lunes, 6 de abril de 2020

Edoardo Orsoni, el exfuncionario de CITGO y PDVSA, que fue acusado de comprar lujosas propiedades en Miami con dinero proveniente de sobornos por contratos fraudulentos de Petrocedeño

Por Maibort Petit
@maibortpetit

    Un ex funcionario de CITGO, PDVSA y Petrocedeño fue acusado, por el gobierno de los Estados Unidos, de participar en un esquema de corrupción y lavado de dinero que blanquear los fondos de negocios fraudulentos en el mercado inmobiliario de Miami. Edoardo Orsoni, cuyo paradero era desconocido, se declarará culpable ante la justicia norteamericana en mayo de 2020, según anuncio de la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida.
    En la acusación federal se señala que Orsoni, quien ocupó varios cargos en la petrolera estatal y sus subsidiarias desde 2007 hasta 2017, cometió delitos que violan las leyes de los Estados Unidos. 

  Los documentos describen que Orsoni fue miembro del Consejo General de Petrocedeño y Asesor legal de PDVSA para las operaciones en la Faja Petrolífera del Orinoco, entre otras posiciones ocupadas en la industria petrolera estatal venezolana. Este hombre, también fue Vicepresidente de Asuntos Legales de CITGO entre desde el 19 de junio de 2016 hasta el 23 de noviembre de 2017[Esta acusación de Florida no destaca este aspecto]. 
   Sostiene la  demanda que a principios de 2012, Orsoni tuvo la responsabilidad de revisar y aprobar los contratos de Petrocedeño y que acordó participar en una conspiración con un contratista (cuyo nombre no fue revelado por las autoridades) que posee varias compañías, incluidas unas firmas registradas en Florida, que  recibieron de manera fraudulenta contratos de suministros de servicios de asesoramiento a PDVSA y sus subsidiarias. 

   Desde 2012 y hasta 2016, Edoardo Orsoni conspiró y ejecutó una trama para realizar una transacción financiera, que le permitió comprar una propiedad en los Estados Unidos con dinero proveniente de una actividad ilegal.
   Los fiscales aseguran que Orsoni sabía que la transacción que diseñó era ilegal y que tenía como naturaleza "ocultar la fuente de los fondos provenientes de la corrupción y los sobornos que recibió como funcionario público de un gobierno extranjero".

   "El contratista co-acusado pagó sobornos a Orsoni para mejorar la ventaja de obtener y mantener contratos de servicios de adquisición con PDVSA y sus subsidiarias como Petrocedeño", sostiene los fiscales.

   Argumenta la acusación de la fiscalía de la Florida que "Edoardo Orsoni recibió instrucciones de oficiales de alto nivel de PDVSA para asegurar que los contratistas específicos recibieran contratos de Petrocedeño, que finalmente produjeron beneficios para sus funcionarios superiores de PDVSA".

  Edoardo Orsoni estuvo de acuerdo en recibir sobornos de contratistas conspiradores a cambio de su asistencia para obtener contratos o recibir pagos de Petrocedeño y otra subsidiaria de PDVSA, según los fiscales.
    Orsoni y los contratistas ocultaron el origen de los recursos, que provinieron de los sobornos recibido por actividades fraudulentas e ilegales, "ese dinero que les permitió llevar a cabo transacciones financieras personales para ellos mismos, incluida la compra de bienes inmuebles en el sur de Florida".

  El 28 de octubre de 2014 se realizó una transacción por aproximadamente, $ 749,960 a una cuenta bancaria en Portugal para el beneficio de Orsoni.

   El 27 de enero de 2015, Orsoni recibió de parte de un contratista aproximadamente $ 201,180 que fueron transferidos de una cuenta bancaria de Miami, Florida, a una cuenta en el Caribe a nombre de Orsoni. 

   El 17 de diciembre de 2016, el acusado compró dos propiedades ubicadas en el 1080 Brickell Avenue Miami 33131. Las unidades #4100 y #4106. Dicha compra violó el Código de los Estados Unidos, Título 18.

  De ser declarado culpable, las propiedades en Miami, valoradas en $ 4,500,000.00 serán  definitivamente confiscadas por el gobierno de los Estados Unidos. Por ahora, los lujosos inmuebles está bajo el control de las autoridades norteamericanas y los mismos no pueden ser transferidos, vendidos o depositados a una tercera parte, ya que ha sido colocado bajo la jurisdicción de la corte del Distrito Sur de la Florida, tal cual lo establece la ley estadounidense.


Corrupción  de Edoardo Orsoni en CITGO

    En la referida acusación federal de la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida, no se hace mención a los numerosos casos de corrupción que ocurrieron en  CITGO, Houston, Texas, durante la gestión de Edoardo Orsoni en la vicepresidencia de Asuntos Legales de la corporación filial de PDVSA en Estados Unidos. Hechos denunciados —por separado describen que Orsoni conspiró junto a otros, para beneficiarse de contratos  y de operaciones de CITGO.
  Edoardo Orsoni fue vicepresidente Legal de CITGO desde el 19 de junio de 2016 hasta el 23 de noviembre de 2017. 

 Varios documentos muestran que Edoardo Orsoni facilitó la selección de los proveedores para la Faja Petrolífera del Orinoco, compras de equipos y materiales a través de proyectos especiales de CITGO por millones de dólares.

   Adicionalmente, las evidencias detallan una serie de operaciones ocurridas durante 2017, cuando Edoardo Orsoni participó en el proceso de selección y aprobación de proveedores y “empleados de confianza” para el proyecto fallido de EPC para CITGO Aruba. En este proceso participó John Pereira, hijo de José Pereira (quien permanece bajo arresto en Venezuela). John Pereira no tenía experiencia en el área de procura fue nombrado estratégicamente como Gerente de Compras de CITGO Aruba.
  Fuentes internas de CITGO confirmaron a este medio que "la selección de los proveedores para CITGO Aruba fue liderada por  Edoardo Orsoni, Glenn Hillman, José Luis Zambrano, y José Luis De Jongh directores de confianza del entonces CEO, Nelson Martínez quien falleció bajo custodia de las autoridades en Caracas, en diciembre de 2018". 

    En el proceso de selección de proveedores de CITGO en Aruba se benefició a proveedores como Yakima Trading Corporation, [una empresa de Samark López Bello acusado por Estados Unidos de delitos de narcotráfico junto al vicepresidente del Área Económica, Tareck El Aissami] y Mapotech Engineering Procurement & Construction N.V y otras empresas intermediarias. En este proceso se desperdiciaron más de $100 millones aportados por Petróleos de Venezuela, a través de la compra de crudo entre CITGO y PDVSA, entre otras firmas de dudosa reputación.

   En otro informe que la ex-vicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO, Marisol Gómez de Vergara presentó a la Junta directiva de CITGO, se denunciaron las supuestas prácticas fraudulentas y corruptas cometidas por la administración de Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas, ante la nueva presidenta de la junta directiva de CITGO, Luisa Palacios, en el que hacía referencia a un caso de retaliación en su contra. La comunicación se emitió con copia a Ángel Olmeta, Édgar Rincón, Luis Urdaneta y Andrés Padilla, también integrantes de la directiva de la empresa. Se exceptuó a Rick Esser.

  En el reporte, Gómez refirió que la abogada interna de CITGO, Judith Colbert, en contra de las políticas y procedimientos internos de CITGO, ordenó a Cristina Hernández, abogada de Logan terminar la investigación interna contratada por la gerencia de la empresa, “una acción no ética nunca registrada en la empresa” con el presunto propósito de ocultar los resultados de la averiguación a la nueva junta de directiva que Luisa Palacios preside. Instó a dicha directiva a determinar si tal acción ilegal fue ejecutada en coalición con Glenn Hilman, Rick Esser y las gerentes de recursos humanos, Germain Tuner y Trina García.

