lunes, 16 de diciembre de 2019

Dueño del avión involucrado en el contrabando de oro venezolano a EE. UU. se casará en Miami esta semana

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  El dueño del avión en el que se transportó ilegalmente unos 104 kilos de oro desde Venezuela a Estados Unidos, y que fueron incautados por las autoridades del estado de la Florida contraerá matrimonio esta semana en Miami. Eddwin Erwin Solórzano Custodio es presidente de una empresa registrada en la Florida dedica a la comercialización de oro, plata, diamante y joyas.
      Su nombre salió a la luz pública a raíz del caso que concluyó con el arresto y posterior deportación del piloto Víctor Fossi Grieco y de Jean Carlos Sánchez Rojas, durante una operación de las autoridades de Estados Unidos cuando encontraron oro de contrabando en el avión registrado en Venezuela con la siglas YV-3325.
  Eddwin Erwin Solórzano Custodio, cédula de identidad 13.452.879, nacido en el estado Bolívar, se casará con Maritza Alcibar este martes 17 de diciembre de 2019, en una iglesia católica Saint John XXIII de la ciudad de Miramar y luego habrá una recepción en el Club Nocturno La otra Miami.
   El 20 de septiembre de 2019, la tripulación de la aeronave  Cessna Citation II, matricula YV-3325 fue detenida en el Miami-Opa Locka Executive Airport, por alguaciles federales cuando al realizar una inspección detectaron que en la punta del avión, conocida también como nariz, había unos tornillos sueltos. Cuando lo revisaron encontraron los 104 kilos de oro(1).
La fotografía del avión Cessna Citation II, matricula YV-3325 propiedad de Eddwin Erwin Solórzano 
fue tomada en el aeropuerto de Opalocka en Fort Lauderdale unas semanas antes del viaje en el que se
decomisó el carganente de 105 kilos de oro que se contrabandearon desde Venezuela. Aparece Amilcar Aquino y el
piloto venezolano Víctor Fossi Grieco quien fue deportado de EE.UU. luego de declararse culpable del delito ante los fiscales.




 Cuando se dió a conocer la noticia del decomiso del oro, que está valorado en unos US 5 millones de dólares, y las detenciones del piloto Víctor Fossi Grieco y  otro venezolano y pasajero, Jean Carlos Sánchez Rojas se dijo que la propietaria era Mónica Briceño, pero pocos días después, el mismo Eddwin Solórzano aclaró que él era dueño único del avión y que Briceño era la antigua poseedora de la nave.

  Eddwin Solórzano es presidente de la empresa Caroní Company CA Inc., registrada en el estado de la Florida bajo el número P18000047448 el 23 de mayo de 2018. Aparece asociado en esa corporación con José Freites y Verónica Arana. La dirección fiscal es 10544 NW 26TH ST E-204, Doral, FL 33172 y el agente registrador es Fast Filing Services LLC (3).

  La razón social de la empresa de Solórzano Custodio es la importación mayorista, exportación y comercialización de oro, plata, latón, diamante, joyería y otros negocios legales.

  En una declaración publicada por el  portal LosTubazos.Com, el 15 de octubre de 2019,  Eddwin Solórzano se declaró inocente del caso de los 104 kg de oro incautados en su avión (4)

  En una  entrevista telefónica a ese medio, el hombre aseguró que se encuentra actualmente en los Estados Unidos, supuestamente desarrollando unos proyectos en la industria de la música y el espectáculo, en los que está enfocado desde marzo de 2018.

  Aseveró que desconocía la carga que traía su avión y que lamentaba que el piloto Víctor  Fossi, estuviese (pasa ese momento) privado de libertad, en espera de juicio por motivo de ser el presunto responsable de dicho acontecimiento.

  Solórzano dijo que que el procedimiento fue realizado por las autoridades de aduana de Estados Unidos y no por el FBI y aclaró que él es el único propietario de la nave.

  Solórzano sostuvo que no tenía nada que ver con el caso del oro que fue transportado en su avión.
“Es importante para mí como venezolano y emprendedor limpiar mi nombre de los múltiples comentarios a través de las redes sociales y las diferentes noticias en las que fue utilizado de forma negativa y ser víctima de acusaciones sin prueba alguna”, puntualizó Solórzano.

El caso de los 104 Kilogramos de oro de contrabando

   El 20 de septiembre de 2019, Víctor Fossi Grieco y Jean Carlos Sánchez Rojas fueron arrestados y acusados ​​de introducir de contrabando en Estados Unidos cerca de 5 millones de dólares en lingotes de oro en un avión privado al sur de Florida. Ambos llegaron a sendos acuerdos de declaración de culpabilidad con los fiscales federales norteamericanos y obtuvieron penas de prisión leves junto con la deportación inmediata a Venezuela.
   El piloto, Víctor Fossi Grieco se declaró culpable de conspirar para transportar 2.700 onzas de oro, escondidas en el morro del avión, hasta el Aeropuerto Ejecutivo de Fort Lauderdale. Fue sentenciado al tiempo que ha cumplido en prisión mientras estuvo detenido desde su arresto en septiembre 2019 y fue deportado a Venezuela en la tercera semana de noviembre de 2019. 

  Por su parte, Jean Carlos Sánchez Rojas también se declaró culpable del mismo cargo, recibió un castigo similar y fue deportado a Venezuela por órdenes de la jueza de distrito estadounidense, Cecilia Altonaga.

  El gobierno de los Estados Unidos anunció que los lingotes de oro permanecerán decomisados y pasarán a ser parte de los bienes de ese país. La mercancía tiene un valor de USD 5 millones. 

  El fiscal federal adjunto que actúo en este caso, Michael Berger declaró al periódico Miami Herald que el piloto "fue contratado para transportar el oro ilegalmente fuera de Venezuela sin declararlo en los Estados Unidos, pero dijeron que no había nada malo en la conspiración con su compañero" (5).


