viernes, 10 de enero de 2020

Abogado asociado al bufete que defendió a los 'narcosobrinos' fue contratado por la actual junta directiva de CITGO

Al consultar a varias fuentes cercanas a la corporación por qué la directiva designada por Juan Guaidó habría decido trabajar con el jurista me aseguraron que la razón es "porque el abogado conoce bien a CITGO".

Por Maibort Petit
@maibortpetit

    La actual Junta Directiva de CITGO —presidida por Luisa Palacios—contrató los servicios profesionales del abogado Michael Gottlieb del escritorio jurídico Willkie Farr & Gallagher LLP, para realizar la investigación interna sobre las denuncias de violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y otras leyes federales de los Estados Unidos dentro de la corporación petrolera del Estado venezolano con sede en Houston, Texas. Gottlieb trabajó para el firma Boies Schiller Flexner LLP desde 2013 a enero 2019. Este poderoso bufete fue contratado por el empresario chavista y contratista de PDVSA y de CITGO, Wilmer Ruperti para que defendiera a los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Cilia Flores y Nicolás Maduro en en juicio por delitos de narcotráfico en Nueva York (2015-2017).

   Vale recordar que Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas fueron arrestados en 2015, procesados (2016-2017) y condenados(2017) por la justicia de los Estados Unidos por haber conspirar para traficar 800 kilos de cocaína a los EE. UU. La defensa de los célebres narcosobrinos fue asumida por Randall Jackson, John T. Zack asociados a Boies, Schiller & Flexner LLP en Nueva York junto a Michael D. Mann y David M. Rody, de  Sidley Austin LLP. 

Boies Schiller Flexner abogados en caso  PDVSA US Litigation Trust


   Boies Schiller Flexner LLP también fue contratada por el ex CEO de CITGO, expresidente de Petróleos de Venezuela y ex Ministro de Petróleos del régimen de Nicolás Maduro, Nelson Martínez (fallecido en custodia del SEBIN) para crear el fondo de fideicomiso que interpuso una demanda civil contra  varias compañías de trading conocido como PDVSA US Litigation Trust. Boies Schiller Flexner LLP pretendía quedarse con el 66% del monto de dinero recuperado por la demanda que inicialmente eran unos 10 mil millones de dólares. 

  La demanda civil de PDVSA US Litigation Trust describe un intrincado esquema presuntamente puesto en funcionamiento desde 2004 y que habría permitido a directivos de la estatal petrolera, así como a empresas dedicadas al comercio energético, obtener beneficios provenientes de la estafa a PDVSA por más de 14 años. La conspiración permitía a los acusados armar ofertas, pagar de menos en compras y cobrar de más por las ventas, lo que supuestamente habría resultado en pérdidas de miles de millones de dólares para PDVSA. La acción fue contra dos gestores de petróleo venezolanos —Francisco Morillo y Leonardo Baquero— quienes supuestamente sobornaron a directivos de Petróleos de Venezuela, S.A. en connivencia con corredores internacionales para— irregularmente— obtener beneficios provenientes de los contratos de venta y suministro de la estatal venezolana. Entre las empresas demandas están: Glencore, Trafigura, Lukoil, Vitol Energy,Lukoil Pan American LLC, Lukoil Petroleum LTD, Colonial  Oil Industries, Colonial Group INC, Glencore LTD, Glencore International A.G, Glencore Energy U.K,  Masefiel A.G,  Trafigura A.G, Trafigura Trading LLC, Trafigura Beheer B.V,  Vitol Energy (Bermuda), Vitol S.A, Vitol INC. 

  En este caso, salió a relucir el nombre del procurador designado por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y reconocido como presidente interino por más de 50 países, Juan Guaidó, José Ignacio Hernández por haber participado —en calidad de experto— para favorecer a la defensa de los cuestionados gestores de petróleo. Un documento del expediente señala que el testimonio de Hernández explicó —basado en la Ley venezolana y la Ley de Doctrina del Estado— que el Acuerdo de Fideicomiso PDVSA US Litigation Trust, que fue el ente creado para llevar a cabo la demanda, era nulo bajo la ley venezolana porque era una "obligación de orden público" que no podía transferirse a terceros.

   En los documentos federales se establece Hernández actúo como experto legal a favor de los acusados, cuando trabajaba como abogado al servicio del sector privado. Esta demanda fue desestimada por un juez del primer circuito del  estado de la Florida. Actualmente, el caso se encuentra en apelación y con muy pocas posibilidades de prosperar.


     En el curriculo del mencionado jurista se destaca —además que durante la administración del presidente demócrata, Barack Obama, Gottlieb prestó sus servicios como asesor jurídico de la Casa Blanca.

Su papel dentro de CITGO

   Actualmente, Michael Gottlieb ejerce como asesor legal regular de CITGO para atender el tema de las sanciones que impuso la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) al régimen venezolano y a PDVSA. Igualmente, trabaja y colabora directamente con varios altos ejecutivos, entre quienes destacan el Vicepresidente Ejecutivo de CITGO Petroleum Corporation, Rick Esser; el actual asesor y ex-vicepresidente de Servicios Compartidos en CITGO, (jubilado y contratado nuevamente como consultor por la actual junta directiva), Glenn Hilman y Judith ColbertAsesora General de la corporación. Estos tres directores han sido señalados en varias denuncias vinculadas a conducta no ética y presuntas transacciones irregulares durante las administraciones de Nelson Martínez, José Pereira y Asdrúbal Chávez.  Los documentos de la denuncia —que reposa en la corte del Condado de Harris en Houston, Texas— señalan que Esser, Hilman, Colbert y otros ejecutivos, no habrían reforzado las normas corporativas antifraude y habrían aprobado y pagado facturas mensuales para el pago de servicios legales, entre otros aspectos. Ver detalles aquí y en este otro link.

Fuentes internas informan  cacería de brujas

   La presidente de la junta Directiva de CITGO, Luisa Palacios ordenó al abogado Gottlieb realizar investigaciones internas —en la sede de la filial de PDVSA en Houston— para identificar por dónde se filtra la información a este blog Venezuela Política, tras lo cual se ha amenazando al personal, creando temor en la gente de la posibilidad de perder sus trabajos. "Este procedimiento crea un ambiente de trabajo hostil que va en contra de mantener una cultura abierta donde el empleado se sienta tranquilo al reportar las prácticas corruptas a la corporación", sostiene una fuente consultada. 

   Luisa Palacios quiere evitar a toda costa que las denuncias de corrupción salgan a la luz pública, porque su objetivo es hacer que la corporación crezca e incremente sus dividendos. 

 Para silenciar los escándalos, muchas de las demandas legales de empleados y directores que han denunciado hechos de corrupción y que han sufrido retaliaciones "las han arreglado con acuerdos de dinero (hush money), evitando así que las querellas lleguen a corte y que se expongan los detalles de los casos denunciados. y que revelan hechos de empleados y directores envueltos en la aprobación de transacciones fraudulentas que desangraron a CITGO y a PDVSA".

