lunes, 18 de mayo de 2020

Decisión del Supremo de EE. UU. acelera posible pérdida de CITGO, el activo más valioso de Venezuela en el exterior

 La Corte Suprema de los Estados Unidos negó la solicitud de Venezuela de reconsiderar una decisión de un tribunal inferior que permite a Crystallex subastar las acciones del refinador de PDVSA en Estados Unidos, CITGO.

Por Maibort Petit
@maibortpetit


  Al negarse a discutir el recurso interpuesto por Venezuela, la Corte Suprema de los Estados Unidos  le da valor al fallo del Tercer circuito que permite que la trasnacional Crystallex pueda proceder con una orden otorgada por un juez de Delaware para proceder con una subasta pública de las acciones de CITGO Petroleum Corp. para saldar que por $1.4 millones que la República Bolivariana de Venezuela tiene pendiente la República Bolivariana de Venezuela. 
   Con esta actuación de la Corte Suprema de Justicia, se mantiene la decisión del tribunal de apelaciones de los Estados Unidos, que establece que cualquier acreedor que intentase confiscar los activos de Venezuela, incluyendo CITGO, va a requerir una aprobación específica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

  En noviembre de 2019, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de EE. UU. en Filadelfia confirmó una decisión que permitía a la canadiense Crystallex subastar acciones en CITGO para cobrar una sentencia de $ 1.4 mil millones generada por la confiscación de sus bienes en Venezuela.

El caso, junto con varios otros que se están abriendo camino a través de los tribunales estadounidenses, podría llevar a PDVSA a perder el control de CITGO.

 La administración de Donald Trump ha mostrado interés en salvaguardar a CITGO, tratando de bloquear la intención de los acreedores de Venezuela que buscan cobrar sus deudas, en buena medida para proteger a la administración interina de Juan Guaidó.


  En octubre de 2019, la Corte de Apelaciones del 3er Circuito de Estados Unidos dictaminó que  Crystallex International Corp podía avanzar con los esfuerzos para confiscar las acciones de la refinadora de petróleo CITGO.

  La canadiense Crystallex, desaparecida actualmente, había ganado una sentencia de $ 1.4 mil millones como premio por la expropiación de sus activos ejecutada durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. La minera también consiguió sentencias judiciales favorables en los Estados Unidos para subastar acciones de CITGO, propiedad del Estado Venezuela, para cobrar la deuda.

  La decisión del Supremo deja a Venezuela en un alto riesgo de perder CITGO. 

  Crystallex está buscando una compensación por la adquisición por parte de Venezuela en 2011 de las operaciones de extracción de oro de la compañía cerca de Las Cristinas. Crystallex ganó en el arbitraje en 2016, y un tribunal federal de apelaciones con sede en Filadelfia dictaminó el año pasado que las acciones podrían ser confiscadas para satisfacer el laudo. El minero de oro aún debe obtener una licencia del Departamento del Tesoro de EE. UU. Antes de que las acciones puedan subastarse.

   Crystallex es el más avanzado de un grupo de acreedores, incluida la compañía petrolera ConocoPhillips, ha estado realizando acciones legales para que el tribunal permita la subasta de las acciones de PDV Holding Inc., la empresa matriz de CITGO, para cobrar las deudas

  La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ordena levantar una decisión de un tribunal de segundo circuito que había suspendido temporalmente la venta de acciones de CITGO.

Un caso de larga data

  En abril de 2016, Crystallex recibió un fallo a su favor emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial debido a que en 2008 el fallecido presidente Hugo Chávez retiró las concesiones del yacimiento ‘Las Cristinas’ lo que condujo al reclamo por parte de la minera en el tribunal internacional.

  El juez del primer circuito de la Corte Federal de Delaware, autorizó en agosto de 2018 la incautación de Citgo, la principal filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos, a favor de la minera canadiense Crystallex, que reclama el pago de la compensación adeudada por las pérdidas sufridas tras la expropiación de sus concesiones e inversiones en el país suramericano.

  El Tribunal del Tercer Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos en Filadelfia afirmó que el tribunal de primer circuito tiene razón para unir las acciones de Petróleos de Venezuela de su unidad de los Estados Unidos, que es propietaria de CITGO.

  En el escrito del juez Leonard Stark, se sostiene que el tribunal de Distrito actuó dentro de su jurisdicción cuando emitió un recurso de anexos sobre las acciones de PDV Holding (propietaria de CITGO) para satisfacer la sentencia de Crystallex contra la República de Venezuela. El magistrado sostiene que las acciones de PDV Holding (CITGO) no son inmunes a la vinculación.

  El pleito entre la transnacional Crystallex International Corp. y los representantes del estado venezolano por el impago de la deuda de más de USD 1.400 millones condujo a que el tribunal de Delaware aprobará, en agosto de 2018, la subastada de las acciones de CITGO para pagar las deudas adquiridas por Venezuela con la canadiense, para lo cual se ordenó a los aguaciles de los Estados Unidos proceder con los trámites para la venta, que posteriormente fue paralizada.

  En la comunicación de los abogados de Crystallex, fechada el 31 de agosto de 2018, dice los aguaciles entregaron la orden de ventas de las acciones de la corte al agente de PDV Holding, Inc el 24 de agosto de 2018.

  Crystallex había solicitado que el Tribunal ordenara la venta de las acciones lo más rápido posible argumentando que la Ley sobre la Corporación General de Delaware, incorporada por la Regla 69 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, requiere que las acciones fueran vendidas por los alguaciles “al mejor postor” por orden del tribunal.

   Los abogados de la canadiense explicaron que, en base a la citada norma, “siempre que la orden de venta se envíe por correo a PDVSA y esté publicada al menos dos veces durante 2 semanas sucesivas”, con “la última publicación de al menos 10 días antes de la venta, en un periódico publicado” en el condado de New Castle, la venta puede continuar.

  Agregaron que el propósito de la publicidad es informar al público y a los postores potenciales de la venta y promover la oferta. “No se requiere nada más. Y, aquí, no hay duda de que la venta se publicitara mucho más allá de los requisitos legales” dice la carta.

  Crystallex -dijo en la mencionada la comunicación- que no tenía dudas de que la venta de las acciones se daría a conocer en todo el mundo cuando el Tribunal emitiera la orden adicional y, por lo tanto, el esquema legal diseñado para garantizar la imparcialidad del proceso de venta.

  Crystallex aseguró en 2018 ante el tribunal que las acciones de CITGO se venderían a un “precio justo y adecuado”, que es “el precio de hecho” es el recibido en la venta judicial, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos de la ley.

  PDVSA solicitó la suspensión de esa orden judicial sin pagar una fianza. Los abogados de Crystallex aseguraron en ese entonces que los argumentos de PDVSA “carecían de fundamento”, y por tanto su moción debe ser denegada, en particular dado el historial de PDVSA y Venezuela de devaluar a PDVH y sus subsidiarias a través de transacciones que “intencionalmente” han diseñado para “obstaculizar a los acreedores”.

