domingo, 9 de febrero de 2020

Tarek William Saab ordenó el sobreseimiento de una causa para proteger a familiares de un constituyente y socios de Pedro León Rodríguez

   La contundencia de las pruebas no habría sido suficiente para acusar y castigar a quienes arropados en sus relaciones fueron capaces de estafar a su propio hermano.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Las relaciones y vínculos con el poder habrían sido determinantes para que el fiscal general de la república designado por la írrita Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, ordenara el sobreseimiento de un caso de denuncia de estafa y forjamiento de documentos en contra de familiares del constituyente Luis Antonio Fernández León, quienes además son allegados al ex-zar de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro León Rodríguez, quien de acusado por corrupción pasó a convertirse en testigo del titular del Ministerio Público en contra de su predecesora, Luisa Ortega Díaz[1].
   El 20 de marzo de 2019, Edgar Enrique Chacín Alchivet, denunció ante la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, cuyo fiscal titular es Jorge Leonardo Salazar Rangel, a Lorena Nataly Chacín Alchivet de haber cometido los delitos de Estafa Agravada Continuada (artículo 462 último aparte en concordancia con el artículo 99 del Código Penal), Falsedad con Copia de Acto Público (artículo 319 del Código Penal), Aprovechamiento de Acto Falso (artículo 322 del Código Penal) y Asociación para Delinquir (artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo). El caso está identificado con el número MP-87325-19.

    Ante esa instancia, Edgar Chacín se declaró víctima de su hermana anteriormente identificada, quien está casada con Manuel Antonio Fernández León, a su vez hermano de Luis Antonio Fernández León, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en representación del municipio Libertad (San Mateo), y primos de Pedro León Rodríguez[2], exdirector ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) y expresidente de la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), imputado por delitos de corrupción en perjuicio de Petróleos de Venezuela (PDVSA), a saber, posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la FPO y por presuntas irregularidades cometidas en la adquisición de equipos para facilidades marítimas (monoboyas) en el terminal de almacenamiento José Antonio Anzoátegui.

    Sobre Luis Antonio Fernández León, hay que apuntar que aparte de integrar la irregular e ilícita ANC, ha sido señalado de haber sido favorecido por el presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, con millonarios negocios petroleros a través de una empresa mixta vinculada al constituyente. Fernández León estaría relacionado con la empresa mixta Petrovenezolana de Servicios, C.A. (perforación y servicios a pozos; con la empresa mixta Sísmica (equipos petroleros especializados) y con el Consorcio Rimoca-Centauro-Kariña[3].

   El denunciante refiere que Lorena Chacín presuntamente habría apropiado y vendido cinco inmuebles ubicados en Lechería, los cuales formaban parte de la herencia dejada por su madre, María Lucía Alchivet Almazán, valiéndose para ello de un poder falso que le permitiría administrar y disponer de dichos bienes. Asegura que por orden de la Subdelegación Barcelona del Cuerpo de Investigaciones Científicas, penales y Criminalísticas (CICPC) la experta Milano Jelimer llevó a cabo un estudio grafotécnico y documentológico al referido poder, determinando la falsedad de la firma de la difunta, por lo que se estableció que el poder había sido falsificado por Lorena Chacín.


    Sin embargo, la denunciada autenticó el documento írrito en la Notaría Pública Primera de Barcelona, estado Anzoátegui, el 21 de noviembre de 2012, anotado bajo el N° 011, tomo 174 y fue registrado en el Registro Inmobiliario de Lechería en dos oportunidades diferentes, la primera el 17 de enero de 2013, bajo el N° 32, folio 182, tomo 1, protocolo de transcripción del 2013 y el segundo, el 11 de enero de 2.019 bajo el N° 17, folio 45637, tomo 1 protocolo de transcripción 2019.

  Edgar Chacín Alchivet informa que María Lucía Alchivet Almazán, de nacionalidad española, falleció ab-intestato, en la ciudad de Lechería, estado Anzoátegui, el 14 de octubre de 2013. La declaración sucesoral fechada el 31 de marzo de 2017, declarada por Rosa Mary Chacín Alchivet (también hija), quien supuestamente participó en la estafa.

  De acuerdo a la narración del denunciante, vendieron fraudulentamente todos los bienes de su madre con el poder falsificado. Apunta que la declaración sucesoral solamente se habla de la venta del último bien que quedaba sin vender bajo estafa, a saber, un apartamento de 83,01 Mts2, ubicado en el Conjunto Residencial Ventana al Mediterráneo, distinguido con la letra “2-B”, situado en la torre “E”, piso “2”, del Complejo Turístico El Morro, Lechería, municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja, estado Anzoátegui.

Las ventas fraudulentas

  Seguidamente, Edgar Chacín hace referencia a las ventas fraudulentas realizadas por su hermana, Lorena Chacín, y advierte, en primer término, que tales operaciones están registradas en documento autenticado por ante la Notaría Pública Primera de Barcelona, estado Anzoátegui, el 22 de enero de 2013, bajo el número 026, tomo 010, que la denunciada “actuando con poder falso” vendió a Rosa Mary Chacín Alchivet (igualmente hermana), un local comercial con una superficie de 23,48 Mts2, distinguido con el número N1-B-42-B, nivel N1 (N+6,25) del módulo “B”, del Centro Comercial Ciudad Puente Real, en la avenida Costanera, Urbanización Nueva Barcelona, Municipio Bolívar, estado Anzoátegui. El documento de la venta fue protocolizado ante el Registro Público del Municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, el 26 de julio de 2016, bajo el número 2012.163, asiento registral 2 del inmueble matriculado con el número 248.2.3.1.12324 y correspondiente al libro del folio real del año 2012.

   La segunda venta consta en un documento autenticado ante la Notaría Pública Primera de Barcelona del Estado Anzoátegui el 22 de enero de 2013, bajo el número 027, tomo 010, refiriendo que Lorena Chacín, “actuando con poder falso” vendió a Rosa Mary Chacín Alchivet, un local comercial de 20,75 Mts2, número MTS-33, ubicado en el nivel N1 (N+4,60) del módulo “A” del Centro Comercial Ciudad Puente Real, en la avenida La Costanera, Urbanización Nueva Barcelona, Municipio Bolívar, estado Anzoátegui. La operación se protocolizó ante el Registro Público del Municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui el 26 de julio de 2016, bajo el número 2011.1394, asiento registral 2 del inmueble matriculado con el número 248.2.3.1.9889 y correspondiente al libro de folio real del año 2011.

   La tercera venta autenticada como las anteriores en documento en la misma notaría y en la misma fecha, esta vez bajo el número 028, Tomo 010, Lorena Chacín vendió a Rosa Mary Chacín Alchivet, un apartamento de 43 Mts2, distinguido con el número 3-3, ubicado en la planta 3 del Conjunto Residencial Villa Solariega, avenida Américo Vespucio en el Complejo Turístico El Morro, Lechería, Municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja, estado Anzoátegui. La operación se protocolizó el 28 de octubre de 2016 ante el Registro Público del Municipio Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui, bajo el número 2016.484, asiento registral 1, del inmueble matriculado con el número 250.2.17.1.4067 y correspondiente al libro de folio real del año 2016.

   Entretanto, la cuarta venta, de acuerdo a lo que consta en documento inscrito por ante el Registro Público del Municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui, el 31 de enero de 2019, bajo el N° 2019.28, Asiento registral 1 del inmueble matriculado con el N° 250.2.17.2.7035 y correspondiente al libro de Folio Real del año 2019, Lorena Chacín Alchivet de Fernández, en nombre y representación de la finada María Lucía Alchivet Almazan vendió a Naike Rosanna Merlo Muro, un apartamento de 83,01 Mts2, ubicado en el Conjunto residencial Ventana al Mediterráneo, distinguido con la letra “2-B”, situado en la torre “E”, Piso “2”, ubicado en el Complejo Turístico El Morro, en la ciudad de Lechería, Municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja, estado Anzoátegui, propiedad de los sucesores. El medio utilizado para esta operación, igualmente habría sido el poder supuestamente falsificado.

  El pago por la venta fue a través del cheque N° 49000093, fechado el 8 de enero de 2019, por Bs. 50.000 a favor de María Lucía Alchivet Almazan.

