Bonistas aseguran en la corte de NY que Francisco Rodríguez, y los diputados Rafael Guzmán y Julio Borges, aseguraron que la emisión de bonos PDVSA 2020 no requería de la autorización de la Asamblea Nacional

Por Maibort Petit

@maibortpetit

  Una declaración jurada del representante de uno de los fondos de inversión que participó en el intercambio de deuda de los bonos 2017 a los PDVSA 2020, sostiene que la decisión de participar en la operación [que se realizó en octubre de 2016], se basó en conclusiones derivadas de las opiniones favorables del economista, Francisco Rodríguez [Torino Capital], y los diputados de Primero Justicia, Rafael Guzmán y Julio Borges. La comunicación de Xin Xu, de Ashmore Group del Reino Unido, forma parte de los documentos presentados por los tenedores de las notas 2020, [garantizadas por el 50.1 por ciento de las acciones de CITGO], que fueron demandados por los representantes del gobierno interino de Venezuela, quienes pidieron al tribunal federal de Nueva York, declarar los referidos instrumentos financieros "inválidos, ilegales y nulos por no contar con la autorización de la Asamblea Nacional".

  En la declaración de Xin Xu, residenciado en Londres y empleados de Ashmore Group, que posee algunos bonos PDVSA 2020 desde el 2016, se agregan una serie de comunicaciones que prueban las diligencias que hizo el fondo antes de participar en la oferta de intercambio de deuda de los bonos 2017 por los Bonos PDVSA 2020, garantizado por las acciones de CITGO.

     Esta demanda fue interpuesta por el gobierno interino en octubre de 2019, contra MUFG Union Bank y GLAS American LLC.

   Xu, quien trabaja para Ashmore desde octubre 2008 y maneja la cartera de los bonos soberanos y deudas de PDVSA desde 2012,  sostiene que PDVSA no pagó los bonos  PDVSA 2020 desde mayo 2019.

  Entre las responsabilidades de Xu estaba monitorear la situación política, económica y social que experimentaba Venezuela al momento de hacer la operación, para lo cual visitó a Venezuela.

  Xu explica en su declaración que a principios  de septiembre 2016, como parte de su trabajo de monitoreo, visitó Venezuela con otros individuos que trabajan para fondos de manejos de inversiones. "el viaje fue organizado por Francisco Rodríguez, un analista de Torino Capital".

  Xu advierte que Francisco Rodríguez los acompañó en todo el viaje. Xu describe a Rodríguez "como un economista venezolano con un amplio conocimiento de lo que ocurre en Venezuela".

  Dijo que durante su estancia en Venezuela "se reunieron con oficiales del gobierno, figuras políticas de la oposición, abogados, economistas y expertos conocedores de la situación política, legal, de negocios y de economía del país".

  Al momento de ese viaje, dijo, Ashmore Funds era el tenedor beneficiario de los bonos 2017,  "no había ningún pronunciamiento oficial relacionado con el intento de PDVSA de ofrecer un intercambio de las notas. Aunque Xu dice que había una especulación sobre el posible cambio que podría envolver una nueva deuda asegurada por las acciones de CITGO Holding Inc".

  Xu argumentó que "cuando estaba en Caracas tuvo una reunión con Rafael Guzmán, abogado de la Asamblea Nacional y miembro de Primero Justicia. Para ese momento, Guzmán era el presidente de la Subcomisión de Finanzas y Políticas Públicas, luego pasó a ser presidente de la Comisión de Finanzas".

  Xu, y el resto de los representantes de los tenedores de bonos, conversaron con Guzmán acerca del posible cambio de la deuda. Según explica, "Guzmán declaró que de acuerdo a la ley venezolana la deuda de PDVSA no tenía que ser aprobada por la Asamblea Nacional. Guzmán advirtió que PDVSA puede usar los activos en el exterior, incluyendo los de  CITGO Holding para garantizar la deuda sin aprobación del parlamento".

