martes, 28 de julio de 2020

Luis Motta Domínguez y Eustiquio Lugo fueron designados públicamente ​​por EE. UU. por su participación en un esquema de soborno en Corpoelec

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   El gobierno de los Estados Unidos designó públicamente al ex Ministro de Energía Eléctrica de Venezuela y Presidente de Corpoelec, Luis Alfredo Motta Domínguez, y el ex Viceministro de Finanzas, Inversión y Alianzas Estratégicas de Venezuela para el Ministerio de Energía Eléctrica y Director de Adquisiciones de la empresa estatal, Eustiquio José Lugo Gómez por aceptar beneficios monetarios, incluidos sobornos y pagos irregulares, a cambio de adjudicar lucrativos contratos para el suministro de equipos a Corpoelec, y por la apropiación indebida de fondos púbicos para su enriquecimiento personal.
   En junio de 2019, el Departamento del Tesoro, en coordinación con el Departamento de Estado, sancionó a Lugo y a Motta por acciones en desmedro de la democracia en Venezuela, aplicando las facultades de la Orden Ejecutiva 13692.
  
  En un comunicado oficial, el Secretario de Estado Mike Pompeo informó que las designaciones anunciadas este martes se hicieron bajo la Sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, 2020 (Div. G, P.L. 116-94).

  Según la Sección 7031 (c), una vez que el Secretario de Estado designa a funcionarios de gobiernos extranjeros, junto con sus familiares inmediatos, por su participación, directa o indirecta, en una corrupción significativa, esas personas no son elegibles indefinidamente para ingresar a los Estados Unidos. Además de Lugo y Motta, el Departamento designa públicamente a los siguientes miembros de la familia de la familia inmediata de Lugo: Karina Isabel Carpio Bejarano, Luis Alfredo Motto Carpio y Nakary Marialy Motto Carpio; y los siguientes miembros de la familia inmediata de Motta: Yomaira Isabela Lugo de Lugo, Virginia Del Valle Lugo Lugo, Víctor Jesús Lugo Lugo y José Lugo Lugo.

   Pompeo dijo en un comunicado que "esta designación reafirma el compromiso de EE. UU. de combatir la corrupción en Venezuela. Estados Unidos continúa apoyando al presidente interino, Juan Guaido, la Asamblea Nacional elegida democráticamente, y al pueblo de Venezuela en su lucha contra la corrupción y por la restauración pacífica de la democracia y la estabilidad económica".  

  Advirtió que "el Departamento continuará utilizando estas autoridades para promover la responsabilidad de los actores corruptos en esta región y en todo el mundo". 

El caso de Motta Domínguez y Eustiquio Lugo

  El ex-presidente de Corpoelec, Luis Alfredo Motta Domínguez, y el director de adquisiciones de Corpoelec, Eustiquio José Lugo Gómez, fueron acusados en 2019 de haber participado en un esquema de corrupción y lavado de dinero que involucra contratos con la estatal de energía de Venezuela y empresas registradas en el Sur de la Florida. 

    El ex ministro  venezolano y el ex funcionario de la compañía de electricidad estatal fueron acusados de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Los dos exfuncionarios del régimen chavista habrían recibido sobornos a cambio de entregar contratos de Corpoelec a empresas con sede en los Estados Unidos. 

  La acusación contra Motta Domínguez y Eustiquio Lugo, se produjo luego que los dos contratistas que recibieron los contratos se declararon culpables, por conspirar para violar la FCPA en relación con el esquema de pago corrupto en Corpoelec.

  La acusación alega que a partir de enero de 2016 y alrededor de diciembre de 2018, Motta y Lugo conspiraron con otros para lavar el dinero proveniente de un esquema de soborno ilegal hacia y desde cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida. 

   Los fiscales federales alegan que Motta y Lugo otorgaron a tres empresas con sede en Florida más de $ 60 millones en contratos de adquisición con Corpoelec a cambio del pago de sobornos.

   La acusación sostiene además que la actividad ilegal y que el esquema de soborno violó la FCPA e implicó delitos de coimas contra Venezuela. 

  Según los cargos, una parte sustancial de los ingresos de los contratos corruptos se lavó a través de instituciones financieras de EE. UU., utilizando cuentas bancarias ubicadas en el Distrito Sur de Florida.

Los dos contratistas se declaran culpables

   El 24 de junio de 2019, Jesús Ramón Veroes, de 69 años, de Venezuela, y Luis Alberto Chacín Haddad, de 54 años, de Miami, Florida, se declararon culpables ante la juez federal de distrito  dur de la Florida, Cecilia M. Altonaga, de un cargo de conspiración para violar varias disposiciones de la FCPA. 

   Veroes y Chacín serán por la juez Altonaga el 4 de septiembre de 2020.

  Según lo confesado en sus declaraciones de culpabilidad, Veroes y Chacín acordaron entre sí y con otros co-conspiradores realizar pagos corruptos a funcionarios extranjeros en Corpoelec a cambio de la adjudicación de contratos de adquisición a empresas con sede en Florida. 

  Según los términos de sus acuerdos de declaración de culpabilidad, se requerirá que Veroes y Chacín pierdan al menos $ 5.5 millones en ganancias de los contratos obtenidos de forma corrupta, así como de bienes inmuebles en el área de Miami.

  Este caso fue investigado por DEA Miami con asistencia de la Oficina de Investigaciones Criminales del IRS de Miami y la Oficina de Campo del Miami del FBI. 

  El fiscal federal adjunto Michael B. Nadler del distrito sur de Florida, el abogado litigante John-Alex Romano de la sección de fraude de la división criminal y el abogado litigante Joseph Palazzo de la sección de lavado de dinero y recuperación de activos de la división criminal están procesando el caso.

  La Sección de Fraude es responsable de investigar y procesar todos los asuntos de la FCPA. Puede encontrar información adicional sobre los esfuerzos de cumplimiento de la FCPA del Departamento de Justicia en www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa.