  Dos de las fuentes consultadas para esta nota —que declararon en condición de anonimato debido a las amenazas que sufren en CITGO— coincidieron en señalar que las denuncias relacionadas por presuntos actos de corrupción vinculados al Nelson Martínez, José Pereira, José Luis Zambrano, entre otros, y soportados por Rick Esser, Glenn Hilman, Judith Colbert y otros gerentes de compra y abogados internos de la corporación "deben ser indagadas de manera objetiva, transparente e independiente para poder establecer las responsabilidades a las que haya lugar".

  Ambas fuentes criticaron la investigación interna que conduce Michael Gottlieb porque de acuerdo a su criterio no cumple con los requerimientos porque "existe un conflicto de intereses que va a afectar y comprometer los resultados de dicha investigación, ya que  la misma es influenciada o manipulada por los directores actuales de CITGO y por los abogados que defienden sus intereses y honorarios y los intereses de éstos directores, todos pagados por el dinero de CITGO, es decir, del Estado venezolano".

  Al consultar a varias fuentes cercanas a la corporación por qué la directiva designada por Juan Guaidó habría seleccionado trabajar con el jurista me aseguraron que la razón es "porque el abogado conoce bien a CITGO".

Citas

1) https://www.trade.gov/goodgovernance/adobe/Bus_Ethics_sp/apendices/apendices_f_informacion.pdf
2) https://www.bsfllp.com/
3) https://www.spokesman.com/stories/2017/may/25/venezuelas-secret-plot-to-sell-banned-syrian-oil-i/
4)https://www.wsj.com/articles/venezuelan-tycoon-funds-presidents-nephews-drug-defense-1475192218
5) https://www.justice.gov/usao-sdny/file/792936/download
6) https://www.maibortpetit.info/2018/09/nelson-martinez-reconoce-que-creo-pdvsa.html
7) https://www.law.com/americanlawyer/2019/01/22/white-house-alum-leaves-boies-to-launch-willkie-crisis-response-group/
8) https://www.law.com/americanlawyer/2019/01/22/white-house-alum-leaves-boies-to-launch-willkie-crisis-response-group/?slreturn=20200009132023
9)  https://www.law.com/americanlawyer/2019/01/22/white-house-alum-leaves-boies-to-launch-willkie-crisis-response-group/?printer-friendly&slreturn=20190312161046

10) http://hernandezstrategy.com/ignacio-hernandez/
11)https://www.maibortpetit.info/search?q=CITGO&updated-max=2019-10-21T08:30:00-04:00&max-results=20&start=4&by-date=false
12)http://eltiempolatino.com/photos/2019/oct/29/402388/

Informe revela presuntas prácticas fraudulentas y corruptas cometidas en CITGO

Por Maibort Petit
@maibortpetit 
     
   La exvicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO Petroleum Corporation, Marisol Gómez de Vergara, denunció las supuestas prácticas fraudulentas y corruptas cometidas por la administración de Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas, ante la nueva presidenta de la junta directiva ad hoc de la filial de Petróleos de Venezuela S.A. en Estados Unidos, a quien hizo llegar una serie de documentos que así lo probarían, entre ellos un informe remitido a Asdrúbal Chávez en noviembre de 2018, cuando este ocupó la presidencia de la empresa.

Comunicación a Luisa Palacios

   El 3 de mayo de 2019, Marisol Gómez de Vergara remitió un correo electrónico a Luisa Palacios, presidenta de la junta directiva de CITGO, en el que hacía referencia a un caso de retaliación en su contra. La comunicación se emitió con copia a Ángel Olmeta, Édgar Rincón, Luis Urdaneta y Andrés Padilla, también integrantes de la directiva de la empresa. Se exceptuó a Rick Esser.

   Luego de presentarse con ex-trabajadora de PDVSA y CITGO donde llegó a ocupar la Vicepresidencia de Recursos Humanos, Gómez refirió las acciones que venía desplegando desde hacía dos años (a la fecha de la comunicación) para denunciar la referida retaliación de la que se decía objeto desde marzo de 2017 por parte de la filial estadounidense. Precisó que tal accionar contra ella se debía —según su punto de vista— a haberse negado “en múltiples ocasiones de formar parte de transacciones ilegales dentro de la dinámica corrupta y delictiva mantenida por Nelson Martínez y su equipo de trabajo [la cual se] venía practicando dentro de la empresa”.

  La comunicación de Marisol Gómez a Luisa Palacios iba acompañada de un conjunto de documentos que, de acuerdo a su visión, muestran “los hechos, retaliaciones, y nombres de personas responsables aún activas en CITGO y las acciones que me ha correspondido asumir”.

   Los anexos consistían en: 1) Carta ilustrativa del escenario y retaliaciones de la gerencia en su contra; 2) Informe confidencial para la gerencia de CITGO donde se reportaban formalmente las retaliaciones en su contra cometidas por Nelson Martínez, José Pereira, y Gustavo Cárdenas; 3) Informe a la Gerencia de CITGO sobre hechos de fraude, conductas no éticas, y maltratos contra empleados honestos que cumplieron con su deber al reportar casos de corrupción en la filial; 4) Correos electrónicos que supuestamente evidenciaban el abuso de poder y las violaciones de derechos a los trabajadores por parte de Judith Colbert, “actual consultora legal de CITGO, al bloquear arbitraria e ilegalmente la investigación sobre las retaliaciones en mi contra ordenada por la gerencia de CITGO”.

    Respecto al último punto, refirió que Colbert en contra de las políticas y procedimientos internos de CITGO, ordenó a Cristina Hernández, abogada de Logan terminar la investigación interna contratada por la gerencia de la empresa, “una acción no ética nunca registrada en la empresa” con el presunto propósito de ocultar los resultados de la averiguación a la nueva junta de directiva que Luisa Palacios preside. Instó a dicha directiva a determinar si tal acción ilegal fue ejecutada en coalición con Glenn Hilman, Rick Esser y las gerentes de recursos humanos, Germain Tuner y Trina García.

  Gómez de Vergara en la comunicación solicitó una reunión con Palacios y los miembros de la junta directiva o sus representantes con el objetivo de exponer “con sus debidos soportes los hechos y conductas ilegales por parte de Nelson Martínez, José Pereira, Gustavo Cárdenas, Judith Colbert y otros directores que soportaron y continúan con conductas ilegales y el poder de seguir intimidando a los empleados, comportamiento que estoy segura va en contra de la ética y el profesionalismo de la nueva junta directiva nombrada por el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó”.

  Terminó la correspondencia conminando a la junta directiva presidida por Luisa Palacios a “tomar las acciones correspondientes por el bien de Venezuela, CITGO y así honrar la justicia”.

