martes, 14 de julio de 2020

Las mafias de Bolívar: Así denunció Jesús Curvelo la corrupción de Francisco Rangel Gómez y Julio Fuentes Manzulli

   A través de un informe-denuncia, este oficial de la Fuerza Armada, dio a conocer los supuestos vínculos del exgobernador y su secretario de seguridad, con las organizaciones criminales de la zona.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Múltiples fueron las alertas que se emitieron antes y después de la masacre de Tumeremo, las cuales daban cuenta de las irregularidades y hechos de corrupción que tenían lugar al sur del Orinoco en lo que tiempo después se convirtió en proyecto bandera del gobierno de Nicolás Maduro y que se conoce con el nombre de Arco Minero. Una de ellas la lazó el teniente Jesús Leonardo Curvelo, quien advirtió en un informe remitido al diputado Américo de Grazia, acerca de los delitos y acciones criminales cometidos en el estado Bolívar al amparo del exgobernador de esa entidad, Francisco Rangel Gómez y de quien fue el encargado de resguardar la seguridad en la región, Julio César Fuentes Manzulli.
    Primer teniente Jesús Leonardo Curvelo, quien se desempeñó por 14 años como asistente personal del general Julio César Fuentes Manzulli, exdirector de la policía y exsecretario de seguridad ciudadana de la gobernación de Bolívar, lo denunció por hecho de corrupción y cometer irregularidades.

  Curvelo fue detenido el 24 de octubre de 2015 en la Troncal 10 con más de 33 millones de bolívares en efectivo que llevaba almacenados en 31 cajas, por lo que fue acusado por la Fiscalía de pertenecer a una red criminal y lo mantuvo preso por 106 días [1].

“La Fiscalía estableció que Curvelo y Pedro Rafael Goitía Salazar, el conductor del vehículo en que trasladaban el dinero, formaban parte de una organización criminal más amplia. No identificó a otros involucrados, a pesar de que obtuvo pruebas de que el dinero procedía de cuatro organizaciones gubernamentales relacionadas con programas sociales: Mercal, Pdval, Red de Abastos Bicentenario y Gas Comunal, y que algunos de estos programas sociales tenían su sede en instalaciones militares” refiere el portal “Arco Minero. Crimen, corrupción y cianuro”, el cual recoge una serie de trabajos periodísticos y de investigación sobre este proyecto gubernamental.

  A Curvelo lo mantuvieron detenido por 106 días, pero el 3 de febrero de 2016 le concedieron el beneficio de casa por cárcel, una situación que le facilitó su huida del país y solicitar asilo político en Portugal.

   Desde entonces, se dedicó a recabar algunos datos para completar la información privilegiada que ya poseía gracias a sus 14 años de servicio junto a Fuentes Manzulli, comisionado de la gobernación de Bolívar para los pueblos del sur con la función de combatir las mafias mineras.

   Fue así como el 28 de septiembre de 2016 presentó al diputado de la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Américo De Grazia, en el que afirma que el dinero que le incautaron era una encomienda de Fuentes Manzulli y que “...sería empleado para la compra de oro por Juan Gabriel Rivas Núñez, Juancho...”.

  Igualmente, relata que el general Fuentes Manzulli, aprovechaba su posición como mano derecha del entonces gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, para facilitar a los “pranes” o líderes de bandas criminales protección gubernamental y armamentos, además de encubrir a los delincuentes.
   En una entrevista telefónica que concedió desde Portugal, Jesús Leonardo Curvelo dijo que la referida, no fue la única operación irregular que realizó para Fuentes Manzulli. Contó que “la última remesa de dinero que intentó llevar al jefe del pranato en Las Claritas se frustró porque ‘no hubo coordinación’ entre los jefes militares destacados en los pueblos del sur del estado Bolívar”.
   Narró que cuando fue detenido, un sobrino de Cilia Flores, de nombre Eduardo Gámez Flores, quien es teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, lo llamó por teléfono para asegurarle que se encontraba “resolviendo el problema, mi problema. En verdad, yo creo que era un problema que se podía resolver fácilmente: un teniente, un carro del gobierno (...) Lo que pasó es que nunca se pusieron de acuerdo”.

  Curvelo sostiene que, además de dinero, “suministró armas de fuego a los jefes de las bandas criminales vinculadas con la minería. ‘No podría decir un número exacto. Hagan un registro de las armas que decomisan en los pueblos del sur y compárenlas con las que supuestamente han inutilizado. Vamos a darnos cuenta de que son las mismas, que es un reciclaje’, agregó. En el expediente del caso Curvelo no aparecen mencionados, ni siquiera referencialmente, el general Fuentes Manzulli o el teniente coronel Gámez Flores. Después de la huida del teniente del Ejército a Portugal, el asunto quedó en el olvido”[2].

El informe de Curvelo

   El 28 de septiembre de 2016, el primer teniente del ejército, Jesús Leonardo Curvelo, remitió al diputado Américo de Grazia, un informe denominado “Denuncias, testimonios y pruebas sobre actos irregulares en el estado Bolívar y en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana” en el que refirió la acción criminal de la entidad, la dotación y distribución de armas de fuego a los pueblos del sur, la vinculación de altos funcionarios del gobierno nacional y de la FANB en la compra y negociación de oro y diamantes[3].

   En su presentación, Curvelo refiere que egresó el 5 de julio de 2002, en la promoción “Cnel. Ermenegildo Mujica”. Es Licenciado en Administración de Empresas y al momento de su detención se encontraba en Comisión de Servicio en la Gobernación del Estado Bolívar. Tal comisión se extendió desde agosto de 2006 hasta febrero de 2016.

