domingo, 3 de febrero de 2019

Antes de iniciarse las deliberaciones del jurado, Fiscalía revela que el 'Chapo' drogaba niñas de 13 años con las que sostenía relaciones sexuales

Por Maibort Petit
@maibortpetit

A pocas horas de iniciarse las deliberaciones del jurado que emitirá el veredicto en contra o a favor de Joaquín Guzmán Loera, la fiscalía dió a conocer unos documentos que revelan que el Chapo habría sostenido relaciones sexuales con varias niñas de 13 años, por las que pagaba 5 mil dólares y a las solía drogar con frecuencia. Según las evidencias, el acusado se refería a ellas como píldoras de "vitaminas" que le daban "vida".

Cuando se dieron a conocer los documentos que permanecieron sellados a lo largo del proceso, el abogado Eduardo Balarezo comentó lo siguiente:

"Como saben, el gobierno recientemente presentó públicamente documentos que contenían información extremadamente escabrosa. Joaquín niega las acusaciones, que carecen de corroboración y se consideraron demasiado perjudiciales y poco fiables para ser admitidas en el juicio. Es desafortunado que el material se haya divulgado públicamente justo antes del inicio de las deliberaciones del jurado".

Las revelaciones

Los detalles de las revelaciones que surgieron antes de que el juez Bryan Cogan instruya al jurado sobre la norma, previsto para que se haga el lunes 4 de febrero a las 9:30 AM. Los datos que hablan sobre el uso de niñas para actos sexuales por parte de Guzmán fueron detallados por el testigo y ex secretario personal del acusado, Alex Cifuentes Villa, quien aseguró a los fiscales federales que en ocasiones ayudó al Chapo a drogar a las niñas colocando una "sustancia en polvo" en sus bebidas. 

Cifuentes sostuvo que las jóvenes fueron ofrecidas a Guzmán por una mujer llamada sólo "Comadre María". Según los documentos, ella siempre "regularmente" enviaba fotos de niñas para que el Chapo seleccionara, y las selectas eran enviadas a su hogar en las montañas para participar en actividades sexuales por una tarifa de $ 5,000.

No es la primera vez que la mujer conocida bajo el alias de "Comadre Maria" sale a relucir en el juicio. Ya se había hecho referencia a ella cuando se explicó que habría sido esa empleada de Guzmán la que habría llevado personalmente a representantes de la campaña del presidente Enrique Peña Nieto unos 100 millones de dólares que Guzmán había supuestamente acordado pagar para evitar ser capturado y gozar de protección para sus actividades.

Este lunes se inician las deliberaciones del jurado que debe emitir un veredicto unánime que declare culpable o no culpable a Guzmán. En el juicio que se inició en noviembre de 2018, el supuesto líder del cártel de Sinaloa es acusado de 10 delitos de narcotráfico, lavado de dinero, violencia y asesinatos en el marco de operar una industria criminal internacional de manera continua.

Guzmán enfrenta una pena de cadena perpetua.

viernes, 1 de febrero de 2019

El Esequibo: Territorio en reclamación que Venezuela podría perder por las erráticas políticas del chavismo

Una amplísima zona rica en recursos naturales estaría en peligroso de perderse definitivamente por culpa de la negligencia con que se ha manejado el diferendo que mantiene Venezuela con su vecina Guyana, lo que vendría a consolidar la política de despojos de que ha sido víctima históricamente el país más septentrional de la América del Sur.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El centenario reclamo de Venezuela sobre el territorio Esequibo ubicado en su margen oriental estaría corriendo el riesgo de perderse definitivamente, dada las erráticas políticas implementadas por el chavismo en los últimos veinte años. Tanto Hugo Chávez como su sucesor en la presidencia de la república, Nicolás Maduro —a la sazón excanciller—, serían responsables de que el país pierda unas tierras ricas en recursos naturales y agua que podrían ser determinantes para la recuperación económica ocasionada por las administraciones de estos líderes socialistas.
Identificada en los mapas de Venezuela como una porción del territorio al este del país, cruzado con líneas perpendiculares, la Guayana Esequiba o Territorio Esequibo o Región del Esequibo, se ha conocido a lo largo de los años como la “zona en reclamación”. Así lo han declarado durante décadas los textos escolares y todas las cartas territoriales de Venezuela en despachos públicos. Se trata de una extensión de 159.542 km² que Guyana administra como propio, pero del que Venezuela reclama su soberanía, tal cual lo reza el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.

Desde tiempos coloniales, Venezuela ha sido víctima de constantes despojos territoriales que han ido cercenándolo, siendo el de la frontera oriental perpetrado por Gran Bretaña, uno de los que más más tierra le ha restado a su superficie.

Decisiones que desmembraron el territorio que pertenecía desde 1777 a la Capitanía General de Venezuela creada por el rey español Carlos III, quien estableció como frontera entre España y Holanda, el río Esequibo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el océano Atlántico.

Así tenemos que el Esequibo ha sido una zona que ha sido controlada por tres imperios, el español, el holandés y el británico, siendo este último con el que en 1897 se estableció el compromiso de resolver la disputa en tribunales internacionales.

Los reclamos por parte de Venezuela comenzaron por el propio Simón Bolívar, quien en 1822 ordenó al ministro venezolano en Londres, José Rafael Revenga, denunciar oficialmente que los colonos de Demerara y Berbice usurpaban tierras que de acuerdo a los tratados entre España y Holanda, pertenecían a Venezuela del lado del río Esequibo. Al constituirse la Guayana Británica en 1831 se hizo sistémica la ocupación del territorio venezolano por parte de sus colonos. El precario estado que una Venezuela desbastada por una cruel y larga guerra de independencia, impidió el reclamo oportuno y contundente de tales acciones. La naciente y pobre república venezolana carecía de la fuerza necesaria para enfrentar la hegemonía mundial que para la época ejercía la Gran Bretaña de mediados del siglo XIX.

Ante esta situación Venezuela recurrió a los Estados Unidos para solicitar su auxilio y para que sustentado en la Doctrina Monroe obligara a los ingleses a negociar una solución al conflicto. Fue así como en 1897, los estadounidenses asumieron la representación del país en la negociación de los límites territoriales con Guyana sin que en las conversaciones Venezuela tuviera participación directa. El tercero “independiente”, fue el ruso, Friedrich Martens, quien asumió las funciones de presidente del tribunal, pero cedió a los intereses de los ingleses quienes terminaron favorecidos con el 90 por ciento del territorio usurpado. Venezuela apenas logró evitar que se le despojara del control de las bocas del Orinoco.

El empobrecido y debilitado estado venezolano de entonces, que ni siquiera tuvo la oportunidad de representarse a sí mismo en el laudo arbitral celebrado en una corte de París, se vio forzado a firmar la decisión que adjudicó la zona del Esequibo a la Gran Bretaña.