  Al momento de su detención, Sánchez Rojas dijo a los agentes federales que “obtuvo el oro de múltiples fuentes en Venezuela y que planeaba venderlo en los Estados Unidos", según la declaración jurada.

  También declaró que estaba trabajando para una "organización [que] previamente había realizado con anterioridad labores de contrabando de  oro en los Estados Unidos y que esperaba recibir una compensación económica".

    El abogado defensor Michael Rosen dijo al Nuevo Herald que el piloto Víctor Fossi fue contratado para sacar el oro ilegalmente de Venezuela y no declararlo en Estados Unidos.

   Rosen aseguró a la jueza del caso que “este oro no tiene nada que ver con ningún funcionario venezolano”, agregando que el cargamento fue una “transacción privada”.

Supuestas vinculaciones del propietario del avión con Maikel Moreno

  Fuente ligadas a los indiciados informaron que existe una vinculación entre el dueño del avión donde incautaron el oro, Eddwin Erwin Solórzano Custodio, su socio de bufete, Amilcar Aquino y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia controlado por el gobierno de Nicolás Maduro, Maikel Moreno.

  La fuente —consultada en calidad de anonimato— informó que Solórzano Custodio y Amilcar Aquino tienen una firma de abogados ubicada en el Hotel Eurobuilding en Caracas llamada Consultores AGA donde se tramitan casos vinculados al presidente del TSJ, Maikel Moreno.

 La fuente mostró una serie de fotografías que confirman que el bufete de Solórzano Custodio y Amilcar Aquino  fue allanado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de las Fuerzas Acciones Especiales participan en la acción policial el 2 de mayo de 2019 (6), por supuestas vinculaciones con los sucesos  acaecidos en  Caracas el 30 de abril de 2019, fecha en la cual el jefe de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente interino por más de 50 países, Juan Guaidó y el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López llamaron a una rebelión militar frente a la Base Aérea Libertador de Caracas, acción que resultó en un absoluto fracaso(7).

   En la madrugada del 30 de abril de 2019, fue publicado un video en las redes sociales donde Guaidó, junto a Leopoldo López, quien cumplía en arresto domiciliario una condena de casi 14 años, llamando a la rebelión. Estaban rodeados de efectivos de las fuerzas de seguridad. Ambos dirigentes dijeron que la acción era  la "fase final" en su plan de derrocar al presidente Nicolás Maduro. Posterior a la jornada, el entonces asesor de seguridad nacional  de Estados Unidos, John Bolton detalló que el presidente interino de Venezuela tuvo conversaciones con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, y el director del la Dirección de Contrainteligencia, Iván Hernández Dala. "No cumplieron pero aún tienen una chance", afirmó. (8)

  Una filtración, supuestamente salida del mismo centro de inteligencia de Venezuela, publicada por el portal Elnavío, reforzó la tesis. (9)
         A raíz de las revelaciones del alto funcionario de la administración de Donald Trump, John Bolton, que fueron reiteradas por el representante designado por el gobierno estadounidense para Venezuela, Elliot Abrams (10), las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro allanaron las oficinas de Amilcar Aquino y Eddwin Solórzano en Caracas.
   La fuente consultada para esta nota dijo que Amilcar Aquino y  Eddwin Solórzano tienen amplio poder y ejercen control del sistema judicial del oriente venezolano y que trabajan en conjunto con Maikel Moreno y llevan allí casos vinculados al actual presidente del TSJ controlado por Nicolás Maduro.

    Comentó que Amilcar Aquino y  Eddwin Solórzano utilizaban frecuentemente el avión involucrado en caso del contrabando de oro para transportar víveres y comida desde Miami al estado Bolívar, Venezuela.

CITAS

(1)https://www.univision.com/local/miami-wltv/intentan-introducir-5-millones-en-oro-a-eeuu-ocultos-en-un-avion-procedente-de-venezuela

(2) https://www.lapatilla.com/2019/05/02/reportan-allanamientos-en-las-oficinas-del-eurobuilding-en-caracas/

(3)http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=SOLORZANOEDDWINE%20P180000474484&aggregateId=domp-p18000047448-ce07e256-4792-436d-b407-bf26ba433614&searchTerm=Solorzano%20Eddwin&listNameOrder=SOLORZANOEDDWINE%20P180000474484

(4)https://lostubazos.com/eddwin-solorzano-se-declara-inocente-por-los-104-kg-de-oro-incautados-en-su-avion/

(5) https://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article235428627.html

(6)https://www.lapatilla.com/2019/05/02/reportan-allanamientos-en-las-oficinas-del-eurobuilding-en-caracas/

(7) https://armando.info/Reportajes/Details/2556

(8) https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/04/30/john-bolton-vladimir-padrino-maikel-moreno-y-hernandez-dala-creen-que-maduro-debe-dejar-el-poder/

(9)https://alnavio.com/noticia/18563/actualidad/la-ambicion-desmedida-del-presidente-del-tribunal-supremo-aborto-el-plan-de-guaido-para-sacar-a-maduro.html

domingo, 15 de diciembre de 2019

Conozca los detalles de la liquidación forzosa del Allbank Corp ordenada por la Superintendencia de Bancos de Panamá

Por Maibort Petit
@maibortpetit

    Para proteger los intereses de los intereses de los depositantes que pudieran verse afectados por la intervención del Banco del Orinoco NV en Curazao, a la sazón beneficiario de su único accionista, la Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó la liquidación forzosa del Allbank Corp, entidad financiera perteneciente al Grupo BOD que dirige Víctor Vargas.
 El 8 de noviembre de 2019, Ricardo G. Fernández, Superintendente de Bancos de la República de Panamá adoptó esta medida después de que el Administrador Interino del banco presentó un informe en el que reveló la situación financiera, operacional y de gobierno corporativo del Allbank Corp que no admitía una posible resolución ni venta.
   Aquí presentamos la Resolución SBP-0205-2019 emanada de la autoridad panameña, a objeto de que puedan conocerse los detalles de esta decisión.