   Seguidamente, procede a hacer del conocimiento público una serie de situaciones de corrupción y acción criminal cometidos regionalmente en el estado Bolívar, así como nacionalmente y en los niveles jerárquicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

   Aseguró que su integridad y su vida corría peligro, toda vez que era víctima de las acciones del entonces gobernador, Francisco Rangel Gómez, como de Julio César Fuentes Manzulli, quienes pretendían hacerlo responsables de las irregularidades y hechos de corrupción por ellos cometidas. Señaló a estos funcionarios de cometer una “corrupción desmedida, violando los derechos humanos del pueblo, de funcionarios y subalternos a su cargo sin importar que no existan basamentos legales para inculparme hechos que a su vez son empleados para apartarme de las filas militares”.

El arresto según Curvelo

   Se remite al día 24 de octubre de 2015, fecha en que fue detenido en el Punto de Control La Romana, ubicado en Upata, Municipio Piar, cuando cumplía una orden directa de su jefe inmediato, a saber, el G/B Julio César Fuentes Manzulli, quien le había encomendado llevar unas cajas con 33 millones de bolívares en efectivo desde Ciudad Bolívar a Tumeremo, en el Municipio Sifontes. Esta tarea la llevó a cabo en un vehículo marca Toyota, modelo chasis largo de color blanco, sin placas, perteneciente al estado venezolano, que le habría entregado el propio Fuentes Manzulli.

  Del mismo modo, le entregó el dinero en efectivo, el cual estaba destinado a la compra de oro por parte de “Juan Gabriel Rivas Núñez, nacido en Colombia, pero nacionalizado con la cédula de identidad V-15.962.862, conocido como ‘Juancho’, quien, gracias a las relaciones con altos funcionarios del estado venezolano”.

  Fuentes Manzulli y alias “Juancho”, según Curvelo, mantenían una relación de negocios de compra y venta de oro.

   Juan Gabriel Rivas Núñez supuestamente poseía otra identidad con el nombre de Aponte Rodríguez Wilson Starling, según la cédula V-15.349.063.

   Refiere que, en todo momento, sostuvo que el dinero no le pertenecía y, al mismo tiempo denunció que, al momento de su detención, fue objeto de extorsión por parte del comandante del punto de control en el que fue arrestado, teniente coronel, Yusti Luna, “quien me pidió que le diera 10 de las cajas que trasladaba para así poder continuar mi camino hasta Tumeremo, Municipio Sifontes. El G/B Julio César Fuentes Manzulli se comunicó con el comandante Luna y al no llegar a ningún acuerdo, este último dio parte al Ministerio Público sobre la situación que había generado un gran clima de confrontación entre ambos oficiales superiores.

   Narra que lo mantuvieron privado de libertad “en condiciones inhumanas en una celda 3x2 junto a 20 delincuentes en el Centro de Coordinación Policial Los Olivos en Puerto Ordaz, Municipio Caroní, por orden del Gobernador Francisco Rangel Gómez”.

   En el informe, Curvelo advierte que el Ministerio Público pudo comprobar la veracidad de sus afirmaciones luego de investigar su historial y patrimonio, así como por el hecho de que se pudo verificar, por la relación numérica de las pacas de los billetes incautados, que estos procedían de entidades estatales, como PDVAL, Mercal, Abasto Bicentenario y Gas Comunal, como habría supuestamente comprobado y asentado en el expediente del Ministerio Público, en la página 172, donde constan todos estos datos.

   Igualmente, el teniente Curvelo advierte en su denuncia, que tal cantidad de dinero, Bs. 33.034.920,00, provenientes del Banco de Venezuela y Banco Exterior, así como de Blindados de Oriente a través de las empresas del estado como son Mercal, PDVAL, Bicentenario y Gas Comunal, solamente puede ser entregada bajo la coordinación y autorización de un alto funcionario estatal.

Testigo de irregularidades

   El teniente Jesús Leonardo Curvelo relata en su informe de denuncia, que los 14 años en los que estuvo asignado en comisión de servicios en el estado Bolívar, tanto en el 512 Batallón de Infantería de Selva “Tomás de Heres”, en Tumeremo, Municipio Sifontes, como en la gobernación del estado Bolívar, en la Policía del estado Bolívar y en la Secretaría de Mantenimiento y Servicios Generales, fue testigo de los vínculos existentes entre el general Julio César Fuentes Manzulli con “pranes” de la zona sur de la entidad a quienes brindaba protección gubernamental y armamentos.

  Del mismo modo, el exsecretario de seguridad también contactaba a estos líderes irregulares con altos funcionarios del gobierno nacional, tal es el caso del M/G, Efraín Velasco Lugo, quien para el año 2013-2014 cuando era director del Despacho del Ministerio de Interior y Justicia y, presuntamente, habría ayudado a borrar los registros policiales de Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”, “a cambio de grandes sumas de dinero. Rivas Núñez, de acuerdo a la versión de Curvelo, tenía registros por delitos de homicidios y se encontraba solicitado por las delegaciones del CICPC de Villa de Cura y de Cagua.

  Otro caso referido por Curvelo, fue el de Jesús Emmanuel Morocoima, exfuncionario policial, quien supuestamente fungía como enlace entre Julio César Fuentes Manzulli y el fallecido “Gordo Bayón”, así como con quien para el momento de la redacción del informe ejercía como “pran” y era conocido como “Capitán”, el cual operaba entre San Félix, Municipio Caroní y las minas de Guasipati, Municipio Roscio.