El Acuerdo de Ginebra

Habrían de transcurrir 63 años, para que una Venezuela más fuerte se presentara ante las Naciones Unidas para entablar una demanda en la que alegó que el referido laudo se resolvió de manera fraudulenta y denunciando que hubo complicidad entre los delegados británicos y el juez ruso que emitió el fallo. Esto en virtud de que en los años ‘50 salieron a la luz evidencias que daban cuenta de dicha complicidad entre los delegados británicos y el magistrado. Estos elementos fueron los que le permitieron a Venezuela levantar su voz ante el concierto de las naciones para denunciar el laudo como "nulo e írrito", por lo que reactivó su reclamo sobre el territorio en la Organización de Naciones Unidas (ONU), instancia en la tuvo lugar el Acuerdo de Ginebra, suscrito el 17 de febrero del año 1966 en la ciudad de Ginebra, Suiza.

El Acuerdo de Ginebra estableció los pasos que debían seguirse para solucionar el conflicto fronterizo luego de la denuncia de nulidad entablada por Venezuela respecto al Laudo Arbitral de París 1899 que cedió a Gran Bretaña 159.500 km² de su territorio al oeste del río Esequibo.
Aunque al momento de firmarse se pensó que el acuerdo sería transitorio y permitiría resolver el diferendo en cuatro años, esto no ocurrió pero las pautas del mismo siguen vigentes.

Se trataba, en pocas palabras, de un acuerdo para llegar a un acuerdo con el que se invalidó el laudo de 1899, aunque mantiene lo que en él se estableció, es decir, el territorio en reclamación continuaba bajo la egida de Guyana hasta tanto se llegara a una solución diferente a la del tratado.

El mismo pautó que el Gobierno de Venezuela y el del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en consulta con el Gobierno de Guayana Británica —teniendo en cuenta la próxima independencia a celebrarse de esta última para la época—, conscientes de que cualquier controversia entre las partes debía resolverse de manera amistosa para no perjudicar la “estrecha colaboración” que debía regir entre las naciones y, de tal manera, que resultara aceptable para todos.

En su artículo I, el acuerdo estableció una “Comisión Mixta con el encargo de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e írrito”[1].

Asimismo, en el artículo V se estipuló en su aparte 1, que “Con el fin de facilitar la mayor medida posible de cooperación y mutuo entendimiento, nada de lo contenido en este Acuerdo será interpretado como una renuncia o disminución per parte de Venezuela, el Reino Unido o la Guayana Británica de cualesquiera bases de reclamación de soberanía territorial en los Territorios de Venezuela o Guayana Británica o de cualesquiera derechos que se hubiesen hecho valer previamente, o de reclamaciones de tal soberanía territorial o como prejuzgando su posición con respecte a su reconocimiento o no reconocimiento de un derecho a, reclame o base de reclamo por cualquiera de ellos sobre tal soberanía territorial”.

Asimismo, el aparte 2 del referido artículo, advirtió que “Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia este Acuerdo constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en los Territorios de Venezuela o la Guayana Británica, ni para crear derechos de soberanía en dichos Territorios, excepto en cuanto tales actos o actividades sean resultado de cualquier convenio logrado por la Comisión Mixta y aceptado por escrito por el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de Guyana. Ninguna nueva reclamación o ampliación de una reclamación existente a soberanía territorial en dichos Territorios será hecha valer mientras este Acuerdo esté en vigencia, ni se hará valer reclamación alguna sino en la Comisión Mixta mientras tal Comisión exista”.

Firmó por el gobierno de Venezuela, Ignacio Iribarren Borges, ministro de Relaciones Exteriores; mientras que por el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte lo hizo Michael Stewart, secretario de estado de Relaciones Exteriores. Por la Guayana Británica suscribió el acuerdo, Forbes Burham, primer ministro.

El Acuerdo de Ginebra significó la culminación del tiempo de usurpación territorial y del desconocimiento de las auténticas fronteras venezolanas en su margen oriental.  

Culminó una etapa en esta historia de usurpación territorial que se inició en 1839 cuando el naturalista prusiano Robert Schomburgk, desconociendo la frontera entre Venezuela y Guayana Británica en el río Esequibo, presentó su línea que abarcó 142.000 kms2 al occidente de esta arteria fluvial, en suelo venezolano de la provincia de Guayana.

Guyana y el acuerdo de Ginebra

La posición de Guyana siempre ha sido que “el objetivo del Acuerdo de Ginebra no era otro que el de establecer la validez de la contención venezolana de que el Laudo de 1899 era nulo e írrito, negándose a discutir seriamente las posibles soluciones, e incluso los caminos que pudieran conducir al entendimiento entre los dos países”, advierte Manuel Donís Ríos, miembro del Instituto de Investigaciones Históricas e Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia[2].

Sostiene el historiador que Guyana neutralizó los efectos del Acuerdo y apuntó en todo momento a mantener las negociaciones en un punto muerto en el que no fuera posible “alcanzar un avenimiento en una comisión diplomática, paritaria y negociadora”.

Entretanto —destaca Donís Ríos— Venezuela persistió en el objetivo de concretar un arreglo práctico del diferendo que se tradujera en una decisión satisfactoria y aceptable para ambas partes. “No se explicaría, arguyó, que si la controversia se limitaba a demostrar la validez o nulidad del Laudo, por qué razones Guyana aceptó firmar el documento ¿Qué sentido tenía proponer una solución práctica y mutuamente satisfactoria a una controversia estrictamente jurídica como alegaba Guyana?”.

El Acuerdo de Ginebra sigue siendo Ley de la República, subraya el catedrático, y por tanto Venezuela está obligada a cumplirlo. “Al firmar el documento, Guyana reconoció la existencia de una Controversia con Venezuela. Está obligada a negociar; y la solución se inscribe en el ámbito político y no estrictamente jurídico”.

Para Venezuela es determinante que Guyana se mantenga en la mesa de negociación sin la intervención de terceros. “Politizar e internacionalizar el asunto pudiera ser un error. Debemos insistir con Guyana y hacerle comprender la conveniencia que tiene para su futuro económico llegar a un arreglo práctico con Venezuela. Guyana necesita desarrollar sus recursos naturales pero para ello debe llegar a un acuerdo definitivo con Venezuela en la Zona en Reclamación, entendida como espacio terrestre y su proyección marítima, puntualiza.

Los siguientes pasos

Dado que los cuatros años pautados inicialmente como el tiempo para llegar a un resolución del conflicto se cumplieron en 1970 sin que las partes efectivamente acordaran una solución, se procedió a firmar el Protocolo de Puerto España entre Guyana, Reino Unido y Venezuela, para congelar por doce años el Acuerdo de Ginebra. Se indicó que si para el año 1982 Venezuela decidía no ratificar dicho protocolo, se volvía a lo establecido en el Acuerdo de Ginebra.

Transcurrido este tiempo Venezuela propuso ir a una negociación bilateral directa mientras que Guyana sostiene su deseo de ir a un arreglo judicial. Las partes recurren al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, quien aboga por la solución pacífica y el organismo termina, en 1987, poniendo sobre la mesa la figura del Buen Oficiante, lo cual comenzó a regir a partir de 1989. La tarea del Buen Oficiante era acercar a los dos países en procura de un acuerdo común tal y como lo establece el Acuerdo de Ginebra. Esto no arrojó resultados concretos y tras 27 años que incluyeron tres de estos “buenos oficiantes”, el mecanismo mostró su aparente inutilidad.

Al inicio del gobierno de Hugo Chávez, en 1999, las conversaciones entre Venezuela y Guyana se metieron en el congelador y así se mantuvieron hasta 2013, esto en razón de las “buenas relaciones” del difunto mandatario con la administración de Georgetown.

