lunes, 26 de noviembre de 2018

Alejandro Andrade pide a la corte una sentencia no mayor a 9 años de prisión

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El ex tesorero venezolano, Alejandro Andrade solicitó formalmente a la corte federal que  diseñe una sentencia que sea "suficiente pero no mayor de lo necesario" para lograr los fines legales de la pena establecida en  las leyes estadounidenses. En ese sentido, el ex funcionario del gobierno de Hugo Chávez pide que su condena se encuentre entre los 7.5 a 9 años de prisión. 

Andrade sostiene que no ha presentado objeciones al Informe de investigación previa a la sentencia (PSI) ni a su cálculo de la guía de asesoramiento que aconseja una sentencia de referencia de 120 meses. "Ese es el máximo legal establecido para el delito de condena cuando el rango de referencia aplicable excedería el máximo legal". 
  
Dice el documento que Andrade ha aceptado plena y sinceramente la responsabilidad de la conducta ofensiva y ha cooperado con los Estados Unidos desde el primer día. 

Sostiene que la fiscalía ha acordado que tiene derecho "a una reducción de 3 niveles de sus rangos de pautas de sentencia de otro modo aplicables de acuerdo con lo establecido en el acuerdo de declaración de culpabilidad(USSG § 3E1.1)".  Sin embargo, "debido a que el rango de las directrices, la sentencia de Andrade está por encima de la sentencia máxima legal (120 meses) por el delito por el que se declaró culpable, y no recibe ninguna reducción a su sentencia real en virtud de las Pautas por su aceptación de responsabilidad" .

Dice el memorando que bajo las circunstancias antes mencionadas  el Tribunal puede otorgar una variación a la baja aplicando el ajuste de tres niveles desde la línea de base del máximo legal (en lugar de hacerlo desde el nivel de infracción como se calcula en las Pautas). 

Argumenta que un tribunal de distrito tiene la facultad de recompensar la aceptación de responsabilidad del acusado al salir hacia abajo cuando para reducir la sentencia real del demandado.

Un rango de Pautas de 120 meses cae aproximadamente en el extremo inferior de un Nivel de Ofensa de 32 (121—151 meses). Si el Tribunal aplicara el equivalente a una reducción de 3 niveles para la aceptación de la responsabilidad, Andrade terminaría en un Nivel de infracción de 29, que tiene un rango de 87 a 108 meses.


En la carta dice que el acusado "entiende y reconoce que el Tribunal tiene la autoridad para imponer cualquier sentencia dentro y hasta el máximo legal autorizado por la ley por el delito de lavado de dinero que viola la ley de Prácticas Corruptas en extranjero, y que comprende no puede retirar su declaración de culpabilidad únicamente como resultado de la sentencia impuesta".

Andrade informa al juez que entiende y reconoce que el Tribunal puede imponer un plazo máximo de prisión obligatorio de hasta diez años, seguido de un período de libertad supervisada de hasta tres años. Además de una pena de prisión y libertad supervisada en los términos que decida el juez.

Conoce por qué la DEA arrestó al hermano del presidente de Honduras por cargos de narcotráfico

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Juan Antonio Hernández Alvarado, alias "Tony Hernández", excongresista y hermano del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue apresado bajo acusaciones de tráfico de drogas, cargos de armas y declaraciones falsas ante un tribunal federal. La información la dio a conocer la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos y fiscales federales.
El caso de Hernández Alvarado tiene asiento en el tribunal federal de Manhattan, pero al haber sido arrestado el pasado 23 de noviembre de 2018 en Miami, le correspondió rendir declaración este lunes 26 de noviembre en la Corte del Distrito Sur de la Florida ante un juez de primera instancia.

El agente especial de la DEA, Raymond Donovan, refirió que "El tráfico de drogas y la corrupción en todo el mundo amenazan el estado de derecho, alimenta la violencia y la inestabilidad, y perjudica a familias y comunidades inocentes (…) Hernández y sus asociados criminales supuestamente conspiraron con algunas de las redes criminales transnacionales más mortales y peligrosas del mundo en México y Colombia para inundar las calles de Estados Unidos con drogas mortales. La DEA espera que Hernández se enfrente a la justicia estadounidense y responda por sus presuntos delitos".

Entretanto, el fiscal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, informó que “el excongresista hondureño Tony Hernández estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico de drogas a través de Honduras de cargas de varias toneladas de cocaína que estaban destinadas a los EE. UU.", al tiempo que agregó que el hermano del mandatario hondureño “supuestamente organizó la seguridad para los envíos de cocaína, sobornó a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para obtener información sensible para proteger los envíos de drogas y solicitó grandes sobornos a los principales narcotraficantes. Gracias al trabajo en curso de la DEA, Hernández está ahora bajo custodia en territorio estadounidense y enfrentando a la justicia en las cortes estadounidenses”.

La acusación no sellada producto de la investigación de la DEA indica que desde alrededor de 2004, hasta aproximadamente 2016, múltiples organizaciones de narcotraficantes trabajaron juntas en Honduras y en otros lugares con el apoyo de ciertos individuos públicos y privados prominentes. Se trataría de políticos hondureños y oficiales de la ley, quienes recibieron cargas de cocaína de varias toneladas enviadas a Honduras desde Colombia —entre otros lugares— a través de rutas aéreas y marítimas, para entonces proceder a su traslado hacia el oeste de Honduras y de allí a la frontera con Guatemala hasta llegar a los Estados Unidos.

De acuerdo con la investigación de la DEA, los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos, entre ellos a miembros del Congreso Nacional de Honduras, con el objeto de que los protegieran de la interferencia oficial y para facilitar el paso seguro a través del territorio hondureño de cientos de kilos de cocaína.