Ex Procurador: Control previo de la AN sobre contratos de CITGO es inconveniente a los intereses de Venezuela

   En una comunicación dirigida al diputado Elías Matta, José Ignacio Hernández, advirtió que el control previo de la AN sobre CITGO favorecería las tesis argumentadas por los acreedores de PDVSA que reclaman los activos de CITGO como compensación de pago.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  El 12 de junio de 2020, [cuando ya había renunciado a su cargo -28 de mayo de 2020- pero aún se desconocía la decisión], el ex-procurador Especial de la República Bolivariana de Venezuela designado por Juan Guaidó, José Ignacio Hernández G., remitió una comunicación con carácter “privado y confidencial”, identificada con el código PER-477, al diputado Elías Matta, presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional en respuesta a los planteamientos formulados por la fracción parlamentaria de Primero Justicia en fecha 8 de junio de 2020.
   Hernández expuso en la misiva sus conclusiones jurídicas relacionadas con el alcance de las potestades de control de la Asamblea Nacional sobre PDV Holding, Inc. y sus empresas filiales.

  Advierte, como ya lo ha hecho ese despacho en ocasiones anteriores, que las normas que establecen el control previo de la Asamblea Nacional sobre contratos públicos no aplican a CITGO, en función al carácter territorial de las normas del Derecho Público venezolano.

  El ex-procurador indica que las conclusiones se elaboraron atendiendo cuatro aspectos jurídicos, a saber, (i) el rango legal del Estatuto que rige la transición a la democracia y su incidencia en las normas de Derecho Público aplicables al control previo de contratos públicos; (ii) el contenido del Estatuto y las referidas normas de Derecho Público; (iii) las razones jurídicas por las cuales los negocios jurídicos de CITGO no se someten al control previo de la Asamblea Nacional; y (iv) las consecuencias que tendría extender dicho control a CITGO, desde la perspectiva de la estrategia de protección de activos prevista en el Estatuto.

Seguidamente se desarrolla dicha argumentación:

Rango jurídico del Estatuto

   José Ignacio Hernández acota que el Estatuto que rige la transición a la democracia es una ley dictada por la AN con fundamento en su potestad legislativa. Dicho estatuto desarrolla el artículo 333 de la Constitución respecto de la transición a la democracia basada en la estricta aplicación del artículo 233 de la carta magna.

  Su condición de Ley Especial a hace prevalecer por leyes generales, pero no tiene rango constitucional, ni puede modificar a la Constitución. Tal carácter especial del Estatuto deriva del artículo 333 constitucional, pero siempre, como acto de ejecución directa de lo que la Constitución dispone.

  Se remite a lo afirmado por el Román Duque Corredor: “el Estatuto de Transición es un acto parlamentario normativo de ejecución directa de la Constitución, conforme el artículo 333 para restablecer su vigencia ante su derogación de hecho y para encauzar la transición democrática”.

  En ejecución del artículo 333 de la Constitución, la Asamblea Nacional puede dictar otros actos, es decir, sirve para desarrollar la transición democrática, y específicamente, para el cese de la usurpación.

  En materia del control que la Asamblea Nacional puede ejercer sobre CITGO, el procurador refiere que el marco aplicable a dicho control parte, primero, de lo dispuesto en la Constitución, y segundo, de lo que pueda disponer el Estatuto como Ley especial en la materia.

Regulación del Estatuto

  El ex-procurador especial pasa al segundo aspecto jurídico que sustenta sus conclusiones y subraya que el Estatuto no establece ninguna regulación en cuanto al control parlamentario sobre contratos celebrados por CITGO y, por ello, estableció en su artículo 34, un régimen especial para la designación de la junta administradora ad-hoc de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), con el propósito de remover a los administradores de CITGO designados por el régimen de Nicolás Maduro y lograr, en ese ámbito, el cese de la usurpación.

   Sobre dicho artículo 34 se redactó en atención a lo acordado con el Departamento del Tesoro que condicionó la exclusión de CITGO de las sanciones, en tanto se pudiera remover a los administradores de Maduro en la filial.

   La intención del artículo 34, fue regular el procedimiento especial para la designación de los administradores de CITGO y el rescate de su autonomía, no el control sobre contratos suscritos por la filial de PDVSA en Estados Unidos.

Negocios de CITGO no se someten al control previo de la AN

  El tercero de los fundamentos jurídicos de las conclusiones del ex-procurador Hernández, quien alerta que, aunque la fracción parlamentaria de Primero Justicia no alude el tema directamente en su comunicación, se infiere que la norma que permitiría invocar el control previo de la Asamblea Nacional sobre los contratos suscritos por CITGO es el artículo 150 constitucional, que regula a los contratos de interés público nacional.

  Sin embargo, advierte que el citado artículo 150 solamente aplica a los contratos de interés público celebrados por la administración pública y CITGO no puede considerarse parte de ella, pues es una sociedad mercantil constituida y domiciliada en el extranjero. Las normas de Derecho Público, entre los que se cuenta el Estatuto, aplican únicamente territorialmente, aun cuando generen efectos colaterales en el extranjero. De acuerdo a lo que las cortes de Estados Unidos han interpretado.

  Subraya que el principio de territorialidad “ni ha sido modificado en el Estatuto, ni podría ser modificado por éste. Tampoco el Estatuto modifica, ni podría hacerlo, el artículo 150 constitucional. Por el contrario, el Estatuto ratifica la vigencia del control de la Asamblea sobre la Administración Pública (artículo 14, que remite al artículo 187.3 constitucional), lo que quiere decir que el control de la Asamblea Nacional en contratos de interés públicos se rige por el artículo 150 constitucional”.

Consecuencias de extender el control de la AN a CITGO

  El cuarto fundamento esgrimido por el procurador especial de Venezuela es una alerta acerca de las consecuencias que traería extender el control previo de la Asamblea Nacional a los contratos suscritos por CITGO.
  Destaca que tal acción podría generar consecuencias adversas a la estrategia de protección judicial de CITGO, en contra de lo dispuesto en los artículos 15 y 34 del Estatuto.

  Destaca que, primeramente, se le daría razón al argumento que han invocado los tenedores del Bono PDVSA 2020 y sus asesores, quienes se han opuesto al refinanciamiento de la deuda de CITGO al pretender que sea ésta quien asuma el pago del inconstitucional del citado bono de la estatal petrolera venezolana.