  Una vez que se realizaron los primeros trámites, de manera inesperada, los representantes del gobierno de Nicolás Maduro y los de Crystallex llegaron a un acuerdo, (cuyos términos se mantuvieron en secreto) que incluía el pago de la deuda por cuotas a finales de 2018. Venezuela pagó unos USD 500 millones, aproximadamente. No obstante,  en enero de 2019, se incumplieron los compromisos acordados por lo que las acciones legales se reiniciaron.

  En enero de 2019, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino con el apoyo de los Estados Unidos y de más de 50  países, bajo el argumento que las elecciones presidenciales celebradas el 10 de mayo de 2018, donde Nicolás Maduro se declaró ganador fueron fraudulentas.

  La disputa legal por CITGO Petroleum Corporation se convirtió en una batalla política entre Guaidó y los representantes de Nicolás Maduro, quien mantiene el control de las instituciones del gobierno de Venezuela y de PDVSA, (que son los representantes legales de PDV Holding que a su vez es dueña de las acciones de CITGO), según consta en los registros de la empresa en Delaware.

  En febrero de 2019, Guaidó designó una junta directiva ad hoc que tomó el control de CITGO. Luisa Palacios fue designada como presidenta de la nueva junta que empezaron a operar la filial de PDVSA de inmediato.

  En marzo de 2019, el tribunal de Delaware aprobó que representantes legales de Guaidó pudiesen intervenir en el caso Crystallex versus la República de Venezuela.

  Los abogados designados por Guaidó para la apelación, argumentaron frente al panel de jueces durante la audiencia del 15 de abril de 2019, que los intentos de Crystallex de cobrar los pagos adicionales establecidos por el acuerdo con la república de Venezuela, no tomaban en cuenta la realidad económica y la aguda crisis humanitaria que vive en estos momentos el país suramericano.

  Los representantes legales de Guaidó sostuvieron que la entrega de las acciones de CITGO a Crystallex y otros acreedores para que las mismas sean subastadas y así pagar las deudas, sería «un mecanismo de alteración de la política exterior de Estados Unidos».
De acuerdo a los récords legales, CITGO está valorada en USD 8 mil millones. En su estructura accionaria, la filial petrolera del estado venezolano está comprometida en un 50.1 por ciento con los bonos de PDVSA, y un 49.1 por ciento con la empresa rusa Rosneft.

  El incumplimiento de los compromisos del estado venezolano con sus acreedores internacionales hizo que CITGO fuera vista como un mecanismo para lograr recuperar sus acreencias. Entre los acreedores se encuentran, (además de Crystallex), ConocoPhillips y Rusoro Mining Ltd. Houston, Estados Unidos y los poseedores de bonos de la república y de PDVSA.

Pago de intereses de bonos

  En mayo de 2019 la Asamblea Nacional venezolana, encabezada por Guaidó, aprobó en el pago de intereses de USD 71 millones a los tenedores de los bonos PDVSA 2020 que tienen como garantía el 51.9 por ciento de las acciones de CITGO.  Los representantes de Guaidó argumentaron que el pago del bono se hizo para evitar la incautación de CITGO.

  La administración interina debe decidir sobre un nuevo el pago de intereses de los mencionados bonos que vence el 27 de octubre de 2019 y que equivale a unos USD 913 millones.

viernes, 15 de mayo de 2020

CITGO pagó a David Rivera los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA (Nicolás Maduro) en los EE. UU.

    La demanda contra Interamerican Consulting Inc, empresa de maletín del excongresista David Rivera, ocultaría hechos irregulares, en los que ejecutivos de CITGO de la antigua administración y, que han sido premiados por la junta directiva nombrada por Juan Guaidó tienen amplia responsabilidad. La querella estaría plagada de imprecisiones que tienen como fondo "encubrir lo que realmente ocurrió en el seno de CITGO".  El caso, que involucra al político de la Florida se presentó hace 3 años ante las gerencias de CITGO, y desde Febrero 2019 a la directiva que preside Luisa Palacios, pero hasta la fecha no se habían tomado acciones. Muchos se preguntan ¿Por qué ahora?.
A continuación les contamos parte de esta historia de corrupción variopinta.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
  Una demanda por incumplimiento de contrato  interpuesta ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el escritorio jurídico de CITGO, Willkie Farr & Gallagher LLP, [encabezado por los abogados Jeffrey B. Korn y  Michael Gottlieb] fue publicada por primera vez por el New York Times el 13 de mayo de 2020 (1).  En la querella,  PDV USA busca que Interamerican Consulting Inc, una empresa de maletín propiedad del excongresista cubano-americano, David Rivera devuelva al menos $15 millones (más intereses) por servicios 'de cabildeo' que no prestó y que estaban especificados en un contrato firmado por empresa registrada en la Florida con el régimen de Nicolás Maduro en 2017.  Rivera, quien ha sido investigado por el FBI por otras situaciones irregulares, dijo luego al Miami Herald que: “Todos esos fondos fueron a la oposición para protestas contra Maduro en el verano de 2017. Nunca vi un centavo de eso. Eso es todo lo que sé"(2). 

  Rivera agregó al Nuevo Herald que la administración Trump, incluido el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, "estaban al tanto de todo".

  No está claro cómo el gobierno liderado por Maduro eligió a Rivera para ayudar a apuntalar la imagen de su filial petrolera en los Estados Unidos. 

¿Quién pagó los $15 millones a David Rivera?

   La demanda fue interpuesta por uno de abogados de CITGO, que ha trabajado para las administraciones del régimen chavista, y quien fue contratado nuevamente por la presidente de la Junta Directiva de CITGO, designada por el presidente interino, Juan Guaidó en 2019, Luisa Palacio. Michael Gottlieb quien también estuvo asociado al bufete que defendió a los narcosobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro ha jugado un rol crucial en las decisiones de Palacios. En Venezuela Política hemos escrito sobre la relación Palacios- Gottlieb y el acoso que ambos mantienen al personal de CITGO que ha denunciado las irregularidades dentro la corporación. (3).


El pago corrupto

  Una fuente interna, conocedora del caso, destaca lo siguiente: "la explicación de los hechos dada por el bufete de abogados no es del todo cierta". En marzo de 2017, ocurrió un acontecimiento en la sede de CITGO en Houston, que generó reacciones de varios de los que velaban por el acatamiento y cumplimiento de las normas de Compliance o cumplimiento de la corporación y que tenían la obligación [imprescindible] de garantizar que CITGO cumplieran todas las obligaciones legales.

  Por aquel entonces, se presentaron unas facturas para justificar un pago un total de $15 millones (tres facturas de $5 millones cada una) a favor de Interamerican Consulting Inc. Lo primero que llamó la atención fue la calidad de las 'facturas', que a decir de muchos eran simples papeles, sin los requerimientos mínimos esenciales para poder pagarlas".  A todas luces se veía que "era una operación de la lavado de dinero", sostuvieron  dos fuentes internas de CITGO, consultadas en condición de anonimato debido a la persecución a la que está sometido el personal de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

   Las tres facturas "por servicios profesionales" eran por el monto de $5 millones cada una, para un total de $15 millones, y "se pagó por una orden de arriba". Para ese momento, José Pereira (actualmente bajo arresto en Venezuela, acusado por delitos de corrupción) era el vicepresidente de Finanzas y fue quien ordenó a Gina Coon (actual Tesorera) que pagara la cuenta porque era una orden del CEO de CITGO, Nelson  Martínez (fallecido en custodia del Estado venezolano en diciembre de 2018). El jefe de Servicio de Compliance era Rick Esser. 