   Gómez dice tener soportes que muestran los hechos y conductas ilegales por parte de Nelson Martínez, José Pereira, Gustavo Cárdenas, Judith Colbert y otros directores que soportaron y continúan apoyando conductas ilegales.

  Dijo que ella y el resto de los miembros del comité de cumplimiento implementaron varios controles, entre ellos “el bloqueo de más de 700 entidades propias de ciudadanos venezolanos con fuertes vínculos con PDVSA o funcionarios del gobierno que arrancaron las ganancias de los activos de CITGO y PDVSA”.

   Explicó que supuestamente estas entidades de terceros fueron introducidas en CITGO por Nelson Martínez y registradas ilegalmente en la lista maestra de proveedores de la filial sin control alguno, habiendo incurrido las mismas en cobro de significativos sobreprecios que rondaban del 200 a más del 1.000 por ciento en el material y el equipo adquirido por la filial en nombre de PDVSA. El comité de cumplimiento investigó y determinó que Nelson Martínez, Ramiro Rodríguez, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh, Brian Paulson, Laymar Peña y otros agentes de adquisiciones, aprobaron transacciones-contratos y otras actividades ilegales.

  La denuncia de Marisol Gómez sostiene que supuestamente Nelson Martínez, coludido con José Pereira, José Luis Zambrano y Gustavo Cárdenas, acometieron operaciones ilegales y poco éticas en recursos humanos, adquisiciones, suministro y comercialización, así como en otras áreas.

   De acuerdo al informe, Edoardo Orsoni y Judith Colbert conspiraron con Nelson Martínez, José Pereira, y Gustavo Cárdenas para retaliar en contra de directores honestos en CITGO que denunciaron la corrupción interna por más de 6 billones de dólares en la compras de materiales y equipos para PDVSA y la compra y venta de crudo y productos derivados actividad ilícita manejada por Rick Esser y Gustavo Velásquez por más de 10 años.     
   Sostiene que en CITGO no había una estructura de control adecuado. Todo esto ha permitido una conspiración con compañías de trading que ha beneficiado empresas del ramo como Mercuria, Vitol, Glencore, Trafigura y otros proveedores. (Ver reporte aquí).

    Información en nuestro poder refleja que Edoardo Orsoni  aprobó la intención de pagos, sin soportes, por $3 millones de dólares mensuales a los abogados externos Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP.  

    Una fuente interna asegura que el referido pago "se requirió durante el juicio de los sobrinos de la pareja presidencial, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas hallados culpables por un jurado en Nueva York de delitos de narcotráfico".
Otro evento

   Edoardo Orsoni fue uno de los funcionarios que, junto a Curtis Rowe y otros directores de CITGO, lideraron el proceso fallido de refinanciamiento de CITGO y de CITGO Aruba, caso por el cual arrestaron a los 6 directores de CITGO que permanecen en prisión en Caracas. 

   Ocho ejecutivos volaron desde Houston a Venezuela, entre ellos Gustavo Cárdenas, vicepresidente de relaciones estratégicas con accionistas, de gobierno y asuntos públicos; Jorge Toledo, vicepresidente de suministro y comercialización; Tomeu Vadell, vicepresidente de refinación; Alirio Zambrano, vicepresidente y gerente general de la refinería Corpus Christi; José Luis Zambrano, vicepresidente de servicios compartidos; y José Ángel Pereira, el presidente de CITGO. 

  En el avión estaban también Edoardo Orsoni, vicepresidente de asuntos legales y Calixto Ortega Sánchez, vicepresidente de finanzas.

   El 22 de noviembre 2017, gracias a una llamada de advertencia que recibió, Edoardo Orsoni logró escapar al arresto en Venezuela. Al día siguiente de los hechos, Orsoni renunció a su cargo en CITGO vía correo electrónico.

   El 12 de diciembre de 2017, se emitió una orden de arresto de Edoardo Orsoni, pero de alguna manera huyó del país y no fue arrestado. 

   Orsoni renunció a CITGO un día después de los arrestos y se desconoce su paradero, aunque la fiscal de Estados Unidos para el Distrito de la Florida, Adriana Fajardo anunció en una entrevista exclusiva con la periodista Mariana Reyes en el canal TV Venezuela, con sede en Miami, que Orsoni planeaba declararse culpable ante la justicia en mayo del año 2020 por el lavado de dinero de millones de dólares.

   En Febrero 2019, los casos de corrupción, conspiración, fraude, retaliaciones y violación de otras leyes federales en CITGO fueron reportados por varios directores a Luisa Palacios y a los miembros de la nueva junta directiva, pero las denuncias fueron ignoradas y minimizadas. Varios de los mencionados en presuntamente haber soportado conductas ilegales, y haber violado la Ley de prácticas Corruptas en el Extranjero, tales como Rick Esser, Judith Colbert, Glenn Hilman, Curtis Rowe, Brian Paulson, Gina Coon, Trina García, Germain Tuner y otros directores se mantienen en sus cargos.

  Fuentes internas han denunciado reiteradamente que hay falta de controles internos en CITGO, incluyendo la ausencia de aplicación de programa de cumplimiento anticorrupción y anti-retaliación en contra de informantes que denuncian los hechos de corrupción en la filial de PDVSA en Estados Unidos.

  De hecho, la junta directiva actual, presidida por Luisa Palacios, con el visto bueno de Judith Colberth y Rick Esser contrataron a abogados  contrataron los abogados como Hogan Lovells US LLP. y Willkie Farr & Gallagher LLP, para amenazar a los directores que denunciaron la corrupción interna.

Otra irregularidad de Orsoni

   Edoardo Orsoni aparece mencionado en una demanda interpuesta ante la corte del Condado de Harris en Texas el 1 de octubre de 2019, por la ex-gerente Comercial de Asuntos Jurídicos de CITGO Petroleum Corporation, Natasha Y. Williams, quien alegó haber sido discriminada en la empresa por no ser venezolana.
  
  La demanda sostiene que los acusados y los empleados la discriminaron por su condición racial lo cual viola la ley y el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1963.

  Williams señala que Liliana Torres, prestaba ayuda administrativa al VP de Asuntos Legales, Edoardo Orsoni, y esta era tratada diferente por ser venezolana, mientras que ella, la demandante, era discriminada por su condición de extranjera.


CITAS

https://www.maibortpetit.info/2019/02/enterese-como-operan-las-mafias-que_63.html

https://www.houstonchronicle.com/business/energy/article/Citgo-executives-arrested-by-Maduro-forgotten-13575337.php 

http://eltiempolatino.com/news/2019/oct/22/ex-gerente-comercial-de-asuntos-juridicos-demanda-/




domingo, 5 de abril de 2020

El sustento de las acusaciones de EE. UU. contra Nicolás Maduro (Parte IV)

    La institución castrense venezolana devino de fuerza de resguardo de la soberanía a organización criminal dedicada al narcotráfico, una entidad que es conocida como el Cartel de los Soles.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

    Un trabajo sostenido desde 1999 sirvió para que Nicolás Maduro y el resto de los integrantes del Cártel de los Soles corrompieran las instituciones legítimas de Venezuela en una clara práctica de abuso para con el pueblo venezolano. No escaparon de estas acciones el ejército, el aparato de inteligencia, la legislatura y el poder judicial, a las cuales pusieron a su servicio con el objeto de facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos.
   Así lo refiere la acusación que el pasado 26 de marzo del cursante 2020, formularon contra Nicolás Maduro y catorce funcionarios y exfuncionarios de su gobierno por del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

  Se deja sentado que el denominado Cártel de los Soles actuó en procura, no solamente sólo enriquecer a sus miembros y mejorar su poder, sino también "inundar" a los Estados Unidos con cocaína e infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga en sus habitantes.