  "Guzmán declaró que era su opinión personal, y que sabía que era la interpretación mayoritaria, que Xu entendió, que era de la Asamblea Nacional".

  El testigo sostuvo que "en ninguna reunión en Venezuela, nadie sugirió que la nueva deuda  de PDVSA con la garantía de las acciones de CITGO era ilegal e inválida si no era aprobada por la Asamblea Nacional".

  Luego de su regreso a Londres, Xu dijo que "Francisco Rodríguez, el 16 de septiembre de 2016, dijo que representantes de la oposición aseguraban que no había dudas sobre la legalidad de los bonos de PDVSA eran intercambiados, no requerían de la autorización de la Asamblea Nacional".

  Sostiene que "el 16 de septiembre de 2016, PDVSA anunció el cambio de deuda que de las notas 2017 para ofertar las notas 2020 aseguradas por el 50.1 por ciento de las acciones de CITGO Holding".

  En su declaración jurada, Xu sostiene que "en septiembre de 2016, se enteró que había una preocupación en el mercado sobre la posibilidad que PDVSA iba haber un default la deuda pendiente". 

  Ashmore consideró un default de la deuda  de las notas 2017. En ese tiempo, las notas 2017 estaban activas y fue cuando se tomó la decisión y entendió que las notas 2017 iban a ser pagadas.

  Xu supo que previo al cierre de la oferta de intercambio de las Notas, el 28 de octubre de 2016, algunos diputados opositores expresaron que las Bonos 2020 no debían estar asegurados con las acciones de CITGO, y otros, hablaban que la Asamblea Nacional debía aprobar dicha deuda.

  Asimismo, planteó que luego entendió que hubo una resolución de la Asamblea Nacional concerniente a la oferta de intercambio de deuda del 27 de septiembre de 2016. "La resolución parlamentaria incluyó un llamado al presidente de PDVSA para que testificara en el parlamento, en la misma se rechazaba categóricamente que se garantizaran con las acciones de CITGO Holding". 

  Argumentó que se le informó que "el Parlamento habían pedido a la Fiscalía General de Venezuela una investigación de la transacción y a PDVSA que presentara el Plan de Deuda de la Asamblea Nacional. Esa resolución no declaró el intercambio de deuda ilegal ni inválido".

  Un día después de la resolución, Xu dijo que había recibido un reporte de Francisco Rodríguez con consistentes explicaciones sobre la resolución. 

  En la comunicación de Rodríguez, éste sostenía que la Resolución no declaraba la operación no era ilegal, y no criticaba el plano legal. Sostuvo que la resolución no era vinculante. Además señaló que la operación es claramente legal de acuerdo a los términos de la ley venezolana, citando el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Ley de Financiamiento de la Administración Pública requiere que la Asamblea Nacional apruebe los bonos que usan los activos del estado como colateral, el artículo 101 de la misma ley expresa excepciones  de esos requerimientos para PDVSA.

  Rodríguez aseguró que había hablado con los líderes de la oposición un día antes, incluyendo a los senior y ellos estuvieron de acuerdo que la operación era legal y que no requería de la autorización de la Asamblea Nacional. 

  "Rodríguez dijo además que desde su punto de vista, no tenía sentido que un hipotético nuevo gobierno no podría repudiar la oferta de intercambio de deuda porque era legalmente binding en Estados Unidos".

 "Francisco Rodríguez sostuvo en un email separado que la Resolución de la Asamblea fue publicada y que Julio Borges confirmó su opinión que, la deuda de PDVSA, no requería la aprobación de la Asamblea Nacional. Esto cuando Borges, actual comisionado de Asuntos Exteriores del gobierno interino de Juan Guaidó, era el presidente de la Asamblea Nacional en  2017".

  "La Resolución y los reportes de Francisco Rodríguez reafirmaron a Ashmore que la oferta de intercambio de deuda  no estaba sujeta a ser legitimada bajo la ley venezolana y basados en las conversaciones con los analistas, se acordó invertir en las notas" acota.

