miércoles, 29 de enero de 2020

Asegura que no renunció: Conoce la carta que el procurador José Ignacio Hernández le entregó al presidente (I) Juan Guaidó para justificar el uso de $20 millones para pagar la defensa de los litigios de la República en EE. UU.

 Por Maibort Petit

Este miércoles se conoció por diversas fuentes que el procurador designado por el presidente (I) Juan Guaidó, José Ignacio Hernández había renunciado, porque no estar de acuerdo con las divergencias que se produjeron en la discusión del acuerdo de l fondo de litigio aprobado por la Asamblea Nacional.  Cuando se dio a conocer en la prensa la noticia sobre su renuncia, Hernández dijo que no había renunciado, y que esperaba estar a la altura de las circunstancias.  También lamentó que se hubiese filtrado a los medios la carta enviada al presidente Guaidó, en que resume las diligencias que se han hecho para hacer frente a la defensa de los casos que existen en los tribunales de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela.

A continuación presentamos los principales puntos de la carta fechada el 28 de enero de 2020 dirigida al presidente (I) Juan Guaidó.


1) Solicitó la autorización de la Asamblea Nacional para el funcionamiento de un fondo de litigio para pagar los costos de la contratación de Despachos de Abogados a cargo de esta Oficina, y resumir los próximos pasos basados en la autorización de la Asamblea Nacional para el funcionamiento del fondo de litigio.


2. Desde septiembre de 2019 la Oficina del Procurador Especial propuso la creación del fondo especial de litigio, a través de la autorización de la Asamblea Nacional para utilizar recursos disponibles en el extranjero para el pago de Despacho de Abogados a cargo de la defesa del Estado venezolano.

3. La Oficina del Procurador Especial se ha en cargado de la defesa judicial y extra-judicial de la República y los entes administrativos, como PDVSA y el BCV, ante Cortes extranjeras, principalmente, en Estados Unidos. Igualmente ha estado a cargo de arbitrajes que involucran a la República. Buena parte de las funciones de la Oficina han sido atendidas directamente por el Procurador, pero la representación en juicios -y un caso particular de arbitraje- debe ser llevada a cabo por  Despachos de Abogados, según se explica en la siguiente sección. Todos estos litigios envuelven reclamaciones por aproximadamente 15 millardos de dólares.

4. Debido a problemas de reconocimiento del Gobierno en procedimientos arbitrales, la Oficina del Procurador Especial ha atendido directamente los arbitrajes, salvo en el caso de ConocoPhillips, por lo que respecta a la solicitud de nulidad del laudo arbitral dictado por el Tribunal Arbitral constituido en el marco del Convenio CIADI. 


 4. La falta de recursos para poder pagar honorarios profesionales de los Despachos de Abogados constituye, a la fecha, una de las principales limitaciones de la Oficina del Procurador Especial. Es importante recordar que en la defensa del Estado ante las Cortes no solo participan los abogados de los acreedores sino, en muchos casos, los abogados del régimen de Nicolás Maduro, que pretenden -sin éxito- reclamar la representación del Estado. Esto ha exigido una dedicación mayor a la usual.

 5. Mención especial merece la demanda de nulidad del Bono PDVSA 2020, intentada por PDVSA, PDVSA Petróleo S.A. y PDV Holding, Inc., y que constituye una de las demandas en la cual la Oficina del Procurador Especial actúa como parte demandante4. La otra demanda es la petición de recuperación de activos derivados de la corrupción en el caso Ortega, que es atendido prácticamente de manera exclusiva por la Oficina del Procurador.

 6. Durante buena parte del 2019 se lograron acuerdos con Despachos de Abogados para diferir el cobro de honorarios o trabajar de manera gratuita por cierto tiempo. Esto logró mantener la defensa judicial del Estado, pese a la imposibilidad de poder pagar honorarios profesionales.

 7. De conformidad con el artículo 36 del Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no es posible disponer de recursos públicos sin autorización de la Asamblea Nacional. A tales efectos, la propuesta de la creación del fondo de litigio, precisamente, consiste en la autorización de la Asamblea Nacional para el pago de honorarios profesionales y gastos legales a Despachos de Abogados, con recursos disponibles en cuentas en el extranjero.

8. En concreto, hay dos fuentes de tales recursos: PDVSA y el BCV. PDVSA tiene a su favor recursos disponibles por cuentas por cobrar, mientras que el BCV es titular de cuentas bancarias. Estos recursos, en virtud de las Órdenes Ejecutivas dictadas por el Gobierno de Estados Unidos, se encuentran bloqueados, lo que implica que no pueden disponerse sin licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro.

 9. Desde septiembre se realizaron diversas reuniones con la Asamblea Nacional, el Centro de Gobierno y la comisión técnica creada para el control de la relación con los Despachos de Abogados, a los fines de explorar soluciones a este problema. Como resultado de ello, el 1o de octubre de 2019 la Asamblea Nacional autorizó el uso de dos millones de dólares (USD 2.000.000,00), para que PDVSA pudiese pagar honorarios profesionales y gastos legales a Despacho de Abogados, muy especialmente, con ocasión a la demanda de nulidad del Bono PDVSA 20206.

 10. Tras nuevas conversaciones, el 19 de noviembre de 2019 la Asamblea Nacional acordó la creación del fondo de litigio, pero según el acuerdo tercero, difirió para una posterior oportunidad la aprobación del monto máximo a gastar en función a los proyectos presentados. Sin embargo, autorizó el uso de hasta dos millones de dólares (USD 2.000.000,00) al BCV para el pago de honorarios profesionales.

 11. Por ello, y según el citado acuerdo tercero, la Asamblea Nacional debía determinar el monto máximo para el pago de Despachos de Abogados. Tal y como se explicó en reunión del Centro de Gobierno de 23 de enero de 2020, lo recomendable era fijar un monto máximo por todos los proyectos, visto que no era racional someter a autorización del pleno de la Asamblea Nacional el pago de cada factura de honorarios profesionales. Las razones legales de esta propuesta fueron resumidas en la comunicación PER 329, de la junta ad-hoc de PDVSA, que ya presentó su informe de gestión, procederá a rendir cuenta formal del gasto ejecutado antes del 31 de enero de 2020. En todo caso, la relación es la siguiente: (i) un millón de dólares (USD 1.000.000,00) a la firma Paul Hastings por concepto de adelanto de gastos de honorarios profesionales por el caso del Bono 2020; (ii) quinientos mil dólares (USD 500.000,00) a la firma Curtis, por adelanto de honorarios profesionales por la solicitud de anulación del laudo Conoco; (iii) Munger, Tolles and Olson LLP, por doscientos mil dólares (200.000,00 USD) por concepto de adelanto de honorarios por casos ante la Corte Suprema de Justicia y (ii) dieciséis mil ochocientos setenta y seis con setenta y seis céntimos (USD 16.876,76) por concepto de pago de gastos a Global Advisory Group en el marco de la negociación del Bono 2020. Esto, según información suministrada por la junta ad-hoc mediante correo electrónico el pasado 20 de enero de 2020 Al 24 de enero de 2020, que fue remitida al Centro de Gobierno y al comité técnico designado.

La junta ad-hoc del BCV procederá a rendir cuenta formal del gasto ejecutado antes del 31 de enero de 2020. En todo caso, se efectuó el pago de ciento cuarenta y nueve mil novecientas treinta y cinco (149.935) libras esterlinas, por concepto de pago a los abogados o barristers que atienden el caso en Londres según comunicado PER-310 de 20 de diciembre.