CITGO. Comunicación a Luisa Palacios / @maibortpetit

@maibortpetit

CITGO. Comunicación a Luisa Palacios / @maibortpetit

El informe a Asdrúbal Chávez

El 9 de noviembre de 2018 Marisol Gómez de Vergara remitió a la administración de CITGO Petroleum Corporation encabezada por Asdrúbal Chávez, un informe en el que expuso el presunto acoso y discriminación de que supuestamente fue objeto por parte de Nelson Martínez (expresidente de PDVSA), José Pereira (expresidente de CITGO) y Gustavo Cárdenas (gerente general de la oficina de la presidencia de CITGO). El documento se remitió con copia a Frank Gygax, Alejandro Escarrá y Rick Esser.

En primer término, Gómez de Vergara refirió fue había sido designada Vicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO en Houston, Texas, por la junta directiva de PDVSA el 1° de noviembre de 2014, habiendo tenido —según su apreciación— un excelente desempeño y contribución a la filial en el periodo 2014-2017, cuando conformó un equipo profesional de Recursos Humanos en solo un año, y al haber implementado una cartera de beneficios sólidos, que incluían: “un modelo de compensación alineado con los percentiles de compensación del mercado; un incentivo de desempeño que permitió incluir al grupo base de ingenieros y erradicar la práctica de beneficiarse solo en los niveles superiores; un incentivo recreativo, este beneficio no existe en la cartera de otras empresas de la industria; un incentivo de responsabilidad, reconociendo la contribución necesaria de las posiciones comerciales centrales y estableciendo responsabilidades de compromiso adicionales; un plan anual de aumento de méritos de acuerdo con criterios administrativos y períodos justos con énfasis en salarios progresivos y graduales; un novedoso incentivo rotativo para el liderazgo que reconoce y motiva el desarrollo de nuevos gerentes y la sucesión operativa”.

Seguidamente, hizo mención a la naturaleza de su queja y explicó que detectó y denunció actividades inapropiadas en las funciones de compensación, contratación y se negó a obedecer órdenes ilegales en violación de las leyes federales, laborales y de inmigración de los Estados Unidos dictadas por Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas. El resultado de tal denuncia fueron, supuestamente, una serie de represalias en su contra que condujeron al cese de sus funciones el 13 de marzo de 2017.

Agregó que entre 2014 y 2017, padeció un ambiente de trabajo hostil por instrucciones de Nelson Martínez con respaldo de José Pereira, Gustavo Cárdenas y otros gerentes de CITGO que supuestamente se confabularon para cometer actos ilegales en detrimento del interés de los accionistas de CITGO.

Según el documento, denunció la conducta inapropiada y violaciones de las leyes federales de los Estados Unidos a la gerencia de CITGO y a la Junta Directiva de PDVSA en 2017 y 2018.

Los hechos, según Gómez

En esta sección del informe, Marisol Gómez refiere que paralelo a la Vicepresidencia de Recursos Humanos en CITGO, formó parte de varios comités, entre ellos el de cumplimiento de CITGO, el cual tenía como objetivo garantizar que la empresa mantenga los controles establecidos de modo garantizar que todos los empleados y directores sigan las políticas, procedimientos y las leyes.

Al respecto, indicó que entre 2014 y 2017, los miembros del citado comité de cumplimiento revisaron e investigaron varios casos relacionados con el incumplimiento de las políticas de la compañía que tenían que ver con la violación de los controles internos, fraude de compras, conflicto de intereses, contratos de suministro y comercialización contra el interés de CITGO y PDVSA, “entre otras prácticas poco éticas cometidas por terceros y directores, gerentes y empleados de CITGO/PDVSA”.

Dijo que ella y el resto de los miembros del comité de cumplimiento implementaron varios controles, entre ellos “el bloqueo de más de 700 entidades propias de ciudadanos venezolanos con fuertes vínculos con PDVSA o funcionarios del gobierno que arrancaron las ganancias de los activos de CITGO y PDVSA”.

Explicó que supuestamente estas entidades de terceros fueron introducidas en CITGO por Nelson Martínez y registradas ilegalmente en la lista maestra de proveedores de la filial sin control alguno, habiendo incurrido las mismas en cobro de significativos sobreprecios que rondaban del 200 a más del 1.000 por ciento en el material y el equipo adquirido por la filial en nombre de PDVSA. El comité de cumplimiento investigó y determinó que Nelson Martínez, Ramiro Rodríguez, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh, Brian Paulson, Laymar Peña y otros agentes de adquisiciones, aprobaron transacciones-contratos y otras actividades ilegales.

La denuncia de Marisol Gómez sostiene que supuestamente Nelson Martínez, coludido con José Pereira, José Luis Zambrano y Gustavo Cárdenas, acometieron operaciones ilegales y poco éticas en recursos humanos, adquisiciones, suministro y comercialización, así como en otras áreas.

Igualmente dijo que las violaciones del proceso de contratación fueron instrumentadas desde 2013 por Nelson Martínez valiéndose de su investidura como presidente de PDVSA para burlar los controles de recursos humanos de CITGO. En tal sentido, se habrían violado desde la alta gerencia los derechos de los empleados, al tiempo que se implementó el acoso y la aplicación de represalias como prácticas comunes en su administración.

Gómez se refirió también a un conjunto de transferencias, contrataciones y promociones que fueron rechazadas por ella cuando estuvo al frente de la vicepresidencia de recursos humanos. Indicó que ella y su equipo, sustentados en análisis técnicos, objetaron la transferencia o la contratación de varios empleados recomendados por Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas, en razón de que los candidatos no tenían la experiencia, conocimiento técnico, ni la calificación para ocupar los puestos. A pesar de esto y del control interno, Martínez, Pereira y Cárdenas forzaron la contratación de estas personas y se crearon varios puestos de trabajo sin que existiera la necesidad operativa.

Los contratados irregularmente

De acuerdo a su narración de los hechos, Marisol Gómez explicó a la alta gerencia que estas situaciones estaban en contra de los procedimientos internos regulares, pero se impuso la presión de Martínez y Pereira a través de Gustavo Cárdenas, siendo el resultado la autorización de documentos de recursos humanos para contratar y promover a personas no calificadas en varias funciones de CITGO.

Entre las personas contratadas de manera irregular bajo el procedimiento antes expuesto, habrían ingresado a la filial, en primer lugar, Melissa Martínez —hija de Nelson Martínez— quien fue designada vicepresidenta de la Fundación Simón Bolívar, la cual administraba USD 17 millones en donaciones de CITGO Petroleum Corporation al año. Marisol Gómez subrayó que Melissa Martínez carecía de la experiencia laboral necesaria para ocupar tal posición.

Otro caso fue el de John Pereira —hijo de José Pereira— quien fue trasladado desde PDVSA-Oriente a la Gerencia de adquisiciones de CITGO Aruba, sin que su hoja de vida exhibiera experiencia alguna ni conocimientos en materia de compras. De este modo, la alta gerencia ignoró a otros candidatos con vasta experiencia en el campo de adquisiciones. En tal sentido, Marisol Gómez expuso en su informe que por su objeción recibió varias acciones en represalia de parte de José Pereira.