  Xu admitió que sabía que algunos analistas decían que había riesgo en las notas PDVSA 2020 pero no que eran inválidas.

  El 26 de octubre de 2016, comunicó que la deuda de PDVSA no requería la aprobación de la Asamblea Nacional al CEO de Ashmore y al CIO, Mark Coombs.

  Para ese momento, el intercambio de la deuda de las notas 2020 se haría por las leyes del Estado de Nueva York, y PDVSA informó que había un acuerdo.

  También hubo una circular de Hogan Lovells US LLP, que era el que iba a representar a PDVSA en la oferta en Nueva York.  "Esa circular no representaba riesgo y que la deuda era inválida por la ley de Venezuela".

  Xu supo que PDVSA, PDVSA Petróleo S,A y PDV Holding, INC, estaban representados en la operación de la oferta de intercambio de deuda, y que el bufete, Hogan Lovells no había identificado ningún riesgo legal, validez sobre la transacción.

  Igualmente, Ashmore hizo due diligence. "Como parte de la misma, Charlotte Henderson, abogado de Ashmore, habló con el consejero de PDVSA en Hogan Lovells sobre la operación, y Henderson no había investigado si los bonos 2020 cumplian con la ley venezolana".

  Incluye la declaración una referencia de una comunicación de Xu con Oscar Stephens de Hogan Lovells a Henderson, que dice que la transacción se regía bajo la ley de Nueva York, y el agente colateral se regía por la ley que hacía la operación legal.

  Basado en los elementos expuestos, Ashmore participó en el intercambio de deuda que fue cerrado el 28 de octubre de 2016. Advierte que Ashmore retuvo algunas bonos 2017 que no entraron en la oferta de los bonos 2020. Esas notas 2017 fueron pagadas en su totalidad.

  Xu aseguró que nadie en Ashmore creía que para el tiempo de la operación de los bonos, la transacción violaba ninguna provisión de la ley venezolana, y que había ningún riesgo sobre las notas o que eran inválidas. Si hubiesen sido advertidos por PDVSA o sus subsidiarias o por algún consejero legal que había un riesgo, o que eran  inválidas, no hubiesen participado en el intercambio.

PART 2 URGE LA DECONSTRUCCIÓN ¿ LA REVOLUCIÓN MOLECULAR DISIPADA EN EE....

PARTE 1 AMÉRICA LATINA Y LA DECONSTRUCCIÓN ¿ LA REVOLUCIÓN MOLECULAR DIS...

Conozca cómo ejerce el control Daniel Ortega sobre el pueblo nicaragüense

  El investigador Ryan C. Berg evalúa la política de dominio impuesta por el régimen autocrático del país centroamericano.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

  La política represiva impuesta por el régimen de Daniel Ortega sobre el pueblo de Nicaragua, se complementa con una serie de controles que le permiten el dominio de la sociedad del país centroamericano. En dicho control confluyen una serie de factores e instituciones que le sirven de basamento para imponer su hegemonía. Así lo da a conocer el investigador en estudios de América Latina del Instituto Americano de la Empresa (AEI, por las siglas en inglés de American Enterprise Institute) y profesor adjunto de relaciones internacionales en la Universidad Católica de América, Ryan C. Berg, en su informe “Restaurando la democracia en Nicaragua: intensificando los esfuerzos contra el régimen de Ortega-Murillo”, del que ya hemos referencia en entrega anterior.

   En la actualidad, la capacidad de resistencia y organizada de la sociedad nicaragüense, asegura el catedrático, se encuentra detenida debido a la represión, por un lado, como a la pandemia del Covid-19.

   La situación reinante ha alcanzado tales niveles de violencia que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha descrito a Nicaragua como un "clima de terror generalizado", pues la fuerza letal infunde terror en la población, mientras el régimen de Ortega se involucra en una política de "disparar a matar".

