viernes, 21 de agosto de 2020

Caso Rothwell Energy Services LLC. contra CITGO: Los oscuros manejos en la adjudicación de contratos

Por Maibort Petit

   Al menos dos altos ejecutivos de CITGO tendrán que testificar bajo juramento en un tribunal de Texas por haber estado en puestos claves de la corporación cuando se otorgó un contrato a la empresa Rothwell Energy Services LLC, una entidad vinculada a un familiar de un ex-presidente de CITGO. Rothwell forma parte de una larga lista de compañías que lograron obtener de manera fraudulenta [y en base la pago de sobornos a funcionarios], negocios millonarios con la filial de PDVSA en Estados Unidos.

 El 22 de marzo de 2019, Rothwell Energy Services LLC demandó a CITGO por incumplimiento de una parte de los pagos acordados por la venta de unas plantas desalinizadoras de agua que supuestamente serían instaladas en Venezuela. 

   El pleito legal tiene varios meses retrasado debido a la pandemia y a la negativa de CITGO de entregar al tribunal las fechas para la deposición de Rick Esser y Gina Coon, dos funcionarios involucrados en la transacción, que siguen trabajando en la filial de PDVSA, que está bajo el control del gobierno interino encabezado por Juan Guaidó.

  La demanda civil está siendo procesada en la Corte del Condado de Harris, en Texas. Rothwell Energy Services LLC es una empresa incorporada en el registro de compañías del estado de Texas bajo el número 0801876159, el 31 October 2013, teniendo como domicilio fiscal la dirección: 408 west 17TH St, Suite 101, Austin, TX, 78701. 

  Los directores de Rothwell Energy Services LLC son Juan Carlos Hurtado Angarita y Claudia Acevedo. La entidad fue registrada en 2013, unos meses después de que Nelson Martínez fuera nombrado CEO de CITGO.

 De acuerdo a los récords de CITGO [en poder de Venezuela Política], Rothwell fue agregada a la lista maestra de proveedores aprobados por CITGO sin cumplir con el proceso de debida diligencia que establece las reglas de corporación. 

  Para el momento en que se produce la incorporación de Rothwell a la lista de proveedores de CITGO, los gerentes de adquisiciones eran Michael Ballantine y José Luis Zambrano. 

  Los récords evidencian que los mencionados funcionarios adjudicaron a Rothwell los contratos de adquisición de CITGO unos meses después de su fecha de registro. 

   "Rothwell se incluyó en los mismos paneles de licitación con otras empresas fantasma propiedad de Tulio Farías, Manuel Chinchilla De Silva, José Manuel González Testino, Roberto Rincón, Abraham Shiera, Ernesto Guevara y otros proveedores con fuertes vínculos con los directores de PDVSA y CITGO que han sido acusados de corrupción y violación de la Ley de Prácticas Corruptas por el gobierno de los Estados Unidos", sostuvo una fuente interna de la corporación que declaró bajo condición de anonimato.

 Durante 2014 y 2015, a Rothwell  Energy Services LLC, se adjudicó contratos de adquisición en CITGO por aproximadamente USD.900 mil dólares, de acuerdo a los récords de la corporación.

  Según los registros de CITGO, en 2017, José Pereira, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh y Brian Paulson asignaron más de USD 16 millones en contratos de adquisiciones a Rothwell, como entidad intermediaria, para la adquisición de los siguientes bienes:

(1) enero de 2017: 170.000 monos de seguridad para PDVSA E&P Occidente por USD 4.139.500,00, 

(2) Abril de 2017: Plantas de agua por USD 6,3 millones y 

(3) Junio ​​de 2017: Cilindros y válvulas de gas por USD $ 5.692.500.

   Siguiendo instrucciones de los gerentes de adquisiciones, los paneles de licitación fueron armados por Alejandro Sabatino, Laymar Peña y Marcos Bermudez, todos ellos en calidad de "Agentes de Adquisiciones del Proyecto Especial de CITGO". 

 El esquema de manipulación de licitaciones a menudo incluía a los siguientes contratistas acusados de corrupción: Tradequip (Roberto Rincon), G&B Global (Ernesto Guevara y Charles Beech), Southern Procurement Services (Manuel Chinchilla), Yakima Trading Corporation (Samark López Bello), Stang Industrial Products (José Manuel González Testino), Rothwell Energy Services (Juan Carlos Hurtado Angarita) entre otros.

  Como era de esperarse, la adjudicación de contratos fraudulentos a las empresas de maletín de los mencionados corruptos, se ejecutaban con complicidad interna. Testimonios internos confirman que "los procesos de licitación [presuntamente] fraudulentos fueron manipulados y respaldados por los gerentes de adquisiciones de CITGO de la época, a saber: Glenn Hilman, José Luis Zambrano, Brian Paulson, Gustavo Cárdenas y Laymar Peña". 

  Para el tiempo en que se aprobaron los contratos fraudulentos en el Departamento Legal de CITO estaba un funcionario llamado, Gene Riccetti, mientras que Rick Esser, ejercía como Oficial de Cumplimiento; Jennifer Moos, era la Asistente del Oficial de Cumplimiento y Presidenta del Comité de Adquisiciones de CITGO. 

  De acuerdo a las fuentes consultadas por Venezuela Política los mencionados funcionarios presuntamente "colaboraron para facilitar la aprobación ilegal de contratos corruptos, malversación, fraude y lavado de dinero". 

   Un funcionario recalcó que CITGO "No realizó la debida diligencia detallada en el caso de Rothwell Energy para identificar y documentar a los beneficiarios finales finales y evaluar el estado financiero, comercial y legal de la entidad". 

   La fuente consultada sostiene que "Juan Carlos Hurtado Angarita es sobrino de Nelson Martínez, y a pesar que sabían que había un conflicto de intereses, el hecho fue ignorado y encubierto por los directores de CITGO". 

  Por su lado, Nelson Martínez [fallecido en 2018], Eulogio Del Pino y José Pereira[bajo arresto en Caracas] aprobaron los contratos definitivos.

  Desde febrero de 2017 hasta agosto de 2018, [tiempo que incluye en posiciones de servicio a los funcionarios (ex): Glenn Hilman, José Luis Zambrano y José Pereira], "CITGO aprobó USD 10.6 millones en pagos para sobrino de Nelson Martínez, Juan Carlos Hurtado Angarita, según los registros internos".

 Las fuentes consultadas sostiene que aunado al caso de Rothwell Energy, "Nelson Martínez, José Pereira y Glen Hilman [presuntamente] conspiraron para beneficiar a otras empresas fantasmas propiedad de personas corruptas con fuertes vínculos con el régimen de Maduro". 

