martes, 4 de agosto de 2020

Maduro asciende a Néstor Reverol a "General en Jefe en categoría de Efectivo de Comando"

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Por medio de una Resolución del Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, firmada el 4 de agosto de 2020,  Nicolás Maduro Moros ascedió al actual Ministro de Interior y Justicia del régimen, Néstor Reverol al grado de General en Jefe en la categoría de Efectivo de Comando.
 Néstor Reverol  fue declarado figitivo de la justicia norteamericana. En agosto de 2016, Reverol fue acusado por delitos de narcotráfico  por el gobierno de los Estados Unidos, y se le señala de ser miembro del cártel de los Soles.

Ascendido   

  A través de la Resolución Número 036952, del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, Nicolás Maduro ascendió a General en Jefe en la categoría Efectivo de Comando a Néstor Luis Reverol Torres, C.I. N-7.844.507.  Hasta la fecha, Reverol tenía el grado de Mayor General de la Guardia Nacional Bolivariana.

Fugitivo de la justicia de EE. UU.

  El 25 de agosto de 2016, el gobierno estadounidense incluyó los nombres del mayor general Néstor Luis Reverol Torres y del general Edylberto Molina en la lista de fugitivos de la justicia estadounidense, de acuerdo con un documento que fue entregado en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn.

  Las gestiones hechas por el equipo de Loretta Lynch, fiscal general de Estados Unidos, incluye la información de los dos militares acusados de conspirar para traficar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos desde Venezuela, entre enero 2008 y diciembre de 2010, de manera intencional y con conocimiento de que la droga que enviaban era ilegal y conllevaba acciones legales y criminales.

  Lynch envió una comunicación a los jueces de Distrito Este de Nueva York, Frederick Block y Allyne Ross, en la que da una explicación de los delitos de los cuales acusan a Reverol y a Molina, y advierte que ambos forman parte del mismo caso y son acusados del mismo delito: conspiración para traficar narcóticos a Estados Unidos.

  Lynch trabaj[o este caso con un equipo integrado por los fiscales Walter Norkin y Gina Parlovecchio.

  Congelación de bienes 

La acusación también informa que las propiedades de ambos acusados son objeto de confiscación de acuerdo con lo establecido en el código de Estados Unidos. El gobierno podrá confiscar toda propiedad que proceda y haya sido obtenida como resultado de la actividad criminal por la cual están siendo acusados.

  En este caso, asegura la documentación, las propiedades objeto de confiscación no podrán ser traspasadas, vendidas, depositadas o transferidas a terceros, colocarse bajo jurisdicción de la Corte, disminuirle el valor o ser divididas.

  En el expediente se señala que el ex comandante general de la GNB y director de la Oficina Nacional Antidrogas y el subdirector de esa misma dependencia oficial “recibían pagos de los narcotraficantes para recibir alertas de futuros operativos, los lugares donde los agentes iban hacer las requisas y el tiempo de las mismas de tal manera que tuviesen tiempo para mover la droga de lugar y buscar rutas alternativas para sacar el producto de Venezuela”.

  La acusación del Gran Jurado de Nueva York añade que gracias a la colaboración de los dos acusados los carteles de la droga lograron operar en Venezuela, recoger la cocaína en Colombia y llevarla a Estados Unidos vía México y Centroamérica. Los cargamentos que salían de Venezuela consistían en “cientos de kilos de cocaína, muchas veces excedían los miles de kilos en un solo envío”.

Defensa de Saab denuncia que a su cliente se le negó el derecho de declarar en la corte

   Los abogados, José Manuel Pinto Monteiro, Rutsel Silvestre J , y Martha Baltazar Garzón exponen sus criterios sobre la estrategia de la defensa del colombiano.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Tras conocerse la decisión del Tribunal de Apelaciones que aprobó la extradición de Álex Saab a los Estados Unidos, el equipo de la defensa del colombiano, acusado de haber lavado más de 350 millones de dólares en el sistema financiero norteamericano en vinculación con el régimen de Nicolás Maduro, denunció que la justicia de Cabo Verde denegó "al Enviado Especial Saab su derecho a declarar ante la Corte".