 12. A tales efectos, y con base en la citada comunicación PER-270 de 18 de noviembre, el presupuesto propuesto es el siguiente:

 13. Esto es, veinte millones de dólares (20.000.000,00 USD). Tal cantidad corresponde a gastos legales de la República, del BCV y de PDVSA y serán sufragados por el BCV y PDVSA, de acuerdo con los lineamientos discutidos, además, con la Comisión Consultiva para la negociación de la deuda pública. Asimismo, la propuesta fue discutida y aprobada por la comisión técnica en septiembre de 2019, y en reunión mantenida el 7 de noviembre de 2019.
14. Precisamente, la Asamblea Nacional, en Acuerdo de 28 de enero, autorizó el uso de hasta veinte millones de dólares (20.000.000,00 USD) para el pago de honorarios profesionales, gasto que será ejecutado en el 2020.

15. De conformidad con la práctica derivada de los Acuerdos de 1o de octubre y de 19 de noviembre, el procedimiento de control e implementación de este gasto es el siguiente:

• Los despachos de abogados emiten las facturas, que son revisadas por la Oficina del Procurador Especial, para verificar su racionalidad y sinceridad.

• Con base en el resultado de ese examen, la Oficina del Procurador Especial prepara un reporte con el análisis del caso para su consideración por la junta ad-hoc, que es además sometido a la consideración del comité técnico designado a tales efectos.

• Si este proceso surge alguna rectificación, se procederá a la nueva emisión de factura para su aprobación por la junta ad-hoc y aprobación final por el comité.

• Cumplidos estos trámites, y de acuerdo con la licencia otorgada por la OFAC, la junta ad-hoc procederá a ordenar el pago correspondiente, previa comunicación a la Asamblea Nacional para el ejercicio del control posterior.

• La junta ad-hoc remite a la Oficina del Procurador Especial el comprobante de pago para su control correspondiente y rendición de cuenta a la Asamblea Nacional, como control posterior enmarcado en el artículo 187 numeral 3 de la Constitución. Cabe destacar que debido a restricciones prácticas derivadas del régimen de sanciones, el pago puede tardar días en ser procesado.

• El pago de la factura debe hacerse típicamente en un lapso de treinta (30) días luego de la emisión de factura final. La Oficina del Procurador Especial coordinará con las juntas ad-hoc para rendir cuenta de los pagos efectuados en un lapso no mayor a veinte (20) días luego de efectuado el pago.

  16. Es importante insistir en estos aspectos:

• El pago sólo puede efectuarse a Despachos de Abogados o para el reembolso de gastos legales, o sea, gastos asociados a procedimientos legales. No pueden utilizarse recursos para salarios de empleados públicos ni para cubrir gastos de tales empleados.

  • Los pagos solo pueden efectuarse para este propósito, además, pues las licencias solicitadas y otorgadas por la OFAC se limitan a estos fines. De hecho, los receptores de pago -Despacho de Abogados- están sujetos al control de la OFAC.

 • La Asamblea Nacional, en ejercicio de las facultades derivadas del artículo 187.3 de la Constitución, puede efectuar sus facultades de control para formular cualquier pedimento o indicar cualquier rectificación.

  17. Desde un punto de vista legal de control fiscal, el anterior régimen encuentra fundamento en el citado artículo 36 del Estatuto, que toma en cuenta la imposibilidad fáctica de cumplir con todos los mecanismos de control fiscal, en especial, previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal y la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. En efecto, ni la Oficina del Procurador Especial y las juntas administradoras ad-hoc cuentan con la organización administrativa para el control fiscal interno ni la gestión de tesorería. Tampoco la Asamblea Nacional ha designado al titular de la Contraloría General de la República -aun cuando, en todo caso, ese titular solo podría ejercer el control fiscal externo, no así el control fiscal interno.

18. Hasta tanto no se proceda a efectuar esa designación, la Oficina del Procurador Especial implementará mecanismos adicionales de rendición de cuenta ante la Asamblea Nacional, en específico, la Comisión Permanente de Contraloría General de la República. Igualmente, esta Oficina estudia la posibilidad de firmar acuerdo de cooperación para la gestión transparente de estos recursos con la Organización de Estados Americanos.

 13 Esta Oficina analizó el procedimiento legal para la designación de ese titular en comunicación PER-117- 2019 de 17 de junio de 2019.

Asimismo, junto con la Consultoría Jurídica de la Asamblea Nacional, procederemos a explorar mecanismos adicionales de control.

  II. RELACIÓN DE LOS DESPACHOS DE ABOGADOS A CARGO DE LA DEFENSA DEL ESTADO

  19. Tal y como fue informado a la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico en comunicaciones PER-02 de 2 marzo PER-227 de 8 de octubre, la Oficina de la Procuraduría Especial ha mantenido relaciones contractuales con algunos de los Despachos de Abogados que venían representando al Estado, y a procedido a la contratación de nuevos Despachos de Abogados, previa consultas correspondientes.

20. Así, a la fecha, se mantienen relaciones con los siguientes Despachos, que venían representando al Estado y que aceptaron mantener esta relación bajo instrucciones de esta Oficina: Arnold & Porter14, Hogan Lovells15 y Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP16. Las firmas Guglielmino y asociados, GST LLP y Alfredo de Jesús, optaron por seguir instrucciones del régimen de Maduro.

21. Posteriormente, han sido contratos los siguientes Despachos y abogados:

 • Tras consulta con la comisión ad-hoc creada para la atención de la deuda pública y con la Presidencia de la República, se contrató a Lee Buchheit como asesor estratégico para la deuda pública, quien accedió a prestar servicios de manera gratuita -pero limitado a la asesoría estratégica.

  • Tras consulta con la comisión ad-hoc creada para la atención de la deuda pública y con la Presidencia de la República, se procedió a contratar a la firma Sullivan & Cromwell como firma para la asesoría de la deuda pública y las reclamaciones, prestando servicios a la República y al BCV. La firma accedió a prestar servicios de manera gratuita por la asesoría de la deuda hasta el 1o de noviembre1.
  
 • Tras consulta con la Comisión Consultiva para la deuda pública y previa autorización de la junta ad-hoc de PDVSA, se contrató a la firma Paul Hastings para la representación de PDVSA, muy especialmente, respecto del caso del Bono 202019. La firma accedió a trabajar gratuitamente hasta el 31 de octubre por lo que respecta a las negociaciones con los bonistas del Bono 2020.

  • Tras autorización de la junta administradora ad-hoc de PDVSA, y según se notificó a la Presidencia de la República en comunicación PER 228 de 8 de octubre, fue seleccionada la firma Munger, Tolles and Olson LLP, para atender casos ante la Corte Suprema de Justicia.

 • De acuerdo con las comunicaciones a la Presidencia de la República PER-149 de 18 de julio y PER-238 de 14 de octubre, se procedió a contratar a la firma Abrams & Bayliss para atender casos en Delaware (pues la legislación de ese Estado requiere la contratación de firmas locales que trabajan de la mano de los Despachos de Abogados).

  III. BALANCES Y PRÓXIMOS PASOS

  22. Como se explicó, la falta de disponibilidad de recursos para atender los gastos legales derivados de la defensa judicial y extrajudicial del Estado ha dificultado el cumplimiento de la misión de esta Oficina, tarea de por sí compleja vista la magnitud de las reclamaciones heredadas de los regímenes de Chávez y Maduro y exigencias legales de la transición. A ello se le suma las limitaciones derivadas de la falta de personal propio y de la infraestructura de oficina.

23. A resultas de lo anterior, esta defensa se ha limitado a las medidas estrictamente necesarias, con poco margen para la asignación de casos a las nuevas firmas, debido a la reticencia de atender litigios sin un cronograma de pago. En otros casos -como sucedió con el arbitraje ConocoPhillip- la falta de recursos creó riesgos innecesarios sobre la defensa del Estado y de sus activos, como Citgo.


