miércoles, 24 de junio de 2020

Lo que hay detrás de los corruptos contratos de CITGO con el excontratista David Rivera

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   La demanda interpuesta por los abogados de CITGO y PDV USA contra el excongresista del estado de la Florida, David Rivera, por incumplimiento de un contrato a través de su firma, Interamerican Consulting INC, sigue dando de qué hablar. A partir del conocimiento del caso civil, han surgido una serie de actores que han ampliado el radio de acción de la investigación federal que incluye a varios personajes del régimen de Nicolás Maduro. En esta historia les contamos algunos detalles de este escándalo.
   Cuando se conoció la demanda en mayo de 2020, se constató que la directiva de CITGO, encabezada por Luisa Palacios y Carlos Jordá, asistidos por el abogado Michael Gottlieb, [quien ha representado a chavistas y opositores], presentaron la querella civil que busca rescatar los $15 millones de dólares que CITGO pagó a David Rivera en 2017, por sus servicios de cabildeo a favor de PDVSA, controlada en ese tiempo por Nicolás Maduro. 

   Según fuentes internas de CITGO, la demanda, más que tener la intención de recuperar los $15 millones [el costo de litigar en corte supera el monto del premio que se busca obtener] "es un mecanismo usado por la refinadora petrolera del estado venezolano, controlada por el gobierno interno de Juan Guaidó, [reconocido por el gobierno de Estados Unidos y más de 50 países], para cubrirse las espaldas, debido a que la investigación que se sigue el Departamento de Justicia norteamericano contra CITGO, que posiblemente concluya con severas penalidades a la empresa por no haber cumplido las leyes federales contra la corrupción y  el lavado de dinero".

   "La demanda sería una cortina de humo, para demostrar ante la justicia estadounidense que aunque tarde, actuaron contra los presuntos criminales que expoliaron dinero de CITGO y de PDVSA en los Estados Unidos", sostuvo la fuente consultada en calidad de anonimato. 

  En febrero de 2019, la junta directiva de Luisa Palacios tuvo conocimiento de primera mano de todos los casos de corrupción que se cometieron en CITGO durante las administraciones chavistas, incluyendo la del fallecido, Nelson Martínez  y la de Asdrúbal Chávez.

   "Se les informó sobre los ejecutivos que cometieron delito y las empresas que obtuvieron los contratos fraudulentos a lo largo de todos los años. Las auditorías internas y los reportes de empleados que denunciaron los hechos de corrupción y los intentos de sobornos que los contratistas ofrecieron para lograr expoliar el dinero de CITGO y PDVSA", dijo la fuente pero asegura "que no se tomaron acciones hasta finales de mayo de 2020".

     Cuando se interpuso la demanda en la corte del Distrito Sur de Nueva York, el presidente interino, Juan Guaidó dijo que la demanda es posterior a una auditoría hecha por su equipo directivo de CITGO.  

   En un tweet del Centro de Comunicaciones del gobierno interino, con fecha 15 de mayo de 2020, se activierte que la demanda contra Rivera surgió luego de una auditoría realizada por CITGO, tras haber sido recuperada para los venezolanos por el Gobierno legítimo.

  Se señala que: "tras la investigación realizada, tenemos los suficientes elementos para afirmar que, pese a no haber realizado ninguna labor justificable, la PDVSA de 2017 controlada por Maduro canceló al Sr. Rivera $15 millones de dólares, de un contrato de 50 millones de dólares".

   Documentos en nuestro poder muestran que la auditoría a la que se hace referencia, no fue hecha en 2019, sino que se realizó en  mayo de 2017 por el departamento Interno de CITGO. Tal como apuntamos, Luisa Palacios y su equipo, tenían esa información desde febrero de 2019, y no fue sino hasta mayo de 2020 que decidieron interponer una acción contra David Rivera y contra otro contratista corrupto que ya está en custodia de las autoridades estadounidenses, José Manuel González Testino. 

   "La conveniencia de interponer la querella civil en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, buscando recuperar los $15 millones no luce clara", dice la fuente interna de la corporación. 

  Un dato que llama la atención de Venezuela Política es el incremento significativo de gastos de asesoría legal de CITGO desde que se inició la gestión de la directiva designada por Juan Guaidó, llegando a superar los $102 millones de dólares

   Vale destacar que la cifra de $102 millones en gastos legales de CITGO, bajo la administración de Palacios, "se han usado para realizar investigaciones internas por más de un año, cuyos resultados aún están por verse", dijo la fuente consultada.

   Bajo el control de Guaidó, CITGO sigue usando abogados y los bufetes que usó la corporación cuando estaba bajo el control del régimen de Nicolás Maduro y que estuvieron al tanto de los fraudes y actos de corrupción y violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero.

   La fuente consultada sostiene que la mayoría de las firmas seleccionadas por la administración designada por Guaidó y que se mantienen en la nómina de CITGO "fueron coordinadas por la abogada de CITGO, Judith Colbert a pesar que hay información es pública y notoria, que los bufetes de abogados se han beneficiado al trabajar y defender al régimen de Maduro".

    La misma fuente sostiene que actualmente bufetes como Willkie Farr & Gallagher LLP Willkie y Sidley Austin LLP [Caso narcosobrinos] "siguen beneficiándose y llevando múltiples casos en CITGO bajo la administración de la junta directiva de Juan Guaidó".

  "Otras firmas como Hogan Lovells y Jones Day fueron seleccionadas por Judith Colbert para acosar a los empleados de la corporación que han denunciado fraude y corrupción interna en CITGO", sostuvo la fuente. 

 Denuncia que "Cristina Rodríguez (Hogan Lovells) en combinación con Judith Colbert y Glenn Hilman unieron fuerzas para retaliar y amedrentar a empleados y directores que denunciaron casos de fraude en CITGO y fueron despedidos bajo la administración de Nelson Martínez y José Pereira". 

   Explica la fuente que hay un informe interno de CITGO, con las denuncias de la exgerente de Recursos Humanos, Marisol Gómez sobre los contratos de PDV USA y CITGO, ordenados por el fallecido, Nelson Martínez con compañías intermediarias como GFC Consultores y Yakima Trading de Samark López Bello, quien fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de ser uno de los testaferro del actual ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, quien pasó a ser uno de los hombres más buscados por la justicia de los Estados Unidos. 

  Señala la fuente que "durante la mediación legal del caso de Gómez, Judith Colbert, Glenn Hilman y Cristina Rodríguez defendieron la selección y los contratos de PDV USA/CITGO con GFC Consultores, Yakima y sus dueños y testaferros". 

  Agrega que "bajo la administración de Luisa Palacios y Carlos Jordá sigue la convivencia con profesionales internos y externos que ayudaron al desfalco de CITGO y PDVSA". 