   En un comunicado de los abogados de Saab, se informa que "la resolución del Tribunal de Barlavento sobre la extradición de Alex Saab fue notificada con 4 días de retraso a la defensa. Esta llega cuando el Enviado Especial estaba esperando fecha para declarar ante este tribunal.

A continuación el comunicado:

  En la tarde de ayer, 3 de agosto de 2020, fue notificada a este equipo de defensa la decisión del Tribunal de Apelaciones de Barlavento, con fecha 31 de julio, en la que se recogía la decisión de dicho tribunal sobre la extradición del Enviado Especial de Venezuela, Alex Saab. A pesar de que dicho Tribunal ya había dictado la resolución, esta no la notificó hasta el día de ayer, sorprendentemente, y mientras que el Sr. Saab estaba esperando la fecha de la audiencia prescrita por la ley, en la que ejercer, con igualdad de armas, su derecho de defensa. Esta decisión viola, por tanto, el derecho de defensa y el de debido proceso, dejándolo sin posibilidad de defensa en esta instancia.

  El Tribunal de Barlavento ha decidido de forma arbitraria, sin sustento legal y con absoluta falta de motivación, aprobar la extradición del señor Saab y, por tanto, su entrega al agente perseguidor por razones políticas (EEUU). Esta decisión ha sido tomada de forma parcial, basándose exclusivamente en las alegaciones de los fiscales y laminando los derechos de la defensa del señor Saab. Con esta decisión, se ha privado al Sr. Saab de un recurso efectivo en Cabo Verde, lo que llama la atención ante los contundentes argumentos de la defensa expresados en un documento de oposición y el apoyo de varios dictámenes internacionales independientes.

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  La decisión proferida es sumamente perturbadora, no solo del ordenamiento jurídico interno, sino también, del ordenamiento internacional y, especialmente del derecho humanitario y de los derechos humanos, que han sido groseramente eliminados, algo que no encaja con la incuestionable adecuación al sistema judicial de Cabo Verde.

  El derecho a un recurso efectivo está establecido en numerosos instrumentos internacionales de los que Cabo Verde es parte y constituyen referencia obligada para la adecuada defensa de los Derechos Humanos, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (también conocida como la Carta de Banjul), la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Europea de Derechos Humanos.

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  El Tribunal de Apelaciones de Barlavento ignoró el derecho del Enviado Especial Saab a un remedio efectivo y justificó erróneamente su desatención del documento de oposición de la defensa, declarando que la ley solo le permite revisar la solicitud de extradición por motivos limitados.

  La defensa se muestra gravemente preocupada por el desconocimiento reiterado de las más elementales normas del debido proceso y derecho de defensa del señor Saab que ve como se le está prejuzgando y condenando sin posibilidad de defensa alguna, lo que implica una actuación parcial por parte del tribunal que ha decidido este trámite la extradición.



  La defensa apelará esta decisión ante la Corte Suprema dentro de los 10 días prescritos. En caso de que esta apelación falle, se presentará una solicitud de amparo ante el Tribunal Constitucional. El señor Saab, se reserva las acciones judiciales locales e internacionales a que hubiere lugar para hacer efectivos sus derechos, ahora vulnerados. 

SAAB NO ES EL ÚNICO: EL EJE DEL MAL OPERA COMO UNA RED QUE HAY QUE CONOC...

Conozca las recomendaciones de un especialista de la UCA para debilitar y terminar con el régimen autocrático de Daniel Ortega en Nicaragua

   Estados Unidos debe recalibrar su estrategia de sanciones sobre la nación centroamericana, promover la unidad opositora y las normas mínimas para elecciones libres, justas y supervisadas profesionalmente en noviembre de 2021.

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

  El aislamiento que el accionar del régimen de Daniel Ortega ha provocado a partir de los acontecimientos y represión instrumentada desde 2018, debe ser aprovechada tanto por Estados Unidos como por la oposición política de la nación centroamericana, para poner en práctica una serie de acciones dirigidas a acabar con la autocracia que gobierna Nicaragua.
  El informe del Instituto Americano de la Empresa (AEI, por las siglas en inglés de American Enterprise Institute), suscrito por el investigador de dicha institución y profesor adjunto de relaciones internacionales en la Universidad Católica de América, Ryan C. Berg, formula un conjunto de recomendaciones en el corto, mediano y largo plazo, que en esta entrega damos a conocer.