Los cargos también refieren a Hernández como excongresista, hermano del presidente de Honduras y como un narcotraficante a gran escala que trabajó con otros agentes del narcotráfico en Colombia, Honduras y México, para importar cocaína a los Estados Unidos, hecho que jabría ocurrido aproximadamente desde 2004, hasta alrededor de 2016.

Juan Antonio Hernández Alvarado estuvo involucrado —de acuerdo a la averiguación— con el procesamiento, recepción, transporte y la distribución de cargas de cocaína de toneladas múltiples que llegaron a Honduras a través de aviones, buques rápidos y, al menos en una ocasión, en un submarino. El acusado tuvo acceso a los laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia, en los que parte de la cocaína estaba marcada con el símbolo "TH", es decir, las iniciales de "Tony Hernández", el alias con el que también se le conoce. Igualmente habría coordinado y, a veces, participó en proporcionar seguridad fuertemente armada para los envíos de cocaína transportados dentro de Honduras, incluso por miembros de la Policía Nacional de la nación centroamericana y con narcotraficantes armados con —entre otras armas— ametralladoras.

Hernández y sus coconspiradores igualmente habrían sobornado a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con el objetivo de obtener información sensible que permitiera proteger los envíos de drogas y, supuestamente, solicitaron grandes sobornos a los principales narcotraficantes.

Se indica que Hernández Alvarado, alrededor de febrero de 2014, habría tenido una reunión en  Honduras con Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder de una violenta organización de narcotraficantes hondureña conocida como los “Cachiros”. Audios y videos grabados de este encuentro mostrarían a Hernández aceptando ayudar a Rivera Maradiaga al hacer que las entidades del gobierno hondureño pagaran el dinero adeudado a una o más compañías de lavado de dinero de los “Cachiros”, a cambio de pagos ilícitos de Rivera Maradiaga. Se conoció que este último supuestamente habría pagado a Hernández Alvarado aproximadamente USD 50.000 durante la reunión.

Los cargos que se le imputan a Juan Antonio Hernández Alvarado en específico son: 1) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos; 2) usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la importación de cocaína de la conspiración; 3) conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína; y 4) hacer declaraciones falsas a agentes federales.

En caso de que el proceso judicial que se le va a seguir a Hernández Alvarado resultara en una declaración de culpabilidad, este se enfrentaría a una sentencia mínima obligatoria de 10 años en prisión y una vida máxima en prisión en el recuento uno; una sentencia mínima obligatoria de 30 años en prisión y una vida máxima en prisión en el recuento dos; un plazo máximo de la vida en prisión en el recuento tres; y un plazo máximo de cinco años en prisión en el recuento cuatro.




Testigo de la fiscalía revela en el juicio secretos usado por el Chapo Guzmán para traficar droga desde Colombia

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Un testigo del gobierno que testificó que el cártel de Sinaloa pagó sobornos masivos a un alto funcionario de seguridad de México. 
El juez ordenó a las artistas no dibujar la cara de Martínez alias 'el Gordo' quien goza de protección del gobierno estadounidense. El hombre apareció en la sala caminando, escoltado por los aguaciles y ante la mirada seria y distante del Chapo. Entre los amonestados en el día de hoy está la esposa del Chapo, Emma Coronel por usar un teléfono celular en la sala y, la defensa, porque el abogado Jeffrey Lichtman abandonó la audiencia, para -supuestamente- prepararse para el interrogatorio del ex hombre cercano al acusado.
La mano derecha de Joaquín el Chapo Guzmán y compadre, Miguel Ángel Martínez Martínez, alias 'el Gordo',  testificó durante  el sexto día del juicio del ex líder del cártel de Sinaloa, y en su amplia presentación describió los mecanismos más exitosos que empleó el acusado para pasar de dirigir un cártel que tenía entre 20 ó 25 personas en 1987, a más de 200 trabajadores en 1993. La sofisticada organización criminal opera como una gran corporación que está asociada a varios carteles colombianos que proveen la droga al grupo mexicano a cambio de un 55 por ciento de la ganancia.

Martínez Martínez dijo que  en la primera etapa del cártel de Sinaloa, -que fue denominado así por la prensa y por el gobierno de Estados Unidos- Guzmán y sus aliados se asociaron con el cártel de Medellín, el cártel de Cali y el cártel del Norte Del Valle. El testigo de la fiscalía destacó que el Chapo y él se reunieron en varias oportunidades con Juan Carlos Ramírez, alias 'Chupeta' en Colombia y en México para tramitar envíos  masivos de cocaína y marihuana desde territorio colombiano.

Entre otros narcotraficantes colombianos que sostuvieron reuniones de negocios con el testigo y su jefe Guzmán se encuentran los hermanos Ochoa ( Silvio, Juan David y Jorge Luis); José Gonzalo Rodríguez Gacha, Leónidas Vargas Vargas, Fernando Galeano Berrío del cártel de Medellín. Asimismo, dijo que habían tenido varias reuniones con líderes del cártel de Cali, entre quienes mencionó a Miguel Rodríguez Orejuela y Diego Montoya.

A lo largo del interrogatorio hecho por el fiscal federal Michael P. Robotti, Martínez Martínez explicó cómo se había unido al cártel de Sinaloa. Afirmó que había sacado una licencia de piloto en los Estados Unidos (Texas) y cuando empezó a volar contrabandeaba equipos de línea blanca cuya exportación estaba prohibida desde EE. UU. a México. Posteriormente, empezó a trabajar con Joaquín el Chapo Guzmán hasta convertirse en uno de sus hombres más cercanos, inclusive, aseguró que fue su mismo 'Jefe' quien se ofreció a ser padrino de su hijo. 