 24. A pesar de lo anterior, la Oficina del Procurador Especial ha cumplido con el mandato derivado del Estatuto. Así, y en especial, cabe destacar lo siguiente:

 • Se diseñó e implementó el mecanismo para la designación de las juntas directivas de Citgo, decisión cuya legalidad fue ratificada por las Cortes de Estados Unidos.

  • Se logró la suspensión de los casos judiciales en Delaware que colocan en riesgo a PDV Holding, Inc.

 • Se logró que la OFAC reconociera la protección legal de PDVSA y sus propiedades en Estados Unidos, frente a cualquier medida judicial de embargo.

 • Se logró la protección de las acciones de Citgo Holding, Inc. Dadas en garantías por el Bono 2020, lográndose avanzar en la demanda de nulidad de acuerdo con las decisiones de la Asamblea Nacional.

 • Se logró la suspensión de buena parte de los litigios derivados de deuda pública, los cuales hoy día están siendo atendidos de manera ordenada, sin riesgos inminentes para el Estado.

 • Se logró la definición de los lineamientos para la renegociación de la deuda pública, lo que ha facilitado la gestión de los litigios derivados de esta deuda.

 • Se ha logrado el reconocimiento del Gobierno del Presidente Juan Guaidó por las Cortes de Estados Unidos.

 • Se logró la recuperación del monto a favor del BCV derivado del fideicomiso suscrito con Citi, sin que para ello se contratase a ningún Despacho, lo que supuso un ahorro importante de recursos.

 • Se logró negociar condiciones de prestación de servicios gratuitos de asesoría legal así como el diferimiento del pago de honorarios profesionales.

 25. Con base en el Acuerdo de 28 de enero de 2020, la Oficina del Procurador Especial en coordinación con la junta administradora ad-hoc de PDVSA, y sujeto a las licencias de la OFAC aplicables, procederá a coordinar los pagos de honorarios profesionales cumpliendo con el procedimiento de control antes señalado y remitiendo la información correspondiente a la Asamblea Nacional, para su correspondiente control.

Cordialmente,
José Ignacio Hernández G.
Procurador especial de la República Bolivariana de Venezuela 

Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico Comisión Permanente de Contraloría
Junta administradora ad-hoc de PDVSA
Junta administradora ad-hoc del BCV

Las reformas económicas de la ANC: La Cartera Única Productiva Nacional

Al unificar las carteras de créditos obligatorias otorgadas a través de la banca pública y privada al sector productivo, se establece que las instituciones financieras deberán destinar entre el 10 y el 25 por ciento de la cartera total, al financiamiento de los proyectos.

 Por Maibort Petit
@maibortpetit

  El régimen presidido por Nicolás Maduro en Venezuela procedió a instrumentar una serie de reformas de carácter económico con el auxilio de la irrita e ilegal Asamblea Nacional Constituyente (ANC), mediante la aprobación —pasando así por encima lo establecido en la Constitución que otorga tal potestad a la Asamblea Nacional—de un conjunto de instrumentos legislativos, vía Decretos Constituyentes. Fue así como, sin que mediara la obligatoria discusión plenaria, se procedió este miércoles 29 de enero, a darle el visto bueno a los proyectos de reforma del Código Orgánico Tributario (COT), a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y a la Ley Orgánica de Aduanas. Igualmente se aprobó la Ley de Cartera Única Productiva Nacional.
   De esta manera el régimen de Maduro apela a esta arbitraria e inconsulta vía legislativa para financiarse permitiendo, por ejemplo, el cobro de los impuestos indexados en moneda extranjera, a saber, el euro. En medio de la debacle económica que vive el país, el gobierno busca recobrar los ingresos que por vía tributaria le permitan sustentarse y evitar —según dicen— que se siga operando el cierre de empresas e industrias en Venezuela.

  En Venezuela Política daremos a conocer en detalles de estas leyes, comenzando en esta entrega por el Decreto Constituyente que crea la Cartera Productiva Única Nacional, el cual unifica las actuales carteras de crédito obligatorias que otorga la banca privada y la pública a los sectores agroalimentarios, manufacturero, turístico, salud e hipotecario, con miras a promover y fortalecer la soberanía económica del país.

  Apelando al supuesto poder originario que ostenta, la ANC procedió a decretar el instrumento legislativo cuyo objetivo descrito anteriormente se establece en su primer artículo que crea la denominada Cartera Única Productiva Nacional.

  El segundo artículo estipula que la Cartera Única Productiva Nacional se propone “estimular, promover, incentivar, fomentar y apoyar el incremento en la producción y comercialización de bienes y servicios en los distintos sectores que conforman el Aparato Productivo Nacional, a través de operaciones de financiamiento otorgadas por las instituciones financieras públicas y privadas que operen dentro del sector bancario nacional”.

¿Dónde aplica?

  El artículo 3 del instrumento legislativo está referido al curioso ámbito de aplicación de la ley, el cual es —según refiere el proyecto— “subjetivo”.

 En este sentido, los sujetos receptores o beneficiarios del financiamiento será la persona natural o jurídica, o empresas relacionadas o vinculadas a los sectores productivos mencionados en el artículo 1, es decir, agroalimentario, manufacturero, turístico, salud e hipotecario.

  Se prevé que el Comité Rector de la Cartera Única Productiva Nacional podrá —si así lo autoriza el presidente de la república— incluir otros sectores del aparato productivo nacional de manera que puedan ser beneficiarios o receptores del financiamiento crediticio.

  El referido Comité Rector de la Cartera Única Productiva Nacional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4, se conformará y tendrá como atribuciones, aprobar la política, direccionamiento, regulación y evaluación de los recursos que se dispongan para financiar la cartera, así como su impacto en la materialización de los planes productivos y el establecimiento de requisitos de desempeño.

   Será el presidente de la república quien, por vía de decreto, “determinará las funciones, atribuciones, directrices y responsabilidades del Comité Rector de la Cartera Única Productiva Nacional, así como las de su secretaría técnica”.

    Observamos que de esta manera quedaría fuera del ámbito de la ley el desempeño y accionar de los funcionarios que integrarán el referido Comité Rector.

   La que sí específica el artículo es la conformación del Comité Rector de la Cartera Única Productiva Nacional, el cual integrarán el ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas, quien lo presidirá y gestionará una secretaria técnica; el ministro del Poder Popular de Comercio Nacional; el ministro del Poder Popular de Industria y Producción Nacional; el ministro del Poder Popular para Agricultura Productiva y Tierras; el presidente del Banco Central de Venezuela; los demás que establezca el presidente de la república mediante decreto.

El financiamiento de la ley

   En el artículo 5 se estipula lo relativo al porcentaje obligatorio que servirá para financiar los objetivos que persigue la ley.

   Se indica que el Comité Rector de la Cartera Única Productiva Nacional fijará, a través de una resolución que emitirá —conforme con las políticas y lineamientos emitidos por el presidente de la república— el valor y demás parámetros de cálculo de la Cartera Única Productiva Nacional de cada mes.

   Dicho valor equivaldrá a un porcentaje mínimo obligatorio del diez por ciento y un máximo de veinticinco por ciento de la cartera bruta y de conformidad con los cierres contables de la banca.

   Explica la ley que el saldo de la cartera de crédito bruta excluirá el incremento que, por actualización de capital producto de la aplicación de la Unidad de Valor de Crédito Comercial (UVCC), se genere sobre los préstamos comerciales.

Requisitos, condiciones, plazos y porcentajes

   Una resolución emitida por el Comité Rector de la Cartera Única Productiva Nacional servirá para fijar —de acuerdo a las políticas, planes y lineamientos de la presidencia de la república— los requisitos de desempeño, condiciones, plazos, montos y porcentajes mínimos obligatorios de la CUPN que los bancos comerciales y universales destinarán a los sectores productivos antes señalados.