  A este sujeto, el general Fuentes Manzulli le habría entregado un armamento tipo sub ametralladora, marca HKMP5, calibre 9mm, serial C301847 para ser trasladado a la población minera de Tumeremo, Municipio Sifontes. A partir de dicha entrega, quien para la fecha del informe era funcionario policial y chofer de Fuentes Manzulli, Hernán Castillo Bolívar, denunció ante el CICPC Guayana, el supuesto hurto de dicho armamento del vehículo del citado general en una oportunidad en que se encontraba estacionado en el Parque La Llovizna, Municipio Caroní.

   De acuerdo a la denuncia de Jesús Leonardo Curvelo, este es uno de los procedimientos utilizados por Fuentes Manzulli para dotar de armamento a los grupos delictivos de las zonas mineras. “En el año 2009-2010, en la Dirección de Armas y Explosivos (DAEX), donde funciona el Parque Nacional de Armas se encontraba el Gral. Julio César Morales Prieto como director. Este General promoción año 85 (Centauros), es compañero y amigo del G/B Julio César Fuentes Manzulli. En reiteradas ocasiones se reunían en una finca vía a la población de El Manteco, Municipio Piar, que lleva por nombre ‘El Lechozo’, propiedad del señor Álvaro González, exsuegro del G/B Julio César Fuentes Manzulli, donde pude observar la entrega de dinero en efectivo y barras de oro”.

  También, Curvelo, por instrucciones de Julio César Fuentes Manzulli, supuestamente debía retirar armamentos provenientes del Plan Desarme que se encontraban en el Parque Nacional de Armas de la Dirección de Armas y Explosivos (DAEX), para trasladarlos a las poblaciones del sur del Estado Bolívar, un hecho del que estaba en conocimiento el entonces gobernador, Francisco Rangel Gómez.

   Explica que entre 2011 y 2012, al frente del DAEX se encontraba el G/B, Gustavo Ygnacio Velazco Ramos, mientras que la de jefatura del Parque Nacional de Armas la ocupaba el Mayor del Ejército, Alexander Rafael Salazar Laviera, quien para la fecha de redacción del informe tenía el grado de teniente coronel. A Salazar Laviera le correspondía facilitar a Fuentes Manzulli a través de Curvelo, armas cortas y largas (AR15), “las cuales eran dirigidas al pranato ubicado en los pueblos mineros del sur del Estado Bolívar. A raíz de la venta de dicho armamento este Tcnel. adquirió un inmueble (apartamento) en la ciudad Capital”.

   Salazar Laviera administró entre 2003 y 2004, el 512 BIS “Tomás de Heres” acantonado en Tumeremo, donde el G/B Julio César Fuentes Manzulli era el comandante, “por tal motivo tienen vínculos de mucha confianza y amistad”, asegura Curvelo.

“Cabe destacar que recibí órdenes específicas del G/B Julio César Fuentes Manzulli de gestionar la permisología de portes de armas a sus conocidos, tal es el caso de Jesús Emmanuel Morocoima, Juan Gabriel Rivas Núñez ‘Juancho’ y muchos más, lo que incluye a compradores de oro, ya que el G/B Julio César Fuentes Manzulli y Francisco Rangel Gómez a través de su hijo Francisco Rangel Escobar, sostienen negocios con la compra de oro y diamantes que luego son vendidos fuera del país, hechos que denuncio en mi carácter de testigo ocular”, también denuncia Jesús Leonardo Curvelo.

Otro sobrino de Cilia Flores

  En el listado de hecho irregulares denunciados por el teniente, Jesús Leonardo Curvelo, también figura un sobrino de la Cilia Flores, a saber, el (para la fecha del informe) teniente coronel, Eduardo Gámez Flores, quien prestaba servicios en el destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana en la población de Santa Elena de Uairén, Municipio Gran Sabana.

  El familiar de la primera dama venezolana, supuestamente sería el enlace con los oficiales generales y superiores de el área de Defensa Integral (ADI) Guayana, quien estaba directamente vinculado en la compra de oro y diamante “con un ciudadano conocido con el remoquete ‘Toti’, juntos coordinaban la entrega de dinero en efectivo desde Maturín, Estado Monagas y otras partes del país, presuntamente proveniente de las empresas del Estado venezolano, como Mercal donde se encontraba como sub jefe estadal, José Narváez Flores. Este dinero en efectivo era retirado por el “Toti”, quien se hacía acompañar por su padre y de su supuesto sobrino. Asimismo, en varias oportunidades recibí la orden del G/B Julio César Fuentes Manzulli de trasladarme hacia el conjunto residencial Loma Linda Country Club, ubicado en el Municipio Caroní, donde el ‘Toti’ resguardaba dinero en efectivo y oro producto de dichos negocios, siempre contando con la protección de un funcionario de la PEB. Tengo conocimiento que, a raíz de mi detención, el ciudadano Toti salió del país junto a su esposa Lois, dejando en Ciudad Bolívar, Municipio Heres a su padre y su supuesto sobrino.

Otras sociedades

  De acuerdo a la denuncia de Jesús Curvelo, Julio César Fuentes Manzulli se vale de socios y testaferros para guardar las apariencias. Inmobiliarias, agencias de venta de carros, agropecuarias y fincas en el estado Bolívar, en manos de estos socios servirían a Fuentes Manzulli para ocultarse. Entre los presuntos socios se encontrarían Manuel Rosales, Nelson López, Fernando conocido como “Fercho”, de nacionalidad colombiana y Castro.