Rubén González —pariente de Nelson Martínez— también formó parte de la lista de ingresos irregulares a CITGO aupados desde la alta gerencia de la empresa. En este caso, el familiar de Martínez fue contratado sin que mediara para ello el proceso formal de reclutamiento y contratación. Esta persona, de acuerdo a la versión de Marisol Gómez, está involucrada en supuestos casos de corrupción y fraude liderados por su hermano José Manuel González Testino y Nelson Martínez en PDVAL, Corpoelec y otros entes del gobierno venezolano. El informe refiere que Rubén González influyó en las transacciones de adquisición de CITGO con ISG Global, Petroleum Logistics, Rexel y otras empresas fantasmas propiedad de Manuel González Testino y Tulio Farías.

Bajo esta modalidad igualmente habrían ingresado a CITGO, Juan Pacheco, Lilian Tenorio y Laymar Peña, quienes en la posición de contratistas de adquisiciones de proyectos especiales contratados por Ramiro Rodríguez y Nelson Martínez se desempeñaron previamente en PDVSA Services (PSI) y con entidades intermediarias que persiguen contratos con CITGO. De acuerdo a Marisol Gómez, estos contratistas junto con Ramiro Rodríguez llevaron a cabo varias transacciones de adquisiciones fraudulentas en CITGO. Indicó que los resultados de una investigación realizada por una firma de abogados externa, solicitada por CITGO Legal, Recursos Humanos, Auditoría Interna y el grupo de contralores, muestra irregularidades en varias operaciones aprobadas por Glenn Hilman, Ramiro Rodríguez y Nelson Martínez.

Martínez también habría ordenado la contratación de su amiga personal, Bibi Albarrán, en el área de adquisiciones en un nuevo puesto creado especialmente para ella en Miami, Florida. Una posición en la que carecía de responsabilidades y no contaba con la supervisión de los gerentes de adquisiciones de CITGO, dado que la filial no tiene oficinas en esa ciudad. Como en los casos anteriores, Bibi Albarrán carecía de experiencia en adquisiciones.

En su informe a Asdrúbal Chávez, Marisol Gómez denunció que el procedimiento de Recursos Humanos número 060-50 de CITGO, denominado “Proceso de selección y contratación de contratistas”, el cual proporciona pautas formales para la selección y contratación de contratistas fue violado por Nelson Martínez y otros directores-gerentes quienes pasaron por alto los controles internos a las personas contratadas de su preferencia, así como los requisitos para validar la experiencia laboral y los títulos educativos, los cuales fueron anulados por los gerentes que aprobaron la contratación.

Refirió Gómez de Vergara que las prácticas de contratación de Nelson Martínez y Ramiro Rodríguez no fueron adecuadas y carecían de la documentación necesaria para instrumentar un proceso de contratación justo y profesional, dado que los candidatos no cumplieron con los requisitos mínimos exigidos para ocupar los puestos de trabajo. Narró que, por ejemplo, en varios casos, el gerente de contratación entrevistó a un solo candidato aun cuando había varios candidatos calificados, pasando además por alto el requisito de que un representante de Recursos Humanos participara en el proceso de la entrevista. Ante esta situación, Gómez habría solicitado una auditoría interna sobre este proceso de ingreso de los contratistas de adquisiciones, identificándose debilidades significativas que se informaron a la gerencia. Nelson Martínez y Ramiro Rodríguez evitaron tomar medidas disciplinarias contra los gerentes, empleados y contratistas de CITGO que eludieron los controles internos.

Represalias contra los directores

De seguido, Marisol Gómez pasó a exponer que en 2017, Nelson Martínez, José Pereira, Gustavo Cárdenas y José Luis Zambrano decidieron tomar represalias contra los directores, gerentes y otros empleados de CITGO que denunciaron conductas poco éticas y actos ilegales dirigidos por la administración de Martínez.

Fue así —de acuerdo a la exposición de Gómez de Vergara— que habiendo sido designado José Pereira como CEO interino de CITGO y Nelson Martínez presidente de PDVSA, supuestamente se coludieron con Gustavo Cárdenas para terminar, transferir u obligar a la jubilación de directores, gerentes y empleados que pudieran interferir con sus planes ilegales.

De este modo, tomaron represalias contra todos los directores clave que habían informado previamente las irregularidades, para así obtener el control de sus funciones. Fue así como todos los que denunciaron las irregularidades y transacciones fraudulentas cometidas presuntamente por Nelson Martínez, José Pereira, Gustavo Cárdenas, así como por los gerentes de compras de CITGO, entre ellos, Glenn Hilman, Ramiro Rodríguez, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh, entre otros, fueron reprendidos.

Marisol Gómez de Vergara informó a Asdrúbal Chávez de aumentos salariales no respaldados y cálculos de bonificaciones sin que siguieran los parámetros y cálculos técnicos de Recursos Humanos por parte de Nelson Martínez. Explicó que aquellos empleados que siguieran las directrices de Nelson Martínez para supuestamente cometer actividades comerciales fraudulentas y poco éticas, eran beneficiados con aumentos salariales y bonificaciones cuyas pautas eran dictadas directamente por Martínez sin regirse por las políticas aprobadas por la junta directiva de PDVSA.

Quejas de los empleados

Marisol Gómez refirió a Asdrúbal Chávez que los empleados informaron confidencialmente las quejas relacionadas con comportamientos poco éticos de Nelson Martínez, Ramiro Rodríguez, Glenn Hilman y Brian Paulson.

De este modo, dijo que Carlie Neubauer, Gerente de Adquisiciones Corporativas dio a conocer muchas prácticas de adquisición cuestionables por parte de los agentes de proyectos especiales, Ramiro Rodríguez y Juan Pacheco, quienes fueron retirados de CITGO. Refirió que al momento de la comunicación otros de estos agentes seguían empleados en la filial. Marisol Gómez indicó que estas personas favorecieron a las entidades intermediarias, presentaron ofertas falsas, enviaron ofertas a los vendedores en diferentes días y les dieron a los vendedores tiempos de respuesta irrazonables.

Gómez dice en el informe que Ramiro Rodríguez, José Luis Zambrano, Glenn Hilman, José Luis De Jongh, Laymar Peña, Juan Pacheco y otros agentes de compras fueron protegidos por Nelson Martínez. Agregó que el comité de cumplimiento formado por ella, Jeff Bednar (legal), John Butts (controlador) y Franklin Domond (Auditor General) fueron objeto de represalias por parte de Nelson Martínez y José Pereira al haber implementado nuevos controles correctivos e investigar casos relacionados con el fraude cometidos en los Proyectos Especiales. Refirió que Carlie Neubauer fue objeto de represalias y discriminación por parte de Glenn Hilman y fue transferida a otro puesto no relacionado con sus muchos años de experiencia en adquisiciones. Neubauer se vio obligada a renunciar a CITGO.