El documento

   Explica en los considerandos la resolución, en primer lugar que el Allbank Corp es una sociedad  anónima organizada y constituida de acuerdo a lo establecido en las leyes panameñas, inscrita en el Registro Público, Sección de Micropelícula (Mercantil), ficha número 724912, documento Redi Nº 1913669, actualizada a folio de igual número, la cual cuenta con Licencia Bancaria General otorgada por la Superintendencia de Bancos mediante resolución S.B.P. Nº 131-2011 de fecha 24 de octubre de 2011.
   En segundo término se recuerda que a través de la resolución SBP-0169-2019 del 9 de septiembre de 2019, la SBP tomó el control administrativo y operativo del Allbank Corp que se hizo efectiva desde las 3 de la tarde de ese mismo día.

  Se refiere que con esta medida se procuraba salvaguardar los intereses de los depositantes del banco luego de que el tribunal de Primera Instancia de Curazao adoptó el 5 de septiembre de 2019 una "medida de emergencia" para el Banco del Orinoco N.V. el cual tiene como beneficiario principal a quien, a su vez, es el único accionista de Allbank Corp. Los efectos directos de esta medida establecían que "(…) el Banco del Orinoco no podrá ser obligado a cumplir sus deudas y, por el momento, permanecerán congelados sus activos".

   Explica la resolución que tal situación limitaba el acceso de Allbank Corp a algunos de sus activos líquidos en razón de que una porción significativa de estos se encontraban colocados en partes relacionadas como lo es el Banco del Orinoco N.V., lo cual compromete sensiblemente la liquidez de la entidad al impedirle proseguir sus operaciones sin que corran peligro los intereses de los depositantes.

  La Superintendencia de Bancos de Panamá advirtió incertidumbre sobre la disponibilidad de los recursos líquidos con que cuenta el banco; la gestión de liquidez  concentrada en partes relacionadas; débil gobierno corporativo; débil gestión de riesgos; cumplimiento normativo; cartera de préstamos de baja calidad y deficiente gestión de activos; debilidades en el cumplimiento del Régimen de Prevención de Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción  Masiva, y otras disposiciones.

  Alerta que tal panorama, así como la falta de un plan de negocios viable para la sostenibilidad de las operaciones de Allbank Corp, controles internos no adecuados y las condiciones de la cartera de créditos, demostraban un alto grado de debilidad en la viabilidad financiera y gestión corporativa del banco.

  Por toda esta situación, la Superintendencia de Bancos tomó la decisión de tomar el control de Allbank Corp sobre la base de lo establecido en las causales 2 y 4 del artículo 132 de la Ley Bancaria que estipulan que el banco no puede proseguir operando sin que corran peligro los  intereses de los depositantes y sobre el incumplimiento por parte de la institución bancaria de los requisitos exigidos por la SBP de acuerdo al artículo 130 de la misma Ley Bancaria.

  Entretanto, la resolución señala también en el artículo 133 de la referida Ley Bancaria que el periodo de administración interina no debe exceder treinta días, salvo que por razones excepcionales y  previa solicitud fundada del administrador, el superintendente decida extenderlo, lo cual no podrá ser por más de otros 30 días.

   La SBP se remitió al comunicado de prensa emitido el 4 de octubre de 2019 por el Banco Central de Curazao, donde informó que a dicha fecha el Tribunal de Primera Instancia de Curazao declaró en quiebra a Banco del Orinoco N.V. (BDO) y consideró relevante que el referido ente (el Banco Central de Curazao) hubiera revocado su licencia bancaria el 2 de septiembre de 2019.

   También resaltó la resolución el hecho de que se haya solicitado al tribunal, la adopción de una medida de emergencia, pedido al que accedió el 5 de septiembre dado que el Banco del Orinoco NV se había valido de documentación falsa para demostrar su posición financiera. En dicho comunicado se refería que mientras estaba vigente la medida de emergencia, el Banco Central constató que la posición financiera del Banco del Orinoco era deplorable, pues el supuesto patrimonio que presentaba al regulador y a los auditores parecía ser inexistente, por lo que estableció que los activos de la institución eran muy limitados, mientras que, por otro lado, sus deudas eran sustanciales.

La situación del banco

   Se alerta a tener presente, tal como lo menciona la resolución SBP-0169-2019 de 9 de septiembre de 2019, que una porción significativa de los activos del Allbank Corp están presuntamente  colocados en Banco del Orinoco en Curazao.

   Se indica que a raíz de la orden de toma de control administrativo y operativo de Allbank Corp, los administradores interinos presentaron, el 7 de octubre de 2019, un detallado informe que daba cuenta de la situación financiera del banco, transacciones no procesadas, relaciones de servicios con terceros, sistemas operativos y administrativos y una serie de acotaciones y conclusiones  a manera de consideraciones finales que describían la situación de la institución bancaria.

   Se puntualizó que los administradores describieron que el Allbank Corp mantiene USD 177.9 millones en depósitos de clientes, de los cuales USD 63.3 millones corresponden a depósitos a la vista, USD 82.9 millones eran depósitos a plazo, USD 31.7 millones correspondían a depósitos de ahorros corrientes y USD 15 mil a depósitos de ahorro de navidad.

    Dicho informe además añadía que la mayor proporción del activo estaba en colocaciones e inversiones que totalizaban USD 141.5  millones de  los cuales,  USD 107.3 millones correspondían a títulos valores que estaban en custodia en bancos y empresas relacionadas al grupo económico, USD 34.2 millones del total de inversiones estaban en colocaciones, de los cuales USD 12.7  millones eran depósitos a plazo fijo, (USD 10.7 millones se encontraban en bancos relacionados al grupo económico) y el resto, USD 21.5 millones en colocaciones a la vista, de los cuales USD 16.2 millones estaban colocados en bancos y empresas del mismo grupo económico.

La cartera de préstamo neta ascendía a USD 64.6 millones.