  Las fincas supuestamente estarían ubicadas, una en Tumeremo y otra en el sector Agua Linda, Municipio Heres, vía a la población de Maripa, Municipio Sucre. Estas serían sociedad con Manuel Rosales y Patricia de las Nieves Velásquez Hernández, quien es o era concubina de Fuentes Manzulli. Esta mujer, igualmente sería propietaria de un Town House en un conjunto residencial ubicado en el sector Chilemex, avenida Estados Unidos, en el municipio Caroní.

   María Alejandra González Fernández, expareja de Julio César Fuentes Manzulli, también se cuenta entre los socios del general. Esta mujer, de acuerdo a la narración de Curvelo, es propietaria de una casa en la urbanización Florida Suite y otra en Caroní. Entretanto, Ludmila de Lourdes Rojas de Fuentes, es dueña de una quinta en la urbanización “La Rosaleda” de San Antonio de los Altos, Estado Miranda. Todos estos bienes, insiste Jesús Leonardo Curvelo, son el resultado de las ganancias obtenidas con la vinculación de las compras de oro y negocios fraudulentos, dándole así la apariencia legal.

  Cuenta Curvelo que, en una ocasión en el año 2013, por órdenes del gobernador Rangel Gómez, debió acompañar a Julio César Fuentes Manzulli a Caracas, adonde arribaron a bordo del avión privado del Ejecutivo, que aterrizó en el aeropuerto militar La Carlota, “donde nos esperaba el ciudadano Manuel Alcocer para llevarnos a una quinta en El Rosal cerca de la sede principal del PSUV, donde retiramos 20 bolsos grandes contentivos con dinero en efectivo y cajas de tarjetas de telefonía móvil para ser distribuidas supuestamente en los municipios del Sur para la campaña electoral”.

Extrañas muertes y agresiones

  Jesús Leonardo Curvelo se refiere, entonces, al caso del subteniente (EJ), Alejandro Alfonso Guevara Barrios, quien era plaza del 512 BIS “Tomás de Heres”, donde Fuentes Manzulli era Comandante. Este hombre tenía un expediente abierto por la Fiscalía Militar y, “extrañamente”, fue asesinado en Caracas, el 18 de agosto de 2007 cuando llegaba a su casa.

  Guevara Barrios habría colaborado en varias oportunidades con Julio César Fuentes Manzulli en la compra de diamantes y oro en la isla de Anacoco, San Martín de Turumban, Municipio Sifontes. Estas operaciones supuestamente las realizó “a través de un guyanés conocido como ‘Andy’”.

  Para Curvelo, también resultó sospechosa la extraña muerte de Yorman Pedro Márquez Rodríguez, conocido como “Gordo Bayón”, hecho que ocurrió en Caracas.

— El 27 de octubre de 2015, cuando llegué a los calabozos del Centro de Coordinación Policial Los Olivos, en Caroní, se encontraban tres individuos de nombres Franklin José Córdova (Tripa), Elvis Ramón Leiba (Vista al Sol) y Ramón José Pinto (Fito,) pertenecientes a la banda del líder negativo conocido con el remoquete de “Capitán”. El primero de los mencionados me abordó negativamente supuestamente por mi condición de funcionario militar, extorsionándome para no herirme con un arma punzo penetrante, pero en realidad el objetivo que le había ordenado su “patrón” era agredirme físicamente dejándome en peligro de muerte. Durante esos 108 días que permanecí en los calabozos con estos delincuentes, Franklin José Córdova en reiteradas oportunidades me preguntaba por qué mi cabeza tenía precio, cuestionamiento que no entendía al desconocer el origen del mismo. Al salir en libertad Franklin José Córdova fue asesinado en extrañas circunstancias por un individuo a bordo de una camioneta tipo pick up modelo Hilux de color blanca sin placas, que sin mediar palabras le propinó un disparo en el pecho, como lo reflejaran los diarios nacionales[4]. Da que pensar que el móvil del asesinato pudo tratarse del incumplimiento de una orden de su “patrón”, situación que me impulsa a ratificar mi denuncia sobre el interés que tienen de asesinarme.

   Curvelo señala que Julio Fuentes Manzulli supuestamente impartía órdenes de cometer asesinatos a un funcionario policial de apellido Bravo, conocido como “Cara Cortada”, quien fue involucrado en un homicidio en Ciudad Bolívar, Municipio Heres, específicamente en el relleno sanitario. Bravo se habría librado de la cárcel por la mediación de Fuentes, intervino para que lo reincorporaran en las fuerzas policiales.

“Quiero dejar en evidencia también una de las razones por la cual el G/D Francisco Rangel Gómez destituyó en tanto solo 11 meses (16/09/2014-25/08/2015) de su cargo de Comandante de la PEB al G/B Juvenal Villegas, reincorporándolo al Comando de la ZODI Bolívar por negarse a encubrir una serie de irregularidades que ocurren en las poblaciones del sur del Estado Bolívar, por tal motivo es designado al Comisario Gerónimo Guerra como nuevo Comandante de la PEB, ya que este responde a los intereses del G/B Julio César Fuentes Manzulli, específicamente en las poblaciones mineras”.

En peligro de muerte

  En la última parte de su informe, el teniente Jesús Leonardo Curvelo, denunció encontrarse en peligro de muerte. “Mi vida y la de mi familia están en peligro de muerte”.

  Tal afirmación la hizo en razón de que Julio Fuentes Manzulli, supuestamente buscaba incriminarlo para que procediera su detención y, posteriormente, mientras estuviera en un centro de reclusión, ordenar su muerte.