Se descubre el fraude

  Edgar Chacín detiene su narración para advertir que fue durante esta operación cuando se dio cuenta del fraude que sus hermanas, Lorena Chacín y Rosa Mary Chacín, venían fraguando. Recuerda que su condición de sucesor quedó registrada en la Declaración sucesoral a que se hizo referencia líneas arriba, llevada a cabo el 31 de marzo de 2017, contenida en el expediente N° 2017-156, amparada por el certificado de solvencia expedido el 17 de octubre de 2017 por la División de Recaudación, División de Tramitaciones/Archivo del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

   A partir de entonces, Edgar Enrique Chacín Alchivet contrató los servicios de un abogado que procedió a informar a la compradora del inmueble anteriormente descrito, que la venta es fraudulenta. Fue cuando interpuso la denuncia por ante la Fiscalía del Ministerio Público.

 Luego de esto, Lorena Chacín de Fernández, actuando en representación de la difunta María Lucía Alchivet Almazan y la compradora del inmueble, Naike Rosanna Merlo Muro, convinieron en desistir de la compra el 6 de marzo de 2019. Así se protocolizó ante el Registro Público del Municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja, estado Anzoátegui, inscrito bajo el número 36, folios 132046 del tomo 4 del protocolo de transcripción del año 2019. Alegaron “motivos inherentes a las partes”.

  Un día después, es decir el 7 de marzo de 2019, Lorena Chacín procedió a vender el inmueble a Rosa Mary Chacín Alchivet, operación que quedó registrada bajo el número 2019.28, asiento registral 2 del inmueble matriculado con el número 250.2.17.2.7035 y correspondiente al libro de folio real del año 2019.  La venta se protocolizó en el Registro Público del Municipio Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui y se refirió que la venta se había efectuado el 4 de julio de 2013.

  Acota Edgar Chacín Alchivet, que el documento no fue agregado al cuaderno de índices llevados por la Notaría y, peor aún, el sistema arroja que la planilla única bancaria (PUB) N° 088-00067966 fechada el 26 de junio de 2013 que acompaña al documento de compra venta no corresponde al acto de compra autenticado bajo el N° 38, tomo 161, de fecha 4 de julio de 2013 en los libros de autenticaciones llevados por la Notaría Pública de Barcelona.

  Tal situación, según el criterio del denunciante, evidencia que el documento fue “sembrado”, es decir, elaborado y autenticado en fecha posterior o diferente a la autenticada, “ello con el ánimo de defraudarme”. Destaca que Rosa Mary Chacín Alchivet, quien funge como compradora en el año 2013, aparece en el año 2017, como presentante de la declaración sucesoral de María Lucía Alchivet Almazan.

  Posteriormente, el 14 de marzo de 2019, Lorena Chacín, valiéndose de un poder otorgado por Rosa Mary Chacín, le vendió nuevamente el apartamento a Naike Rosanna Merlo Muro, según consta de documento protocolizado por ante el Registro Público del Municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui, quedando registrado bajo el número 2019.28, AR.3, matrícula 250.2.17.2.7035 y correspondiente al libro de folio real del año 2019.

  Edgar Chacín cita las conclusiones de un examen de este documento realizado por la experta adscrita al laboratorio de criminalística del CICPC, Subdelegación Barcelona, detective Jelimar Milano determinó que: “En lo que respecta al estudio y análisis técnico  comparativo entre el documento de fecha 06-06-2013, bajo el N° 38, TOMO 161, el cual reposa en la Notaría Pública Primera de Barcelona con la planilla única bancaria número 088-00067966, presenta DISCREPANCIA, por cuanto la información que refleja no se pudo observar en el libro diario para el momento de realizar el estudio documentológico, corresponden a una declaración presentada por una ciudadana de nombre HILDA RODRÍGUEZ, negando ser la propietaria de un vehículo y a su vez no registra en el sistema automatizado llevados por ante esa Notaría”.

La quinta venta

   La quinta venta se llevó a cabo el 20 de agosto de 2013 cuando quedó autenticada en un documento inscrito en la Notaría Pública Primera de Barcelona, bajo el número 005, tomo 206, que refiere que Lorena Nataly Chacín Alchivet, “actuando con poder falso” vendió a Rosa Mary Chacín Alchivet, una parcela de terreno y la casa quinta sobre ella construida, con una superficie de 707,60 Mts2, situada en la vereda 13, número 90, de la urbanización Colinas del Neverí, Barcelona, municipio Simón Bolívar, estado Anzoátegui. Este documento de venta se protocolizó ante el Registro Público del Municipio Simón Bolívar del Estado Anzoátegui, el 7 de noviembre de 2016 bajo el número 2013.1758, asiento registral 2, del inmueble matriculado con el número 248.2.3.1.17028 y correspondiente al libro de folio real del año 2013.

   El 21 de noviembre de 2019, la Fiscalía Sexta de Anzoátegui solicitó al Tribunal de Control 07 de Barcelona, la imputación por delitos contra la propiedad de las hermanas Lorena Chacín Alchivet de Fernández y de Rosa Mary Chacín Alchivet. Dicha instancia judicial le dio entrada y asignó el número BP01-P-2019-6591 al referido proceso penal fijando la celebración de la audiencia para el 17 de enero de 2020, tal y como consta de solicitud de imputación presentada por el abogado Jorge Leonardo Salazar Rangel, Fiscal Sexto del Ministerio Público de Anzoátegui y en la Boleta de Citación firmada por Lorena Chacín.

Interviene Tarek William Saab

   Refiere Edgar Enrique Chacín Alchivet que cuando llegó el día de la citada audiencia de imputación —17 de enero de 2020— ni Lorena Chacín, ni el fiscal sexto, Jorge Salazar, se presentaron al tribunal donde la primera sería imputada de varios delitos.

   Sin embargo —continúa exponiendo Edgar Chacín—la tarde de ese mismo día, ya habiéndose solicitado la inhibición fiscal, Jorge Salazar Rangel, violando el debido proceso y la tutela judicial efectiva, bajo el argumento de que solamente cumplía órdenes de Tarek William Saab, fiscal general de la república designado por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, procedió a solicitar el sobreseimiento de la causa.
   El titular del Ministerio Público venezolano alegó que Lorena Chacín de Fernández no había cometido delito alguno en perjuicio del denunciante. Subraya Edgar Chacín que Saab obvió todas las pruebas que incriminaban a Lorena Nataly Chacín Alchivet.
   Ante la solicitud de la fiscalía, la jueza Adriana María Gómez Guadely, decretó el sobreseimiento el 19 de enero de 2020, exonerando a Lorena Chacín de los delitos cometidos en perjuicio de su hermano, Edgar Chacín Alchivet.

   Edgar Chacín denuncia que todas las diligencias realizadas ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Superior de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.

Lorena Chacín con Los Topos

   Además, Edgar Enrique Chacín Alchivet, informó que su hermana, Lorena Nataly Chacín Alchivet de Fernández y su esposo, Manuel Antonio Fernández León, son propietarios de El Bodegón La Bodeguilla Andaluz[4] —a cuya inauguración asistió Tarek William Saab— cuyo Registro de Información Fiscal (RIF) es J-411169650, un negocio que se vincula supuestamente con exzar de la FPO, Pedro José León Rodríguez (suegro de Leymar Fernández Guzmán, hija del primer matrimonio de Manuel Fernández).

   Acota el denunciante, que Lorena Chacín Alchivet viaja constantemente a Miami, Estados Unidos, para comprar contenedores para surtir La Bodeguilla.

    Subraya Edgar Chacín que, a Luis Antonio y a Manuel Fernández León, a la sazón primos de Pedro León Rodríguez, se los conoce en Lechería como “Los Topos”.

Otras empresas

   Sostiene Edgar Chacín que la fortuna de Lorena Chacín de Fernández y Manuel Fernández León, se amasó presuntamente a la sombra de los negocios irregulares. Un esquema de corrupción y soborno mantendrían estas personas junto con exdirectivo petrolero, a través de la una sociedad mercantil denominada L & M Servicios C.A., Registro de Información Fiscal J-295788126, domiciliada en la Avenida Country Club, Centro Comercial Caribbean Country, piso 5, oficina F-3, Sector Country Club, en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui.
  L & M Servicios está presidida por Lorena Chacín, mientras que Manuel Fernández León es director general. Esta firma ha firmado 110 contratos con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), cuya facturación se mantiene en el más completo secreto por parte de la estatal.

He aquí algunos de ellos:
    En el estado de la Florida, Estados Unidos, se registró el 29 de mayo de 2013, una empresa con la misma denominación, L & M Servicios LLC, según lo informa el portal Sunbiz[5], que indica que la inscripción se hizo bajo el número L13000077860, FEI/EIN 12-1234567.
   Esta empresa que la actualidad esta compañía se encuentra inactiva luego de haber sido disuelta administrativamente, tenía su sede en el 10476 NW 61 Street, Doral, FL 33178 que figura también como dirección fiscal y era domicilio de sus directivos y agente registrador.