   Sostiene que "los empleados de CITGO han visto por años que los abogados contratados por el régimen se han enriquecidos a cosas de los casos de CITGO, cobrando horarios inflados, y sin importar que los casos sean ganados en las cortes o no".

   Reportes en nuestro poder muestran que CITGO pagó en servicios de consultoría y gastos de defensa en 2016 más de $ 68 millones; en 2017, los gastos llegaron casi $81 millones y en 2018, se gastaron alrededor de $64 millones. En este período, el régimen de Nicolás Maduro controlaba la filial de PDVSA en Estados Unidos. Pero en febrero de 2019, CITGO pasó al control de Juan Guaidó, y en ese año, los gastos por servicios legales subieron a casi $89  millones y hasta el presente van más de $102 millones.  Las firmas que cobran en CITGO durante la gestión de Palacios y Jordá además de las mencionadas anteriormente, está Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP.


La acusación contra David Rivera

  Las fuentes insisten en que la acusación contra David Rivera responde a un interés político que busca desviar la atención, y se convierte "en una herramienta que convenientemente pretende dejar a PDV USA (CITGO) como una víctima". En este caso, las acciones del abogado Michael Gottlieb buscan evitar que se haga mención a la "responsabilidad individual" de los participantes que diseñaron y ejecutaron la transacción fraudulenta que la corporación hizo con el excongresista, y que violaron las leyes federales.

   La idea, dice la fuente, "es la intención de encajonar la demanda en un incumplimiento de contrato, cuando el caso envuelve una investigación más extensa de presunto lavado de dinero, financiamiento ilegal, malversación de fondos, soborno y fraude en CITGO".  

 Sostiene que "estos crímenes sólo fueron posibles con la participación de dos o más partes, PDVSA, PDV USA, CITGO y los empleados, directores, abogados y consultores que participaron en la transacción demandada y que tenían el deber y la obligación de salvaguardar a la empresa y controlar que ese tipo de fraudes no se hiciera en una empresa que se rige por leyes norteamericanas".

   Tal como hemos advertido, los casos de varios contratos fraudulentos de PDVSA, CITGO y PDV USA son investigados por el Departamento de Justicia desde el año 2017.  "Los elementos y la manera fraudulenta de cómo David Rivera y contratistas como José Manuel González Testino, Manuel Chinchilla y otros lograron obtener contratos de CITGO es un factor que penaliza a la corporación ante las autoridades judiciales estadounidenses", comenta la fuente.

Las repercusiones de la demanda contra David Rivera

    Como se señaló, el pliego de la demanda contra David Rivera no incluye todos los detalles de ese caso, sino la exposición de hechos selectivos que no permiten conocer la historia completa, que involucra a otros actores, que hasta ahora permanecen  ocultos.

   Cuando CITGO y PDV USA contrataron a David Rivera para cabildear a favor del régimen de Nicolás Maduro ante las instituciones gubernamentales de los Estados Unidos, no se hizo la debida due diligence, no se cumplió con los requerimientos de ley y no revisaron las credenciales de la empresa Interamerican Consulting Inc, a la que pagaron $15 millones de dólares, en tres transacciones de $5 millones cada una a través de la cuenta bancaria Interamerican Consulting, Incorporated en el banco JPMorgan Chase Bank NA, Routing #: 021000021 Cuenta # 633291682 y que tiene como dirección,  270 Park Avenue, New York, 10017. 

   Una vez que se dio a conocer la demanda, hubo muchas interrogantes que apuntaban a David Rivera, quien es investigado por presunta violación de la Ley FARA. 

   Fue el senador Bob Menéndez (D-N.J.) quien pidió a funcionarios del Departamento de Justicia que investigaran sí el ex representante Rivera violó la ley al no haberse registrado como agente del régimen de Nicolás Maduro ante el gobierno de Estados Unidos.


   En una carta enviada por Menéndez al Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional, John Demers, se señala que la demanda y los informes de prensa posteriores, mostraron que Rivera estaba trabajando en nombre de un agente extranjero, sin el debido registro bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).

  "Por lo tanto, solicito que el Departamento de Justicia revise si Rivera cumplió con FARA, incluso si tiene la obligación de registrarse retroactivamente como agente extranjero que actúa en nombre del régimen de Maduro", escribió Menéndez, el principal demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

  "Cuando los agentes extranjeros no se registran bajo FARA, sus actividades en nombre de las potencias extranjeras se ocultan a la vista del público, lo que oculta las posibles amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos", advirtió Menéndez (1).

Otros elementos que hablan de la corrupción en CITGO 

  Esta semana, la agencia Associated Press (AP) informó que el régimen venezolano intentó reclutar al ex-congresista Pete Sessions para negociar una reunión con el CEO de Exxon Mobil, al mismo tiempo que estaba pagando en secreto a  David Rivera $50 millones para evitar las sanciones de Estados Unidos.

   La nota de AP refiere que "un funcionario de PDVSA envió un correo electrónico a Sessions, el 8 de junio de 2017, en busca de su ayuda para organizar una reunión entre el ministro de petróleo de Venezuela y Darren Woods, entonces jefe de Exxon, con el propósito de atraer a la petrolera de regreso a Venezuela".

   AP dijo que había visto el correo electrónico, y que dicha evidencia estaba en manos de la policía federal de EE. UU. En  la misma nota, escrita por el periodista Joshua Goodman, se señala que se investiga al ex-congresista, David Rivera, "a la persona que supuestamente le dio instrucciones al funcionario de PDVSA para enviar el correo electrónico a Sessions".

     En la fecha que se alega que hubo un intento del régimen de Maduro de acercarse a Exxon, Rivera estaba trabajando para el chavismo, en base al contrato por $50 millones que se firmó entre PVD USA/CITGO con Interamerican Consulting Inc.  

      AP recalca que Sessions participó en esfuerzos de mediación en Venezuela durante los 15 meses siguientes. Viajó a Caracas en secreto en abril de 2018 para reunirse con Nicolás Maduro, en un viaje auspiciado por el ahora prófugo de la justicia de Estados Unidos por diversos crímenes financieros, corrupción masiva y lavado de dinero, Raúl Gorrín.

    Se confirma en la nota de AP que "David Rivera sirvió de traductor en la reunión de Sessions con Nicolás Maduro, a que asistió Gorrín". Meses más tarde, "Sessions habló con el abogado personal del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani para ayudarle hacer las gestiones para que se produjera la reunión de Maduro con el presidente de EE. UU.".

  Las evidencias sobre esas gestiones son objeto de investigación por parte de fiscales federales que buscan todas las pesquisas relacionadas con los servicios de consultoría que Rivera hacía a Maduro, y por los cuales CITGO pago $15 millones.