    Los administradores interinos concluyeron que para el momento de elaborar el informe, no habían logrado completar el análisis de valor de los activos debido a que no habían recibido los fondos de la mayoría de las entidades a las que se les había solicitado, lo que impedía conocer en detalle los  montos de las colocaciones de las realmente se disponía.

   Tampoco habían podido confirmar con los custodios la existencia y valor de cada uno de los títulos valores reportados en la cartera de inversión de aproximadamente USD 107.3 millones.  Se tenía un estimado de lo existente en el Banco del Orinoco y en el Plus Capital Market Inc., pero no había certeza de los títulos valores allí custodiados, lo que impedía conocer fidedignamente la situación  financiera del Allbank Corp.

    Igualmente no habían podido confirmar en detalle, la situación de las entidades relacionadas en las otras jurisdicciones para determinar si era posible o no, recuperar los fondos y posiciones que se mantenían en ellas.

     También era absolutamente necesario completar con más detalle la información de la cartera de préstamos para definir los posibles cursos de acción con la misma.

   La situación referida llevó a los administradores interinos del banco a recomendar a la Superintendencia de Bancos, extender por hasta 30 días adicionales la Toma de Control Administrativo y Operativo del Allbank Corp a objeto de que se recabara mayor información, de modo de poder desarrollar un reporte más objetivo sobre la situación de la institución y así tomar mejores decisiones.

    La Ley Bancaria establece que en dichos 30 días se debe decidir si se procede a la reorganización del banco, si se recurre a la liquidación forzosa o se devuelve a sus directores o representante legal, esto último si se subsanan los hechos que motivan la toma de control operativa y administrativa para  que a juicio de la SBP la institución pueda constituirse nuevamente en un negocio viable en el corto y largo plazo.

    La Superintendencia de Bancos de Panamá estimó responsable y prudente, luego de evaluar la solicitud de prórroga formulada por los administradores interinos, otorgar más tiempo para  determinar la situación financiera del banco en beneficio de los mejores intereses de los depositantes de la entidad.

   En la resolución se designó, mientras durara la extensión de la Toma de Control Administrativo y Operativo del Allbank Corp, que Rafael Moscarella Valladares, con cédula de identidad personal Nº  N-21-1660 como único administrador interino del banco para que ejerciera privativamente su representación legal a nombre de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

   Además, se ordenó, entre otras cosas, mantener en lo que no contradijera la Resolución SBP-0191-2019, la Resolución SBP-0169-2019 de 9 de septiembre de 2019, incluyendo la suspensión de operaciones y las funciones dispuestas en el artículo tercero de la resolución para el Administrador  Interino.
   El propósito primordial de la extensión se centraba en la necesidad de satisfacer en lo posible las motivaciones fácticas de la toma de control.

    Así, dada la incertidumbre sobre la disponibilidad de los recursos líquidos con que contaba el banco, los administradores interinos solicitaron al Banco del Orinoco en Curazao, al Banco Múltiple de las Américas en República Dominicana y al BOI Bank Corp en Antigua y Barbuda, entidades relacionadas con Allbank Corp., miembros del mismo grupo bancario, la información certera sobre los fondos del banco panameño y la consecuente repatriación de estos a Panamá.

   BOI Bank Corp dijo que debía consultar a sus abogados externos en Panamá para validar el requerimiento, los cuales concluyeron que el administrador interino no podía disponer de los bienes del banco. Una respuesta sin fundamento con la cual negó los fondos a sus legítimos derechohabientes. El administrador interino desestimó tal argumento y reiteró el requerimiento el 19 de octubre de 2019.

   Allbank Corp era una entidad orientada a préstamos en el mercado de segmento medio, a financiamientos parciales de interinos de construcción, préstamos para capital de trabajo de empresas comerciales,  financiamientos en la zona libre de Colón, en una coyuntura de debilidad de la operación comercial de esta zona franca.

  Pero este banco no desarrolló un proceso robusto de administración de crédito en ninguna de sus fases, lo cual derivó en problemas de la calidad de su cartera de créditos, lo cual era el principal activo del banco. Se formularon las advertencias debidas a la institución.

   Debido a la recurrencia de los resultados adversos durante los primeros años de gestión, que traducían en pérdidas de operaciones que obligaban al accionista, a requerimientos del regulador, a capitalizar para nivelar el patrimonio requerido por el marco legal bancario. Allbank Corp experimentó dificultades para lograr su punto de equilibrio financiero dada su baja escala de operación y una débil gestión financiera, por lo que era necesario una redefinición de su modelo de negocio en Panamá.

   Las alertas formuladas al banco confirman las debilidades en gobierno corporativo de Allbank Corp, en gestión de riesgos y deficiencias en los resultados económico-financieros.

    El informe de la inspección integral realizada en 2018 le requirió al banco incrementar nuevamente provisiones dado el deterioro detectado en la cartera de préstamos. Se le pidió establecer límites en la custodia del portafolio de inversiones que presentaba a esa fecha una concentración en bancos relacionados  al grupo bancario. En la inspección de seguimiento efectuada en 2019, se observó un incremento en el deterioro de la cartera de préstamos, lo que llevó a una  inspección especial de crédito, resultando en un requerimiento de provisiones adicionales y, además, se identificó igualmente un aumento en la concentración de custodia del portafolio de inversiones en bancos relacionados.

   Desde octubre de 2018, los clientes de Allbank Corp formularon recurrentes reclamos que la  Superintendencia de Bancos recogió y que daban cuenta de renovaciones no autorizadas de depósitos a plazo fijo, restructuraciones de términos y condiciones de manera unilateral, no concesión de financiamientos con garantía prendaria de depósitos en el mismo banco, e instrucciones no atendidas de clientes sobre transferencias de fondos depositados en el banco.

   Anteriormente, la Superintendencia de Bancos de Panamá había advertido su preocupación a Allbank Corp por las dificultades para lograr resultados  positivos en cifras financieras,  producto de operaciones bancarias, mostrando pérdidas y exigió presentar nuevas estrategias  de negocios.