   La conducción de la empresa estaba en manos de Lorena Chacín de Fernández y Manuel Fernández León. Este último figura igualmente como agente registrador.

   Agrega Edgar Chacín, que a Manuel Fernández León le revocaron la visa y por eso no puede entrar a los Estados Unidos, a raíz de que su hijo, de igual nombre que él, estuvo preso en territorio estadounidense por tráfico de arma.

   Otro negocio de los hermanos Fernández León es la Fundación Mano de Dios, la cual es administrada por Leymar Fernández Guzmán, ya referida anteriormente[6].

   También Sunbiz[7] refiere que en la Florida fue registrada La Bodeguilla Andaluz INC el 29 de abril de 2019, bajo el número P19000035578, cuyo estatus actual es activo. Su domicilio es en 10476 NW 161ST Street 136, Doral, FL 33178 que también es la dirección de los directivos y la que tenía L & M Servicios LLC. El agente registrador es G & A Accounting and Taxes Services INC. Lorena Chacín es la presidenta, vicepresidenta, secretaria, directora y tesorera[8].

CITAS

[1] Venezuela Política. “Pedro León Rodríguez: ¿De prófugo de la justicia por corrupción a testigo estrella contra fiscal Luisa Ortega Díaz?”. 22 de septiembre de 2017. https://www.maibortpetit.info/search?q=Pedro+Le%C3%B3n+Rodr%C3%ADguez



[2] Venezuela Política. “Conozca las investigaciones que la Fiscalía hace a personeros y relacionados de PDVSA”. 22 de agosto de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/08/conozca-las-investigaciones-que-la.html

[3] Venezuela Política. “Manuel Quevedo entregó negocios a empresas del constituyentista Luis Antonio Fernández León”. 8 de febrero de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/02/manuel-quevedo-entrego-negocios.html



[4] Expresa.Me. “La Bodeguilla”, un minimarket vinculado con la corrupción petrolera en Venezuela”. 9 de agosto de 2019. https://expresa.me/2019/08/09/la-bodeguilla-un-minimarket-vinculado-con-la-corrupcion-petrolera-en-venezuela.html

[5] Sunbiz. Dibvision of Corporations. L & M Servicios LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=FERNANDEZLEONMANUELANTONIO%20L130000778600&aggregateId=flal-l13000077860-eec11208-228d-4ad9-9e0c-65831ea66a30&searchTerm=Fernandez%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Leonid&listNameOrder=FERNANDEZLEONID%20L150001421201



[6] Prensa América. “¿Bodegón La Bodeguilla Andaluz, una “lavadora industrial” en Venezuela?”. 9 de agosto de 2019. https://www.prensaamerica.com/2019/08/bodegon-la-bodeguilla-andaluz-una-lavadora-industrial-en-venezuela/

[7] Sunbiz. Division of Corporations. La Bodeguilla Andaluz INC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=LABODEGUILLAANDALUZ%20P190000355780&aggregateId=domp-p19000035578-e55ef019-ffa6-4be0-8357-9347b0011255&searchTerm=LA%20BODEGUILLA%20ANDALUZ%2C%20INC&listNameOrder=LABODEGUILLAANDALUZ%20P190000355780

[8] Open Corporates. La Bodeguilla Andaluz INC. https://opencorporates.com/companies/us_fl/P19000035578

miércoles, 5 de febrero de 2020

Bolipuertos entregó las operaciones del complejo de silos de Puerto Cabello a empresa de presunto testaferro de Vladimir Padrino López

   Alejandro Márquez González y sus empresas habrían experimentado un súbito enriquecimiento a raíz de sus negociaciones con el estado venezolano. El contratista niega cualquier vínculo con Padrino López y con el régimen de Maduro.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
 
   Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) S.A. entregó el monopolio absoluto de las operaciones en el terminal marítimo que comprende el área del Complejo de Silos Líquidos, ubicado dentro de la zona portuaria en el puerto de Puerto Cabello, a Carres Logistics LTD C.A., una empresa sin experiencia perteneciente a Alejandro Márquez González, a quien se le señala de actuar como presunto testaferro del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. 

    A Márquez González también se le vincula con altos funcionarios de la administración de Nicolás Maduro Moros, sosteniendo diversas fuentes que habría constituido un conjunto de empresas en el estado Lara para, supuestamente, justificar sus altos ingresos y como presunto mecanismo de lavado de dinero de los capitales irregulares que manejaría. El contratista del estado venezolano niega tener relaciones con jerarcas del régimen madurista.

    Se ha dicho que Alejandro Márquez González tiene una estrecha relación con la exministra de la defensa, ex-secretaria del despacho de la Presidencia de la República y actual gobernadora del estado Lara, Carmen Meléndez.

  Anteriormente, el contrato de la alianza estratégica estuvo en manos de Metroacero LTD C.A., compañía que en su página web asegura que su objetivo es “satisfacer el mercado nacional e internacional con productos derivados del acero, materia prima que nos provee la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro-SIDOR, apoyando así el desarrollo económico nacional. Contamos con la más alta tecnología para la fabricación de tubos, bajo la conducción de un capital humano certificado y comprometido con el país, quienes garantizan la eficacia en los procesos de manufactura. Nuestro esfuerzo se traduce en un modelo de trabajo ecológico dirigido a reducir el impacto ambiental en nuestro entorno”[1].

   El Grupo Empresarial Metroacero de Venezuela es presidido por Alejandro Márquez, según informa el mismo sitio en internet. Los teléfonos de esta firma, 0251-4172438 0251 y 4172428, son los mismos que informa Carres Logistics LTD C.A., como veremos más adelante.

    El Grupo Metroacero, refieren las fuentes, mantiene contratos de construcción con el Ministerio de la Defensa, dada la relación de Márquez González con Padrino López.

  El propio Alejandro Márquez le dirigió una comunicación a Bolipuertos el 26 de noviembre de 2017, solicitando la rescisión de la alianza estratégica firmada con la estatal, para las operaciones de carga y descarga a granel líquida en el puerto de Puerto Cabello.

Una comunicación con igual objetivo había remitido Márquez en fecha anterior, a saber, el 26 de septiembre de 2017.

Sobre Márquez González

   Un reportaje del portal El Pitazo[2] refiere que Alejandro José Márquez González es oriundo de San Felipe, estado Yaracuy, que experimentó una gran riqueza a raíz de su incursión en el ramo de la construcción y la comercialización del acero. Junto a su madre, María Celina Márquez González, es propietario de Inversora Parque Central, una compañía surgida en 2003, Metroconcreto que data de 2009, y Metroacero constituida en 2014.

  Con estas empresas, Alejandro Márquez ha logrado diversos contratos con la gobernación de Lara, el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa), la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), el Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) y con Bolivariana de Puertos (Bolipuertos).

   Márquez Gónzález negó a El Pitazo una y otra vez el supuesto vínculo de él y sus empresas con Vladimir Padrino López. Alega que “los comentarios sobre su conexión con Padrino López son parte de una campaña de desprestigio que presuntamente ventiló su expareja en redes sociales durante una disputa legal por la custodia de su segunda hija. Descarta que sostenga encuentros con el alto funcionario militar o que sea su operador financiero, como aparece en perfiles en Instagram y Twitter que muestran fotografías de Márquez en reuniones oficiales que, reitera, son sacadas de contexto”.

   Del mismo modo, negó que sus empresas hayan experimentado su crecimiento a expensas del estado.

Sobre la empresa

  Carres Logistics LTD C.A. es una empresa con sede en Barquisimeto, estado Lara, cuyo Registro de Información Fiscal (RIF) es J-294534023, que tiene como actividad económica el “transporte de carga por carretera”.

   Otra denominación de la compañía es Carres Carreteras y Estructuras C.A.[3]. y el portal Pymes Venezuela refiere que se dedica a construcciones de viviendas unifamiliares, multifamiliares, obras civiles, agrícolas e industriales, edificaciones, vías de comunicación, entre otras actividades. Se indica que su dirección es Avenida Ribereña, Casa 2-02, Número 2-02, Urbanización Roca del Valle, Cabudare, estado Lara.  Zona Postal 3023. Teléfono: 0251-9369592 y 0414-5217866.

    En su página web, Carres Logistics LTD se define como una “empresa dedicada a la exportación de productos desde el Estado Lara a todo el territorio nacional. Dada las limitaciones con las que cuentan empresas que han decidido emprender en el país, ofrecemos una herramienta que les permita expandir la calidad de sus productos en toda Venezuela. Creemos en la calidad de productos regionales, pero sabemos de la poca existencia de medios de expansión, es por eso que Carres Logistics LTD garantiza todos los medios para la exportación de productos fuera de nuestro estado”[4].