  Las transferencias bancarias fueron realizadas a cuentas bancarias en Panamá, Suiza y los EE. UU. "Los pagos fueron [presuntamente] procesadas por Gina Coon, Tesorera de CITGO", acota la fuente.

La solicitud incómoda

  En el caso de Rothwell Energy Services LLC vs. CITGO, los abogados de Rothwell/Juan Hurtado están solicitando las declaraciones de Glenn Hilman y Gina Coon, que durante el 2017 y 2018 junto a Nelson Martínez, José Pereira, José Luis Zambrano y Gustavo Cárdenas, [presuntamente] ayudaron a facilitar la aprobación ilegal de los Contratos y el lavado de dinero proveniente de las transacciones ilícitas.

    Otra fuente destaca que a pesar de las denuncias de presunto fraude, corrupción y lavado de dinero de los funcionarios nombrados en que Gina Coon, Gene Ricetti, Rick Esser y Glenn Hilman [ahora consultor contratado] continúan como empleados y oficiales de CITGO bajo la administración de Luisa Palacios y Carlos Jordá.

   Por su parte, José Pereira, José Luis Zambrano y Gustavo Cárdenas continúan bajo arresto in Venezuela.

La demanda en el tribunal de Texas

  La demanda alega que CITGO incumplió y violó los términos de un contrato firmado entre las partes [en  tiempos de la presidencia de Martínez]. El tribunal fijó el inicio del proceso de juicio para el mes de septiembre de 2020.

 El demandante alega que CITGO también ha incumplido en coordinar las deposiciones de varios empleados, entre quienes se menciona a Rick Esser y Gina Coon. 

  Jennifer Moos y Alejandro Sabatino también tendrían que presentar su declaración jurada pero hasta ahora los testimonios pendientes son los de Esser y Coon.

  El caso en la corte del condado Harris

  El avance del caso de Rothwell se retrasó varios meses debido a que CITGO buscaba una orden de abatimiento debido a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.


  De acuerdo a los documentos del caso, varios empleados de CITGO, junto a corruptos venezolanos —dueños de empresas de maletín, funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y sus respectivos testaferros— están involucrados en este caso que también es objeto de investigación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

 El hecho presuntamente ocurrió durante la gestión del fallecido Nelson Martínez —cuando este se desempeñaba como CEO de CITGO— y contempló y aprobó un proyecto de USD 100 millones para la empresa demandante, Rothwell Energy Services LLC, una entidad vinculada a un familiar directo del finado ejecutivo. 

  CITGO niega los alegatos de Rothwell

  Los documentos presentados en la corte, muestran una comunicación enviada por CITGO, como respuesta a la solicitud de divulgación del demandante, Rothwell Energy Services LLC.

  La filial de PDVSA en EE. UU. negó los cargos y las alegaciones contenidas en la petición original de la demanda, de conformidad con las disposiciones de la Regla 92 de las Reglas de Procedimiento Civil de Texas y exige una prueba estricta de las mismas.

  Asimismo, CITGO informó que PDVSA Petróleo S.A. tenía un interés en el contrato de servicio que constituye la base de la demanda y las plantas de agua que el mismo involucra, indicándose que al terminarse cada una de dichas plantas, se procedería a ejecutar una factura de venta y cesión entre Rothwell y PDVSA. Esto no habría ocurrido.

  Del mismo modo, CITGO negó que le debiera dinero a Rothwell, no obstante, admitió que, si el Tribunal determina que se adeuda alguna cantidad, esto no será conforme a una cuenta jurada originalmente. 

  En el proceso, CITGO presentó e incorporó una declaración jurada de la persona que conoce bien el proceso de pagos y de contratos de la corporación, Brian Boudreaux, en apoyo de la denegación del reclamo del demandante. 

  CITGO argumenta que la deuda que se quiere cobrar Rothwell es ilegal, a la vez que alega que cualquier pago que CITGO haga a Rothwell en estos momentos, violaría las órdenes ejecutivas del gobierno de los EE. UU. números 13808 y 13850 que prohíbe transacciones con PDVSA y sus filiales por estar sancionadas.

  CITGO explica en la moción que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó el 28 de enero de 2019 a PDVSA, la empresa matriz indirecta de CITGO. Lo que significa que la propiedad de ambas empresas estatales venezolanas está bloqueada.

 "CITGO y Rothwell probablemente tengan prohibido realizar transacciones que involucren a PDVSA sin una licencia de la OFAC que autorice la transacción", dice la comunicación.

  Debido a que PDVSA es el usuario final previsto y el beneficiario de los sistemas de agua, los pagos que busca Rothwell no se pueden realizar ni aceptar bajo las sanciones de los EE. UU., puesto que la empresa estatal venezolana podría someter a CITGO y Rothwell a sanciones penales y civiles, según la legislación estadounidense.

  Sostiene que la Orden Ejecutiva 13808 prohíbe cualquier transacción relacionada con la deuda de CITGO con vencimiento superior a 90 días, incluidas las facturas con antigüedad superior a dicho término, si PDVSA está involucrada. Como resultado, el pago de las facturas que se alegan en la demanda y la aceptación de dichos pagos sin la autorización del gobierno de los EE. UU. volvería a someter a CITGO y Rothwell a importantes sanciones civiles y penales de acuerdo a las leyes de los EE. UU.

  CITGO reitera que los pagos a Rothwell, en razón de las órdenes ejecutivas 13850 y 13808, no pueden hacerse puesto que el acuerdo establece que la demandante debe cumplir con todas las leyes, reglas, regulaciones, ordenanzas y requisitos de nacionales, estadales y locales, o de organismos reguladores sobre cualquier aspecto de la obra en Venezuela.

  También CITGO afirma que la disposición de fuerza mayor en el acuerdo le impide realizar pagos a Rothwell mientras las sanciones de EE. UU. estén vigentes.

  CITGO sostiene que ya pagó a Rothwell USD 5.027.025 por los servicios prestados y el equipo provisto en virtud del acuerdo, pero la demandante le ha entregado ningún estado de cuenta o recibo de que se hayan realizado compensaciones, pagos y créditos justos y legales.

  Igualmente, CITGO niega que Rothwell haya cumplido con todos los requisitos para que emitirle el pago de los montos que solicita el demandante.