Marisol Gómez cita luego el caso de Robert B. Bailey, Gerente de CPC, quien informó que Rubén González, un empleado de CITGO, firmó un contrato en nombre de Petroleum Logistics junto con Nelson Martínez. Según lo narrado por Gómez de Vergara, Bailey también habría informado que los contratistas de adquisiciones trabajaban previamente con entidades intermediarias y estaban influyendo en los procesos de adquisición. La versión refiere que Nelson Martínez presuntamente no quería tomar ninguna medida contra Rubén González y los agentes de adquisiciones por las violaciones debido a conflictos de intereses.

Entretanto, narró el caso de Ana Aguirre, Gerente de Adquisiciones de Lubricantes, quien dio a conocer a CITGO Legal los hallazgos y documentos de respaldo relacionados con las transacciones de adquisiciones para PDVSA donde solo dos entidades intermediarias estaban ganando ofertas mientras que todas las demás fueron descalificadas. Gómez refirió a Asdrúbal Chávez que estos reclamos fueron investigados por auditorías internas y abogados externos y los resultados arrojaron pruebas suficientes de que Juan Pacheco, Laymar Peña, Ramiro Rodríguez y otros agentes manipularon los procesos de adquisición. Agregó que Nelson Martínez supuestamente se opuso a la aplicación de cualquier acción disciplinaria a estos empleados. Ramiro Rodríguez recibió la orden de regresar a Venezuela y fue arrestado por otro caso de fraude.

Según lo expuesto, los resultados de la investigación llevaron al comité de cumplimiento a decidir el rescindir el contrato de Juan Pacheco con CITGO, pero Nelson Martínez alegó que los señalamientos sólo respondían a los comentarios a Marisol Gómez y los miembros del comité.

Destaca Marisol Gómez que luego del arresto de Nelson Martínez, José Luis Zambrano y José Pereira en Venezuela, Ana Aguirre supuestamente habría visto a Laymar Peña destruyendo evidencia de transacciones de compra realizadas por ella y Zambrano, lo cual es absolutamente ilegal. Según Ana Aguirre, Glenn Hilman y Brian Paulson desestimaron todas sus acusaciones contra Laymar Peña y no investigaron los reclamos y, por el contrario, fue protegida por los gerentes de adquisiciones, mientras que Aguirre fue objeto de acoso y acciones discriminatorias por parte de Brian Paulson. Ana Aguirre se habría visto obligada a renunciar a CITGO.

A su vez, April Dickson, Paralegal Comercial, informó de actividades cuestionables cometidas supuestamente por Ramiro Rodríguez y Juan Pacheco en violación de la Política de Ética Comercial y Conflicto de Intereses de la Compañía. Estos empleados fueron protegidos por Nelson Martínez. Dickson, pese a la efectividad de su trabajo, fue discriminada por José Pereira por sus revelaciones acerca de muchos casos irregulares. Supuestamente, Dickson fue incluida en una lista negra por parte de la gerencia y quedó fuera del equipo de cumplimiento dirigido por Rick Esser.

Denuncias confidenciales y otros casos

Por vía confidencial, otros empleados de CITGO presentaron quejas contra Nelson Martínez Ramiro Rodríguez, Juan Pacheco y otros directores de adquisiciones relacionados con malversación de fondos al "Otorgar negocios a proveedores por costos más altos y favorecer a empresas como Southern Procurement Services (SPS)".

Igualmente refirieron violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, dado que “El departamento de Compras parece estar realizando actividades sospechosas con el nuevo proyecto de compras que Ramiro está dirigiendo. Los empleados de PDVSA de Venezuela están tratando con muchos distribuidores y no creen que hayan sido provistos correctamente”.

También denunciaron conflicto de intereses, debido a la "Contratación de contratistas de compras que fueron despedidos de PDVSA y PSI".

Marisol Gómez llevó a cabo un trabajo conjunto —según expuso en el informe— con los miembros del Comité de Cumplimiento, Auditoría Interna, Legal y el departamento del controlador para abordar las reclamaciones y mejorar los procesos de la empresa, pero Nelson Martínez, José Pereira, Glenn Hilman y José Luis Zambrano habrían ignorado las acciones disciplinarias recomendadas contra los empleados que habían cometido irregularidades.

Martínez, Pereira y Cárdenas habrían tomado represalias contra Marisol Gómez, Jeff Bednar, Franklin Domond y John Butts por haber implementado controles internos para mitigar el fraude. Según Gómez, Nelson Martínez intimidó a estos directores en varias reuniones en su oficina por informar y abordar irregularidades, violaciones de controles internos y comportamientos poco éticos.

GFC Consultores LLC

Nelson Martínez habría dispuesto la contratación de los servicios de consultoría de GFC Consultores LLC para trabajar en Recursos Humanos y otras áreas, aun cuando no habían sido solicitados por ninguna de las vicepresidencias de negocios ni estaban incluidos en el presupuesto. Puntualiza Marisol Gómez que GFC Consultores LLC es una empresa registrada el 18 de julio de 2013, en Florida, por Gustavo Felice, un pariente de Nelson Martínez. La firma tiene direcciones registradas en Weston, FL 2800, Glades Cir Weston, FL 33327 y 4329 Vineyard Cir Weston, FL 33332.

Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas —de acuerdo al informe— presionaron a Marisol Gómez y otros vicepresidentes de CITGO para que contrataran los servicios ofrecidos por la empresa de su familiar.

Indica el reporte, que las facturas de GFC reflejan cargos por banquetes, eventos, comidas, mejoras y reparaciones para los hogares personales de los empleados, regalos y otros gastos personales para los ejecutivos de CITGO y PDVSA y sus familias. Los cargos de GFC incluyeron sobreprecios significativos.

Los pagos a GFC Consultores LLC fueron autorizados por Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas a través de las cuentas bancarias de PDV USA y CITGO, sin que se hubiese producido la revisión adecuada de los bienes y servicios cobrados por GFC. De este modo, bajo la administración de Martínez, GFC recibió pagos por USD 6.164.823 entre octubre de 2014 y noviembre de 2017; USD 4.576.784 de PDV USA y USD 1.588.039 de CITGO.

Cambios en el fondo de pensiones

El reporte de Marisol Gómez remitido a Asdrúbal Chávez hace mención a los cambios “poco éticos” en el fondo de pensiones de CITGO, lo cual se instrumentó por decisión de Nelson Martínez, quien solicitó su modificación.

La denunciante refiere que un estudio técnico realizado por Recursos Humanos y Finanzas de CITGO mostró resultados de que la filial tendría un enorme impacto financiero negativo a mediano plazo con la implementación del referido cambio.

Tal modificación habría obedecido al deseo de Nelson Martínez de ser considerado como un empleado jubilado, al agregar siete años adicionales a todos los empleados de Venezuela —alrededor de 35 empleados— y para ello supuestamente presionó a Marisol Gómez a objeto de que presentara esta propuesta ante la Junta de Directores de PDVSA y así lograr que sus 40 años de servicio fueran considerados como todos desempeñados en CITGO. Gómez se habría opuesto alegando que tal modificación significaría la duplicación del beneficio, puesto que para la fecha ya Nelson Martínez estaba considerado dentro del sistema de jubilación de PDVSA. El grupo del contralor, John Butts y Bob Shoemaker prepararon una presentación para explicar a la alta gerencia por qué esto el cambio era negativo para CITGO.