'El Gordo' dijo que fue miembro del cártel de Sinaloa desde 1986 hasta 1998. Cuando le pidieron que describiera qué era el cártel afirmó que era "una organización para traer droga a los Estados Unidos y que Guzmán era el jefe y quien daba las órdenes".

Explicó que su trabajo en el cártel era "establecer relaciones con los carteles colombianos y organizar la logística de los aviones para enviarlos a Colombia a buscar la droga y recibir la mercancía en México". 

Comentó que trabajó "única y exclusivamente para Guzmán", que se reunió con él en muchas oportunidades, y que la última vez que había visto al Chapo fue en la cárcel en 1994.

En su descripción aseguró que el cartel de Sinaloa vendía varios productos, entre los que destacó la cocaína, marihuana y heroína. Sostuvo que la alianza del Cártel de Sinaloa con los carteles colombianos era en base a un porcentaje, 55 por ciento le pertenecía a los carteles colombianos y 45 para la organización mexicana.

Entre las anécdotas que llamaron la atención destacó que en una oportunidad estaba piloteando un avión con el Chapo y tuvo dificultades para aterrizar, en el accidente se le rompió una hélice a la aeronave, ante lo cual Guzmán le dijo que era un piloto muy malo, "Yo me puse triste y él me dijo que no me preocupara porque seguiría trabajando para él pero no pilotearía más".

Martínez Martínez comentó que la primera vez  que fue a Colombia a negociar con los carteles fue 1986 y que estuvo acompañado por Arturo y Héctor Beltrán Leyva y Martín Moreno. Fue llamado por su conocimiento de las pistas clandestina en México. Allí se reunió con el colombiano Alberto Araujo para cuadrar un envío de marihuana que no tuvo éxito porque hubo un accidente donde se robaron el dinero y la droga.

Regresó a México y tiempo después sostuvo una reunión con Guzmán en los primeros días de enero de 1987. Al encuentro  en Gualadajara fue con Alberto Araujo. Guzmán le dijo que ya le habían hablado de él y que quería que fuera a Colombia por lo cual  le pagaron USD 25.000 mil dólares.

'El Gordo' pasó a ser 'guía de los pilotos del cártel de Sinaloa'. Dijo que entre otros encuentros conoció a Arturo Beltrán Leyva y Héctor Beltrán alias 'el H', quienes recibían la droga de Guzmán.

El testigo protegido de la fiscalía informó que el cártel de Sinaloa usaba aviones para transportar la cocaína desde Colombia a México, y que a lo largo de trabajo en la organización se había recibido unos 200 aviones con carga. 

En ese sentido, aseguró que el cártel de Sinaloa pagó -en al menos 3 oportunidades- USD 10.000.000, 00 en cada entrega a quien era para la época el comandante de la Policía Judicial Federal de México y uno de los hombres fuertes del Fiscal General de México, Guillermo González Calderoni. El dinero era enviado en los aviones del Chapo a Reynosa, Tamaulipa. Tras el pago de los millonarios sobornos, Calderoni permitía que Guzmán hiciera los envíos de la droga sin ser detectado por las autoridades, le informa si había alguna investigación en su contra así como también los lugares donde podía estar seguro, tanto él como su mercancía.

Sostuvo que los sobornos de Calderoni se pagaban a través de los oficios del abogado del cártel,  Humberto Loya Castro.

Martínez Martínez acotó que Calderoni era el jefe de la PDR en Gualadajara, Jalisco en 1987. El funcionario, quien según el testigo sostenía una relación de amistad muy cercana con Guzmán, le había advertido al Chapo que Estados Unidos había abierto una base para detectar aviones que iban desde Colombia a México. A raíz de ese dato, decidieron usar barcos para los envíos de la droga que viajaban por la ruta del Océano Pacífico hasta unas 200 millas fuera de cada país en aguas internacionales y en tres puntos acordados las embarcaciones tipo camaroneros y tiburoneros del Chapo recogían la mercancía y la llevaban a México. Una vez que llegaban a los puertos mexicanos, la droga era traslada a los camiones para ser llevada a los Estados Unidos.

Bajo el método de los barcos y de los aviones, Guzmán y sus socios habrían transportado desde Colombia a México toneladas de cocaína. Entre 1991 y 1993 se habrían transportado entre 20 y 25 toneladas de droga.

El testigo dijo que todos los diciembres iba a reunirse con Guzmán para hacer las cuentas del negocio de la droga.

Martínez Martínez también aseveró que viajó a Estados Unidos con Guzmán, a Los Ángeles para ser más precisos para comprar unos aviones y cuadrar un negocio de marihuana con un cliente de Guzmán, para lo cual sirvió de traductor. Luego de hacer los negocios de narcotráfico, el ahora testigo y el acusado habrían ido a Las Vegas porque "el Chapo tenía muchas ganas de jugar en los casinos". 

Entre otros aspectos, el testigo dió los primeros elementos para entender la guerra del Chapo contra los líderes del cártel de Juárez, señalando que en los primeros años Guzmán "era amigo y tenía una buena  relación con Amado Carrillo" pero siempre "había como una competencia entre ellos", ya que Guzmán quería recibir más aviones de droga que Carrillo. "ellos competían a ver quien traía más drogas".

El interrogatorio de la fiscalía continuará este martes y se prevé que el contra interrogatorio de la defensa se realice el miércoles 28 de noviembre.