  Por otra parte, CITGO asegura que Rothwell no ha certificado que se haya pagado a todos los subcontratistas, personal, proveedores y vendedores, y que se hayan liberado todos los enlaces, tal como lo plantea el acuerdo. Además, Rothwell no ha indicado que se hayan cumplido todos los criterios de prueba de rendimiento sobre el trabajo por el que solicita el pago, o que se haya proporcionado la documentación de rotación y cierre del proyecto.

  CITGO dice que el Acuerdo entre las partes prohíbe el lucro cesante o los daños emergentes solicitados por Rothwell fuera de los montos ya incluidos en los programas de compensación de las partes.

  Asimismo, CITGO exige un juicio con jurado y que el tribunal dicte sentencia y establezca que el demandante pague los costos del proceso judicial y otorgue al demandado todas las demás reparaciones a las que tiene derecho.

La declaración de Bourdeaux

  En la documentación del caso aparece una declaración jurada de Brian Boudreaux, Gerente de Proyectos Senior/Consultor Técnico, Inspecciones de Refinación, Generación de Energía y Turbinas de Gas, Instalaciones de Tratamiento de Agua-Agua Residual/Pulido BFW/RO/EDI UltraPure/SWROS para RECON Management Services, Inc.


  Esta última empresa se desempeña como agente y consultor de CITGO en proyectos relacionados con refinación, generación de energía, turbinas de gas y SWROS.

  Boudreaux afirma que fue empleado de CITGO durante más de tres décadas, más recientemente como Gerente de Proyectos de Capital.

  Sostiene que desde su puesto con Recon, trabajó en estrecha colaboración con CITGO en el Acuerdo de contrato de servicio de ósmosis inversa de agua salada para la construcción e implementación de las instalaciones de SWROS en Venezuela, que es el objeto de la demanda de Rothwell contra CITGO. PDVSA, como ya se apuntó, tiene interés final en las plantas desalinizadoras de SWROS.

  Afirma que le ha correspondido "negociar ciertas partes del Acuerdo relacionadas con el control de calidad y el pago" y aseguró que para que "CITGO pague una factura, los servicios y equipos brindados, y en general, el trabajo, se deben cumplir con varios criterios para que se emita el pago".

  Brian Boudreaux asegura que es "la persona encargada de hacer la revisión técnica de primera línea a las facturas y documentos relacionados que Rothwell envía a CITGO para su pago". "En otras palabras, ayudó a determinar qué pagos vencen y si las cantidades que busca Rothwell son justas y verdaderas".

Suspensión temporal de la demanda

  El 24 de mayo de 2019, el juez Roberto Schaffer, del 152 Tribunal del Distrito Judicial, ordenó la suspensión temporal de la demanda hasta que se levantaran las órdenes ejecutivas que imponen sanciones, o hasta que Rothwell solicite y reciba una licencia de la OFAC que permita que la demanda prosiga y pueda solicitar los pagos que reclama en esta demanda.

Trabajo conjunto

  Posteriormente, el demandante Rothwell Energy Services, LLC y la demandado CITGO, presentaron conjuntamente una moción pidiendo a la corte continuar el proceso y fijar la fecha del juicio.

  Rothwell manifestó que también intentó durante la pandemia de COVID-19 "trabajar conjuntamente de buena fe con el demandado en la etapa de descubrimiento del proceso judicial".

  La demandante, que considera necesario avanzar en el litigio, presentó ante el tribunal una moción para que se obligue a CITGO a responder de inmediato y que presente los documentos que mantiene retenidos.

  Rothwell envió a CITGO una carta el 14 de enero de 2020 solicitando un registro de privilegios modificado, solicitud que ha reiterado el 16 de enero, el 5 de febrero, el 7 de febrero, el 21 de febrero, el 27 de febrero, el 25 de marzo y el 2 de junio.

   Entretanto, CITGO ha indicado en varias ocasiones que publicará un registro de privilegios enmendado. Esto lo prometió el 21 de enero, el 24 de enero, el febrero 27 y el 25 de marzo de 2020.

Las peticiones de Rothwell

  Rothwell pidió que CITGO que entregara las declaraciones de Gina Coon y Glenn Hilman, ambos ejecutivos de la corporación en la época del contrato.

  Incluso, en razón de la pandemia del Covid 19, el 18 de marzo de 2020, Rothwell le manifestó a CITGO su disposición a que las declaraciones de Coon y Hilman se hicieran de manera virtual. El 24 de marzo, CITGO respondió que no estaría en condiciones de seguir adelante con las declaraciones, ni personal ni virtualmente, dada la incertidumbre de la pandemia. Rothwell acordó posponer las declaraciones.

  El intercambio de comunicaciones prosiguió para intentar llegar a un acuerdo, sin éxito.

  Rothwell acotó que "es fundamental programar las declaraciones de Coon y Hilman, así como de otros testigos de CITGO que son relevantes".

  En consecuencia, Rothwell pidió al Tribunal que le conceda la moción para exigir a CITGO que produzca de inmediato un registro de privilegios enmendado, todos los documentos que respondan a las solicitudes de producción, presente a Coon y a Hilman para la deposición y participe adecuadamente en todo el proceso de descubrimiento de la demanda.

  La respuesta de CITGO a la moción del demandante fue que Coon podría presentar la deposición el 9 o 10 de septiembre, mientras que Hilman lo haría el 22, 23 o 24 de septiembre. Estas fechas son el producto de los diversos compromisos profesionales y personales de los testigos y consejo.

  A la afirmación del demandante sobre la negación a comprometerse a participar en deposiciones más allá de las de Coon y Hilman, CITGO aseguró que ya ha proporcionado fechas para un tercer testigo que el demandante busca deponer y está listo para hacerlo bajo las Reglas de Procedimiento Civil de Texas.

   Igualmente, CITGO cree que su registro de privilegios original era adecuado, pero si debe complementarlo cumplirá con la solicitud del Demandante de modificar el registro para proporcionar información adicional también.

   CITGO pidió a la corte negar la moción del demandante en razón de que sus planteamientos son discutibles.

El tribunal aprobó moción de Rothwell y  ordenó lo siguiente:

1) CITGO producirá un registro de privilegios relacionado con todas las producciones de documentos dentro de los catorce (14) días.

2) CITGO se compromete a producir los documentos faltantes o los documentos complementarios en respuesta a las solicitudes anteriores de producción de Rothwell dentro de los catorce (14) días.

3) CITGO proporcionará fechas para las deposiciones de Glenn Hillman y Gina Coon dentro de una semana (7 días).

4) CITGO proporcionará fechas para testigos adicionales identificados por el Demandante dentro de los catorce (14) días posteriores a la identificación de los testigos por parte del Demandante.