Chavismo entrega el Esequibo

Pero más que buenas relaciones, el chavismo sólo sirvió en bandeja de plata a Guyana el territorio que por más de un siglo Venezuela ha reclamado como suyo con base a sólidas evidencias que así lo comprueban.

El despojo, pues, se habría materializado gracias a la acción ¿o inacción? De los gobiernos de las dos últimas décadas.

Chávez cambió los intereses de Venezuela por los suyos en particular, pues en su afán por conquistar apoyos e incrementar su influencia en el Caribe, el mandatario suscribió convenios y tratados de intercambio comercial, siendo Petrocaribe el más significativo de estos.

Guyana forma parte de esta alianza a través de la cual los países de la Comunidad del Caribe, (Caricom) reciben petróleo venezolano a precios preferenciales y con holgadas condiciones de pago.

La posición con respecto a Guyana daba con Chávez un viraje absoluto. Tanto es así que el finado mandatario durante una visita que realizó a Georgetown el 20 de febrero de 2004, dio a conocer los lineamientos de su política exterior con relación al diferendo territorial por el Esequibo.

“Me he comprometido con el presidente Bharrat Jagdeo a que el Gobierno venezolano no va a oponerse a ningún proyecto en la región que vaya en beneficio de sus habitantes, en beneficio directo como me decía el presidente, proyectos de agua, vías de comunicación, energía, proyectos agrícolas, y segundo, que ante el surgimiento de cualquier proyecto más sensible, inmediatamente nos activamos ambos para revisarlo, en la comisión binacional de alto nivel y buscarle salidas”, dijo el mandatario en Guyana y así lo recoge una nota del diario del 2001[3].

La reseña agrega que la oposición venezolana se pronunció en contra de estas declaraciones e, incluso, Hermann Escarrá, para ese entonces convertido en adversario político de Chávez, interpuso un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia para que revertir la postura adoptada por el gobierno nacional al sostener que el presidente lesionaba “una política de Estado que Venezuela invariablemente venía manteniendo en lo que respecta a la reclamación de la Guayana Esequiba".

“El asunto del Esequibo será eliminado del marco de las relaciones sociales, políticas y económicas de los dos países”, llegó a afirmar el difunto, recoge una información del diario Tal Cual que indicaba que la razón del cambio de postura “tendría una raíz ideológica y habría estado tutelada por Cuba, que desde 1981 reconoce como guyanés todo el territorio Esequibo”[4].

La nota también reseñaba que en 2007, “Guyana asumió la nueva postura de Venezuela. Mientras Chávez decía en Caracas que el país ‘inició la reclamación del Esequibo por presiones de los Estados Unidos para desestabilizar el gobierno comunista de Chaddy Jagan’, el embajador guyanés en la capital venezolana, Odeen Ishmael, declaró que ‘la confraternidad entre dos países socialistas implica abandonar el contencioso fronterizo, dado que los hermanos están llamados a vivir en paz’. Ese año, el canciller Elías Jaua también se trasladó a Guyana para ‘disculparse’ por la incursión de soldados venezolanos en el territorio en reclamación”.

Los errores de Chávez

En opinión del exsecretario ejecutivo de la comisión presidencial para asuntos fronterizos y exdirector de cooperación con el Caribe y Centroamérica en la cancillería venezolana, Alfredo Michelena, los errores del chavismo han significado el triunfo de la estrategia de Guyana de llevar a Venezuela a la Corte Internacional de Justicia para dirimir la controversia. Estima el experto que cada vez son menos las posibilidades de reivindicar el despojo territorial de que fue víctima el país, refiere el experto en un artículo publicado en la Revista Zeta[5].

Esta consecuencia deriva de la posición chavista que cambió el panorama en materia de la reclamación del Esequibo.

Al secundar Hugo Chávez la tesis guyanesa y de Fidel Castro de que el reclamo territorial respondía a una posición imperialista para evitar que un gobierno socialista se instalara en Guyana, debilitó por completo la estrategia de reivindicación que Venezuela había asumido en la era democrática.

Sostiene Michelena que Chávez negoció con el Caricom no insistir en la reclamación territorial del Esequibo a cambio de apoyo internacional en su intento de llegar al Consejo de Seguridad el cual resultó fallido y de controlar la Organización de Estados Americanos (OEA).

El camino de la corte

El fracaso de la política del buen oficiante a la que contribuyó grandemente la posición esgrimida por el gobierno de Hugo Chávez y luego el de su sucesor, Nicolás Maduro, sirvió para que Guyana impusiera su estrategia y convenciera al, para la época, secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, del agotamiento de las negociaciones y este se tranzara por la tesis guyanesa y de sus aliados de acudir a la Corte Internacional de Justicia.

Ya en este extremo, de nada valieron los tardíos esfuerzos del negociador venezolano, Roy Chaderton, ni del embajador en la ONU, Rafael Ramírez, así como tampoco de los cancilleres, Delcy Rodríguez y Jorge Arreaza, de persuadir al organismo de no ir a los tribunales internacionales.

Finalmente, António Guterres, posicionado como nuevo secretario general de la Naciones Unidas, el 30 de enero de 2018 manifestó que “cumpliendo con la responsabilidad que le ha correspondido dentro del marco establecido por su predecesor en diciembre de 2016, y ha escogido a la Corte Internacional de Justicia como el medio a ser utilizado para la resolución de la controversia”.

Fue así como transcurridos poco menos de dos meses, el 28 de marzo de 2018, Guyana pidió a la CIJ “que confirme la validez legal y el carácter vinculante del Laudo Arbitral de 1899 sobre la frontera entre Guyana y Venezuela”. 

El 18 de junio de 2018, la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y el canciller, Jorge Arreaza, asistieron a una reunión convocada por el presidente de la CIJ, Abdulqawi Ahmed Yusuf, para tratar la demanda unilateral presentada por la República Cooperativa de Guyana contra la República Bolivariana de Venezuela respecto a la Guayana Esequiba y entregaron una carta de Nicolás Maduro en la que le comunicaba “su decisión soberana de no participar en el procedimiento que pretende incoar Guyana, por carecer la Corte manifiestamente de jurisdicción sobre una acción planteada unilateralmente por el país vecino, que no cuenta con el consentimiento de Venezuela”.

Maduro insiste en la política errática sobre el Esequibo

El periodista y diplomático, Julio César Pineda, refiere que hasta la fecha ninguno de los gobiernos venezolanos ha hecho nada que pueda considerarse definitivo para tomar posesión del territorio, permitiéndose que Guyana continúe con la posesión de facto. Así tenemos que mientras en mero derecho de este lado de la frontera se sigue discutiendo acerca de a quién corresponde la soberanía sobre el Esequibo, al otro lado el gobierno guyanés continúa otorgando concesiones petroleras, mineras, forestales o de explotación de recursos naturales, en su conjunto.
La recomendación fundamental que Pineda hace al gobierno es que desde la presidencia de la república se convoque a los internacionalistas, diplomáticos y excancilleres para la conformación de un frente de defensa del Esequibo, independientemente de las posiciones políticas que cada quien sostenga.