  CITGO pagó las facturas a la empresa del excongresista David Rivera, y "todos aquellos que se quejaron fueron removidos de sus puestos de trabajo". La aprobación de los pagos de $15 millones violó todas las reglas de la empresa y es una razón suficiente para que haya sanciones legales. 

  Los récords muestran que CITGO emitió 3 pagos de $5 millones cada uno; las transferencias bancarias se hicieron a la cuenta de David Rivera (Interamerican Consulting) se enviaron en 3/24/2017; 04/10/2017 y 04/19/2017. Es decir se pagaron $15 millones en menos de cuatro semanas (27 días),  "por lo que se evidenció que había una intención corrupta de sacar $50 millones de CITGO de una manera expedita", comentó una fuente vinculada al caso, quien agregó que con la aprobación de dichas operaciones por parte de CITGO, "José Pereira y Gina Coon violaron todos los controles de revisión y autorización con este contrato y sus facturas relacionadas".

   El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga esta operación entre otras que se cometieron durante la presidencia de Nelson Martínez para favorecer al régimen de Nicolás Maduro.

Febrero de 2019

   Cuando asumió la nueva junta directiva de CITGO, encabezada por Luisa Palacios, se les informó sobre las múltiples irregularidades cometidas por las anteriores administraciones de CITGO, y les entregaron informes sobre los ejecutivos que presuntamente habían cometido los delitos, tanto los venezolanos como los norteamericanos. Pero, contrario a lo que muchos esperaban, los nuevos directivos no tomaron ninguna acción, sino que se dedicaron a evitar que la información trascendiera las paredes del edificio sede ubicado en 1293 Eldridge Pkwy, Houston, TX 77077. 

  La explicación de las fuentes consultadas para este reporte, refleja que detrás de la demanda hecha por el bufete Willkie Farr & Gallagher LLP "hay muchos hechos sin contar". Una de ellas señala: "Esto no es ni el 10% de la historia", a la vez que aseguró  que: "mucho de los hechos reportados por ambas partes no son ciertos". 

   Otra fuente de PDVSA, Caracas, confirmó a Venezuela Política que "los pagos a la empresa Interamerican Consulting Inc fueron hechos en un cien por ciento por el personal de CITGO, por orden de la junta directiva de PDVSA. Las operaciones fueron procesadas y ejecutadas por José Pereira ( bajo arresto en Venezuela) y Gina Coon (actual tesorera de CITGO) violando todos los controles y procedimientos internos de revisión". 

   Un elemento importante, que vale la pena destacar, es que los registros constitutivos de PDV USA muestran que la empresa demandante es un ente de la misma CITGO. "Para el momento que se realizaron los pagos corruptos a la empresa de maletín del excongresista David Rivera, CITGO estaba manejada, controlada y administrada por José Pereira, Gustavo Cárdenas, y Nelson Martínez", acota la fuente consultada en PDVSA, Casa Matriz .

  En la demanda se pretende establecer que PDV USA es una unidad de PDVSA, "pero dicho argumento es sólo para encubrir a CITGO", dijo una fuente interna familiarizada con el caso.

  PDV USA es fondeada por las compras de petróleo y pagos que hace CITGO a PDVSA. "En vez de pagar a PDVSA, parte de ese dinero es/era transferido a las cuentas de PDV USA en Estados Unidos, para pagos [principalmente] a proveedores, que en realidad no eran tales, por ejemplo: 1) Proveedores usados en CITGO Aruba; 2) Gastos de propaganda política del régimen venezolano en los Estados Unidos; 3) Gastos de viaje de personajes del régimen, 
[Delsy Rodríguez y otros]; 4) Gastos de los consulados, fiestas en misiones de la ONU en NYC, [como fue el caso de Rafael Ramírez y María Gabriela Chávez, hija de Hugo Chávez]; y 5) muchas otros pagos como donaciones no controladas. 

   Los reportes internos muestran que las cuentas bancarias de PDV USA son/eran manejadas por Gina Coon (Tesorera) bajo la dirección de José Pereira, Gustavo Cárdenas y Nelson Martínez.

   El entramado de corrupción que se manejó desde CITGO envuelve muchos otros casos como el del ex congresista, David Rivera. "Hay operaciones fraudulentas vinculadas a abogados, congresistas, consultores, contratistas y empleados de CITGO que  colaboraron con las transacciones corruptas y apoyaron al régimen de Nicolás Maduro desde los Estados Unidos", aseguró la fuente. 

  Contrario a lo que dice la demanda del bufete Willkie Farr & Gallagher LLP, "los detalles y hechos de este caso son varios y envuelven varias acciones ilegales que afectan principalmente a CITGO, comenzando por violaciones de políticas y procedimientos internos, así como posibles violaciones de leyes de lavado de dinero, fraude, soporte a un régimen comunista, fraude postal, fraude electrónico, entre otros hechos ilegales incluidos en la ley RICO y otras leyes federales de los Estados Unidos", acotó.

  Una de las fuentes consultadas señaló que la demanda "es una presunta estrategia de la actual junta directiva de CITGO que busca cubrirse las espaldas ante la investigación que realiza el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en CITGO". 

  Otro informante sostiene que "el abogado Michael Gottlieb, Luisa Palacio, Carlos Jordá y el resto de los actuales directivos saben que no va a recuperar los $15 millones de la demanda y que la única razón por la cual se interpuso la querella fue por la presión que existe por la investigación del DoJ". Se preguntan: ¿Por qué CITGO no demandó a Ernesto Guevara que supuestamente defraudó a CITGO por más de $300 millones?.

  Además de los ejecutivos mencionados, en los reportes internos de CITGO sobre este caso, aparecen señalados [por ser presuntamente cómplices o encubridores] Gina Coon, Rick Esser, Jennifer Moos (recientemente jubilada sin ser investigada) y Judith Colbert(4).

    Hasta la fecha, la junta directiva designada por Juan Guaidó y sus abogados, no habían tomado acciones significativas en contra de los proveedores y empleados que defraudaron a CITGO, "por el contrario, han soportado la retaliación en contra de los empleados/directores que reportaron casos de fraude internamente (incluyendo el de David Rivera), y han encubierto a empleados que presuntamente son cómplices en operaciones de lavado de dinero en CITGO", acotan. 

  Este caso fue reportado a Rick Esser y Jennifer Moos, porque estos dos ejecutivos de CITGO eran quienes manejaban el Comité de Cumplimiento "y no cumplieron con su deber de revisar y aplicar las leyes federales, que obligan a las empresas a investigar todas las demandas internas de empleados y asegurarse de actuar adecuadamente, tomar acciones correctivas, implementar controles necesarios, entre otras acciones".