Acciones en el corto plazo

  Ryan Berg advierte que es urgente aprovechar el vacío de liderazgo generado por Daniel Ortega y Rosario Murillo con su política represiva.

  En primer lugar, el especialista recomienda que los diplomáticos estadounidenses presionen a los grupos de oposición nicaragüenses para que dejen de lado sus diferencias y se unan en una fuerza política coherente para derrotar al régimen de Ortega-Murillo.

 Apunta que las encuestas de Gallup advierten del peligro significativo que la unión de la oposición representa para el futuro del régimen de Ortega-Murillo. Los datos refieren que el setenta por ciento de los nicaragüenses rechaza la posición y accionar del régimen con respecto al coronavirus y cree que el país se dirige en la dirección equivocada en general. Puntualizan que Ortega tiene la calificación de desaprobación más alta del país, seguida de Murillo con la segunda más alta.

  Del mismo modo, indica que solamente el 23 por ciento de los nicaragüenses votarían por el sandinismo "si las elecciones generales se celebraran hoy [19 de junio de 2020]". Pero advierte la encuesta, sorprendentemente, también señala que el régimen de Ortega-Murillo ganaría la reelección por poco si la oposición se mantiene sumida en la disidencia y que carece de un candidato consensuado.

 El informe llama a los diplomáticos estadounidenses a comprometerse a unificar a la oposición nicaragüense, la cual está altamente polarizada y dividida. Pero igualmente llama a la cautela a Estados Unidos en su avance en este proceso, puesto que forjar la unidad entre la oposición nicaragüense requiere la inclusión de partidos que son corruptos y que han coludido con Ortega en el pasado, tal es el caso del Partido Liberal Constitucionalista (PLC). “También requiere un cuidadoso alcance a la considerable cantidad de sandinistas descontentos que rompieron filas con Ortega por su respuesta dura a las protestas de abril de 2018”.

  También llama a estar atentos a los intentos que la vieja guardia del COSEP de fomentar la división opositora.

“Las elecciones para el liderazgo del COSEP en septiembre determinarán la relación de trabajo entre el grupo y la oposición de Nicaragua”.

  Agrega que la disensión interna también podría desanimar a muchos nicaragüenses a votar, “dado que el 41 por ciento expresó su apoyo a ninguno de los partidos políticos de Nicaragua, harto de la falta de liderazgo y la impresión de que los partidos de la oposición están sumamente interesados”.

  Se advierte de la necesidad imperativa de que la oposición de Nicaragua decida sobre el vehículo político más adecuado para desafiar a Ortega en las elecciones de 2021, pues ni la Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia ni la Unidad Nacional Azul y Blanca, los más grandes, son partidos políticos registrados oficialmente. Una estrategia del clan Ortega -Murillo será probablemente la conformación de los llamados "partidos zancudos", organizaciones destinados a proporcionar la apariencia de oposición mientras se socava el apoyo de los legítimos partidos opositores de Nicaragua.

Conformar un comité nacional de emergencia

  El informe de Ryan Berg recomienda llenar el vacío de liderazgo dejado por un Daniel Ortega "desaparecido" y que actúa con total negligencia frente al coronavirus, conformando un comité nacional de emergencia.

  Señala el reporte que los números indican que Ortega y Murillo atraviesan su momento político más vulnerable debido a la pandemia de COVID-19 y, por ello, se requiere la unidad dentro de la oposición para derrotar al régimen.

  El informe se dirige a la diplomacia estadounidense para que aliente la unidad opositora a inste a la formación de un Comité Nacional de Emergencia que permita una alianza entre la oposición y la sociedad civil, las asociaciones médicas y la Iglesia Católica, llenando así el vacío de liderazgo en Managua.

  Con la instrumentación de este comité, la “oposición podría superar cuatro desafíos principales: (1) ganarse la confianza del pueblo nicaragüense, (2) unir varias facciones dispares en una causa común, (3) erosionar cualquier último vestigio de la legitimidad de Ortega, y (4) mostrando que la respuesta de Nicaragua a la epidemia de coronavirus debería estar constituida por algo más que el caprichoso régimen de Ortega-Murillo y lo que sirve a su deseo de mantener el control político absoluto”.