  La SBP inició un proceso intensificado de supervisión, requiriendo a la administración y al accionista de Allbank Corp las explicaciones y satisfacciones pertinentes sobre los reclamos de clientes, lo cual denotaba un claro síntoma de problemas de liquidez.

    Existía un alerta pues a pesar de que el banco lograba cumplir con los indicadores regulatorios de solvencia y liquidez, porque la entidad mostraba una alta concentración de sus disponibilidades  líquidas en bancos relacionados y la mayoría del portafolio de inversiones en custodios de su mismo grupo económico.

   En las inspecciones para validar el portafolio de inversiones, Allbank Corp no pudo mostrar clara y contundentemente la veracidad de la cartera, pese a las reiteradas solicitudes de confirmación para evidenciar los flujos transaccionales y asientos contables que permitieran clarificar la generación de ingresos.

   En una serie de reuniones llevadas a cabo en marzo, se le solicitó al accionista de Allbank Corp y su  grupo ejecutivo, varias medidas necesarias e indispensables, tales como: 1) Normalizar y ordenar el pago el pago de transferencias a los clientes; 2) Trasladar las disponibilidades de activos   líquidos en bancos relacionados a bancos en la plaza panameña, especialmente al Banco Nacional de Panamá donde la entidad mantenía su única cuenta en el sistema panameño; 3) Iniciar un proceso de diversificación de sus custodios del portafolio de inversiones hacia casas independientes no relacionadas con el grupo.

   En abril de 2019 comenzó un proceso de medida correctiva de acuerdo a lo pautado en la Ley Bancaria de Panamá, se nombró un asesor para que acompañara a Allbank Corp en nombre de la Superintendencia de Bancos, que debía ejecutar las medidas anotadas e implementar otros requerimientos. El asesor también hacer una valoración independiente sobre la cartera de préstamos.   

    Para cumplir las exigencias de la SBP el banco presentó un Plan de Acción que sólo buscaba desfasar y dilatar los requerimientos solicitados, demostrando su intención de no procurar una solución a los problemas que afrontaba.

    En razón de esto se establecieron plazos perentorios al accionista para el cumplimiento de los  requerimientos con el objetivo de encontrar una solución que pudiera mitigar electos adversos  sobre los depositantes y disipar las dudas sobre la disponibilidad de los activos de Allbank Corp. El accionista incumplió con sus deberes y obligaciones con quienes le confiaron sus recursos a su gestión financiera. 

El administrador interino

   La administración interina se encontró con el panorama descrito hasta ahora, lo cual le dificultó validar la existencia del  principal activo del banco, a saber, su portafolio de inversiones en valores  en supuesta custodia de empresas relacionadas al grupo del accionista, así como también, para poder trasladar fondos líquidos desde las otras jurisdicciones. Se dudaba de la existencia y disponibilidad de tales activos.

   El único administrador interino designado mediante la resolución SBP-0191-2019 del 9 de octubre de 2019, en su Informe de final de gestión presentado el 7 de noviembre de 2019,  estableció lo siguiente:

1) La información  financiera que reflejaba aparentemente una situación de liquidez no había podido ser comprobada. Las restricciones de que fueron objeto los clientes en la ejecución y  pago de transferencias, cheques de gerencias, desembolsos de préstamos o cancelaciones de depósitos a plazo, no guardaban relación con el portafolio de liquidez presentado por la entidad en sus estados financieros.

2) Existía una estructura de gobierno corporativo, con una junta directiva y comités activos, pero el seguimiento a las solicitudes de la SBP se manejaba con un grupo de trabajo y no se transmitía  la situación  a dichas instancias.

3) Reiterativamente se solicitó a las entidades relacionadas el traspaso de las colocaciones a la vista por USD 15.7  millones, depósitos a plazo por USD 10.7 millones y los portafolios de inversión  que ascendían a USD 107.3 millones. 

  A saber, a BOI Bank Corporation se le solicitó información sobre los fondos (USD. 12 millones a la vista y USD 6.4 millones en depósito a plazo fijo) y seguimiento reiterado a las mismas. Las respuestas ofrecidas carecían de sustento. Solamente se contestó concretamente lo referente  a la no posibilidad  de cancelación anticipada de depósitos a plazo con vencimiento a noviembre de 2019.

  A Bancamerica se le requirieron datos sobre fondos a la vista por USD 2 millones y seguimiento reiterado a las mismas.  Dijeron que responderían a la  brevedad posible, pero no hubo ni una comunicación adicional ni se enviaron los fondos solicitados.

  Plus Capital Market Inc., intervenida por la SMV, tampoco atendió las solicitudes. Esta pidió al BOI Bank Corporation reiteradas veces el envío de los títulos valores custodiados por el orden de USD 63.3 millones. El total mantenido con Plus Capital Market Inc. era de USD 75.6 millones a valor de mercado. La diferencia se mantenía en custodia en Banco del Orinoco.

  El proceso de Banco del Orinoco informó que no podía ubicar los valores custodiados (USD 31.7 millones más la porción colocada a través de Plus Capital Market Inc.).

4) Las entidades relacionadas no ofrecieron respuesta ni argumentos financieros acerca de las razones de no realizar las transferencias y ni siquiera enviaron traspasos parciales.

5) El accionista tampoco atendió ni directa ni indirectamente las solicitudes planteadas. Sólo hasta el 29 de octubre, a pocos días de la finalización de la extensión del  proceso de toma  de control, cuando envió sendas comunicaciones presentando propuestas con el propósito de retomar la operación de la entidad, sin acciones concretas y formales, lo cual no respondía a los requerimientos del proceso de poder contar con los fondos y valores en cuentas controladas por entidades relacionadas en un corto plazo para poder comprobar su existencia.