CITGO entra en acción

  La nota de AP se refiere a un aspecto que ya había sido mencionado en los medios. CITGO aportó $500.000 al comité inaugural de Trump. 

    Otra fuente en CITGO sostiene que la donación del medio millón de dólares a la campaña del presidente norteamericano "se mantuvo en secreto, no se habló de esta transacción hasta que la información salió publicada en la prensa". Muchos se sorprendieron, incluyendo Rafael Gómez que era el encargado de las relaciones con el gobierno. 

    La fuente dijo a Venezuela Política que "con la donación de los $500 mil, pudieron asistir a la inauguración del presidente Donald Trump, José Pereira y Gustavo Cárdenas (presos en Caracas acusados de delitos de corrupción), Rick Esser, ratificado en su cargo por la directiva designada por Juan Guaidó".

    AP menciona que CITGO pagaba $70 mil mensuales "durante mucho tiempo", a dos grupos de presión establecidos, Cornerstone Government Affairs y Vantage Knight, por supuestos "trabajos de regulación". 

    Una segunda fuente interna de CITGO, que habló en condición de anonimato,  sostiene que las facturas en la contabilidad que presentó David Rivera para cobrar los $50 millones, de los cuales sólo logró el pago de $15 millones, carecían de sustentación legal "fueron unos recibo de cobro sin rigurosidad, y la entrega del informe de servicios tampoco reunía los requisitos para ser aceptados por  el Departamento de Finanzas de CITGO para ser cancelados. Nada se correspondía al pago de $50 millones a una empresa de lobby".

  Hasta el momento, las fuentes consultadas no tienen conocimiento sobre las razones por las cuáles la directiva de Luisa Palacios no ha demandando también a las otras empresas que cometieron delitos similares. 

Los gastos de lobby de CITGO, PDVSA

   En 2017, fecha en la que Maduro, a través de Delcy Rodríguez, contrató a David Rivera para hacer lobby ante el gobierno de Estados Unidos, PDVSA y CITGO paraba miles de dólares a las siguientes empresas a empresas de cabildeo:
  En 2018, PDVSA y CITGO contraron las siguientes compañías lobistas.
  En 2019, cuando el control de CITGO fue entregado a Guaidó, y fue designada Luisa Palacios como presidenta de la Junta Directiva, estas fueron las empresas contratadas por la corporación.
   En el primer semestre de 2020, continuaron los contratos a las mismas empresas:


Los perversos personajes de la trama


   Cuando David Rivera supo que PDV USA/CITGO lo había demandado, aseguró que parte del dinero que recibió estaba destinado a la oposición de Venezuela y pidió que le preguntaran a los 6 de CITGO, refiriéndose a los seis ejecutivos presos en Caracas por su participación en casos de corrupción durante sus gestiones en CITGO, Houston. Rivera no ha ofrecido evidencia o explicación para respaldar esa afirmación.

    A raíz de las revelaciones de Rivera, quien aseguró además que se había entendido con el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López y su esposa, Lilian Tintori, a quienes habría entregado parte del dinero, se supo que en el entramado denunciado por el demandado, habría participado también Raúl Gorrín, en prófugo de la justicia estadounidense que hizo una enorme fortuna por actividades fraudulentas que le permitieron robar miles de millones al erario público venezolano por su sociedad con el ex-tesorero Alejandro Andrade, Nicolás Maduro y otros funcionarios del régimen de Chávez y Maduro.

     Esta semana, Leopoldo López aseguró que iba a contrademandar a David Rivera por difamación. Hasta el cierre de esta nota no se había interpuesto ninguna querella contra el excongresista por parte del líder de Voluntad Popular y uno de los actores principales en el gobierno interino de Guaidó.  López continúa operando desde la residencia del embajador de España en Caracas, donde se encuentra en calidad de refugiado desde el 30 de abril de 2019.

  Gorrín participó junto a Rivera en la reunión con el excongresista Sessions en Caracas en 2018, y según la información dada a conocer por AP, pagó el viaje del congresista a Venezuela, aunque la misma agencia cita a una de las asistentes de Sessions que aseguró que era el parlamentario el que había pagado sus gastos. 

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CITAS

1) https://thehill.com/homenews/senate/498502-top-senate-democrat-asks-doj-to-investigate-former-representatives-venezuela

2) https://apnews.com/15ea6f405e859acadf969696d286b94a

lunes, 22 de junio de 2020

Propietarios de Avior facilitaron a Bolivariana de Aeropuerto (BAER) operaciones que violan las sanciones de los EE. UU.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Una serie de documentos en nuestro poder evidencian que existe una cooperación entre Avior Airlines y el régimen de Nicolás Maduro para evadir las sanciones  impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, que no se limitan a la transferencia de  propiedad del Airbus 340-300 a Conviasa. 
  Avior, por medio Carmen Sofía Alfonzo, directora de Comunicaciones de la compañía aérea, ha negado la versión que el airbus 340-300 haya sido negociado con el régimen de Maduro, explicando que "a la empresa le están ofreciendo la aeronave al Estado venezolano como parte del pago de una deuda por motivos operacionales". 

  No obstante, las evidencias y los testimonios de este caso contradicen la versión de Carmen Sofía Alonzo y revelan que existe una cooperación que va más allá de la negociación del referido avión. Documentos revelan que al menos desde enero de 2019 hay una amplia colaboración entre los directivos de la empresa y funcionarios del régimen de Maduro.

    Las pruebas en poder de Venezuela Política revelan que Juan Bracamonte, Jorge Luis Añez y Arnaldo Añez, a través de su vicepresidente de finanzas, Jorge Alva, han ayudado en varias oportunidades al régimen de Caracas a eludir las sanciones y facilitar a funcionarios chavistas la malversación de fondos, estableciendo esquemas que han permitido pagar cientos de miles de dólares a BOLIVARIANA DE AEROPUERTOS (BAER), S.A. por concepto de derechos aeroportuarios, utilizando una empresa denominada  AEROSERVICES A7, con cuenta en No.9146143659 en el banco estadounidense Citibank N.A. donde se recibe los pagos en nombre de BAER. 



    Los documentos en nuestro poder revelan cómo el régimen de Nicolás Maduro ha  utilizado a terceros (AEROSERVICES A7 y AVIOR AIRLINES C.A.) para manejar las operaciones en dólares en Estados Unidos. 

  Hasta el momento, se ha confirmado que el Departamento de Compliance (obediencia) de Citibank N.A. no tenía (o tiene) conocimiento del esquema que se operaba, y se limitaba a tramitar las transferencias como pagos de Avior a un Proveedor. El Citibank es la entidad donde Bracamonte maneja su portafolio de inversiones.