La demanda describe hechos que nunca ocurrieron en CITGO

 En la demanda se señala que PDV USA se negó a pagar las facturas correspondientes a los meses siguientes, que sumaban $35 millones.  No obstante, dos fuentes internas de CITGO confirmaron a Venezuela Política que "durante el 2017 o el 2018, PDV USA (CITGO) no "se negó a pagar" las facturas de Interamerican Consulting, lo que ocurrió fue que dichas facturas y el contrato como tal no se canceló más por la intervención de tres directores que, al detectar que el contrato y los pagos eran ilegales se enfrentaron a José Pereira y a Nelson Martínez y detuvieron el esquema fraudulento, por lo que los pagos adicionales y cualquier relación futura entre CITGO/PDV USA y David Rivera quedaron al descubierto". 

  El directorio de PDVSA, conformado para aquel entonces por Guillermo Blanco, Eulogio Del Pino, Maribel Parra, Nelson Ferrer, Ysmel Serrano, Delcy Rodríguez, Simón Zerpa, José Pereira, y Edoardo Orsoni representado a CITGO aprobaron los servicios de consultoría legal internacional para “Asuntos estratégicos”. Y ordenaron la contratación de David Rivera y otros abogados

Corrupción generalizada

  Una de las fuentes internas de CITGO, consultadas para este reporte,  nos confirmó que a finales de abril 2017, en contra de la gerencia senior de CITGO (José Pereira y Nelson Martínez) y de las órdenes de los miembros de las juntas directivas de PDVSA y CITGO bajo un ambiente de corrupción y complicidad generalizada— tres directores de CITGO detectaron la transacción ilegal y lograron parar el contrato y pagos adicionales por $ 35 millones a Interamerican Consulting. Estos directores arriesgaron sus puestos de trabajo y se enfrentaron a retaliaciones posteriores por parte de José Pereira, Nelson Martínez, Gustavo Cárdenas, Rick Esser, Judith Colbert y otros directores cómplices, que todavía siguen en CITGO bajo la nueva administración.

La excusa del contrato de David Rivera 

  La excusa del contrato con Rivera para  realizar una Consultoría de Servicios Estratégicos (Strategic Consulting Services) "fue algo totalmente ilógico", sostiene la fuente. "Las transacciones fueron mantenidas en secreto por los directores de CITGO / PDVSA y los consultores y abogados estadounidenses que respaldaron este y otros acuerdos relacionados". 

  Agrega que "los directores de CITGO / PDVSA utilizaron a Interamerican Consulting, Inc./David Rivera y (su cuenta bancaria) como agente o intermediario para ocultar las transacciones, vínculos y objetivos trazados en los Estados Unidos con el régimen comunista de Nicolás Maduro". 
  

    Hasta ahora se desconoce el uso final de los 15 millones que consiguieron extraer de CITGO. Las investigaciones del DOJ/FBI están tras la pista de las transacciones bancarias para determinar el destino de los fondos robados al pueblo venezolano. Es necesario aclarar quién se beneficio o qué tipo de actividades ilegales se financiaron con este esquema.


Lo que dice la demanda

  La querella por incumplimiento de contrato interpuesta en la Corte del Distrito Sur de Nueva York establece lo siguiente:


1.  El 21 de marzo de 2017, PDV USA e Interamerican Consulting Inc firmaron un acuerdo de consultoría según el cual la empresa recibiría $ 50 millones en seis cuotas durante un período de tres meses para proporcionar supuestos "servicios de consultoría estratégica" para PDV USA empresa matriz, Petróleos de Venezuela, SA. 

2. PDVSA es la compañía estatal de petróleo y gas natural de la República Bolivariana de Venezuela y, en ese momento, estaba controlada por el régimen de Nicolás Maduro. PDV USA recibió instrucciones de la empresa matriz (PDVSA) de su empresa matriz (PDV Holding, Inc.) para celebrar el Acuerdo con el propósito de mejorar la "reputación a largo plazo" de PDVSA en los Estados Unidos. (No se menciona a CITGO)

3. En enero de 2019, el gobierno de los Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, como presidente interino de Venezuela, desconociendo el régimen de Maduro y sancionó a PDVSA a través de la OFAC. Desde ese momento se requiere una licencia del Departamento del Tesoro de EE. UU. para hacer negocios con la petrolera.

4. El Gobierno de Guaidó nombró una Junta de Directores Ad Hoc de PDVSA para supervisar las operaciones estadounidenses de las filiales de PDVSA en Estados Unidos, incluida PDV USA (No se nombra CITGO). En agosto de 2019, el Tribunal de Cancillería de Delaware dictaminó que, según la ley estadounidense, los nombramientos de Guaidó a la Junta Ad Hoc de PDVSA eran presuntamente válidos.

5. Según el Acuerdo de 2017, se suponía que Interamerican desarrollaría e implementaría durante un período de tres meses un plan estratégico para mejorar la reputación y posición de PDVSA, y construir relaciones con los formuladores de políticas, líderes de opinión, funcionarios públicos y partes interesadas específicas.

6. Entre otras cosas, a cambio de $ 50 millones, el Acuerdo requería que Interamerican proporcionara, al menos,  siete informes quincenales que detallen el trabajo realizado durante el período relevante y un informe final que incluiría recomendaciones para monitorear las estrategias implementadas. En cambio, el Demandado proporcionó solo dos informes, con un total de no más de cinco páginas, muchas de las cuales están duplicadas. Estos informes se refieren genéricamente a un "plan estratégico", "reuniones" y "recomendaciones", pero no describen un solo elemento del plan alegado, identifican a los participantes de la reunión o las discusiones de la reunión, ni especifican qué recomendaciones se hicieron ni a quién.

7. El Demandado no realizó servicios significativos según el Acuerdo, y ciertamente no realizó el nivel de servicios que razonablemente podría esperarse por una tarifa de aproximadamente $ 17 millones por mes.

8. PDV USA resultó lesionada por el incumplimiento del Acuerdo por parte del Demandado. PDV USA pagó las primeras tres facturas emitidas por el Demandado, un total de $ 15 millones, pero no recibió evidencia de que algún servicio se haya realizado alguna vez en nombre de PDV USA o PDVSA.

9. Además, Interamerican Consulting Inc se comprometió explícitamente en el Acuerdo a indemnizar a PDV USA por y contra cualquier incumplimiento del contrato perpetrado por la empresa, incluido el pago de los gastos, costas judiciales y honorarios de abogados asociados con la aplicación de los derechos de PDV USA.

10. En consecuencia, PDV USA interpone la acción para recuperar los $ 15 millones (más intereses) que ya le ha pagado al Demandado, liberar a PDV USA de cualquier pago adicional en virtud del Acuerdo y recuperar cualquier otro daño compensatorio por un monto que se abonará en juicio, así como todos los gastos, costas judiciales y honorarios de abogados asociados con el cumplimiento de sus derechos contractuales.


 La demanda señala que Interamerican Consulting Inc es una compañía incorporada en el estado de Florida por el ex congresista estadounidense David Rivera. La dirección de la empresa es el hogar de Rivera, ubicado en 10925 N.W. 43rd Lane, Miami, Florida, 33178. En su descripción, Interamerican  Consulting Inc dice que proporciona "servicios de consultoría estratégica". Según la información disponible públicamente, la referida empresa tiene solo dos empleados: (1) David Rivera, quien se desempeña como Presidente y agente registrado; y (2) Diana Rivera McKenzie (hermana de Rivera), quien se desempeña como Vicepresidenta.

