viernes, 3 de enero de 2020

Narcotráfico: Ex secretario de Seguridad de México se declaró no culpable en un tribunal de Nueva York, se inicia juicio en su contra

    Durante el juicio de Joaquín 'el Chapo' Guzmán, el narcotraficante Jesús el rey Zambada dijo que le había entregado millones de dólares en sobornos para que desde su cargo protegiera los envíos del cártel de Sinaloa y ofreciera información privilegiada a los narcos para que realizaran con éxito los traslados de las drogas.

Por Maibort Petit
@Maibort Petit 
  Genaro García Luna,  ex-secretario de Seguridad Pública del gobierno del presidente mexicano Felipe Calderón, se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico que le imputa el gobierno de los Estados Unidos, en una corta audiencia que tuvo lugar este viernes en la Corte del Distrito Este de la ciudad de Nueva York.

   García Luna llegó a la sala de la jueza Peggy Kuo vestido con un uniforme de prisionero color beige y un suéter gris. Cabizbajo, y demacrado, el ex poderoso funcionario del gobierno de México se paró frente a la magistrada, quien de inmediato le leyó sus derechos. Asimismo, le informó que el gobierno de los Estados  Unidos le acusaba de cuatro cargos, tres por tráfico de cocaína y uno por mentir a las autoridades federales en su aplicación a la ciudadanía norteamericana en el 2018.

   La jueza fijó la nueva audiencia para el 21 de enero y mientras tanto permanecerá en prisión.

   La sala de la corte estuvo atestada de periodistas, agentes de la ley, su esposa Linda Cristina Pereira y sus dos hijos.

    Esta fue la segunda audiencia de García Luna  en Estados Unidos y la primera en Nueva York. Tras su arresto el 10 de diciembre de 2019, fue presentado ante el  juez federal David L. Horan en la Corte de Dallas el 12 de diciembre. En esa primera cita con la justicia, el acusado de tener vínculos con el cártel de Sinaloa, no disputó su traslado al tribunal federal de Brooklyn.

   García Luna hizo negó con la cabeza cuando la jueza le preguntó si tenía alguna duda u observación sobre su proceso. Respondió afirmativamente cuando se le cuestionó si entendía de qué trataba su juicio. 

    La Fiscalía pidió a la jueza Kuo que no aprobara la petición de la fianza porque los cargos que se le imputan a García Luna son muy serios, "recientemente viajó a México y existe un alto riesgo de fuga por la posible protección de funcionarios, exfuncionarios y miembros del Cártel de Sinaloa.", afirmó Erin Reid, fiscal federal del Distrito Este de Nueva York.

  Los fiscales sugirieron hoy que están trabajando para llegar a un acuerdo, sin necesidad de llegar a juicio. La acusación que presentó el fiscal Richard P. Donohue detalla los sobornos millonarios por los que García Luna dio paso seguro a los cargamentos de droga del cártel de Sinaloa.

   La defensa estuvo representada por el abogado público César de Castro. Los defensores privados de García Luna no pudieron estar presentes en la audiencia por motivos desconocidos para la prensa. La jueza Kuo dijo que si el acusado iba a requerir nuevamente abogados de oficio debía presentar una declaración jurada financiera ante el tribunal.

  En el juicio de Joaquín "El Chapo", Jesús Rey Zambada, hermano de "El Mayo", actual líder del cártel de Sinaloa, dijo que él mismo le entregó varias veces a nombre suyo y de su hermano, maletines a García Luna, conocido como “súper policía” por montos entre 3 y 5 millones de dólares.

  Los delitos señalados ocurriendo por más de una década, entre 2001 y 2012.

Aliados de EE. UU. en América Latina deben estar alerta ante posibles retaliaciones de grupos terroristas por la muerte de Qassem Soleimani

   La presencia de la Fuerza Quds ha sido especialmente activa en México, Cuba, Dominica, Antigua y Barbados, Surinam, Uruguay, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Brasil, Perú y el Área de la Triple-Frontera. 

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  De acuerdo al criterio del experto en Seguridad Global y analista de amenazas transnacionales, Joseph Humire, la muerte del general Qassem Soleimani es más importante que la muerte de Osama bin Laden (ex-líder de al-Qaeda) puesto que el mayor general iraní dado de baja durante un ataque de las fuerza de Estados Unidos en el aeropuerto de Bagdad el 2 de enero del 2020 era más poderoso de lo que la mayoría piensa. 
  Humire asegura que Qassem Soleimani era considerado "Un señor de la guerra iraní" que controlaba docenas de organizaciones terroristas en todo el mundo.

 El experto advierte que entre las organizaciones terroristas controladas por Qassem Soleimani se encuentran la Guardia Revolucionaria de Irán, IRGC-QF (la Fuerza Quds)  que tiene una presencia global, y es por esta razón que Humire aconseja a los aliados de los Estados Unidos incluidos y especialmente en América Latina estar en alerta ante posibles retaliaciones.  

  La presencia de la Fuerza Quds ha sido especialmente activa en México, Cuba, Dominica, Antigua y Barbados, Surinam, Uruguay, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Brasil, Perú y el Área Tri-Fronteriza, dijo el director ejecutivo deCentro para una Sociedad Libre y Segura (SFS).

  Humire sostiene que, desafortunadamente, los escenarios que ha advertido durante años se están haciendo realidad "Irán es una amenaza global y necesita ser tratado como tal", acotó.

  Explica Humire que "el modus operandi de la Fuerza Quds en el Medio Oriente,  que funciona a través de apoderado (proxy)  se ha evidenciado por los recientes ataques de Khataib Hezbollah, en Iraq, Lebanese Hezbollah (LH) en Líbano y Siria, la Houthi Rebel (HR) en Yemen, etc. Es el mismo modus operandi en América Latina y América pero la diferencia es que los representantes en la región no son Islámico: Etnocaceristas en Perú, Quebracho en Argentina, Cocaleros en Bolivia, Colectivos y Fuerza Bolivariana de Liberación (FBL) en Venezuela, todos estos grupos tienen vínculos directos con el IRGC-QF o Hezbollah". 
  Agrega el analista que en América Latina también se encuentra entre los proxys de la IRGC-QF —la Red Al Mustafa (Rabbani) en 16 países al sur de la frontera y Federación de Entidades Árabes (FEARAB) como una organización de frente sociocultural.

  Humire argumenta que en América Latina, la IRGC-QF usan la migración masiva y las movilizaciones sociales como armas, por esa razón cree que se verán más ataques asimétricos de proxy de  la "Red de amenazas de Irán" o ITN en América Latina, pero con una negación plausible mucho mayor. 

  El experto sostiene que las autoridades de los Estados Unidos deben prestar atención a las nuevas caravanas inversas que se están formando en Texas y que van en camino a México.

 La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC-QF)

  La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC-QF) está dirigida a llevar a cabo actividades de guerra e inteligencia no convencionales y son los responsable de las operaciones extraterritoriales. La unidad de Fuerza Quds apoya a actores no estatales en muchos países, incluidos el Hezbolá libanés, Hamas y la Jihad Islámica Palestina en la Franja de Gaza y Cisjordania, los hutíes yemeníes y las milicias chiítas en Irak, Siria y Afganistán.
Akram al Kaabi (izquierda) con el Comandante de las Fuerza  Qods de Irán Qassem Soleimani

   Aunque no se conoce el tamaño exacto de las Fuerzas Quds, muchos estiman que hay entre 10,000 y 20,000 miembros distribuidos en varios países. La Fuerza Quds están dirigidas desde el más alto nivel del régimen iraní, informan directamente al Líder Supremo de Irán, Ayatollah Khamenei y fueron comandadas por el mayor general Qassem Soleimani hasta su asesinato por un ataque con aviones no tripulados de Estados Unidos en el aeropuerto internacional de Bagdad el 3 de enero de 2020.
   El régimen iraní designó al general de brigada Esmail Ghaani como comandante de la Fuerza Quds el mismo día que Soleimani fue asesinado.







jueves, 2 de enero de 2020

Rafael Ramírez logra un fallo a su favor en tribunal de EE. UU.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  El ex ministro venezolano de Petróleo, Rafael Ramírez, consiguió que un tribunal en Estados Unidos le otorgara un fallo a su favor que le permite revertir un veredicto de la Corte Federal de Houston que le obligaba a pagar $1.4 mil millones por una demanda de fraude presentada por las empresas Harvest Natural Resources Inc y HNR Energie BV.