   Aeroservices A7 junto a las empresas Clouds Services LLC y BCDA Aeronautical Solutions LLC, todas registradas en la División de Corporaciones del Estado de La Florida, han sido mencionadas como entes involucrados en operaciones que evaden las sanciones de la OFAC impuestas por la administración del presidente Donald Trump.


   Aeroservices A7 es una empresa con nombre ficticio registrada en el estado de la Florida, el 3 de abril de 2018. El estatus de la empresa es Activo y su número de archivo es G18000042980. La dirección principal de la compañía es 10540 Nw 26th St # G108, Miami, FL 33172.

  La compañía tiene  como agente registrador a la empresa Glufco Investments Corp de Miami FL, otra entidad del la Florida, cuyo registro es P18000028716, FEI/EIN Number es 82-4989817, incorporada el 26 de marzo de 2018 usando la misma dirección pero diferente suite: 10540 NW 26TH #G302, Miami, Fl 33172.





sábado, 20 de junio de 2020

Raúl Gorrín, dueño de Globovisión, acusado en más de tres casos criminales en Estados Unidos

La organización criminal internacional de lavado de dinero presuntamente dirigida por Gorrín se llevó a cabo durante un período de extrema dificultad económica para los venezolanos comunes, que han luchado para cubrir las necesidades básicas, como vivienda y alimentos.

Por Maibort Petit


El dueño del canal de televisión venezolano Globovisión, Raúl Belisario Gorrín está acusado en más de tres diferentes casos criminales que cursan en los tribunales federales de los Estados Unidos, según se confirma en una nota de acción relacionada que fue enviada por la fiscal estadounidense, Ariana Fajardo Orshan en conjunto con el fiscal asistente, Michael B. Nalder, a la corte del Distrito Sur del estado de la Florida. En el oficio se hace referencia que Gorrín quien fue calificado como prófugo de la justicia norteamericana está vinculado a los siguientes casos 17-CR-20883 y 18-cr-80054, que estuvieron a cargo de la jueza Robin Lee Rosenberg .

Los fiscales informaron en la referida comunicación que, debido a las acusaciones fácticas de la acusación contra Raúl Gorrín, dada a conocer el 20 de noviembre de 2018, (caso 18-CR-80160) están relacionadas con otras dos acusaciones, en las cuales Gorrín aparece como conspirador todas las acciones legales deben ser vistas por el mismo juez, por razones de ahorro de la justicia.

El oficio de la fiscalía dice señala que "este caso tienen una superposición sustancial con las acusaciones fácticas establecidas en los Casos relacionados, ya que el acusado Raúl Gorrín ha sido referido como co conspirador anónimo y  no acusado en esos expedientes. Además, la conspiración cargada en los Casos relacionados está directamente relacionada y es parte de la conspiración acusada en este caso".

Los fiscales basan la solicitud en base a la regla 3.8 de la ley del estado de la Florida que establece las normas para la transferencia de acciones penales con similares procedimientos.

La regla señala que los abogados de las partes deben notificar según se describe en la Sección 2.15.00 de los Procedimientos Operativos Internos del Tribunal, cuando existe acciones o procedimientos similares pendientes ante otro tribunal o agencia administrativa del gobierno. Dicha notificación se entregará presentando ante el Tribunal y entregando una "Notificación de Acciones pendientes, archivadas, relacionadas o similares ", que contiene una lista y una descripción de las mismas suficiente para identificación.

Algunos de los casos criminales de Raúl Gorrín

En el primer caso es acusado de 10 cargos por lavado de dinero

Una parte de la amplia actividad criminal de Raúl Gorrín fue descrita por el gobierno de los Estados Unidos en el expediente de acusación 18-CR-80160 presentado  el 16 de agosto de 2018 en el Distrito Sur de Floridacon un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero más otros nueve cargos relacionados con delitos de lavado de dinero internacional. 

El caso de Raúl Gorrín fue asignado al juez federal de distrito William P. Dimitrouleas del distrito sur de Florida. 

La acusación formal alega que Raúl Gorrín, supuesto 'empresario' venezolano que se hizo millonario durante los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro,  pagó millones de dólares en sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto nivel, incluido el ex tesorero de Venezuela, Alejandro Andrade, para garantizar los derechos de realizar transacciones de cambio de divisas a tasas favorables para el gobierno venezolano. 

Además de transferir dinero a/y para los funcionarios, Raúl Gorrín supuestamente compró y pagó gastos relacionados con aviones privados, yates, casas, caballos campeones, relojes de alta gama y una línea de moda, dicen los documentos federales.

Para ocultar los pagos de sobornos, Gorrín realizó pagos a través de múltiples compañías fantasmas. 

La acusación formal acusa a Raúl Gorrín de conspirar para sobornar a funcionarios venezolanos y cometer lavado de dinero al ocultar los fondos malversados del gobierno en el sur de Florida y Nueva York durante la última década.

Inicialmente, la investigación estadounidense contra Gorrín se centró en Alejandro Andrade, el ex tesorero venezolano Alejandro Andrade cuyo expediente criminal es el número 9:17-CR-80242.

Los fiscales federales sostiene que Gorrín estuvo directamente vinculado con el esquema criminal de Alejandro Andrade Cedeño, ex residente de Wellington, Florida y ex tesorero nacional venezolano, quien se declaró culpable bajo sello el 22 de diciembre de 2017 ante la juez federal de distrito Robin L. Rosenberg del Distrito Sur de Florida. Andrade asumió la culpabilidad del cargo de  conspiración para cometer lavado de dinero. Fue sentenciado a 10 años de cárcel y actualmente se encuentra pagando condena en una cárcel ubicada en el centro de la Florida.

Como parte de su declaración de culpabilidad, Alejandro Andrade admitió que recibió más de $ 1 mil millones en sobornos de Raúl Gorrín y otros co-conspiradores (cuyos nombres aún no han sido revelados por la justicia de Estados Unidos), a cambio de usar su posición como tesorero nacional venezolano para seleccionarlos para realizar transacciones de cambio de moneda para el gobierno venezolano. 

Como parte de su acuerdo de declaración de culpabilidad, Andrade acordó entregar a la justicia norteamericana  $ 1 mil millones de dólares y todos los activos involucrados en el esquema corrupción, incluidos bienes raíces, vehículos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias. 

El caso contra Andrade había sido sellado en enero de 2019 por la jueza Rosenberg en West Palm Beach para mantener protegido al extesorero de Hugo Chávez mientras cooperaba con los fiscales federales y agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional en su investigación de Gorrín y otros, de acuerdo a los registros judiciales muestran.