Por sus objeciones en este caso, Marisol Gómez habría sido objeto de hostigamiento adicional y acciones discriminatorias, incluidas amenazas, comentarios, hostilidad e intimidación por parte de Nelson Martínez.

Finalmente, los servicios de Marisol Gómez fueron rescindidos en marzo de 2017, una decisión adoptada —según su punto de vista— por su oposición a seguir prácticas fraudulentas y poco éticas ordenadas por Nelson Martínez.

En noviembre de 2017, José Luis Zambrano, José Pereira y Nelson Martínez fueron arrestados en Venezuela por conspiración para cometer un delito. Sólo este hecho impidió la implementación de los cambios pretendidos por Martínez en el fondo de pensiones de CITGO.

Retaliaciones contra los empleados y otras irregularidades

Los empleados de CITGO también habrían sido objeto de retaliaciones por parte de Nelson Martínez y José Pereira, como medida para asegurarse que denunciaran sus irregularidades ante los nuevos miembros de la junta directiva de PDVSA.

De este modo, Pereira y Cárdenas eliminaron el cargo de Vicepresidente de Recursos Humanos y dichas funciones pasaron a manos de José Luis Zambrano, Vicepresidente de Servicios Compartidos y quien, según el informe de Gómez, está involucrado en varias transacciones de adquisiciones fraudulentas para favorecer entidades intermediarias y la aprobación de sobreprecios significativos junto con Nelson Martínez, Glenn Hilman y Jose Luis De Jongh. De hecho, varias de las solicitudes de Martínez comenzaron a implementarse luego de que Zambrano asumió el cargo.

José Pereira y José Luis Zambrano habrían contratado a parientes y allegados no calificados para ocupar puestos clave en CITGO, habiendo implementado aumentos de sueldos sin el apoyo de cálculos técnicos adecuados y promociones justificadas por méritos, así como bonificaciones que excedieron los parámetros aprobados por Junta Directiva de PDVSA. Para ello crearon un comité de compensación para aprobar salarios y bonificaciones fuera de los períodos regulares establecidos en las políticas de compensación de CITGO aprobadas por la junta directiva de PDVSA.

Refiere Marisol Gómez que supuestamente el hostigamiento y las acciones discriminatorias se extendieron a los miembros cercanos a su equipo de trabajo, a saber Edgar Ordorica, Patricia Milano y Karie Oquinn, quienes fueron objeto de represalias por parte de Nelson Martínez, José Pereira y José Luis Zambrano. Estos trabajadores fueron transferidos a otros cargos.

Asimismo, Iván Cordero, Freddy Gómez y Liz Aguilar fueron despedidos a pesar de haber tenido un buen desempeño. A la salida de Marisol Gómez en marzo de 2017, Jeff Bednar y Eduardo Assef se habrían visto obligados a retirarse, mientras que Franklin Domond fue despedido y John Butts fue transferido a un puesto inferior bajo las órdenes de un director con menos experiencia que él.

Entre 2017 y 2018, José Pereira, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh y Rick Esser —sostiene Gómez de Vergara— supuestamente manipularon controles internos para satisfacer las exigencias de Nelson Martínez. Habrían desbloqueado entidades intermediarias y les asignaron contratos de adquisición y pagos por más de USD 60 millones.

En 2018, las agencias policiales estadounidenses arrestaron a varios propietarios y empleados de estas entidades intermediarias con contratos importantes con CITGO y PDVSA.

Aseguró Marisol Gómez de Vergara que fue despedida por Nelson Martínez aun cuando este no estaba facultado para ello, pues al haber sido designada por la junta directiva de PDVSA, sólo esta entidad tenía la potestad de removerla de su cargo.

Subrayó que la ley federal penaliza las represalias o cualquier acción perjudicial contra los empleados, incluida la interferencia con el empleo legal o el sustento de cualquier persona por proporcionar información veraz relacionada con irregularidades o violaciones de las leyes federales. “Además, las políticas de CITGO prohíben las represalias y el acoso contra los empleados”.

A pesar de haber negado vehementemente la aplicación de este tipo de políticas, Rick Esser como Oficial de Cumplimiento de CITGO no habría cumplido su palabra y evitó investigar las denuncias al respecto y la presunta conducta poco ética de Nelson Martínez.

En tal sentido, Marisol Gómez instó a que Esser ponga en práctica las averiguaciones de acuerdo con las políticas corporativas de CITGO.

miércoles, 8 de enero de 2020

Ex-contratista de PDVSA fue sentenciado a 4 años de cárcel y a pagar 3 millones de dólares por delitos de corrupción

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   El ex-contratista de Petróleos de Venezuela, Juan José Hernández-Comerma fue sentenciado por un juez de Houston a 4 años de cárcel (48 meses) y a pagar 3 millones de dólares proveniente de su actividad criminal. El convicto formó parte de la trama de corrupción encabezada por los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera, en el cual se pagaron más de mil millones de dólares en sobornos a funcionarios de PDVSA para recibir  jugosos contratos de la petrolera.
    Hernández-Comerma se declaró culpable de dos cargos que violaron la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Título 15, Código de los Estados Unidos. 
       
      El excontratista trabajó para las empresas de Abraham Shiera en 2008, y luego pasó a ser socio del mencionado empresario cuando adquirió el 17 por ciento de una de las entidades que formaron parte del esquema de corrupción denunciado por el gobierno de Estados Unidos  en 2017. La acusación señala que los involucrados, pagaron sobornos a los funcionarios de Bariven, en la oficina de la petrolera venezolana en Houston, Texas, con lo cual se beneficiaron las empresas registradas en EE. UU. de Shiera y sus asociados.

   La corte notificó al ex-contratista que toda las propiedades, reales o personales, que constituyan o se deriven de su actividad criminal están sujetas a la confiscación. Su sentencia de dinero es de USD 3 millones de dólares.

   En su acuerdo de declaración de culpabilidad se estipuló y acordó que la base fáctica incluyó la pérdida del producto de los contratos de PDVSA asociado con los pagos de sobornos realizados por Hernández Comerma y sus conspiradores.




viernes, 3 de enero de 2020

Narcotráfico: Ex secretario de Seguridad de México se declaró no culpable en un tribunal de Nueva York, se inicia juicio en su contra

    Durante el juicio de Joaquín 'el Chapo' Guzmán, el narcotraficante Jesús el rey Zambada dijo que le había entregado millones de dólares en sobornos para que desde su cargo protegiera los envíos del cártel de Sinaloa y ofreciera información privilegiada a los narcos para que realizaran con éxito los traslados de las drogas.

Por Maibort Petit
@Maibort Petit 
  Genaro García Luna,  ex-secretario de Seguridad Pública del gobierno del presidente mexicano Felipe Calderón, se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico que le imputa el gobierno de los Estados Unidos, en una corta audiencia que tuvo lugar este viernes en la Corte del Distrito Este de la ciudad de Nueva York.