Los cargos que se les imputa son:

i) Participar en una conspiración narcoterrorista, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años de prisión y un máximo de cadena perpetua;

ii) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua;

iii) usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, así como poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de toda la vida en prisión;

y iv) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, lo que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua en prisión.

   Refiere la acusación que Marín Arango y Hernández Solarte, líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, desde aproximadamente 1999, cuando el grupo guerrillero pretendía negociar la paz con el gobierno colombiano, acordaron con los cabecillas del Cartel de los Soles reubicar algunas de las operaciones de las FARC en Venezuela bajo la protección de dicho cartel.
   Luego de esto —continúa la acusación—  las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Cartel de los Soles enviaron cocaína procesada desde Venezuela a los Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central, como Honduras.

 Las estimaciones del Departamento de Estado respecto a la circulación que la cocaína tenía en Venezuela, por ejemplo, para el año 2004, fue de 250 o más toneladas anuales. Desde la costa venezolana saldrían los envíos marítimos utilizando embarcaciones rápidas, barcos de pesca y porta-contenedores.

  Entretanto, los envíos aéreos se hacían desde pistas de aterrizaje clandestinas, típicamente hechas de tierra o hierba, concentradas en el Estado Apure. El Departamento de Estado de EE. UU. cree que unos 75 vuelos no autorizados sospechosos de actividades de narcotráfico ingresaron al espacio aéreo hondureño solamente en 2010. Era lo que se conoce como la ruta de cocaína "puente aéreo" entre Venezuela y Honduras.

   Como líder del Cártel de los Soles, Nicolás Maduro Moros habría negociado envíos de múltiples toneladas de cocaína producida por las FARC y, supuestamente, ordenó que dicho cartel proporcionara armas de grado militar al grupo guerrillero. También habría coordinado asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala. Supuestamente, solicitó asistencia de los líderes de las FARC para capacitar a un grupo de milicianos no autorizados que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el Cártel de los Soles[1].

¿Qué es el Cartel de los Soles?

   El “Cártel de los soles” fue un nombre que empezó a ser utilizado por primera vez en 1993, durante el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, cuando dos generales de la Guardia Nacional Bolivariana, Ramón Guillén Dávila (jefe antidrogas) y su sucesor Orlando Hernández Villegas, fueron investigados por tráfico de drogas y delitos conexos. Cada uno portaba en sus hombros la insignia de un solo sol que caracteriza a los generales de brigada, dando lugar al nombre “Cártel del Sol”.

  Con los años, y las investigaciones que se realizaron, se determinó  que hubo una ampliación de la participación de generales de otros componentes de las Fuerzas Armadas, particularmente de generales de división de la Guardia Nacional en operaciones de narcotráfico y otras actividades delincuenciales, tras lo cual se empezó a definir como el Cártel de los Soles. En un principio, la participación de los militares en actividades de narcotráfico se limitaba a recibir coimas para prestar seguridad a los miembros de los cárteles colombianos y mexicanos, y a cuidar los cargamentos de drogas, evitando hacer decomisos en aquellas envíos que pagaban los sobornos, pero tras la llegada al poder de Hugo Chávez, se produjo una ampliación de las operaciones y de la participación de las Fuerzas Armadas Bolivarianas venezolanas en el negocio del narcotráfico, creándose las conexiones directas con proveedores y en gran parte no movían ni almacenaban cocaína ellos mismos, con el apoyo de las FARC.

     En los años sucesivos, las vinculaciones de los militares venezolanos con los carteles se ampliaron, en esa misma medida el crimen organizado trasnacional fue penetrando la élite política y ganando espacios de poder y de gestión en el gobierno. 

Un testigo

    El 18 de agosto de 2015, en el diario ABC de España informó que el ex-integrante de la Casa Militar y exjefe de seguridad de Hugo Chávez y Diosdado Cabello, a saber, el capitán de corbeta, Leamsy Salazar, había desertado y huido de Venezuela después de una ruptura con el chavismo. Cuando ya estaba fuera del territorio venezolano, en Estados Unidos, acusó una serie de prácticas delictivas —especialmente narcotráfico—que, supuestamente, tienen lugar en el seno de la alta jerarquía militar y gubernamental.

   Salazar sostuvo fehacientemente que Diosdado Cabello estaba a la cabeza del Cartel de los Soles, organización constituida por oficiales de la Fuerza Armada venezolana de la cual el expresidente de la Asamblea Nacional y ahora de la Asamblea Nacional Constituyente, sería líder.

  De acuerdo a su declaración, Leamsy Salazar, dijo haber visto “situaciones y conversaciones que incriminan” a Cabello, “En concreto, le vio dar órdenes directas para la partida de lanchas cargadas con toneladas de cocaína y ha aportado evidencias sobre lugares donde se almacenan montañas de dólares en efectivo procedentes de ese negocio ilícito, según las fuentes conocedoras de la investigación, llevada a cabo por la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) de EE.UU.”, refirió el citado diario español que también da cuenta de la aseveración del ex-escolta que involucró igualmente a Tareck el Aissami, exgobernador de Aragua y ex-vicepresidente ejecutivo, así como a José David Cabello, superintendente del Seniat, quien estaría  a cargo de las finanzas del cártel.

  Salazar aseguró que PDVSA supuestamente es usada para lavar el dinero proveniente del narcotráfico y acusó que un hijo de Hugo Chávez y al hijo de quien fue embajador de Cuba en Caracas hasta 2009, Germán Sánchez Otero, de traficar estupefacientes[2].

FANB: De la permisividad a la participación directa

   Desde entonces comenzaron a hacerse públicos diversos informes e investigaciones que daban cuenta de las actividades de dicho cartel, como, por ejemplo, los presentados por el Centro de Investigación de Crimen Organizado (Insigth Crime), donde se indica que en Latinoamérica las empresas criminales se dedican al narcotráfico con el objetivo de financiarse. En Venezuela se da la particularidad de que esta actividad delictiva se maneja desde el interior del propio gobierno de Nicolás Maduro, quien a través del tráfico de cocaína se afianza en el poder.

   Y es que, en esta nación, al parecer a los elementos corruptos del gobierno les pareció insuficiente la permisividad que se mantenía frente a otros actores del narcotráfico y, por tanto, decidieron asumir el protagonismo y participar directamente en el negocio.

   Fue en 1993 cuando comenzó a hablarse del Cartel de los Soles, luego de que “dos generales de la Guardia Bolivariana, el jefe antinarcóticos Ramón Guillén Dávila y su sucesor Orlando Hernández Villegas, fueron investigados por narcotráfico. Hoy en día, se emplea ese nombre para describir a todos los funcionarios del gobierno implicados en el tráfico de narcóticos. Y hay muchos, diseminados en todos los organismos del Estado”.

   Las investigaciones de InSight Crime contabilizan 123 archivos que reseñan la actividad criminal de altos oficiales, activos o retirados, en tráfico de cocaína que “por motivos legales” no se publican de manera completa, sino que se limita a dar a conocer “algunos datos de aquellos contra quienes creemos tener evidencia muy sólida”. Este centro de investigación sostiene que Maduro, en lugar de castigar a los incursos o acusados, los promueve de modo que, ante cualquier amenaza de caída del régimen, estos trabajen en su favor.