Crystallex solicitó a la corte suspensión limitada del proceso contra PDVSA que llevaba a la subasta de Citgo

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Crystallex International Corporation solicitó al juez Leonard P. Stark una suspensión limitada de los procedimientos contra la República Bolivariana de Venezuela hasta el 10 de enero de 2019, según un documento presentado a la corte este lunes 26 de noviembre. La demanda de la canadiense contra el gobierno venezolano habría llevado a la pérdida de Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos que sería subastada según el calendario procesal en los próximos meses.

La carta pide al magistrado la suspensión de otros procedimientos que la empresa canadiense tiene contra Petróleos de Venezuela, SA y PDV Holding, Inc. luego de un acuerdo de consentimiento con la demandada, República Bolivariana de Venezuela y del interventor Petróleos de Venezuela SA , con el fin de dar tiempo a Crystallex y a Venezuela para implementar el acuerdo, en principio, que han alcanzado para resolver sus disputas.

El acuerdo de Crystallex  con Venezuela suspende por un lapso de tiempo que la minera canadiense se quede con el control de Citgo como un mecanismo para cobrar la deuda que por unos USD 1.400 millones como parte de la indemnización acordada por el tribunal internacional  por la expropiación de sus activos por parte del gobierno del fallecido Hugo Chávez.

Según el documento de la corte, el gobierno venezolano habría pagado un monto inicial de 425 millones de dólares, el 23 de noviembre de 2018. Y se comprometió a pagar el resto de la deuda en cuotas hasta principios de 2021. De no pagarse el dinero antes del 10 de enero de 2019, Crystallex podría reanudar las demandas.

La acción actual es un procedimiento de ejecución iniciado en un esfuerzo por cobrar el laudo arbitral que recibió Crystallex de $ 1,2 mil millones (más intereses) contra Venezuela. Ese premio fue confirmado como una sentencia de los Estados Unidos por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia el 25 de marzo de 2017, y esa sentencia se registró en esta Corte de Delaware el 19 de junio de 2017. Poco después, el 14 de agosto de 2017, Crystallex se mudó este Tribunal solicita un acta de fieri facias adjunta para ejecutar contra las acciones de PDV Holding, Inc., una corporación de Delaware cuyas acciones eran propiedad nominal de la filial de Venezuela, PDVSA. En respuesta, PDVSA se movió para intervenir para oponerse a la moción de Crystallex y el 3 de noviembre de 2017 se movió para despedir por falta de jurisdicción sobre el tema. 

 El viernes 23 de noviembre de 2018, el Tercer Circuito mantuvo nuevos procedimientos en esta Acción en espera de una decisión sobre las apelaciones consolidadas de PDVSA. 

Los abogados dicen que la solicitud de suspensión limitada se realiza de conformidad con el Acuerdo Enmendado de las partes, que, busca una suspensión adicional de esta Acción, así como la continuación de las estancias en Crystallex I y Crystallex II. La limitada estadía de esta Acción es de particular importancia dado que se espera que PDVSA procure suspender sus apelaciones luego del anuncio público del Acuerdo Enmendado de Venezuela y Crystallex.

sábado, 24 de noviembre de 2018

Desde 2009 se conocen los riesgos desbordamiento y colapso que amenazan a La Vueltosa

No es novedad lo que ocurre en las presas La Vueltosa y Borde Seco de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda, pues las advertencias se vienen formulando desde hace casi una década, convirtiendo el asunto en una tragedia anunciada frente a la que poco o nada se ha hecho efectivamente para evitarla.

 Por Maibort Petit
@maibortpetit

La grave situación de riesgo que se corre por el incremento de las fugas de agua existentes en los túneles de descarga de las presas La Vueltosa y Borde Seco de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda, se conocían desde el año 2009, cuando un informe técnico elaborado por ingenieros especialistas de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, así lo advirtió, al tiempo que recomendó las acciones convenientes a seguir para evitar el colapso de la estructura y, sobre todo, que las poblaciones ubicadas aguas debajo de las citadas presas corrieran el peligro que a la fecha se mantiene latente y mantiene en vilo a los habitantes del lugar.
Ante el peligro de colapso, realizamos varias consultas e indagamos entre diversas fuentes y especialistas sobre el estado real que en la actualidad presentan las presas y las acciones que se requiere implementar para que no se materialice la tragedia que desde casi una década se viene anunciando.

Punto de cuenta informativo

Un Punto de Cuenta fechado el 4 de mayo de 2016 presentado por el gerente general de generación, Miguel Ángel Romero Fernández, al presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, Luis Motta Domínguez, da cuenta al alto cargo de la “crítica” situación por el aumento de las fugas de agua en las compuertas de los túneles de descarga de fondo de las presas La Vueltosa y Borde Seco de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda, que se desarrollaban a cabo mediante el contrato N° NCO-CAP10-0296/2012 suscrito con la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. Industrial, Comercial y Financiera, ahora denominada IMPSA. La gravedad del problema está dada por el aumento de fugas de agua existentes en las compuertas de ambos túneles de descargas de fondo de las citadas presas.


Romero Fernández recomendó a Motta Domínguez someter a la consideración de la Consultoría Jurídica de Corpoelec, la posibilidad de rescindir el referido contrato por el cual ya se habían pagado anticipos y presentaba los plazos de ejecución vencidos, prórrogas sin aprobar y reclamos por costos adicionales ocasionados por la permanencia y cambio de condiciones por aumento de fugas, al tiempo de que carecía de fuente de recursos financieros asignados.