  Harvest acusó a Rafael Ramírez y a otros de haber intentado cobrar un soborno de 10 millones de dólares para aprobar una transacción para que la empresa pudiese vender sus activos en Venezuela desde 2012. Los demandantes aseguraron que Ramírez y sus asociados había obstaculizado las diligencias para que  la compañía concluyera la venta, lo que le llevó a perder $ 472 millones apróximadamente.

  En junio de 2019, Ramírez  había solicitado al tribunal de Houston que revocara el veredicto de incumplimiento del millonario pago ordenado por el juez. 

  El principal alegato que presentó Ramírez frente al juez es que Harvest Natural Resources Inc y HNR Energia BV no le notificaron adecuadamente la demanda, por lo que su incumplimiento "no fue intencional".

  Ramírez dijo en los documentos presentados por el abogado Abbe Lowell, de Winston & Strawn que está residenciado en Europa, "fuera de la vista del público" y que estar en el extranjero le ha traído problemas por lo que no pudo abordar su defensa en el caso en el tiempo requerido. 

  El incumplimiento de Ramírez condujo a que el juez federal de Distrito, Lee Rosenthal emitiera un fallo predeterminado el 13 de febrero de 2019  en contra del expresidente de PDVSA, por no haber impugnado las afirmaciones de Harvest Natural Resources sobre su conducta fraudulenta.

  El ex funcionario de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro —quien ha sido acusado por el mismo gobierno de Venezuela de generar pérdidas de 4,8 millones dólares en PDVSA— pidió ante el juez estadounidense a tener la oportunidad de defenderse en la corte.

  La magistrada Rosenthal aprobó la solicitud hecha por Ramírez para anular juicio final en su contra, decidió con lo cual el caso regresa a los tribunales para ser disputado por las dos partes. 

La orden fue otorgada el 6 de diciembre de 2019.

  Los documentos federales del caso señalan que Ramírez, a través de terceros, solicitó a Harvest sobornos de 10 millones de dólares para permitir que la compañía vendiera sus activos desde 2012. 

  Harvest alegó que la política fraudulenta usada por Ramírez condujo a pérdidas de unos 472 millones. 

   El supuesto enviado de Ramírez para exigir las coimas habría sido Juan García Mendoza y sus empresas, entre otros, por supuestamente haberle exigido USD 10 millones para que el gobierno venezolano autorizara la venta de sus activos en el país.

  Los demandantes alegan que tuvieron que enfrentar múltiples obstáculos para vender su participación accionaria en la empresa mixta Petrodelta que mantenían en sociedad con la Corporación Venezolana del Petróleo S.A. conformada el 11 de septiembre de 2007.

  Los propietarios de las empresas sostiene que, los supuestos intentos de extorsión de que habrían sido objeto por parte de funcionarios gubernamentales y representantes de estos para que accedieran a pagar un soborno de USD 10 millones,  eran a cambio que la alta directiva de PDVSA y el Ministerio de Energía y Petróleo dieran el visto bueno y aprobación a la venta de sus activos en el país. 

  La ley venezolana exige la autorización del despacho del Ejecutivo Nacional a los accionistas privados en empresas mixtas que quieran vender sus papeles a un tercero. 

Harvest exigió ser resarcida en tres veces el valor de lo perdido por las acciones de los demandados. Argumenta que en los años 2013 y 2014, inició sendos procesos de venta de sus activos en Venezuela, la primera vez por USD 725 millones y la segunda por USD 400, pero en razón de las obstrucciones de los acusados y de su insistencia en cobrar sobornos, Harvest perdió estas dos buenas oportunidades y terminó vendiendo por USD 255, lo que significó una pérdida de USD 470 millones.

Conoce cómo el régimen de Maduro forma su "ejército de trolls" para controlar y manipular a la opinión pública

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

   Con reglas estratégicas agrupadas en el Proyecto de Formación de Trolls para crear un poderoso ejército que busca enfrentar la supuesta "guerra mediática", el régimen de Nicolás Maduro establece las líneas maestras para manejar, manipular y controlar a través de las redes sociales a la opinión pública nacional e internacional, y abortar o neutralizar, cualquier intento de difundir o generar una narrativa diferente a la impuesta por la revolución en las últimas dos décadas.
     El proyecto para la creación del Ejército de Trolls forma parte de las herramientas usadas por el régimen venezolano en el marco de la llamada guerra asimétrica para el control de la opinión pública.

Conformación del ejército digital y sus componentes
  
   Para la conformación del Ejército Digital -base de operaciones- tiene varios componentes que están conformados por personas que tendrán, (cada una) a su disposición 23 cuentas en las principales redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube y Google. 
   Cada persona que forma parte de la Escuadra debe crear 5 cuentas de Instagram, 5 de Facebook, 10 cuentas de Twitter, 1 de Youtube, 1 de Google y una de WhatsApp que suman 23 cuentas. 10 personas constituyen un Pelotón que suman 230 cuentas en las principales redes. Así, 50 personas suman 1.150 cuentas que conforman el componente Compañía, 100 personas conforman 2300, Batallón y las Brigadas que están compuestas por 500 personas que agrupan 11.500 cuentas.

Escuadras
   A su vez las Escuadras tendrán las siguientes responsabilidades: Prensa, diseño, sistemas, incubadores, ataques (Flames), creadores de contenidos informativos, notas de prensa, artículos y publicaciones, contenidos audiovisuales, banners, Flyers, edición de fotos, videos, creadores de aplicaciones Web para computadoras y celulares, hackers y crackers, creadores de cuentas en redes sociales que le darán humanización y personalidad a cada una de ellas, y los incitadores y creadores de falsos positivos para confundir a las audiencias.

Así se conforman los equipos:
Estas son las instalaciones necesarias:
El proyecto incluye información sobre las cuentas verificadas:
        
   Para reforzar el ejército de Trolls plantean la creación de páginas web informativas, Compra de cuentas (Instagram, Twitter) con mas de 100k seguidores para convertirlas en influenciadores, Transmisión de eventos,tránsito, operativos, etc. Estarán dedicadas a cubrir noticias de diferentes ámbitos algunas con línea política pro gobierno y otras de oposición para poder llegar a este público.
  Estas son las cuentas que complementan el ejército de trolls del régimen de Nicolás Maduro. 



Destacan la importancia de los influenciadores.


lunes, 23 de diciembre de 2019

Comisionado para la ONU deja en evidencia la catástrofe ocasionada por el Arco Minero

  Un informe sobre la situación del Arco Minero y la emergencia humanitaria en Venezuela elaborado por el Comisionado para la Organización de las Naciones Unidas en noviembre 2019, revela el caótico estado y la devastación que las actividades mineras —legales e ilegales— allí  desarrolladas, han ocasionado.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Daños ecológicos, perjuicios a la salud, deterioro del patrimonio natural y cultural, alta criminalidad, son sólo algunas de las consecuencias que han causado las actividades de minería que de manera legal e ilegal se desarrollan en los territorios que comprende el Arco Minero, las cuales se han constituido en un mecanismo de financiamiento del gobierno de Nicolás Maduro.
   Así lo determinó en noviembre de 2019 el Comisionado para la Organización de las Naciones Unidas en su “Informe sobre la situación del Arco Minero y la emergencia humanitaria compleja en Venezuela” que a continuación presentamos.

    El reporte recuerda que en el año 2011, el expresidente de la república, Hugo Chávez, anunció la creación del Arco Minero del Orinoco, al cual incluyó en el Plan de la Patria para el período presidencial 2013-2019 con el objetivo inicial de nacionalizar la explotación y exportación de metales y no metales, un fin que, se subraya, ha devenido en grandes fallas de regulación.