Plantas desalinizadoras: una promesa que se volvió sal y agua

  El contrato alegado en la demanda de Rothwell contra CITGO tiene que ver con un anuncio hecho el septiembre de 2017 por Nicolás Maduro, de que a través PDVSA y el Ministerio de Ecosocialismo y Agua (Minea), comprarían e instalarían 116 plantas desalinizadoras para los estados Falcón, Nueva Esparta, Anzoátegui, Miranda, Vargas y Sucre, con el objeto de solucionar los problemas de acceso al agua potable en esas regiones.

  La inversión anunciada era de USD 206 millones y para diciembre de dicho 2017, las plantas debían estar instaladas, pero un año después, solo un estimado de 25 plantas estaban instaladas en seis de los estados anunciados y únicamente 10 efectivamente funcionaban.

  PDVSA informó que el proyecto estuvo a cargo de Ronald Theis, gerente de proyectos de la petrolera y CITGO, junto a Carlos Brett, director general de Políticas Públicas del Ministerio de Petróleo. Sobre Brett pesa una orden privativa de libertad emitida por el fiscal, Tarek William Saab, por su participación en una compra irregular de camiones cisternas para combustible. CITGO se vio involucrada en la compra y no Bariven, dado los problemas financieros que esta última presentaba.

  Una nota de El Pitazo refiere que según fuentes internas a CITGO dijeron que los responsables directos de la compra de las plantas serían Laimar Peña, supervisora de la empresa, con la aprobación de José Luis Zambrano, vicepresidente de Servicios Especiales. En la compra no se habría incluido la oferta del único fabricante reconocido de plantas desalinizadoras que ofertó y, al declararse la adquisición como una emergencia, la compra se hizo sin supervisión y sin revisar la confiabilidad de los proveedores[1].

CITA

https://elpitazo.net/investigacion/plantas-desalinizadoras-una-promesa-se-volvio-sal-agua/

jueves, 20 de agosto de 2020

La Revolución Molecular Disipada apunta al fin del modelo republicano

  A través de los sucesos ocurridos en Chile, se explica cómo la izquierda [ahora progresistas o globalistas] ha venido operando desde hace décadas en Latinoamérica con el objetivo de poner fin a la institucionalidad y los estados nacionales.

Por Maibort Petit

   Es fundamental volver a los principios de la democracia porque está en juego la república, advierte Alexis López al explicar cómo opera el Modelo de la Revolución Molecular Disipada, dirigido desde la izquierda mundial con el objetivo de acabar con la institucionalidad y la verticalidad del estado.
   López es un intelectual chileno, director de Radio y Televisión de Santiago (RST), profesor universitario que ha desarrollado una investigación filosófica sobre la ofensiva neo-marxista en América Latina y en el mundo, que consiste en el análisis del “Modelo de la Revolución Molecular Disipada” que ha venido operando en los últimos tiempos en Latinoamérica y que él interpreta a partir del proceso de insurrección revolucionaria que se encuentra en pleno desarrollo y sin freno en Chile.

  Comienza López refiriéndose a una frase que forma parte del libro “Contribución a la guerra en curso”, escrito por uno de los filósofos de la Deconstrucción, Gilles Deleuze y por Tiqqun, un colectivo francés: “El terror y la crisis son, ante todo, maneras de gobernar”.
  Lo que significa que, etimológicamente hablando, gobernar es una acción que se ejerce no necesariamente desde un sillón presidencial, sino tomar el control. Por tanto, el terrorismo y las crisis son aprovechados para modificar la política y, de esta manera, gobernar, ejercer el control.

El origen del modelo

   La teoría de Revolución Molecular en realidad es original del filósofo y psicoanalista francés, Félix Guattari (1930-1992), quien lo planteó como un sistema universal de lucha social y emancipación. Es uno de los cuatro principales autores de un nuevo modelo filosófico que se denomina “deconstrucción” y que se erige como una de las actualizaciones que ha experimentado el marxismo.

  Una de las aplicaciones de la deconstrucción en términos táctico-prácticos es el Modelo de Revolución Molecular Disipada.

  Guattari sostenía que “La revolución no se juega únicamente en el ámbito del discurso político manifiesto, sino también en un plano mucho más molecular, que atañe a las mutaciones del deseo y a las mutaciones técnico-científicas, artísticas, etc.”.

   Dirigió su trabajo a tratar de desmontar la lógica del dominio que rige los partidos políticos, las escuelas, los hospitales, la familia, la sexualidad, los medios de comunicación, es decir la institucionalidad pues, de acuerdo a su visión, es allí donde se miniaturiza y actúa con más énfasis la represión. Al mismo tiempo, Guattari consideraba que también es allí donde un individuo o un cuerpo social paralizado por la miseria y el miedo, puede implementar un cambio y hacer girar la situación al hacer encadenar las voluntades, establecer alianzas y promover la revolución molecular.

   Advertía eso sí, que dicha revolución molecular solamente es posible en plural, sumando muchas revoluciones moleculares, muchas prácticas más que una teoría, desarrollando una nueva forma de hacer política que “se convierte en revolucionaria desde el momento en que vincula toda transformación social a una transformación en la economía del deseo”.

  Partiendo de esta premisa, los actores, convertidos en “máquinas deseantes” y “máquinas de guerra sociales” pueden instrumentar la reconstrucción de los actuales sistemas sociales[1].
   Sustentada en la teoría de Guattari, en la actualidad opera la estrategia política de deconstruccionista de la “Revolución Molecular Disipada” que Alexis López se ha encargado de analizar y exponer. La RMD estima que es posible implementar un nuevo modelo de acción revolucionaria horizontal que, de manera gradual y cotidiana, normalice las disposiciones y conductas en orden para alterar el estado de normalidad social del sistema dominante para derogarlo y sustituirlo.

 Esto es posible a través del caos y el cese del flujo de normalidad.
  Se trata pues de una confrontación tipo guerrilla urbana, recodificada a partir del movimiento situacionista y constituyendo un modelo de acción simbólica y de combate, cuyos militantes combaten molecularmente al sistema para imponer su propia dominación.
   Alerta López que se quiere desmontar el modelo republicano para instaurar, como en efecto ya está sucediendo, un modelo de consejos o soviets. “Está en juego la república”.
   Alerta que luego de la pandemia del coronavirus comenzará un intento formal a nivel mundial de instauración de políticas globales y de un gobierno mundial a través de organismos como la ONU, la OMS, entre otros. La pandemia será la excusa para imponer determinadas medidas que apunten al objetivo del fin del institucionalismo. Recuerda que la condición para que exista un gobierno mundial es terminar con los estados nacionales, es decir, con las repúblicas.