  Para ello se tomarán en cuenta las particularidades y naturaleza de cada sector, sin perjuicio de otros sectores que se incorporen de conformidad con este instrumento normativo, refiere el artículo 6 de la ley.

  Este aparte igualmente advierte que el Banco Central de Venezuela (BCV) establecerá a través de su directorio las tasas de interés y los costos del crédito.

Información obligatoria y control

   En el artículo 7 se le giran instrucciones al ente de control de las instituciones del sector bancario, para que dentro de los primeros 20 días de cada mes remita al Comité Rector de la Cartera Única Productiva Nacional la información de los créditos de la Cartera Única Productiva Nacional, “en los formatos establecidos, sin límite y con traslado de reserva”. A solicitud de dicho ente, las instituciones bancarias estarán obligadas a suministrar la información que se les requiera.

   Ese ente supervisor de la banca se encargará —acuerdo a lo establecido en el artículo 8—  de vigilar que dichas entidades cumplan las políticas y regulaciones del Comité Rector de la Cartera Única Productiva Nacional.

   Entretanto al artículo 9 instruye para que los ministerios del Poder Popular que conforman el Comité Rector de la Cartera Única Productiva Nacional cumplan lo dispuesto en el Decreto Constituyente, de modo de asegurar la adecuada coordinación con el BCV.

    La aprobación de esta ley deroga el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Crédito para el Sector Agrario; el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Crédito para el Sector Manufacturero; el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Inversiones Turísticas y del Crédito para el Sector Turismo; el Decreto N° 2.721 que establece la cartera de crédito bruta anual con un 20 por ciento para la concesión de créditos hipotecarios para la construcción, adquisición y autoconstrucción, mejoras y ampliación de vivienda principal; así como cualquier otra disposición legal y sublegal que regulen las carteras conformadas para el financiamiento de los sectores agroalimentarios, manufacturero, turístico, salud e hipotecario, los cuales se mantendrán vigentes hasta tanto el Comité Rector de la Cartera Única Productiva Nacional dicte las normas que regulen los aspectos vinculados con la Cartera Única Productiva Nacional.


    Una disposición transitoria establece que “Los créditos suscritos en el marco de las normas derogadas por este Decreto Constituyente continuarán su ejecución en los términos pactados hasta su vencimiento, sin posibilidad de prórroga o refinanciamiento”.

José Vicente Amparan Cróquer: El lavador dinero profesional de las negociaciones irregulares de PDVSA

  Vinculado a Mathias Krull, este abogado fue ficha fundamental en la trama que sirvió para esquilmar USD 1.200 millones a la estatal petrolera venezolana.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Desde un despacho de abogados en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), a saber, Croquer & Amparan Abogados[1], se habrían fraguado una serie de operaciones irregulares que sirvieron para el lavado de millones de dólares provenientes de la corrupción, especialmente de negociaciones fraudulentas ejecutadas en Petróleos de Venezuela (PDVSA), según lo determinaron investigaciones llevadas a cabo por organismos federales de los Estados Unidos y de España y que conllevaron a la acusación federal que cursa en la Corte del Distrito Sur de la Florida.
    Al frente del referido bufete se encontraba José Vicente Amparan Croquer, conocido entre sus allegados como “Chente”, un abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), al cual las autoridades judiciales de los Estados Unidos han catalogado como "un profesional del lavado de dinero".

    Amparan Cróquer figura como socio en empresas de inversión de bienes y raíces en España, relacionado con instituciones financieras en Malta, así como con entidades que han sido acusadas de ser instrumento para la legitimación de capitales irregulares.

   Las compañías vinculadas a Amparan Cróquer en la península ibérica se desempeñan en el área de las inversiones inmobiliarias, la salud y el turismo, en las cuales se desempeña o se ha desempeñado como director o apoderado.

   Asimismo, se refiere que José Vicente Amparan Cróquer habría adquirido una lujosa propiedad valorada en USD 5.300.000 a través de la empresa Paladium Real Estate Group LLC, la cual es dirigida por una pariente suya de nombre Carolina Cróquer de González. Esta compañía -refiere el portal Sunbiz- fue registrada en el estado de la Florida el 26 de mayo de 2016 bajo el número L16000103906, siendo su estatus actual activo. Su domicilio está ubicado en el C/O Juris Magister, 1221 Brickell Avenue, STE 900, Miami, FL 33131 que igualmente es la dirección postal y el domicilio declarado por el agente registrador Juris Magister. Como gerente figura Zenaida C. Urbano-Taylor Romero (misma dirección). Al acta constitutiva refleja que Carolina Cróquer fungía como gerente[2].

   Los recursos para realizar la compra del inmueble habrían provenido de negocios irregulares con PDVSA.

    Según fuentes informativas, Amparan Cróquer era un profesional del derecho que se desempeñaba en un bufete familiar, sin propiedades de hecho vivía alquilado con un estándar de vida modesto que, en pocos años, comenzó a hacer alarde de riquezas de dudoso origen. Con él trabajaban el también abogado, Edison Sánchez y un primo llamado Manuel Amparan.

   La explicación del súbito cambio de vida estaría en su vinculación con Mathias Krull, quien se declaró culpable en una Corte Federal de EE. UU. por el delito de lavado de USD 1.200 millones, razón por la cual se emitió una orden de captura en su contra de Amparan Cróquer, así como de Francisco Convit Guruceaga, Carmelo Antonio Urdaneta Aquí, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois, Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara y Mario Enrique Bonilla Vallera. Se trataría, pues, según las averiguaciones judiciales, de una red internacional de lavado de dinero proveniente de la principal empresa venezolana. En particular, Amparan Cróquer, es catalogado en el expediente como un abogado experto en lavado de dinero[3].  Raúl Gorrín, propietario de Globovisión también formaría parte de esta conspiración (Conspirador 7). Asimismo, aparece un conspirador #2, que fuentes ligadas al caso han identificado que es el bolichico, Alejandro Betancourt López.

   Así, al servicio de quienes se conocen en Venezuela como los “boliburgueses” y altos funcionarios gubernamentales y de la estatal petrolera, Amparan Cróquer se constituyó en ficha fundamental para legitimar millones de dólares provenientes de la corrupción, en razón de sus “habilidades” en la gestoría de bienes raíces y como supuesto experto falsificador.

    Sus relaciones habrían servido para que el los USD 1.200 millones estafados a PDVSA circularan en la banca de España, Reino Unido y Malta. Un conglomerado de empresas registradas en el país ibérico por Amparan Cróquer y su grupo, fue un canal por el que se legitimó parte del dinero[4].

La trama

   La acusación federal basada en investigaciones de organismos estadounidenses refieren que la utilización de bonos en default (suspensión de pago) habría sido el mecanismo para lavar el dinero proveniente de PDVSA que se inyectó en entidades financieras de Europa de las cuales se suministran nombres en la denuncia[5].

   El asesor jurídico del Ministerio de Energía y Minas de Venezuela para la fecha, Carmelo Urdaneta Aquí, y Amparan Cróquer diseñaron un esquema de corrupción mediante el cual se traspasó la propiedad del apartamento de la Torre Porshe Design con Paladium Real Estate Group LLC como instrumento para la operación.

   Los documentos federales indican que el Departamento de Estado de Florida determinó que la esposa de José Amparan Cróquer ingresó a la directiva de Paladium como gerente en septiembre de 2917, cuando al mismo tiempo la cónyuge de Urdaneta Aquí dejaba dicho cargo. Transfiriendo el control de la firma de maletín se entregó al matrimonio de los Emparan la propiedad del apartamento.