  Precisó que la acción se llevaría a cabo por orden de Fuentes Manzulli, a través del M/G, Jesús García Tousen, Comandante General del Ejército Nacional Bolivariano de Venezuela, quien fue su compañero de promoción y amigo personal. Juntos procuraban separarlo de la Fuerza Armada, argumentando que habría incurrido en faltas establecidas   en el Reglamento del Castigo Disciplinario.

  Igualmente denunció que exgobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, de tergiversar el origen real del dinero en efectivo por el cual fue detenido y acusado. El objetivo es, asegura, alejar las sospechas de los verdaderos responsables, “ya que estarían en peligro funcionarios de alto nivel del Estado venezolano, dejando en clara evidencia los actos de corrupción cometidos por el G/B Julio César Fuentes Manzulli, comisionado especial en los pueblos del Sur y a su hijo Francisco Rangel Escobar, manipulando la justicia a su favor para que a cambio de mi silencio se me otorgase a través del Presidente del Circuito Penal del Estado Bolívar, Gilberto López, la medida de Derecho a la Salud”.

   Curvelo acusa que para que se llevaran a cabo estas acciones en su contra, por órdenes de Rangel Gómez supuestamente se pagaron 10 millones de bolívares a Gilberto López, los cuales habrían sido depositados en una cuenta en el Banco de Venezuela, el 29 de enero de 2016.


 También se habrían pagado 8 millones de bolívares al abogado, Celestino Adolfo Flores Castillo; un millón de bolívares en la cuenta Banesco a nombre de la abogada, María Pérez, según transferencia número 547208472; y un millón de bolívares en efectivo, entregados al abogado, Marco Antonio Hernández Ruiz, para aprobar dicha medida.

 Finaliza la denuncia insistiendo “que la estrategia es responsabilizarme del hecho que se me imputa y ser recluido en un centro penitenciario donde posteriormente sería asesinado, de esta manera no existiría testigo alguno de los actos cometidos por estos altos funcionarios del Gobierno bolivariano. Por tal motivo hago responsable al gobierno del presidente Nicolás Maduro, al gobernador del Estado Bolívar, G/D Francisco Rangel Gómez, y al G/B Julio César Fuentes Manzulli, comisado especial en los pueblos del sur del Estado Bolívar, ante el peligro de muerte en el que me encuentro y el riesgo que corre mi esposa, mi madre y mis dos hijos”.

CITAS

[1] Diario 2001. “Detienen a funcionario de la Gobernación Bolívar por legitimación de capitales”. 28 de octubre de 2015. https://www.2001online.com/en-la-calle/113961/detienen-a-funcionario-de-la-gobernacion-bolivar-por-legitimacion-de-capitales.html

[2] Arco Minero. Crimen, corrupción y cianuro. “Una mafia disfrazada de sindicato está al mando. Capítulo 01. Edgar López. https://arcominerodelorinoco.com/capitulo-01/

[3] Linkedin. Slide Share. “Informe del comisario Jesus Curvelo revela nexos de la Gobernación con pranes mineros al sur del estado Bolívar”. 24 de marzo de 2017. https://es.slideshare.net/LaCausaRVe/informe-de-comisario-curvelo-del-sebin-revela-nexos-de-la-gobernacin-con-pranes-mineros-al-sur-del-estado-bolvar



[4] El Diario de Guayana. “Ejecutan a presunto atracador frente a su residencia en El Mangal”. 15 de junio de 2016. https://www.eldiariodeguayana.com.ve/ejecutan-a-presunto-atracador-frente-a-su-residencia-en-el-mangal-2/


martes, 7 de julio de 2020

Hijastro del narco Rafael Caro Quintero transfirió propiedad a su nombre y evadió las sanciones

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Un hijastro del célebre narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero transfirió la propiedad en su nombre para evadir el programa de sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, según una demanda revelada este martes en la Corte del Distrito Este de Nueva York.

    El gobierno acusa a Bryant Espinoza Aguilar, el hijastro del líder del cártel de Sinaloa y el famoso fugitivo Rafael Caro Quintero, de conspiración para cometer violaciones de la Ley Kingpin, una sanción económica del programa contra narcotraficantes administrado y aplicado por la Oficina de Asuntos Exteriores de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. 


   Espinoza es acusado de ayudar a Caro Quintero y a su esposa de derecho consuetudinario, poniendo sus activos en su nombre, violando así la prohibición de la OFAC de que los ciudadanos de los Estados Unidos realicen actividades financieras y transacciones con narcotraficantes especialmente designados.

    La denuncia fue anunciada por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Richard P. Donoghue. 

   Según los documentos presentados ante el tribunal, la OFAC designó a Caro Quintero como traficante de narcóticos en 2000, y  a la esposa de Caro Quintero en 2016. Las designaciones de la OFAC provienen de los antecedentes penales de Caro Quintero como líder de la organización de narcotráfico el Cártel de Sinaloa. 

    Entre enero de 1980 y enero de 2017, Caro Quintero dirigió una empresa criminal continua responsable de importar cocaína a Estados Unidos. Es responsable de haber distribuido  cantidades masivas de narcóticos ilegales y conspirando para asesinar personas que representaban una amenaza para su empresa de narcóticos. 

  La conspiración del asesinato incluye a Caro el secuestro y asesinato de Quintero del agente especial de la DEA Enrique "Kiki" Camarena en Guadalajara, Jalisco, México en febrero de 1985.

   El 9 de agosto de 2013, un tribunal mexicano dictaminó que Caro Quintero podría ser puesto en libertad de la custodia porque había sido juzgado indebidamente en un tribunal federal, en lugar de un estado tribunal. El hallazgo del tribunal mexicano fue anulado más tarde, pero Caro Quintero permanece como un prófugo de la justicia mexicana y estadounidense.