Rosenberg señaló en su orden de sellado que "revelar el nombre del acusado y la existencia de estos cargos presentados podría presentar un peligro claro y presente para el acusado y sus familiares".

Andrade, Gorrín y otros asociados en los sectores del gobierno, la banca y los negocios de Venezuela están acusados de enriquecerse capitalizando intercambios favorables de divisas y ocultando sus enormes ganancias en cuentas e inversiones bancarias europeas y estadounidenses, según la acusación.

Andrade utilizó su posición oficial para dar a Gorrín acceso a los tipos de cambio preferidos por el gobierno para maximizar las ganancias en sus transacciones de divisas.

El caso de Gabriel Arturo Jiménez (Expediente 9:18-CR-80054)


El nombre de Raúl Gorrín aparece asociado en la acusación contra Gabriel Arturo Jiménez Aray, un venezolano ex-reside de Chicago, Illinois, expropietario del banco Banco Peravia, quien se declaró culpable bajo sello el 20 de marzo de 2018 en el Distrito Sur de Florida ante el juez Rosenberg por un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. 

Como parte de su declaración de culpabilidad, Jiménez admitió que, como parte del plan, conspiró con Raúl Gorrín y otros para adquirir Banco Peravia, a través del cual ayudó a lavar dinero del soborno y los ingresos del plan. 

El hijo del ex banquero, Gabriel Jiménez, es muy cercano al actual gobernante Nicolás Maduro y se le considera “la mente maestra” detrás del Petro, la criptomoneda venezolana sancionada por Estados Unidos, según reveló el diario estadounidense El Nuevo Herald (1).

El caso de los 1200 millones de dólares de PDVSA 

Aunado a la acusación contra Gorrín en los casos relacionados con Alejandro Andrade y Gabriel Arturo Jiménez, el dueño de Globovisión aparece vinculado a otro caso de robo de dinero del estado venezolano, que cursa en el tribunal del sur de la Florida. En esa demanda criminal, que refiere un esquema de lavado de dinero internacional de $ 1.2 mil millones fue presentado en julio de 2018 y en el cual aparecen nueve acusados, incluidos algunos hombres cercanos a Nicolás Maduro, quienes serían responsables de malversar grandes sumas de dinero de la compañía petrolera nacional Petróleos de Venezuela y lavarlo a través de intercambios de divisas para aumentar las ganancias.

Los fiscales dicen que los conspiradores invirtieron millones en fondos mal obtenidos en el mercado inmobiliario del sur de la Florida, incluidos los condominios de lujo.

La demanda criminal señala que a lo largo de dos años, un sujeto aunque no identificado, registró una serie de grabaciones con un micrófono escondido en las reuniones con los supuestos involucrados en la operación de corrupción, lavado y malversación de más de 1.200 millones de dólares pertenecientes a PDVSA.

El documento de la corte dice que la trama se inició en diciembre de 2014 con un plan inicial de blanquear 600 millones de dólares pero luego el monto se duplicó a 1.200 millones de dólares.

En este caso están acusados Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer (alias “Chente”), Carmelo Urdaneta Aqui, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois, Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, Mario Enrique Bonilla Vallera y otros sujetos cuyos nombres aún no han sido revelados formalmente en el expediente, entre ellos el de Raúl Gorrín.

Dice la acusación que Ortega había expresado a los involucrados en el caso su inquietud ante una posible investigación por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Inclusive, en los papeles federales se destaca que en un encuentro que tuvo lugar el 22 de octubre de 2016, el acusado advirtió a los presentes que algún día se sabría sobre los movimientos de dinero que estaban haciendo de manera ilegal.

Las investigaciones revelan que el ex director de Finanzas de PDVSA habría obtenido 5 millones de dólares como resultado de su participación en la trama de corrupción acusada.

Ortega pagó una fianza de un millón de dólares para lograr el beneficio de de arresto domiciliario en su residencial en el sur de la Florida, con un monitoreo electrónico 24 horas al día. Sólo puede movilizarse para acudir a citas médicas y audiencias en la corte.

En este caso también se declaró culpable el ex banquero de nacionalidad alemana, Mathias Krull acusado junto a otros de en la Operación de blanquear capitales y quien se declaró culpable, negoció con las autoridades federales y fue sentenciado a 10 años de cárcel.

Krull sería uno de los banqueros personales de Gorrín, Matthias  según fuentes citadas por el Nuevo Herald (2).

Gorrín, propietario de la red Globovisión en Caracas, no ha sido acusado en ese caso. Se sospecha que dirigió 600 millones de dólares de la compañía petrolera estatal del país, PDVSA, a un banco europeo para enriquecerse, los tres hijastros del presidente Maduro y otros miembros de la élite políticamente conectada de Venezuela, según los registros judiciales y múltiples fuentes familiarizadas con La investigación federal en Miami. Los hijastros de Maduro y el propio presidente también están bajo investigación en ese caso.



Según lo requerido en su acuerdo de declaración de culpabilidad, Krull comenzó a proporcionar evidencia sobre la red de lavado de dinero con sede en Venezuela, incluida información privilegiada sobre el magnate de los medios venezolanos Raúl Gorrín, propietario de la red Globovisión en Caracas, según múltiples fuentes familiarizadas con la investigación.

Se sospecha que Gorrín dirigió 600 millones de dólares de la compañía petrolera estatal del país, PDVSA, a un banco europeo para enriquecerse, los tres hijastros del presidente Nicolás Maduro y otros miembros de la élite políticamente conectada de Venezuela, según nuevos registros judiciales y múltiples fuentes. .

Por otra parte, Gorrín también está siendo investigado en un caso que implica a varios empresarios conectados con el gobierno por el lavado de 1.200 millones de dólares de la empresa petrolera estatal PDVSA.

Aunque no aparece mencionado por su nombre en la acusación de julio, dos personas conocedoras del caso dijeron que Gorrín es “Conspirador 7”, a quien el documento judicial describe como el multimillonario propietario de una televisora venezolana.

Matthias Krull, un banquero suizo que colabora con la fiscalía en el caso, dijo bajo juramento que “Conspirador 7” le presentó a dos hombres identificados en los documentos judiciales como “Los Chamos”, quienes según las dos fuentes estadounidenses serían los hijos de una relación anterior de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, y, por lo tanto, hijastros de Maduro.

Gorrín vino de orígenes humildes en Venezuela. Se convirtió en abogado, pero finalmente se convirtió en un exitoso hombre de negocios. Obtuvo el control de la compañía de seguros Aseguradora La Vitalicia, que adquirió en 2008 con sus socios Juan Domingo Cordero y Gustavo Perdomo. También se unieron a él en la compra de Globovisión cinco años después.