“Hay un pecado terrible del presidente Chávez. Con motivo de la circunstancia de obtener el voto favorable de los países del Caribe, no quiso levantar el tema de Guyana. Inclusive, en una visión equivocada de lo que es la solidaridad internacional habló de que Guyana podía desarrollar sus recursos al margen de la contienda por la reclamación del Esequibo. Eso creo que se trata de un error que el presidente Maduro ha podido corregir; ahora cuando proclaman que el sol nace en el Esequibo. Es una especie de llamado a revisar lo que el presidente Chávez decía; de que era necesario afincar el desarrollo de Guyana, y él no hizo mayores exigencias a ese país; con lo cual Guyana se sintió en lo que llaman en el derecho internacional, con la autoridad de seguir adelante”.

Precisa que la situación es sumamente grave por cuanto Guyana como territorio independiente y soberano insiste en llevar a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia y allí se defina el destino del territorio en reclamación con base a que se establezca si es válido o no lo decidido por el Laudo Arbitral de 1899.

Subraya los errores venezolanos de la administración chavista en el Caricom, a cuyos países miembros se les ayuda económica y financieramente, mientras ellos apoyan a Guyana y dejan sola a Venezuela, como también lo han hecho los países de la Commonwealth de Gran Bretaña, que son 53, quienes con su posición están aislando al país con respecto a la reclamación frente al Esequibo.

Destaca el abandono venezolano a las fronteras de los estados Bolívar y Delta Amacuro, colindantes con territorio del Esequibo.

— No hemos hecho absolutamente nada, y Guyana sigue avanzando en sus desarrollos económicos, repito, otorgando concesiones a otros grupos extranjeros, y lo más grave, para Venezuela, es que, no solamente podemos perder los 150 mil kilómetros de ese territorio con Guyana; sino, además, la franja, que es muy larga, de frontera con el Atlántico; que es nuestra salida a ese océano; de modo que esa frontera con otros países se puede cerrar.

Venezuela debe mantenerse firme en su posición de discutir bilateralmente la materia, apunta Pineda.

Julio César Pineda reclama la unidad entre gobierno y oposición en el tema de la Guayana Esequiba e insta a no aceptar llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pues es falso lo que sostiene Guyana de que Venezuela perderá el territorio si no acude al tribunal. “Es falso. Ellos citan el artículo 59 de dicha Corte: no es aplicable tomando en cuenta, que en el caso venezolano, nosotros nunca hemos aceptado la competencia de esa instancia. No estamos obligados a ir; como sí fue el caso de otros países”[6].

El peligro de perder el Esequibo

El exembajador de Venezuela ante las Naciones Unidas para la aplicación del acuerdo de Ginebra, Emilio Figueredo Planchart, el actual estado de cosas podría derivar en que el país pierda definitivamente el territorio en reclamación en razón de la negligente actitud de las administraciones chavistas.
“El estatus actual ‘ha sido producto de la negligencia, inexperiencia y desconocimiento de la mecánica del derecho internacional’ por parte del Gobierno de Venezuela, afirmó. ‘Ellos lograron este resultado por esa mezcla de factores y desconocimiento en la aplicación del derecho internacional en este conflicto territorial’”, se lee en una nota de Venezuela Analítica.

Figueredo destacó que la excanciller Delcy Rodríguez “cometió el gravísimo error de insistir en los buenos oficios” ante el secretario general de la ONU con el interés de lograr la prórroga de un año, lo cual no fue más que “un disparate”, en razón de que en la Corte Internacional de Justicia Guyana está blindada, “tiene preparado su expediente desde hace años, y EE. UU. respalda totalmente la acción guyanesa”[7].

No se puede ir a la CIJ

Pero estas no son la únicas voces que se levantan en contra de que Venezuela dirima el conflicto territorial del Esequibo en la Corte Internacional de Justicia, dos de ellas son las del almirante retirado, Elías Daniels, y la de la internacionalista, Mirna Yonis, quienes sostienen que el secretario general de la ONU no puede tomarse la atribución de enviar la controversia a ese tribunal sin el consentimiento de las partes, una potestad que pretende atribuirse Antonio Guterres basado en el artículo IV del Acuerdo de Ginebra.

Respecto a esto último, Daniels advierte que para que se cumpla esa premisa ambas partes deben estar de acuerdo y ese no es el caso, pues Venezuela se niega a ello.

Entretanto, la profesora de la Universidad Central de Venezuela, Mirna Yonis, alerta que la ONU no puede elevar de manera “automática” la controversia a la CIJ, por cuanto Venezuela no es firmante de todos los acuerdos para resolver todo tipo de controversia. “El secretario general de Naciones Unidas, debe servir como facilitador para la resolución del conflicto, pero deben ser las partes quienes se pongan de acuerdo sobre el medio por el cual van a resolver el diferendo, tal y como está establecido en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas”.

A saber el citado artículo reza: “Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección”.

Del mismo modo, el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI), estima que el mecanismo de los buenos oficios “no se encuentra agotado, sino que Georgetown se ha negado sistemáticamente a negociar desde el principio, bloqueando así la efectividad de este medio de solución pacífica de controversia”[8].

Los errores de Maduro

El exembajador de Venezuela en Guyana entre el periodo comprendido de 2007 a 2012, Darío Morandy Figuera, refiere que la cancillería venezolana ha errado afectando la negociación bilateral que durante años fue la posición nacional desde tiempos en que Nicolás Maduro ocupó el ministerio de relaciones exteriores, pues en dos ocasiones se negó a recibir al buen oficiante de la ONU cuando este visitó Caracas “y que se cansó de enviar documentos sobre la reclamación del Esequibo, que se quedaron sin respuesta”[9].

Morandy recuerda que en septiembre del año 2011 Guyana concretó una solicitud de extensión de su plataforma marítima ante la Comisión de Límites de la ONU, una solicitud que afectaba directamente los intereses venezolanos, pues ello significaba el cierre de la fachada atlántica de Venezuela al plantear como propia la proyección marítima del estado Delta Amacuro.

Precisó que aquel momento, Nicolás Maduro protestó a Georgetown que Venezuela no había sido informada de la solicitud guyanesa, siendo que realmente sí lo había sido en 2009 a través de la embajada venezolana, desde donde inmediatamente se puso en conocimiento del asunto al entonces canciller por vía escrita, lo cual fue reseñado por el diario El Universal y “sería uno de los 15 documentos que el entonces ministro de Exteriores venezolano quizás ni se tomó la molestia de leer” y en donde se advertía que Guyana estaba accediendo a organismos internacionales en procura de ampliar la plataforma marina afectando enormemente a Venezuela.

“Se lo enviamos al presidente (el entonces canciller Maduro) y le enviamos la versión original en inglés que me había consignado la canciller guyanesa (Carolyn Rodrigues-Birkett). No hubo respuesta, pero cuando se consolidó la solicitud de Guyana ante la Comisión de Límites de Naciones Unidas, entonces hubo un revuelo y Maduro le responde a la canciller de Guyana que había actuado de mala fe porque no le participó. La canciller guyanesa me llama a mí, yo venía llegando de Venezuela a Guyana y del aeropuerto me voy directamente a su despacho y me dice: ‘Cómo es que yo no le participé a usted, si conversamos, si usted me pidió el documento, más completo que tuviéramos con los detalles’. Le dije, ‘eso es correcto y yo lo consigné a través de un oficio’. Por un lado, le agradecí a El Universal que salvó mi actitud y mi compromiso con el país, pero al mismo tiempo me hizo un terrible daño en mis relaciones con la Cancillería guyanesa, porque yo digo —en el informe— que hay que frenar el avance de la diplomacia guyanesa, porque hay intenciones de usurpar nuestro territorio”.