  La denuncia acusa a Espinoza Aguilar de transferir bienes propiedad de su madre a su propio nombre y de sobornar a un funcionario público para cambiar el nombre del dueño en documentos de registro público para proteger los bienes de ser restringidos como resultado su designación OFAC de su progenitora.

  "Como se alega, el acusado actuó como un testaferro para proteger la propiedad comprada con las ganancias ilícitas y manchadas de sangre del imperio del narcotráfico de su padrastro incautados por el gobierno ", declaró el fiscal de los Estados Unidos Donoghue. 

El fiscal dijo que "Esta oficina y la de la DEA están utilizando todas las medidas legales a nuestra disposición para responsabilizar a los facilitadores de Caro Quintero y llevarlos ante la justicia". 

 Donoghue expresó su agradecimiento a la Oficina de la División Raleigh de la DEA por su asistencia en el caso.

  "El 7 de febrero de 1985, la DEA cambió para siempre cuando el Agente Especial Enrique "Kiki" Camarena fue secuestrado, torturado y asesinado en Guadalajara, México", declaró el vocero de la DEA, Timothy J.  Shea.

 "Nunca olvidaremos su sacrificio y permaneceremos firmes en nuestro persecución del hombre responsable de su muerte, Rafael Caro Quintero, y los que continúan protegiendo y habilitando sus actividades criminales. Que la acción de hoy sea un mensaje claro para Caro Quintero, su familia y sus asociados criminales: no nos detendremos ante nada en nuestra búsqueda de justicia para SA Camarena ".

   "Mientras que su padrastro, un líder del Cártel de Sinaloa, fue designado especialmente por la OFAC como traficante de narcóticos hace veinte años, se afirma que Espinoza Aguilar violó la Ley Kingpin transfiriendo los activos de su padrastro a su nombre, buscando evadir las sanciones programa", declaró Fitzhugh, agente a cargo especial de HSI.

   "La asociación de HSI con la DEA y Strike Force es uno en el que la colaboración es clave, y continuará enfocándose en arrestar a aquellos quienes buscan formas de eludir la ley y ocultar sus actos criminales ".

  Elogió el papel jugado por el equipo de la New York Strike Force, que fue instrumental en el trabajo para llevar a este sospechoso ante la justicia. "Este acusado intentó proteger y ocultar las ganancias de narcóticos peligrosos que eran nuestras comunidades, ganancias obtenidas a expensas de la seguridad de nuestra sociedad". 


   

lunes, 6 de julio de 2020

Dos hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli acusados en NY de lavado masivo de los sobornos pagados por Odebrecht

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Dos hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli fueron acusados por el gobierno de los Estados Unidos de haber facilitado un esquema de lavado de dinero masivo por más de $28 millones provenientes de sobornos pagados a su pa por  Odebrecht S.A.
   La denuncia penal fue revelada hoy lunes en la corte federal en Brooklyn en Nueva York en la cual se acusa a Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, por sus papeles en un esquema de soborno masivo y lavado de dinero que involucra a la empresa constructora brasileña Odebrecht S.A.

    Luis Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional la Aurora en Guatemala, debido a una orden de captura emitida por las autoridades de los Estados Unidos.

      El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Richard P. Donoghue anunció la acusación contra los hermanos de nacionalidad panameña, hijos del expresidente de ese país, Ricardo Martinelli.

   Donoghue estuvo acompañado por Brian C. Rabbitt, Fiscal General Adjunto interino de la División Criminal del Departamento  de Justicia y William F. Sweeney, Jr., Subdirector en Cargo, Oficina Federal de Investigaciones, Oficina de Campo de Nueva York (FBI).

    El 21 de diciembre de 2016, Odebrecht se declaró culpable de conspiración para violar las disposiciones antisobornos de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero por su participación en el pago de coimas y esquema de lavado de dinero. Este caso tuvo lugar en la Corte de Brooklyn.

     El esquema general de Odebrecht implicaba el pago de más de
$ 700 millones en sobornos a funcionarios del gobierno, servidores públicos, partidos políticos y otros entes en Panamá, aunado a otros países del mundo para obtener y retener negocios para la compañía. 

    Se alega que los acusados ​​participaron en el plan por, entre otros medios, servir como intermediarios para lavar  aproximadamente $ 28 millones en pagos de sobornos hechos por la dirección de Odebrecht a un funcionario del gobierno de entonces de alto rango en Panamá (funcionario del gobierno de Panamá), quien era un pariente cercano de los acusados. 

    Luis  Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares fueron acusados ​​de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

      La demanda alega que, entre aproximadamente agosto de 2009 y enero de 2014, los acusados ​​facilitaron el pago de sobornos de Odebrecht que beneficiaban a un funcionario del gobierno de Panamá. 

    Los acusados tomaron una serie de pasos que incluyeron abrir y administrar cuentas bancarias secretas a nombre de compañías fantasmas en jurisdicciones extranjeras. Estas cuentas bancarias secretas se utilizaron para recibir, transferir y entregar los pagos del soborno. 

    Los acusados ​​sirvieron como firmantes de algunos de las cuentas bancarias de la compañía fantasma y, personalmente,  enviaba transferencias bancarias a través de la estructura de cuentas bancarias de compañías de maletín para ocultar y gastar sobornos producto de la corrupción.

     Muchas de estas transacciones financieras fueron en dólares estadounidenses y se realizaron a través de bancos estadounidenses, algunos de los cuales estaban ubicados en Nueva York.