   Se informa que el Arco Minero del Orinoco es una zona que abarca el 12 por ciento del territorio venezolano con alrededor de 111.846 km2 contentivos de un estimado de 700 toneladas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro y bauxita, además de la presencia de depósitos de materiales radiactivos y no metálicos de alto valor, como el torio y el uranio, lo que ha levantado el interés de ciertos países se han involucrado en su extracción en procura de su propio beneficio[1]. Se destaca en el reporte que la actividad de estos países cuenta con el amparo del régimen de Nicolás Maduro, manteniéndose gran hermetismo con relación a los detalles de la misma.
     Indica el informe que el 24 de febrero de 2016, por disposición de Nicolás Maduro se creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco, con el objetivo de acceder a divisas por medio de la explotación de yacimientos de materia prima distintas al petróleo —principal fuente de ingresos— una decisión adoptada en razón a la dependencia a la fluctuación de sus precios en el mercado internacional[2].  Apunta el mal manejo de la economía venezolana y la corrupción imperante, lo cual ha ocasionado la disminución en la producción nacional y obliga a encontrar nuevos medios de ingresos que permitan mantener las existentes estructuras de poder.

    En tal sentido, el informe del Comisionado para la Organización de las Naciones Unidas destaca que la explotación del Arco Minero es una alternativa para la consolidación económica y el empoderamiento político de Nicolás Maduro, afectado por el déficit económico y las sanciones internacionales en su contra. Para hacer uso institucional de los recursos, el gobierno se vale del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico (MPPDME), entidad que recientemente formalizó la explotación rusa a través de un Fondo Rotatorio Minero por USD 17,8 millones con la excusa de hacer frente a la guerra económica, en marzo de 2019[3].

    Un hecho relevante a que hace referencia el informe es que 91 por ciento del oro venezolano se produce ilegalmente, lo que se erige como el mayor índice de cualquier país de Latinoamérica, encontrándose zonas de explotación de materia prima que cuentan con la presencia de grupos armados y criminales, los cuales cuentan con el amparo de la corrupción del Estado. La actividad va más allá de la explotación de recursos naturales al abarcar el tráfico de estos a través de Colombia y las Islas del Caribe con el apoyo de militares venezolanos. Esto causa inestabilidad regional y afianza la mafia estatal que enriquece a grupos irregulares e incrementa la migración por causa de la violencia[4]. 

   El reporte advierte de la ausencia de planificación en las actividades de exploración profunda del Arco Minero en materia de medidas de seguridad para el medio ambiente, como tampoco existen evidencias de que se realicen estudios técnicos dirigidos a desarrollar una adecuada explotación. Como consecuencia de esto es una zona con problemas de contaminación, desforestación, degradación ambiental del bioma de Amazonas, explotación de comunidades indígenas y epidemias de salud.

Sobre la explotación minera

    Seguidamente el reporte hace referencia a la explotación minera y dentro de esta exposición hace mención, en primer término, al hecho de que Venezuela cuente con las mayores reservas naturales en oro, diamantes y níquel, así como de otros minerales de interés. Entre estos últimos, tenemos que Venezuela es la quinta reserva mundial de torio[5],  mientras que de coltán y uranio, no existe cuantificación pública formulada por organismos oficiales en razón de la gran explotación ilegal del mismo, la cual se hace al amparo del régimen. 

   Al coltán se le conoce como “oro azul” y su uso es fundamental en la industria electrónica. Se encuentra colocalizado con el uranio[6]. En el arco Minero, se encuentra concentrado mayormente en las zonas 1 y 4. La explotación de este mineral es rentable y el control de sus reservas es estratégico para los países que lo poseen, otorgándoles gran poder geopolítico a nivel mundial. Se apunta que el coltán venezolano tiene alta concentración de tantalita, lo que lo convierte en extremadamente valioso, alrededor de USD 400.000 la tonelada. En 2009, el entonces presidente Hugo Chávez anunció la existencia de alrededor de USD 100.000 millones en reservas de coltán, pero nunca se publicaron cifras oficiales de las reservas naturales. Ha habido denuncias de contrabando de coltán de alrededor de 5 toneladas de este mineral venezolano decomisadas en Italia.

    Se explica en el informe del Comisionado para Naciones Unidas que el Torio es una sustancia radioactiva que se utiliza para la generación de energía, encontrándose colocalizado con el uranio, pero es más más seguro y limpio que esté al no producir desechos radioactivos como el plutonio, ni causa accidentes radioactivos. Se cree que las reservas venezolanas de torio podrían proporcionar energía a reactores durante unos 300 años, tal como lo indican estudios de la Sociedad Nuclear de Venezuela (SNV).  Para China, el torio es necesario para terminar de construir sus plantas de energía de última generación. La mayor concentración de Torio está ubicada en Amazonas, zona declarada como Área Bajo Régimen Ambiental Especial.

   Luego, el reporte se refiere a la infraestructura y se remite al Plan Minero 2019-2025, anunciado por Nicolás Maduro con una proyección de ingresos de USD 37.000 millones o 33.000 millones de euros[7]. Se advierte que Venezuela no cuenta con la infraestructura que le permitan dar un manejo adecuado a los compuestos radioactivos y sus ingresos provienen de su venta a terceros que cuenten con la capacidad nuclear para manipularlos. Alertan que la minería ilegal se extiende por el Arco Minero del Orinoco a través de los estados Amazonas, Zulia, Cojedes, Carabobo, Mérida, Táchira, Trujillo, Aragua y Barinas.

   Se explica que en cada zona del país y dependiendo del material que se vaya a extraer, se utilizan diversos métodos de extracción cada uno de ellos con sus propios requerimientos en maquinarias específicas y generando una huella geográfica única. La extracción legal cuenta con mayores equipamientos y el impacto de sus actividades en el largo plazo y dar respuesta está más controlado. El asunto es que siendo las operaciones ilegales las que más se producen, carecen de la infraestructura adecuada para la actividad.

   El reporte agrega en este sentido, que cuando Venezuela oficializó las operaciones en el Arco Minero no se abrieron licitaciones públicas, sino que se procedió a la adjudicación de los contratos de manera arbitraria, no contando muchas de las empresas beneficiadas con los registros necesarios para trabajar con el Estado y sin que tampoco la minería sea una de sus especialidades

   A manera de información, se indica que la minería aluvial requiere equipos en el agua, mientras que la excavación genera residuos de tierra en la locación del túnel y la minería a cielo abierto requiere de deforestación, por lo que puede ser detectada con el uso de satélites. Precisa que la molienda es más difícil de detectar en razón de que su equipamiento frecuentemente se oculta.

   En cuanto a producción, el informe del Comisionado de la ONU asegura que con el objetivo de legitimar la producción de oro, Nicolás Maduro instaló 54 nuevas plantas en el Arco Minero a finales del año 2018, para lo cual contó con financiamiento público y privado.

   Dichas plantas se encuentran ubicadas en todo el territorio con el objeto de a aumentar la productividad, pero sus locaciones legales son desconocidas, teniéndose conocimiento solamente de la primera inaugurada en noviembre de 2018 con capacidad inicial de 45 kilos mensuales de oro, con expectativa de crecimiento de hasta 90 kilos para el mes de junio. El ingreso promedio de la planta se estima en USD 11.2 millones.
  La primera planta de concentración de coltán fue instalada en octubre de 2018, constituyéndose en la que tiene la mayor producción de Latinoamérica con 160 toneladas y una inversión de USD 3.5 millones, aunque se sospecha que esta no es su verdadera capacidad de producción ni la verdadera relación entre inversión y ganancias.

   En marzo de 2019, el gobierno de Nicolás Maduro anunció la alianza de 154 grupos de minería artesanal con Palestina y en abril de 2019, Rusia reveló su inversión en la producción de Níquel en el Estado Aragua.

   Por otra parte, el informe da a conocer que en Venezuela hay unos 250.000 mineros de pequeña escala —tanto nacionales como provenientes de Brasil y Colombia— quienes laboran de manera legal  e ilegal. 

   El comisionado de la ONU alerta que muchas de las minas están controladas, bien por grupos armados irregulares o por la misma Fuerza Armada Nacional.