Darío Morandy Figuera advierte que la propia cancillería venezolana destruyó el cuadro diplomático del país, pues no existe una agenda bilateral con Guyana, habiendo sido él quien se dedicó a establecerlos y así consta en la memoria y cuenta que entregó en 2012 cuando entregó el cargo. “En esos temas estaba el del Esequibo como prioritario, estaba el acuerdo de suministro de arroz y el de Petrocaribe, que fue rescindido unilateralmente por el presidente Maduro, lo cual constituyó un error grave, y estaba la construcción de la carretera desde el municipio Sifontes del estado Bolívar a Guyana. Era el escudo que unificaría a Brasil, Guyana, Surinam y Venezuela y nos permitiría un modelo de integración de 4 idiomas: Portugués, español, inglés y el holandés nativo de Surinam”.

El exembajador, sin embargo, defiende la política de Hugo Chávez y llega asegurar que era el único que tenía una posición clara respecto al Esequibo. Es así que respecto a lo expresado por el finado exmandatario en Georgetown en 2004, aseguró que el “planteamiento de Chávez en ese momento fue mal interpretado y mal utilizado. El planteamiento de Chávez de fondo, que se recogió por parte de nuestra misión diplomática en Guyana, es que Venezuela y Guyana no podían convertirse en países que estuvieran peleando y que una disputa territorial impedía el desarrollo económico y político de Guyana. Chávez lo decía porque el Esequibo no era solo un pedazo de tierra, donde había 250 mil habitantes, además hay mineros que es una población itinerante y eso necesita de una atención estratégica en el concepto moderno de la integración, tal como se consideró para la construcción de Unasur y la Celac. La frontera no puede convertirse en un obstáculo, sino en un instrumento que coadyuve al desarrollo y ese era el planteamiento de fondo, porque la visión era integral”.

En este sentido, Morandy indica que “Chávez privilegiaba la relación entre los pueblos. Chávez lo planteó así y generó toda una controversia, que terminó interpretando que se había congelado cualquier reclamo que Venezuela había pretendido históricamente, y fue lo que interpretaron muchos medios. El embajador Odeen Ishmael al hacer pública esa información trata de aprovecharse del calor político y la incertidumbre ante algunas definiciones políticas que el presidente Chávez no acababa de esbozar, pero nadie dijo que Chávez fue el único que se atrevió a paralizar la base espacial que se pretendía lanzar desde el Esequibo, nadie dijo que a través del canciller [José Vicente] Rangel se frenaron las pretensiones de la Exxon de apropiarse de parte de nuestro territorio Esequibo y que proyectaba una ocupación progresiva de nuestra única salida al Atlántico”.

Considera como un error garrafal el que Venezuela hubiera aceptado la resolución de la ONU del 16 de diciembre de 2016 que advertía que si en un año el mecanismo de los buenos oficios no se resolvía la situación del Esequibo, el caso sería enviado a la Corte Internacional de Justicia. “Eso no ha debido ser aceptado nunca. Lo que es peor: Nuestra canciller de ese momento, la señorita Delcy Rodríguez, no dijo absolutamente nada y no estableció absolutamente nada que frenara esa decisión. Había que decir que no se aceptaba, porque en un año no se iba a recomponer una disputa que ya tenía carácter centenario. Era como celebrar que nos pusieran entre la espada y la pared”.

Y agrega: “El presidente de la República, que estuvo casi 6 años como canciller, no dijo nada, así como no dijimos nada cuando Guyana sacó sus nuevos límites. No hemos dicho nada porque no se ha convocado a la gente que conoce el tema a fondo. Aquí hay especialistas que se formaron con este tema, tenemos argumentos geográficos, cartográficos e históricos con alto contenido social”.

Morandy es de los que estiman que el camino de los buenos oficios no está agotado, pero debe replantearse.

Sin ambages asegura que la gestión de gobierno venezolana actual ha sido la única responsable del destino de que tuvo el camino del buen oficiante. En “los 5 años que correspondieron al presidente Maduro hubo una ignorancia absoluta del trasfondo, una especie de dejadez, y se entendió como que nombraron a un señor allí que hay que darle unos viáticos para que revise los archivos”.

Se pronuncia por convocar una reunión extraordinaria de la Comisión Binacional de Alto Nivel, para lo cual la cancillería venezolana debe trabajar arduamente para convencer a los guyaneses de ello.

El gran botín

Pero detrás de toda esta disputa se esconden —tal vez ya están demasiado a la vista— intereses económicos muy alejados del afán nacionalista y patriota que pueden motivar la lucha de Venezuela y Guyana por ejercer la soberanía sobre el territorio.

El Esequibo es un cofre que guarda grandes riquezas naturales, agua abundante para generación eléctrica, así como minerales: petróleo, cobre, níquel, hierro, oro y coltán.

Y sobre uno de estos tesoros, el petróleo, los ojos de interesados de la ExxonMobil se han posado, constituyéndose en la chispa que puede encender el fuego en cualquier momento.

Contrariando lo que las normas dictan en estos casos, el gobierno guyanés otorgó una concesión a cambio de USD 200 millones a la citada ExxonMobil para la exploración y explotación del bloque Stabroek de 26.000 km² en el océano Atlántico, lo que prendió las alarmas en Caracas acompañada del reclamo correspondiente. Las primeras investigaciones señalan que la zona en cuestión en el Atlántico alberga reservas de petróleo por el orden de los 700 millones de barriles. El valor de dicha reserva según los primeros cálculos podría alcanzar los USD 40 mil millones[10].

El hallazgo petrolero se ubica en la “cuenca Guyana-Surinam (de 459.450 kilómetros cuadrados, casi 10 veces más grande que la Faja Petrolífera del Orinoco) es uno de los depósitos inexplorados de hidrocarburos más importantes del mundo, certificado por el Servicio Geológico de EE. UU. Se calcula que pueda tener unos 12.800 millones de barriles de petróleo (10% de la región), estimaciones equivalentes a 5,44% del existente en la Faja Petrolífera del Orinoco, cuyas reservas certificadas son de 235.000 millones de barriles. Muy probablemente, el área es una extensión de la Faja”[11].

Y mientras Guyana sostiene que el bloque Stabroek se encuentra en su jurisdicción, Venezuela reclama que se trata de aguas en litigio y que la administración guyanesa no puede autorizar exploraciones y explotaciones económicas en esa zona ni en el Esequibo, por tratarse de una zona en reclamación territorial.

Pero el trato con la Exxon no es el único, aunque sí tal vez el más notable, pues el gobierno guyanés ha otorgado con concesiones ilícitas  a empresas de Estados Unidos, China, Canadá, Australia, la India y Malasia.