El nombre

  Alexis López explica que el nombre se debe, primero, porque es revolucionario, tal como todos los que han ocurrido en la historia.

  Molecular, porque a diferencia de todas las revoluciones que ha habido en el mundo básicamente en el siglo 20, donde había un liderazgo definido, una estructura partidista o un grupo revolucionario muy concreto, con rostros identificables, en la RMD los actores son indistinguibles uno de otros, por lo que se hace casi imposible saber contra quién se lucha. No hay verticalidad, coordinación centralizada.

  Finalmente, es disipada porque los actores se coordinan para la acción, pero luego se disipan, lo que impide hacerles seguimiento.
  En la deconstrucción el lenguaje es fundamental, subraya López, por lo que sirve para redefinir los conceptos de la institucionalidad. De esta manera, el fenómeno deconstructivo termina operando no solamente en la izquierda, sino también en la derecha que, sin siquiera advertirlo, termina aplicando conceptos que son propios de la deconstrucción y, por tanto, del comunismo. Esto perfectamente puede advertirse con la llamada globalización que se instituye mundialmente.

  En tal sentido, Alexis López hace referencia al concepto de “democracia participativa” que comenzó a escucharse como parte del discurso de la izquierda en todos los países, en contraposición al mero concepto de “democracia”.

“La izquierda no habla de democracia sino de democracia participativa que es un concepto acuñado por Lenin que, literalmente, significa el reemplazo de la democracia burguesa, la democracia vertical de partidos políticos, para sustituirla por la democracia horizontal de movimientos ciudadanos, reemplazando el orden vertical de la sociedad”, advierte.
La RMD es un proceso

  Advierte Alexis López que la Revolución Molecular Disipada es un proceso, por lo que es un error creer que se trata de alzamientos o movimientos espontáneos que se producen en un contexto como expresión de malestar social, un problema económico o, incluso, por la crisis del coronavirus.

  Asegura que se trata de un proceso revolucionario que viene desarrollándose desde hace décadas, siendo que lo que está ocurriendo actualmente es la fase final de ofensiva del proceso, el cual resume en un esquema que aquí presentamos:
  El esquema de López señala algunos hitos importantes que marcan el desarrollo de la Deconstrucción en Chile que se inicia con la visita de Félix Guattari, quien en ese entonces dejó instalada una escuela que funciona hasta el día de hoy se ha formado la vanguardia deconstruccionista en el país austral; el viaje de Hugo Chávez a ese país en 1994, a partir de la cual se establecieron las primeras relaciones del chavismo con esa nación, las cuales se mantienen vigentes en la actualidad con la participación de numerosos agentes subversivos venezolanos en la insurrección chilena en curso.

 Hace un paréntesis para apuntar que, si bien en Chile el paso de Guattari fue breve, en Brasil, donde estuvo en 14 ocasiones, fue el responsable de llevar a Lula Da Silva a la presidencia de la república, lo cual es un indicativo de la importancia que tiene la Deconstrucción como fenómeno filosófico y de las doctrinas que derivan de ella.

   Además, el esquema refiere a una serie de hechos significativos, dado que de que, desde entonces, su presencia se ha hecho permanente en Chile, tales fueron la llegada de Sendero Luminoso en 1995; también desde el señalado año, la ETA contactaron vanguardias subversivas que operaban en la Araucanía chilena; en esa fecha igualmente las FARC comenzaron a generar vínculos con la cadena del narcotráfico; el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) inició en 1998 contactos con los movimientos insurreccionales chilenos.

  Se citan otros hechos, que como los anteriores, se mantienen hasta la actualidad y que generaron fenómenos locales significativos que son parte de la Deconstrucción que, a partir de ello, se manifiesta de diferentes maneras en Chile.

La táctica

  Alexis López hace referencia a un hecho que se repite en todos los países latinoamericanos y es el sistema de consenso y coerción con que opera el modelo de Revolución Molecular Disipada para que se logren los objetivos que el mismo se plantea.

  Explica que ante cada objetivo que se planteen y que se materialice en algún conflicto, acudirán ante los gobiernos para exigir que se alcance un consenso que, al producirse desencadenará nuevas movilizaciones para ejercer una nueva coerción para volver a un nuevo consenso. Se trata, pues de un proceso permanente, sin fin, en el que se va corriendo el cerco cada vez que logran un objetivo.
  Advierte que el modelo de la Revolución Molecular Disipada avanza por el hecho de que los países de la región los gobiernos son débiles y se sientan a negociar sin entender que lo hacen con terroristas, aunque estos aún no ejerzan el terror en forma física.

Los niveles de la confrontación

  El modelo de la RMD opera en diferentes niveles que van de la evasión a la insurrección.

  La evasión es un acto de desacato que no necesariamente es violento; a partir de entonces se proceder a dejar de acatar la autoridad, es decir, el desacato propiamente dicho; el próximo paso es la resistencia, la oposición a la autoridad; luego viene la desobediencia, obviar las órdenes; la insumisión es lo que sigue y se da cuando se dan cuenta de que las fuerzas de orden no pueden operar, dejan de someterse a la autoridad; se pasa a la calle para que suceda la insubordinación, cuando los actores se mueven sin que exista una coordinación, son moleculares, para demandar distintas cosas.

  Entonces comienza la violencia, la rebelión y, de inmediato, ocurre la insurrección.
Las fases

El modelo de la Revolución Molecular Disipada opera por fases.

  En primer lugar, se encuentra el escalamiento, en la cual se traduce en acciones de desacato, insumisión y rebelión de baja intensidad, la cual va en incremento.

 Luego viene el copamiento, que es la activación de múltiples e incesantes focos de conflicto, saqueos, atentados y ataques, sin pausas o con repliegues tácticos momentáneos, con el objetivo de copar la capacidad de respuesta de los organismos de orden y seguridad del Estado.

  Finalmente, esta la fase de la saturación, que la inmovilidad terminal del Estado, el desborde de las acciones de conflicto a nivel Nacional y la suspensión de toda autoridad en los hechos.








CITAS
[1] Errata Naturae. La Revolución Molecular. Félix Guattari. https://erratanaturae.com/libro/la-revolucion-molecular/

martes, 18 de agosto de 2020

Empresas Norte Sur: Una de las empresas que permitió negociaciones irregulares en PDVSA Occidente

  Esta compañía llegó a hacerse incómoda para el propio oficialismo que la denunció por distintas vías.