  Indica que siendo la población indígena venezolana de unas 724.592 personas, lo que representa un 2.8 por ciento de la población. Estos residen en las zonas donde se practica la minería, estando muchos de ellos involucrados en la actividad.

Minas de oro para los gobernadores

   El 15 de octubre de 2019 —continúa el informe del comisionado para la ONU— Nicolás Maduro anunció la asignación de una mina de oro a cada gobernador de estado para su manejo y como mecanismo para generar recursos financieros. “Voy a proceder a entregar una mina de oro en pleno proceso productivo, en plena capacidad productiva, a cada gobernación”, dijo el mandatario.

   Según Maduro, los gobernadores dispondrían “de inmediato” de los recursos provenientes de los yacimientos que invertirían en las “tantas necesidades” de sus estados y, de este modo, poder sortear el “bloqueo” económico dispuesto por Estados Unidos. Eso sí, advirtió que únicamente los gobernadores del oficialismo recibirían la asignación, pues en el caso de los opositores el yacimiento se le entregaría a una “corporación de protección social”, designada por su gobierno.

   De acuerdo a lo expuesto por Maduro, la iniciativa forma parte del “proceso de reorganización del Plan Minero Tricolor” y de la reorganización de “la inversión extranjera internacional que ha llegado y está llegando para producir oro, para producir coltán, para producir diamantes, etcétera, en el Arco Minero del Orinoco”[8].

  Tal asignación contradeciría lo establecido en la Constitución, la cual estipula que “el régimen y administración de las minas e hidrocarburos, el régimen de las tierras baldías, y la conservación, fomento y aprovechamiento de los bosques, suelos, aguas y otras riquezas naturales del país”, es de competencia del Poder Público Nacional[9].    

  Actores externos y operadores internacionales comerciales del Arco Minero

  El capítulo siguiente del informe del Comisionado de la Organización de Naciones Unidas está referido a los actores externos que intervienen en el Arco Minero, así como también a los operadores internacionales.

  Destaca el reporte la existencia de permisibilidad y la flexibilidad legal en Venezuela en materia de explotación de minerales, hecho este que se ha convertido en un atractivo para quienes aspiran involucrarse, legal o ilegalmente, en la minería.
   En razón de esto el comisionado alerta que en la medida en la que Venezuela mantenga los niveles de inestabilidad que ahora exhibe, otros países tendrán mayor capacidad de influir en el país. Indica que las sanciones económicas han derivado en que Venezuela haya aumentado su intercambio comercial con Rusia, China, Vietnam e India. Igualmente agrega que en el corto plazo se estima que aumente la minería como un mecanismo que compense la falta de ingresos lícitos por parte del régimen de Nicolás Maduro.

   El incremento se prevé, tanto por la necesidad de obtener ingresos, como por el aumento en la demanda por parte de otros países.

   De hecho, en 2017, 4 de las 10 mayores exportaciones venezolanas fueron bienes minerales, tales como el acero, oro, aluminio y cobre.

Grupos ilícitos irregulares presentes en el Arco Minero

    En la zona del Arco Minero operan un conjunto de grupos ilícitos irregulares bajo el amparo del estado venezolano, sentencia el informe del Comisionado de la ONU.

      El informe recuerda que desde el año 2000 cuando Hugo Chávez reestructuró el sector minero, grupos delincuentes comenzaron a proporcionar seguridad privada a quienes se dedicaban a la actividad. A estos grupos se les conoce como sindicatos, colectivos, pranes, bases, megabandas, entre otros, los cuales funcionan como intermediarios entre los mineros locales y las fuerzas armadas venezolanas.

   El precio de la protección equivale a 30 por ciento de los ingresos, siendo absolutamente obligatorio para los mineros hacer esta erogación. Las bandas criminales dividen l pago con los oficiales militares de la zona.
    Diversas masacres perpetradas por estas bandas se reportan, entre ellas la ocurrida en marzo de 2016, conocida como “La masacre de Tumeremo”, en el estado Bolívar, donde alrededor de 28 mineros fueron asesinados en un ataque vinculado a las fuerzas gubernamentales. La fiscal general para la fecha, Luisa Ortega Díaz, informó el hallazgo de 17 cadáveres dentro de una fosa común. El hecho se atribuyó a la banda de Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias El Topo. Asimismo, en septiembre de 2017, en una sola semana, 30 mineros murieron en enfrentamientos con tropas estatales cerca del municipio de Tumeremo.

    También en octubre de 2018 se reportó una masacre en la mina Los Candados, ubicada también en Tumeremo, en la que perdieron la vida 16 personas y 6 resultaron heridas. El informe del comisionado de la ONU indica que el ataque fue perpetrado la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo irregular que se beneficia de la minería ilegal en el Arco Minero del Orinoco, según ha afirmado el diputado Américo De Grazia. Los sobrevivientes recibieron atención médica en el hospital José Gregorio Hernández de Tumeremo[10].

   Entre agosto y septiembre de 2019, fueron reportadas más hechos irregulares en Tumeremo cuando ciudadanos locales aseguraron que se habían producido más de 400 desapariciones y, en algunos casos, ejecuciones[11].

   Desde el Observatorio Venezolano de la Violencia, se denunció que en 2018, El Callao, localidad cercana a Tumeremo, se erigió como el sitio más violento de Venezuela, al haberse producido 619,8  homicidios por cada 100.000 habitantes[12].

   El documento del Comisionado para la ONU refiere que en la zona en cuestión las mafias sindicales cumplen un rol político de control sobre la lucha de los trabajadores por sus estructuras gremiales y sus reivindicaciones, pero dados los múltiples homicidios y denuncias de corrupción en las empresas, las bandas comenzaron migraron progresivamente a las zonas mineras del sur donde pueden actuar con mayor impunidad por estar alejadas de las principales ciudades, a saber, Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar.

La guerrilla colombiana

  En este aparte, el informe hace referencia a la presencia de guerrilleros del ELN y disidentes de las FARC en las zonas mineras, donde núcleos insurgentes de estos movimientos irregulares colombianos han reclutado alrededor de 15 mil venezolanos a quienes pagan diariamente aproximadamente USD 15, a cambio de que lleven a cabo acciones ilegales en la frontera con Colombia. De este modo, estos grupos se han convertido en los mayores empleadores de la región con una oferta de salarios competitiva y atractiva en comparación con la posibilidad de obtener ingresos a través de mecanismos legales.

  En ellos reposa la responsabilidad de vender los materiales minerales a locales y revendedores, lo que promueve el contrabando hacia Colombia a mayores precios. Igualmente, se estimula el transporte no solamente de la mercancía propia, sino también de otras drogas ilícitas, a lo largo del mar Caribe.

Grupos y mafias delincuentes de Colombia

   Cita el informe que los grupos y mafias delincuentes de Colombia son entes armados surgidos a raíz de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUD), entre los cuales se encuentran los Rastrojos, Puntilleros, Bloque Libertadores de Vichada, Clan del Golfo, entre otros. Ahora son de pequeño o mediano tamaño —menos de 150 integrantes— que se enfocan en la producción de cocaína y su tráfico, aunque también se ocupan de la minería ilegal en la zona del Arco Minero del Orinoco.
Garimpeiros brasileños

   Desde 1980 operan en las zonas mineras venezolanas los mineros ilegales brasileños, habiéndose incrementado su presencia a partir de 2005.

  Por lo general —narra el informe— se establecen en campamentos temporales en el territorio amazónico y someten a la esclavitud al pueblo indígena Yanomami, contra quienes cometen actos en violación de sus derechos fundamentales.

   Los garimpeiros suelen provenir de regiones de bajos recursos y con oportunidades económicas limitadas, por lo que estiman que la explotación ilegal de minerales genera un ingreso conveniente, máxime, al contar con el aval desde estado venezolano.

Métodos de transporte y comercialización ilegal

 La institucionalización minera en Venezuela se ha visto obstaculizada por el alto porcentaje de minería ilegal y la corrupción que la caracteriza, llevando a que gran parte de los ingresos ilícitos terminen en manos de los efectivos del Estado.