   García Luna llegó a la sala de la jueza Peggy Kuo vestido con un uniforme de prisionero color beige y un suéter gris. Cabizbajo, y demacrado, el ex poderoso funcionario del gobierno de México se paró frente a la magistrada, quien de inmediato le leyó sus derechos. Asimismo, le informó que el gobierno de los Estados  Unidos le acusaba de cuatro cargos, tres por tráfico de cocaína y uno por mentir a las autoridades federales en su aplicación a la ciudadanía norteamericana en el 2018.

   La jueza fijó la nueva audiencia para el 21 de enero y mientras tanto permanecerá en prisión.

   La sala de la corte estuvo atestada de periodistas, agentes de la ley, su esposa Linda Cristina Pereira y sus dos hijos.

    Esta fue la segunda audiencia de García Luna  en Estados Unidos y la primera en Nueva York. Tras su arresto el 10 de diciembre de 2019, fue presentado ante el  juez federal David L. Horan en la Corte de Dallas el 12 de diciembre. En esa primera cita con la justicia, el acusado de tener vínculos con el cártel de Sinaloa, no disputó su traslado al tribunal federal de Brooklyn.

   García Luna hizo negó con la cabeza cuando la jueza le preguntó si tenía alguna duda u observación sobre su proceso. Respondió afirmativamente cuando se le cuestionó si entendía de qué trataba su juicio. 

    La Fiscalía pidió a la jueza Kuo que no aprobara la petición de la fianza porque los cargos que se le imputan a García Luna son muy serios, "recientemente viajó a México y existe un alto riesgo de fuga por la posible protección de funcionarios, exfuncionarios y miembros del Cártel de Sinaloa.", afirmó Erin Reid, fiscal federal del Distrito Este de Nueva York.

  Los fiscales sugirieron hoy que están trabajando para llegar a un acuerdo, sin necesidad de llegar a juicio. La acusación que presentó el fiscal Richard P. Donohue detalla los sobornos millonarios por los que García Luna dio paso seguro a los cargamentos de droga del cártel de Sinaloa.

   La defensa estuvo representada por el abogado público César de Castro. Los defensores privados de García Luna no pudieron estar presentes en la audiencia por motivos desconocidos para la prensa. La jueza Kuo dijo que si el acusado iba a requerir nuevamente abogados de oficio debía presentar una declaración jurada financiera ante el tribunal.

  En el juicio de Joaquín "El Chapo", Jesús Rey Zambada, hermano de "El Mayo", actual líder del cártel de Sinaloa, dijo que él mismo le entregó varias veces a nombre suyo y de su hermano, maletines a García Luna, conocido como “súper policía” por montos entre 3 y 5 millones de dólares.

  Los delitos señalados ocurriendo por más de una década, entre 2001 y 2012.

Aliados de EE. UU. en América Latina deben estar alerta ante posibles retaliaciones de grupos terroristas por la muerte de Qassem Soleimani

   La presencia de la Fuerza Quds ha sido especialmente activa en México, Cuba, Dominica, Antigua y Barbados, Surinam, Uruguay, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Brasil, Perú y el Área de la Triple-Frontera. 

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  De acuerdo al criterio del experto en Seguridad Global y analista de amenazas transnacionales, Joseph Humire, la muerte del general Qassem Soleimani es más importante que la muerte de Osama bin Laden (ex-líder de al-Qaeda) puesto que el mayor general iraní dado de baja durante un ataque de las fuerza de Estados Unidos en el aeropuerto de Bagdad el 2 de enero del 2020 era más poderoso de lo que la mayoría piensa. 
  Humire asegura que Qassem Soleimani era considerado "Un señor de la guerra iraní" que controlaba docenas de organizaciones terroristas en todo el mundo.

 El experto advierte que entre las organizaciones terroristas controladas por Qassem Soleimani se encuentran la Guardia Revolucionaria de Irán, IRGC-QF (la Fuerza Quds)  que tiene una presencia global, y es por esta razón que Humire aconseja a los aliados de los Estados Unidos incluidos y especialmente en América Latina estar en alerta ante posibles retaliaciones.  

  La presencia de la Fuerza Quds ha sido especialmente activa en México, Cuba, Dominica, Antigua y Barbados, Surinam, Uruguay, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Brasil, Perú y el Área Tri-Fronteriza, dijo el director ejecutivo deCentro para una Sociedad Libre y Segura (SFS).

  Humire sostiene que, desafortunadamente, los escenarios que ha advertido durante años se están haciendo realidad "Irán es una amenaza global y necesita ser tratado como tal", acotó.

  Explica Humire que "el modus operandi de la Fuerza Quds en el Medio Oriente,  que funciona a través de apoderado (proxy)  se ha evidenciado por los recientes ataques de Khataib Hezbollah, en Iraq, Lebanese Hezbollah (LH) en Líbano y Siria, la Houthi Rebel (HR) en Yemen, etc. Es el mismo modus operandi en América Latina y América pero la diferencia es que los representantes en la región no son Islámico: Etnocaceristas en Perú, Quebracho en Argentina, Cocaleros en Bolivia, Colectivos y Fuerza Bolivariana de Liberación (FBL) en Venezuela, todos estos grupos tienen vínculos directos con el IRGC-QF o Hezbollah". 
  Agrega el analista que en América Latina también se encuentra entre los proxys de la IRGC-QF —la Red Al Mustafa (Rabbani) en 16 países al sur de la frontera y Federación de Entidades Árabes (FEARAB) como una organización de frente sociocultural.

  Humire argumenta que en América Latina, la IRGC-QF usan la migración masiva y las movilizaciones sociales como armas, por esa razón cree que se verán más ataques asimétricos de proxy de  la "Red de amenazas de Irán" o ITN en América Latina, pero con una negación plausible mucho mayor. 

  El experto sostiene que las autoridades de los Estados Unidos deben prestar atención a las nuevas caravanas inversas que se están formando en Texas y que van en camino a México.

 La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC-QF)

  La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC-QF) está dirigida a llevar a cabo actividades de guerra e inteligencia no convencionales y son los responsable de las operaciones extraterritoriales. La unidad de Fuerza Quds apoya a actores no estatales en muchos países, incluidos el Hezbolá libanés, Hamas y la Jihad Islámica Palestina en la Franja de Gaza y Cisjordania, los hutíes yemeníes y las milicias chiítas en Irak, Siria y Afganistán.
Akram al Kaabi (izquierda) con el Comandante de las Fuerza  Qods de Irán Qassem Soleimani

   Aunque no se conoce el tamaño exacto de las Fuerzas Quds, muchos estiman que hay entre 10,000 y 20,000 miembros distribuidos en varios países. La Fuerza Quds están dirigidas desde el más alto nivel del régimen iraní, informan directamente al Líder Supremo de Irán, Ayatollah Khamenei y fueron comandadas por el mayor general Qassem Soleimani hasta su asesinato por un ataque con aviones no tripulados de Estados Unidos en el aeropuerto internacional de Bagdad el 3 de enero de 2020.
   El régimen iraní designó al general de brigada Esmail Ghaani como comandante de la Fuerza Quds el mismo día que Soleimani fue asesinado.







jueves, 2 de enero de 2020

Rafael Ramírez logra un fallo a su favor en tribunal de EE. UU.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  El ex ministro venezolano de Petróleo, Rafael Ramírez, consiguió que un tribunal en Estados Unidos le otorgara un fallo a su favor que le permite revertir un veredicto de la Corte Federal de Houston que le obligaba a pagar $1.4 mil millones por una demanda de fraude presentada por las empresas Harvest Natural Resources Inc y HNR Energie BV.