  En segundo lugar, Hernández alerta que el control previo de la AN sobre contratos de CITGO favorecería la tesis del alter-ego que sostiene que si el Gobierno Nacional (lo que incluye al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo) controla a CITGO en sus operaciones diarias, existiría un control político que permitiría invocar dicha tesis.

  Para finalizar, el ex-procurador especial, José Ignacio Hernández, advierte que este análisis “se centra sólo en el control previo de la Asamblea Nacional con base en el artículo 150 de la Constitución, pero deja a salvo los otros mecanismos de control posterior que puedan implementarse sobre PDV Holding, en previsión a las normas de la Ley contra la corrupción”.


lunes, 27 de julio de 2020

PDVSA ad hoc justificó el incremento de nuevo endeudamiento de CITGO por la alta oferta presentada en el mercado

   En una comunicación PDVSA ad hoc informó que el proceso de refinanciamiento de la deuda CITGO 2021 pasó de USD 750 millones a USD 1.125 millones.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  El 15 de junio de 2020, Luis Augusto Pacheco Rodríguez, presidente de la Junta Administradora ad hoc de PDVSA, le remitió una counicación al diputado, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, para infornar acerca del refinanciamiento de la deuda que se conoce como CITGO 2021, la cual inicialmente se estableció en USD 750 millones, pero que se incrementó a USD 1.125 millones, supuestamente para aprovechar la gran oferta que se presentó.
  En primer lugar, Pacheco refiere que hasta el momento de la remisión de la carta, habían mantenido contactos para tratar el tema com la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, el 3 y el 10 de junio de 2020; con el diputado Óscar Ronderos, el 9 de junio de 2020; y con el grupo político del centro de Gobierno, el 8 de junio de 2020. Igualmente, el Procurador Especial mantuvo contacto con el parlamento para responder las inquietudes de índole legal.

El proceso

 Pacheco procede a realizar un recuento de los hechos que precedieron el endeudamiento, citando primeramente, una comunicación confidencial enviada el 8 de mayo de 2020, en la que se informó que la junta directiva de CITGO Petroleum Corporation siguió la recomendación de la gerencia y, por tanto, auorizó adelantar el proceso de refinanciamiento del OPCO TLB (CITGO 2021).

   Luego, el 21 de mayo de 2020, durante una reunión de rendición de cuentas de CITGO a la Junta Administradora ad hoc de PDVSA, la gerencia mostró su perfil de liquidez y deuda y concluyó la necesidad de considerar el refinanciamiento del OPCO TLB (CITGO 2021), antes de que pasara a ser considerada como pasivo corriente.

  Se estimó que se debía aprovechar la reapertura del mercado financiero, cerrado desde marzo por la pandemia del Covid-19.

   El 2 de junio de 2020, CITGO anunció el comienzo del proceso de colocación de notas por un valor de USD 750 millones.

   En la misma fecha, CITGO informó que había obtenido un monto de capital agregado de USD 1.125 millones al 7.00 por ciento, con bonos garantizados con vencimiento en 2025, en una oferta privada exenta de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933. El monto inicial de la oferta se había incrementado con respecto a lo anunciado previamente y se esperaba para el 9 de junio, cuando tuviera lugar el cierre de la transacción.

   Finalmente,  el 9 de junio de 2020, CITGO informó que se había completado el proceso de refinaciamiento exitosamente anunciado para cancelación del préstamo a plazo B con vencimiento en 2021 (CITGO 2021).

  La oferta privada fue de USD 1.125 millones de monto principal agregado de pagarés senior garantizados con vencimiento en 2025 al 7 por ciento.

El financiamiento

  Pacheco Rodríguez le explicó a Guaidó, que en Estados Unidos hay dos tipos de ofertas de bonos/notas, a saber, las ofertas públicas y las ofertas privadas. Las primeras, requiere del registro en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), lo cual es un proceso que puede demorarse

 Las ofertas públicas obligan a la presentación de informes periódicos ante la SEC de forma pública, un proceso que resultaría muy oneroso para CITGO.

 Entretanto, las ofertas privadas están exentas del proceso de registro y revisión de la SEC y solo pueden dirigirse a ciertos grupos de inversores más sofisticados, generalmente inversores acreditados.

  Refirió que las ofertas de la Regla 144A como la de CITGO están dirigidas a un subconjunto de inversores calificados llamados Compradores Institucionales Calificados. “Las ofertas como las de CITGO generalmente están estructuradas como ofertas de la Regla 144A, porque el mercado secundario para el comercio entre inversores que son elegibles para participar en las ofertas de la Regla 144A es más eficiente”.

jueves, 23 de julio de 2020

EE. UU. demanda a empresas por lavar dinero de entidades de Corea del Norte y violar las sanciones

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  El gobierno de los Estados Unidos demandó un grupo de compañías que fueron acusadas de haber lavado dinero para beneficiar a entidades sancionadas de Corea del Norte y busca confiscar más de $ 2.37 millones correspondientes a operaciones de las empresas demandas.
  La demanda alega que cuatro compañías lavaron dólares de los Estados Unidos en nombre de bancos norcoreanos sancionados. Según la queja, los bancos de Corea del Norte utilizaron estos fondos lavados como parte de un esquema para adquirir bienes para el régimen de Corea del Norte, así como para acceder ilegalmente al mercado financiero estadounidense.

   Las compañías que supuestamente formaban parte de un plan para lavar pagos a entidades sancionadas son: 
 1) Velmur Management Pte. Ltd. (Velmur), que el Departamento del Tesoro sancionó por la adquisición de productos rusos derivados del petróleo para Corea del Norte; 
 2) Dandong Zhicheng Metallic Material Co. (Dandong Zhicheng), que el Departamento del Tesoro sancionó por comprar carbón de Corea del Norte, y luego, a su vez, lavó el producto de la venta para comprar artículos para Corea del Norte, incluidos componentes nucleares y de misiles; 
3) Múltiples sucursales del banco de Comercio Exterior de Corea del Norte, que el Departamento del Tesoro sancionó por facilitar las transacciones en nombre de los actores vinculados a la red de proliferación de Corea del Norte.