A fines de 2017, Gorrín intentó negociar una estrategia de salida con la administración Trump para el asediado gobierno de Venezuela, según varias fuentes de Washington, al vender la idea de que Maduro y otros líderes gubernamentales clave podrían estar dispuestos a negociar una transición en Venezuela a cambio de una amnistía. . Gorrín se reunió con el vicepresidente Mike Pence y estaba buscando una reunión con el presidente Donald Trump en ese momento, dijeron las fuentes.

También el año pasado, Gorrín contrató a Ballard Partners, el ex cabildero de Florida de Trump, a un costo de $ 50,000 por mes para ayudar a su red de televisión venezolana a expandirse en los mercados de EE. UU.

Sin embargo, esa relación terminó abruptamente. Un portavoz de Ballard le dijo al Miami Herald que la empresa finalizó su representación de Globovisión, citando preocupaciones sobre una historia del Miami Herald a fines de julio, informando que se sospechaba que el magnate de los medios de comunicación participaba en una matanza masiva de lavado de dinero.

(1) 


(2)Venezuelan TV mogul with U.S. real estate fortune charged in South Florida
https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/venezuela/article221706585.html

(3) EE.UU. presenta cargos contra magnate venezolano Raúl Gorrín
https://www.voanoticias.com/a/eeuu-cargos-contra-magnate-venezolano-raul-gorrin-bolichicos-globovision/4666055.html








miércoles, 17 de junio de 2020

Régimen de Maduro negocia con Avior gigantesco Airbus 340-300 para crear puente aéreo con Irán

  La última información señala que el avión ya está de Conviasa. En el contrato la entrega de la nave aparece como "Adjudicación en pago o la dación en pago" que es la acción de entregar un bien a cambio de saldar una deuda pendiente".​ Se refiere, por tanto, al acto por el cual el deudor realiza, a título de pago, una prestación distinta de la debida al acreedor, quien acepta recibirla en sustitución de ésta.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   El régimen de Nicolás Maduro está negociando con Avior Airlines un gigantesco Airbus 340-300. Un avión de este tipo permite hacer la ruta Caracas-Teherán, Rusia, Turquía u otro destino similar sin escalas, lo que evita el riesgo de captura.
    El régimen de Maduro necesita adquirir aeronaves que le permitan volar directo a los países aliados, evitando que se repita lo acontecido con Alex Saab, quien fue detenido en Cabo Verde, luego que el avión donde viajaba hiciera una parada técnica para reabastecerse de combustible "por no tener el rango suficiente para volar sin escalas". 

   Los representantes de Maduro están buscando comprar aeronaves de largo rango, pero son pocas las empresas que están dispuestas a vender aeronaves al gobierno de Venezuela o a sus aerolíneas estatales por temor a ser sancionados. 

La negociación

   "Nicolás Maduro requiere una aeronave de largo rango y gran capacidad de carga para reforzar el puente aéreo con el estado islámico de Irán, con quien mantienen un acuerdo de asistencia en todos los sectores y quien es el principal receptor del oro y el uranio venezolano", dijo una fuente conocedora de la negociación que declaró bajo condición de anonimato. 

   La fuente explicó que Avior Airlines C.A., a través de sus directores y accionistas, Jorge Añez, Jorge Luis Añez y su presidente Juan Bracamonte, está negociando con una entidad desconocida (presuntamente de Saab) designada por el Gobierno venezolano, la compra de un Avión Airbus 340-300 de la flota de Avior para ser operado por la aerolínea estatal Conviasa. 

   "El 340-300 de Avior, serial fabricación número 199, tiene un rango de 13,500 Km, puede ser configurado hasta 440 pasajeros y tiene capacidad de peso máximo de despegue de doscientas setenta y cinco (275) toneladas", acotó. 

    Fuentes internas del INAC y de Avior, confirmaron que, a la fecha, se han realizado varias reuniones del área financiera y técnica "donde Añez, desde su residencia en Miami, instruye a Jorge Alva, su vicepresidente de finanzas, para que reúna con autoridades del gobierno venezolano, todo coordinado por Juan Bracamonte".  
   
   "Conviasa aprobó la adquisición de la aeronave que será llevada a Irán donde se le realizará un servicio mayor de mantenimiento antes de incorporarla a la flota de la estatal", aseguró. 

     La fuente sostiene que Avior "pidió al gobierno que el avión fuera expropiado para no quedar en evidencia ante el mundo", pero los representantes del régimen "se negaron para evitar escándalo". En consecuencia, acordaron seguir con la venta y Avior puso dos condiciones: 
1) Que sean removido del avión cualquier imagen de Avior antes de salir de Venezuela. 
2) No recibirá el pago en divisas, para tratar de eludir las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen. En su lugar, se acordó recibir el pago en especie, es decir, mediante créditos en combustible con PDVSA y créditos con otras entidades del gobierno a las que AVIOR hace  pagos  regularmente con ocasión a su operación. 

   La fuente afirma que "este plan de negocios fue estructurado por Bracamonte, quien mantiene relaciones con varios funcionarios de Caracas". 

  Agrega que "Los Añez y Bracamonte viven en el Sur de la Florida". de hecho, "la esposa actual de Jorge Añez, Rebeca García Teppa, se encuentra en Estados Unidos con una visa F1 de estudiante, y vive actualmente en el Doral. Juan Bracamonte, por su lado, está residenciado en Weston y posee más de tres propiedades en Florida".

Hoy comenzaron los despidos en CITGO Petroleum Corporation

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Desde este miércoles se iniciaron los despidos de CITGO Petroleum Corporation, en el marco del plan de ajustes anunciado por la empresa, a raíz de los resultados negativos obtenidos en el primer trimestre de 2020.

 CITGO informó el 12 de junio que tuvo "pérdidas netas de 159 millones de dólares y ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) de 38 millones de dólares, excluyendo el efecto de asuntos especiales".

 La corporación dijo que, debido al inicio de la pandemia del COVID-19, y a la destrucción de la demanda petrolera que afectaron a todo el sector energético, la empresa tuvo un resultado negativo durante el primer trimestre de la compañía. 

50 empleados

   Esta semana, CITGO despidió a menos de 50 personas de la compañía, nada significativo a lo esperado por un grupo interno de la empresa que aspira a que se produzcan cambios importantes, "que se focalicen en los ejecutivos, gerente que han participado en actos de corrupción e irregularidades que tuvieron lugar en varias gestiones del chavismo, en especial la de Nelson Martínez, Asdrúbal Chávez, José Pereira y otros, que hasta ahora conservan sus cargos".

  Fuentes internas informaron a Venezuela Política que "se evalúo implementar otras medidas de ahorro y cortar costos, pero que las mismas fueron rechazadas por los gerentes y directores ya que afectaban sus intereses y beneficios personales".