   Advierte el investigador, que este dominio implacable de Ortega sobre la sociedad nicaragüense ha sido posible por décadas, gracias a las alianzas políticas que ha establecido, dirigidas a debilitar a sus oponentes, dándole esto la oportunidad de instaurar un régimen hegemónico.

   Con suma astucia, Ortega ha impuesto —de acuerdo a palabras de la Comisión de la OEA en Nicaragua— "un patrón de control ejecutivo de gran alcance de las instituciones estatales", de tal manera que poca parte de la institucionalidad nicaragüense ha logrado evitar verse comprometida.

“En el estado, la mayoría de las instituciones nicaragüenses han tenido que reconciliarse de alguna manera con Ortega, o lo han hecho voluntariamente y se han convertido en pilares centrales de control de su régimen. Los cuerpos legislativos y judiciales, la policía y el ejército, la Iglesia Católica, el sector privado, los medios de comunicación e incluso los partidos políticos de oposición son cómplices, en diversos grados, en el continuo control del poder político por parte de Ortega”, asegura el informe.

   Ryan Berg sostiene que el control del poder de Daniel Ortega se sustenta en una combinación de factores e instituciones: “política clientelista, fuerte gasto social para su base de apoyo, préstamos generosos de instituciones multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), una antigua alianza con el poderoso sector empresarial del país (COSEP) y, al igual que el apoyo anterior que recibió de la Unión Soviética en la década de 1980, prodiga el financiamiento de líderes ideológicos de ideas afines, como Hugo Chávez de Venezuela y su sucesor, Nicolás Maduro”.

Control político

  Aunque entregó el poder en 1990, Daniel Ortega antes de ello llevó a cabo una serie de maniobras que le permitieron seguir actuando tras bastidores y, a la sombra, logró acumular músculo económico y militar, asegurándose suficiente fuerza y financiamiento en su papel de opositor.

   Durante 16 años fuera de la presidencia, Ortega corrompió a tres administraciones diferentes, evitando que la democracia se implantara por completo en todas las instituciones. Se infiltró en e manera de penetrar áreas clave del gobierno y continuar dictando los términos de hacer negocios en Nicaragua. Estaba, como bien lo dijo él mismo, "gobernando desde abajo" al promover disturbios estudiantiles y sindicatos sandinistas para intimidar al gobierno, al sector privado y a sus enemigos políticos.

   Advierte el informe de Berg que, a pesar de esto, “Ortega nunca atrajo apoyo más allá de su base sandinista”, obteniendo la victoria en 2006, con solo el 38 por ciento de los votos, como resultado de un sombrío acuerdo conocido como "El Pacto", aprobado por la Asamblea Nacional en 2000. Estos acuerdos permitieron llevar de 45 a 35 por ciento el umbral para alcanzar la presidencia de la república en la primera vuelta de las elecciones, siempre que el margen de victoria fuera al menos del 5 por ciento. Desde 1990 cuando había perdido la primera magistratura, Ortega no había podido superar del 35 por ciento su base de apoyo.

   Al triunfo de Ortega en enero de 2007, se sumó el del FSLN en la Asamblea Nacional, lo cual le dio carta blanca para instaurar una serie de cambios, entre ellos una nueva constitución. El nuevo texto fundamental de Nicaragua le abrió la puerta a la reelección presidencial consecutiva.

  Solamente en enero de 2014, se contabilizaron 97 enmiendas constitucionales con amplias consecuencias para las finanzas públicas, la responsabilidad de Ortega y la organización de elecciones, refiere el informe.

   Ryan Berg refiere que el fraude electoral también le aseguró un aumento de fidelidades en el seno de la Asamblea Nacional, dada la mayoría obtenida por el FSLN. Una misión de observación electoral de la Unión Europea declaró que las elecciones de 2011 fueron "opacas y arbitrarias". Por su parte, Ortega ganó el 72,5 por ciento de los votos.

   El dominio de Ortega sobre el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua también es evidente, donde se toman decisiones a la medida del oficialismo de Ortega. También se prohíbe la observación electoral nacional e internacional y, de manera descarada, se eliminó o restringió la participación del partido de oposición.