   Entre las figuras más prominentes del oficialismo marcados con el estigma del narcotráfico a que Insight Crime hace referencia, está, en primer lugar, Diosdado Cabello, de quien fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos le habrían referido bajo condición de anonimato que “este tipo está metido hasta el cuello en todo tipo de actividades ilegales en Venezuela y estamos armando un caso contra él. Pero sabe cómo protegerse y mantener distancia del trabajo sucio”.

   En sus inicios por los años ’90 la participación militar se limitaba a la permisividad, tropas de la Guardia Nacional mantenían alianzas con narcotraficantes permitiéndoles movilizar la mercancía a cambio de sobornos. Para ese entonces, no había conexión directa entre el sector castrense y los proveedores de la droga. Para el año, 2000 sectores del ejército y de la GN ya tenían un papel más activo, constituyéndose células que comenzaron a comprar, almacenar, transportar y vender cocaína. El Plan Colombia, alianza entre Estados Unidos y el gobierno neogranadino para el combate del narcotráfico, obligó a los guerrilleros de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) movieran sus operaciones a territorio venezolano. Igualmente, el proceso de paz en 2002 y el golpe de estado que defenestró del poder brevemente a Hugo Chávez, hicieron que este último estableciera un riguroso control en torno a él y entregó importantes posiciones de gobierno y administración al sector militar. En 2005, el mandatario expulsó a la DEA de Venezuela y puso fin a los proyectos antinarcóticos financiados por Estados Unidos. En 2008, la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a Hugo Carvajal, a Henry Rangel Silva y a Ramón Rodríguez Chacín y posteriormente, en 2011, a Cliver Alcalá Cordones, a Freddy Bernal, a Ramón Isidro Madriz Moreno y a Amílcar Figueroa Salazar. El cartel fue consolidándose y en 2014 la OFAC nombró al exjefe de inteligencia Hugo Armando Carvajal Barrios, quien posteriormente fue arrestado por fuerzas de seguridad en Aruba bajo requerimiento de las autoridades estadounidenses. Sin embargo, fue dejado en libertad rápidamente después de la intervención del gobierno holandés. Los incidentes y escándalos siguieron hasta que Leamsy Salazar huyó e hizo las revelaciones de que hemos dado cuenta[3].

   Un reportaje  del The Wall Street Journal, publicado en mayo de 2015, aseguró que fiscales de los Estados Unidos investigaban a Diosdado Cabello por narcotráfico y por ser jefe del cartel de los Soles[4]. Precisó la publicación que Leasmy Salazar, entre otros, suministró pruebas de estos hechos, subrayando el importante papel de Cabello en el narcotráfico en Venezuela. El militar demandó al periódico estadounidense por difamación, pero un tribunal le negó tal demanda.

   El Centro de Investigación también hace mención a Tareck El Aissami, como el segundo hombre más importante del gobierno venezolano, quien supuestamente también participa del narcotráfico; menciona al Mayor General, Néstor Reverol, exministro de Relaciones Interiores y excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana, imputado por narcotráfico en Estados Unidos, quien “alertó a narcotraficantes de operativos contra ellos, obstruyó investigaciones, puso en libertad a narcos arrestados y se aseguró de que se devolviera narcóticos incautados a los traficantes”. Cilia Flores, esposa de Maduro es citada al relacionarla con el caso de sus sobrinos condenados por tráfico de cocaína en Estados Unidos, así como por su hijo, Walter Jacob Gavidia, también señalado por sus actividades irregulares.

   Subraya Insight Crime que la relación del Cartel de los Soles con las FARC fue decisiva “en el desarrollo del narcotráfico en Venezuela”, pues a pesar de haberse desmovilizado el grupo guerrillero en 2017, mantiene un gran número de sus integrantes territorio de Venezuela desde donde siguen con actividades narcotráfico con miembros del referido cartel.

  Antes que Leasmy Salazar, otra persona había hablado del Cartel de los Soles, a saber, el narcotraficante venezolano, Walid Makled, quien tenía nexos con miembros del ejército, entre ellos, el exgeneral de la Guardia Nacional y exgobernador de Carabobo, Luis Felipe Acosta Carles, el general Alexis Maniero, exjefe del 7° Comando Regional del Ejército en el estado de Sucre, quien lo dotó de credenciales oficiales. El narcotraficante aseguró que pagaba USD 50.000 semanales a Hugo Carvajal, y también mencionó entre sus colaboradores el general de la Guardia Nacional Bolivariana, Dalal Burgos, y al excapitán Ramón Rodríguez Chacín, exministro del interior y de justicia. Aunque Makled admitió que no mantuvo relación directa con Hugo Chávez, dijo que sí había hablado con parientes muy cercanos al mandatario[5].

Maduro es el líder del Cartel de los Soles

   Tal como se sostiene en la acusación, la fiscal del Distrito Sur de la Florida, Ariana Fajardo, refirió en una entrevista que Nicolás Maduro, es el líder del Cártel de los Soles, afirmación que hace sustentada en las evidencias que dieron pie a levantar los cargos contra este y 14 funcionarios y exfuncionarios de su administración.

  Precisó que, a Maduro, particularmente, se le imputa por narcotráfico y tráfico de armas. “Esos cargos tienen que ver con la conspiración que él tiene como líder del Cártel de los Soles y el acuerdo que él tiene con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) (…) Se alega que Maduro es el líder del Cártel de los Soles. Entonces, son las personas que trabajaban debajo de él que hacen las negociaciones con las FARC. Esas son las alegaciones”.

   Fajardo se remite a 2006 y 2013 cuando Maduro ejercía como ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, tiempo en el que se consolidó su relación con el tráfico de drogas. “Toneladas de cocaína que salieron de Venezuela, en el 2006, fueron a México y fueron incautadas por las autoridades mexicanas y Venezuela tuvo que intervenir en esta situación”.

  En 2013, precisa la fiscal Fajardo, Nicolás Maduro debía estar en Estados Unidos para participar en una reunión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), participación que canceló a último momento porque, como había ocurrido en 2006, “esta vez Francia había incautado unas toneladas de droga del Cartel de los Soles”.

  Fajardo subraya que Maduro permitió que las FARC entraran y operaran en Venezuela y, además de brindarles espacio y dinero para traficar, también le suministraron armas y protección[6].

CITAS

[1] Department of Justice. Office of Public Affairs. “Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges”. 26 de marzo de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism


[2] ABC. “El jefe de seguridad del número dos chavista deserta a EE.UU. y le acusa de narcotráfico”. 18 de agosto de 2015. https://www.abc.es/internacional/20150127/abci-venezuela-cabello-eeuu-201501262129.html

[3] InSight Crime. “Cartel de los Soles”. https://es.insightcrime.org/venezuela-crimen-organizado/cartel-de-los-soles-perfil/  

[4] The Wall Street Journal. “Venezuelan Officials Suspected of Turning Country into Global Cocaine Hub”. 18 de mayo de 2018. https://www.wsj.com/articles/venezuelan-officials-suspected-of-turning-country-into-global-cocaine-hub-1431977784

[5] Insight Crime. “Narcotráfico en el régimen venezolano: El ‘Cartel de los Soles’”. 17 de mayo de 2018. https://es.insightcrime.org/investigaciones/narcotrafico-en-el-regimen-venezolano-el-cartel-de-los-soles/


[6] Voz de América. “La fiscal del Cartel de los Soles y las evidencias contra Maduro”. 3 de abril de 2020. https://www.voanoticias.com/a/fiscal-del-distrito-sur-de-florida-hay-mucha-mucha-corrupcion-que-viene-venezuela-/5355441.html




viernes, 3 de abril de 2020

El prófugo de la justicia por delitos de corrupción en PDVSA, José Luis Parada Sánchez, aparece comprando ejemplares de razas cebuínas en Colombia

  Acusado de haber utilizado su cargo en Petróleos de Venezuela para lucrarse del patrimonio público de los venezolanos, el ex-funcionario corrupto de PDVSA, apareció en una de las más prestigiosas ferias ganaderas colombianas, adquiriendo costosas cabezas de ganado selecto.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
  El ex miembro de la Junta Directiva de PDVSA y gerente de PDVSA Occidente, José Luis Parada Sánchez —prófugo de la justicia venezolana habría "pagado sobornos para excluir su alerta roja en Interpol y moverse con mucha facilidad por varios países, incluyendo Colombia, Estados Unidos y Canadá", informó una fuente vinculada al caso. 