   El administrador interino, ante la falta de respuestas, manifestó dudas razonables sobre la disponibilidad real de los fondos y títulos valores que mantenía Allbank Corp en las entidades  relacionadas y, por lo tanto, sobre la viabilidad financiera de la entidad para cumplir con sus compromisos y obligaciones oportunamente y, en particular, dar respuesta a los clientes sobre el destino de los depósitos que mantenían en el banco.

   Desde el inicio del proceso de toma de control se procuró contactar al accionista y director-presidente de Allbank Corp para que despejara las dudas existentes acerca de la existencia y disponibilidad de los recursos activos del banco que pudieran hacer frente a las obligaciones controladas. El 24 de octubre se celebró una reunión a través de un abogado no legitimado para actuar en nombre de la Junta Directiva del banco para sondear la posibilidad de devolución del banco y se comprometió a presentar una propuesta. El 30 de octubre, el director-presidente de Allbank Corp se comunicó con el administrador interino y manifestó su sorpresa por la medida pues había trabajado y cumplido con los requerimientos de la superintendencia y manifestó su objetivo de recuperar el banco y con él su reputación.

   La propuesta presentada al administrador interino solamente procuraba, como ya se ha dicho, desfasar y dilatar nuevamente el cumplimiento de lo requerido, en una clara y desafiante actitud  de no encontrar una solución efectiva a los problemas que confrontaba.
   En atención a la situación de la entidad, de lo dispuesto en las leyes, de la inviabilidad de devolver el control administrativo del Allbank Corp a sus directores, accionista único o representante legal; por no haber resuelto de forma alguna las causales que justificaron la toma de control administrativo y operativo del banco; de que la conclusión del administrador y valoración de la Superintendencia de Bancos de Panamá apuntó a descontar la posibilidad reorganizar la entidad para devolverlo a sus directores originales o vender sus acciones; de la insostenibilidad del banco como un negocio en marcha; la incertidumbre sobre la disponibilidad de sus activos; de la falta de propuestas de solución a corto plazo y evasivas de los bancos del grupo a desplegar la información  sobre los bienes de la entidad en sus respectivas jurisdicciones; de la no procedencia de reorganización ni venta; solamente se hacía admisible —dadas las circunstancias y antecedentes señalados— decidir por la liquidación forzosa del banco.

La resolución

   En su primer artículo, la resolución estableció “Ordenar, según los términos dispuestos en los artículos 154 y siguientes del Capítulo XVIII, liquidación Forzosa, Título 111 de la Ley Bancaria, la liquidación administrativa de Allbank Corp, sociedad anónima organizada y constituida conforme a las Leyes de la República de Panamá, inscrita en el Registro Público, Sección de Micropelícula  (Mercantil) a Ficha 724912,  Documento Redi 1913669, actualizada por el Registro Público a Folio 724912 (S), que cuenta con Licencia Bancaria General otorgada por esta Superintendencia mediante Resolución S.B.P.  No. 131-2011 de 24 de octubre de 2011”.

  En el segundo artículo se designó a Rafael Moscarella Valladares, titular de la cédula de identidad Nº N-21-1660, con más de cinco años de experiencia en el sector bancario, para que privativamente la representación legal, administración y control de Allbank Corp.

  Se ordenó en el artículo tres, mantener suspendidas todas las operaciones bancarias de Allbank Corp.

  Entretanto, el cuarto artículo declaró que al estar el Allbank Corp en estado de Liquidación Forzosa, se entendían suspendidos hasta por seis meses los términos de prescripción de todo derecho o acción de que era titular el banco y los términos en los procesos judiciales o administrativos en los que fuera parte, salvo aquellos que persiguieran la ejecución de una prenda, hipoteca o garantía real.

  Se ordenó que cesaran de correr los  intereses sobre las obligaciones de Allbank Corp en Liquidación Forzosa, salvo que se tratara de obligaciones garantizadas con prenda o hipoteca sobre bienes del banco, según lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Bancaria (artículo quinto).

  Se dispuso que Rafael Moscarella Valladares dependería funcionalmente del Superintendente de Bancos y daría cuenta de sus actuaciones a la Junta Directiva de dicho ente (artículo sexto).

  El liquidador designado debía llevar cuenta ordenada y comprobada de su gestión y que orientara la marcha del proceso de Liquidación Forzosa con celeridad, diligencia, simplicidad y transparencia de sus trámites y en el respeto de los derechos y prelaciones que reconoce la Ley Bancaria.

  Las facultades del liquidador quedaron estipuladas en el artículo octavo y, a saber, eran: 1)Suspender o limitar el pago de las obligaciones del banco y de las deudas de la masa según la disponibilidad  de los recursos; 2) Emplear al  personal necesario y separar del cargo a aquellos  empleados  cuya actuación dolosa o negligente hubiera propiciado la liquidación, así como a aquellos empleados que por reducción de las actividades del banco, fuera necesario separar; 3) Ceder o vender activos de acuerdo con su valor realizable, neto de provisiones, reservas y cualquier otro ajuste que determinara la Superintendencia, conforme a las normas y regulaciones  prudenciales  existentes; 4) Transferir total o parcialmente los activos y pasivos del banco a una  entidad con licencia para ejercer el negocio de fideicomiso en Panamá,  previa autorización  de la Superintendencia; 5) Ejecutar los actos y celebrar los contratos que fueran del giro de sus atribuciones para permitir el  inicio,  perfeccionamiento y ejecución de la liquidación a través del traspaso de activos y pasivos y del fideicomiso; 6) Establecer en el contrato de fideicomiso los mandatos, términos y condiciones para la conducente liquidación de activos y pasivos transferidos; 7) Transmitir al Ministerio Público todas las piezas que representaran posibilidades  de comisión de actos delictivos para fueran debidamente atendidas, calificadas y procesadas por esa agencia de instrucción; 8) Comunicar a la Unidad de Análisis Financiero cualesquiera operaciones  que resultaran sospechosas vinculadas con el blanqueo de capitales, financiamiento  del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; 9)  Cualquier otra facultad que previa solicitud fundada del liquidador fuera autorizada por el superintendente para un propósito determinado.