  La demanda sostiene que el objetivo principal del contrato era que el Demandado brindara servicios para PDVSA. El representante autorizado y el principal punto de contacto era Pio González, un empleado de PDVSA. 

  Lo único que se recibió fueron dos breves informes de progreso proporcionados por Interamerican que aclaran que los servicios de consultoría se estaban prestando a PDVSA. Dichos informes describieron que Interamerican había organizado reuniones que "permitían al Cliente proporcionar sus puntos de vista y perspectivas sobre los eventos actuales en Venezuela y su interpretación en los Estados Unidos".  Aunque "Cliente" se define en el informe de progreso como PDV USA, la referencia a eventos actuales en Venezuela deja en claro que los intereses de PDVSA eran el tema de los servicios de consultoría estratégica.

  Aseguran que Interamerican acordó desarrollar las siguientes estrategias :

1) Informarían a los responsables políticos y líderes de opinión sobre las iniciativas y logros de PDVSA;

2) Reforzar la posición de PDVSA entre importantes funcionarios públicos y líderes de opinión"; y 

3) Mejorar la "reputación a largo plazo" de PDVSA y su "prestigio" con las "partes interesadas". 

  La empresa contratada acordó además "identificar oportunidades para construir relaciones a largo plazo entre terceros clave, líderes de opinión y funcionarios públicos". 

  El contrato establece que Interamerican debía proporcionar: 

(1) actualizaciones con respecto a sus servicios de consultoría estratégica con detalles adecuados y completos de los servicios prestados; 

(2) documentación de respaldo para todas las facturas presentadas; 

(3) informes quincenales que detallan sus actividades en virtud del Acuerdo; y 

(4) un informe final que integra todos los productos de trabajo desarrollados de conformidad con el contrato.

  El Acuerdo tenía un plazo de tres meses, comenzando en la fecha de ejecución, 21 de marzo de 2017, y terminando el 21 de junio de 2017.

  La querella sostiene que durante ese período, "Interamerican estaba obligada por contrato a proporcionar al menos siete informes quincenales que detallaban las actividades que había llevado a cabo durante el período de dos semanas aplicable y un informe final que resume todo el trabajo realizado en virtud del Acuerdo y proporciona recomendaciones para monitorear las estrategias implementadas".

  En lugar de proporcionar estos informes consistentes, Rivera presentó solo dos informes en total: un informe "quincenal" y un informe final. Los informes totalizaron no más de cinco páginas (colectivamente), gran parte de las cuales se duplicaron, y no pudieron describir ningún trabajo significativo realizado en nombre de PDV USA o PDVSA ni proporcionar ninguna evidencia de que el trabajo se haya realizado realmente.

  Los informes se refieren, dice la querella, genéricamente a reuniones y discusiones con "importantes formuladores de políticas y líderes de opinión en los Estados Unidos", "funcionarios públicos clave", "partes interesadas objetivo", "partes interesadas del sector público" y "partes interesadas del sector privado", pero no describen el propósito de esas reuniones, quién asistió, qué se discutió o qué hace que cualquiera de estos líderes, funcionarios o partes interesadas sea importante para el "plan estratégico" de Interamerican.

  Del mismo modo, el supuesto informe final se refiere a recomendaciones, pero no explica cuáles son esas recomendaciones.

  El contrato requería además que Interamerican proporcionara "documentación de respaldo" y "detalles adecuados y completos de los Servicios prestados" con cada factura presentada a PDV USA.

  Sostiene que Interamerican no proporcionó documentación ni detalles de respaldo con las facturas enviadas para el pago.

  Alegan que Interamerican tenía que completar los servicios "para satisfacción exclusiva de PDV USA", pero el cliente nunca expresó satisfacción y no está satisfecho con los servicios de Interamerican.

  Asegura que PDV USA pagó a Interamerican por servicios que nunca se realizaron, a pesar de que la empresa no brindó los servicios contratados $ 15 millones.

   El Acuerdo estableció un cronograma de pagos, según el cual PDV USA debía pagar a Interamerican una "cuota de pago inicial" de $ 5 millones el 21 de marzo de 2017.

  PDV USA pagó a Interamerican $ 5 millones el 21 de marzo de 2017, según lo establecido en el Acuerdo.

  El cronograma de pagos también indicó que, a partir del 4 de abril de 2017, se pagarán otros $ 20 millones en "Plazos de pago consecutivos" de $ 5 millones cada dos semanas y que se pagará un "Plazo de pago final" de $ 25 millones antes del 15 de junio de 2017 .

   PDV USA pagó a Interamerican $ 5 millones en cada uno de los días 4 de abril de 2017 y 18 de abril de 2017. Junto con el pago inicial realizado el 21 de marzo de 2017, PDV USA pagó un total de $ 15 millones.

  PDV USA se negó a pagar las últimas tres facturas que presentó David Rivera, que totalizaron $ 35 millones. "A pesar de que Interamerican no brindó los servicios requeridos por el contrato, y a pesar de la participación del régimen de Maduro y la extrema desproporción entre el precio del contrato y los servicios que se prestarían,  el demandado solicitó en repetidas ocasiones el pago de las facturas pendientes de PDV USA" .

   En vista del hecho de que el Demandado no había realizado y no contemplaba realizar ningún servicio en nombre de PDV USA y PDVSA, las empresas contratantes solicitaron conjuntamente el consentimiento del Demandado para concluir el acuerdo, pero el acusado se negó a dar su consentimiento. En cambio, Rivera continuó exigiendo que PDV USA pagara los $ 35 millones supuestamente adeudados.

   Según el contrato, Interamerican acordó "indemnizar"  a PDV USA y PDVSA contra cualquier incumplimiento, incluidos todos esos gastos, costes judiciales y honorarios de abogados en la aplicación de los derechos de PDV USA.

  Sostiene la demanda que el demandante tiene derecho a recuperar los $ 15 millones (más intereses) que pagó al Demandado y a ser liberado de cualquier pago adicional en virtud del Acuerdo que fui violado por David Rivera.

CITAS

1)https://www.nytimes.com/2016/03/12/us/marco-rubio-david-rivera.html

2) https://www.miamiherald.com/news/local/article242707216.html

3) https://www.maibortpetit.info/search/label/abogados%20narcosbrinos?m=0

4)https://www.maibortpetit.info/2020/01/busca-citgo-silenciar-casos-de.html

5)https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-13/venezuela-s-pdvsa-paid-ex-congressman-15-million-suit-says



jueves, 14 de mayo de 2020

Fiscalía de EE. UU. no considera a PDVSA como víctima de los esquemas de corrupción que se juzgan en el tribunal de la Florida sino como cómplice

   La moción de PDVSA, en la que pide ser declarada 'víctima' de la trama de corrupción y lavado de dinero del caso de [Francisco Convit Guruceaga, Jose Vicente Amparan Croquer, Carmelo Antonio Urdaneta Aquí, Abraham Edgardo Ortega, Gustavo Adolfo Hernandez Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois, Marcelo Federico Gutierrez Acosta y Lara, Mario Enrique Bonilla Vallera] "no tiene argumentos válidos", según explicó la Fiscalía y por ello el tribunal debe negar en su totalidad dicha petición.