   Cuando se descubrió que el código rojo no estaba activado, la juez Leda Cecilia Jiménez Jiménez, del Juzgado Noveno de Juicio del Circuito Judicial del estado Zulia, firmó un oficio fechado el 20 de Mayo de 2019 donde solicitó al Comisario, Argenis Pérez, Jefe de la División de Investigaciones de Interpol, que se incluyera nuevamente al exfuncionario en el sistema de Alerta Roja y que la misma fuera activada. Aunque se produjo la activación, Interpol no está ejecutando la medida de aprehensión y el prófugo sigue moviéndose por el mundo sin restricciones.
   José Luis Parada Sánchez se fugó del servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en la base territorial de Maracaibo (SEBIN) en 2016. Actualmente, su causa se encuentra paralizada en virtud de que la Orden de aprehensión —signada con el N-008-18 dictada por  este tribunal en fecha 28 de febrero de 2018, mediante el oficio 350-18, relacionada con la investigación signada por la Fiscalía 26- del Ministerio Público— no ha podido ser ejecutada, dice el oficio de las autoridades.

  La orden de aprehensión contra José Luis Parada Sánchez se ratificó según el oficio del Juzgado N Nro. 1462-19 del Poder Judicial, Juzgado Noveno de Juicio del Circuito Judicial del estado Zulia el 20 de mayo de 2019.

  José Luis Parada Sánchez, cédula de Identidad V-9.260.454, fue acusado de peculado doloso propio en grado de continuidad previsto y sancionado en el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción en relación al artículo 99 del Código Penal, cometido en perjuicio del estado venezolano.



Gastando una fortuna en ganado

   José Luis Parada Sánchez, vinculado al expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez —quien también es prófugo de la justiciafue visto recientemente en Colombia, participando en la prestigiosa feria ganadera de Asocebú, en la cual "gastó miles de dólares en la compra de razas exclusivas de ganado" que fueron expuestas en el referido evento colombiano, dijo la fuente consultada.

  Testigos narraron que "José Luis Parada Sánchez estaba acompañado de sus familiares y amigos, disfrutando de su fortuna proveniente de la corrupción".
  "A pesar de la alerta roja en Interpol, José Luis Parada Sánchez se le ha permitido el acceso a Cañada y a los Estados Unidos, donde presume haber ingresado sin problemas, debido a que logró dar de baja la solicitud", dijo la fuente consultada. 
  Los reportes en nuestro poder señalan que Interpol mantiene activada la alerta roja contra Parada Sánchez, ya que las autoridades venezolanas presuntamente "están trabajando en la aprehensión del fugado para ser juzgado en Venezuela, donde se le siguen varios procesos por el defalco a la estatal petrolera venezolana PDVSA".

Causas de la acusación contra  José Luis Parada

   Parada fue acusado por presuntamente incurrir en irregularidades administrativas en la celebración de contratos con empresas de servicios en 2008. Su detención se debió a que el Ministerio Público recibió y procesó una denuncia de la directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros en la que advertían presuntas irregularidades en la contratación de servicios de transporte y de personal por parte de Parada.

    En el año 2015, las fiscales 51ª, 53ª 56ª y 57ª acusaron a José Luis Parada por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio continuado y asociación para delinquir, previstos y sancionados en la Ley contra la Corrupción y Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos.

  Las fiscales solicitaron en esa oportunidad la admisión de la acusación y el enjuiciamiento de José Luis Parada. quien fue recluido en el Sebin, ubicado en El Helicoide desde su detención el 2 de febrero de 2015, cuando se disponía a viajar en su avioneta desde Maracaibo.

  La detención se produjo en menos de 72 horas, de también haber sido aprehendida la directora general de Mercados Internos del Ministerio de Petróleo y Minería, Gladys Nubia Parada Mendoza, que es prima de José Luis Parada.

  La Fiscalía solicitó el bloqueo de las cuentas bancarias y prohibición de enajenar y gravar los bienes muebles e inmuebles de Parada.

En los tribunales estadounidenses

   El nombre de José Luis Parada Sánchez apareció, recientemente, en una lista presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva en el juicio de Ali Sadr Hashemi Nejad, un iraní enjuiciado por delitos de lavado de dinero proveniente de un programa de viviendas acordado por el entonces presidente Hugo Chávez y el mandatario iraní, Mahmoud Ahmadinejad. El banquero, propietario de Pilatus bank, fue procesado también por haber evadido las sanciones que EE. UU.  impuso a la República Islámica de Irán.

  Ali Sadr Hashemi Nejad, quien fue hallado culpable por un jurado, estuvo vinculado con Parada Sánchez cuando se realizó el proyecto de construcción de 12 mil viviendas, que estuvo dentro de los planes supuestamente ejecutados por PDVSA- DUCOLSA, que era presidida por el ahora prófugo de la justicia. 

  Cuando se hizo la representación de los citados y de los testigos en el caso, el nombre de José Luis Parada salió a relucir, pero el ex funcionario corrupto de PDVSA no testificó en el tribunal. El juicio de Sadr Hashemi tuvo varios cambios en el procedimiento y limitaciones en el número de audiencias, debido a la emergencia que ha generado en el sistema de cortes la pandemia de coronavirus. 

   Dos miembros del jurado de Ali Sadr fueron puestos en cuarentena y la corte se vio obligada a cambiar de sala, a reducir las audiencias y a permitir que dos jurados deliberaran por teleconferencia debido a las restricciones impuestas por las autoridades ante el brote e en la ciudad de Nueva York del COVID-19. 

   Sánchez Parada también aparece entre los nombres citados en el caso del ingeniero iraní, Bahram Karimi —co-acusado en el caso de Sadr Hashemi Nejad—quien se encuentra en custodia en Canadá a la espera de ser extraditado a los Estados Unidos, para enfrentar los cargos en la Corte Federal de Nueva York.   

    Karimi fue uno de los ingenieros encargados del proyecto Venezuela por parte International Iranian Housing Corp. que es la empresa que está involucrada en el escándalo de lavado de dinero y evasión de sanciones. Karimi mantenía comunicación constante con José Luis Parada y otros funcionarios de PDVSA vinculados al proyecto de construcción de 12 mil viviendas que sirvió como mecanismos para blanquear fondos a favor del grupo iraní.