  Se ordenó al liquidador designado, pagar la totalidad de los depósitos y otras obligaciones  descritas en los numerales 1 y 2 del artículo 167 de la misma Ley,  dentro de los 15 días siguientes  a la  fecha en que quedara ejecutada la resolución (artículo noveno).

  Se requirió a los depositantes y demás acreedores de Allbank Corp en Liquidación Forzosa para que, en cualquier momento, hasta tanto el  liquidador dictara su informe preliminar, comparecieran al banco a presentar sus acreencias (artículo décimo).

El resto de los artículos estaban referidos a formalidades de ley.












viernes, 13 de diciembre de 2019

Juez de EE. UU. ordena suspender temporalmente esfuerzos para vender acciones de CITGO mientras la Corte Suprema emite decisión sobre el caso

  Los representantes de Juan Guaidó esperaban una suspensión prolongada para la subasta de las acciones de CITGO, pero el tribunal detuvo los procedimientos solo el tiempo suficiente para que la Corte Suprema de Justicia revise el asunto. La decisión del juez Stark busca detener en incremento de las mociones de los múltiples acreedores a la corte".

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Una corte federal emitió este jueves una orden que frena temporalmente los esfuerzos para vender acciones de la CITGO Petroleum Corp. para satisfacer las deudas de los acreedores de la República Bolivariana de Venezuela.

   Crystallex, ConocoPhillips y otros acreedores deberán esperar a que Venezuela agote las apelaciones que cursan actualmente ante la Corte Suprema de los Estados Unidos antes de continuar el proceso para subastar las acciones de CITGO, el activo extranjero más valioso de Venezuela en el extranjero, decidió hoy el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware.
    La orden del juez Leonard Stark señala que otras empresas que buscan unirse a la demanda para vender las acciones de CITGO para cobrar sus deudas con la república tienen que probar que Venezuela usó a sus compañías petroleras como un alter ego del gobierno, en lugar de confiar en ese hallazgo del litigio anterior de la empresa canadiense Crystallex, quien logró que el tribunal aceptara la tesis del alter ego.

   Las órdenes emitidas por el juez Stark fueron celebradas por los representantes de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, quien tiene el control de CITGO la refinería de PDVSA en los Estados Unidos.  

  Con las decisiones del tribunal los acreedores de la República Bolivariana de Venezuela tienen que esperar que la Corte Suprema de Justicia cuya fecha aún no se conoce.
    La decisión de Stark sostiene que una suspensión por más tiempo del que está ingresando el tribunal no está justificada, por ello ordenó esperar hasta que el máximo tribunal decida al respecto para reiniciar las acciones.

     En el documento de 25 páginas, el juez toca todos los casos de las empresas que han buscando cobrar las deudas y los laudos arbitrales con la venta de las acciones de CITGO. Asimismo, destacó que el Departamento del Tesoro de EE. UU. había advertido que una venta de acciones de la filial de PDVSA en los Estados Unidos no podría realizarse sin una licencia emitida por el poder ejecutivo. 

  El juez Stark dijo que  su tribunal había pedido más orientación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre el asunto de las medidas de protección a favor de CITGO.
   
  Asimismo,  el magistrado argumentó en su escrito que proceder con la venta de las acciones legales que envuelven a CITGO podría dañar la corporación, por lo cual se debe esperar que la Corte Suprema emita su veredicto para continuar con la causa.

    El juez dejó claro que la decisión no podía ser interpretada como un abuso de discreción del tribunal. Explicó que la orden tribunalicia es un intento de buscar un balance de los intereses de los diferentes actores que luchan en un conjunto de circunstancias internacionales sensibles. 


   Stark advirtió que si Crystallex considera que la decisión tomada por el tribunal es incorrecta o un abuso de discreción, "puede introducir mociones para levantar la suspensión, o buscar apelar la orden en un tribunal superior".

    Además de Crystallex y Conoco, hay una docena de empresas, incluyendo a los titulares de las notas PDVSA 2020 y los bonos soberanos que han presentado varias acciones en los tribunales estadounidenses con el ánimo de cobrar las deudas generadas por la expropiación de sus activos en Venezuela, o por ruptura de contratos internacionales.

     En agosto de 2018,  los representantes legales de Crystallex lograron convencer al juez Stark que la república Bolivariana de Venezuela usaba a sus compañías petroleras como un alter ego del estado, y que CITGO era un objetivo justo para satisfacer las deudas. Una vez aprobada esa tesis, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos confirmó la decisión de la Corte de Distrito y rechazó una solicitud hecha por los abogados que representan a Venezuela para una nueva audiencia donde se discutiera el caso.

miércoles, 11 de diciembre de 2019

Tribunal de EE. UU. fija fecha de sentencia de José Manuel González Testino culpable de delitos de corrupción y lavado de dinero en PDVSA y CITGO

 González Testino fue arrestado el 31 de julio de 2018 en el aeropuerto internacional de Miami cuando pretendía abandonar el país y regresar a Venezuela. Se declaró culpable de tres cargos en mayo de 2019. Tras pagar 5 millones de dólares, disfruta de libertad bajo fianza otorgada por el tribunal.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   El empresario venezolano, José Manuel González Testino, acusado por el gobierno de Estados Unidos de delitos de corrupción, lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela y CITGO, será sentenciado el 19 de febrero de 2020, de acuerdo a un comunicado emitido por la Corte del Distrito Sur de Texas.
   En la orden, firmada por el Juez principal de distrito de los Estados Unidos, Gray H. Miller se da a conocer el calendario, donde se señala lo siguiente:

1. El informe de investigación de presentación estará disponible para el acusado antes del 17 de enero de 2020.

2. El abogado debe objetar por escrito los hechos utilizados y la aplicación de las pautas o una declaración de que no hay objeción antes del 31 de enero de 2020.

3. El oficial de libertad condicional debe presentar al Juez el informe final de presentación con una adición que aborde los temas en disputa antes del 14 de febrero de 2020.