Por Maibort Petit


  Un conjunto de denuncias formuladas en los años 2005 y 2006 que hacían referencia José Luis Parada, exgerente de PDVSA Occidente para la fecha, da cuenta de una serie de irregularidades y negociaciones “sospechosas” realizadas por este, los hermanos Guillermo y Marco Romero, la compañera sentimental de este último y también funcionaria de la estatal, Libeth Nieto, que involucraban a Empresas Norte Sur C.A. (ENSCA), propiedad de Lionel Salaverría.

  ENSCA, figura como representante en Venezuela de GEFanunc, Woodward, Bently Nevada y Fix eran pertenecientes a General Electric, marcas que comenzaban a resultar incómodas para el chavismo, por ser estas transnacionales estadounidenses.

  Lionel Salaverria igualmente propietario de panamericana de Ailamientos Térmicos S.A. (PANTERSA), venezolana de Ingeniería de Consulta S.A. (VENINCO), Innovatis Technologies de Venezuela C.A., las cuales, igualmente, mantienen negociaciones con PDVSA y sus filiales. Salaverría es propietario también de la empresa ensambladora de motos marca MD.


  Asimismo, el grupo de Guillermo Enrique Romero Santana, Marco José Romero Santana y Lisbeth Nieto, todos empleados de PDVSA de Plantas de Compresión de Gas para aquel, constituirían, supuestamente, la mancuerna que hacía funcionar la trama de corrupción denunciada desde interior mismo del oficialismo. Los hermanos Romero de empleados pasaron a constituirse en “contratistas petroleros”, mientras Lisbeth Nieto se mantenía como ficha que Parada ubicaba de acuerdo a sus intereses, primero como Gerente de Plantas de Compresión de Gas y luego, cuando fue trasladado a Caracas, asignada a la recién creada PDVSA Industrial. Desde 2014m cuando Parada volvió a PDVSA Occidente, Nieto fue designada en una nueva gerencia desde la cual, manejaría las adjudicaciones directas a GE, Dresser-Rand, Rolls-Royce, SOLAR Turbines, entre otras empresas.

El informe de AIT

  Un informe de AIT de PDVSA Occidente, fechado en junio de 2005, hace referencia a que las empresas GEFanunc, Woodward, Bently Nevada y Fix eran marcas de General Electric y que la Empresa Norte Sur fungía como representante exclusivo de la primera y, al mismo tiempo, enlace entre la segunda y Petróleos de Venezuela S.A. Esto último a pesar de que estaba vetada por la estatal por “haber colaborado en el sabotaje petrolero de 2002-2003”. 

  Resulta que Woodward, según el reporte, "se negó a suministrar información acerca de los sistemas de automatización cuando se le solicitó". No obstante, "en los años 2004 y 2005, a Empresa Norte se le contrató para ejecutar varios proyectos importantes en el área de automatización para las Plantas de Compresión de Gas, especialmente en Tía Juana".

  En las Plantas de Gas de Tía Juana funcionaba, desde 2004, un grupo de ingeniería encargado de aprobar o no los proyectos que allí se desarrollaban y que estaba a cargo de Guillermo Romero. Este, recuerda el informe, cursaba para la fecha del paro petrolero —con financiamiento de PDVSA— un postgrado en Estados Unidos. Su esposa había estado vinculada laboralmente a Empresas Norte Sur, mientras su hermano, Marco Romero, se desempeñaba —para le fecha del informe— como supervisor en la Gerencia de Proyectos del Distrito Tía Juana del Departamento de Soporte Técnico e Instalaciones de PDVSA Occidente. Agrega, que Guillermo Romero viajó en varias oportunidades a EE. UU. en 2004 a las instalaciones de General Electric, para atender asuntos relativos a proyectos de las Plantas de Gas Distrito Tía Juana.

  El informe también acusa que también, "Aida Naim, perteneciente al citado Departamento de Soporte Técnico participó en actividades de Gente de Petróleo, aunque no fue despedida por estar de permiso médico por embarazo durante el paro petrolero". Para la fecha del reporte seguía laborado en PDVSA, pero en otro departamento.

  El informe justifica de alguna manera que "Empresas Norte Sur haya obtenido las licitaciones de varios proyectos, dado que su condición de representante de General Electric" le otorga ciertas ventajas por encima de otros participantes en los proyectos.

  El informe también refiere que "la empresa MGM fue beneficiada de varios contratos, a pesar de estar vetada por su participación en el sabotaje petrolero de 2002-2003".

  El reporte denuncia "la tendencia a beneficiar a la empresa Rotork, la cual estaba dirigida por la exgerente de Cibernética de PDVSA Occidente, Dilia Rosa Guerra, despedida durante el paro petrolero por pertenecer a Gente de Petróleo".

  Otro hecho irregular dado a conocer en el informe, tenía que ver con las empresas Moalca y Conscarvi, las cuales contarían con los mismos directivos, “es decir, son dos partes de una misma compañía”. Puntualiza que estas empresas se dedican al “negocio de contratar”, o sea, "PDVSA paga a estas compañías que contratan personal por el que la petrolera asigna una cantidad de la cual se dedica en realidad una tercera parte aproximadamente al pago del profesional y su posterior liquidación, obteniendo una ganancia de las dos terceras partes restantes". El informe concluye que “lo más caro de contratar a alguien de esta manera es la contratación misma”.

  El informe hace mención a otros asuntos, como el retraso de PDVSA en el cumplimiento del Decreto Presidencial Nº 3390 de diciembre de 2004 de implementar el software libre o de código abierto en la estatal. También acusaba que Petróleos de Venezuela seguía comprando instrumentos de control “casi en su totalidad a monopolios fabricantes (marcas) de EE. UU., entre las que resaltan General Electric (GEFanuc, Fix, Woodward), Allen-Bradley, Microsoft, IBM, Sun”.

  Igualmente se reportaba como hecho negativo el que el personal de AIT se involucrara en los proyectos contratados con empresas extranjeras, sólo en la etapa final de los mismos, lo que significaba que se encontraran “con una serie de irregularidades técnicas y comerciales”, como mala especificación de equipos, incumplimientos de las normas PDVSA, desconocimiento de los procesos, entre otras.

Denuncia sobre irregularidades en las Plantas de Compresión de Gas

  El 12 de abril de 2006, un informe reiteraba parte de los anteriormente planteado acerca de la contratación, en el año 2003, por parte de PDVSA en las plantas de gas, de empresas que “de manera abierta o solapada, activa o pasivamente” participaron en el paro petrolero, calificado por el oficialismo, como “sabotaje petrolero”.