  En las elecciones generales de 2016, “el Consejo Supremo Electoral obligó a 16 legisladores opositores a abandonar sus escaños en la Asamblea Nacional, negó a observadores electorales independientes, despojó al principal candidato opositor Eduardo Montealegre de su partido político y permitió que Murillo se postule para vicepresidente, consolidando una familia dinastía similar a la de la dictadura de Somoza”.

  Sólo la presión internacional, ha permitido que Ortega admita hacer "importantes reformas electorales" al tiempo que excluye a la oposición de cualquier negociación.

Control Judicial

  Sostiene el informe de Bryan Berg que Daniel Ortega ha llenado al poder judicial con sus acólitos, lo cual es crucial para su perpetuación en la presidencia de la república.

 Una Comisión de la OEA sobre Nicaragua cuestionó la imparcialidad y la independencia de las instituciones judiciales de Nicaragua lo que convierte a este país en un "estado cooptado que es incompatible con el estado de derecho".

  Este control judicial, en conjunto con el control ejercido sobre el poder legislativo, permitió a Ortega su reelección indefinida y otorgándole el poder gobernar por decreto. También permitió a Rosario Murillo postularse para la vicepresidencia pese a la prohibición constitucional de que familiares de un presidente en funciones que se postulen para cualquier cargo.

  Asimismo, durante las protestas de 2018, el poder judicial cubrió a Daniel Ortega mientras encarcelaba descaradamente a manifestantes y miembros de la oposición y los procesaba por cargos falsos. Un informe reveló que los fiscales fueron intimidados y obligados a firmar cargos por casos que no tenían permiso para leer o revisar.

Control policial y paramilitar

  El reporte también cuenta a la Policía Nacional entre las instituciones bajo dominio de Daniel Ortega y asegura que este cuerpo de seguridad ha sido fundamental para su continuación en el cargo, pues con ella se asegura el control interno, reprime a los grupos de oposición, detiene ilegalmente a los ciudadanos ilegalmente e intimida a los políticos de la oposición.

   En junio de 2014 la legislatura aprobó una ley que depositó la responsabilidad de la Policía Nacional al Ministerio de Gobierno y confirió el control directamente al presidente como "comandante supremo".

   Subraya el informe de Berg que existen pruebas sólidas de que la Policía Nacional “ayudó a los paramilitares merodeadores que reprimieron brutalmente a la oposición nicaragüense en las protestas de abril de 2018. Cuando el GIEI, un grupo de trabajo de la OEA, observó graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua que alcanzaron el nivel de ‘crímenes contra la humanidad’, se refirieron específicamente a los paramilitares que operaban ‘en forma paralela y coordinada con la Policía Nacional’".

  Investigaciones periodísticas han determinado que el armamento utilizado por los paramilitares era de origen militar, lo que llevó al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a justificar eventualmente las sanciones designación para la Policía Nacional.

  Y agrega el informe de Berg: “El ex comisionado de policía Francisco Díaz admitió que los oficiales de policía, a instancias del propio presidente Ortega, construyeron una unidad paramilitar formal dentro de las fuerzas regulares cuyo comando central fue dirigido por el liderazgo del FSLN. Estas unidades fueron acusadas no solo de intimidar a los manifestantes sino también de infiltrarse en la oposición y pasar información personal del liderazgo a la dirección nacional de inteligencia”.

Control del Ejército nicaragüense

  La despolitización del ejercito implementada por Violeta Chamorro en la década de los 90 ha sido revocada por Ortega, quien desde su regreso en 2007 ha reimplantado la ideología sandinista en la fuerza militar.

   También Ortega “ha cooptado a altos oficiales con recompensas materiales y ha ampliado el papel y los recursos de los militares”.

   El jefe del ejército, general Julio César Avilés Castillo, quien ha permanecido en el cargo por más de una década, detuvo los esfuerzos para desmantelar los grupos paramilitares asociados con el ejército y ha negado reiteradamente la existencia de fuerzas paramilitares en Nicaragua.