  La denuncia informa que José Vicente Amparan Cróquer se presentaba como trabajador de Solar Cargo (Aserca Airlines, en principio), una aerolínea que contaba con seis aviones operativos en 2016. PDVSA contrató los servicios del abogado.

   La investigación del citado medio indica que Amparan Cróquer no aparece registrado en el Instituto de Previsión Social de Abogados (Inpreabogados), pero los registros gubernamentales lo presentan como economista. Prófugo de la justicia estadounidense, Amparan Cróquer se mantendría en Venezuela. 

El lujoso apartamento como pago

   Sobre el apartamento a que hicimos referencia líneas arriba, adquirido a través de la empresa Paladium Real Estate Group LLC en la que la prima del abogado, Carolina Cróquer de González, figura como directora, se conoció que está identificado con el número 2205 en la Torre Porshe Design, ubicada en el área metropolitana de Miami, específicamente en Sunny Isles, al noreste del condado de Miami-Dade en el sur de la Florida.

  El inmueble tomó protagonismo cuando en una acusación federal presentada el 23 de julio de 2018 ante el Tribunal federal Penal del Distrito Sur de Florida, en la que se daba cuenta de las investigaciones que por más de dos años llevó a cabo la División Criminal del Departamento de Justicia, la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida y la Oficina de Seguridad de Inmigración y Aduanas de la Oficina de Seguridad Nacional (HSI) de Miami. Ante el tribunal se dieron a conocer los detalles de la “Operación Money Flight”, referida a la existencia de la red de lavado dinero sustraído irregularmente de PDVSA y puesto a circular en bancos de los Estados Unidos.

  Los agentes del HSI determinaron que el mecanismo implementado era la instrumentación de acuerdos de connivencia entre ejecutivos de la petrolera y financistas venezolanos, mediante el cual se ofrecían préstamos en bolívares a PDVSA que era reembolsado en divisas (dólares y euros) cotizados al cambio oficial. El “diferencial cambiario arrojaba en cada transacción ganancias de hasta diez veces el capital invertido, de las cuales se pagaban las mordidas respectivas para las autoridades del holding estatal y de los intermediarios que concibieron y gestionaron fórmulas para incorporar esos fondos al torrente del sistema bancario”[6].

   Los señalados en la trama elaboraron un contrato el 17 de diciembre de 2014 que se suscribió entre Petróleos de Venezuela S.A. y la empresa fantasma Rantor Capital C.A. en el que quedó asentado que la segunda hizo un préstamo por 7.200 millones de bolívares a la primera. Posteriormente, Rantor cedió sus derechos a Eaton Global Services Limited. Ahora la estatal venezolana debía pagar USD 600 millones en un plazo de 180 días[7]. El diferencial cambiario llevó a que, finalmente, la operación se duplicara y PDVSA fuera estafada con USD 1.200 millones[8].

    El apartamento 2205 fue confiscado junto a otras 16 propiedades. Había sido negociado por quien para mayo de 2016 ejercía como asesor jurídico del Ministerio de Energía y Minas de Venezuela, Carmelo Urdaneta Aquí, valiéndose de la intermediación de José Vicente Amparan Cróquer quien, se encargaría de conseguir el dinero de la compra. En medio de las negociaciones, Urdaneta Aquí “accedió a ceder el apartamento a Amparan Cróquer como parte de pago por sus servicios de gestión financiera”.

Los vínculos empresariales de Amparan Cróquer

   En los registros del estado de la Florida, se semana que José Vicente Amparan Cróquer estaría supuestamente vinculado a la empresa aérea Solar Cargo INC, registrada en el estado de la Florida el 16 de marzo de 2016 bajo el número P99000023995 y FEI/EIN 65-0903090, cuyo estatus actual es activo, según refiere el portal Sunbiz. Esta compañía, ubicada en el 3650 NW 82 Avenue, Suite 407, Doral, Fl 33166 que igualmente es su dirección postal y el domicilio del agente registrador, Alberto Morris[9]. El 24 de septiembre de 2018 la firma pasó a llamarse 21 Cargo INC[10].

   Esta empresa era Aserca Airlines Cargo INC con Adolfo Moreno figuraba como único accionista[11]. Otra de las denominaciones que ha tenido la empresa es Santa Bárbara Airlines Cargo INC. Aserca y Santa Bárbara son homónimas de dos aerolíneas que operaron en Venezuela, aunque no hay coincidencia en sus registros, como lo advierte la nota de El Nacional citada anteriormente.

    En Venezuela, Solar Cargo tiene sedes en la avenida La Estancia, Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), Pirámide Invertida, piso 1, oficina 106, Chuao, Caracas 1060. En Carabobo, la sede es en C.E. Aerocentro Internacional, avenida Luis E. Branger, Zona Industrial Sur, Edificio F, piso 1, oficinas 04/05, Valencia[12].

   Entretanto, en España las relaciones de este abogado apuntan al ramo de las inversiones inmobiliarias, la salud y el turismo, en ellas José Vicente Amparan Cróquer figura, bien como director, bien como apoderado.

   Así tenemos, en primer lugar, a Columbus One Properties Hotels S.L, que de acuerdo al portal Empresia, se constituyó el 22 de septiembre de 2016 en Madrid con un capital de 3.000 euros. Su dirección es en la Calle Orellana, 8–BJ, Código Postal 28004. Amparan Cróquer aparece como administrador mancomunado junto a Ralph Steinmann, Luis Fernando Vuteff García, y Ale Ramiro Mario Iturralde Darío quien es administrador único[13].

   Por su parte, Columbus One Properties Healthcare Facilities 1 S.L. fue registrada en Madrid el 17 de junio de 2016 con un capital de 3.000 euros. Se ubica en la calle Orellana 8. Aquí Amparan Cróquer también aparece como administrador mancomunado con Ralph Steinmann y Luis Fernando Vuteff García; Ale Ramiro Mario Iturralde Darío es administrador único; María Vanessa Rodríguez De Lebiana Torres es también administradora única[14].

  Columbus One Properties Commercial Real Estate 1 S.L, fue registrada en Madrid el 13 de julio de 2016, con un capital de 3.000 euros. Se ubica en la Calle Orellana 8, Bajo Iz. Aquí José Vicente Amparan Cróquer es apoderado solidario y administrador mancomunado. A los anteriores se suma Antonio Santiago Pérez como administrador único[15].

   Bonorva Investments S.L. fue constituida en Madrid el 3 de agosto de 2018 con un capital de 3.000 euros. Tiene su sede en la misma dirección que las anteriormente reseñadas. Amparan Cróquer es presidente del consejo de administración en el que también ejerce como apoderado[16].

   Columbus One Properties Commercial Real Estate 2 S.L. se registró en Madrid el 13 de julio de 2017 con un capital de 3.000 euros. José Vicente Amparan Cróquer es apoderado solidario y administrador mancomunado. Lo acompañan Ralph Steinmann, Luis Fernando Vuteff García y Ale Ramiro Mario Iturralde Darío[17].

   Columbus One Properties Management S.L., con el mismo domicilio de las anteriores, fue registrada en Madrid el 16 de junio de 2015, también con un capital de 3.000 euros. Allí Amparan Cróquer ha ejercido como consejero y apoderado mancomunado y solidario[18].

   El 16 de junio de 2015 fue constituida en Madrid la empresa Columbus One Properties S.L., con un capital de 70.200 euros. Amparan Cróquer ejerce dentro del consejo de administración como consejero. Lo acompañan Ralph Steinmann, Luis Fernando Vuteff Garcia, Ale Ramiro Mario Iturralde Darío[19].