  Estima positivo el informe, el esfuerzo de la oposición por conformar una coalición nacional que abarque los tres partidos opositores y las organizaciones paraguas que cuentan con la mayor cantidad de apoyo popular: Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y Ciudadanos por la Libertad (CxL). “La unión actual entre UNAB y ACJD es un buen augurio para las elecciones de 2021. CxL debe estar convencido de unirse también”.

  El Comité Nacional de Emergencia podría minar a la pareja gobernante de cualquier legitimidad restante y alentar a la oposición a dejar de lado sus diferencias y trabajar por el bien común, pero las fracturas en la oposición durante las elecciones permitirían a Ortega eliminar el obstáculo del 35 por ciento en la primera ronda para ganar otro mandato sin una segunda vuelta.

“La plataforma del comité debería ser convincente y ofrecer más que una simple retórica anti-Ortega o llamados a volver a la democracia”.

  El Comité Nacional de Emergencia debería impulsar la política a seguir frente a la pandemia del coronavirus.

Acciones a mediano plazo

  El informe del Instituto Americano de la Empresa delineó acciones a tomar a mediano plazo, es decir, las que deberían comenzar en varios meses, las cuales tienen que ver con la orientación, la calibración, la focalización y la secuencia de la campaña de sanciones de EE. UU., las iniciativas de diplomacia regional, la actividad del Congreso de EE. UU. y el establecimiento de oficinas gubernamentales para encabezar estos esfuerzos.

  En este sentido, recomienda que Estados Unidos calibre sus sanciones en función de exigir normas para una elección libre y justa en Nicaragua, pues no es suficientes el nivel actual de presión para garantizar que Ortega conceda elecciones transparentes en 2021. “Además, hay un amplio apoyo en Nicaragua para más sanciones contra los funcionarios del régimen”.

  Berg cree que Estados Unidos debería aplicar más presión en forma de sanciones selectivas a personas clave para lograr alteraciones fundamentales en el entorno político interno de Nicaragua antes de las elecciones, como un nuevo liderazgo del Consejo Supremo Electoral, reiterar la esencialidad de los observadores electorales internacionales y nacionales, bajo los auspicios de la OEA, la UE, el Instituto Republicano Internacional o el Instituto Nacional Demócrata.

  Las sanciones también deben apuntar a garantizar que todos los nicaragüenses tengan derecho a votar, incluidos los más de 100 mil que se vieron obligados a huir. Se deben considerar candidatos tanto de Nicaragua como de la diáspora nicaragüense.

  Las primarias son el movimiento más estratégico para otorgar legitimidad a la oposición y disminuir la apatía política entre los nicaragüenses. Estados Unidos debe apuntar a garantizar la restauración de los derechos políticos básicos para todos los nicaragüenses, la liberación de todos los presos políticos, finalizar las detenciones arbitrarias y la disolución inmediata de los grupos paramilitares.

  Del mismo modo, el informe subraya que las sanciones deben tratar de garantizar un acceso equitativo al tiempo de los medios de comunicación para la oposición.

  Se alerta que estas reformas propuestas son consistentes con un memorando de entendimiento suscrito en 2017 —ya expirado—entre Ortega y la OEA bajo presión de los Estados Unidos y la Unión Europea, que lo llevó a reconocer la necesidad urgente de una reforma política y electoral.

  La OFAC debe sincronizar las sanciones con demandas de la oposición

  El informe refiere que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos debe apuntar, sincronizar y secuenciar sus sanciones con las demandas del momento para la oposición nicaragüense en el terreno para poder lograr los objetivos planteados por Ryan Berg.

  Según el investigador, es menester proporcionar a los funcionarios del régimen de Ortega una rampa de salida, a medida que la OFAC aumenta la presión. “Estados Unidos debería considerar emitir ultimátum con un calendario definido vinculado a una serie de reformas que brinden a los funcionarios de Ortega consecuencias muy definidas por su inacción”.