  "El Departamento de Justicia ha interrumpido repetidamente los intentos ilícitos de Corea del Norte de acceder al sistema financiero estadounidense", dijo el Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional, John C. Demers. "Continuaremos haciéndolo mientras el gobierno de Corea del Norte mantenga sus actividades desestabilizadoras y peligrosas para el mundo".

"Esta demanda ilumina cómo una red global de lavado de dinero se coordina con compañías de fachada para mover el dinero de Corea del Norte a través de los Estados Unidos y violar las sanciones impuestas por nuestro gobierno a Corea del Norte", dijo el fiscal interino Sherwin. "Este caso demuestra que usaremos todas las herramientas en la cartera de nuestra Unidad de Financiación de Amenazas para apuntar a compañías que dañan la seguridad nacional de EE. UU., independientemente de dónde estén haciendo negocios".

  "El FBI, junto con nuestros socios nacionales e internacionales, continuará priorizando y dedicando los recursos necesarios para investigar y combatir a aquellos que están ayudando a Corea del Norte a evadir sanciones al proporcionar acceso ilegal al sistema financiero de los Estados Unidos, en contra de nuestros intereses de seguridad nacional". ", dijo Emmerson Buie, Jr., Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo del FBI en Chicago.

  "El descubrimiento de esta organización criminal transnacional es el resultado de las agencias internacionales de aplicación de la ley que trabajan juntas en interés de la seguridad nacional", dijo Eric Balliet, Agente Especial Adjunto a Cargo, HSI Denver. "HSI continuará aprovechando nuestra autoridad internacional única para proteger a Estados Unidos de las compañías que hacen negocios con Corea del Norte".

  La demanda fue presentada el 23 de julio de 2020 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Según la queja, los bancos designados de Corea del Norte usaron las cuatro compañías para hacer y recibir pagos en dólares estadounidenses a / de compañías frontales de Corea del Norte.

  El Panel de Expertos de las Naciones Unidas informó que los bancos norcoreanos han podido evadir las sanciones y continuar accediendo al sistema bancario internacional. Específicamente, a pesar de las sanciones financieras fortalecidas, las redes de Corea del Norte se adaptan utilizando un mayor ingenio para acceder a los canales bancarios formales. Esto incluye el mantenimiento de cuentas bancarias corresponsales y oficinas de representación en el extranjero que son atendidas por ciudadanos extranjeros que utilizan compañías de fachada. Estas amplias redes entrelazadas permiten a los bancos de Corea del Norte realizar actividades ilícitas de adquisición y banca. La queja alega la actividad de las cuatro compañías que sigue este paradigma.

   Este caso está siendo investigado por la Oficina de Campo de Chicago del FBI y la Oficina de Colorado Springs de HSI. 

  Los fiscales adjuntos que atienden esta demanda son: Zia M. Faruqui y Brian P. Hudak, y el abogado litigante de la División de Seguridad Nacional, David C. Recker.


Documento prueba cómo una empresa petrolera de Trinidad viola las sanciones de EE. UU. contra PDVSA

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Un certificado emitido el 10 de julio de 2019, por la petrolera estatal de Trinidad y Tobago, Hermitage Petroleum Company LTD, evidencia cómo el país caribeño, miembro de CARICOM, ha violado las sanciones impuestas por  el gobierno de los Estados Unidos a quienes establezcan negociaciones con Petróleos de Venezuela S.A. y con el régimen de Nicolás Maduro. 
  El documento informa acerca de la transportación de 830 mil barriles de crudo desde Trinidad hasta China. Las características expresadas en  el documento coinciden con el esquema que diseñó y organizó desde  mediados de 2019, por parte de la antigua directiva de PDVSA, [encabezada por el general Manuel Quevedo y el vicepresidente de Finanzas de PDVSA, Fernando de Quintal] para violar las sanciones del Departamento del Tesoro. 

  Los cabecillas de la petrolera estatal pagan a terceros los BOL (Bill of Landing) o guías de carga, que son los documentos legales emitidos por la naviera [o el capital del buque] a un remitente donde se detalla el tipo, la cantidad y el destino de las mercancías transportadas,  en las condiciones consignadas.

  Según fuentes internas de PDVSA, consultadas por Venezuela Política en calidad de anonimato, los encargados de ejecutar el esquema, "han pagado entre $200.000 a $300.000 por cada guía de carga (BOL) y de esa forma han salido más de 11 cargamentos".

Trinidad y las sanciones

     Trinidad y Tobago ha violando las sanciones  en varias oportunidades. El escándalo más reciente fue la gasolina proveniente de Estados Unidos que se vendió a una de las empresas pertenecientes al empresario Wilmer Ruperti.

      El 28 de marzo de 2020, [un día después de la visita de la visita de la vicepresidente venezolana, Delcy Rodríguez, a Trinidad, acompañada por el actual presidente PDVSA, Asdrúbal Chávez], la empresa Paria Fuel Trading Company, una petrolera estatal trinitaria, recibió un pedido de 150 mil barriles de gasolina de parte de ES Euro Shipping SA.

    La empresa, registrada en Suiza y propiedad de José Guillermo Ruperti, hijo del empresario chavista, Wilmer Ruperti, requería la compra de 100 mil barriles de gasolina de 95 octanos y 50 mil de 92 octanos, cuyo destino final sería la isla de San Eustaquio, en las Antillas menores. San Eustaquio es un destino común de las exportaciones petroleras de Trinidad y Tobago.

   Por ser la primera transacción entre ambas empresas, Paria requirió un due diligence sobre Euro Shipping. Los documentos fueron entregados el 7 de abril, junto a un informe crediticio favorable de la británica Graydon.


   La investigación concluyó en que no había problemas para realizar la venta y fue así como el 12 de abril, Paria autorizó al barco de bandera liberiana, Aldana, a recoger el cargamento.

La venta de certificados de origen

     Trinidad y Tobago también renta sus tanques de almacenamiento para llenarlos con crudo venezolano, y luego venderlo con certificado origen de Trinidad. "Para este trámite usan la empresa Heritage Petroleum Compañy LTD", sostiene la fuente.

      El 30 de noviembre de 2018, cuando Petrotrin fue cerrada con la refinería más grande del país, [luego de 101 años en funcionamiento] se dividió en dos empresas: Paria para productos (que en líneas generales fue la que vendió la gasolina a Wilmer Ruperti) y Heritage Petroleum Company LTD para crudos ( que es la que corresponde al documento que presentamos como prueba en esta nota).
       