   Su dirección es Carretera Vía Acarigua, Km 10, Casa Nº S/N, Sector La Campiña, Puerto Seco-Los Rastrojos, estado Lara. Teléfonos: 0251-4172438, 0251-4172428. Correo electrónico: info@carreslogisticltd.com.

   Sin embargo, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) informa que esta firma se dedica únicamente al transporte de carga por carretera.
    Pese a que carece de la experticia para ello, Carres Logistics LTD C.A. firmó un contrato con Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) S.A. para establecer una alianza estratégica para operar, en el puerto de Puerto Cabello, el terminal marítimo que comprende en área del Complejo de Silos Líquidos, ubicado dentro de la zona portuaria de dicho terminal marítimo, según refieren fuentes ligadas a la actividad portuaria.

  Por Carres Logistics LTD C.A. estampó su firma en representación de la compañía, Hugo Eduardo Jiménez Pernalete, quien es abogado de confianza de Alejandro Márquez.

    De este modo, Bolipuertos entregó a una empresa sin experiencia ni capital, el monopolio absoluto de las operaciones logísticas y portuarias del área de los silos líquidos del principal puerto de Venezuela.

   La fuente agrega Carres Logistics tiene derecho de ejecutar operaciones con carga contenerizada, carga a granel liquida y seca, carga general, carga proyecto, carga Ro-Ro, que son operaciones conectadas con las vías ferroviarias que comunican con los puertos secos de los municipios Palavecino e Iribarren, del estado Lara. 

    A diferencia de lo que ocurre con Metroacero, la cara visible de Carres Logistics LTD C.A. la ofrecen Hugo Eduardo Jiménez Pernalete y Marco Ramones, gerente de operaciones de la terminal, conocido también como catador de whiskey certificado en Escocia. Nuestras fuentes aseguran que estas personas y la empresa —carentes de toda experiencia en el área portuaria y el manejo de químicos— constituyen un alto riesgo para todo el personal que labora en la terminal y zonas aledañas. Nos informan, además, que la falta de mantenimiento es una constante amenaza a la seguridad.

   Ejemplo de ello serían las válvulas de los tanques, las cuales presentan un franco deterioro.

La Alianza estratégica entre Bolipuertos y Carres

    El 6 de diciembre de 2018, el vicealmirante Reinaldo Castañeda Rivas, presidente de Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) S.A. y Hugo Eduardo Jiménez Pernalete en representación de la empresa Carres Logistics LTD C.A., suscribieron la “Alianza estratégica” que tiene por objeto —definido en la cláusula tercera— “la operación integrada desde el puerto Puerto Cabello mediante las operaciones en el terminal marítimo que comprende en área del Complejo de Silos Líquidos, ubicado dentro de la zona portuaria en el puerto de Puerto Cabello, para la ejecución de las operaciones portuarias y logísticas requeridas para el manejo de carga contenedorizada, carga general, carga proyecto, carga ro-ro, carga a granel líquida y carga a granel seca, el cual estará interconectado mediante la vía ferroviaria y terrestre bajo el esquema de transporte multimodal con los terminales intermodales (puertos secos) ubicados en la zona económica especial del municipio Palavecino y la zona económica especial del municipio Iribarren en el estado Lara”.

    En tal sentido, las partes acuerdan —con base en sus potencialidades e intereses comunes— unir esfuerzos, capacidades, experiencias y conocimientos para la consecución de dicho objetivo. De este modo, Carres Logistics LTD C.A. “proporcionará sus conocimientos ejerciendo la operación portuaria, transferencia tecnológica, con la finalidad de mejorar el aprovechamiento comercial con los distintos clientes potenciales, aportando un valor agregado en el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales del municipio Palavecino y del municipio Iribarren del estado Lara, dirigido a garantizar seguridad, confiabilidad y calidad, en el entendido de que Bolipuertos pondrá a disposición su infraestructura, recursos materiales, talento humano e instalaciones para el desarrollo de la alianza estratégica”.

   También se proponen el mantenimiento de sistemas, equipos, infraestructura, maquinarias y stock de repuestos necesarios para la operación eficiente y eficaz del sistema de la alianza estratégica.

   Bolipuertos y Carres dejan sentado que podrían desarrollar, previo mutuo acuerdo, cualquier otra actividad conexa que permitiera alcanzar el objetivo de la alianza estratégica y, de este modo, extender los beneficios que deriven de la misma a otras infraestructuras portuarias bajo dependencia de estas empresas.

    Se advierte en un parágrafo único de dicha cláusula, que la alianza estratégica no debe interpretarse como la creación de una asociación que permita a Carres participar en negociaciones y acuerdos que Bolipuertos celebre o pueda celebrar con otras empresas naturales o jurídicas, siempre y cuando no contravengan el espíritu de la alianza estratégica.

El alcance de la alianza

   La cuarta cláusula está referida al alcance de la alianza estratégica, la cual busca el reacondicionamiento y actualización del área que comprende el Complejo de Silos líquidos, la adquisición, mantenimiento, reparación y optimización de todos los equipos, maquinarias y tecnología necesarios para cumplir los procesos de carga y descarga, ensilamiento y almacenaje de carga líquida, carga y descarga de carga a granel sólida, manejo de carga contenedorizada, carga general, carga proyecto, carga ro-ro, a través del “Complejo de Silos y Área de Patios que forman parte del Complejo” que ejecutará la empresa en los términos que establece la alianza estratégica.

Bolipuertos ejercerá el control, supervisión y fiscalización.

   Las operaciones se activarían al suscribir la alianza estratégica o cuando se otorgara la autorización correspondiente a Carres Logistics LTD C.A., realizando las inversiones necesarias para la adecuación de la infraestructura, instalaciones, maquinaria, equipo y adquisición de consumibles, vinculados a al plan de negocios y al contrato de gestión que integran la alianza estratégica.

   Un parágrafo único de esta cláusula establece que Bolipuertos como administrador podrá operar en los espacios designados por la alianza estratégica, para la recepción y almacenamiento de mercancía por razones de soberanía o apoyo institucional, sin que este ejercicio de autoridad represente detrimento de Carres Logistics LTD C.A.

La vigencia de la alianza

   En la cláusula quinta se estipula que la alianza estratégica entre Bolipuertos y Carres Logistics LTD C.A. tendrá una vigencia de 10 años contados a partir de la suscripción del contrato, pudiendo estos ser prorrogables por 10 años.
    Los términos de la alianza estratégica y el plan de negocio podrán revisarse cada 6 meses o cuando se es time conveniente, verificándose el cumplimiento de las metas establecidas en el contrato de gestión.

El precio del contrato

   En la cláusula décima segunda se estableció que en el contexto de la alianza estratégica entre Bolipuertos y Carres Logistics LTD, esta última realizará una inversión Bs. 1.300.000.000, equivalentes a 138.918,55 petros.

   Esta inversión se llevará a cabo de manera progresiva en un período de 5 años, de acuerdo a las necesidades del negocio y volúmenes de productividad proyectados, basados en el plan de negocio.

   Este plan de negocios debe estipular el porcentaje de los aportes en cada una de las fases del desarrollo de la alianza estratégica.

Participación en beneficios

   El contrato indica en la cláusula décima tercera que la alianza e lleva a cabo bajo un esquema participativo de acuerdo con las utilidades netas generadas de las operaciones objeto de dicha alianza estratégica.

    Se establece un esquema de participación de 60 por ciento para Bolipuertos y de 40 por cientos para Carres Logistics LTD C.A.

Distribución de los beneficios

    Los beneficios de las operaciones portuarias llevadas a cabo de acuerdo a lo pautado en el contrato de gestión de la alianza estratégica entre Bolipuertos y Carres, se distribuyen según lo estipulado en la cláusula décima quinta, y se comenzó a hacer a partir del primer mes contado al momento de que si iniciaran las operaciones y en las cuentas que establezcan las partes para su consolidación.

    Se permite, si las partes lo establecen de común acuerdo, anticipar la distribución de los beneficios desde después del primer mes de ejercicio. Esto se hará con sustento en las proyecciones de cumplimiento de las metas anuales.

    Un parágrafo único de esta cláusula refiere que Bolipuertos podrá designar la distribución de los beneficios para mejoras de cualquiera de las instalaciones portuarias administradas por esta. Del mismo modo, Carres Logistics LTD C.A. podrá destinar sus beneficios a la adquisición de bienes y servicios a favor de Bolipuertos, previa solicitud por escrito.

