrada representa el producto de alguna forma de actividad ilegal, y saber que la transacción fue diseñada para ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad y control del producto de la actividad ilegal especificada, lo cual es contrario al Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (1) (B) (i); y

(c) participar e intentar realizar una transacción monetaria en una propiedad derivada delictivamente de un valor superior a USD 10.000 y que deriva a un delito contra una nación extranjera que implique el soborno de un funcionario público, en violación de el Código Penal de la República de Panamá; contrario al Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1957.

  Se estima que Luis Martinelli y Ricardo Martinelli, en las fechas establecidas, llevaron a cabo dentro del Distrito Este de Nueva York y en otros lugares, una transacción financiera que representa el producto de un delito contra una nación extranjera que involucra el soborno de un funcionario público, en violación del Código Penal de la República de Panamá.

  Sabían los demandados que la propiedad involucrada representaba el producto de alguna forma de actividad ilegal, y sabiendo que la transacción fue diseñada en su totalidad y en parte para ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad y control de los ingresos de la actividad ilegal especificada.

Esto ocurrió de la siguiente manera:

12 noviembre de 2013

Transferencia bancaria de USD 899.978,32 desde el Banco 1, a través de cuentas en el Banco 8 en Nueva York, al Banco 5

10 de diciembre de 2013

Transferencia bancaria de USD 30.887,21 desde el Banco 1, a través de cuentas en el Banco 8 en Nueva York, al Banco 5

  Asimismo, los acusados se comprometieron a realizar una transacción monetaria hacia una institución financiera por un valor superior a USD 10.000, siendo que derivaba de un delito contra una nación extranjera que involucraba el soborno de un funcionario público, en violación del Código Penal de la República de Panamá.

11 de febrero de 2013

 Transferencia bancaria de USD 346.500 desde el Banco 2, a través  de una cuenta en New York, en el Banco 6, a una cuenta en Nueva Jersey.

26 de agosto de 2015

  Transferencia bancaria de USD 570.000 desde el Banco 2, a través de una cuenta en Nueva York, en el Banco 6, a una cuenta en Florida en el Banco 6

Los protagonistas de la trama

  La demanda identifica como participantes de la trama, en primer lugar, a los demandados, los hermanos, Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, ambos con doble nacionalidad, panameña e italiana, quienes viajaron en varias oportunidades a los Estados Unidos durante el transcurso de la conspiración.

  Igualmente, a quien se identifica como “Funcionario del Gobierno de Panamá”, quien fue un funcionario gubernamental de alto rango en el país centroamericano entre 2009 y 2014. Los imputados eran familiares cercanos de este “servidor público”, como lo define el Código Penal de la República de Panamá.

  Luego tenemos a Odebrecht S.A., un holding brasileño que tenía su sede en Salvador, estado de Bahía, Brasil, y operaba en al menos otros 27 países, incluido Estados Unidos.

  Luego tenemos “Compañía A Offshore”, “Compañía Offshore B” y “Compañía Offshore C”, que eran corporaciones de las Islas Vírgenes Británicas. La “Compañía Offshore D” era una corporación de las Bahamas.

  Entretanto, "Sociedad offshore E", "Sociedad offshore F", "Sociedad offshore G", “Compañía Offshore H” y “Compañía Offshore I”, todas entidades corporativas.

  Igualmente, “Banco 1”, “Banco 2”, “Banco 3”, “Banco 4” y “Banco 5”, que eran instituciones financieras ubicadas en Suiza.

  Por su parte, "Bank 6", “Bank 7” y "Bank 8", eran bancos de EE. UU. que tenía cuentas corresponsales en Nueva York.

"Bank 9" era un banco de EE. UU.

El esquema criminal

  Recuerda Lewandowski que el 21 de diciembre de 2016, la empresa brasileña Odebrecht S.A. se declaró culpable en el Distrito Este de Nueva York de conspirar para violar las disposiciones contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

   Odebrecht admitió en aquel entonces que entre 2001 y 2016, a través de algunos de sus empleados y agentes, así como junto con otros co-conspiradores, participaron en un esquema de soborno masivo en el que se acordó pagar de manera corrupta más de USD 700 millones en sobornos a servidores públicos, funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, funcionarios de partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros, para obtener y retener negocios en varios países del mundo, entre estos, Panamá.

  La empresa ocultó la naturaleza, fuente, propiedad y control de los ingresos del esquema de soborno al canalizarlos a los beneficiarios a través de un esquema de cuentas bancarias de compañías fantasmas.