       La fuente explica que el calado de puerto de Trinidad soporta barcos de 800.000 barriles, de allí la cantidad de carga que se especifica en la evidencia presentada. "Muchas veces, se carga el crudo en Jose, Venezuela y Trinidad le vende a PDVSA el Bill of Landing (BOL) por $300.000 cambiándole el origen al crudo".

   La referida fuente sostiene que el esquema fraudulento fue montado por los agentes del régimen para manipular el sistema. "Han habido casos en que los involucrados compran los BOL o certificados de carga a Surinam y a Trinidad y Tobago por  USD 10 mil por unidad, y luego los venden a las compañías transportistas de petróleo venezolano hasta por USD 300 mil por cada BOL. Después, las empresas entregan el crudo en las refinerías internacionales con el origen cambiado a Surinam o Trinidad".

  Venezuela Política publicó en diciembre de 2019 documentos oficiales de la estatal petrolera venezolana que muestran como, Fernando Manuel De Quintal Rodríguez y el entonces presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, acordaron con representantes de Vitol, Reliance, Trafigura, Novum y Tipco, llevar a cabo operaciones de compra-venta de crudo venezolano mediante empresas de maletín que, en el caso que la documentación que en esta entrega damos a conocer, sería Distribuidora Usam 1441 C.A., se realizarían los pagos a terceros según lista de facturas suministradas por la empresa venezolana.

   Vale destacar que  Distribuidora Usam 1441 C.A., no aparece en los directorios empresariales formales, carece de página web y no aparece registrada en la lista de provedores a la que tuvo acceso Venezuela Política.

El certificado de exportación

  Un certificado emitido el 10 de julio de 2019 e identificado con el código Nº COOO20199062786653, da cuenta de una orden de la empresa Hermitage Petroleum Company LTD, con sede en Trinidad y Tobago, para transportar 830 mil barriles de crudo hasta China.

  Como consiganatario figura la Distribuidora Usam 1441 C.A., ubicada en Caracas, Venezuela.

  El crudo fue transportado en el buque tanquero “Mt. Alborán” que partió del Puerto de Pointe A Pierre.

Sobre HPC

  Hermitage Petroleum Company LTD es, de acuerdo a lo reza su página web, una empresa estatal de petróleo y gas de Trinidad y Tobago que tiene como objetivo la exploración, desarrollo, producción y comercialización de petróleo crudo. Las operaciones de la compañía se desarrolla principalmente en el sur de Trinidad y Tobago con activos no operados en la costa norte y este de Trinidad.

   La junta directive la integran: Michael AA Quamina (presidente); Reynold Ajodhasingh (vicepresidente); Peter Clarke, Newman George, Joel Harding, Selwyn Lashley, George Leonard- Lewis, Reza Salim y Ryan Toby.

  La misma página informa que su sede se encuentra en 9 Queens Park West, Puerto España, Trinidad[2].

   Venezuela Política intentó comunicarse con Hermitage Petroleum Company LTD, pero hasta el cierre de esta nota no logramos obtener algún vocero para responder a nuestras preguntas.

CITAS

[1] Venezuela Política. “¿Cómo funciona la estructura del régimen de Venezuela para violar las sanciones impuestas por EE. UU. y sostenerse en el poder?”. 18 de diciembre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/12/como-funciona-la-estructura-del-regimen.html

[2] Hermitage Petroleum Company Limited. https://heritage.co.tt/

miércoles, 22 de julio de 2020

En Miami, Venden por $ 12.25 millones la mansión que perteneció a Samark López Bello, testaferro de El Aissami

 Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Los federales alegan que Samark José López Bello participó en actividades de narcotráfico.

   Una nota publicada en el portal The Real Deal  informa que la mansión que perteneció al presunto narcotraficante, Samark López Bello, acusado por los Estados Unidos de ser el testaferro Tareck El Aissami, fue vendida por USD 12 millones. 

   The Real Deal sostiene: "Cuando un supuesto líder de un narcotraficante necesitaba un lugar para estacionar su dinero en 2016, Samark José López Bello eligió un hogar apropiado: una finca palaciega blanca en Coral Gables con un sorprendente parecido con la mansión de Tony Montana en "Scarface".

   "Ahora, más de cuatro años después, después de que el gobierno federal confiscó sus activos, el gobierno vendió la propiedad costera de 15,000 pies cuadrados de López Bello en 325 Leucadendra Drive por $ 12.25 millones. 777 Florida Properties LLC, dirigida por Steven Lempera, presidente de Future Environmental, compró la casa, según muestran los registros".

  López Bello es un fugitivo de alto perfil y es el supuesto testaferro del líder de Tareck Zaidan El Aissami, ex vicepresidente de Venezuela y presunto narcotraficante, según el gobierno federal. López Bello presuntamente proporcionó asistencia y apoyo financiero para las actividades de narcotráfico cometidas por El Aissami.

   López Bello compró la mansión en Gables Estates de Coral Gables poco después de su construcción en 2015 por $ 16.5 millones, según los registros. Cuenta con nueve habitaciones y nueve baños y medio en 1.3 acres. La casa también cuenta con una piscina con vista al agua, según el listado. La mansión fue construida y propiedad del constructor de viviendas de Miami Sergio Pino.

   El Aissami también presuntamente coordinó los envíos de drogas a Los Zetas, un cartel mexicano de drogas, y brindó protección al narcotraficante colombiano, Daniel Barrera Barrera, según el gobierno federal.

   Gables Estates de Coral Gables y Cocoplum se han convertido en destinos populares para la supuesta actividad de lavado de dinero. En 2018, se incautaron dos casas de lujo en el área después de que funcionarios del gobierno alegaron que el magnate venezolano de la televisión Raúl Gorrín sobornó a funcionarios venezolanos para obtener acceso a la tasa de cambio de moneda fija especial del país.

  El sur de Florida ha sido un paraíso para la actividad de lavado de dinero de América del Sur y Central. La industria de bienes raíces tiene obligaciones mínimas requeridas para realizar la debida diligencia con respecto a compradores y vendedores o cuando se trata de informar actividades sospechosas.