  Harvest acusó a Rafael Ramírez y a otros de haber intentado cobrar un soborno de 10 millones de dólares para aprobar una transacción para que la empresa pudiese vender sus activos en Venezuela desde 2012. Los demandantes aseguraron que Ramírez y sus asociados había obstaculizado las diligencias para que  la compañía concluyera la venta, lo que le llevó a perder $ 472 millones apróximadamente.

  En junio de 2019, Ramírez  había solicitado al tribunal de Houston que revocara el veredicto de incumplimiento del millonario pago ordenado por el juez. 

  El principal alegato que presentó Ramírez frente al juez es que Harvest Natural Resources Inc y HNR Energia BV no le notificaron adecuadamente la demanda, por lo que su incumplimiento "no fue intencional".

  Ramírez dijo en los documentos presentados por el abogado Abbe Lowell, de Winston & Strawn que está residenciado en Europa, "fuera de la vista del público" y que estar en el extranjero le ha traído problemas por lo que no pudo abordar su defensa en el caso en el tiempo requerido. 

  El incumplimiento de Ramírez condujo a que el juez federal de Distrito, Lee Rosenthal emitiera un fallo predeterminado el 13 de febrero de 2019  en contra del expresidente de PDVSA, por no haber impugnado las afirmaciones de Harvest Natural Resources sobre su conducta fraudulenta.

  El ex funcionario de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro —quien ha sido acusado por el mismo gobierno de Venezuela de generar pérdidas de 4,8 millones dólares en PDVSA— pidió ante el juez estadounidense a tener la oportunidad de defenderse en la corte.

  La magistrada Rosenthal aprobó la solicitud hecha por Ramírez para anular juicio final en su contra, decidió con lo cual el caso regresa a los tribunales para ser disputado por las dos partes. 

La orden fue otorgada el 6 de diciembre de 2019.

  Los documentos federales del caso señalan que Ramírez, a través de terceros, solicitó a Harvest sobornos de 10 millones de dólares para permitir que la compañía vendiera sus activos desde 2012. 

  Harvest alegó que la política fraudulenta usada por Ramírez condujo a pérdidas de unos 472 millones. 

   El supuesto enviado de Ramírez para exigir las coimas habría sido Juan García Mendoza y sus empresas, entre otros, por supuestamente haberle exigido USD 10 millones para que el gobierno venezolano autorizara la venta de sus activos en el país.

  Los demandantes alegan que tuvieron que enfrentar múltiples obstáculos para vender su participación accionaria en la empresa mixta Petrodelta que mantenían en sociedad con la Corporación Venezolana del Petróleo S.A. conformada el 11 de septiembre de 2007.

  Los propietarios de las empresas sostiene que, los supuestos intentos de extorsión de que habrían sido objeto por parte de funcionarios gubernamentales y representantes de estos para que accedieran a pagar un soborno de USD 10 millones,  eran a cambio que la alta directiva de PDVSA y el Ministerio de Energía y Petróleo dieran el visto bueno y aprobación a la venta de sus activos en el país. 

  La ley venezolana exige la autorización del despacho del Ejecutivo Nacional a los accionistas privados en empresas mixtas que quieran vender sus papeles a un tercero. 

Harvest exigió ser resarcida en tres veces el valor de lo perdido por las acciones de los demandados. Argumenta que en los años 2013 y 2014, inició sendos procesos de venta de sus activos en Venezuela, la primera vez por USD 725 millones y la segunda por USD 400, pero en razón de las obstrucciones de los acusados y de su insistencia en cobrar sobornos, Harvest perdió estas dos buenas oportunidades y terminó vendiendo por USD 255, lo que significó una pérdida de USD 470 millones.

Conoce cómo el régimen de Maduro forma su "ejército de trolls" para controlar y manipular a la opinión pública

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

   Con reglas estratégicas agrupadas en el Proyecto de Formación de Trolls para crear un poderoso ejército que busca enfrentar la supuesta "guerra mediática", el régimen de Nicolás Maduro establece las líneas maestras para manejar, manipular y controlar a través de las redes sociales a la opinión pública nacional e internacional, y abortar o neutralizar, cualquier intento de difundir o generar una narrativa diferente a la impuesta por la revolución en las últimas dos décadas.
     El proyecto para la creación del Ejército de Trolls forma parte de las herramientas usadas por el régimen venezolano en el marco de la llamada guerra asimétrica para el control de la opinión pública.

Conformación del ejército digital y sus componentes
  
   Para la conformación del Ejército Digital -base de operaciones- tiene varios componentes que están conformados por personas que tendrán, (cada una) a su disposición 23 cuentas en las principales redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube y Google. 
   Cada persona que forma parte de la Escuadra debe crear 5 cuentas de Instagram, 5 de Facebook, 10 cuentas de Twitter, 1 de Youtube, 1 de Google y una de WhatsApp que suman 23 cuentas. 10 personas constituyen un Pelotón que suman 230 cuentas en las principales redes. Así, 50 personas suman 1.150 cuentas que conforman el componente Compañía, 100 personas conforman 2300, Batallón y las Brigadas que están compuestas por 500 personas que agrupan 11.500 cuentas.

Escuadras
   A su vez las Escuadras tendrán las siguientes responsabilidades: Prensa, diseño, sistemas, incubadores, ataques (Flames), creadores de contenidos informativos, notas de prensa, artículos y publicaciones, contenidos audiovisuales, banners, Flyers, edición de fotos, videos, creadores de aplicaciones Web para computadoras y celulares, hackers y crackers, creadores de cuentas en redes sociales que le darán humanización y personalidad a cada una de ellas, y los incitadores y creadores de falsos positivos para confundir a las audiencias.

Así se conforman los equipos:
Estas son las instalaciones necesarias:
El proyecto incluye información sobre las cuentas verificadas:
        
   Para reforzar el ejército de Trolls plantean la creación de páginas web informativas, Compra de cuentas (Instagram, Twitter) con mas de 100k seguidores para convertirlas en influenciadores, Transmisión de eventos,tránsito, operativos, etc. Estarán dedicadas a cubrir noticias de diferentes ámbitos algunas con línea política pro gobierno y otras de oposición para poder llegar a este público.
  Estas son las cuentas que complementan el ejército de trolls del régimen de Nicolás Maduro. 



Destacan la importancia de los influenciadores.