  La OFAC debe poner al descubierto los abusos de los derechos humanos en Nicaragua y Estados Unidos debe responsabilizar a los miembros del poder judicial directamente bajo el control de Ortega, involucrados en graves violaciones de los derechos humanos. “Estados Unidos también debe buscar designaciones contra alcaldes asesinos que son centrales para el control político del régimen a nivel local mediante la coordinación de las acciones de los grupos paramilitares (…) Estados Unidos debería sancionar a las figuras de alto nivel en el Ejército de Nicaragua, tanto en servicio retirado como activo”.

  Igualmente, el reporte recomienda a los EE. UU. a que su política de sanciones contra el ejército apunte a su fondo de inversión que es uno de los más rentables del país y mantiene amplias participaciones económicas en los Estados Unidos.

  Considera Berg que EE. UU. debe sancionar al propio Ortega bajo el ámbito de la Ley Global Magnitsky, pues este ha amnistiado a los agentes policiales violadores de derechos humanos. Las sanciones a Ortega podrían dividir aún más el matrimonio de conveniencia que gobierna el país.

Presionar una resolución en la OEA sobre elecciones en Nicaragua

  El informe de Ryan Berg cree que Estados Unidos debe movilizar a las naciones centroamericanas afectadas por la expulsión forzada de Ortega de más de 100 mil nicaragüenses, así como los países más involucrados en este tema para aprobar una resolución de la OEA.

  Una Sesión Extraordinaria bajo los auspicios del Artículo 20 representa una oportunidad para discutir una resolución hemisférica que debería establecer condiciones mínimas para una elección legítima en 2021, estableciendo un cronograma para las reformas electorales que va mucho más allá de lo acordado previamente por el régimen de Ortega.

  Las reformas deben iniciarse en 2020 para evitar cualquier reforma cosmética propuesta por el régimen de Ortega.

   La resolución debe centrarse en la deconstrucción de los restos del acuerdo político más sucio del país: el llamado El Pacto que son un conjunto de reglas electorales a la medida de los intereses de Daniel Ortega.

   Durante una reunión de cancilleres de izquierda y después de la renuncia del presidente boliviano Evo Morales por fraude electoral en octubre de 2019, Daniel Ortega enmarcó el uso de elecciones fraudulentas como una "herramienta revolucionaria" y advirtió que, si este instrumento falla, la lucha violenta está justificada para retener el poder.

   El informe establece que la resolución de la OEA debe prometer retener el reconocimiento del gobierno de Ortega en dos escenarios posibles: (1) en el caso de que Ortega posponga las elecciones y permanezca inconstitucionalmente en el poder y (2) en el caso de una elección robada en la que la OEA sospeche o descubre fraude significativo.

   El Congreso de los EE. UU. debe instar un aumento de las sanciones

  El informe del AIE requiere que el Congreso de los Estados Unidos debe aprobar resoluciones bipartidistas que llamen al Departamento del Tesoro a intensificar las sanciones y apoyar la creación de un enviado especial a Nicaragua en el Departamento de Estado.

  El Congreso también debe impulsar una resolución bipartidista sobre entidades específicas, individuos y puestos públicos que merecen un mayor escrutinio.

“Además, el Secretario de Estado, Mike Pompeo, debería pronunciar un discurso importante sobre Nicaragua, indicando claramente las expectativas mínimas del gobierno de Estados Unidos para elecciones libres y justas en Nicaragua. Tal declaración aclararía cualquier ambigüedad que el régimen de Ortega pudiera tratar de explotar con reformas electorales cosméticas y llamaría la atención de la comunidad internacional sobre la importancia de las elecciones generales de Nicaragua el próximo año”.

Designar un representante especial para Nicaragua

  Seguidamente, el informe de Ryan Berg dice que el Departamento de Estado y el Congreso deben asignar dinero para nominar a un profesional experimentado en política exterior para que se desempeñe en un puesto recién creado: representante especial en Nicaragua.

  Este funcionario es necesario porque los del Departamento de Estado carecen del personal dedicado exclusivamente a Nicaragua.

Acciones a largo plazo

Se trata de las acciones a implementar a principios de 2021.

 En primer término, se recomienda trabajar con base al incumplimiento de Nicaragua de la Carta Democrática Interamericana.