  Sostienen que ejecutivos y gerentes de varias áreas de la corporación, que se mantienen en sus cargos, "deberían ser investigadas y responsabilizadas por su rol en la estructura criminal que funcionó en CITGO bajo las corruptas administraciones de Martínez, Pereira y Chávez".

  Insistieron que "es urgente una investigación sobre las personas que han sido señaladas de haber violado las normas internas de la corporación que coludieron con Nelson Martínez para defraudar a CITGO y a PDVSA, y que tomaron represalias contra los empleados que denunciaron fraude y corrupción interna. La empresa tiene suficiente información sobre gerentes Rick Esser, Gina Coon, Judith Colbert, Brian Paulson, entre otros", sostuvieron las fuentes internas que declararon en calidad de anonimato debido al acoso que vive el personal.

A continuación reproducimos el comunicado de CITGO publicado en el portal de la empresa el 12 de junio de 2020.


HOUSTON, 12 de junio de 2020 – CITGO Petroleum Corporation (CITGO) publicó hoy los resultados de su desempeño en el primer trimestre de 2020, que incluyen pérdidas netas de 159 millones de dólares y ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) de 38 millones de dólares, excluyendo el efecto de asuntos especiales.

El inicio de la pandemia del COVID-19 combinado con la destrucción de la demanda petrolera afectaron a todo el sector energético y presionaron negativamente los resultados del primer trimestre de la compañía. La pérdida neta del primer trimestre se vio particularmente afectada por un menor ajuste de valoración de inventario al menor valor de costo o mercado ("LCM" por sus siglas en inglés), producto de la rápida caída de los precios del petróleo que ha afectado a las empresas de refinación en toda la industria.

"El ajuste de LCM resultó en una pérdida no monetaria que no tuvo impacto en la liquidez general de CITGO", dijo el Presidente Ejecutivo de CITGO, Carlos Jordá. "Nuestro equipo gerencial continuará monitoreando de cerca el entorno económico, utilizando la flexibilidad de nuestras refinerías y la diversificación de los mercados donde operamos para ajustar nuestra oferta de productos y las corridas de crudo, mientras seguimos evaluando reducciones de costos adicionales". 

Aspectos operativos y de rendimiento destacados del primer trimestre:

Actividades de paradas de plantas: se mantuvieron los planes existentes de paradas programadas de nuestras plantas para labores de mantenimiento.

Rendimiento de la refinería: el rendimiento total de la refinería en el primer trimestre fue de 764.000 barriles por día (bpd), incluyendo 114.000 bpd de materias primas intermedias, lo que resultó en una utilización total de crudo del 91%.

Exportaciones: las exportaciones de productos refinados del primer trimestre promediaron 181.000 bpd.

Excelencia operativa: las refinerías de CITGO continúan siendo reconocidas por su desempeño operacional sobresaliente. La refinería de Lemont recibió recientemente el Premio Élite en Seguridad Industrial Nivel Oro (Gold Safety Award) de los Fabricantes Americanos de Combustibles y Petroquímicos (AFPM por sus siglas en inglés) en reconocimiento a un desempeño superior en seguridad industrial y a su excelencia en innovación y liderazgo de programas. La refinería CITGO Corpus Christi obtuvo la designación Energy Star 2019 (Estrella Energética) de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) de EE. UU, por sus programas de ahorro energético y protección ambiental.

Asuntos especiales: varios asuntos únicos o especiales afectaron nuestra pérdida neta en el primer trimestre de 2020. La pérdida neta se debió principalmente al ajuste de valoración de inventario al menor valor de costo o mercado ("LCM" por sus siglas en inglés), de aproximadamente 332 millones de dólares. Este impacto fue parcialmente compensado por una ganancia resultado de una recuperación de póliza de seguro de aproximadamente 172 millones de dólares relacionada con los costos incurridos anteriormente relacionados con el caso Athos y un beneficio fiscal de aproximadamente 48 millones de dólares como resultado de las provisiones de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica ante el Coronavirus (la Ley CARES por sus siglas en inglés).

Actualización estratégica del segundo trimestre:

CITGO está activamente respondiendo a las desafiantes condiciones económicas con las siguientes iniciativas estratégicas:

Refinanciación: el 9 de junio de 2020, CITGO refinanció con éxito su Préstamo a plazos B 2021 con bonos garantizados al 7,00% con vencimiento en 2025. La oferta tuvo un exceso de suscriptores, lo que permitió a CITGO aumentarla a 1.125 millones de dólares.

Se mantuvieron los planes de paradas programadas de nuestras plantas: CITGO continuó con sus planes de paradas programadas de planta para el mantenimiento en las refinerías de Lake Charles y Lemont después de desarrollar e implementar estrictos protocolos de seguridad en torno al COVID-19, lo que permitió aprovechar el entorno económico de baja demanda. 

Gestión de liquidez: CITGO apunta a una reducción del 10% de sus gastos de capital para 2020 y adicionalmente está tomando medidas para reducir los gastos operativos anuales planificados para 2020 en aproximadamente un 10% -15%.

Perspectivas generales para la industria:

En una reunión de mayo con el accionista último de las entidades de CITGO, la Junta Administradora ad hoc de PDVSA, la presidenta de la Junta Directiva de CITGO, Luisa Palacios, detalló las fuerzas económicas y de mercado que han impactado el entorno económico del primer trimestre. El COVID-19 y su desarrollo en una pandemia en marzo de 2020 resultó en un colapso económico, que llevó a la caída de casi  5% en la actividad económica de EE.UU., los mercados de valores estadounidenses cayeron bruscamente, los precios del petróleo cayeron un 65% desde mediados de marzo hasta finales de mayo, y restricciones significativas de viajes y trabajo en oficinas afectaron severamente la demanda de gasolina, diésel y combustible para aviones. En abril se registró la mayor destrucción de demanda de productos refinados con una caída del 38,5% en comparación con el mismo mes del año pasado.

El impacto económico de esta pandemia condujo a un colapso en los márgenes de ganancia para los productos derivados del petróleo y hasta se volvieron negativos, algo que no se había visto desde la crisis crediticia de 2008.

Esto condujo a un recorte significativo en la utilización de la capacidad de refinación a nivel mundial y en los Estados Unidos desde marzo. La utilización de las refinerías de EE.UU. cayó a un mínimo de 68% y desde entonces se ha recuperado un poco llegando a 72%. Con la fuerte caída de la demanda, los inventarios de productos refinados y crudo han aumentado drásticamente, y si bien la industria ha evitado alcanzar el nivel máximo en los tanques de almacenamiento, los inventarios ahora están en niveles históricamente altos. Esto significa que los márgenes de refinación posiblemente no alcancen niveles saludables hasta que no se reduzcan estos inventarios a niveles razonables. 