Control del sector económico

  De acuerdo al informe, el control que ejercen Daniel Ortega y Rosario Murillo se extiende también al sector económico, a través del COSEP, el grupo empresarial más grande y poderoso de Nicaragua.

  Con este gremio Ortega hizo las paces a su regreso al poder en 2007 y el empresariado pasó por alto el fraude electoral, la represión y la corrupción, mientras el mandatario “Promocionó una filosofía política moderada y una nueva "flexibilidad" en sus posiciones marxistas. Ortega ya no hizo alarde de involucrarse en diatribas anti-estadounidenses y profesó un apoyo al comercio, la empresa privada y los principios fundamentales del capitalismo, como los derechos de propiedad privada. En lugar de fulminar contra las élites empresariales de Nicaragua, el retorno y la consolidación del poder de Ortega se basó en cortejar activamente el apoyo de las élites empresariales y, en muchos casos, en cooptarlos”.

  El COSEP revisas las leyes antes de ser aprobadas por la Asamblea Nacional para garantizar un clima comercial favorable para las élites del país.

 Sin embargo, estas relaciones dieron un vuelco después, especialmente desde la llegada de Rosario Murillo a la vicepresidencia, pues esta ha impuesto nuevas reglas y controla absolutamente todos los procesos. “La alianza recibió su golpe fulminante cuando Ortega propuso reformas a la seguridad social sin consultar primero al COSEP, que ahora afirma respaldar a la oposición de Nicaragua”.

Alianzas ideológicas y mecenazgo venezolano

  El informe de Ryan Berg sentencia que el régimen de Ortega recibió, entre 2008 y 2016, cientos de millones de dólares de Venezuela, constituyéndose como uno de los asociados más confiables del país suramericano en América Central. Se cxalcula que la ayuda venezolana, en ocasiones, llegó a cerca del 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) anual de Nicaragua.

“Entre 2008 y 2014, Venezuela transfirió entre $ 4 mil millones y $ 6 mil millones a Nicaragua, utilizando "pagos diferidos" en petróleo de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) para mover dinero a Albanisa, una subsidiaria propiedad de PDVSA bajo el control del FSLN. La generosidad de Venezuela es un pilar del régimen dictatorial de Ortega y reforzó su cleptocracia familiar, aunque el apoyo de Venezuela se está agotando debido al caos causado por su propio desmoronamiento político y económico”.

“Desafortunadamente, para los líderes empresariales y Ortega, cuando Venezuela comenzó a desmoronarse en 2015, su apoyo financiero pronto se agotó”.

Control de medios

  Finalmente, el informe hace referencia al control que el régimen de Ortega ejerce sobre sobre los medios de comunicación.

 Este control favoreció el silencio de la prensa frente a las irregularidades cometidas por Daniel Ortega y las instituciones bajo su egida.

  Freedom House ha señalado que el régimen de Ortega "participa en esfuerzos sistemáticos para obstruir y desacreditar a los críticos de los medios".

“Desde abril de 2018, el espacio para el periodismo crítico casi ha desaparecido. La pareja gobernante ha armado el término "noticias falsas" en su intento de silenciar a los medios impresos, completando su tan buscado dominio sobre los medios. La constitución de Nicaragua ahora limita las críticas a las figuras políticas a lo que es "constructivo" solamente”.

  Finaliza el informe alertando que Ortega, Murillo y el partido sandinista se han adaptado durante cuatro décadas de cambio en Nicaragua y han centralizado la autoridad alrededor de sí mismos y su partido político. “La pareja gobernante ha cultivado lazos verticales entre el pueblo nicaragüense y los líderes sandinistas y se presenta a sí mismos como padres benéficos de una nación, con sus caras sonrientes radiantes en las vallas publicitarias de todo el país. Mientras tanto, Ortega y Murillo consolidan el control político y acumulan riqueza y activos estratégicos en tierras, medios y energía”.

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