Del mismo modo, en razón del peligro que representa el experimentado incremento de las fugas de 1 m3/seg a 30 m3/seg de las compuertas del túnel de descarga de fondo de la Presa La Vueltosa, pudiendo llegar a no ser controlados por la compuerta colapsada, con el embalse a niveles de operación en el periodo de lluvias 2017 que se avecinaba, pidió someter a consulta especializada en la materia, sobre la factibilidad técnica y constructiva del tapón del sellado del túnel de la Vueltosa, para la inspección y reparación según propuesta inicial entregada por la empresa IPMSA bajo las nuevas condiciones de incremento de fugas.

También pidió definir y asignar la fuente financiera de recursos del contrato para la ejecución de la urgente obra de rehabilitación de los túneles de descargas de fondo La Vueltosa y Borde Seco para que se procediera a su cierre, según recomendara la Consultoría Jurídica.

La solicitud abarcaba evaluar la opción del vaciado y descenso controlado del embalse Camburito-Caparo hasta cotas por debajo de la estructura de toma del túnel de descarga de fondo y proceder a la inspección de los daños y reparación de la cámara de compuertas, lo cual garantizaba la preservación de todas la estructuras y la seguridad de la población aguas abajo del embalse, considerando los impactos de la suspensión de la generación de la central Fabricio Ojeda por todo el periodo de reparación y posterior llenado del embalse.

Se pedía, además, contar con la logística y recursos necesarios para que el personal de la División de Investigaciones Hidrogeológica continuara el monitoreo de instrumentos y de los caudales de fugas en las compuertas con la aplicación de las técnicas de trazadores, una decisión que implicaba trasladar la generación hacia la región Andes de las Unidades de Instrumentación y División de Investigaciones Hidrogeológicas

Por último, se pidió reimpulsar un nuevo proyecto de Rehabilitación las Descargas de Fondo de las Presa La Vueltosa y Borde Seco de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda.

Los hechos precedentes

El punto de cuenta refiere como antecedente de la situación, que las compuertas de los túneles de descarga de fondo de las presas fueron diseñadas para el llenado controlado del embalse Camburito-Caparo, por lo que su operación óptima de diseño se corresponde a un cierre total o apertura total de compuerta.

Ahora bien, desde 1985, por complejas y diversas razones estos túneles y sus cámaras de compuertas superaron los cronogramas inicialmente previstos de contratación, instalación y operación óptima de llenado controlado por lo que tuvieron muchos años en almacenaje en aduana y obra, antes de su instalación y, posteriormente, fueron sometidos a excesivos periodos de operación parcialmente abiertas bajo altas cargas hidráulicas mientras se terminaba de construir y financiaban otros contratos de obras de componentes igualmente importantes y necesarios que fueron diferidos en el tiempo hasta el primer llenado del embalse Camburito-Caparo en el periodo 2006-2013.

Otra razón fue la necesidad de mantener las cotas de operación 290-310 msnm, durante la construcción y puestas en servicio de las dos unidades 514 MW de la Central Fabricio Ojeda entre 2010 y 2015 con 30 años de operación de los túneles descargas de fondo.

Se refiere que para 2007 el túnel de descarga de fondo de la Presa La Vueltosa se encontraba en operación descargando un importante caudal con apertura de compuerta parcial, lo cual generaba fuertes vibraciones, situación que se repitió el 16 de julio de ese mismo año cuando se registró un fuerte movimiento sísmico de 5.5 en la zona.

En fecha 31 de julio del 2007, una inspección permitió detectar en la cámara de compuerta de la descarga de fondo de la Presa La Vueltosa, el colapso del blindaje, rotura del marco de compuerta, de válvula ecológica derecha, rotura del concreto de segunda etapa, de los sellos y pernos del vano derecho de dicha cámara, originado por la caída y cierre brusco de compuerta lo cual generó como consecuencia el grave fenómeno de golpe de ariete. También se destruyó todo el sistema auxiliar de control, operación e iluminación de la cámara de compuerta.

Para 2012 en razón del excesivo tiempo de operación de las compuertas en régimen parcialmente abiertas, largo periodo de construcción de la central La Vueltosa, la falta de recursos financieros y la falta de mantenimiento mecánico, ocasionaron el colapso de la única compuerta del túnel de descarga de fondo en la Presa Borde Seco.

La situación se logró controlar mínimamente y a la fecha de presentación del punto de cuenta (2016) el efecto erosivo de las fugas de agua y las respectivas variaciones del nivel de embalse Camburito-Caparo llevaron a que dichas fugas alcanzaran altos niveles, a saber, 30 m3/seg para los niveles de operación de embalse.

Para el momento del informe, ninguna de las dos descargas de fondo, Borde Seco y Vueltosa podían ser operadas y representaban un alto riesgo para el embalse Camburito-Caparo y una amenaza para la generación confiable de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda, debido al riesgo de inundación del área y perdida del embalse por una descarga de caudal incontrolada por estas compuertas.

Refiere el reporte para el momento en que fue presentado a Motta Domínguez, que las fugas en ambas compuertas de las descargas de fondo La Vueltosa y Borde Seco alcanzaban los 30 m3/seg, un caudal que dejaba de ser utilizado para generación eléctrica y representaba el volumen acumulado de un año. Igualmente, se perdía la generación de una unidad de 257 MW por dos meses continuos las 24 horas, mientras que el flujo de agua continuaba erosionando el material fallado y podía convertir las fugas en un flujo sin control por el colapso de las estructuras de la cámaras de compuertas en los túneles que tenían más de treinta años funcionado.

El contrato

Se informa en el punto de cuenta que el contrato se suscribió el 27 de diciembre de 2012 por USD 65.885.648,00 y Bs. 131.149.912,00, con anticipos de US 9.765.694,40 (75,9 por ciento) y Bs. 39.344.973,60 (100 por ciento).