   Solamente una parte del oro es procesado y la gran mayoría se comercializa como materia prima por grupos irregulares que se valen de las fronteras venezolanas como principal canal de tráfico de los minerales. 

  Entretanto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sostiene operaciones contra la minería ilegal, encabezada por la Región de Defensa Integral, pero estas acciones lucen ineficientes debido al conflicto de intereses entre las relaciones de poder y la falta de planificación estratégica para el fundamento de soluciones sostenibles a largo plazo. También influye en ello el hecho de que gran parte de las operaciones ilícitas están amparadas y asociadas a grupos militares.

El ecocidio de la amazonia venezolana

  El reporte del Comisionado para la organización de las Naciones Unidas se remite entonces a las implicaciones ecológicas que las desplegadas en la zona del Arco Minero y a la emergencia humanitaria que tales actividades han desencadenado.

   En materia de ambiente, el informe dice que el territorio del Arco Minero coinciden cinco parques nacionales, así como grupos indígenas, por lo que las malas prácticas mineras tienen consecuencias directas, tanto en él (el ambiente) como en el ecosistema y la preservación cultural de la región.

   Refiere que cuando Nicolás Maduro estableció en 2016 el Arco Minero, puso a disposición del mismo un territorio que abarca alrededor de 112.000 kilómetros cuadrados y pese a que leyes de preservación ambiental internacionales prohíben la minería en Amazonas, más de 10 mil mineros practican la actividad ilegalmente en la zona.

   Dependiendo de cada tipo de minería desarrollada, hay diversas repercusiones negativas para el entorno, como la contaminación química de la minería informal, la cual se constituye en la más peligrosa, puesto que tiene lugar sin previsión alguna ha traído como consecuencia la deforestación de 80 mil hectáreas, pérdida de la biodiversidad, contaminación del suelo y del agua. Se estima que los daños ocasionados requieren de una recuperación que puede tomar 30 años si se detiene la minería ilegal este año.

    Reza el informe que el mercurio es utilizado para la extracción de los minerales presentes en la zona y describe que, inicialmente, un motor abre paso en el agua para poder llegar al fondo del río donde se hace un hoyo para encontrar el oro y luego se aplica mercurio con el fin de extraerlo. El mercurio queda en el hoyo luego de la extracción y una vez que se quita el motor, el agua también se contamina. Se trata de una práctica prohibida en razón de que el mercurio es altamente contaminante, imposibilitando el consumo del agua de río y contaminando sus peces. Cita un estudio de la Universidad de Oriente que estableció que las comunidades Yekuana y Sanema exhiben en su organismo 40 veces más mercurio del estándar fijado por la OMS.

   También se remite a estudios que han establecido que en comunidades mineras en Las Claritas, Santo Domingo, El Manteco, El Callao, y Bajo Carón, solo 13 por ciento de las mujeres examinadas y el 32 por ciento de los niños examinados, presentaban niveles de mercurio por debajo del límite saludable.

    Otra investigación citada es la que llevó a cabo un grupo de científicos del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, la cual informó que la contaminación de estos ríos no solamente afecta al país, puesto que “todos los sedimentos y químicos producidos por la minería, desembocarían en el Océano Atlántico y el Mar Caribe a través del Delta del Orinoco y ocasionará importantes implicaciones en otros ecosistemas marino costero y oceánico […], alcanzando la región del Caribe Sur”.

    Ese estudio igualmente encontró que el Arco Minero puede influir en la intensidad de desastres ambientales. “Las evidencias demuestran que la intensidad y duración de la mayoría de los huracanes más destructivos de la historia en la región, han sido influenciados por la interacción atmósfera-océano con la descarga de los ríos Orinoco y Amazonas justo antes de llegar al Caribe. Esto implica que al generar aguas aún más cálidas debido al incremento de la descargas del río Orinoco producto de la mega minería, se generarán período de huracanes más vigorosos a los observados en los últimos meses”[13].

  Américo De Grazia, representante del estado Bolívar en la Asamblea nacional declaró que “por primera vez en su vida al Guri tienen que dragarlo por el alto contenido de sedimento por la explotación minera del oro y de los diamantes en la sede del lago, lo cual afecta las turbinas de la hidroeléctrica del Caroní”.

   El comisionado para la ONU destaca que el Arco Minero abarca el Parque Nacional Canaima, el cual es Patrimonio de la Humanidad y posee 30.000 kilómetros cuadrados con bosques y mesetas de cima plana que albergan jaguares, nutrias gigantes y osos hormigueros gigantes. También incluye a la Reserva Forestal Imataca (30.000 kilómetros cuadrados), las reservas de La Paragua y El Caura (50.000 kilómetros cuadrados), el Monumento Natural Cerro Guanay y la cuenca del río Caroní (96.000 kilómetros cuadrados).

Pueblos indígenas

   El informe resalta que la minería está prohibida en territorios indígenas, pudiendo llegar a realizarse solamente si es autorizada por los líderes tribales. Se agrega que muchas áreas de protección ambiental comprendidas en el territorio del Arco Minero son patrimonio cultural y religioso de las tribus, por lo que la actividad minera altera la vocación natural de las tierras.

   Se advierte que los nativos carecen de la capacidad de enfrentarse y poner oposición a la minería que amenaza con destruir su tierra, dado que los grupos ilícitos que las ocupan cuentan con el respaldo de grupos armados y/o efectivos militares. Unos 20 grupos étnicos se ven afectados, especialmente los Yanomami, cuya salud se ve afectada por el daño ambiental, así como su estilo de vida, a la par de que constantemente son víctimas de la violencia.

   El informe del Comisionado para la ONU se hace eco de los reportes emitidos a propósito de os eventos ocurridos el 23 de febrero de 2019, cuando la Asamblea Nacional intentó ingresar ayuda humanitaria por las fronteras terrestres de Venezuela, entre ellas, la de Brasil, ocasión en que el pueblo Pemón —originario de la zona minera— fue reprimido por 6 fuerzas militares y paramilitares que buscaban bloquear el ingreso de la ayuda humanitaria. Cinco personas de esta etnia resultaron muertas y se militarizó la zona para resguardar el negocio de la minería ilícita.

  El control de la zona por parte de los irregulares quedó en evidencia en el hecho de que las fuerzas militares se retiraron en el momento en el que los grupos armados comenzaron a actuar. Quedó demostrado que la zona es controlada por bandas armadas de minería que trabajan en conjunto con las Fuerzas Armadas y grupos terroristas como el ELN.

Los riesgos sanitarios

   Finalmente, el informe del Comisionado para la Organización de Naciones Unidas hace mención a los riesgos sanitarios que las actividades desarrolladas en el arco Minero ocasionan.

  Cita en primer término las que estima más graves, a saber el envenenamiento a causa del mercurio y las enfermedades como la malaria que, luego de haber sido erradicada internacionalmente, se ha convertido en una epidemia sin precedentes en Venezuela, asociada ésta a la degradación ambiental producida por la minería. “La malaria es una enfermedad infecciosa causada por un parásito que ocasiona severas fiebres, dolores musculares y de cabeza, y potencialmente, la muerte. Los bosques deforestados y los fosos de agua estancada son ideales para la epidemia ya que el sol calienta rápidamente el agua y como no hay sombra de los árboles se acelera el desarrollo de las larvas”[14].

   Más un millón de personas estarían afectadas por la malaria, dice el informe al tiempo que alerta que 16 millones se encuentran en riesgo de contraerla. Esto causa alarma no solo a escala nacional, sino regional en razón del éxodo de venezolanos a causa de la violencia y las precarias condiciones de dichas zonas fronterizas.

  En 2016 se reportó la transmisión de la enfermedad en 209 parroquias, distribuidas en 89 municipios pertenecientes a 17 estados del país. Destaca el caso del municipio Sifontes, donde se desarrolla la mayor parte de la actividad minera, donde se produce el 43 por ciento de todos los casos del país. Este municipio del estado Bolívar contempla el 74 por ciento de todos los casos, mientras que el estado Amazonas reporta el 10 por ciento, el estado Sucre el 9 por ciento, el estado Delta Amacuro el 4 por ciento y el estado Monagas el 2 por ciento. Estos cinco estados aportan el 89% de la malaria en Venezuela[15].  