  Odebrecht, junto con algunos de sus empleados y agentes, transfirió por vía electrónica desde sus cuentas bancarias a cuentas bancarias de sociedades fantasma extraterritoriales controladas por ella, incluso a través de cuentas con sede en Nueva York, como las de los Bancos Corresponsales identificados con los números 1, 2 y 3. Los fondos destinados a los pagos de sobornos ilegales se transfirieron luego a través de múltiples cuentas bancarias de compañías fantasma en todo el mundo, incluso en Nueva York, antes de llegar a los destinatarios finales del soborno.

  Igualmente Odebrecht utilizó un agente en los Estados Unidos para comprar sociedades fantasma offshore; enviar y recibir documentos para facilitar la apertura de dichas cuentas bancarias offshore a nombre de sociedades pantalla offshore; y enviar y recibir documentos, algunos de los cuales contenía información falsa y fraudulenta, para hacer que las transacciones financieras se llevaran a cabo desde cuentas bancarias de compañías fantasma en el extranjero, incluidas las transacciones financieras que utilizaron cuentas bancarias corresponsales de EE. UU.

CITAS

[1] Hola News. “Guatemala recibe pedido formal de EE.UU. para extraditar a hijos de Martinelli”. 4 de septiembre de 2020. https://holanews.com/guatemala-recibe-pedido-formal-de-ee-uu-para-extraditar-a-hijos-de-martinelli/

[2] Departamento de Justicia. “Dos personas acusadas por su participación en un plan de soborno y lavado de dinero que involucra a un exfuncionario gubernamental de alto rango en Panamá”. 6 de julio de 2020. https://www.justice.gov/usao-edny/pr/two-individuals-charged-their-role-bribery-and-money-laundering-scheme-involving-former

[3] DW. “Arrestan en Guatemala a hijos de expresidente Ricardo Martinelli”. 6 de julio de 2020. https://www.dw.com/es/arrestan-en-guatemala-a-hijos-de-expresidente-ricardo-martinelli/a-54073494

[4] Prensa Libre. “Caso de extradición de los Martinelli: abogado asegura que sala vulnera derecho al debido proceso”. 3 de octubre de 2020. https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/caso-de-extradicion-de-los-martinelli-abogado-asegura-que-sala-vulnera-derecho-al-debido-proceso/

[5] EFE. “Los procesos de los Martinelli esperan el desenlace de dos recusaciones en Guatemala”. 11 de agosto de 2020. https://www.efe.com/efe/america/politica/los-procesos-de-martinelli-esperan-el-desenlace-dos-recusaciones-en-guatemala/20000035-4316621

[6] Metro Libre. “Martinelli dice que el caso en contra de sus hijos fue ‘creado y fabricado por Varela’”. 10 de septiembre de 2020. https://www.metrolibre.com/nacionales/181594-martinelli-dice-que-el-caso-en-contra-de-sus-hijos-fue-%E2%80%9Ccreado-y-fabricado-por-varela%E2%80%9D.html


  

viernes, 9 de octubre de 2020

CONOCE EL HOMBRE QUE SUSTITUYÓ A ÁLEX SAAB COMO SÚPER OPERADOR DEL RÉGIMEN

OI European Group reclama acciones de CITGO para cobrar $500 millones de deuda

   Con acciones de la filial de PDVSA en territorio estadunidense la compañía quiere cobrarse la sentencia del laudo por USD 500 millones que la adeuda Venezuela por la expropiación de sus activos.

Por Maibort Petit

   Desde que Crystallex International Corp, con la bandera de la tesis del alter ego, logró que los tribunales de Estados Unidos reconocieran que es posible cobrarse acreencias de Venezuela con bienes de la petrolera, se ha desatado una ola de acciones legales encaminadas a conseguir el cobro de deudas transitando la misma vía. Es el caso de OI European Group B.V., filial holandesa de la Owens Illinois que, como otras, ha solicitado una orden de embargo contra las acciones de la corporación PDV Holding Inc., propiedad nominal de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

  La empresa estadounidense Owens-Illinois Inc. fue expropiada de sus activos en Venezuela por el gobierno del entonces presidente, Hugo Chávez, y desde esa fecha mantiene una batalla legal para lograr el resarcimiento de la inversión a consecuencia de la decisión del ejecutivo venezolano.

  El 25 de julio de 2019 la empresa le pidió a un juez del Distrito de Columbia que le permitiera cobrarse un laudo con que la favoreció el tribunal de arbitraje del CIADI por USD 400 millones, a través de los activos venezolanos. Previamente, el 21 de mayo, la jueza de distrito de Washington DC, Amy Berman Jackson, confirmó el laudo de unos USD 500 millones, sin considerar la solicitud de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, de retrasar el procedimiento por 120 días.