El Acta de Inicio de la obra se firmó el 15 de agosto de 2013, estableciéndose un plazo de ejecución de 18 meses, contados a partir de la fecha de la firma de la misma, estimándose la conclusión de los trabajos para febrero de 2015. En tal sentido, se iniciaron los trabajos de levantamiento de las condiciones en el sitio y el desarrollo de la ingeniería necesaria de acuerdo al cronograma.

Adicionalmente la Comisionaduría Nacional de Generación y Dirección Nacional de Ingeniería de Proyectos mayores instruyó al contratista para la inmediata ejecución de obras adicionales al alcance original, con el fin de rehabilitar Grúa Pórtico de 60Tn, las estructuras Tomas 2 y 3 de la Torre Toma de la Central Fabricio Ojeda, Cierre de Compuertas abiertas en la Descarga de Fondo de la Presa Borde Seco considerando el eminente inicio de la operación comercial de la UG2. A la fecha de presentación del punto de cuenta estas obras adicionales de emergencia cumplieron su objetivo para la puesta en marcha de la UG2 y UG3 de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda, estando ambas operativas.

Se advierte que transcurrido el tiempo de ejecución estipulado más 29 meses no contractuales la obra se mantenía paralizada a pesar de haberse pagado los anticipos respectivos, con el agravante de que la situación de fuga de agua de las compuertas de 30 m3/s por 47 meses, representaba aproximadamente una pérdida de energía de 6 meses de generación por 24 horas continuas de una unidad generadora de 257 MW de la CHFO.

La situación imperante justificaba la urgente necesidad de controlar y reducir el alto riesgo para la seguridad estructural y funcional, tanto para las obras de regulación: embalse, presas Borde Seco y La Vueltosa, así como el grave impacto por perdida de bloque de energía de la obras de generación en la CHFO.

“En resguardo de toda la infraestructura vital de regulación y generación hidroeléctrica construida durante 33 años en el III Desarrollo Camburito-Caparo, y para proteger la vida de más de 25.000 habitantes aguas debajo de embalse Camburito-Caparo, es imperativo que una comisión de alto nivel técnico y financiero, evalúe conjuntamente los términos de referencia entregados por Corpoelec, la factibilidad técnica y capacidad de cumplir o no la propuesta entregada por la empresa IMPSA, para desarrollar y ejecutar la ingeniería conceptual y de detalle para el sellado mediante un tapón metálico en la estructura de toma del túnel de descarga de fondo de La Vueltosa y de la compuerta para el túnel de descarga de fondo de Borde Seco, bajo las condiciones actuales de incremento de velocidad de flujo y fuga, y con los altos niveles de embalse por recuperación durante el eminente inicio del periodo de lluvia 2017. Así mismo para que se le asigne definitivamente la fuente de financiamiento que requiere esta obra de emergencia”, reza el punto de cuenta.

Se advierte que la contratista ha manifestado e insistido en los requerimientos contractuales, alertado sobre los riesgos de obra mediante aproximadamente una decena de oficios luego de reiterar la inoperatividad de ambas descargas de fondos para regular y controlar el embalse, el incremento de fugas y filtraciones, el alto potencial de un grave incidente o colapso del túnel con la graves consecuencias de vaciado incontrolado y perdida de del embalse Camburito-Caparo, imposibilidad de generación de energía por varios años, inundación de la infraestructuras de la CHFO, perdida de presas y túneles, y potenciales pérdidas de vidas.

Por tales razones se recomendaba evaluar rescindir el contrato “en virtud [de] que no tiene sentido seguir incurriendo en costos y reclamaciones que no están prestando un servicio a la corporación ni a la empresa contratada, ni reduciendo el alto riesgo o sin dar garantías de beneficio y seguridad a la institución y población atendida por Corpoelec”.

Se indica que la empresa contratista reclamaba mayor tiempo de permanencia en el sitio de obra, actualizaciones de precios del contrato, cambios en la legislación vigente LOTTT, lo que totalizaba USD 7.051.639,00 más Bs. 185.657.060 por concepto de costos adicionales aun no oficiales y tramitados.

La advertencia de 2009

Ya previamente, en agosto de 2009, los ingenieros Emilio Martínez (Departamento de Hidráulica), Juan Carlos Fernández (Departamento de Estructuras) y Fabiola Padrón Casini (División de Ingeniería Básica), habían elaborado un análisis de riesgo y modos de fallo de la descarga de fondo de la presa La Vueltosa perteneciente al Complejo Hidroeléctrico Uribante-Caparo en el que luego de hacer una rigurosa evaluación técnica de la situación imperante para la época, se concluyó era necesario emprender acciones inmediatas para mitigar las posibles consecuencias que tendría la ocurrencia de un evento que pusiera en riesgo la estructura y a las poblaciones aledañas.

El estudio se llevó a cabo luego de un incidente ocurrido el 30 julio de 2007 con la Cámara de Compuertas de la Descarga de Fondo de La Vueltosa. Los especialistas procedieron a realizar una evaluación de los modos de fallo de la estructura para el caso de rehabilitación antes de la puesta en operación de la Central Fabricio Ojeda y sus implicaciones.

El análisis del modo de fallo se hizo previendo dos escenarios de descarga incontrolada por la Cámara de Compuertas, bien como consecuencia de un evento hidrológico o bien por un evento sísmico, determinándose que era factible el primero mientras que el segundo lo descartaron por el tiempo tan corto que existía antes de la entrada de operación de la central. Sin embargo advirtieron que en caso de presentarse atrasos en la puesta en marcha de las unidades de la central hidroeléctrica debía analizarse el modo de fallo del caso sísmico.