Por Maibort Petit
@maibortpetit


   El gobierno de los Estados Unidos se opuso a que Petróleos de Venezuela SA (PDV USA) pase a ser considerada víctima de la trama de corrupción que envuelve a varios exfuncionarios y contratistas de la petrolera estatal en la Corte del Distrito Sur de la Florida. El estatus le permitiría a la petrolera obtener parte de los beneficios correspondientes a los fondos incautados por las autoridades estadounidenses, basado en el Estatus de Víctima y Restitución. 
  La Fiscalía del Distrito Sur de la Florida argumentó, en una moción firmada por la fiscal Adriana Fajardo Orshan, que "la petición de PDVSA debe negarse porque la petrolera es un instrumento estatal, que no califica como víctima bajo la Ley de Derechos de Víctimas del Crimen (CVRA)".

  La Fiscalía sostienen que PDVSA como "instrumento estatal" no es elegible para reclamar en calidad de víctima ningún beneficio, porque fue "cómplice de los esquemas de soborno y lavado de dinero que son el tema de este enjuiciamiento". 

  La fiscal Fajardo argumentan que la petrolera no califica porque "existe complicidad de PDVSA en el esquema de lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios que son objeto de este enjuiciamiento". Se refiere al caso vinculado a Abraham Ortega y los otros co-conspiradores.

  La moción de la fiscal Fajardo es en respuesta a una solicitud interpuesta por los abogados del gobierno interino de Juan Guaidó, que intentaron convencer al tribunal que PDVSA y PDV USA debían ser consideradas víctima de la trama de corrupción, que implicaría poder entrar en la restitución de más de $4500 millones de activos que fueron confiscado por el gobierno de los Estados Unidos en los casos judiciales relacionados con lavado de dinero de Petróleos de Venezuela.

  Los tribunales estadounidenses y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos han confiscado al menos unos $1 mil millones a funcionarios y empresarios corruptos venezolanos. Esos fondos representan un enorme potencial que podría contribuir a la reconstrucción de Venezuela, así como también para el pago de acreencias de la República que sigue controlada por el considerado régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, de acuerdo al gobierno de los Estados Unidos y más de 50 naciones.

  La Corte del Distrito Sur del estado de la Florida rechazó la moción de los abogados del gobierno interino, al igual que ocurrió con una solicitud que hicieran los representantes legales de la administración de Nicolás Maduro, ante el juez Gray Miller de la Corte del Distrito Sur de Texas en 2016, en la cual se pidió que PDVSA fuera reconocida por el tribunal como víctima para poder reclamar la restitución de los capitales congelados en la trama de corrupción  encabezada por los contratistas Roberto Rincón y Abraham Shiera. 

  En 2017, el la Corte federal de Texas decidió que los casos y las incautaciones aún no se habían completado, y negó la solicitud calificándola como "prematura" alegando que "era demasiado pronto para decidir sobre el tema".

  Los representantes de Maduro intentaron una acción similar en la Corte del Distrito Sur de la Florida donde cursan una serie de casos de corrupción. Pero tras el reconocimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos de Juan Guaidó como presidente interino, el procurador designado por la Asamblea Nacional, José Ignacio Hernández asumió la moción de la solicitud  de reconocimiento de PDVSA como víctima. 

  En su Memorando de Derecho de Apoyo, Hernández expone por qué PDVSA debería tener derecho a la condición de víctima y cómo el monto de la restitución debería ser de aproximadamente unos $ 560,033,118.19.

    La moción de respuesta de la fiscal Fajardo señala que el esquema de "lavado de dinero" alegado en al demanda no causó ningún daño a PDVSA, porque los tribunales han considerado que el lavado de dinero perjudica al público en general, a los venezolanos como tales, y  no a una persona específica.

 "PDVSA no tiene derecho a la restitución bajo la MVRA por cualquier presunto daño resultante de la conducta que no fue acusada o por presuntos daños no causados ​​directa y próximamente por la  conducta criminal de Abraham Edgardo Ortega y de los otros conspiradores", dice el documento de la fiscalía. 

  Los fiscales pidieron al juez denegar la solicitud alternativa de PDVSA para una "audiencia de restitución", ya que la misma se basa en la presunción errónea de que los Estados Unidos no cuestiona la posición de la junta directiva ad hoc de PDVSA, según lo designado por presidente Interino Juan Guaidó, o sus representantes legales para presentar su Moción de Estatus de Víctima y Restitución.

  La fiscalía sostiene que PDVSA no es una víctima con derecho a restitución y alega que no es necesario mostrar pruebas adicionales para determinar que "PDVSA no tiene derecho como víctimas porque participó en la conducta corrupta generalizada y porque no puede mostrar un vínculo causal directo y próximo entre la conducta vinculada a la demanda vinculada  y cualquier daño presuntamente sufrido por PDVSA". Por ello, la moción de PDVSA debe ser rechazada en su totalidad.

  La fiscal Fajardo sostiene que la audiencia probatoria solicitada por PDVSA fue injustificada porque "la petrolera ha reconocido que actualmente no tiene más evidencia para presentar en apoyo de su reclamo de condición de víctima y su moción se basa en hechos ya contenidos en los récords". 

  En el documento se asegura que en la moción interpuesta por los representantes del gobierno interino de Juan Guaidó, se explica que “los representantes reconocidos de PDVSA no tienen acceso a registros para analizar los detalles de las transacciones" en parte porque el ex presidente Nicolás Maduro Moros "continúa manteniendo un control sobre ciertos organismos gubernamentales dentro de Venezuela, entre los cuales se encuentra PDVSA".

  El acceso a más evidencia es poco probable que cambie en el futuro cercano. Por lo tanto, para llevar a cabo una audiencia probatoria en este asunto, con todas las implicaciones de la política exterior concomitantes, que "complique y prolongue la sentencia [Abraham Ortega] a un grado en el que la necesidad de restituir a cualquier víctima se ve compensada por la carga del proceso de sentencia" de unos 18 años. En esas circunstancias, la MVRA instruye que "no es necesario proporcionar restitución". 

Algunos elementos de la moción 

  El documento destaca que durante casi una década, las autoridades de los Estados Unidos han investigado y procesado a varios individuos [en investigaciones separadas de soborno y lavado de dinero] que involucran a PDVSA y sus subsidiarias. Hasta la fecha, Estados Unidos ha anunciado cargos contra 15 contratistas de PDVSA que han pagado sobornos, 11 funcionarios de PDVSA que reciben sobornos y 5 intermediarios. 

  Por ahora, 12 contratistas de PDVSA que pagaron sobornos, 8 funcionarios de PDVSA que reciben sobornos y 1 intermediario se han declarado culpables en relación con las investigaciones en curso de los Estados Unidos sobre corrupción en PDVSA. Las presentaciones públicas en cada uno de estos casos detallan el alcance de los esquemas plurianuales y multimillonarios en los que participaron estos acusados. 

 Abraham Edgardo Ortega, el acusado en este caso y el ex Director Ejecutivo de Planificación Financiera de PDVSA, se declaró culpable de conspiración de lavado de dinero, en la que admitió haber recibido y lavado $ 12 millones en conexión con dos esquemas de corrupción separados que ocurrieron en 2012 y entre
2014 y 2015, respectivamente.