Sobre el contrato de gestión

    Lo concerniente al ya varias aludido contrato de gestión se estableció en la cláusula décima sexta, que dice que las partes lo suscribirán de modo que abarque el ámbito operacional, administrativo, legal, comercial, gestión humana y cualquier otro que pueda surgir en el desarrollo de la alianza estratégica. Se presentará en un período de 30 días, hasta un máximo de 60 días continuos, contados a partir de la firma de la alianza.

    Carres Logistics LTD C.A. acepta y reconoce que la alianza estratégica no es un mecanismo de concesión o cesión de operaciones portuarias.

     Con el contrato de gestión se garantiza el efectivo cumplimiento de la gestión de comercialización, conservación, operación, administración, construcción y aprovechamiento de las instalaciones del Terminal Marítimo en el Área del Complejos de Silos Líquidos y los Patios que forman parte del complejo de Puerto Cabello.

Rescisión de la alianza

    La Cláusula vigésima segunda dice que la alianza estratégica entre Bolipuertos y Carres podrá rescindirse unilateralmente si la primera incumple cualquiera de sus obligaciones con sólo participarlo por escrito. Adicionalmente, Bolipuertos podrá rescindir la alianza por causa excepcional debidamente comprobada si Carres incurre en: 1) Si se excede de lo establecido en la alianza estratégica; 2)  si se declara en quiebra o atraso; si se fusiona o asocia con otras empresas para ejecutar el objeto de la alianza sin el conocimiento de Bolipuertos; si celebra arreglos con sus acreedores poniendo en riesgo las operaciones previstas en la alianza; si incumple leyes, reglamentos, decretos, ordenanzas o resoluciones aplicables a la ejecución de la alianza; si presta servicios deficientes o sin ajustarse a las prácticas generales observadas en este tipo de actividades y que sean debidamente comprobadas y certificadas. Cuando Bolipuertos rescinda en contrato unilateralmente por causa no imputable a la misma, Bolipuertos deberá pagar a Carres Logistics como se establece a continuación:
   En caso de inviabilidad técnica o económica para el cumplimiento de las obligaciones de la alianza estratégica (cláusula vigésima cuarta) o por razones de conveniencia de ambas partes y no habiendo causas imputables a Bolipuertos ni a Carres, podrá haber resolución del contrato de mutuo acuerdo. En este caso, la empresa emitirá una carta en la que renuncia expresamente a intentar cualquier acción futura contra Bolipuertos derivada de la ejecución de alianza.


Citas

[1] Metroacero. http://metroacero.com/la-empresa/

[2] El Pitazo. “CONECTADOS|Alejandro Márquez: el empresario que negó tres veces a Padrino López”. 31 de enero de 2020. https://elpitazo.net/investigacion/conectados-alejandro-marquez-el-empresario-que-nego-tres-veces-a-padrino-lopez/



[3] Pymes Venezuela. Carres Carreteras y Estructuras C.A. http://pymesvenezuela.com/ficha/carres-carreteras-y-estructuras-ca-154903

[4] Carres Logistics LTD C.A. http://carresltd.com/nosotros.html

lunes, 3 de febrero de 2020

CITGO incrementa compra de crudo a empresas trading vinculadas al chavismo

La excusa de la actual administración para seguir comprando a las 'trading' vinculadas al chavismo, son las dificultades que han generado para la corporación 'las sanciones de los EE. UU. a PDVSA'. 

Por Maibort Petit
@maibortpetit

    Son varias las reuniones que se han producido y los cuidados que se han tomado desde la alta gerencia para que la información no sea conocida por los venezolanos. En el último año fiscal 2019, CITGO Petroleum Corp. incrementó la compra de crudo en el mercado spot, con algunas empresas trading que han estado vinculadas a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y a los jerarcas del chavismo. Varias de las compañías beneficiadas de los contratos de compra directa —aprobados en el área de trading— han sido señaladas de estar incursas en tramas de corrupción. Ejemplo de este señalamiento son Trafigura, Lukoil, Vitol (estas tres en la denuncia de PDVSA US Litigation Trust) (1) y Mercuria (2), entre otras. Una fuente señala que se pasó del 10 a casi un 30% de compra de crudo a las empresas trading en el último año.
El mercado spot y la ausencia de controles

    En los mercados spot, se compra y vende a corto plazo el petróleo bruto y los productos refinados derivados de los hidrocarburos. En este tipo de transacciones se fija diariamente el precio de las cotizaciones de petróleo que servirá como referencia de los precios en todo el mundo. Concretamente, los intercambios tienen lugar directamente entre vendedor y comprador, quienes negocian la diferencia entre el precio del producto final y el precio del petróleo bruto.

   En CITGO el área de trading —encargada de la compra de productos en el mercado spot ha estado bajo supervisión de Rick Esser y Gustavo Velásquez. Según un reporte de auditoría de la filial de PDVSA en EE. UU., y dos fuentes consultadas bajo condición de anonimato, los controles internos del trading "han sido muy débil(es) por años".

    Las fuentes sostienen que "los traders compran crudo y productos sin ningún control ni análisis". Reportes señalan que "las deficiencias de los controles se han presentado internamente en CITGO desde el 2014 hasta la fecha, y aunque fueron reportados por los responsables de ello, tanto Rick Esser y Nelson Martínez (fallecido bajo custodia del estado venezolano el 12 de diciembre de 2018) ignoraron todas los puntos y recomendaciones de auditoría interna y continuaron con la compra de crudos bajo una serie de modalidades que ponen el riesgo la transparencia de la empresa".

  Otras fuentes (consultadas en condición de anonimato por la persecución que ejercen actualmente la presidente de la Junta Directiva, Luisa Palacios y sus abogados) de CITGO señalan que ha habido presiones internas y externas por parte del equipo de Carlos E. Jordá, actual CEO de CITGO, para conocer cómo funciona el área de trading por la que pasan miles de millones de dólares. "Ya se han realizado varias reuniones para tal fin, pero no se ha avanzado mucho en la toma de decisiones", acotaron.

    Entre las empresas beneficiadas con contratos directos de crudo en el mercado spot trading en la gestión de CITGO en 2019, aparecen las polémicas firmas: Trafigura US Inc, Trafigura PTE Ltd y Trafigura Canada GP; Vitol Inc; Mercuria Commodities Canada Corp, Mercuria Energy Trading S.A., Mercuria Energy Trading Inc. También aparecen Petrochina International America Inc, Ecopetrol S.A., Freepoint Commodities y Novum.

   Trafigura es una de las principales empresas proveedoras de CITGO de crudo y de productos derivados. Las compras de Trafigura Canada GP.  han aumentado significativamente en el 2019.

   Otro aspecto que resalta cuando se evalúan los récords es que las transacciones con Mercuria se mantienen, a pesar de que ésta envuelta en varios casos de corrupción y fraude con CITGO y PDVSA, aunado a los escándalos que ha protagonizado en Brasil y otros países de América Latina.

   Los informes muestran que las transacciones con Vitol Inc. se mantienen en el mismo nivel y se aprecia un incremento en los últimos meses de 2019. Esto contradice las referencias al supuesto esfuerzo que la junta directiva designada por el presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela reconocido por más de 50 países, Juan Guaidó, de cambiar las prácticas irregulares que se ejecutaban en la CITGO administrada por el régimen de Nicolás Maduro.

  Si bien las compras con Petrochina bajaron en los primeros 6 meses del 2019 si se compara con las transacciones que se hicieron en 2017 y 2018— se aprecia que sigue habiendo negocios importantes con esa firma. Al mismo tiempo, las adquisiciones a EcoPetrol S.A se incrementaron significativamente en el citado año 2019.

   De acuerdo a los reportes a los que Venezuela Política tuvo acceso, excluyendo a PDVSA Petróleo S.A. (que era el mayor suplidor de CITGO antes de las sanciones impuestas por la OFAC a la petrolera venezolana), Trafigura ha sido en el mayor proveedor  de crudo en el área trading durante los períodos 2017 y 2018. La mayoría de esas empresas que aparecen en el panel de contratos directos en 2019—Trafigura, Vitol, Mercuria, Petrochina — y buena parte de las trading que mantienen sus negocios con CITGO en 2019—, fueron favorecidas en las gestiones del chavismo. Es decir, las mencionadas trading, que consiguieron ventajosos negocios durante las gestiones de las directivas designados por el régimen de Nicolás Maduro, se mantienen y algunas aumentaron su cuota de los contratos (trading) con los ejecutivos designados por el presidente de la Asamblea Nacional y como presidente (e), Juan Guaidó. Llamó nuestra atención que para 2019, Repsol Trading y Mercuria Energy Trading no aparecen en la línea de compra de feedstock. Asimismo, observamos con interés que Vitol Inc. salió del panel de vendedores de crudo, pero mantiene poderosos contratos relacionados con la venta de productos derivados y como suplidora de otras mercancías, junto a Trafigura US Inc, y Mercuria Energy Trading Inc.