  Para la fecha de la “denuncia” (2006), se refería que la mayoría de los proyectos de automatización  se seguía utilizando exclusivamente los servicios de PLC`s GEFanuc (General Electric) o Allen Bradley (RockwellAutomation) “bajo la tesis del Upgrade (actualización), por lo que, a su modo de ver PDVSA se “entubaba” con las mismas marcas estadounidenses del “pasado” y negando la posibilidad de usar tecnologías alternativas.

  Se veía con preocupación, la utilización casi exclusiva,  de la Empresa Norte Sur (ENSCA), ganadora de licitaciones  o adjudicaciones directas  bajo la premisa de “declaración de emergencia” en proyectos de gran envergadura y multimillonarios en el área de automatización en los que ENSCA es representante de la marca GEFanuc de PLCs de General Electric.

 “En este sentido,es que la interesada, insistente y evidente promoción para el uso de tecnologías de la marca GEFanuc en beneficio de la Empresa Norte Sur C.A. (ENSCA), por parte trabajadores de PDVSA tales como  Marco Romero (Líder de Infraestructura Gerencia de Gas  Asociado GGA, indicador ROMEROMEQ); Lisbeth Nieto (Líder de Planta Gas GGA, indicador NIETOL) y Guillermo Romero (Líder del Grupo de Ingeniería de Planta Dtto TJ, indicador: ROMEROGE), quienes de una u otra manera tienen el poder de decidir ‘qué es mejor para la empresa’, los hace sospechosos de conspiración en contra de los reales beneficios para la industria petrolera venezolana y por ende para el país, y de ser beneficiarios económicos de Norte Sur”, sentencia el informe-denuncia.

  Se hace mención de que, como lo señalan otras denuncias aquí dadas a conocer, Marco Romero, hermano de Guillermo Romero, “mantiene una relación y de dominio público con Lisbeth Nieto”.

  La denuncia se extiende a José Luis Parada y "los supuestos vínculos con el presidente de Empresas Norte Sur, Lionel Salaverría y con los hermanos Romero", sus encuentros en lujosos hoteles de Maracaibo y Caracas, que llevaban a sospechar de que “los negocios y contratos que se han otorgado a la empresa Norte Sur tengan alguna vinculación con estos supuestos vínculos (sic) de amistad”.

  La denuncia exhortaba a investigar los bienes adquiridos por los hermanos Romero y la relación de los “proyectos ENSCA-PDVSA-Romero-Parada”.

Denuncia en el programa de Mario Silva

  El 5 de diciembre de 2007, se formuló una denuncia anónima en los comentarios de un video del programa “La Hojilla” conducido por Mario Silva en Venezolana de Televisión (VTV) del 4 de julio del citado año 2007. Esta denuncia también fue publicada en el portal Noticias Candela el 21 de septiembre de 2008. Igualmente la publicó el portal Informe en la misma fecha.

  Según expresa el denunciante, Lisbeth Nieto, a quien apoda como Lisbeth “Carmona Matraca” Nieto, gerente de Plantas de Gas y de Gas Asociado, con sede en el edificio principal de PDVSA en Tía Juana, maltrata a los trabajadores a su cargo.

  La califica de “escuálida” —denominación que el difunto presidente, Hugo Chávez, le daba a sus adversarios políticos—  y refiere, en primer término, que reemplazó todos gerentes de segunda línea, militantes del oficialismo, “que afrontaron el paro petrolero en el año 2002” y los sustituyó con personas de oposición.

  Asimismo, el denunciante sostiene que "Nieto despide al personal que no está de acuerdo con la contratación de empresas que no cumplen con el perfil requerido"; despido de trabajadores afectos al “proceso revolucionario” y con experiencia en Plantas de Gas, a quienes sustituyó por personal con menos de 5 años de experiencia pero que están alineados con ella; hacer “matraca con la empresa Norte Sur y Pantersa” presididas por su cuñado, "Guillermo Romero, quien fue gerente de Plantas de Gas Tomoporo y cuñadito de ella. Insta a revisar el proceso de compra de las válvulas de control de gas combustible de las turbinas de Planta TJ-3".

  La denuncia también acusa Lisbeth Nieto de cometer irregularidades en la compra de las consolas de aceite hidráulico del módulo C de PC LL-1 por una cifra millonaria que no precisa y no funcionan al cien por ciento. Advierte que los G/GAS Rolls Royce de dicho módulo carecían de garantía por parte de la empresa Rolls Royce, debido a que las consolas instaladas no son compatibles con el equipo.

   Llama a hacer una investigación sobre un viaje de un mes que Nieto realizara a Italia, así como también sus relaciones con un consorcio Italiano que, supuestamente, la habría regalado un apartamento en la avenida Delicias de Maracaibo, valorado en más de un millardo de bolívares.

  Por otra parte, se señala a Lisbeth Nieto de cobros indebidos, “matraca”, en la compra del Panel de Control de la Planta LL.1, el cual había sido cotizado inicialmente en 800 millones de bolívares, pero que ella terminaría comprando por casi 2.000 millones de bolívares.

 También se la acusa de negociaciones irregulares con el Instituto PMM Learning, el cual presta servicios con el dictado clases que son calificados como asistencia técnica a PDVSA y los por los cuales ella autorizó pagos por 44 mil euros semanales.

Sobre los protagonistas de la trama

  José Luis Parada Sánchez, cuyo código único en PDVSA era PARADAJL, ocupaba la Dirección Ejecutiva de Producción Occidente adscrita a Exploración y Producción, ubicada en la oficina 12-10 del piso 12 de la Torres Este, La Campiña, Caracas.

  Marco Romero, código único ROMEROMEQ, empleado externo del área de Exploración y Producción, cuyo supervisor era Jinmy J. Bohorquez Villalobos. Sus labores las desempeñaba en la oficina 1-13, piso 1 del Edificio Miranda, Maracaibo. 

  Marco Romero fue secuestrado junto a su mujer, Nina Romero, en agosto de 2009, en su residencia ubicada en la zona norte de Maracaibo.

  Guillermo Romero, código único ROMEROGE, cumplía funciones en la Planta de Compresión TJ Dtto. Tía Juana, bajo la supervisión de Jaime Urdaneta, en la oficina 426, piso 1 de la Torre Única del Edificio Principal Tía Juana, en Tía Juana, estado Zulia. 