  El reporte del comisionado se remite a lo informado por la Organización Mundial de la Salud que afirma que en 2017 se superaron los 400.000 casos de enfermos palúdicos, lo que significa el 53 por ciento del total reportado en la totalidad del continente americano[16]. 

  Otra enfermedad que se ha propagado es el sarampión, desde las zonas de minería hasta la capital y países fronterizos como Brasil, Colombia y Ecuador. Se advierte que los programas de vacunación y prevención sanitaria funcionan parcialmente o han sido suspendidos, convirtiéndose la desnutrición de la población en el foco de la reactivación de enfermedades mortales para las que no se cuenta con medicación ni atención médica adecuada.

  “Los exámenes de salud de las zonas mineras muestran que el 90% de los trabajadores de las minas se encuentran peligrosamente expuestos al mercurio, dada su constante inhalación. También se ven afectados el 87 por ciento de las mujeres y el 68 por ciento de los niños, así no trabajen en las minas, solo por estar expuestos a la contaminación en el ambiente”, establece el reporte.

   Por último, el Comisionado para la ONU refiere “la mortalidad infantil en los pueblos indígenas llega a ser 10 o 20 veces mayor al promedio nacional, al estar relacionada a cuadros de desnutrición severa, suspensión de programas de vacunación, carencia de insumos, contaminación del entorno, entre otros. Muchos indígenas recurren a la migración por las fronteras en estado de mendicidad”.

CITAS

[1] MiamiDiario. “El extraño mineral apetecido por China que tiene Venezuela”. 12 de diciembre de 2018.https://miamidiario.com/el-extrano-mineral-apetecido-por-china-que-tiene-venezuela/

[2] Mongabay Latam. Ebus, Bram. “Venezuela: militarización y minería son una mezcla peligrosa en la Amazonía”. 12 de enero de 2018. https://es.mongabay.com/2018/01/venezuela-militarizacion-mineria/

[3] Gobierno Bolivariano de Venezuela. Ministerio del Poder Popular del Desarrollo Minero Ecológico. Díaz, Martha. “Presidente Maduro creó fondo especial rotatorio para apoyar la producción minera”. 16 de mayo de 2019.  http://www.desarrollominero.gob.ve/presidente-maduro-creo-fondo-especial-rotatorio-para-apoyar-la-produccion-minera/

[4] The Global Initiative Against Transnational Organized Crime. “Organized Crime and Illegally Mined Gold in Latin America”. 30 de marzo de 2016.  https://globalinitiative.net/organized-crime-and-illegally-mined-gold-in-latin-america/

[5] RT. Actualidad RT, Reuters. Cerny, David W. “Este país latinoamericano podría albergar la quinta mayor  reserva de torio del mundo”. 27 de junio de 2017. https://actualidad.rt.com/actualidad/242620-venezuela-podria-quinto-lugar-mundial-reservas-torio

[6] KonZapata. Avellaneda, Juan Antonio. “El coltán de Venezuela es un factor de la lucha geopolítica de las potencias”. 15 de abril de 2019. https://konzapata.com/noticia/71550/kolumnistas/el-coltan-de-venezuela-es-un-factor-de-la-lucha-geopolitica-de-las-potencias.html

[7] Gobierno bolivariano de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico.   Depablos,Karina. Plan Nacional  Minero  2019-2025 jalona recuperación productiva del país. 10 de junio de 2019. http://www.desarrollominero.gob.ve/plan-nacional-minero-2019-2025-jalona-recuperacion-productiva-del-pais/

[8] Efecto Cocuyo. “Maduro asignará una mina de oro a cada  gobernación chavista”. 15 de octubre de 2019. https://efectococuyo.com/politica/maduro-asignara-una-mina-de-oro-a-cada-gobernacion-chavista/

[9] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 156, numeral 16.

[10] El Nacional. “Masacre en minas de Tumeremo dejó aproximadamente 16 muertos y 6 heridos”. 16 de octubre de 2018. https://www.elnacional.com/venezuela/sucesos/masacre-minas-tumeremo-dejo-aproximadamente-muertos-heridos_255935/

[11] Correo del Caroní. Siverio, Jhoalys. “Protestan contra cierre  de minas en Tumeremo por orden del comandante del Ejército acusado de desapariciones”. 15 de septiembre de 2019. https://www.correodelcaroni.com/index.php/ciudad/region/3003-protestan-contra-cierre-de-minas-en-tumeremo-por-orden-del-comandante-del-ejercito-acusado-de-desapariciones

[12] Miami Herald. Montiel,  A & Benezra,  J.  “Gold mining may be all that’s keeping Venezuela in business. Organized crime runs it”. 23  de  julio de  2019. https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/venezuela/article232672327.html

[13] Universidad Monte Ávila. Hernández, G. “Arco Minero: El pulmón del país tiene cáncer por la minería”. 20 de mayo de 2019. http://uma.edu.ve/periodico/2019/05/20/arco-minero-ecocidio/

[14] El Espectador. Ebus, Bram. “La malaria invade las minas de Venezuela”. 17 de enero de 2018. https://www.elespectador.com/noticias/salud/la-malaria-invade-las-minas-de-venezuela-articulo-733871

[15] Cendes. UCV. Observatorio Venezolano de la Salud. “Pronunciamiento ante la grave epidemia de Malaria  en Venezuela. Carta Abierta al Ciudadano Luis López, Ministro del Poder Popular para  la Salud de la República Bolivariana  de Venezuela”. https://www.ovsalud.org/publicaciones/salud/epidemia-malaria-venezuela/

[16] El País. “Venezuela sufre el mayor aumento de casos de malaria del mundo”. 16 de abril de 2019.  https://elpais.com/elpais/2019/04/16/planeta_futuro/1555402255_653709.html

viernes, 20 de diciembre de 2019

La corrupción en los planes de alimentación venezolanos: Un asunto de vieja data en el chavismo

  El caso de la demanda de la empresa estadounidense Dexton Validsa Inc. contra de PDVSA Services Inc. y Bariven S.A., sirve para ilustrar la manera irregular como se desarrollan los diversos programas de alimentación que el chavismo ha desarrollado desde la llegada al poder en 1998.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
   Los escándalos por corrupción en los programas de alimentación emprendidos por el gobierno, no se circunscriben únicamente al surgido en torno al Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap) y las supuestas negociaciones irregulares establecidas entre la administración de Nicolás Maduro y los empresarios Alex Saab y Álvaro Pulido encargados de proveer la comida que se distribuye entre la población venezolana; tampoco a la alarma que se encendió cuando un trabajo periodístico descubrió que diputados de oposición se encargaban, presuntamente, de limpiar la imagen de empresarios corruptos beneficiados con divisas preferenciales para la compra de alimentos; ni hablar del caso de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval), de ingrata recordación para la población que lo denominó popularmente como “Pudreval”, pues supuso la compra de miles toneladas alimentos que terminaron podridos sin que se castigara a los culpables.

  También sería un grave error pensar que estos entramados de corrupción se han limitado solo al actual gobierno, pues desde el inicio de la gestión oficialista, en tiempos en que Hugo Chávez Frías detentaba la presidencia de la república, la corrupción ha sido la impronta que ha caracterizado a estos programas sociales.

  En esta entrega recordamos uno más de estos casos, el cual terminó dirimiéndose en las cortes de los Estados Unidos, relativo a negociaciones irregulares, supuesto cobro de comisiones y todo un entramado de corrupción surgido alrededor de los contratos suscritos entre entes estatales, —en este caso Petróleos de Venezuela S.A. y dos sus filiales— que en lugar de haber satisfecho el hambre de los venezolanos, sólo habrían servido para el enriquecimiento ilícito de unos pocos.

   A continuación presentamos los detalles del caso de la demanda emprendida en EE. UU. por la empresa Dexton Validsa Inc. en contra PDVSA Services Inc. (PSI) y Bariven S.A.