¿Por qué siguen negociado con estas empresas?

  Reportes muestran el incremento de compras a las empresas trading vinculadas al chavismo un 10 a un 30 por ciento aproximadamente. Para hacer los cuestionados negocios se argumenta lo siguiente: 1) Por las sanciones impuestas por los Estados Unidos a PDVSA hay empresas que no quieren negociar con CITGO; y 2) con las empresas que entraron a los registros de proveedores con el chavismo no se hacen bajo contratos convencionales y regulados, sino que por esta vía se puede  comprar a terceros. 

   En reuniones celebradas el 12,13 y 14 de diciembre de 2019 con representantes de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, a la cual asistió el diputado Elías Mata, Luis Pacheco, presidente de la Junta directiva Ad Hoc de PDVSA, entre otros,  se discutieron los planes para el incremento de las compras en este rubro y bajo la criticada modalidad*.

Los números de las cuestionadas empresas en CITGO

    En 2018, los récords de las empresas trading muestran jugosos negocios. Trafigura US Inc por, ejemplo, vendió productos por el orden de $ 3.088 millones; Mercuria Commodities Canada Corp. Realizó operaciones por $ 761 millones; Mercuria Energy Trading S.A. lo hizo en el orden de los $ 1.079 millones; Mercuria Energy Trading por $ 420 millones; Vitol Inc por $ 636 millones; Trafigura Canadá GP por $ 403 millones.

   Los registros muestran que Petrochina International America INC. logró ventas por el orden de $ 507 millones; Glencore Ltd vendió $ 104 millones; las ventas de Ecopetrol S.A fueron de $ 124 millones y Equinor Marketing & Trading US Inc (Statoil antes de 2018) lo hizo por $ 111 millones.

   Durante el 2018, las compras para el feedstock (materia prima suministrada a una máquina o planta de procesamiento) de Trafigura US Inc fueron en el orden de $ 375 millones; las de Vitol Inc alcanzaron los $ 59 millones; mientras que Mercuria Energy Trading Inc vendió $ 24 millones; Repsol Trading S.A. tuvo operaciones por $ 14 millones y Mercuria Energy Trading S.A. alcanzó más de $ 3 millones.

   CITGO compró a Trafigura US Inc.  más de $ 56 millones y a Vitol Inc una cifra superior a los $ 46 millones en productos industriales.

   En cuanto a los suministros de productos, las cifras se muestran igualmente positivas:  Trafigura Us Inc. Tuvo ventas en el orden de $ 372 millones. En este renglón aparece Mercuria Energy Trading Inc. Con ventas por más de $ 131 millones; las ventas de Vitol Inc. Fueron por más de $ 24 millones. Petrochina International America Inc. vendió una cifra superior a $ 73 millones y las de Lukoil Pan Americas LLC se ubicaron en un monto bastante superior a $1.993.

  Las empresas trading que vendieron en el primer semestre de 2019  son las siguientes:

  Trafigura US Inc., Mercuria Commodities Canadá Corp.; Mercuria Energy Trading SA, Mercuria Energy Trading Inc.; Lukoil Pan American LLC; Trafigura Canadá GP; Petrochina International America Inc., Trafigura Pte LTD, Ecopetrol S.A y Equinor Marketing & Trading US Inc.

  Trafigura US Inc. también mantuvo sus beneficios con la nueva administración de CITGO, en la venta de productos para el stock. Así, en ese mismo periodo consiguió vender más de $ 104 millones, seguida por Vitol Inc. con ventas en el orden de más de $ 22 millones. Mercuria Energy Trading Inc.BBL tuvo colocaciones por más de $ 49 millones.

    En el panel de productos industriales dominan Trafigura US Inc. y Vitol Inc.

   Entre los suplidores de productos de CITGO para 2019, también aparecen excelentemente bien posicionadas por el grueso de contratos de millones de dólares, Trafigura US Inc., Mercuria Energy Trading Inc y Vitol Inc.

El esquema irregular usado por Mercuria y otras trading

  Un informe interno revela que Nelson Martínez y Pedro José Blanco utilizaron la empresa Mercuria Energy Trading Inc. como "un peaje" (intermediaria) para que otras empresas pudieran vender crudo a CITGO, obligándolas a vender primero a Mercuria y posteriormente Mercuria vendía a CITGO. "La comisión que CITGO pagaba a Mercuria era de 25 centavos por barril, lo que se traducía en aproximadamente USD 12 a 15 millones al año. Una doble ‘ganancia’ que se generaba, provenía de la compra del crudo que Mercuria hacía a otras empresas interesadas en negociar el crudo y al revenderlo a CITGO", asegura una fuente interna que declaró bajo anonimato.

  Pero el esquema cambió cuando Nelson Martínez salió de la presidencia de CITGO. Actualmente —dice la fuente ese peaje de Mercuria no existe y entonces las empresas están operando “en igualdad de condiciones”. La interrogante que surge es en torno a la razón por la cual Mercuria, con ese antecedente, continúa trabajando con CITGO y que el esquema de corrupción haya mutado.

Una fuente interna dice lo siguiente:

   "En tiempos en que Nelson Martínez era el CEO de CITGO, Pedro José Blanco —quien trabajó para CITGO pasó a representar a Mercuria logrado tener una oficina cercana a la del presidente. De hecho, Blanco aún coordina los negocios de la empresa trading en Houston. Martínez y Blanco crearon un esquema de corrupción que no permitía que otras firmas trading vendieran crudo o productos derivados a CITGO, si no pasaban por Mercuria. Fue así como nació la comisión que CITGO pagaba de 25 centavos por barril a Mercuria como intermediaria, lo que equivalía a ganancias que oscilaban entre $ 12 y 15 millones de dólares anuales, como ya habíamos referido. Cuando llegó Asdrúbal Chávez, y Calixto Ortega entró a finanzas, este preguntó por qué pagaban esas comisiones a Mercuria y entonces vetaron la empresa. No obstante, al poco tiempo volvió a imponerse el mismo esquema corrupto de comisiones. Una fuente señala que una parte de esos pagos era para beneficio de Martínez y Blanco".

Novum con su monopolio

  La empresa Novum, por su parte, "tiene el monopolio de todo lo que exporta CITGO a México, vía camiones y barcazas, así como de cargamentos de Diésel y Jet Fuel", dice un informante.

  Otra fuente sostiene que "se ha pedido en varias instancias de CITGO investigar la denuncia, según la cual, representantes de Novum pagan una comisión a un funcionario del área de productos de CITGO".

  Novum le debe a Venezuela un cargamento de Fuel Oil y le vende Propano a PDVSA.

Trafigura usa el mismo esquema

  A su vez, Trafigura operaba bajo el mismo esquema que usó Mercuria por años. En 2019 ocupa el primer lugar en el cartel de proveedores de CITGO.

  ¿Cuándo entraron estas empresas a CITGO? Pues, las empresas mencionadas fueron incorporadas en el registro mayor de proveedores y clientes de CITGO durante los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

  Durante la administración de Gustavo Velásquez y Rick Esser, se comenzó a utilizar más a compañías de trading intermediarias como Mercuria, Vitol, Trafigura y Glencore.

Los registros muestran los siguientes datos:

· FREEPOINT COMMODITIES HOLDINGS LLC fue inscrita en el registro de vendedor master de CITGO el 19 de diciembre de 2012.

· PETROCHINA INTL AMERICA INC fue inscrita en el registro master de proveedores de CITGO el 24 de febrero de 2010.

· MERCURIA ENERGY TRADING SA entró al registro de proveedores de CITGO el 22 de abril de 2008.

· MERCURIA COMMODITIES CANADA CORP se incorporó a CITGO el 14 de octubre de 2014

· MERCURIA ENERGY TRADING INC fue registrada en CITGO el 22 de enero de 2008.

· TRAFIGURA CANADA GP se inscribió en el registro de CITGo el 21 de septiembre de 2005.

· TRAFIGURA US INC-TRAFIGURA TRADING LLC (DBA) fueron incorporadas al registro master de proveedores de CITGO el 7 de abril de 1999.