  Está es la opinión del exprocurador del gobierno interino, José Ignacio Hernández en #SinFiltros



  Fue también en 2019 cuando OI European Group B.V. presentó una moción que perseguía lograr el cobro de la sentencia del laudo con activos venezolanos en razón de la incapacidad para hacer que el gobierno de Venezuela cumpla con la decisión.

  Ante el Tribunal de Delaware, Owens-Illinois demandó el 11 de febrero de 2019 a cuatro empresas propiedad de Venezuela, entre ellas Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y CITGO, con el objetivo de cobrar el laudo.

El memorando suplementario

   En el Tribunal del Distrito de Delaware, OI European Group BV (OIEG) se presentó un Memorando suplementario en apoyo a su moción de reconsideración dirigida a modificar su orden anterior y así otorgar a la demandante un auto de embargo sobre acciones propiedad de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), pues sostiene que esta última es controlada por la República Bolivariana de Venezuela, su deudora, es decir, la primera es un alter ego de la segunda.

  El pedimento agrega que, en caso de que la moción no sea concedida como cuestión de derecho, la Corte debe programar una audiencia lo antes posible “para abordar la abrumadora evidencia que muestra que PDVSA sigue siendo un alter ego de la República Bolivariana de Venezuela”.

La argumentación

  Sostiene OIEG que la República Bolivariana de Venezuela sigue manteniendo el control y dominio de PDVSA y se remite, en primer lugar, a lo expuesto en la decisión de la Corte del 9 de agosto de 2018 del caso Crystallex contra Venezuela, en la que citó que “en noviembre de 2017, PDVSA anunció: 'A partir de hoy, el mando de la industria petrolera pasa a manos del primer trabajador del país, Nicolás Maduro' (…). La Corte también señaló que uno de los objetivos declarados de PDVSA era 'garantizar el control del Estado sobre [PDVSA]' (…)”.

  Advierte que, para agosto de 2020, nada de esta situación ha cambiado y Nicolás Maduro continúa “comandando” PDVSA y controlando todos sus activos y operaciones, y desplegándolos con fines políticos, como activos del estado. “PDVSA, la entidad tal como existe y funciona hoy en día, continúa cediendo el control sobre sí misma al estado venezolano”.

  Refiere que la argumentación de Venezuela referente a que los hechos relevantes cambiaron después de 2018 porque en 2019 Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente interino, así como el señalamiento de que el gobierno en el exilio de Guaidó pretendía nombrar nuevos directores de PDVSA, ratifica la doctrina del alter ego.

   OIEG se remite a la jurisprudencia que advierte que “los hechos son primordiales para determinar cuándo el control es tan extenso que la separación entre entidades se desvanece como una distinción legal”. En este sentido, indica que, aunque EE. UU. reconoció a Juan Guaidó como representante de Venezuela, otorgándole legitimación ante la Corte, los hechos demuestran que Guaidó no tiene poder real ni influencia sobre el estado venezolano o sus asuntos, como tampoco lo tiene el directorio nombrado por éste en PDVSA. Asegura que la petrolera estatal venezolana sigue sujeta a las sanciones de Estados Unidos y el régimen de Maduro manipula, domina y controla sus operaciones y activos no menos que en 2018. “PDVSA sigue siendo hoy lo que era entonces, un brazo del estado, totalmente bajo el control del estado”.

Continúa sujeción de PDVSA a las sanciones

  OI European Group BV refiere que, incluso, Estados Unidos reconoce que PDVSA es indistinguible de Venezuela BROV.

  Recuerda que desde 2015, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro viene administrando sanciones contra Venezuela. Agrega que el reconocimiento de Guaidó como presidente interino de Venezuela no estuvo acompañado de una relajación de dichas sanciones y, de hecho, con dictamen Crystallex I emitido en agosto de 2018, se amplió el alcance de la propiedad bloqueada por el régimen de sanciones y se reconoció explícitamente la superposición entre Venezuela y PDVSA.

  OIEG se remite a la Orden Ejecutiva 13857, emitida el 25 de enero de 2019, en la cual se modifica la definición de “Gobierno de Venezuela” para incluir explícitamente a PDVSA, mientras que la Orden Ejecutiva 13884, del 5 de agosto de 2019, establece que la propiedad de Venezuela, incluida la propiedad de PDVSA, está "bloqueado y no puede ser transferida, pagada, exportada, retirada o negociada de otra manera" sin una licencia.

  El endurecimiento de las sanciones, por tanto, deja en claro que, aunque Estados Unidos reconozca a Guaidó como representante de Venezuela en los tribunales estadounidenses, PDVSA sigue bajo el control del estado venezolano.