   Finalmente, Autumn Leaves S.L. es una empresa registrada en Madrid el 8 de mayo de 2015, con un capital de 3.038.000 euros. Aquí José Vicente Amparan Cróquer funge como propietario. Lo acompaña Ignacio Sánchez Cumba y Verónica Carolina Sarcina, segunda esposa de Amparan Cróquer, como administradores únicos de la sociedad[20].

   Como puede observarse, todas las empresas comparten el mismo domicilio, al tiempo que repiten casi al calco la conformación de sus directivas. La constitución de las mismas se produjo entre 2015 y 2017, mismo período en el que tuvo lugar la operación de lavado de dinero señalada en la acusación de la Corte de la Florida con la “Compañía Europea 1” como protagonista.




Citas

[1] HG.org Legal Rerources. Croquer & Amparan Abogados. https://www.hg.org/attorney/croquer-and-amparan-abogados/53711

[2] Sunbiz. Paladium Real Estate Group LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2016%5C0930%5C90296199.Tif&documentNumber=L16000103906


[3] https://www.miamiherald.com/news/local/article220781125.html

[4] https://www.justice.gov/usao-sdfl/pr/two-members-billion-dollar-venezuelan-money-laundering-scheme-arrested

[5] https://www.insightcrime.org/news/analysis/us-charges-point-to-rampant-corruption-at-venezuela-state-oil-company/

[6] https://therealdeal.com/miami/2018/08/07/feds-look-to-seize-porsche-tower-condo-unit-tied-to-1b-money-laundering-case/

[7]Venezuela al Día https://venezuelaaldia.com/2019/02/03/los-irregulares-casos-de-investigacion-denunciados-por-el-comisario-principal-de-pdvsa-parte-iii/

[8] Venezuela Política. “Empresa ‘ficticia’ usada en esquema de corrupción por USD 1.200 millones en Miami está vinculada al empresario Raúl Gorrín”. 27 de julio de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/07/empresa-ficticia-usada-en-esquema-de.html

[9] Sunbiz. Division of Corporations. Solar Cargo INC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=CurrentList&searchNameOrder=SOLARCARGO%20P990000239952&aggregateId=domp-p99000023995-e35688b0-0527-4dca-83e4-ae6d67d75d44&searchTerm=SOLAR%20CARGO%20INC&listNameOrder=SOLARCARGO%20L050000373200

[10] Sunbiz. Solar Cargo INC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2018%5C1008%5C18814734.Tif&documentNumber=P99000023995

[11] Sunbiz. Florida Department of State. Division of Corporations. Aserca Airkines Cargo INC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C1999%5C0317%5CH9006133.TIF&documentNumber=P99000023995

[12] Solar Cargo. http://solarcargo.com/

[13] Empresia. Columbus One Properties Hotels S.L. http://www.empresia.es/empresa/columbus-one-properties-hotels/

[14] Empresia. Columbus One Properties Healthcare Facilities 1 S.L. http://www.empresia.es/empresa/columbus-one-properties-healthcare-facilities-1/

[15] Empresia. Columbus One Properties Commercial Real Estate 1 S.L. http://www.empresia.es/empresa/columbus-one-properties-commercial-real-estate-1/

[16] Empresia. Bonorva Investments S.L. http://www.empresia.es/empresa/bonorva-investments/

[17] Empresia. Columbus One Properties Commercial Real Estate 2 S.L. http://www.empresia.es/empresa/columbus-one-properties-commercial-real-estate-2/

[18] Empresia. Columbus One Properties Management S.L. http://www.empresia.es/empresa/columbus-one-properties-management/

[19] Empresia. Columbus One Properties S.L. http://www.empresia.es/empresa/columbus-one-properties/

[20] Empresia. Autumn Leaves S.L. http://www.empresia.es/empresa/autumn-leaves/

¿ Busca CITGO silenciar casos de corrupción para evitar conflictos mayores?

  Desde Venezuela Política reiteramos nuestra firme decisión de denunciar los hechos irregulares que afecten el patrimonio venezolano sin importar quiénes sean los protagonistas.


   La filial de PDVSA en suelo estadounidense, CITGO, es una corporación de utilidad pública porque forma parte del conglomerado de empresas creadas y manejadas por la República Bolivariana de Venezuela, por tanto, al ser una entidad cuyo beneficio o interés es colectivo —en este caso de los ciudadanos venezolanos— es objeto de escrutinio por parte de las agencias de contabilidad y control del Estado venezolano y de la prensa de denuncia. Repetimos, CITGO Petroleum Corporation es una refinería, transportadora y comercializadora de combustibles, lubricantes, petroquímicos y otros productos industriales con sede en los Estados Unidos, pero propiedad mayoritaria de Petróleos de Venezuela S.A., es decir, es una empresa estatal venezolana.

  Sin embargo, es necesario acotar que a raíz de las sanciones impuestas por EE. UU. a PDVSA y al régimen de Nicolás Maduro, las cuales implican limitaciones en las operaciones de la industria petrolera venezolana, en el caso de CITGO existe una excepción debido a que el gobierno de Donald Trump entregó la administración de dicha corporación al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente interino de Venezuela más de 50 países. Haciendo uso de tal potestad, Guaidó —mediante acuerdo del Poder Legislativo— designó una junta directiva conformada por diez miembros en los directorios de PDV Holding, CITGO Holding y CITGO Petroleum, las tres filiales de PDVSA en Estados Unidos.

  Al momento de la designación de las juntas directivas, el presidente (e) Juan Guaidó, dijo: "La nueva directiva estará conformada por venezolanos capaces, libres de corrupción", a la vez que aseguró que se trataba de un "anuncio histórico" y que se iniciaba el "rescate" de la industria petrolera del país.

  A la cabeza del equipo directivo de PDV Holding Inc., fue designada Luisa Palacios, una mujer proveniente del sector privado que se desempeña (ba) para el momento de su nombramiento, como jefe de Mercados Emergentes e Investigación Latinoamericana en la consultora estadounidense Medley Global Advisors. Hay que acotar que PDV Holding Inc., es la compañía que ejerce como propietaria de CITGO.  Junto a Palacios, conforman la directiva de PDV Holding Inc está integrada por Edgar Rincón, Oswaldo Núñez, Fernando Vera, Elio Tortolera y Andrés Padilla. La designación de la Asamblea Nacional igualmente ubica a Palacios y a Rincón en la dirección de la Junta Directiva de CITGO Holding Inc, acompañados por Ángel Olmeta, Oswaldo Núñez, Javier Troconis y Rick Esser, mientras que en CITGO Petroleum Corporation: Luisa Palacios, Edgar Rincón, Luis Urdaneta, Ángel Olmeta, Andrés Padilla y Rick Esser.  Cuando estos nombramientos ocurrieron, no hubo explicación acerca del proceso de selección, ni de quién o quiénes propusieron a los candidatos.

Los cambios con la nueva directiva

   Es de resaltar que las antiguas directivas de CITGO designadas por la PDVSA controlada por el fallecido Hugo Chávez y Nicolás Maduro, tuvieron como impronta la corrupción, la entrega de cientos de contratos a empresas fantasmas a cambio del pago de millonarios sobornos a los funcionarios que tenían la responsabilidad de las negociaciones. De esto sobran los ejemplos, pues basta nombrar entre muchísimos casos, el de José Manuel González Testino y sus empresas, Modesto Díaz y su empresa Caribbean Style Inc., Samark López y Yakima, para entender cómo desde la filial de PDVSA en EE. UU. —con la participación de empleados y funcionarios de alto nivel ejecutivo— se violaba la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos, al instituirse el cobro comisiones como una práctica común a la hora de asignar los contratos.