 Asimismo, Edoardo Orsoni, ex asesor general de PDVSA y de una de sus filiales, fue acusado  de haber participado en una conspiración que abarca desde 2012 hasta 2016, en la que se alega que recibió instrucciones de altos funcionarios de PDVSA para garantizar que contratistas específicos recibieron contratos de la subsidiaria que finalmente rindieron beneficios para los altos funcionarios de PDVSA. 

• Abraham Shiera y Roberto Rincón se declararon culpables de conspirar para obtener PDVSA contratos por valor de millones de dólares sobornando a múltiples funcionarios de PDVSA, incluidos
funcionarios de las subsidiarias de PDVSA Bariven, S.A., y PDVSA Services, entre 2009 y 2014. 

José Luis Ramos, ex Gerente de Compras y Superintendente de Compras de PDVSA, admitido haber recibido y lavado, en nombre suyo y de otros funcionarios, más de $ 10 millones en soborno a cambio de ayudar a múltiples vendedores en su negocio con PDVSA entre 2009 y 2013. 

• Dos ex altos funcionarios de la filial de adquisiciones de PDVSA,
Bariven: Javier Alvarado Ochoa y César Rincón, el ex presidente y el ex Gerente General de Bariven, respectivamente, también fueron acusados ​​en conexión con sus roles en un extenso esquema de soborno y lavado de dinero.

César Rincón se declaró culpable de conspirar para lavar dinero, específicamente el producto del esquema de soborno en el que Roberto Rincón y Abraham Shiera pagaron a ejecutivos de alto nivel de Bariven a cambio de ciertas ventajas comerciales.

Luis Carlos De León, un intermediario que fue acusado como parte del mismo esquema, también se declaró culpable en relación con su papel en el esquema, que involucró más más de $ 27 millones transferidos a cuentas bancarias suizas en beneficio de los funcionarios de PDVSA a cambio de la ayuda de los funcionarios con Roberto Rincón y Abraham el negocio de Shiera con PDVSA. 

Iván Alexis Guédez, el Gerente de Compras de PSI, se declaró culpable de haber recibido sobornos de un proveedor con sede en Miami, Florida, donde estaba ubicado su negocio como proveedor único para PDVSA de equipos pesados fabricados por otra compañía en los Estados Unidos entre 2009 y 2013.  En resumen, Guédez recibió de $ 950,000 en pagos de sobornos.

 Franz Müller y Rafael Pinto, el Presidente y Gerente de Ventas de la compañía con sede en Miami, Florida. Ambos admitieron haber pagado sobornos a Guédez, José Camacho y otro funcionario de la ISP como parte de este esquema. 

José Manuel González Testino se declaró culpable una acusación criminal  en Texas que alegaba que pagó aproximadamente $ 629,000 en sobornos a César Rincón mientras era el Gerente General de Bariven, y que pagó más de $ 1 millón en sobornos a funcionarios en CITGO Petroleum Corporation, una subsidiaria de propiedad absoluta de PDVSA. Uno de los socios comerciales de González, Tulio Farías, se declaró culpable de una información criminal que alegaba que entre 2011 y 2018, Farías conspiró para pagar aproximadamente $ 575,000 a un funcionario de CITGO. 

  Además, el 28 de enero de 2019, la Oficina de Asuntos Exteriores del Departamento del Tesoro de EE. UU. para el Control de activos (OFAC) agregó a funcionarios de PDVSA a la lista de personas  designadas y bloqueadas, señalando que las investigaciones penales han puesto de manifiesto, que PDVSA "tiene mucho tiempo siendo un vehículo para la corrupción". Esta designación prohíbe que las personas estadounidenses "participen en transacciones o tratos" con PDVSA en ausencia de una licencia emitida por OFAC. 

Hasta la actualidad, PDVSA sigue siendo una entidad sancionada.

La moción agrega la siguiente: 

Además de los Estados Unidos, numerosos países de todo el mundo han abierto investigaciones y enjuiciamientos por conducta corrupta en PDVSA, entre las cuales se destacan las siguientes:

• España ha abierto múltiples investigaciones relacionadas con PDVSA, incluida una investigación sobre Juan Carlos Márquez (fallecido), un ex PDVSA ejecutivo de un plan de blanqueo de dinero de 4,5 millones de euros entre 2008 y 2013 que involucra contratos legales ficticios entre PDVSA y dos firmas de abogados.

• José Antonio Hernández y José Mario Irujo, España, abre una investigación sobre suicidio del ex jefe petrolero venezolano, 29 de julio de 2019, 

España también tiene una investigación de lavado de dinero relacionada con Javier Alvarado Ochoa, el ex presidente de Bariven (discutido anteriormente), y para quien  las  autoridades españolas han negado la extradición a los Estados Unidos. 

Finalmente, España también está investigando a los venezolanos, entre los que se encuentra el multimillonario Raúl Gorrín (también acusado en los Estados Unidos por lavado de dinero que involucra al Tesoro venezolano) por su papel en un esquema de lavado de dinero que involucra a PDVSA. 

• Portugal está investigando el supuesto lavado de dinero de fondos que fueron canalizado a través del ahora desaparecido banco portugués Banco Espírito Santo entre 2009 y 2014, por funcionarios de PDVSA. 

  La fiscal Fajardo desmonta la tesis de PDVSA que se basa en el argumento que la petrolera debe ser considerada  como una corporación y no como una agencia del gobierno venezolano. No obstante, dice la fiscal, la empresa PDVSA es considerada como una representación del gobierno, una entidad gubernamental con instrumentalidad y por ello no califica como víctima de un delito a los efectos del estatuto CVRA. Asimismo, porque PDVSA fue cómplice en la conducta ilegal.

  Las acciones de los empleados y ejecutivos senior de PDVSA pueden imputarse a PDVSA bajo la ley aplicable para someter a PDVSA a responsabilidad penal. PDVSA, sin embargo, argumenta que el Demandado [Abraham Ortega] es un empleado deshonesto que malversó o fondos desviados ilegalmente.

    La moción sostiene que "PDVSA no aceptó ni llevó a cabo un esquema para defraudarse a sí mismo. Estos argumentos no tienen mérito". 
  La fiscal rechazó el argumento de PDVSA, según el cual, la petrolera debería escapar de la responsabilidad por las acciones de sus empleados porque presuntamente sufrió una lesión por sus conductas en lugar de un beneficio.

  "La actividad criminal en PDVSA estaba ocurriendo desde arriba, a los más altos niveles de gestión hasta el final, y, como tal, PDVSA fue cómplice y no puede ser considerado una víctima", sostuvo.

  Finalmente, explica la Fiscalía, la moción de PDVSA debe ser rechazada porque afirma que fue "directamente y muy perjudicada" como resultado del delito del acusado se basa en dos supuestos erróneos, uno legal y otro fáctico. "Una víctima tiene derecho a la restitución bajo la MVRA sólo sí puede establecer que fue directa y próximamente perjudicada "por el delito de condena del acusado". 





lunes, 11 de mayo de 2020

PDVSA quebrada: Ante Corte del Sur de la Florida le exigen el pago por suministros

        Una corporación de la Florida exige a Pequiven el pago de USD 16.702.732,62 más intereses, correspondientes a la compra de 2-etilhexanol que Isaac Industries Inc. entregó, pero no le fue cancelado.