4. Todas las mociones, memorandos de sentencia y cartas de apoyo deberán presentarse a más tardar el lunes anterior a la sentencia para ser consideradas.

5. La sentencia se llevará a cabo el 19 de febrero de 2020 a las 10:00 a.m.

El caso

   González Testino fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero. De acuerdo a la demanda, el acusado controlaba varias empresas con sede en los Estados Unidos que fueron usadas para lograr contratos fraudulentos en PDVSA y su filial estadounidense, CITGO Petroleum Corp. para lo cual pagó sobornos a los funcionarios de la petrolera estatal venezolana.

   El 29 de mayo de 2019, González Testino se declaró culpable el en un tribunal federal de Houston, Texas, por su papel en un esquema de soborno para asegurar y retener corruptamente los contratos de energía y logística de PDVSA y CITGO.

González Testino en la 29a Ceremonia 
de Investidura de los Caballeros de Malta

 el 11 de febrero de 2017 en Florida,
   González Testino,  quien reside en Miami, Florida, se declaró culpable de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), un cargo por violar la FCPA y un cargo por no informar sobre sus cuentas bancarias extranjeras. 

 González Testino controlaba una serie de compañías estadounidenses e internacionales que proporcionaban bienes y servicios a PDVSA. De acuerdo a las admisiones que hizo en relación con su declaración de culpabilidad, a inicios de 2012 y continuando al menos hasta 2018, González Testino conspiró con otros para sobornar a funcionarios de PDVSA para lograr contratos millonarios. 

  González Testino admitió que a partir de noviembre de 2012 y hasta al menos junio de 2013, él y un conspirador pagaron al menos $ 629,000 en sobornos a César David Rincón  Godoy, el ex gerente general de Bariven, la subsidiaria de adquisiciones de PDVSA. El acusado también admitió que él y sus cómplices pagaron sobornos a Alfonso Eliezer Gravina Muñoz durante el tiempo en que Gravina era un funcionario de PDVSA en PDVSA Services Inc., con sede en Houston.

  A cambio de estos sobornos, Rincón y Gravina proporcionaron a González Testino información privilegiada sobre PDVSA, los procesos de adquisición y tomó medidas para otorgar los contratos de PDVSA a las empresas de González Testino. Asimismo, los funcionarios de la petrolera venezolana le dieron a las empresas de González Testino otras ventajas comerciales, que incluyeron obtener prioridad sobre otros proveedores para recibir pagos.

  De acuerdo a los documentos federales, González Testino también admitió haber realizado pagos de sobornos a varios funcionarios de PDVSA con sede en Houston y empleados de CITGO. 

   Destacan que aunque Citgo actuó principalmente como refinador, transportador y comercializador de productos derivados del petróleo, también adquirió bienes y servicios en nombre de PDVSA a través de su grupo de Proyectos Especiales. 

  González Testino admitió que él y sus co-conspiradores le pagaron al menos a cuatro funcionarios de CITGO del equipo de Proyectos Especiales, y le proporcionaron obsequios y otros artículos de valor a un alto ejecutivo de CITGO. A cambio, González Testino admitió que los funcionarios de CITGO ayudaron a sus empresas a obtener contratos para nuevos negocios, proporcionaron información privilegiada sobre el proceso de licitación de PDVSA, ayudaron a ocultar el hecho de que González Testino controlaba varias compañías en ciertos paneles de licitación para proyectos de PDVSA.

  Gracias al esquema de corrupción, González Testino tenía prioridad para el pago por facturas pendientes de PDVSA. 

   Otro aspecto que aparece detallado en el pliego de culpabilidad de  González Testino es que el sujeto admitió que tenía un interés financiero y que tenía autoridad como firmante en múltiples cuentas bancarias extranjeras. El acusado no presentó  en 2017, un informe de esas cuentas bancarias extranjeras ante el FBAR, que es un requerimiento de la Oficina de la Red de Ejecución de Delitos Financieros es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, órgano que recopila y analiza información sobre transacciones financieras para combatir el lavado de dinero nacional e internacional, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. 

  González Testino es uno de los 21 individuos que se ha declarado culpable de haber formado parte de la enorme red criminal de sobornos en PDVSA que es investigada por el gobierno de Estados Unidos.

Investigación federal en CITGO

  Luego de la confesión de culpabilidad de González Testino los fiscales estadounidenses realizaron las diligencias pertinentes para buscar los registros de CITGO Petroleum Corp como parte de una investigación sobre sobornos por parte de proveedores estadounidenses que involucran a su empresa matriz venezolana, Petróleos de Venezuela.

  CITGO, con sede en Houston, está bajo el control del presidente de la Asamblea Nacional, y reconocido como presidente interino por el gobierno de los Estados Unidos y más de 50 países, Juan Guaidó.  

  Cuando se realizó el anuncio de las investigaciones federales en CITGO, la filial de PDVSA emitió un comunicado donde aseguraron  que la nueva junta directiva contrató a un asesor externo para llevar a cabo una investigación independiente, y se comprometió a tomar todas las medidas correctivas apropiadas en respuesta a los hallazgos. Los resultados de dichas diligencias no fueron dados a conocer.

Últimos movimientos del expediente


  En las últimas acciones que se han tomado en el expediente criminal de González Testino aparece una orden aprobada por el juez para la liberación temporal de los pasaportes venezolano y norteamericano de María Alejandra Díaz para realizar un viaje fuera del territorio estadounidense. La orden fue dada el 13 de septiembre de 2019.


  También se le otorgó un permiso de viaje a Walter Alexander González Testino para ir a Madrid del 19 al 27 de octubre de 2019, para lo cual se le devolvieron temporalmente los pasaportes venezolano y estadounidense. 

   González Testino pudo viajar desde Texas a Florida, para renovar su licencia de conducir. Ese viaje fue aprobado por los fiscales y por los oficiales de la Oficina de Libertad Condicional en Houston.