  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también publicó un informe y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos descubrió evidencia de asesinatos indiscriminados, arrestos por motivos políticos y la existencia de centros de tortura en Nicaragua.

  Alerta que si a mediados de 2021 no queda claro que las elecciones en Nicaragua deben ser libres y justas, se debería convocar una Sesión Especial extraordinaria de la OEA para debatir la posible expulsión de Nicaragua del organismo multilateral en virtud del Artículo 21 de la Carta Democrática.

Finalizar la participación de Nicaragua en CAFTA-DR

  El Instituto Americano de la Empresa refiere que una de las herramientas no sancionatorias de EE. UU. más fuertes y efectivas es el CAFTA-DR, del cual Nicaragua forma parte.

Con ella y con la Ley NICA, Estados Unidos puede reconsiderar y garantizar que sus acuerdos de libre comercio no sirvan como líneas de vida económicas para gobiernos cada vez más autoritarios.

El reciente crecimiento económico de Nicaragua se derivó en gran medida del CAFTA-DR y un acuerdo de asociación con la UE y, por tanto, Estados Unidos debe encontrar la base legal adecuada para amenazar la participación de Nicaragua en CAFTA-DR.

Es crucial mantener la participación constructiva del COSEP en el esfuerzo por derrotarlo en una elección libre y justa. Como se mencionó, COSEP rompió con Ortega después de los levantamientos de abril de 2018 y, desde entonces, ha prometido financiar candidatos de la oposición.

Derrotar a Daniel Ortega y a Rosario Murillo y sus compinches en Nicaragua requiere un esfuerzo considerable, delicadeza y organización, “especialmente en un país donde la presidencia se puede ganar en la primera ronda muy por debajo del apoyo de la mayoría”.

Justicia de Cabo Verde aprueba extradición de Álex Saab a los Estados Unidos

  La defensa ha dicho que apelará la decisión del Tribunal y que acudirá nuevamente al Tribunal Constitucional para evitar que sea enviado a enfrentar la justicia en la Corte del Distrito Sur de la Florida en Miami.

Por Maibort Petit

   Luego de la evaluación de las evidencias enviadas por el Departamento de Justicia norteamericano, un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones de Barlovento acordó autorizar la extradición a Estados Unidos del empresario colombo-venezolano Álex Saab, testaferro del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. La defensa del colombiano, considerado testaferro de Nicolás Maduro dijo este martes que la decisión fue tomada el 31 de julio pero les fue comunicada el 3 de agosto.

  En una declaración publicada por la agencia Europa Press, los abogados de Saab aseguraron que el acusado “estaba esperando la fecha de la audiencia prescrita por la ley en la que ejercer, con igualdad de armas, su derecho a la defensa” ante el Tribunal de Barlovento.

 La decisión de la justicia caboverdiana ha frustrado a los defensores de Saab, quienes no han escatimado esfuerzos por calificar el fallo de violatorio a los derechos del colombiano.

  Los representantes legales denunciaron que “El Tribunal de Barlovento ignoró el derecho del enviado especial Saab a un remedio efectivo y justificó erróneamente su desatención del documento de oposición de la defensa, declarando que la ley solo le permite revisar la solicitud de extradición por motivos limitados”.

  En ese sentido han señalado que el Tribunal de Barlovento decidió arbitrariamente, sin basamento legal, la extradición de Saab y su "entrega a los Estados Unidos por razones políticas", dijeron los abogados.

  La defensa sostiene que la autorización de extraditar a Saab “es sumamente perturbadora, no solo del ordenamiento jurídico interno, sino también del ordenamiento internacional, y especialmente del Derecho Humanitario y de los Derechos Humanos, que han sido groseramente eliminados, algo que no encaja con la incuestionable adecuación al sistema judicial de Cabo Verde”.

   Los abogados informaron que estaban “gravemente preocupados por el desconocimiento reiterado de las más elementales normas del debido proceso y del derecho a la defensa del señor Saab, que ve como se le está prejuzgando y condenando sin posibilidad de defensa alguna, lo que implica una actuación parcial”.