El diferendo territorial parece, entonces, haber iniciado una cuenta regresiva que podría traer terribles consecuencias para Venezuela, pues estaría consolidando la política de despojos de que ha sido víctima a lo largo de su historia.

Notas

[1] Consulado de Venezuela en Vigo. Acuerdo de Ginebra. http://www.consulvenevigo.es/subido/ACUERDO%20GINEBRA%20ONU%201966.pdf

[2] Academia Nacional de la Historia de Venezuela. “El Acuerdo de Ginebra cumple 50 años”. http://www.anhvenezuela.org.ve/sites/default/files/1/Acuerdo%20de%20Ginebra.pdf

[3] 2001. “Chávez cambió postura venezolana ante el diferendo del Esequibo”. Sin fecha. http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/103497/chavez-cambio-postura-venezolana-ante-el-diferendo-del-esequibo.html

[4] Tal Cual. “El chavismo cambió fidelidad por Esequibo”. 31 de enero de 2018. http://talcualdigital.com/index.php/2018/01/31/el-chavismo-cambio-fidelidad-por-esequibo/

[5] Revista Zeta. “De cómo el chavismo entregó el Esequibo”. 21 de junio de 2018. http://revistazeta.net/2018/06/21/de-como-el-chavismo-entrego-el-esequibo/

[6] Mundo Oriental. “Julio César Pineda: Estamos a punto de perder el Esequibo por la negligencia venezolana”. 3 de agosto de 2018. http://www.mundo-oriental.com.ve/det.aspx?id=84240

[7] Venezuela Analítica. “Venezuela perdería el Esequibo por negligencia del Gobierno”. 1° de febrero de 2018. https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/venezuela-perderia-el-esequibo-por-negligencia-del-gobierno/

[8] Venepress. “Diferendo territorial entre Venezuela y Guyana no se puede resolver en la Corte”. Sin fecha. https://www.venepress.com/article/Diferendo_territorial_ente_Venezuela_y_Guyana_no_se_puede_resolver_en_la_Corte1517502024513

[9] El Estímulo. “La Cancillería de Maduro desestimó el reclamo venezolano sobre el Esequibo”. 12 de abril de 2018. http://elestimulo.com/climax/de-como-maduro-desestimo-mas-de-15-informes-sobre-el-esequibo/

[10] La Nación. “Venezuela y Guyana se pelean cofre de riquezas en Esequibo”. 2 de agosto de 2015. https://www.nacion.com/el-mundo/conflictos/venezuela-y-guyana-se-pelean-cofre-de-riquezas-en-esequibo/M32YTH6ML5H2FKS5DPFNESZL6A/story/

[11] Contrapunto. “Infografía | Tres momentos difíciles en la disputa territorial por el Esequibo”. 20 de Julio de 2015. http://contrapunto.com/noticia/infografia-las-5-cosas-que-debes-conocer-sobre-la-disputa-territorial-del-esequibo/

PDVSA financial statements show export sales of oil and products for USD 50.861 billion that did not fully enter the coffers of the oil company in 2017

By Maibort Petit
@maibortpetit

An evaluation of the consolidated financial statements of PDVSA for 2017 show export sales and their products for USD 50,861 million. The evaluation for the previous year 2016, showed sales at  USD 41,361 million. Not all of these revenues appeared into the coffers of the state. This accounting  discrepancy was revealed by a report issued by the Chief Commissioner of Petroleros de Venezuela, PDVSA.

The document in our possession reveals that only a portion of the stated revenues were collected by the corporate treasury, so that the operational results achieved with the real limited currency budgets can be appreciated. This is based on the total revenue figures that were available in cash, during the year 2017, which have been shown by PDVSA's Vice Presidency of Finance, of effectively 16,549 million USD, obtained with an average daily export price of  46.66 USD per barrel.

The report makes a series of warnings regarding the performance of the state that account for the low oil production, plummeting income and corruption.This resulted in a situation in the labor force of the industry that lead to a progressive flight of highly skilled professionals from the bosom of the most important company in the country.

On December 7, 2018 Silvestre Molero Torres,  Chief Commissioner of Petróleos de Venezuela, directed the communication to the Minister of Popular Power of Petroleum and president of PDVSA, to send him the report of the year 2017. This communication is identified with the number COM-2018-0046 . Request for information on the state company was made so that this would be considered by the Shareholders' Assembly. This information contained an analysis of the results of the evaluations, observations and recommendations on the general management of the administrators, the level of compliance with the strategic guidelines and the policies on hydrocarbons and instructions that were dictated by the National Executive.

The chief commissioner urged the shareholders' meeting to approve or disapprove the consolidated financial statements of PDVSA, prepared by the Corporate Office of the Financial Comptroller and reviewed by the Office of Support to the Commissioner, once the external auditors issued their opinion.

In said report, Molero Torres stressed that the independent character of the Mercantile Commissioner was encouraged that it would represent the most important interests of the shareholder, the Venezuelan state. He expressed confidence that Mercantile would produce  an objective professional evaluation regarding the general management performed by the administrators. The appointment of this official takes place during the first ordinary annual meeting of shareholders.

It is indicated that this is the second annual report that Molero Torres issued. It was explained that he carried out his work in the company of a small team of highly experienced professionals that make up the Office of Support for the Commissioner (OAC).

 The preparation of the Annual Report of the Commissioner includes the coordination of efforts with all the organizations that are deployed along the value chain of the business, as well as with the control and internal audit bodies. It relies on the performance of external auditors in evaluating the  figures included in the consolidated financial statements. This means that the issuance of the Annual Report of the Commissioner must coincide with the opinion of the aforementioned external auditors, namely Rodríguez Velázquez & Asociados KPMG.


It is specified that 2017 was an exceptional case.  There were adverse effects because of the external audit and the numerous cases of investigation that mostly corresponded to past years. What was revealed required compliance with the protocol established by international standards and that which is imposed by the performance of forensic auditors. It is emphasized that the Annual Report of the Commissioner coincides with the opinion of the external auditors.

 These external auditors had to delve into the multiple related implications, as well as to identify the material impact of the damage suffered and demonstrate or rule out the systemic nature of the damage infringement of internal control inflicted on the corporation. To carry out the work, actions were coordinated with the Corporate Internal Audit Executive Directorate. This allowed the external auditors to examine reports, work papers and files related to the cases that were most uncertain while appreciating the financial impact caused. 

Likewise, the communication stated that at the time of the delivery of the commissioner's report, the report of said external auditors was still pending.

The report

For the preparation of this report, Silvestre Molero Torres made a general assessment of the administrative management carried out by the PDVSA board of directors. It also included an assessment of  the information prepared by the Corporate Office of the Financial Comptroller, which included the examination of the minutes of Shareholders' Assemblies. Including assessing the resolutions of the board of directors and executive committee of the state and management reports of the administrators.


The main cases of investigation were also reviewed, including the scope and delimitation of losses, violations of control, operational modalities, identification of organizational positions and officials with responsibilities, judicialization, accounting records provisioned and equity recovery actions undertaken. The commissioner attributes the importance of the investigations to the supposed judicial impulse that the Public Prosecutor's Office printed on the inquiries.