Los ingenieros indicaron que el riesgo asociado al hecho de no reparar la cámara de compuertas en La Vueltosa era muy alto y se consideraba como no aceptable para la presa a corto, mediano o largo plazo. Subrayaron la importancia de emprender acciones inmediatas para mitigar las posibles consecuencias del modo de fallo, siendo la rehabilitación inmediata de la Cámara lo consecuente.

Los especialistas estimaban que cualquiera que fuera la maniobra para la operación de la descarga o su rehabilitación que se escogiera, se debían seguir de la manera más estricta posible, procedimientos de operación seguros y coordinados para evitar cualquier incidente que ubicara la estructura o las poblaciones aguas abajo en una situación de peligro.

Se determinó que si la decisión final para la rehabilitación de la descarga de fondo era vaciar el embalse, esto iba a ser imposible utilizando solamente la descarga de fondo de Borde Seco, puesto que el aporte histórico promedio de la cuenca al embalse era de 180 m3/s y la capacidad de la descarga era 190 m3/s con el embalse a la elevación 310 m.s.n.m., y en caso de que fuera posible solo sería vaciado hasta la elevación 260 m.s.n.m. debido a la división de las cuencas de los ríos Caparo y Camburito. En tal sentido se recomendaba realizar la descarga de fondo de La Vueltosa por el vano izquierdo, con una capacidad aproximada de 230 ma/s, pudiendo ocasionar el modo de fallo objeto del análisis, lo que traería como consecuencia el vaciado del embalse de manera descontrolada, daños mayores a la estructura de la descarga y efectos progresivamente devastadores en las poblaciones aguas abajo.



Todos los estudios realizados habían llevado a los expertos a concluir que la Rehabilitación de la Descarga de Fondo de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda ubicada en La Vueltosa era la medida requerida en contra del modo fallo para restablecer la completa operatividad de la misma, la cual se iría perdiendo progresivamente con el desgaste de sus componentes al retardarse la rehabilitación total de la descarga.



Creían que los trabajos de rehabilitación debían llevarse a cabo en dos etapas, “la primera consistiría en obtener y evaluar toda la información de ingeniería requerida para el cierre seguro de la Descarga de Fondo”, mientras que la segunda comprendería la inspección en seco y los trabajos de rehabilitación civiles y electromecánicos que se requirieran.

Acciones requeridas en el corto plazo

Conocimos por diversas fuentes, que la vicepresidencia de Corpoelec en manos de Néstor Taborda estaba al tanto de la situación, pues se le habían detallado las acciones necesarias que se debían implementar en el corto plazo para estabilizar el sistema eléctrico en la Región Los Andes.


En este sentido, se le precisó que la presidencia de la república había aprobado un punto de cuenta en el que se solicitaban recursos para llevar a cabo el traslado e instalación de un turbocompresor a la Planta Don Luis Zambrano.

Se le indicó también que en la Planta de Generación José Antonio Páez se habían realizado labores de reactivación consistentes en la purga del embalse Santo Domingo-Aracay donde se descargaron los sedimentos acumulados en el sistema de enfriamiento. Igualmente se había gestionado la reparación de la válvula principal y de la válvula reguladora de presión, asociadas estas al sistema de enfriamiento y, por último, se realizó la presurización de la tubería de forma controlada para la puesta en servicio de las unidades 1 y 4. La referida unidad 1 entró en servicio el 22 de noviembre de 2017 y en la unidad 4 se debían terminar los trabajos para normalizar la condición de la torre N°3 de la línea asociada a la salida de los generadores 3 y 4 de la central.

Otro aspecto dado a conocer a la vicepresidencia de Corpoelec fue la solicitud de  asistencia técnica de ingeniería que se había formulado en septiembre de 2017 a la Gerencia General de Proyectos Mayores para elaborar un proyecto que fuera viable de ejecución después de la obra en la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda. Querían de esta manera solucionar la situación crítica presente en la descarga de fondo de las presas Borde Seco y La Vueltos y canalizar la recuperación de la operatividad de las compuertas de obra de toma de la central.

Era fundamental y prioritario darle ejecución a estos planteamientos y acciones con el objetivo de asegurar la operación de la Central Fabricio Ojeda.

Situación actual de La Vueltosa

Diversas fuentes especialistas en la materia consultadas para la realización de este trabajo refieren que los descargadores de fondo de las presas La Vueltosa y de Borde Seco no ofrecen ningún tipo de operatividad y no existen posibilidades de regularizar la situación dado el panorama reinante en las mismas.

Explicaron que esta imposibilidad se debe a las dos presas presentan considerables pérdidas que se incrementan con el tiempo y erosionan la Infraestructura de manera permanente.



Consultados acerca de los riesgos que una situación de tal naturaleza representa, los especialistas consultados desde nuestra mesa de redacción y que, por obvias razones de seguridad exigieron mantenerse en el anonimato, explicaron que existe un peligro inminente de inundación con afectación de las poblaciones colindantes a las presas, especialmente aquellas que se encuentran aguas abajo.

Los daños que esto podría acarrear se harían sentir en la casa de máquinas, la cual es posible sufra severas averías que repercutan en la merma de la capacidad de generación eléctrica de la central hidroeléctrica.

Advirtieron que en caso de producirse una falla en alguna de las presas, sería prácticamente imposible llevar a cabo el drenado del embalse de manera controlada.

En tal sentido, los expertos estiman que lo que se impone es proceder a la instalación de un turbocompresor que permita la puesta en funcionamiento de la unidad DLZ2.