Nuevas acciones 

  La defensa anunció que apelará la extradición ante el Tribunal Supremo de Cabo Verde y, si tampoco prospera, “se presentará una solicitud de amparo ante el Tribunal Constitucional”. En cualquier caso, “el señor Saab se reserva las acciones judiciales locales e internacionales a que hubiere lugar para hacer efectivos sus derechos”, señalaron.

    Saab fue arrestado en Cabo Verde el 12 de junio cuando el avión privado en el que viajaba se detuvo en la isla africana. Tras su arresto, Venezuela dio a conocer un comunicado que advertía que Saab es venezolano, agente del gobierno y que portaba al momento de su detención un pasaporte diplomático.

  Los abogados de Saab informaron desde el inicio que apelarían todas las fases del proceso, y que en el marco de los lapsos que establecen los procedimientos que la defensa calculó en junio que podría durar entre 5 ó 6 meses.

  Por su parte, la fiscalía caboverdiana dijo, cuando comenzó el caso, que la resolución del proceso de Saab podría durar unos 45 días, aproximadamente. Aclaró que Estados Unidos contaba con 18 días desde la fecha del arresto para presentar formalmente la solicitud de extradición. La petición debe contener  las evidencias que la sustentan para que los jueces evalúen las mismas y procedan a tomar una decisión, que también será apelable.




lunes, 3 de agosto de 2020

La DEA implementa un programa de extensión de comercio electrónico para combatir la producción de drogas falsificadas

Por Maibort Petit

  La Administración de Control de Drogas de EE. UU. informó a través de un comunicado que está desarrollando un programa de divulgación de comercio electrónico destinado a reducir la disponibilidad de presas [máquinas] que permiten hacer medicamentos falsos, a menudo mortales, en los Estados Unidos. Esta iniciativa dirigida por la DEA se enfoca en educar a los minoristas en línea sobre la venta de componentes utilizados en la producción de píldoras falsificadas, ilegales y mortales.
 Créditos: Administración de Control de Drogas de EE. UU. (DEA)

  Los minoristas en línea con frecuencia ofrecen artículos comúnmente utilizados en la fabricación de píldoras ilícitas, sin conocer las regulaciones y otras restricciones involucradas en la venta y posesión de estos artículos. Los ejemplos incluyen máquinas de tabletas reguladas, también conocidas como "prensas de pastillas"; dispositivos de encapsulación; punzones o "troqueles", que imprimen marcas y logotipos de marcas en la píldora a medida que se presiona; y productos químicos regulados utilizados para sintetizar drogas ilícitas. Las organizaciones de tráfico de drogas usan estas herramientas del comercio para producir píldoras falsificadas que se parecen mucho a las píldoras recetadas legítimas, pero a menudo incluyen fentanilo, heroína, metanfetamina u otras sustancias ilegales peligrosas.
 Créditos: Administración de Control de Drogas de EE. UU. (DEA)
"La DEA reconoce la importancia de los esfuerzos de colaboración entre el gobierno y el sector privado para combatir la crisis de las drogas que cobra más de 67,000 vidas estadounidenses anualmente", dijo el administrador interino Timothy J. Shea. 

"La DEA recomienda encarecidamente a todos los minoristas en línea que tomen los pasos necesarios para ayudar a interrumpir la fabricación ilícita de píldoras falsificadas peligrosas que son casi indistinguibles de los medicamentos recetados controlados", dijo Shea.

  La DEA está participando en una colaboración proactiva con compañías de comercio electrónico en línea que venden estos productos para enfatizar la importancia de salvaguardar estos componentes críticos y evitar que caigan en manos de los sujetos ilícitos. Además, la DEA está educando a las compañías sobre las regulaciones de informes apropiadas, que se requieren cuando se producen ventas o transferencias legítimas.
 Créditos: Administración de Control de Drogas de EE. UU. (DEA)
  Esta iniciativa de divulgación ha resultado en un diálogo con varios minoristas en línea para alentar el cumplimiento de las regulaciones y la restricción de la venta de estos productos. En particular, Amazon.com, Inc., ha sido recientemente el primero en prohibir todas las ventas de máquinas de tabletas y encapsuladores y punzones de píldoras desde su plataforma de ventas / en línea.