Maduro al control de PDVSA

  El memorando de OIEG asegura que el régimen de Nicolás Maduro continúa controlando las operaciones y activos de PDVSA.

  En tal sentido cita lo expresado recientemente por un observador cercano de los hechos sobre el terreno en Venezuela, cuando manifestó que “la campaña para reemplazar al presidente Nicolás Maduro ha fracasado (...) Mientras Maduro y el líder de la oposición Juan Guaidó afirman ser presidente, Maduro mantiene el control de activos clave, incluidos los militares, los medios de comunicación, la policía y la petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA, o PDVSA”.

   Tajantemente asevera que el reconocimiento de Guaidó por parte de Estados Unidos no ha cambiado nada en la relación entre Venezuela y PDVSA. “El régimen de Maduro nombra directores y funcionarios que realmente controlan las operaciones de PDVSA, y que lo hacen desde las oficinas, operaciones, sitio web y cuentas de Twitter de PDVSA. El régimen controla la imagen pública de PDVSA y sus representantes designados dominan las operaciones y los activos de PDVSA de manera tan completa que han transferido los activos de PDVSA a un tercero sin la autoridad, o incluso el conocimiento, del Directorio de Guaidó”.

   Como ejemplo de lo sostenido, hace mención al anuncio de PDVSA en su página web que expresó la intención de Maduro (en lugar de la Junta de Guaidó) de reestructurar la empresa para protegerla de los "ataques imperialistas". También el 27 de abril de 2020, Maduro instaló como presidente de PDVSA a Asdrúbal Chávez, primo del fallecido Hugo Chávez y nombró como nuevo ministro de Petróleo a Tareck El Aissami, a quien ordenó reestructurar PDVSA.

  También Maduro ejerce un control directo sobre la distribución del petróleo de PDVSA nacional e internacionalmente.

  Se remite al portal Crónica Uno que informó el 27 de junio de 2020 que PDVSA, actuando no bajo el control de la junta de Guaidó, sino según lo ordenado por El Aissami y Chávez, rescindió los acuerdos con varias personas y empresas venezolanas que licenciaban estaciones de servicio, confiscándolos para el estado.

  El Aissami y Chávez asistieron a reuniones virtuales de la OPEP en representación de Venezuela y PDVSA.

  Igualmente, al haberse quedado Venezuela sin gasolina al no poder refinar su petróleo por la falta de bienes y materiales importados a la luz de las sanciones de Estados Unidos, ha recurrido al suministro de Irán y, en tal sentido, ha celebrado el arribo de petroleros iraníes a aguas territoriales venezolanas.

  Todo evidencia, según OIEG, que Maduro controla las operaciones comerciales ordinarias de PDVSA.

Uso político de PDVSA

  El memorando de OIEG dice que Maduro usa su control sobre PDVSA para socavar políticamente a Juan Guaidó y usa la propiedad de PDVSA como si fuera propiedad de Venezuela.

   Maduro utiliza regularmente la propiedad de PDVSA para promover la política exterior de Venezuela.

Guaidó no controla PDVSA

  OI European Group BV en el memorado presentado ante el tribunal asegura sin ambages que el directorio de PDVSA designado por Juan Guaidó es impotente, puesto que no tiene control de las operaciones y activos de la petrolera.

  El referido directorio no tiene control ni acceso a ninguna oficina o instalación de PDVSA, ni a las plataformas de redes sociales, sitio web o anuncios públicos de PDVSA.

  En contraste, Maduro hace anuncios en las oficinas de PDVSA y los propios comunicados de prensa de PDVSA emiten la política de su régimen.

  Los miembros de la Junta Directiva de Guaidó siguen sujetos a un proceso penal venezolano iniciado en 2019 bajo los auspicios del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

  Como ejemplo de lo afirmado, el memorando refiere una transacción de mayo de 2020 que evidencia la absoluta irrelevancia del directorio de Guaidó para PDVSA, puesto que a través de su subsidiaria europea PDVSA Europa, la estatal vendió una participación significativa y valiosa en Nynas, una refinería de petróleo sueca. La junta de Guaidó se limitó a criticar la venta y admitió que "no se le informó de la venta de la empresa de una participación del 35% en la refinería sueca Nynas".

  Finaliza el memorado con la advertencia de que si existiera realmente un nuevo gobierno que realmente tuviera el control de Venezuela, el cambio de representante debería significar un viraje en los hechos que anteriormente respaldaban el alivio del alter ego, lo cual no es el caso. Subraya que Estados Unidos sabe que el “gobierno” por él reconocido no gobierna. Los hechos sobre el terreno muestran de manera abrumadora que PDVSA sigue estando dominada y controlada por el Estado venezolano.