  


jueves, 2 de abril de 2020

El sustento de las acusaciones de EE. UU. contra Nicolás Maduro (Parte III)

   La corrupción se convirtió en el modus operandi del gobierno venezolano, toda vez que funcionarios y exfuncionarios, han esquilmado en miles de millones de dólares el erario público.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   La decisión de las autoridades de los Estados Unidos de encausar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a catorce de sus funcionarios y exfuncionarios, deriva de años de investigación llevadas a cabo desde distintas agencias gubernamentales. La conclusión de todas las averiguaciones conduce a determinar la existencia de un gobierno devenido en organización criminal en el que la corrupción y el narcotráfico se han instaurado como su modus operandi.
   Nicolás Maduro y catorce funcionarios y exfuncionarios del gobierno venezolano fueron acusado el pasado 26 de marzo de 2020 por el Departamento de Justicia de Justicia de los Estados Unidos, que presentó cargos por delitos de narcotráfico que, a saber, son:

i) Participar en una conspiración narcoterrorista, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años de prisión y un máximo de cadena perpetua;

ii) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua;

iii) usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, así como poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de toda la vida en prisión;

y iv) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, lo que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua en prisión.

   "Durante la última década, funcionarios corruptos del gobierno venezolano han saqueado sistemáticamente a Venezuela de miles de millones de dólares (…) Con demasiada frecuencia, estos funcionarios corruptos y sus co-conspiradores han usado bancos e inmuebles del sur de la Florida para ocultar y perpetuar su actividad ilegal. Como muestran los cargos recientes, la corrupción venezolana y el lavado de dinero en el sur de la Florida se extiende incluso a los niveles más altos del sistema judicial de Venezuela. En los últimos años, la Oficina del Fiscal de los EE. UU. en el sur de la Florida y sus socios federales encargados de hacer cumplir la ley se han unido para presentar docenas de cargos penales contra funcionarios del régimen de alto nivel y conspiradores que resultan en incautaciones de aproximadamente $ 450 millones de dólares”, aseguró la fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Ariana Fajardo Orshan[1].

Corrupción vox populi

   Como bien lo señala la fiscal, la corrupción venezolana es vox populi, pues ha sido denunciada por diversas instituciones y gran cantidad de informes y estudios. Por ejemplo, el Departamento de Estado de los EE. UU. difundió en agosto de 2019 un informe denominado “Nicolás Maduro: Corrupción y caos en Venezuela” en el que indica que el régimen de Nicolás Maduro “ha violado sistemáticamente los derechos humanos y la dignidad de los ciudadanos, ha saqueado los recursos naturales del país y ha llevado a una nación que antes era próspera a la ruina económica con el gobierno autoritario de Maduro y sus políticas económicas ruinosas. Se reporta que matones de Maduro han cometido asesinatos y abusos físicos, han detenido a opositores políticos y han interferido gravemente en el ejercicio de la libertad de expresión, todo en un esfuerzo brutal por retener el poder”.

   El reporte hace referencia a una serie de eventos, como la sanción impuesta el 25 de julio de 2019 por los Estados Unidos a los tres hijastros de Maduro —Walter, Yosser y Yoswal Flores—, así como a otras siete personas y a 13 entidades, involucrados en una compleja red de soborno y lavado de dinero a través del programa de distribución de alimentos CLAP.

   El robo y malversación de miles de millones de dólares durante muchos años por parte de integrantes del régimen que, igualmente, han estado involucradas en el contrabando de drogas y la extracción ilícita de oro del Banco Central de Venezuela; el financiamiento de Maduro a sí mismo mediante la puesta “en marcha las imprentas del banco central. Eso ha disparado el suministro de la moneda nacional, el bolívar, que ha perdido más del 99 por ciento de su valor desde 2013 y prácticamente ya no tiene ningún valor”.

  Del mismo modo se remite a los datos sobre la inflación acumulada del bolívar en el período 2014-2018, la cual se ubicó en más de veintidós millones, según el Banco Central de Venezuela.

  Refiere igualmente, que la infraestructura de Venezuela ha comenzado a colapsar con Maduro y cita el caso del sistema eléctrico, el cual se ha deteriorado rápidamente desde marzo, trayendo como resultado apagones en todo el país y el racionamiento creciente de la electricidad en muchos estados.

  También menciona que, en 2016, “Maduro declaró que aproximadamente el 12 por ciento del país era parte de un ‘Arco Minero del Orinoco’ y se otorgó amplios poderes públicos para supervisar la explotación de recursos para beneficio personal. Maduro expulsó a compañías extranjeras de Venezuela y reemplazó a los empleados con trabajadores no capacitados que operan bajo el liderazgo de altos oficiales militares venezolanos”[2].

   Una corrupción que es reconocida también a lo interno, pues tal como lo revela una encuesta de la ONG Transparencia Internacional en su informe Barómetro Global de la Corrupción, 87 por ciento de los venezolanos califica de corrupto al entorno de Nicolás Maduro, lo que fue la percepción más dura de toda la América Latina. Se quiso conocer la opinión de la población respecto al régimen chavista y la Asamblea Nacional en manos de la oposición. Esta percepción varía respecto al parlamento, pues 38 por ciento estima que los miembros de la AN son corruptos.

  Venezuela fue el único país donde 61 por ciento de los encuestados aseguró que funcionarios les habían pedido pagar sobornos, mientras que uno de cada dos venezolanos se vio obligado a pagarlo. Del mismo modo, 90 por ciento de los ciudadanos tiene poca o ninguna confianza en la justicia y en la policía[3].

La corrupción como sistema

   La percepción de la población también la corroboran estudios más especializados, como los realizados por el Centro de Investigación de Crimen Organizado (Insigth Crime), que en su informe “Venezuela: ¿Un Estado mafioso? Venezuela se ha convertido en un eje del crimen organizado en la región” recoge una serie de argumentos que justifican la denominación del país como un estado mafioso.

  Refiere InSight Crime que ha podido establecer personas que ocupan o han ocupado altos puestos en la administración del gobierno venezolano, tienen presuntos vínculos con el crimen organizado. Específicamente, hacen mención de 123 funcionarios “quienes, creemos que, con seguridad, están involucrados en actividades criminales”.

   Las investigaciones de estos especialistas determinaron que “en los niveles más altos de las siguientes instituciones trabajan personas que creemos que están o han estado involucradas en actividades criminales: La Vicepresidencia, el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, el Ministerio de Estado para el Comercio Exterior e Inversión Internacional, el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, la Guardia Nacional Bolivariana, la Fuerza Armada Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y Petróleos de Venezuela (PDVSA)”.

  El estudio sostiene que la corrupción, la incompetencia y cleptocracia son las razones por las cuales un país como Venezuela, con reservas petroleras mayores que las del Medio Oriente, presenta una economía en quiebra.

   “Las arcas del Estado han sido saqueadas a escala industrial por la élite Bolivariana. Dado que no hay transparencia ni contabilidad pública de los presupuestos o gastos del Estado, es difícil calcular cuánto ha sido saqueado del país. Una investigación llevada a cabo por un Comité del Congreso calcula que la cifra llega a US$ 70 mil millones. Un exministro ha afirmado que la cifra se acerca más bien US$ 300 mil millones”.

  Advierte el informe que la penetración criminal en gran cantidad de instituciones, entre ellas los órganos encargados de la lucha contra el crimen organizado, impide que Venezuela pueda detener dicho flagelo, mucho menos combatirlo con eficacia[4].

  El caso de Alejandro Andrade, sería sólo un ejemplo, de lo referido por la fiscal Ariana Fajardo Orshan, en cuanto a las incautaciones que se han hecho en el sur de la Florida de bienes pertenecientes a funcionarios o exfuncionarios venezolanos, adquiridos con fondos provenientes de la corrupción.