Ver nota original aquí


Alberto de Filippis: El chavismo convirtió a Venezuela en el centro de corrupción más grande del hemisferio occidental

  El régimen corrupto de Nicolás Maduro ha penetrado la institucionalidad italiana, conformando estructuras que le son cómplices y le permiten mantenerse en el país europeo.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  A juicio del Alberto de Filippis, periodista y analista político italiano y especialista en el tema venezolano, la cleptocracia y la criminalidad que se ha impuesto en Venezuela con la llegada del chavismo al poder, han convertido a la nación suramericana en el foco de corrupción grande del hemisferio occidental. Refiere que la actividad criminal orquestada por el chavismo ha logrado complicidad, gracias a al financiamiento de grupos locales.  
   La conversación inicia comentando la información divulgada por el diario español ABC, la cual afirmaba que el chavismo financió con 3 millones y medio de euros al “Movimiento 5 Estrellas” de Italia, para formación y actividades políticas. Para ello, Nicolás Maduro, para 2010 canciller, autorizó la entrega de una maleta con el dinero en efectivo a través del consulado en Milán[1].

— Comencemos la conversación con el tema de la denuncia sobre el financiamiento del chavismo al “Movimiento 5 estrellas” en Italia.

— Sí. Me gustaría explicar brevemente qué es efectivamente el “Movimiento 5 estrellas”. En los años 2000, 2005, un cómico, Beppe Grillo, que había criticado mucho a los partidos en el poder, conformó un movimiento ciudadano integrado por profesionales especialistas en diversas áreas. Efectivamente, el cansancio de la gente frente a una política muy corrupta hizo subir increíblemente a este partido. Beppe Grillo trabajó junto a un ingeniero electrónico, Gianroberto Casaleggio, y crearon una plataforma, el “Movimiento 5 estrellas”, cuyo nombre hace referencia a los hoteles 5 estrellas que prestan un servicio de excelencia, en este caso a la nación. Incluso, los diputados del “Movimiento 5 estrellas” se nombran a sí mismos como trabajadores para los ciudadanos, como ciudadanos en el parlamento. Pero nosotros los periodistas nos preguntamos cómo se financian, cómo es posible que un movimiento ciudadano pueda estar por todos lados y tener una capacidad económica tan grande de un día para otro.

  Explica que Giovanni Favía, quien fue concejal de esa organización política en la región de Emilia-Romania, cuya capital es Bolonia, hizo referencia a un hecho que últimamente ha llamado la atención de las autoridades. Narra que hace unos años, desde la embajada venezolana lo llamaron para preguntarle cómo podían hacer para ayudar al “Movimiento 5 estrellas”. “Favia que para ese entonces solamente era un concejal, les dio a estas personas el número telefónico de Gianroberto Casaleggio, a estos emisarios del gobierno chavista. Desde entonces, el ‘Movimiento 5 Estrellas’ comienza a hacer mucha publicidad, a estar por todos lados, a organizar eventos públicos súper costosos con centenares de miles de personas por todos lados en lugares como Roma, Milán, Bolonia, Sicilia. Ahora se descubre que 3 millones y medio de euros llegaron a través del consulado venezolano en Milán, al Movimiento 5 Estrellas”.

  De Filippis refiere la respuesta que a este señalamiento le salió al paso, Antonio Di Pietro, otro político italiano que dijo que es imposible enviar maletines con este dinero, que la acusación no era más que un engaño. Sin embargo, el comunicador recuerda que “el chavismo siempre ha enviado cantidades incalculables de dinero público venezolano a todas partes para apoyar su propaganda. Recordemos el famoso maletín con USD 800.000 efectivo que fueron destinados para Cristina Kirchner en Argentina”.

  El periodista se remite a la actualidad para ilustrar esta penetración del chavismo en Italia y menciona el caso del expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, quien después de separarse de Nicolás Maduro, “vivió durante mucho tiempo en Roma con importantes contactos en el Vaticano. Lo mismo su cuñado, Baldo Sansó; su suegra, Hildegard Rondón de Sansó. Para ellos, Italia es una base para moverse por Europa”.

   Igualmente, Alberto de Filippis refiere el comentario de que PDVSA, al parecer, según todo parece indicar, continúa haciendo negocios con la petrolera italiana ENI, a pesar de las sanciones impuestas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Menciona que, en marzo de 2020, ENI habría enviado a Venezuela un buque cisterna para cargar el crudo de PDVSA. También hace mención a la detención de narcotraficantes venezolanos cercanos al régimen; el caso de corrupción de la compañía energética Derwick Associates, cuyo director, Alejandro Betancourt, tiene ciudadanía italiana; a Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de filiación chavista, quien intentó obtener la ciudadanía italiana por su matrimonio con una mujer de origen italiano, proceso que el gobierno detuvo, en razón de una protesta global de ítalo-venezolanos. EuroNews, el medio para el cual De Filippis trabaja, consultó al gobierno italiano si la solicitud fue rechazada o simplemente está detenida y, ni el ministerio de interior y ni el de exteriores, han querido contestar.

   “Lo que quiero explicar es que el problema de las relaciones entre el chavismo e Italia, es que los amigos del chavismo están por todos lados, es muy transversal, porque dentro en el Movimiento 5 Estrellas hay muchos amigos del chavismo. Lo triste es también que, al revés, en la derecha, por ejemplo, en la Liga Norte también hay muchos amigos del chavismo. Así tenemos que, mientras el secretario general de la Liga Norte, Matteo Salvini, ha dicho que Maduro es un delincuente, los diputados de la Liga en Bruselas nunca han votado a favor de implementar las sanciones en contra del régimen de Maduro. Me parece que juegan sucio, se podría decir, porque el líder del partido critica a Maduro, pero cuando se trata de votar y de efectivamente aplicar sanciones contra estos criminales, bueno, eso no pasa”.