  Por su parte, las siguientes empresas entraron en el registro para vender gasolina, bunker oil y otros productos:

· NOVUM ENERGY TRADING INC se registró en CITGO el 29 de octubre de 2015.

· FREEPOINT COMMODITIES HOLDINGS LLC ingresó al registro master de CITGO el 26 de abril de 2012.

· MERCURIA ENERGY TRADING INC entró al registro de clientes de CITGO el 22 de julio de 2010.

· MERCURIA ENERGY TRADING SA ingresó al registro master de CITGO el 28 de diciembre de 2010.

· VITOL PETRO INC entró al registro master de clientes de CITGO el 14 de julio de 2010

· VITOL Inc. entró al registro master de CITGO el 3 de enero de 2007.

Los responsables siguen trabajando para CITGO

  Un funcionario que ha sido señalado en varios informes sobre irregularidades en el área de Trading es Gustavo Velásquez, quien se mantiene en la junta directiva ad hoc, a pesar que existen varias demandas internas en su contra. Una fuente consultada al respecto dice que "su permanencia en cargos de poder genera conflicto de intereses, abuso de autoridad y tolerancia a la corrupción en CITGO".

  La misma fuente dice que "el hueco dejado por PDVSA (que no puede exportar crudo por las sanciones) ha sido repartido entre las mismas empresas que estuvieron activas durante las administraciones de Nelson Martínez, Asdrúbal Chávez y otros jefes del chavismo”.

Los reportes muestran que han disminuido las compras a Glencore.

   Finalmente, la fuente explicó que los controles en el área de trading no cumplen los estándares de la empresa. "En el área de spot trading no se revisan los procedimientos. De hecho, hay puntos de las auditorías abiertos desde 2014 y Rick Esser no ha atendido los reclamos y se ha evitado implementar los controles y las recomendaciones hechas por los responsables de evaluar y hacer las auditorías".







    

Las reformas económicas de la ANC: En las aduanas las multas serán en divisas

   El gobierno busca afanosamente cómo financiarse y ve en las aduanas venezolanas un excelente bastión para lograrlo.


Por Maibort petit
@maiborpetit

   Para el régimen de Nicolás Maduro lograr el financiamiento de su gestión en una economía depauperada como consecuencia del desmantelamiento que el aparato productivo ha sufrido en los veinte años de gobierno chavista, es cuestión prioritaria. Por ello ha recurrido al ente que, junto al Poder Judicial, se ha convertido en el As bajo la manga cuando de darle visos de legalidad a las violaciones a la Constitución y las leyes de la república se trata, a saber, la írrita Asamblea Nacional Constituyente, entidad que lo provee de los instrumentos que le facilitan la consecución de sus objetivos. Es así como, la ANC ha procedido a emitir instrumentos legislativos inexistentes como los denominados “decretos constituyentes” aprobados sin que para ello medien las consultas y discusiones plenarias a que obliga la carta magna.
   Dentro de esta gama de disposiciones se encuentra el Decreto Constituyente de Reforma del decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Aduanas, el cual está dirigido a que la administración de Maduro pueda cobrar el impuesto a la importación atendiendo a la cotización fluctuante de divisas de acuerdo a la más alta que muestre el Banco Central de Venezuela.


La reforma

  El artículo 1 de la reforma modificó lo establecido en el primer artículo del Decreto Ley que ahora establece que “La política comercial, así como los derechos y obligaciones de carácter aduanero y las relaciones jurídicas derivadas de ellos, se regirán por las disposiciones de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y su Reglamento, así como por las normas de naturaleza aduanera contenidas en los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por la República, en las obligaciones comunitarias y en otros instrumentos jurídicos vigentes, relacionados con la materia”.

   Define el objetivo de la administración, el cual será “intervenir, facilitar y controlar la entrada, permanencia y salida del territorio nacional, de mercancías objeto de tráfico internacional y de los medios de transporte que las conduzcan, con el propósito de determinar y aplicar el régimen jurídico al cual dichas mercancías estén sometidas, así como la supervisión de bienes inmuebles cuando razones de interés y control fiscal lo justifiquen”.

Competencias del presidente de la república

  El artículo 2 modificó al tercero del Decreto Ley sonde se estipulan las atribuciones del presidente de la república en la materia, destacando el numeral 6 el cual le permite “Fijar las tasas y determinar las cantidades que deban pagar los usuarios de los servicios que preste la Administración Aduanera”.

El mandatario podrá valerse del equivalente del tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela, el cual multiplicará por el número de veces para establecer las diferentes tarifas a implementar respecto a los servicios aduanales fuera de las horas ordinarias de labor y días no laborables; por consultas de clasificación arancelaria; por depósito o permanencia de las mercancías en los almacenes; por el uso del sistema informático de la administración aduanera; por el uso de medios, mecanismos o sistemas automatizados para la detección y verificación de documentos o de mercancías.

    Se estableció que estas tasas previstas del numeral 6 del presente artículo se entrarán al Tesoro Nacional, previa deducción del cincuenta por ciento que se destinará a cubrir las necesidades del servicio aduanero, debiendo liquidarse en planilla separada. El producto de la deducción se depositará en cuentas que se abrirán para tal fin y cuya administración se establecerá en el reglamento. Se advierte que esta tasa no podrá ser utilizada para cubrir remuneraciones a funcionarios.

   La administración aduanera podrá prestar los respectivos servicios por sí o a través de un concesionario e igualmente se prevé que el presidente de la república podrá delegar el ejercicio de sus competencias en una comisión presidencial o interministerial.

Competencias del Ministerio de Finanzas

   El artículo 3 de la reforma modificó el artículo 4 del Decreto Ley en el que se estipulan las competencias del ministerio encargado de las finanzas.

El artículo quedó redactado así:

“Corresponde al Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en la materia de Finanzas: 1) Dictar la política fiscal arancelaria; 2) Participar en el tratamiento y determinación de las políticas relativas al comercio exterior, en cuanto afecten directamente la actividad aduanera, sin menoscabo, de las facultades que en este mismo sentido, correspondan al Jefe de la Administración Aduanera; 3) Intervenir en las decisiones relativas a Acuerdos, Tratados o Convenios Internacionales sobre comercio, integración económica, transporte, comunicación, sanidad, substancias estupefacientes y psicotrópicas, seguridad y otros, así como la Administración de los Convenios y Tratados Internacionales suscritos y ratificados por la República, y demás obligaciones comunitarias, cuando afecten directamente la actividad aduanera; 4) Suscribir, debidamente autorizado por el Presidente de la República, Convenios Modus Vivendi o Acuerdos entre Venezuela y otros países, que afecten los regímenes aduaneros; 5) Ordenar la publicación del arancel de Aduanas, debidamente aprobado por el Presidente de la República; 6) Las demás, establecidas en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, su Reglamento u otras disposiciones legales”.

Tarifa del impuesto aduanero

   Lo relativo a la tarifa a aplicar con respecto al impuesto aduanero quedó establecida en el artículo 4 de la reforma que modificó el artículo 117, el cual ahora reza:

“La tarifa aplicable para la determinación del impuesto aduanero será fijada en el Arancel de Aduanas. En dicho Arancel, las mercancías objeto de operaciones aduaneras quedarán clasificadas así: gravadas, no gravadas, prohibidas, reservadas y sometidas a otras restricciones, registros u otros requisitos. La calificación de las mercancías dentro de la clasificación señalada solamente podrá realizarse a través del Arancel de Aduanas, siendo absolutamente nula la calificación que no cumpla con esta formalidad”.

   Este artículo contiene un parágrafo único que indica que cuando el Ejecutivo Nacional “establezca, modifique o suprima un impuesto, tasa, recargo u otra cantidad, estos regirán a partir del vencimiento del término previo a su aplicación que al efecto deberá fijar. Si no lo estableciera, se aplicará vencidos los quince (15) días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela”.

   Entretanto, el artículo 5 modificó el artículo 118 donde se explica que el impuesto aduanero a que se hizo referencia anteriormente, “podrá ser de tipo ‘ad valorem’, específico o mixto y estará comprendido dentro de los siguientes límites: 1) Entre un centésimo por ciento (0,01%) y el quinientos por ciento (500%) del valor de aduana de las mercancías. 2) Entre una millonésima (0,000001) y diez (10) veces del equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela por unidades del sistema métrico decimal”.

Las multas basadas en las divisas

   El artículo 6 de la reforma modificó el artículo 159 relativo a las multas, quedando establecido que cuando estas (las multas) tengan que ver con el “valor en aduana de las mercancías, se convertirán al equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela que corresponda al momento de la comisión del ilícito, y se cancelarán utilizando el valor de la unidad tributaria que estuviere vigente para el momento del pago. En caso de que no se pudiera determinar el momento de la comisión del ilícito, se tomará en cuenta el momento en que la Administración Aduanera tuvo conocimiento del mismo”.