 Andrade, quien fue tesorero nacional de Venezuela, fue sentenciado a 10 años de cárcel por su participación en un esquema de soborno y lavado de dinero de USD 1.000 millones a través del sistema cambiario. El gobierno estadounidense confiscó bienes por montos multimillonarios a Andrade[5].

  Un esquema semejante al de Andrade sirvió para que un grupo de funcionarios, empresarios ligados a PDVSA y familiares de Nicolás Maduro, saquearan más de USD 1.200 millones a la estatal petrolera venezolana[6]. Este caso conllevó a la confiscación de bienes de los implicados por parte de las autoridades de los EE. UU.[7]

   El administrador interino de la DEA, Uttam Dhillon, dijo que los resultados de las investigaciones pusieron en evidencia la “devastadora corrupción sistémica en los niveles más altos del régimen de Nicolás Maduro".

   Es una conclusión que coincide con múltiples estudios llevados a cabo por diversas instituciones, los cuales describen, como hemos visto, la existencia de un estado criminal.

 “Estos funcionarios traicionaron repetidamente y con conocimiento al pueblo de Venezuela, conspirando, para beneficio personal, con narcotraficantes y organizaciones terroristas extranjeras designadas como las FARC. Las acciones de hoy envían un mensaje claro a los funcionarios corruptos en todas partes de que nadie está por encima de la ley o más allá del alcance de la policía estadounidense. El Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas continuarán protegiendo al pueblo estadounidense de los traficantes de drogas despiadados, sin importar quiénes sean o dónde vivan", sentenció Dhillon.

CITAS

[1] Department of Justice. Office of Public Affairs. “Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges”. 26 de marzo de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism



[2] U.S. Department of State. Global Public Affairs. “Nicolás Maduro: Corrupción y caos en Venezuela”. 6 de agosto de 2019. https://translations.state.gov/2019/08/06/nicolas-maduro-corrupcion-y-caos-en-venezuela-2/



[3] Infobae. “Venezuela se consolida como el país con más corrupción de América Latina”. 23 de septiembre de 2019. https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/09/23/venezuela-se-consolida-como-el-pais-con-mas-corrupcion-de-america-latina/



[4] InSight Crime. “Venezuela: ¿Un Estado mafioso? Venezuela se ha convertido en un eje del crimen organizado en la región”. https://www.insightcrime.org/wp-content/uploads/2018/05/Venezuela-Estado-mafioso-InSight-Crime-Observatorio-de-crimen-organizado.pdf

[5] Venezuela Política. “Estas son algunas de las propiedades confiscadas por EE. UU. a Alejandro Andrade alias ‘el Tuerto’". 21 de noviembre de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/11/estas-son-algunas-de-las-propiedades.html

[6] El País. “Una red malversó 1.200 millones de dólares de la petrolera venezolana”. 27 de julio de 2018. https://elpais.com/internacional/2018/07/26/estados_unidos/1532564467_157889.html

[7] Venezuela Política. “Estas son las propiedades incautadas por E.E. U.U. a los venezolanos acusados de haber lavado USD 1.200 millones en Florida”. 19 de agosto de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/08/estas-son-las-propiedades-incautadas.html





miércoles, 1 de abril de 2020

El sustento de las acusaciones de EE. UU. contra Nicolás Maduro (Parte II)

   Buena parte de la acusación que la fiscalía de los Estados Unidos formuló contra el mandatario y catorce de sus funcionarios y exfuncionarios, deriva del presunto vínculo surgido entre el gobierno venezolano y la guerrilla colombiana desde tiempos de Hugo Chávez.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   La relación entre el gobierno de Venezuela con la el grupo guerrillero y terrorista de las FARC es de vieja data, un hecho que se ha venido denunciando desde la llegada al poder de Hugo Chávez, quien le habría abierto las puertas del país a este y otros grupos insurgentes colombianos hasta la actualidad, como lo demostrarían diversos estudios e investigaciones.
Hugo Chávez se reunió con Iván Márquez en el Palacio de Miraflores en 2008. Iván Márquez aparece en la acusación federal contra Nicolás Maduro y 14 funcionarios civiles y militares que presuntamente pertenecen al cártel de los Soles.
  Los cargos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó contra el presidente de la república de Venezuela, Nicolás Maduro y a catorce funcionarios y exfuncionarios venezolanos, el pasado 26 de marzo de 2020, fueron: 

1) Participar en una conspiración narcoterrorista, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años de prisión y un máximo de cadena perpetua; 

2) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua; 

3) usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, así como poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de toda la vida en prisión; y 

4) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, lo que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua en prisión.

"Hoy anunciamos cargos penales contra Nicolás Maduro Moros por dirigir, junto con sus principales lugartenientes, una asociación de narcotráfico con las FARC durante los últimos 20 años", dijo el fiscal federal Geoffrey S. Berman[1].

  Esta no es una conclusión exclusiva de la fiscalía de los Estados Unidos, pues en ello coinciden muchos analistas y estudios formuladas por diversas instituciones.

  El propio Hugo Chávez admitió su simpatía por el movimiento guerrillero colombiano al que defendió a capa y espada, al extremo de llegar a exigir a los países que ni las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ni el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueran calificados como "terroristas" sino como "fuerzas insurgentes", una solicitud encendió las alarmas especialmente en Colombia a cuyo presidente para la época, Álvaro Uribe, se dirigió directamente:  "Señor presidente de Colombia [Alvaro Uribe], quisiera retomar con usted el diálogo, pero en un nuevo nivel. Le pido que comencemos reconociendo a las FARC y al ELN como fuerzas insurgentes de Colombia y no como grupos terroristas (…) Las FARC y el ELN no son ningún cuerpo terrorista, son verdaderos ejércitos [...] que ocupan espacio en Colombia”.

  Chávez afirmó que su gobierno reconocía a esos grupos "como fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, que tienen un proyecto bolivariano, que aquí es respetado"[2].

 Una simpatía que era mutua y que se manifestó en el pesar expresado por los guerrilleros de las FARC ante el fallecimiento del presidente venezolano: "Con profundo dolor la Delegación de Paz de las FARC-EP, se une al duelo de los bolivarianos de Venezuela y del mundo ante la noticia descorazonadora, triste, del fallecimiento del Comandante Presidente, Hugo Chávez"[3].
  Pero la afinidad entre Chávez y posteriormente su sucesor Nicolás Maduro, no se quedó en lo afectivo e ideológico, sino que fue mucho más allá pues el gobierno colombiano aseguró en 2010 que “al menos cinco jefes guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se encuentran en territorio de Venezuela”.

   La denuncia la formuló la administración de Uribe a través de un comunicado de la presidencia emitido a poco tiempo de entregar el bastón de mando a Juan Manuel Santos, quien para el momento ya era presidente electo.

  El secretario de prensa de la presidencia colombiana, César Velásquez, precisó que el gobierno colombiano "tiene evidencias que acreditan la presencia en la República Bolivariana de Venezuela de algunos cabecillas del grupo terrorista de las FARC, entre ellos el conocido como 'Iván Márquez'; Rodrigo Granda, alias 'Ricardo'; Timoleón Jiménez, alias 'Timochenko'; y Germán Briceño, alias 'Grannobles', así como de Carlos Marín Guarín, alias 'Pablito', y otros integrantes del grupo terrorista ELN"[4].