   El caso está siendo procesado por los fiscales federales adjuntos Julia Néstor y Alixandra Smith de la Sección de Fraude Comercial y de Valores de la División de Fraude Criminal.



sábado, 4 de julio de 2020

Un general venezolano desocupa 'su gasolinera' tras ser expropiada por el régimen de Maduro

Por Maibort Petit

   El general del Ejército Bolivariano de Venezuela, Lenín  Guillermo Herrera Hernández, quien era arrendatario de la estación de servicios Veracruz ubicada en la zona de Las Mercedes en Caracas procedió a desocupar 'su gasolinera'  luego de la orden de expropiación dada por el régimen de Nicolás Maduro. A las personas que tenían concesiones con PDVSA, les dieron 72 horas para sacar las pertenencias de los locales.
    El general Lenín Guillermo Herrera Hernández llevó a un grupo de soldados plaza de  la Brigada de Ingeniería Militar, ubicada en Fuerte Tiuna, comandada por el mismo Herrera Hernández,, para que sacaran varios paquetes y objetos de la estación de servicio, y los montaran a un vehículo estacionado al frente del local. 

   "El militar de alto rango está molesto porque la expropiaron la gasolinera" dijo una fuente cercana al general.

 El pasado 27 de junio se conoció que el régimen de Maduro rescindió unilateralmente 10 contratos de arrendamiento de estaciones de combustible de PDVSA en Carabobo y Caracas. 

  Algunos arrendatarios afectados eran empresarios privados que habían administrado las estaciones de combustible por décadas. Ahora se supo que también había militares de alto rango.

   Los arrendatarios de las estaciones de servicio recibieron cartas de la Dirección de Mercado Interno de PDVSA, informando que tenían 72 horas a partir de este viernes para desocupar las estaciones de servicio, basándose en el decreto de emergencia económica firmado en enero de este año. Venezuela tiene alrededor de 1.650 estaciones de servicio, 180 de ellas propiedad de PDVSA.

jueves, 2 de julio de 2020

Juez de Nueva York ordena a Cliver Alcalá Cordones demostrar que no tiene dinero para pagar su defensa

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   El juez de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, aprobó la solicitud hecha por la defensa del militar (r) venezolano, Clíver Alcalá Cordones para que el tribunal le asignara un abogado de oficio "por no estar en capacidad financiera para pagar uno privado", pero antes, debe demostrar que, ciertamente, no tiene dinero para pagar el bufete que lo venía representando. 
  Los abogados Alcalá Cordones, acusado de delitos de narcoterrorismo y de formar parte del Cártel de los Soles de Venezuela, enviaron una carta al juez Hellerstein donde pidieron que se asignara un abogado de oficio del panel de la Ley de Justicia Criminal (CJA). El representante legal del militar venezolano, Adam S. Kaufmann, asegura que los litigantes de su bufete, Lewis Baach Kaufmann Middlemiss pllc, no forman parte del CJA.

    El fallo del juez Hellerstein sostiene que, el actual abogado Adam Kaufmann, debe retirarse del caso. "El acusado está obligado a presentar con la solicitud, una apropiada declaración jurada que acredite su incapacidad para pagar una representación adecuada" acota la orden. 

  Luego de que Alcalá Cordones pueda probar que no tiene dinero para pagar su defensa, el tribunal designará al abogado Cesar Castro,[sugerido por Kaufmann], quien trabaja con CJA, para representar al acusado. 

  La decisión del magistrado establece que el abogado César Castro,  "puede emplear, socios, asociados y paralegales del bufete de Adam S. Kaufman para realizar servicios, bajo la supervisión de Castro, para promover la economía y la efectividad de la defensa".

   La decisión del juez dice que "Castro puede incluir los gastos atribuibles a tales empleos, a tarifas y horas aprobadas por el presupuesto apropiado administrado por la  CJA".

   Hellerstein denegó la solicitud hecha por la defensa de Clíver Alcalá Cordones de pago nunc pro tunc [pagos retroactivos].

   La defensa de Alcalá Cordones pidió que la corte asignara a Castro como el representante legal,[ por ser este miembro del panel de la CJA] como abogado principal del juicio, pero solicitaron que el juez permita que los miembros de su bufete permanezcan en el caso como co-abogados. 

  "Las complejidades y la gravedad de este caso y los intereses de la justicia justifican la aprobación de dicho acuerdo", dice la petición de Alcalá Cordones.

    Kaufmann dijo en su carta que ha representado al general Alcalá en sus tratos con las fuerzas del orden público en los Estados Unidos desde 2013. 

   En la misiva enviada al juez Hellerstein, Kaufmann asegura que durante el tiempo que representó a Alcalá Cordones "se relacionó con las negociaciones con el gobierno sobre su investigación en la relación del general Alcalá con las FARC y su designación ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos".

    Afirma que ha representado al General Alcalá de manera gratuita desde 2014 o 2015. "Que yo sepa, el Sr. Alcalá hoy no tiene activos apreciables y no puede permitirse una representación privada". 

    Según Kaufmann, desde finales de 2014, "la representación de su bufete con el general Alcalá consistió principalmente en conversaciones intermitentes con funcionarios del gobierno de los EE. UU". 

   Con respecto a su estatus como nacional especialmente designado y nuestros esfuerzos para eliminar esa designación. Durante este tiempo, hablé con el general Alcalá sólo esporádicamente. 

Por conexiones con el grupo terrorista, Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Iraní, fiscales buscan incautación de combustible enviado a Venezuela

  Ante el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia se presentó una demanda y orden de decomiso por parte de los fiscales federales, alegando que toda la carga de productos derivados del petróleo a bordo de 4 cargueros petroleros, Bella, Bering, Pandi y Luna están sujetos a decomiso según el estatuto de decomiso del terrorismo.