El caso y otras implicaciones

  Los propietarios de Dexton Validsa Inc., una corporación registrada en el estado de la Florida acusaron al gobierno venezolano de haberles cancelado un contrato por USD 194 millones, al haberse negado a pagar un soborno de USD 2 millones como garantía de que dicha negociación no sería suprimida[1]. 

    Los dueños de la firma, los venezolanos Tomás González y Pablo Cárdenas radicados en el sur de la Florida, demandaron en la Corte del Distrito Sur de la Florida, en Miami, a PSI y a Bariven por cancelar los cinco contratos que mantenían para el suministro de carne de res, pollo y azúcar refinada que serían destinados al programa alimenticio del gobierno venezolano.

   Ante la escasez de alimentos en Venezuela, en noviembre de 2007, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) encargó a Bariven comprar de grandes cantidades de alimentos en el mercado internacional y la filial encomendó a PDVSA Services diligenciar las adquisiciones y fue así que se encontró con Validsa, empresa que ofertó los precios más bajos para varias de las compras. Las órdenes de compra emitidas por PSI en nombre Bariven a Validsa se convirtieron en la base de los contratos de los que habla la demanda.

   A saber, en noviembre de 2007, PSI y Bariven otorgaron ocho contratos por aproximadamente USD 66 millones a Validsa, de los cuales tres, el Nº 326 para carne de res; el Nº 368 para pollo; y Nº 405 para carne de res fueron cuestionados en el tribunal de distrito.

  En marzo de 2008, PSI y Bariven adjudicaron a Validsa dos contratos más, el Nº 632 por 100.000 toneladas métricas de azúcar a USD 446.92 por tonelada, para un total de USD 44.692.000 de los cuales el 30 por ciento, equivalente a USD 13.407.,600 fue pagado por adelantado por Bariven; y el Nº 757 por 24 mil toneladas métricas de carne de res a USD 4.329,58 por tonelada, para un total de USD 103.929.920, de los cuales el 30 por ciento, es decir USD 31.172.976 fueron pagados por adelantado. Por lo tanto, los anticipos de Bariven y PSI sumaron en marzo de 2008 la cantidad de USD 44.580 millones a Validsa en compras totales de casi USD 150 millones. La demanda señala que Validsa estaba obligada a que las compañías de seguros emitieran bonos de desempeño a favor de PSI para asegurar los pagos anticipados en caso de que la primera incumpliera el contrato 632 o 757. En virtud de los contratos, los anticipos del 30 por ciento debían reducirse con el tiempo.

   Los contratos de marzo de 2008, a saber 632 y 757, debían despacharse en cuotas y Bariven debía pagar el 70 por ciento del precio de la instalación dentro de un cierto período después de cada entrega. Los anticipos, por lo tanto, constituyeron el otro 30 por ciento del pago de cada cuota y no se retirarían por completo hasta que se entregara y pagara la última cuota. En general, Validsa y otros proveedores proporcionarían a PSI cronogramas de entrega que establecían cuándo y cómo se realizarían las entregas futuras.

  Para cumplir con estos contratos, Validsa negoció con sus proveedores Pacific Atlantic Trading Company y Quatro Marcos Ltd., USD 29.500.000 por 100 mil toneladas métricas de azúcar y USD 87.600.000 por 24 mil toneladas métricas de carne de res, respectivamente.

El soborno

   Según los demandantes la petición de sobornos se formuló en varias ocasiones, ocurriendo la última de ellas en Miami el 27 de marzo del 2008 en el restaurante Houston, de Coral Gables, oportunidad en que también los empresarios recibieron un correo electrónico de parte de Bariven en el que les advertían que "no había cumplido completamente con los envíos bajo el contrato firmado en el 2007''. El soborno habría sido exigido a través de Juan Carlos Chourio, presunto emisario de la filial venezolana encargada de las compras internacionales en la estatal petrolera (PSI actúa en su presentación en Estados Unidos), quien se presentó como enviado de George Kabboul, presidente de Bariven S.A. y de PSI. También habría alegado ser “cercano confidente” de Luis Hernández, quien fungía como jefe de operaciones de Bariven en Brasil. Estos —Kabboul y Hernández— le habrían encomendado la tarea de exigir el pago de la comisión a Dexton Validsa Inc.

     González y Cárdenas explicaron en la demanda que Chourio, en abril de 2008, en un encuentro ocurrido en el Hotel Gran Meliá de Sao Paulo donde estaban en negociaciones con su proveedor de alimentos Quatro Marcos, les dijo que los contratos iban a ser cancelados ante la negativa a pagar la coima, lo cual finalmente sucedió el 8 de abril de 2008.

    Dexton Validsa mantenía un cronograma de suministros parciales de los alimentos a Bariven, por lo cual había recibido un adelanto de USD 44,5 millones. La defensa sostuvo que la empresa de la Florida tuvo varios retrasos en las entregas y que no se concretó ninguna remisión de los alimentos a Venezuela hasta el 12 de junio de 2008, cuando se iniciaron las acciones legales con las empresas venezolanas.

  George Kabboul aseguró que no había recibido ningún tipo de pago relacionado con el contrato y negó conocer a Chourio, pero luego reconoció saber que este último mantiene una relación familiar con Eusebio Sabate, para la fecha, segundo a bordo de Bariven. Igualmente admitió que lo había mandado investigar por parte de la Gerencia de Prevención y Control de Pérdidas de PDVSA. Los abogados de Kabboul informaron que ambos —su representado y Chourio— viajaron en el mismo avión a Brasil y se hospedaron en el mismo hotel en Sao Paulo en abril de 2008.

  Según los demandantes, George Kabboul habría —después de suspendido el contrato— ordenado negociar con Dexton Validsa a “precios significativamente más altos”.

  El caso también revela la activa participación de cubanos en las negociaciones de PDVSA para la compra de alimentos en mercados internacionales. Se menciona a Alimport, Surimpex o Cuba Control, aunque estas no están incluidas en la demanda. De acuerdo a declaraciones de Luis Hernández, Kabboul ordenó la participación de técnicos cubanos como asesores e inspectores de todas compras realizadas por PDVSA en Brasil.

   Se advertía entonces que PDVSA podría enfrentar demandas por unos USD 200 millones si prosperaban reclamos introducidos en tribunales federales de Miami en los que, igualmente, se acusaban sus suspensiones de contratos de alimentos[2].

Las comunicaciones

  Refiere la demanda que en fecha 15 de abril de 2008, Validsa recibió una cadena de correo electrónico de Paolo Rivas, un empleado de PSI en la cual se incluía un correo electrónico del 8 de abril de 2008 de Rafael Rosales, abogado interno de Bariven, el cual tenía la intención de ser una comunicación interna a los empleados de PSI y Bariven que, inadvertidamente, fue enviado a Validsa.

  El correo decía: “Siguiendo las instrucciones del Sr. Georges Kabboul, con vigencia inmediata, se le indica que cancele [Orden de compra] 757. Del mismo modo, solicitamos la situación actual de la demora de los pollos que también se compraron a esta compañía, en cualquier caso, se le indica que suspenda cualquier pago si hay alguno. Por parte de nuestro bufete de abogados, solicitamos la documentación que muestra los problemas sobre la falta de entrega de pollos”.

  En esta cadena otro mensaje indicaba: “De acuerdo con las instrucciones del Sr. Georges Kabboul, proceda a cancelar la Orden de compra No. 5100061757 [Contrato 757] por 2400 [sic] TM de carne de res colocada en Empresa [Compañía] Dexton. . . Asimismo, se instruye que se suspenda cualquier pago pendiente a dicha empresa”.

  Hasta ese momento, Validsa no había entregado carne de res bajo el contrato 757 ni azúcar bajo el contrato 632. Se dice en la demanda que según, Bariven y PSI, Rosales envió los correos electrónicos después de las reuniones en Brasil con un proveedor que expresó su preocupación por el desempeño de Validsa en virtud de algunos de los contratos de noviembre de 2007 para pollo. Entre el 8 de abril y el 15 de abril, nadie de Bariven o PSI informó a Validsa que Bariven o PSI tenían la intención de cancelar el contrato Nº 757, y las compañías lo hicieron.