— Has tocado temas interesantes. Están esos chavistas en Italia. La esposa de Álex Saab, quien es una modelo italiana, fue investigada por las autoridades por lavado de dinero a través de la inversión en propiedades inmobiliarias costosas. Ella, quien en estos momentos se encuentra en Caracas protegida por el régimen, es pieza clave en ese proceso contra Álex Saab en Cabo Verde. Como se sabe, el gobierno de ese país africano ha dicho que está dispuesto a extraditar Saab, considerado como testaferro de Nicolás Maduro por los Estados Unidos.  El régimen venezolano se ha negado y tratado de obstaculizar la extracción por diversas vías. Además, tenemos el caso de Rafael Lacava quien fue embajador de Venezuela en Italia y dejó una racha de noticias increíble, tal cual su personalidad es. Igualmente, Giancarlo Di Martino, quien fue cónsul en Milán, justo cuando se hace referencia a la entrega de esos millones de euros al Movimiento 5 Estrellas. Todo ellos hacen o han hecho vida allá, han invertido grandes cantidades de dinero en Italia.

— Sí, para que se entienda el escándalo increíble, la mujer de Álex Saab, una modelo de 25 años, en 2018, había declarado al fisco italiano 1.800 euros, más o menos USD 2.000, de ganancia en un año y después aparece como propietaria de un carro de lujo y de un apartamento en Via dei Condotti que es el corazón de Roma, cuyo valor es de casi 5 millones de euros.

  Advierte que el Movimiento 5 Estrellas tiene representantes que colaboran con cancillería del régimen venezolano y hacen lobby para que las decisiones de la ONU favorezcan a Nicolás Maduro.

   “Todo esto demuestra que el chavismo ha convertido a Venezuela en el centro de corrupción más grande del hemisferio occidental. Quiero aclarar que es el régimen de Nicolás Maduro el que es corrupto, no los venezolanos, quienes son víctimas, en todo caso, de lo que está haciendo esta cleptocracia, estos criminales. Ahora bien, no es solamente en política donde se dan estas relaciones, sino también en la criminalidad organizada. En Italia existen las cinco mafias más conocidas de Europa y una de ellas es N'drangueta, de la región de Calabria en el sur, esta es el cartel que se encarga de la distribución de la droga procedente de Venezuela, que opera en el sur del país, en el Arco Minero y tiene hombres e infraestructura en Caracas, en Nueva Esparta. N'drangueta trae la droga colombiana a través de Venezuela hasta Italia, valiéndose, entre otros, del puerto de Gioia Tauro”.

— ¿Qué hacen las autoridades italianas combatir esta situación? ¿Se está investigando, se están tomando algunas acciones o, simplemente, no pasa nada en razón de que existe algún tipo de asociación oscura?

— El problema es, como ya dije, que los amigos del chavismo están, efectivamente, por todos lados. Tal vez recuerden que hace unos dos años y medio, Nicolás Maduro, dijo que estaba haciendo negocios con la república de Italia y que había enviado a Italia cinco toneladas de coltán, un mineral muy costoso. Bueno, el negocio no lo hizo, ni con el partido comunista, ni con el “Movimiento 5 estrellas”, sino con el alcalde de Trieste del partido Forza Italia, que es el partido del exministro, Silvio Berlusconi, de centroderecha. Las autoridades venezolanas anunciaron también que harían inversiones muy importantes en la ciudad de Trieste, cuyo puerto está en situación de crisis. Así que al chavismo no le importa hacer negocios con todos, no le importa con quien, lo que importa es lavar dinero y ganar dinero para sustentar este sistema criminal.

  Explica que en Italia es obligatorio llevar a cabo la investigación luego de que se conoce un hecho que puede suponer un delito, no es optativo.

  En Italia, cuando hay un crimen, la justicia tiene que intervenir, tiene que investigar, lo están haciendo. “El problema es que cuando un partido está tan cercano del régimen venezolano y tiene personas poderosas dentro del gobierno, es entonces difícil, se dificulta”.

   Refiere que el hijo de Gianroberto Casaleggio, quien ha entablado una demanda por difamación contra el diario ABC, no ha podido desmentir la relación entre esa organización y el chavismo, toda vez que la denuncia está bien sustentada, porque el periódico tiene pruebas escritas. Sin embargo, “en Italia no ha pasado nada en Italia. Ese es el problema. La comunicación de los chavistas y de los pro-chavistas en Italia es muy buena y, desafortunadamente, hasta ahora, está funcionando”.

— Hemos visto poca actividad en Italia para determinar y evaluar el origen de los fondos que se invierten en el sistema financiero. Mencionó a Alejandro Betancourt de la empresa Derwick Associates, quien tiene una estela de denuncias en su contra relacionadas, no solamente con la expoliación de fondos provenientes de PDVSA y del erario público venezolano, sino también con la inversión en muchísimos países de Europa. Él vive actualmente en España, pero sabemos que mantienen inversiones a otros países. Dijo que tiene la nacionalidad italiana, lo que le facilita las cosas. También nos han informado de otros casos, de testaferros. La última vez que estuve en Roma me llevaron a ver edificios que, supuestamente pertenecen a la vicepresidenta y de otros personajes de alto nivel del régimen de Maduro. Entonces todo deja ver que no hay investigación o los amigos del régimen en Italia se hacen de la vista gorda o no les conviene que se investigue. Otro asunto que quiero que analice, es ¿hasta qué punto las autoridades anti lavado de dinero y contra el crimen organizado, pueden activarse para investigar a este tipo de criminales?

— Bueno, nosotros hemos tenido durante mucho tiempo una mafia que intentó, incluso, incursionar en la política creando un partido en Sicilia, en Nápoles y en el centro-sur de Italia. Al final, los líderes de estos grupos, de estos carteles, no quisieron cometer el mismo error que cometió Pablo Escobar. Entendieron que es mejor pagar a los políticos que jugarse el pellejo entrando en la política. ¿Qué hacen los jueces? Tenemos aquí en Italia investigadores que son muy buenos. ¿Cómo se descubre que alguien es un testaferro? Bueno, simplemente cruzando los datos. Por ejemplo, la señora Saab, de 24 años, era una mujer que no podía tener el nivel de vida que exhibía. Entonces los investigadores comenzaron a analizar la vida de esta persona. El problema es que son muchos los testaferros del régimen, pero hay que rastrear, no solamente a las personas que esconden muchos millones, sino también a las personas que esconden dos millones o cinco millones, que invierten, por ejemplo, en restaurantes o en propiedades inmobiliarias. Por otra parte, nosotros pertenecemos a la Unión Europea, que es un área de libre comercio, una persona de Italia puede invertir en Francia o en España. Entonces las inversiones de los testaferros se pierden, el dinero se puede esconder mejor. Además, la facilidad que se tiene para invertir de un país a otro, no se tiene a la hora, por ejemplo, de investigar desde Italia una inversión hecha en España, pues se requieren permisos y muchos papeles.