 The report evaluates the timely and efficient compliance of policies and strategic guidelines on hydrocarbons. These were defined during the first ordinary annual meeting of shareholders of the state. It is their job to see that the instructions issued by the national government are complied with, in accordance with the Law of the Plan of the Fatherland, Simón Bolívar National Project, Second Socialist Plan for Economic and Social Development of the Nation 2013-2019 ", as well as the Socialist Strategic Plan 2016-2026 during the year to be analyzed, in this case the one corresponding to the year 2017.

High performance against production

Among the first conclusions issued by Silvestre Molero Torres is affirming that the results of the year 2017 do "reveal a high performance, considering the resources applied. The production of 2,220 MBD during the year 2017 is a relevant figure given the action of the accumulated restrictions in foreign currencies and the international financial boycott ".

In the opinion of the Chief Commissioner of PDVSA, the operational and financial results expressed at the end of 2017, which were prepared by the Corporate Management of the Financial Comptroller, "vindicate the efforts made by the workers, the PDVSA management team and the Ministry of the Poder Popular de Petróleo, which during the year managed to maintain an average daily level of liquid hydrocarbons production of 2,220 MBD. "

He admits that these achievements were obtained, despite “ the obsolescence and deterioration of infrastructure of operations, because of the pronounced divestment and limited maintenance of a capital-intensive industry of external component, besieged by the manifest boycott for the access to the international financial system and  the  sharp loss of critical skills due to the phenomenon of staff desertion".
  
Income only on paper

Molero Torres refers to the fact that the preliminary studies of the consolidated financial statements of PDVSA for the year 2017 at the time of the issuance of the report were in the process of external audit, showed export sales and their products for 50,861 million USD, while the previous year, 2016, had been 41,361 million USD. These resources were not in effect  entered into the state coffers.

The alert reveals that only a portion of these revenues are  received by the corporate treasury. The operational results achieved with limited real currency budgets can be appreciated. Based on the total revenue figures that were available in cash during the year 2017, and which have been shown by PDVSA's Vice Presidency of Finance, of effectively USD 16,549 million, obtained with an average daily export price of USD 46.66 per barrel.

It warns that when this amount of cash receipts was applied to the PDVSA expenditures - namely USD 8,507 million - as well as USD 5,198 million corresponding to promissory notes sold to the Central Bank of Venezuela (BCV) to obtain the necessary bolivars in the financing of local operations, there is an effective availability in foreign currencies of USD 3,309 during 2017 for the payment of the external component to suppliers and contractors.

Molero Torres highlights the case of Bariven, S.A., a subsidiary that presents senior long-term liabilities that in 2017 only recorded international purchases for a value of USD 191.09 million, supposedly due to the restricted financial scenario.

The subsidiary recorded obligations for USD 655.31 million that were not accounted for by works and services in the operations of the Orinoco Oil Belt, which represent contributions from contractors, but which do not meet the full financing requirement.

That is why even if the operational results of PDVSA in itself could be qualified as relevant, it is necessary to compare them with the abundant historical resources available for investments and operating expenses, which supported the production of the three million barrels per day of the industry. 

It refers, in this sense, the actual outflows in foreign currency reported in the operational financial reports during the last years, which would be in 2009, of USD 5,182 million; in 2010 of USD 14,517 million; of USD 33,117 million in 2011; USD 20,051 million in 2012; USD 21.520 million during 2013; USD 22,598 million in 2014; of USD 15,532 million 2015; USD 6,058 in 2016 and USD 8,507 in 2017.

 The report says that if the production levels reached with insufficient resources are taken into account, it is possible to glimpse explanations about the magnitude of the crisis that has overtaken PDVSA and the country, which presents a severely weakened productive apparatus, even though in 2017 it closed with a price average daily that rose by USD 11.51 above the 35.15 dollars per barrel of 2016. A rebound that is in accordance with the appreciation of the commissioner could not be used during the aforementioned fiscal year 2017 "because of the inefficiency of the assets productive that are awaiting funding. It can be concluded that the operating results for 2017 are significantly affected by the lack of availability of financial resources expressed in foreign currency, this being the first and main cause that has impeded the complete execution of investment projects, operational programs and periodic maintenance of plants, and therefore has limited the scope of the volumetric goals foreseen during the year 2017, of PDVSA and its subsidiaries ".

Loss in oil production

The report refers to the PDVSA 2017 production plan that included crude, condensates and NGL (natural gas liquids), in the order of 2,606 MBD, of which 2,220 MBD were produced, according to the report. it constitutes 85 percent of the planned goal.

It is explained that the production of 2,116 MBD of crude oil was distributed as follows:
a) Orinoco Oil Belt (1,157 MBD);
b) The West (470 MBD);
c) East (441.5 MBD);
d) Offshore (34.8 MBD);
e) PDVSA Gas, S.A. (12.6 MBD).

To these figures we must add the production of 104 MBD of NGL.


Molero Torres indicates in the report that production by  management reached 1,086 MBD, equivalent to 51 percent, which was a decrease of 17 percent compared to 2016 when production was 1,313 MBD.

The production from the management of the joint ventures of the CVP, produced 1,037 MBD (49 percent), which translates into a decrease of 9 percent compared to 2016 when the production was 1,141 MBD.


Digitized numbers

The PDVSA chief commissioner's report says that at the end of 2017, exports were 1,581 MBD of crude oil and 326 MBD of products, which totaled 1,907 MBD. A figure that represented only compliance of 78.8 percent in relation to the original plan that included 2,421 MBD.

Likewise, a decrease of 282 MBD (12.9 percent) was observed in comparison with the 2016 exports.

It is indicated that the 904 MBD of crude and products exported to the Asian continent in 2017, 472 MBD corresponded to commitments derived from the Chinese Fund, while the 646 MBD exported to North America, only 158 MBD corresponded to exports addressed to CITGO.

The drop was also observed in the processing by the PDVSA refineries in 2017, when the volume was 1,343 MBD of crude, which meant a sustained reduction of 1,098 MBD (45 percent), compared to the level reported in 2008. This decrease it was 46 percent in the National Refining System (SRN), and 44 percent in the international sector, which, in the view of the commissioner, was due to the sale during that period of the shareholding in several refineries abroad, equivalent to 345 MBD, the rest is attributed to the decrease in crude processing at the ISLA Refinery.

Little money, little production

PDVSA's chief commissioner estimates that the marked and sustained decline in oil production derives from the declining trend in operational reliability, which is characterized by the low efficiency of facilities and the insufficient foreign currency resources available to the state.

It refers back to the year 2008, taken as reference by its production level located at 3,422 MBD to make the comparison with the volumes of other exercises and thus we have that:  
In 2009 the production was 3,170 MBD; 
in 2010 it was 3,122 MBD; 
in 2011, 3,129 MBD were produced; 
in 2012 it was 3,034 MBD; 
in 2013 of 3,015 MBD; 
in 2014 of 2,899 MBD; 
in 2015 production was 2,863 MBD; 
in 2016 it was 2,571 MBD; and 
in 2017 the figure was 2,220 MBD.

He argues that the high disinvestment in 2017, determined the decrease in the production of hydrocarbons and that by 2018 pointed to a further decline.