 Lisbeth Nieto, Código único: NIETOL. Ocupa la Gerencia de Gas Asociado adscrita a Exploración y Producción, bajo la supervisión de José Luis Parada Sánchez. Lugar de desempeño: Centro petrolero, Torre Lama, oficina 5, Pent House. 

 Una Nota de Interés de PDVSA Occidente, fechada el 16 de mayo de 2014, da cuenta de las designaciones instrumentadas en la Dirección Ejecutiva Occidente, entre las cuales se encontraba Lisbeth Nieto (NIETOL), como gerente encargada de Planificación, Presupuesto y Gestión.

  Otra Nota de Interés de PDVSA Occidente, fechada el 29 de septiembre de 2014, da cuenta de una nueva designación de Lisbeth Nieto (NIETOL), como directora adjunta encargada de Nuevos Desarrollos y Proyecto de Ingeniería.

Para 2015, Lisbeth Nieto continuaba en este último cargo:





viernes, 14 de agosto de 2020

El régimen de Maduro construye nuevos sistemas de pago para hacerle frente a las sanciones de EE. UU.

 "El funcionamiento del sistema económico que surgirá a raíz de la pandemia del Covid-19, es un escenario propicio para esta emancipación financiera", asegura el reporte.

Por Maibort Petit

   El régimen de Nicolás Maduro ha estado construyendo sistemas alternativos de pago transfronterizo para hacerle frente a las sanciones que han impuesto los Estados Unidos contra el chavismo. Entre las opciones que se manejan  hasta el momento se encuentran el Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros (SFPS) y el Sistema de Pagos Internacionales de China (CIPS), según un Boletín  17 de Economía, Política y Revolución.

   En el mencionado reporte sobre el sistema de pago internacional, escenario para la guerra económica (III) del programa económica y revolución, se señala que se han venido construyendo unas nuevas propuestas globales "que poco a poco van ganando espacio".

   Señala que las propuestas que se están trabajando son: "el Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros (SFPS) y el Sistema de Pagos Internacionales de China (CIPS); ya que el Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN), se concreta como un acuerdo dentro de la zona euro".

  Se reconoce que hay un dominio en el mercado de la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales (SWIFT), "que puede ser utilizada para someter a aquellos gobiernos que EE.UU. considere un escollo".

 Recuerda que "el ALBA-TCP implementó una moneda virtual definida como SUCRE (Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos) que funcionaría como unidad de cuenta para compensar entre los bancos centrales y hacer efectivas las operaciones comerciales y financieras, en moneda local de cada país, que efectúen las unidades productivas y de servicios pertenecientes a los integrantes del convenio". 

 No obstante, aclaran que "Lamentablemente, por la situación devenida en Latinoamérica, en los últimos años, al instalarse algunos gobiernos de corte neoliberal, esta alternativa se paralizó; a parte de no haber contado, en su arranque con el apoyo requerido".

  Aseguran que "Más allá de la puesta en funcionamiento de sistemas alternos al código SWIFT, lo interesante y trascendente es la utilización en los mismos, de otras monedas distintas al dólar para reflejar las transacciones financieras, lo cual, en primer término, los protege de sanciones". 

 En segundo lugar, garantizaría la fluidez de bienes y servicios; además, de la posibilidad real de convertir esas monedas en divisas de reserva, que a su vez, puedan disminuir el impacto negativo de un posible colapso de la burbuja del dólar, ante el desequilibrio creciente del sistema financiero estadounidense.

  Sostiene el reporte que "el Yuan apunta como la moneda a asumir el papel de referencia mundial" agregando que es tal el avance que "el Fondo Monetario Internacional agregó al Renminbi a la canasta de Derechos Especiales de Giro (DEG) en octubre de 2016". 

  Igualmente, asegura que "el gobierno chino -orientado en esa dirección y aprovechando ser el principal importador de petróleo, a la par de su pujante economía-, lanzó en marzo de 2018 contratos a futuros de petróleo en yuanes en la Bolsa Internacional de Energía de Shanghái".

  Más adelante señalan que "Las acciones expuestas forman parte de una estrategia audaz de Eurasia, impulsada por China y Rusia, en conjunción con Irán, Turquía y tímidamente por la India –con adeptos iniciales en América como, Cuba, Nicaragua y Venezuela-, para crear y establecer su propio sistema monetario que pueda servir de instrumento para romper la hegemonía del dólar en la escena internacional y por ende en el sistema de pago, lo que significaría darle de baja a una de sus principales armas para la guerra económica con que cuenta el imperio norteamericano". 

  El funcionamiento del sistema económico que surgirá a raíz de la pandemia del Covid-19, es un escenario propicio para esta emancipación financiera.

   El reporte está escrito por Ramón Lobo del PSUV.

El Renminbi (RMB) es la moneda oficial de China; mientras, el Yuan es la unidad base de esta moneda

Departamento de Justicia de EE. UU. confirma la incautación de combustible iraní transportado por cuatro petroleros

Por Maibort Petit

  El Departamento de Justicia anunció la interrupción exitosa de un envío de combustible multimillonario por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), una organización terrorista extranjera designada, que se dirigía a Venezuela. Estas acciones representan la mayor incautación de cargamentos de combustible de Irán por parte del gobierno.

   El 2 de julio de 2020, Estados Unidos presentó una queja en la que buscaba decomisar toda la carga de productos petrolíferos a bordo de cuatro petroleros de bandera extranjera, incluido el M/T Bella con el número 9208124 de la organización marítima internacional (OMI), el M/T Bering con El número IMO 9149225, el M / T Pandi con el número IMO 9105073 y el M / T Luna con el número IMO 9208100). 

El juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Jeb Boasberg  para el Distrito de Columbia emitió una orden de incautación de la carga de los cuatro buques.

El gobierno anunció que ha ejecutado con éxito la orden de incautación y confiscado el cargamento de los cuatro buques, por un total de aproximadamente 1,116 millones de barriles de petróleo. Con la ayuda de socios extranjeros, esta propiedad incautada está ahora bajo la custodia de Estados Unidos.

Después de la ejecución de la orden de decomiso de Estados Unidos, la marina de Irán abordó por la fuerza un barco no relacionado en un aparente intento de recuperar el petróleo incautado, pero no tuvo éxito. El Comando Central de Estados Unidos publicó ayer un video de la fallida operación iraní. 


Los fondos confiscados con éxito con una conexión con un estado patrocinador del terrorismo pueden dirigirse total o parcialmente al Fondo de Estados Unidos para Víctimas del Terrorismo Patrocinado por el Estado (http://www.usvsst.com/) después de la conclusión del caso.