   Es por ello que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene la lupa puesta sobre CITGO, pues son muy serios los señalamientos acerca de la falta de control en la empresa, lo cual permitió la comisión de gran cantidad de delitos que en la actualidad son investigados. Se trata de una serie de casos denunciados, que daban cuenta de sujetos y entidades que actuaron irregularmente en desmedro del patrimonio venezolano valiéndose del territorio estadounidense para cometerlos. En muchos de estos casos, los responsables han admitido su culpa y en otros los fiscales federales trabajan para determinar la responsabilidad de los mismos.

Silencio sobre la corrupción de CITGO

   Para toda corporación es fundamental mantener una buena imagen y, por ello, procuran evitar a toda costa evitar los escándalos en la prensa. Mostrarse ante el público como una firma transparente y alejada de los malos manejos es vital. Mantenerse limpios Mantener es, pues, una práctica que beneficia a la empresa y aminora las crisis.

    En el caso de las empresas privadas son varias las herramientas, mecanismos y prácticas que facilitan el mantenerse lejos del escrutinio periodístico, evitando así que los ojos de la prensa husmeen en sus acciones o decisiones internas. El panorama es otro cuando se trata de corporaciones estatales, pues sencillamente se trata de entes de interés público. El asunto, por tanto, cambia. Es el caso de CITGO, perteneciente al estado venezolano y, por ello, es —debe serlo—foco de atención no solamente de la prensa, sino también de los organismos de control. Sus actos deben ser rigurosamente supervisados y las denuncias que sobre ella surjan deben y tienen que ser investigados por la Asamblea Nacional y entidades contraloras de Venezuela.

   Desde Venezuela Política seguiremos informando sobre la corrupción pública de PDVSA y de CITGO, sobre el abuso de poder en el gobierno venezolano —sea este del de Nicolás Maduro o el de Juan Guaidó— y sobre aquellos contratistas que se han beneficiado de sus contactos en estas empresas estatales, cualesquiera sean los años en que los delitos se hayan cometido, así como a aquellos funcionarios públicos, o empleados —venezolanos, estadounidenses o de cualquier nacionalidad— que con su actuación hayan permitido la comisión de violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Denunciaremos a quien sea —esté o no apadrinando— cuando haya obviado, silenciado, permitido, ocultado información, aprobado negociaciones o cualquier acto irregular.

  ¿Por qué lo hacemos y lo seguiremos haciendo? Porque CITGO y PDVSA son entidades fundamentales para el país y son objeto de gran interés público y porque el pueblo venezolano, debe estar al tanto de estas historias en desarrollo. 

  Para ser claros, la información publicada en estas páginas no representa ninguna campaña personal contra los funcionarios públicos de PDVSA y CITGO, ni contra los ejecutivos de la corporación venezolana en Houston, ni contra los contratistas beneficiados de la corrupción permitida o autorizada por aquellos personeros que poseen poder en la toma de decisiones. No. La información publicada en este portal es el fruto de información cuidadosamente investigada y verificada de forma independiente, gran parte de la cual ya es de registro público. Las fuentes cultivadas por años de trabajo en el periodismo de investigación independiente nos permiten tener acceso a información veraz sobre la corrupción de la industria petrolera venezolana.

  Venezuela Política ha informado y continuará informando de manera neutral y profesional, siguiendo los estándares generalmente aceptados de la industria para verificar (y volver a verificar) antes de publicar su información.

  Venezuela Política y su editora están constitucionalmente protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

    Del mismo modo, la Ley de Derechos Civiles de Nueva York § 74 (que codifica el llamado “privilegio de informe justo”) establece, en la parte pertinente, que “[una] acción civil no puede mantenerse (...) para la publicación de un informe justo y verdadero de cualquier procedimiento judicial”. En particular, los tribunales han sostenido que "[c] omisiones que esencialmente resumen o reafirman las alegaciones de un alegato presentado en una acción son el tipo de declaraciones que caen dentro del privilegio del § 74". Lan Sang v. Ming Hai, 951 F. Supp. 2d 504, 521 (S.D.N.Y.2013).

    Los tribunales de Nueva York han aplicado recientemente esta ley para desestimar demandas por difamación contra abogados [y representantes de los medios] por escribir sobre procedimientos judiciales. Ver, por ejemplo, Katz v. Lester Schwab; Rakofsky v. Wash. Post. Tanto Florida como Nueva York reconocen una forma del "privilegio de informe justo".

    La ley de Nueva York también prevé sanciones (incluidos los honorarios de los abogados) contra las partes y los abogados por realizar presentaciones frívolas. Ver, por ejemplo, 22 NYCRR 130-1.1; NY CPLR 8303-a.

   En este sentido, dejamos sentado que Venezuela Política respalda sus informes con documentos y citas de fuentes vinculadas directamente con la industria petrolera (PDVSA y CITGO).

  Las publicaciones de Venezuela Política están protegidas por privilegios calificados, lo que significa que los artículos de este blog e informes de investigación son discursos protegidos a menos que se pueda demostrar que se publicaron declaraciones difamatorias intencionalmente, imprudentemente o con malicia, odio, rencor o resentimiento. Este no es el caso con las investigaciones dadas a conocer donde se exponen casos denunciados de corrupción y abuso de poder.

A manera de aclaratoria

  Por lo expuesto en estas líneas, la señora Luisa Palacios debe entender que CITGO es una empresa de interés público y que la sociedad venezolana tiene el derecho de conocer si los funcionarios y ejecutivos a cargo de la gerencia de esta empresa del estado venezolano han cumplido con las leyes de Estados Unidos, así como con el deber que tienen de administrar el dinero público con transparencia y honestidad.

  No se puede ordenar en una empresa de interés público silenciar las denuncias de corrupción, acosar, presionar y amenazar a los empleados de manera aleatoria e irresponsable, acusándolos equivocadamente de difundir la información sobre actos de corrupción que se filtra a la prensa. No se puede actuar de esta forma, argumentando que la divulgación de las denuncias de corrupción no le conviene al negocio de la corporación, en lugar de tomar acciones contundentes para combatir dicha corrupción y las malas prácticas.

  Lo pertinente es investigar y retirar a los funcionarios del ejercicio de sus cargos cuando estén señalados de cometer actos irregulares vinculados a las denuncias de sus cargos hasta tanto se aclare su situación. Lo prudente es optimizar los mecanismos de control y las normas para la entrega de contratos, cumplir con las reglas de transparencia de la corporación y vigilar que CITGO sea una empresa que lucha contra las malas prácticas.

Presiones de los abogados

  En Venezuela Política hemos conocido por diversas fuentes que Judith Colbert, Consejera General de CITGO (General Counsel) y Cristina Espinosa Rodríguez, abogada externa de Hogan Lovells, así como también el abogado externo, Michael Gottlieb ejercen presiones sobre empleados para que confiesen quién filtra la información al "blogger"(Venezuela Política/Maibort Petit). Los abogados que sirven a Palacio también buscan los culpables de la filtración fuera de la corporación, haciendo denuncias infundadas  y absolutamente falsas y paranoicas sobre esta "blogger".