   Del mismo modo el artículo 7 modificó el artículo 161 que establece las sanciones a los auxiliares de la administración aduanera.

   Se estipuló que estos serían sancionados “1) Con multa de mil veces al equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela cuando impidan o dificulten las labores de reconocimiento, control, verificación o de cualquier otra actuación de la Administración Aduanera en el ejercicio de la potestad aduanera; 2) Con multa de quinientos cincuenta veces al equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela cuando por cualquier otra causa distinta a las ya tipificadas, se impida o retrase el normal desaduanamiento de las mercancías; 3) Con multa de cincuenta veces al equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela cuando no cumplan con las condiciones y obligaciones exigidas para actuar como Auxiliar”.

   Por su parte el artículo 8 de la reforma modificó el numeral 3 del artículo 162 del Decreto Ley en el cual se enumeran las causas de la suspensión para actuar como Auxiliares de la Administración Aduanera.

El número 3 ahora reza:

“Por ciento veinte (120) días continuos, cuando sean sancionados dos veces o más con multa firme por las infracciones cometidas durante el periodo de un año, si la suma de las multas no excede de seiscientas veces al equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela, y por ciento ochenta (180) días continuos, si excede de dicho monto; y”

    El artículo 10 modificó el artículo 165 y estipuló que las sanciones para los transportistas, porteadores o sus representantes legales serán de 30 veces el equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el BCV, cuando no presenten o registren electrónicamente el manifiesto de carga y demás documentos exigibles en los plazos previsto en este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley y en el Reglamento; cuando transmitan con errores a la aduana el manifiesto de carga y demás documentos exigibles en el decreto; cuando obstaculicen o no realicen la carga o descarga en la debida oportunidad, por causas que les sean imputables; cuando incumplan las condiciones y el término para el régimen de tránsito aduanero fijado por la aduana de partida, sin perjuicio de lo establecido en la normativa comunitaria.

    La multa será de 50 veces al equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el BCV, cuando no entreguen a los responsables de los recintos, almacenes o depósitos aduaneros autorizados o a los consignatarios cuando corresponda, los bultos manifestados y descargados, dentro del plazo establecido en el decreto; cuando no emita conjuntamente con el representante del recinto, almacén o depósito autorizado, la constancia de entrega y recepción de las mercancías; cuando no se notifique a la oficina aduanera respectiva la finalización de la descarga en el momento previsto en el decreto; cuando las mercancías transportadas bajo el servicio de cabotaje no se encuentren separadas, selladas o plenamente diferenciadas de aquellas destinadas al tráfico internacional.

    La multa será de 5 veces al equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el BCV por cada kilogramo bruto en exceso, cuando descarguen bultos de más, respecto de los anotados en la documentación correspondiente.

  La penalidad será de 2 veces al equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el BCV, por cada kilogramo bruto en faltante, cuando descarguen bultos de menos, respecto de los anotados en la documentación correspondiente.

   El artículo 11 de la reforma modificó el artículo 166 y estableció las sanciones a las empresas consolidadoras de carga: “1) Con multa de dos (02) veces al equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela, por cada día de retardo, cuando no desconsolide la mercancía en el plazo correspondiente; y 2) Con multa de cincuenta (50) veces al equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela, cuando no presente correcta y oportunamente la información a que están obligados”.

   El artículo 12 modificó el artículo 167 donde se sanciona a los recintos, almacenes o depósitos aduaneros autorizados con multas equivalentes desde las 20 veces a las 500 veces el equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela en una serie de casos que podemos ver en la siguiente imagen:

    Del mismo modo el artículo 13 que modificó el artículo 168, hace referencia a las sanciones aplicables a los agentes y agencias de aduanas. Las multas aplicarán en 50, 100, 500 o mil veces el equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el BCV.

   De este modo, será de 50 veces cuando no elaboren, suscriban o presenten las declaraciones de aduanas en la forma, oportunidad o en los medios que señale la Administración Aduanera y demás disposiciones legales aduaneras; cuando no proporcionen oportunamente la información o datos requeridos por dicha Administración Aduanera.

   Será de 100 veces cuando formulen declaraciones incorrectas, incompletas o inexactas de forma tal que no se correspondan con la información contenida en los documentos legalmente exigibles.

  De 500 veces por la incorrecta valoración o clasificación arancelaria de las mercancías objeto de la declaración de aduanas, cuando ésta genere un perjuicio fiscal o incumpla un régimen legal; cuando liquiden y enteren incorrectamente los tributos, derechos antidumping o compensatorios cuando sean procedentes.

   Y de mil veces cuando no procedan al desaduanamiento de las mercancías dentro del lapso correspondiente.

    El artículo 14 modificó el artículo 177, el cual versa sobre las infracciones cometidas con motivo de la declaración de las mercancías en aduanas, las cuales se sancionarán aplicando el mismo esquema de multiplicar determinado número de veces (en este caso entre 15, 30 y 50 veces) el equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el BCV: 1) cuando las mercancías no correspondan a la clasificación arancelaria declarada; cuando el valor declarado no corresponda al valor en aduana de las mercancías; 3) cuando las mercancías no correspondan a las unidades del sistema métrico decimal declaradas; 4) Cuando un embarque contenga mercancías no declaradas; 5) cuando las declaraciones relativas a marcas, cantidad, especie, naturaleza, origen y procedencia, fueren incorrectas; 6) cuando la declaración relativa a la moneda extranjera o su conversión en moneda nacional fuere incorrecta; 7) cuando la declaración de aduanas no sea presentada dentro del plazo establecido; 8) cuando las mercancías importadas estén sometidas a derechos antidumping o compensatorios establecidos por el Órgano Oficial competente y no hayan sido declarados;  9) cuando la regularización de la declaración única de aduanas no se realice dentro de plazo establecido para el caso de los envíos urgentes y de la declaración anticipada de información.

   El artículo 15 modificó el artículo 178 del Decreto Ley para establecer sanciones de mil veces el equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el BCV, a las infracciones cometidas con motivo de la utilización del sistema informático por parte de los operadores aduaneros, en los casos siguientes: 1) cuando accedan sin la autorización correspondiente a los sistemas informáticos utilizados por el servicio aduanero; 2) cuando se apoderen, copien, destruyan, inutilicen, alteren, faciliten, transfieran o tengan en su poder, sin la autorización del servicio aduanero cualquier programa de computación y sus bases de datos, utilizados por el servicio aduanero, siempre que hayan sido declarados de uso restringido por este último; 3) cuando dañen los componentes materiales o físicos de los aparatos, las máquinas o los accesorios que apoyen el funcionamiento de los sistemas informáticos diseñados para las operaciones del servicio aduanero, con la finalidad de entorpecerlas u obtener beneficio para sí u otra persona; y 4) cuando faciliten el uso del código y la clave de acceso asignados para ingresar en los sistemas informáticos.

   El artículo 16 de la reforma modificó el artículo 180 para indicar las sanciones a los responsables de las tiendas y depósitos libres de impuestos (Duty Free Shops), las cuales aplicarán: 1) con multa de cien veces al equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el BCV, por expender mercancías a personas diferentes de aquellos viajeros en tránsito o que entren o salgan del país; 2) con multa de cien veces al equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el BCV, por expender las mercancías en vehículos de transporte de pasajeros que no cubran rutas internacionales; y 3) con multa de cien veces al equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el BCV, por incumplir con las condiciones y obligaciones que establezca el Reglamento.

  El artículo 17 de la reforma modificó el artículo 181, para sancionar a los responsables de las empresas de transporte internacional acuático o aéreo que operen en el país o las empresas de servicios que presten asistencia a éstas: 1) Con multa de 100 veces al equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el BCV, por suministrar mercancías a personas diferentes de los viajeros o tripulantes, así como su utilización para un fin distinto al previsto para el beneficio de este régimen; y 2) Con multa de 500 veces al equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el BCV, por incumplir con las condiciones y obligaciones que establezca el Reglamento.

   Se incluyó un nuevo artículo, a saber, el 194, el cual reza: “Las normas reglamentarias que regulan los almacenes aduaneros (in bond), estarán vigentes hasta que el Ejecutivo Nacional dicte las normas sobre la materia, lo cual realizará en un plazo de ciento ochenta (180) días, contado a partir de la entrada en vigencia de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley”.