Los analistas pronostican que el sector de refinación experimentará la peor parte de la crisis en el segundo trimestre de 2020. Sin embargo, como recientemente todos los estados han empezado a levantar las órdenes de confinamiento, los analistas esperan una recuperación gradual de la demanda en la segunda mitad de 2020. En dicho entorno, se espera que la demanda de gasolina lidere la recuperación, la demanda de destilados dependerá de la recuperación del crecimiento del PIB, mientras que se anticipa que la recuperación de la demanda de combustible de aviación tomará un buen tiempo.

Las expectativas positivas sobre el segundo semestre de 2020 se basan en los supuestos de que una recuperación de la demanda debería mejorar los márgenes de ganancias de la refinería. Sin embargo, estas expectativas dependen de que no exista un resurgimiento significativo del COVID-19 a medida que disminuyen los requisitos de distanciamiento social.

Palacios señaló los pasos concretos y proactivos que ha tomado CITGO para garantizar un sólido posicionamiento para resistir las condiciones económicas actuales y aprovechar al máximo la eventual mejora de los mercados. "Creemos que CITGO se ha preparado de manera proactiva para un escenario de estrés al reducir los costos operativos y de capital, aprovechar los mercados para obtener liquidez adicional y continuar con las actividades de mantenimiento planificadas en el segundo trimestre, mientras que el costo de oportunidad y los niveles de demanda son bajos", dijo Palacios.










martes, 16 de junio de 2020

Exgerente de PDVSA, Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, empezó a pagar su condena en una cárcel en Bastrop, Texas

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  El exgerente de PDVSA Servicios en Houston, sentenciado por haber recibido sobornos millonarios por entregar contratos petroleros con sobreprecio a contratistas corruptos, Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, comenzó a cumplir su condena en el Instituto Federal de Corrección (Federal Correction Institution, FCI, Bastrop, una cárcel federal ubicada en Bastrop, a unas 30 millas al suroeste de Austin, Texas. 
    Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz estará tras las rejas hasta el 20 de Mayo del 2025, en un  campamento de mínima seguridad donde está recluidos unos 37 prisioneros federales. La prisión se encuentra en una zona adyacente a la cárcel principal donde hay cerca de 1,200 prisioneros. 

La condena y sus crímenes


   Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz fue condenado a 70 meses de prisión, que deberán ser servidos consecutivamente. El exgerente de PDVSA, fue procesado criminalmente por haber recibido millonarios sobornos de contratistas corruptos para lograr contratos con la petrolera venezolana de manera fraudulenta, violando la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

  Gravina Muñoz también fue sentenciado por haber obstruido la justicia, durante el tiempo que colaboraba con los fiscales en una investigación que involucraba al contratista venezolano-americano, José Manuel González Testino, quien fue procesado por delitos de corrupción y lavado de dinero con contratos de PDVSA y CITGO y será sentenciado en el mes de agosto de este año.

   Cuando fue condenado, el juez Gray H. Miller ordenó a Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz hacer una restitución de $214,000 al Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos (IRS). 

   La condena de Gravina Muñoz incluye un régimen de libertad condicional por 3 años, una vez concluyan los 6 años de prisión obligatoria que se iniciaron esta semana.

  Gravina Muñoz trabajaba con el contratista corrupto, José Manuel González Testino, cuando fue arrestado. Luego de declararse culpable, pasó a colaborar con los fiscales federales de Houston para lograr beneficios procesales. Durante su colaboración cometió otro delito federal, cuando decidió informar González Testino que era objeto de una investigación por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Una vez que González Testino supo que lo estaban investigando por sus operaciones fraudulentas en contratos con PDVSA y CITGO, intentó huir a Venezuela, y también fue arrestado por las autoridades en el aeropuerto de Miami.

  Fue entonces cuando Gravina Muñoz fue acusado de delitos de obstrucción a la justicia.

  Los fiscales acusaron a Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz de haber ocultado a las autoridades que seguía trabajando para José Manuel González Testino cuando estaba cooperando con el gobierno de los Estados Unidos.

El caso

  Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, residente de Fort Bend County,, en Texas, es un ciudadano venezolano —nacionalizado estadounidense— que trabajó en PDVSA desde 1998 hasta marzo de 2014 aproximadamente. Durante ese tiempo, Gravina Muñoz ocupó varios cargos en la petrolera, incluyendo la gerencia de compras de equipos y servicios.

  En los documentos federales dice que su trabajo de alta gerencia, Gravina Muñoz era responsable de manejar las subastas de contratos para los proveedores de servicios al entonces gigante petrolera venezolano.

  Fue acusado de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero, en operaciones que se realizaron desde el inicio de 2007 hasta al menos 2014, y que facilitaron a los contratistas que participaron en el megafraude, cometer ofensas contra los Estados Unidos, amparando actividades y operaciones ilegales que afectaron el comercio internacional.

  Los contratistas (Roberto Rincón, Abraham Shiera, José Manuel González Testino, entre otros) pagaron a Gravina Muñoz sobornos para lo lograr la asignación de contratos de la PDVSA, violando las prácticas y normas de la empresa.

  El 12 de abril de 2010,  uno de los contratistas transfirió a la cuenta de banco de otro de los contratistas, USD 164,570,63 para pagar el remanente de la hipoteca de la residencia de Gravina Muñoz en Texas, a cambio que este le otorgara a los conspiradores jugosos contratos.

   El 7 de mayo de 2010,se  transfirió a favor de Gravina Muñoz USD 135,429  como parte de los sobornos.

  El 28 de enero de 2011, uno de los empresarios transfirió a una cuenta en Panamá de uno de los contratistas USD 15,000. como parte de los sobornos. Otros USD 15,000 fueron transferidos a su favor el 6 de junio de 2011 para que siguiera haciendo las operaciones fraudulentas a favor de las empresas de los contratistas. Asimismo, se le pagó el 29 de enero de 2012 USD 6.688.22 para el pago de servicios contables de una casa a nombre de Gravina Muñoz.

  Entre muchas otras transacciones, aparecen unas operaciones hechas el 3 de enero de 2014 por USD 15.000,00  desde una cuenta en Panamá propiedad de un contratista a la de Gravina en Texas.

   En la acusación federal se señala que un contratista (1) dueño de varias empresas proveedoras de equipos y servicios de PDVSA. Otra el 20 de marzo de 2014, donde Gravina Muñoz sacó de una cuenta conjunta USD 93,267.87 para pagarlo a uno de sus familiares.

  Gravina Muñoz también fue acusado de Fraude y falsa declaración  en sus impuestos del año fiscal 2010.