   Todo indica que CITGO quiere el silencio de sus empleados y está dispuesto a pagar por ello, de modo que sigan en el olvido los casos de corrupción y otras violaciones a leyes federales. Cuando se observa el modus operandi de algunos miembros de la directiva actual necesariamente nos hacemos unas preguntas: ¿Por qué quieren callar?, ¿Quién autorizó a la junta directiva de Guaidó a ocultar la verdad? ¿Qué del daño hecho a Venezuela por empleados, directores y terceras personas, así como por dueños de entidades intermediarias (Shell Companies), durante más de 10 años?, ¿Por qué la señora Luisa Palacios no ha acometido las acciones para identificar a los responsables de las transacciones irregulares de la empresa?, ¿Cuáles son las intenciones o es que no hay intenciones?, ¿Por qué no se hace mayor énfasis en tratar de recuperar estos activos de la empresa (más de 8 billones en compras fraudulentas), ni de identificar y llevar a los responsables a la justicia?, ¿Por qué, con una actitud pasiva se sigue protegiendo a los cómplices de Nelson Martínez, asegurándole sus empleos en CITGO?, ¿Qué ocurrió en la reunión (diciembre 2019) con los miembros de la Asamblea Nacional en la sede de CITGO, Houston?, ¿Por qué no se ha producido el conocimiento del informe que ilustre el manejo de la corporación?, ¿Por qué no se ha sustituído del panel de las empresas de contratan con CITGO aquellas corporaciones que han sido señaladas de haber cometido irregulares con PDVSA, Bariven y CITGO?, ¿Trafigura?, ¿Mercuria?, ¿Vitol?, ¿Lukoil Pan American?, ¿Petrochina?, ¿Aquinor Marketing & Trading?. Sin muchas las preguntas sin respuestas.

A modo de recordatorio

Con el objetivo de refrescar la memoria, traemos de nuevo algunas de nuestras reseñas en las que hemos dado cuenta de las irregularidades o denuncias formuladas por terceros acerca de manejos turbios ocurrido en el seno de CITGO.

  Por ejemplo, en fecha 10 de enero del presente año 2020, referimos que la ex-vicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO Petroleum Corporation, Marisol Gómez de Vergara, había denunciado las presuntas prácticas fraudulentas y corruptas llevadas a cabo bajo la administración de Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas, ante Luisa Palacios, a quien hizo llegar una serie de documentos que así lo probarían. Entre estos papeles, se encontraba un informe remitido a Asdrúbal Chávez en noviembre de 2018, momento para el cual este ejercía la presidencia de la empresa.

  Informamos en ese entonces que Gómez remitió a Palacios un correo electrónico el 3 de mayo de 2019, en el que refería un caso de retaliación en su contra. Explicó allí que durante su ejercicio como vicepresidenta de RRHH denunció varias veces la retaliación de que era objeto desde marzo de 2017 en razón de su negativa “en múltiples ocasiones de formar parte de transacciones ilegales dentro de la dinámica corrupta y delictiva mantenida por Nelson Martínez y su equipo de trabajo [la cual se] venía practicando dentro de la empresa”. Para sustentar sus afirmaciones, Gómez le entregó a Palacios una serie de documentos que demostrarían, según su visión, “los hechos, retaliaciones, y nombres de personas responsables aún activas en CITGO y las acciones que me ha correspondido asumir”.

  Tales documentos eran una carta que ilustraba el escenario y retaliaciones de la gerencia en su contra; un informe confidencial para la gerencia de CITGO donde se reportaban formalmente las retaliaciones en su contra cometidas por Nelson Martínez, José Pereira, y Gustavo Cárdenas; un informe a la Gerencia de CITGO sobre hechos de fraude, conductas no éticas, y maltratos contra empleados honestos que cumplieron con su deber al reportar casos de corrupción en la filial; un conjunto de correos electrónicos que supuestamente evidenciaban el abuso de poder y las violaciones de derechos a los trabajadores por parte de Judith Colbert, “actual consultora legal de CITGO, al bloquear arbitraria e ilegalmente la investigación sobre las retaliaciones en mi contra ordenada por la gerencia de CITGO” (...) "Respecto al último punto, refirió que Colbert en contra de las políticas y procedimientos internos de CITGO, ordenó a Cristina Hernández, abogada de Logan terminar la investigación interna contratada por la gerencia de la empresa, “una acción no ética nunca registrada en la empresa” con el presunto propósito de ocultar los resultados de la averiguación a la nueva junta de directiva que Luisa Palacios preside. Instó a dicha directiva a determinar si tal acción ilegal fue ejecutada en coalición con Glenn Hilman, Rick Esser y las gerentes de recursos humanos, Germain Tuner y Trina García" 

  Reiteró a Palacios las denuncias formuladas anteriormente ante Asdrúbal Chávez, relativas a actividades inapropiadas en las funciones de compensación, contratación; violación de las leyes federales, laborales y de inmigración de los Estados Unidos a través de prácticas implementadas por Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas; violación de los controles internos, fraude de compras, conflicto de intereses, contratos de suministro y comercialización contra el interés de CITGO y PDVSA; operaciones ilegales y poco éticas en recursos humanos, adquisiciones, suministro y comercialización, así como en otras áreas, implementadas supuestamente por Nelson Martínez, coludido con José Pereira, José Luis Zambrano y Gustavo Cárdenas; la contratación por parte de Martínez de los servicios de consultoría de GFC Consultores LLC para trabajar en Recursos Humanos y otras áreas, aun cuando no habían sido solicitados por ninguna de las vicepresidencias de negocios ni estaban incluidos en el presupuesto, siendo que dicha compañía era propiedad de un pariente de Martínez; cambios irregulares en el fondo de pensiones con el objetivo de obtener de obtener una jubilación millonaria aun cuando no reunía las condiciones para ello[1].

   En mayo de 2019, dimos a conocer que CITGO Petroleum Corporation supuestamente habría pagado millones de dólares a la empresa Yakima Trading Corporation, propiedad de Samark López Bello, tal como consta en la demanda que Marisol Gómez en la Corte del Condado de Harris, en Texas. El monto pagado habría ascendido a USD 2.378.534, aun cual dicha empresa está sancionada por la OFAC desde 2017 por sus vinculaciones con el narcotráfico, lavado de dinero, entre otros delitos atribuidos al exvicepresidente y actual Ministro de Industria venezolano, Tareck Zaidan El Aissami[2].

  Del mismo modo, hemos denunciado las consecuencias para CITGO que la actuación torpe o indebida de las autoridades de la filial petrolera —la actual y las anteriores—han significado para la que se considera el principal activo del estado venezolano en el extranjero en el caso de los bonos PDVSA 2020[3].

   Dimos a conocer que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro a través de la empresa de maletín Caribbean Style Inc., registrada en el estado Texas, con el objetivo de triangular y pagar los gastos de viaje, logística de sus agentes, así como de propaganda política de sus gobiernos en Estados Unidos, los cuales fueron cargados a cuenta CITGO[4]. En este sentido, informamos como la citada firma sirvió para CITGO pagara los gastos de viaje y viáticos de la entonces canciller Delcy Rodríguez, de los representantes diplomáticos de la Misión Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, del personal del Consulado venezolano en Nueva York y de la costosa propaganda del régimen en la Gran Manzana[5].

Seguiremos informando...


Citas

[1] Venezuela Política. “Informe revela presuntas prácticas fraudulentas y corruptas cometidas en CITGO”. 10 de enero de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/01/informe-revela-presuntas-practicas.html

[2] Venezuela Política. “La empresa de Samark López y Tareck El Aissami obtuvo contratos con CITGO y PDV USA violando la normativa interna de la petrolera”. 21 de mayo de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/05/conoce-todos-los-detalles-de-los.html

[3] Venezuela Política. “El incierto destino de CITGO: Los bonos de la discordia (III)”. 21 de octubre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/10/el-incierto-destino-de-citgo-los-bonos.html

[4] Venezuela Política. “Caribbean Style: La empresa con el chavismo se promocionó en EE. UU. a expensas de CITGO”. 6 de octubre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/10/caribbean-style-la-empresa-con-el.html

[5] Venezuela Política. “CITGO usó empresa de maletín para cubrir gastos de los viajes de Delcy Rodríguez en NYC y la propaganda política del régimen de Maduro”. 19 de octubre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/10/citgo-uso-empresa-de-maletin-para.html