Por Maibort Petit
@maibortpetit

  La crisis de operatividad, financiera y de iliquidez de Petróleos de Venezuela S.A. se hace evidente ante el hecho de que la principal industria del país, otrora una de las principales petroleras del mundo, haya sido demandada ante un tribunal de los Estados Unidos, por no haber estado sus filiales en capacidad de pagar tres facturas correspondientes a órdenes de suministros que totalizaban USD 17.831.772,18.
   Ante Corte del Distrito Sur de la Florida, el 26 de julio de 2019, la empresa Isaac Industries Inc. representada por el despacho de abogados, Hall, Lamb, Hall & Leto, P.A. presentó una demanda contra Petroquímica de Venezuela S.A. (Pequiven), Bariven S.A., PDVSA Services B.V. (PSBV), Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), por incumplimiento de contrato al no haber cancelado USD 16.702.732,62 más intereses, además de todos los costos incurridos en el proceso judicial. Tal cantidad es el saldo se deriva de una operación de compra que en 2014 hicieron Bariven, PSBV y PDVSA a la demandante, de USD 17.831.772,18 en 2-etilhexanol, que Isaac Industries Inc. entregó según lo ordenado, pero que por cuyo despacho no recibió el pago correspondiente.

  La causa fue asignada al juez James Lawrence King.
    La demandante, una corporación del estado de la Florida que se dedica a la distribución al por mayor de productos químicos y afines, expone en la demanda que se vio afectada en razón de que Bariven, PDVSA y PDVSA Services hicieron compras a Isaac Industries Inc. que no canceló, mientras que Pequiven firmó un acuerdo mediante el cual se comprometió a cancelar la deuda y no cumplió con dicho compromiso.

Los hechos

  Se refiere en la demanda que en 2014, Isaac Industries Inc. suscribió un contrato con Bariven, PDVSA Services y PDVSA a las que vendió 2-etilhexanol por un monto de USD 17.831.772,18.
  El producto fue entregado y, de acuerdo a los envíos, se expidieron tres facturas, la primera con fecha 6 de julio de 2014, identificada con el número 250122, por USD 5.941.928,83, que debía ser cancelada el 4 de septiembre de 2014.
  La segunda, con el número 25012, fechada el 6 de julio de 2014, por USD 5.950.000,00, que debía pagarse el 4 de septiembre de 2014.
   Y la tercera, número 25114, con fecha 19 de septiembre de 2014, por un monto de USD 5.939.843,35, con fecha de pago del 18 de noviembre de 2014.
  Se advierte que los demandados, Bariven, PSBV y PDVSA no pagaron ninguna de las facturas a la fecha de su vencimiento y, por tanto, Pequiven asumió la obligación de realizar los pagos adeudados a la empresa demandante.

  Narra la demanda que el 24 de septiembre de 2016, el Gerente de Planificación e Inteligencia de Mercado de Pequiven, Saúl Silva, pidió a Isaac Industries Inc. una reunión que se llevó a cabo en el Hotel Viceroy en Brickell Avenue en Miami, Florida, donde suscribieron un acuerdo de pago.
    En el referido acuerdo de pago, Pequiven acordó cancelar a Isaac Industries Inc. la deuda de Bariven con un monto de USD 17.831.772,18, con respecto al contrato de pago con subrogación de deuda firmado entre Bariven, PDVSA Services y la demandante.
  Las partes acordaron una tasa de interés de 6 por ciento y Pequiven se comprometió a pagar a Isaac Industries Inc., según el siguiente cronograma:

a. USD 2.947.541,93 al 31 de diciembre de 2016 o antes;

b. USD 3.030.897,76 el 31 de marzo de 2017 o antes;

c. USD 2.992.000,99 antes del 30 de junio de 2017;

d. USD 2.952.189,00 antes del 30 de septiembre de 2017;

e. USD 2.910.088,96 el 31 de diciembre de 2017 o antes;

f. USD 2.866.158,48 el 31 de marzo de 2018 o antes;

g. USD 2.825.431,27 antes del 30 de junio de 2018.
   Expone la demanda que Pequiven cumplió con el acuerdo y entregó a tiempo el primer pago requerido, es decir, USD 2.947.541,93, pero incumplió con el resto del cronograma de pago y, por lo tanto, infringió el acuerdo.

   Por otra parte, Bariven, PSBV y PDVSA no presentaron ofertas para ninguno de los pagos adeudados de conformidad con las órdenes de compra del 6 de julio de 2014 o el 19 de septiembre de 2014.

Incumplimiento de contrato escrito

  Al no haber cumplido sino con el primer pago acordado el 31 de diciembre de 2016, Pequiven infringió el acuerdo por escrito.

  En razón a este incumplimiento, Isaac Industries Inc. sufrió daños por el monto del saldo total pendiente de USD 16.702.732,62 más intereses adeudados y, por tanto, exige el pago de este saldo.

Incumplimiento de contrato escrito

  Dado que Isaac Industries Inc. y Pequiven suscribieron un acuerdo en el que la segunda se comprometió a pagar USD 17.831.772,18 en 7 cuotas, según cronograma antes descrito, y sólo canceló la primera de dichas cuotas, la demandantes exigió ante la Corte que dicte sentencia contra Petroquímica de Venezuela S.A. por la cantidad de USD 16.702.732,62 más intereses.

  Igualmente exige el pago de los costos incurridos en el proceso judicial.

Incumplimiento de contrato

  Ante el incumplimiento por parte de Bariven, PDVSA Services y PDVSA, al no cancelar ninguna de las facturas correspondientes al producto suministrado y en razón de que Pequiven solamente cumplió con un pago de los acordados, la demandante Isaac Industries Inc., exigió que los demandados, paguen USD 16.702.732,62 más intereses.

  También exige la cancelación de los costos judiciales.

  Luego de varios procedimientos, el 30 de marzo de 2020, el juez concedió una moción para prorrogar el lapso para que la demandante Isaac Industries Inc. presente un informe de estado del caso.

Sobre Isaac Industries Inc.

  De acuerdo al portal Sunbiz del departamento de estado de la Florida, Isaac Industries Inc. es una empresa registrada en esa entidad estadounidense el 22 de marzo de 1971, bajo el número 379256, FEI/EIN 59-1354220.

El agente registrador es David Avan.

  La compañía, cuyo estatus actual es activo, reporta como sede el 7330 N.W. 36TH Ave., Miami, FL 33147, que es igualmente la dirección que reporta el agente registrador y el presidente de la compañía.

  La dirección postal de la firma es P.O. BOX 414507, Miami Beach, FL 33141-4507, que también se reporta como dirección del secretario Molly Avan.

  El directorio de Isaac Industries Inc. lo constituyen David Avan como presidente, y Molly Avan como secretario[1].


CITAS

[1] Sunbiz. Division of Corporations. Isaac Industries Inc. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetailinquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=AVANDAVID%203792560&aggregateId=domp-379256-1501ff14-02ad-4bdd-b4685686048a4149&searchTerm=Avan%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20David&listNameOrder=AVANDAVID%203792560