— Retomemos el tema sobre las negociaciones que se mantienen entre la empresa petrolera ENI y el régimen de Nicolás Maduro y que se han disfrazado de distintas maneras. Recientemente vimos unos documentos en los que decían que ellos no están violando las sanciones, sino que están entregando combustible para pagar deudas, pero las fuentes de PDVSA me dicen que no es así, sino de negocios que se llevan a cabo a través de terceros y de empresas que se prestan para ese tipo de negocios. Tú le has puesto la lupa a ese particular y quisiera que nos hablar sobre ese asunto.

— Como periodistas tenemos problemas a la hora de hablar de estas cosas, porque de momento, no hay efectivamente pruebas claras. Se sabe, se induce, que ENI estuvo cerca de las costas de Venezuela, pero no tenemos los papeles que prueben que, efectivamente, así fue y que se produjo el intercambio de dinero o de crudo. Sabemos que la colaboración, podemos decir, se interrumpió, porque el Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos en Italia comenzaron a hacer un poco de ruido y le recordaron a ENI que no respetar las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro es un riesgo por el que podrían perder mercado y contratos importantes en Estados Unidos. Sí, hay mucha gente hablando de esta cercanía del régimen de Maduro con ENI y con los españoles de Repsol. No es miedo de mi parte, pero, de momento, no tengo las pruebas que pueda mostrar.

— Quería conversar sobre los efectos de la pandemia sobre la economía, lo cual ha llevado a la quiebra a pequeños y medianos comercios, una circunstancia que le ha permitido al crimen organizado beneficiarse de la destrucción económica apoderándose de empresas legales mediante su dinero ilegal. A través de estas inversiones el crimen organizado ha podido penetrar ciudades, pueblos y hacerse de un espacio. Un diputado venezolano decía recientemente en una entrevista, que este es el momento en que se ha producido el mayor blanqueo de capitales de la historia del mundo. Esto gracias a los estragos que ha causado la cuarentena por la pandemia en muchas economías del mundo. Quisiera que me hagas mención al caso italiano, tuve oportunidad de leer un informe en el que se detallan algunos de los factores que están presentes en las regiones que fueron más afectadas por el coronavirus. Ahora los negocios quebrados pasan a ser de las mafias italianas.

— Me gustaría explicar antes que todo que son delincuentes, pero están muy actualizados, entienden perfectamente cómo cambian los mercados, donde se tiene que invertir. El dinero yo lo veo siempre como un caracol, porque deja siempre un rastro. Como ejemplo, la Unión Europea se está expandiendo al este del continente y la mafia fue la primera en comprar la deuda exterior de los países en dificultad como Rumania, como Bulgaria, por ejemplo. Eso demuestra lo actualizados que están. Veamos que la mafia en Italia está sectorizada, tenemos principalmente cinco en igual número de regiones del país. Ellos comercian la droga en su región, pero invierten las ganancias en las regiones más ricas del país. Ahora con el coronavirus, la mafia y los chinos, no estoy diciendo que los chinos son mafiosos, pero muchos empresarios chinos y muchos empresarios mafiosos están comprando para apropiarse de restaurantes, de inmuebles. Ahora se discute en Bruselas cómo la Unión Europea y el Banco Central Europeo pueden efectivamente ayudar a los países en dificultad como Italia. El problema de Italia es, primero, la falta de programación económica, el primer ministro y el Movimiento 5 Estrellas llegaron a Bruselas sin tener un plan. De este caos se está aprovechando la mafia que sigue comprando y los dueños para sobrevivir en esta situación generada por el coronavirus, para no morirse de hambre, está vendiendo a estos delincuentes que se están aprovechando para comprar a precios 20, 30 o 40 por ciento menos el precio del mercado.

— Ahora bien, cambiando el tema y virando hacia la situación de los venezolanos en Italia, sabemos que muchos están pasando momentos difíciles. Venezolanos de origen italiano que obtuvieron su documentación y se fueron a Italia, pero ahora son tratados como ciudadanos de segunda. Tú has tocado el tema en varias ocasiones y quisiera que nos hablaras de ello.

— Es algo increíble, porque, efectivamente, porque la impresión más fuerte que tengo, sobre todo, la palabra recurrente es “traición”, porque Venezuela aceptó y acogió a muchísimos italianos que estaban en busca de una vida mejor, construyeron riqueza, construyeron Venezuela junto a los venezolanos. Ahora esta gente ha regresado, sus hijos han venido. Los que tenían mejor capacidad económica han preferido, en muchos casos, ir a España o a Estados Unidos. Pero de los que han venido a Italia, y lo sé por testimonios que he recogido, están, sobreviviendo, sobre todo las personas mayores. Por ejemplo, en Turín, la capital de Piamonte, al norte de Italia, supuestamente una región rica, hay unas 5 mil personas que están luchando cada día para sobrevivir, porque el gobierno que está viviendo una profunda crisis, antes del coronavirus había prometido 400 euros a los ítalo-venezolanos en Venezuela y a los que regresaron a Italia, pero no se lo cumplieron. Personas que nacieron en Italia, se fueron a Venezuela y regresaron después de 30 o 40 años, y ahora viven como refugiados en su propio país. A modo de crítica, creo que los italo-venezolanos que han incursionado en la política, bien a la izquierda o bien a la derecha, creo que deberían trabajar, hacer lobby, para que el gobierno ayude a estas personas que son italianos. Igualmente deben presionar para que el gobierno actúe en contra del régimen de Nicolás Maduro.

CITAS

[1] ABC. “El chavismo financió el Movimiento 5 Estrellas que hoy gobierna en Italia”. 16 de junio de 2020. https://www.abc.es/internacional/abci-chavismo-financio-movimiento-5-estrellas-gobierna-italia-202006142244_noticia.html