Disinvestment in the core processes of the industry, mainly in the Executive Directorates of East and West Production,  observes Molero Torres,  deepens the decrease in oil production that began to accentuate as of 2014, "at the request of the fall in prices of oil, to a greater service of external debt during the period 2014-2017, and to the high commercial debt that PDVSA has with the suppliers of goods, construction companies and service providers for the Corporation. This is a matter immediately linked to the financing of cash flow in foreign currency necessary to operate adequately, financial insufficiency that has had a notable impact on the decrease in the level of execution of drilling activity, infrastructure maintenance, rehabilitation and well services, and has precipitated an increase in deferred production, (crude oil that does not flow into the business through inactive wells, and repairs), due to the low reliability of the facilities, including the improvers of crude and maintenance in plants and infrastructure in general. " 

Reference is made to what it considers an emblematic fact of insufficient resources during the year 2017, namely the Paraguaná Refining Center (CRP), for which a foreign currency budget of USD 1,226 million was foreseen for plant stops for the purpose of the respective maintenance, but whose disbursements were deferred due to the low availability of cash flow in foreign currency.

It formulates a call to design and develop management strategies that allow PDVSA to provide the required foreign currency resources in order to recover the operative capacity of the company and thus guarantee compliance with the volumetric goals foreseen. 

In the same way, he warns about the essential need for "promotion of policies and effective actions aimed at reversing the growing tendency to the desertion of human talent".

Responsible payment of financial debt

Silvestre Molero Torres highlights the recognition of the responsibility of PDVSA's management, "by acting diligently despite the difficulties, to honor the Corporation's external debt."

This is related to the fact that payments were made during the year 2017 to cover said services for USD 7,672 million, both from the parent company and the subsidiaries for operations in the country, "which reveals the importance of promoting an acute hierarchical exercise of strategies based on the perceived resources, considering renegotiations of the debt, in order to collect sufficient cash flow to finance the increase in production and with these actions to enhance the yield of variables and factors that are really within the reach of the Nation and that they also allow compliance with guideline N ° 28, issued by the Shareholders Assembly, which establishes that PDVSA must maintain a cash flow that guarantees operations, investments, fiscal resources and social investment in the national territory. "
  
Deferred production in inactive wells 

The report continues, indicating that in 2017 PDVSA's tendency to decline some 3,000 wells per year that went from productive status to inactive wells with deferred production, class "2" or class "3" was confirmed.

This circumstance was due to the lack of repairs with drills or the need to replace parts or parts in deterioration and technically with the opportunity of immediate productive reactivation.

This is how the West area showed at the end of 2017, a total of 4,932 wells under category "2", equivalent to 76 percent of the deferred production in the corporation.

The commissioner considers that "these wells with the opportunity of productive reactivation, of mediating the diligent remedial effort and the regular attention of office that must accompany the deferred production processes, programmed or not programmed".

Deterioration of infrastructures for gas management

The report points out the low commercial use that PDVSA makes of natural gas in Venezuela, since the total volume produced of 7,439 MMPCD, 4,849 MMPCD is destined to injection of deposits, fuel, burning, venting and waste, which is equivalent to 65 percent of said total.

To the domestic market, 2,444 MMPCD are delivered, that is, 33 percent, while 2 percent, that is, 146 MMPCD, is transformed into NGL. 

Uneven workforce performance

  On the other hand, the commissioner found an unequal performance of the workforce of PDVSA Petróleo, S.A and of the mixed companies of the CVP.

He explains that the PDVSA workforce at the end of 2017 totaled 132,559 workers, while the oil contractors reported 7,836 people.

The state company had 106,894 workers in Venezuela, 4,576 people abroad and 21,039 workers who worked in non-oil activities.

It should be noted that the subsidiary CVP had 774 workers and its joint ventures with 18,576 workers, totaling 19,350 people who at the end of 2017 produced 49 percent of the 2,116 MBD corresponding to crude, with which the corporation officially closed the year. To this figure are added 104 MBD of NGL, to complete the global production of 2,220 MBD of liquid hydrocarbons.

In this sense, the report invites to reflect on these figures to reorganize and restructure the industry. He adds that in the own petroleum workforce, 76 percent is male and 24 percent is female, a proportion that is maintained in the context of the non-oil workforce. The report states that PDVSA's workforce capacities have been "historically" reduced, due to the 2002 oil strike, the desertion of personnel and the recent progressive flight of highly trained professionals. 

Risks revealed by hydrocarbon reserves

The report refers to the fact that Venezuela has the largest reserves of liquid hydrocarbons in the world, projecting the sustainability of the business for the next four centuries.

In the opinion of Molero Torres this is a reason to be alert given that it is a situation that "contrasts and makes the powerful nation of the United States detract. In its disadvantageous and uncomfortable position with a reserve / production index (RPR) of just 10 years, this is its reserves only reach for a short period, with the aggravation of being a voracious consumer of fuels, in a society based in the automobile, whose strategies to ensure the supply of the energy resource, impel him to act in the international scenario executing destabilizing and disintegrating plans against countries with large hydrocarbon reservoirs; a historical characteristic of the unequal exchange imposed on the development dynamics of the elite countries is the cheap obtaining of raw materials, as a basis for the financing of their comfort society; this puts in context the implacable boycott, exercised on the economic processes of any kind undertaken, both by the Venezuelan State and by the national private sector, and constitutes a challenge to management action to recover the operational regularity of the Industry, enforcing the principle of full sovereignty over their energy resources ". 

Boosting internal control 

Finally, the PDVSA chief commissioner recognizes the control impulse displayed by the authorities of the state-owned Ministry of Popular Power of Petroleum during 2017 to improve the activities related to the balance, inspection and measurement of hydrocarbons and other Internal Control processes. Molero Torres considers that the latter promoted the execution of subsequent investigations, with proven judicial consequences allowing the improvement of the control environment in sensitive and strategic phases of the business. In his opinion, these control actions complement the one that also considers an "efficient performance of the Public Ministry with its vigorous judicial impulse, in order not to tolerate corruption, avoid procedural delay, and prevent cases of impunity."

Despiden al Supervisor de Servicios Especiales del SENIAT por apoyar a Juan Guaidó


Por Maibort Petit
@maibortpetit

José David Cabello Rondón, en su carácter de Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), despidió al Superintendente de Servicios Especiales, Javier Marco Martínez  porque el funcionario asistió a la marcha de la oposición realizada el 23 de enero de 2019 y apoyó al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
Martínez estaba adscrito a la División  de Sumario de la Gerencia Regional de Tributos de la Región Nor Oriental del país.

Según Cabello Rondón "la medida se fundamenta en los artículos 77 y 79 de la Ley Orgánica del Trabajadores y trabajadoras". Dice el artículo mencionado que "se extenderá el despido como la manifestación de voluntad unilateral del patrono o de la patrona de poner fin a la relación  de trabajo que lo vincula a uno o más trabajadores y trabajadoras".

La comunicación fecha el 30 de enero de 2019, Cabello Rondón afirma que la Gerencia Regional de Gestión Humana, gestionará lo conducente el pago de los emolumentos que legalmente puedan corresponder como consecuencia de la relación de trabajo convenida.

Javier Marco Martínez indicó que "no estaba de acuerdo con la notificación simplemente por  reconocer querer vivir en democracia con un nuevo presidente Juan Guaidó".