  Por su parte, el Centro de Investigación de Crimen Organizado (Insigth Crime) aseguró en uno de sus informes que “Venezuela es una base de operaciones fundamental para las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Durante el conflicto colombiano, el país brindó a los guerrilleros corredores de narcotráfico claves y lugares para huir de la presión de las fuerzas de seguridad colombianas, realizar adiestramiento militar y reabastecer su arsenal de guerra. Tras el Acuerdo de Paz en Colombia, Venezuela sigue cumpliendo ese rol para las mafias conformadas por desertores del proceso de paz, a quienes ofrece un salvavidas económico y refugio para reagruparse y reconsolidar sus fuerzas”[5].

  Refiere este informe que el hecho de que, durante la presidencia de Chávez, persistieran las denuncias acerca de los vínculos entre la guerrilla y altos mandos del gobierno y la cúpula militar venezolana, una relación que quedaría evidenciada con el hallazgo de los archivos en la computadora del comandante de las FARC, alias “Raúl Reyes” quien murió donde se describía un supuesto encuentro entre Chávez y el jefe guerrillero en el año 2000.
  La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a varios altos funcionarios de las fuerzas de seguridad por su presunta ayuda a las FARC en el trasiego de cocaína; entre ellos se contó el último ministro de defensa general Henry de Jesús Rangel Silva. Se pensó que una oscura facción del ejército, denominada el Cartel de los Soles tenía vínculos con la guerrilla y que intercambiaba cargamentos de cocaína por armas. Archivos recuperados del computador.

Guerrilleros a la batuta

  Hugo Carvajal sigue dando sustento a las acusaciones de la fiscalía de EE. UU. en cada una de sus declaraciones públicas, entre ellas, una entrevista concedida a la periodista Ibéyise Pacheco para el Diario Las Américas en octubre de 2019.

  El exdirector de inteligencia aseguró que Colombia se quedó corta en sus cálculos sobre la presencia de la guerrilla en territorio venezolano, estimada por la administración neogranadina en 30 por ciento. “Fueron muy conservadores. En Venezuela hay más. Casi todos los jefes del ELN y de la disidencia de las FARC están en territorio venezolano. Y dónde están los jefes, están los demás. La precisión de su ubicación la conoce el alto mando militar. No es un secreto. Por eso no hay excusas para que los guerrilleros estén dirigiendo hasta los operativos de seguridad internos. Son extranjeros que hacen vida en el país y controlan territorios. En lo personal no los veo produciendo droga, pero sí cobrando impuesto por el paso, haciendo transacciones, ayudando en seguridad, de eso no tengo duda. La guerrilla obtiene además ingresos por contrabando, extorsión y cuanto delito se les ocurra. No hay excusa para que la guerrilla esté ahora en Venezuela”.
  Esto, según Carvajal, es del pleno conocimiento ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, “a quien le gusta el dinero y solo le interesa estar bien en el poder. Su gracia es mantener a la Fuerza Armada corrompida al servicio de Maduro, quien a su vez está al servicio de Cuba (…) Todo arrancó en el 2007, cuando comenzaron a pasarse grupos completos hacia el lado de Venezuela. Me llegaban los reportes y lo confirmé. Tengo las fotos de un poco de gente que mandé a detener”[6].

Inundar de droga a EE. UU.

 El fiscal del Distrito Sur de Nueva York,  Geoffrey Berman aseguró al momento de la acusación contra Nicolás Maduro y sus supuestos aliado, que las presuntas actividades de narcotráfico de estos altos funcionarios estaban dirigida a la afectación de los Estados Unidos.

“El alcance y la magnitud del presunto narcotráfico se hizo posible sólo porque Maduro y otros corrompieron las instituciones de Venezuela y brindaron protección política y militar para los crímenes de narcotráfico desenfrenados descritos en nuestros cargos. Como se alega, Maduro y los otros acusados tenían la intención expresa de inundar los Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación. Maduro desplegó muy deliberadamente cocaína como arma. Si bien Maduro y otros miembros del cártel tenían títulos elevados en el liderazgo político y militar de Venezuela, la conducta descrita en la acusación formal no era la política o el servicio al pueblo venezolano. Como se alega, los acusados traicionaron al pueblo venezolano y corrompieron las instituciones venezolanas para llenarse los bolsillos con dinero del narcotráfico”, expresó Berman.

  Una afirmación semejante se conoció en septiembre de 2019, cuando la Audiencia Nacional de España debatía la extradición de quien igualmente forma parte de los exfuncionarios acusados con Maduro, a saber, el ex-general Hugo Carvajal, alias “El Pollo”, quien estuvo al frente de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM).

  En aquel momento se filtró a la prensa el informe que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) remitió a la justicia española, donde se detallaba una reunión que tuvo lugar en 2005 en la residencia presidencial venezolana y en la que el finado mandatario ordenó "combatir a EE. UU. inundándolo de cocaína".  

  Este dato de la DEA se sustentaba en el testimonio de uno de los asistentes a la cita, a quien se identifica como "testigo uno", al que describen como "un ex juez que se desempeñó en un tribunal de Venezuela a partir de aproximadamente 2005".

  La nota de El Mundo refiere que “Ese mismo año, siempre según el relato que ha prestado a las autoridades estadounidenses, se celebró la mencionada reunión ‘en la casa del entonces presidente Chávez’. A la misma acudieron, además de Carvajal y del propio comandante, "el general Henry de Jesús Rangel Silva, entonces jefe de una agencia de Inteligencia venezolana conocida como DISIP; Diosdado Cabello, en ese momento gobernador de Miranda; y Tareck El Aissami, entonces miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela (…) La DEA explica que ‘durante la reunión Chávez instó al grupo, en sustancia y en parte, a promover objetivos políticos, incluido el de combatir a Estados Unidos inundando el país con cocaína’. De esta forma, la Agencia Antidroga americana añade que ‘Chávez les ordenó’, a renglón seguido, ‘coordinarse’ con la guerrilla colombiana de las FARC para consumar el plan”.

  Las reuniones, según el testigo de la DEA se celebraban mensualmente para dar cuenta de los avances del plan. En uno de los encuentros en casa del vicepresidente para el momento, José Vicente Rangel, intervino Diosdado Cabello para describir “describió las rutas terrestres y marítimas de tráfico de drogas a través de Venezuela y Carvajal indicó que la cocaína sería suministrada por guerrillas colombianas, es decir, las FARC"[7].

Esta historia continuará....

CITAS


[1] Department of Justice. Office of Public Affairs. “Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges”. 26 de marzo de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism

[2] La Nación. “Chávez: las FARC ‘no son terroristas’". 12 de enero de 2008. https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/chavez-las-farc-no-son-terroristas-nid978386

[3] Infobae. “La íntima relación de las FARC con Hugo Chávez”. 5 de marzo de 2013. https://www.infobae.com/2013/03/06/1067599-la-intima-relacion-las-farc-hugo-chavez/

[4] BBC Mundo. “Colombia: ‘Jefes guerrilleros están en Venezuela’". 16 de julio de 2010. https://www.bbc.com/mundo/america_latina/2010/07/100715_colombia_venezuela_guerrilleros_lr

[5] Insigth Crime. “FARC en Venezuela”. https://es.insightcrime.org/venezuela-crimen-organizado/farc-en-venezuela/



[6] Diario Las Américas. “Hugo "El Pollo" Carvajal: "Toda Venezuela es ruta del narcotráfico". 16 de octubre de 2019. https://www.diariolasamericas.com/hugo-el-pollo-carvajal-toda-venezuela-es-ruta-del-narcotrafico-n4186210

[7] El Mundo. “Hugo Chávez ordenó ‘inundar EEUU de cocaína de las FARC’”. 13 de septiembre de 2019. https://www.elmundo.es/internacional/2019/09/13/5d7a8785fdddff20468b458a.html