  La orden y la demanda buscan la incautación de todo el gasóleo iraní a bordo de cuatro cargueros petroleros que se dirigen a Venezuela en base a una conexión con los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC.

  Los fiscales federales presentaron la demanda y orden de decomiso alegando que toda la carga de productos derivados del petróleo a bordo del carguero Bella con la organización marítima internacional (IMO) número 9208124, el Bering con el número IMO 9149225, el Pandi con el número IMO 9105073 , y la Luna con el número 9208100 de la OMI son sujetos a decomiso, según lo establecido en el estatuto de decomiso del terrorismo aplicado a Irán.

   John C. Demers, Fiscal General Adjunto, División de Seguridad Nacional; Michael R. Sherwin, Fiscal Federal interino del Distrito de Columbia; Steven W. Cagen, Agente Especial a Cargo, Denver, Colorado, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI); Rainer S. Drolshagen, Agente Especial a Cargo, Minneapolis, Minnesota, Oficina Federal de Investigación, hizo el anuncio hoy.

  Los documentos federales  alegan un esquema que involucra a múltiples partes afiliadas a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica para enviar encubiertamente gasoil iraní, obtenido mediante transferencias de barco a barco, a Venezuela. Se alega que los envíos son una “fuente de influencia” para los IRGC, que el gobierno de los Estados Unidos designó como organización terrorista extranjera. 

  La demanda alegan que las ganancias de las ventas de petróleo respaldan la gama completa de actividades nefastas del IRGC, incluida la proliferación de armas de destrucción masiva y sus medios de entrega, apoyo al terrorismo y una variedad de abusos contra los derechos humanos, en el país y en el extranjero. 

  Hay aproximadamente 302,502 barriles de gasolina iraní actualmente a bordo del Bella, aproximadamente 302,522 barriles de gasolina iraní actualmente a bordo del Bering, aproximadamente 259,700 barriles de gasolina iraní actualmente a bordo del Luna, y aproximadamente 298,484 barriles de gasolina iraní actualmente a bordo del Pandi.

   El juez de distrito, James E. Boasberg, emitió una orden de arresto para incautar toda la gasolina iraní en estos cuatro buques, con base en una causa probable que muestra la posibilidad de pérdida. La orden ordena que la propiedad sea llevada a la jurisdicción exclusiva del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

  El anuncio fue hecho por el Fiscal General Adjunto Demers, el Fiscal Federal Interino Sherwin, el Agente Especial a Cargo Cagen y el Agente Especial a Cargo Drolshagen. 

  Los dos altos funcionarios elogiaron el trabajo de quienes investigaron el caso de HSI y el FBI. También reconocieron el trabajo de los fiscales federales adjuntos Zia Faruqui, Brian Hudak y Stuart Allen; División de Seguridad Nacional, Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones, la Subdirectora Elizabeth Cannon y el Abogado Litigante David Lim; y la Oficina del Fiscal Federal para el Paralegal del Distrito de Columbia, Liz Swienc, y la Asistente Legal Jessica McCormick.

Supremo de Cabo Verde rechaza segundo recurso de defensa de Alex Saab

   La Corte Suprema de Justicia ha negado, por segunda vez, la solicitud de hábeas corpus para la liberación de Alex Saab, considerado por Estados Unidos como el principal testaferro de Nicolás Maduro.
   El portal el Expresso das IIhas publicó una nota donde alega que una fuente judicial dijo que la decisión de la Corte Suprema se conocía el martes, después de haber denegado la primera solicitud a fines de junio.

   Sin embargo, Estados Unidos pidió formalmente a las autoridades de Cabo Verde que extraditaran al empresario, según la agencia Lusa.

   La solicitud formal de extradición se realizó a través de la Oficina del Fiscal General (PGR) de Cabo Verde y el proceso también incluirá una solicitud de autorización del Ministerio de Justicia, como le dijo una fuente del gobierno a Lusa.

   El proceso de extradición comprende una fase administrativa, con la intervención del Ministro de Justicia, quien puede dar su aprobación o no, y una fase judicial, que en este caso corresponde al Tribunal de Apelaciones de Barlavento (segunda instancia), en la isla de São Vicente, que comienza "después de la decisión favorable de la solicitud de extradición" de ese miembro del Gobierno, explicó previamente a Lusa fuente de la PGR.

    Desde que se decretó la detención preventiva de Alex Saab, dos días después de su arresto, Estados Unidos tuvo 18 días para solicitar su extradición. Por lo tanto, la solicitud se hizo a Cabo Verde antes del final de este período, que aún podría extenderse a 40 días.

  Alex Saab, ciudadano colombiano con pasaporte venezolano, fue arrestado la noche del 12 de junio sobre la base de una orden de arresto internacional emitida por los Estados Unidos, una decisión previamente criticada por el abogado defensor.

   Estados Unidos acusa al empresario de negocios corruptos con el régimen de, Nicolás Maduro.

  El embajador venezolano en Cabo Verde, residente en Dakar, argumentó que el arresto del empresario Alex Saab Morán constituye una violación "grave e inaceptable" de las reglas de soberanía y no injerencia en los asuntos internos de otro país.

  En nombre de Venezuela, el embajador solicitó que las autoridades judiciales de Cabo Verde pongan fin a "esta situación ilícita de manera urgente".

Fuente original 
https://expressodasilhas.cv/pais/2020/07/02/supremo-rejeita-segundo-pedido-de-habeas-corpus-para-libertar-alex-saab/70264