   El 17 de abril de 2008, el director de Validsa, González, envió una carta a la PSI solicitando "inmediatamente una explicación por escrito de la situación que se presenta en este correo electrónico [de Rosales]" y "exigiendo una respuesta inmediata a esta situación".

  Kabboul acordó reunirse con González y este encuentro se produjo el 29 de abril de 2008 cuando discutieron el estado de más de 1.275 toneladas métricas de pollo aún sin entregar bajo los contratos de noviembre de 2007 y cómo se procedería bajo los contratos de marzo de 2008. Kabboul propuso usar el dinero por adelantado como pago por los primeros USD 44 millones en entregas bajo los contratos de marzo de 2008, y luego usar cartas de crédito para las entregas restantes. No hubo acuerdo y Kabboul solicitó una reunión de seguimiento el 2 de mayo. Validsa aceptó pero no llegó a concretarse.

   El 9 de mayo, el abogado de Validsa le remitió a Kabboul una carta pidiendo garantías adecuadas de desempeño dentro de los cinco días. PSI respondió el 16 de mayo de 2008: “[Hemos] [informado] a su empresa varias veces que [] Validsa no tenía la intención de ser el destinatario de [] [las comunicaciones internas contenidas en el correo electrónico de la Sra. Rivas del 15 de abril], por lo que no deberían [haber sido] tomado en consideración. Por esa razón, nos resulta muy difícil entender cómo su empresa incluso lleva el problema a una comunicación legal previa a la reclamación”.

  El 22 de mayo, Validsa envió otra carta a PSI lamentando la falta de respuesta concreta a la queja y pidiéndole que "normalice los pagos atrasados" en los contratos. PSI no respondió directamente a esta carta, sino que envió un nuevo borrador de acuerdo a Validsa el 3 de junio.

   Este borrador del acuerdo se adjuntó a un correo electrónico a Validsa de Alfonzo Gravina, Gerente de Compras de PSI con el encabezado que rezaba: "Proyecto sin valor legal o comercial”, el cual establecía que "[t] Las Partes se comprometen a cumplir con todas y cada una de las obligaciones recíprocas derivadas de las Órdenes de Compra con respecto a los montos que se entregarán después del ‘acuerdo sobre estos nuevos términos’”.

  El borrador contenía también un nuevo cronograma de entrega, una cláusula de selección de foro y la designación de PSI como la parte responsable del pago de las deudas con Validsa.

  El tribunal otorgó la moción de los demandantes para que se produjera un juicio sumario parcial en cuanto a responsabilidad contra los acusados. Además, se desestimaron todas la contrademandas de Bariven, acción que esta estimó adolecía de perjuicios. Se negó la demanda de PSI para la moción de juicio sumario. También se negó la moción de Bariven  para un Juicio Sumario Parcial. Se programó el juicio por daños debidos al demandante por orden separada.

La sentencia a la demanda de apelación

Con fecha 21 de abril de 2011 quedó archivado en el Undécimo Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos el caso distinguido con el número Nº 10-11209; 10-11251 perteneciente al legajo Nº 1: 08-cv-21682-JLK, relativo a una apelación a la sentencia dictada en la demanda interpuesta por Validsa Inc. contra PDVSA Services (PSI) Inc. y Bariven S.A.[3].

  El tribunal encontró que el tribunal de distrito había errado al concluir que PDVSA Services (PSI) era individualmente responsable ante Dexton Validsa Inc. en virtud de los contratos, por lo que se revocó la sentencia emitida y se reenvió la entrada del fallo en favor del acusado PSI sobre los reclamos de Validsa contra PSI individualmente.
     En cuanto a los reclamos por daños de Validsa contra Bariven en virtud de los contratos de noviembre de 2007, identificados con los números 326, 368 y 405, y la primera entrega entregada del contrato 757, la Corte de Apelaciones confirmó las decisiones del tribunal de distrito en cuanto a intereses de prejuicio y compensación.

     Sobre los contratos 632 y 757, la Corte de Apelaciones confirmó las sentencias del tribunal de distrito de que, por ley, Validsa tenía motivos razonables para la inseguridad y su solicitud de garantías adecuadas. “Sin embargo, revocamos la decisión del tribunal de distrito de que, como cuestión de derecho, el acusado Bariven (a sí mismo o a través de su agente PSI) no dio garantías adecuadas de desempeño, y lo remitió al tribunal de distrito para un juicio en cuanto a si Bariven (sí mismo o a través de su agente PSI) proporcionó garantías adecuadas. Debido a que esta cuestión de hecho regirá si Bariven incumplió anticipadamente los contratos 632 y 757, revocamos la desestimación por parte de la corte de distrito de los numerales I, II, V y VI de las contrademandas de Bariven con respecto a los contratos 632 y 757, que se basó en la sentencia sumaria del tribunal de distrito que Bariven violó esos contratos como una cuestión de derecho”.

    La corte confirmó la desestimación por parte de la corte de distrito de los numerales III, IV y VII de las contrademandas de Bariven, ya que esas desestimaciones se basaron en otros motivos además del incumplimiento de la conclusión del contrato.

    En razón de la corte remitió a un juicio por los problemas de hecho anteriores en cuanto a los contratos 632 y 757, también confirmó, para fines de nuevo juicio, las decisiones probatorias del tribunal de distrito sobre daños consecuentes.

    En resumen, si el tribunal de distrito determinó, después del juicio, que Bariven proporcionó garantías adecuadas de desempeño, Bariven no sería responsable ante Validsa y esta no tendría derecho a recuperar ningún daño en cuanto a los contratos 632 y 757. El tribunal de distrito entonces consideraría el incumplimiento de contrato de Bariven y el incumplimiento de buena fe y contrademandas de trato justo (numerales I, II, V y VI). Sin embargo, si el tribunal de distrito determinara, después del juicio, que Bariven no brindó a Validsa garantías adecuadas de desempeño y, por lo tanto, incumplió anticipadamente los contratos 632 y 757, Bariven perdería en sus reconvenciones y Validsa tendría derecho a recuperar los mismos daños que el tribunal de distrito otorgó previamente después de un juicio sumario.

    Esta decisión de la Corte de Apelaciones respondía al caso que involucraba varios contratos para la venta de alimentos, en el que los demandados-recurrentes, a saber PDVSA Services, Inc. (PSI) y Bariven Inc. apelaron la concesión de sentencia sumaria del tribunal de distrito al demandante-apelado Validsa Inc., sobre la queja enmendada en la que presentaba cinco reclamos por incumplimiento de contrato. PSI apeló la sentencia sumaria del tribunal de distrito que dictaminó que era individualmente responsable por las infracciones, a pesar de ser el agente del director de Bariven.

    Igualmente, Bariven apeló la concesión del tribunal de distrito de la moción de Validsa de juicio sumario sobre todas las contrademandas de Bariven contra Validsa y la denegación de la moción de Bariven de juicio sumario parcial sobre ciertas reconvenciones. Tanto PSI como Bariven apelaron la exclusión del testimonio experto Miguel Herce del juicio por daños y perjuicios.

    Validsa recurrió varias decisiones del tribunal de distrito, a saber, primero, su exclusión de evidencia de daños consecuentes en el contrato 757, presuntamente incumplido por PSI y Bariven; segundo, su decisión de que PSI y Bariven tenían derecho a una compensación o recuperación de adelantos en efectivo que hicieron a Validsa; y tercero, su decisión de que Validsa no tenía derecho a intereses de prejuicio en tres de los contratos presuntamente incumplidos por PSI y Bariven.

 CITAS

[1] Validsa, Inc. v. PDVSA Services Inc., 632 F. Supp. 2d 1219 (S.D. Fla. 2009). https://www.courtlistener.com/opinion/2260381/validsa-inc-v-pdvsa-services-inc/

[2] El Nuevo Herald. “Firma de Miami demanda a PDVSA por soborno”. 1º de junio de 2009. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article1996031.html

[3] Validsa, Inc. v. PDVSA Services, Inc., 10-11209 (11th Cir. 2011). https://www.courtlistener.com/opinion/215200/validsa-inc-v-pdvsa-services-inc/?