Igualmente consideran conveniente poner a tono la torre 3 de la línea asociada a la salida de los generadores 3 y 4 de Planta Páez, así como articular acciones para proceder a la brevedad a descarga de fondo de las presas La Vueltosa y Borde Seco.

miércoles, 21 de noviembre de 2018

Conozca los detalles de la acusación contra Raúl Gorrín que cursa en la Corte del Distrito Sur de la Florida

En las siguientes líneas están contenidos los términos de la acusación de que es objeto el empresario venezolano demandado de lavado de dinero en un tribunal estadounidense.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El pasado lunes 19 de noviembre se conoció que la Corte del Distrito Sur de Florida dio a conocer una acusación formal contra el empresario venezolano, Raúl Gorrín, propietario, entre otras compañías, del canal televisivo Globovisión y de Seguros la Vitalicia, bajo la  presunción de haber lavado miles millones de dólares provenientes de la corrupción en Venezuela, de haber pagado sobornos a funcionarios de un gobierno extranjero y de comprar con el fruto de las operaciones fraudulentas lujosas propiedades en Nueva York y la Florida.

En esta entrega queremos presentar el detalle de la acusación que cursa en el tribunal a cargo del juez Steve M. Larimore desde el 16 de agosto de 2018 y cuyo documento fue desclasificado ahora por la fiscalía estadounidense en Miami.

Se lee en el citado libelo que el Gran Jurado acusó a Gorrín de “Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (18 U.S.C. § 371)”.

Se indica que Raúl Gorrín Belisario es un venezolano que, durante algunos períodos en que operó la conspiración era residente de los Estados Unidos con domicilio en Coral Gables, Florida.

La "Compañía 1", "Compañía 2" y "Compañía 3 fueron constituidas y registradas en Panamá bajo el control de Gorrín Belisario.

Entretanto, el "Funcionario Extranjero 1" era un venezolano que se desempeñó en posición de alto nivel y con autoridad para tomar decisiones e influenciar dentro de las oficinas del Tesoro de Venezuela entre 2007 y 2010 o alrededor de este último año citado y, por lo tanto, su definición encaja dentro los términos establecidos en la referida Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-2 (h) (2) (A) y 78dd-3 (f) (2) (A).

Entretanto, el "Funcionario extranjero 2" era un venezolano que cumplió funciones de alto nivel con autoridad para tomar decisiones e influenciar dentro del Tesoro venezolano entre 2011 y 2013, por lo que igualmente cumple con el perfil de "funcionario extranjero" que se define en la FCPA.

Por su parte, el "Coconspirador 1" era el cónyuge del Funcionario Extranjero 2 y un ciudadano y nacional de Venezuela. 

Del mismo modo, el "funcionario del banco extranjero" era un ciudadano venezolano y propietario de un "banco extranjero" ubicado en la República Dominicana. Este funcionario bancario era una "persona" y un "agente" de acuerdo a lo establecido en la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3 (f) (1).

Alegatos generales

Raúl Gorrín Belisario a partir de 2008 —o alrededor de ese año— ofreció y acordó pagar sobornos al Funcionario Extranjero 1 [Alejandro Andrade] con el objetivo de obtener y retener negocios. Procuraba influir al citado funcionario a que realizara operaciones de cambio de moneda extranjera a través del gobierno venezolano obteniendo una ventaja indebida en la adquisición del derecho a realizar dichas transacciones de intercambio.

En o alrededor de 2010, Raúl Gorrín se asoció con un funcionario del Banco Extranjero [Gabriel Arturo Jiménez Aray -Banco Peravia] para comprar una institución de este tipo que le permitiera lavar los sobornos pagados a los funcionarios venezolanos y las ganancias de este y otros esquemas de corrupción.

Desde 2011 a 2017, o fechas aproximadas, luego de que el Oficial Extranjero 1 dejó el cargo, el acusado causó pagos de sobornos, por unos USD 94 millones en beneficio del citado Oficial Extranjero 1 con el objetivo de (a) continuar pagando los sobornos; (b) evitar que el Funcionario Extranjero 1 interfiera con el esquema de corrupción en curso o lo impidiera; y (c) recompensar al Funcionario Extranjero 1 por introducir a Raúl Gorrín ante el Funcionario Extranjero 2 y facilitar la continuación del esquema de soborno con este.

A este Funcionario Extranjero 1, Raúl Gorrín le habría pagado aproximadamente USD 1.78 millones desde cuentas en Suiza a cuentas en el Distrito Sur de Florida y en el Distrito Sur de Nueva York desde diciembre de 2012 hasta junio de 2013 o fechas aproximadas, en beneficio del citado funcionario y en cumplimiento del plan.


La acusación indica que Raúl Gorrín usó cuentas bancarias personales y cuentas bancarias de empresas de su propiedad controladas por él para realizar los pagos de soborno.

Se hace referencia a que en 2011 o fecha aproximada, cuando el Funcionario Extranjero 2 reemplazó al Funcionario Extranjero 1 en el cargo, el segundo presentó al acusado el segundo (Funcionario Extranjero 2) así como al Coconspirador 1. 

Igualmente en 2011 o alrededor de este año, Raúl Gorrín Belisario ofreció y acordó pagar sobornos al Funcionario Extranjero 2 y al Coconspirador 1 con el fin de influir e inducir al Funcionario Extranjero 2 a permitir que el demandado realizara operaciones cambios de moneda extranjera para el gobierno venezolano y así obtener una ventaja indebida en la adquisición del derecho a realizar dichas transacciones de intercambio.

Desde la misma fecha, alrededor de 2011, el acusado hizo que se pagaran sobornos, por al menos USD 65 millones en beneficio del Oficial 2. Parte de estos pagos se llevaron a cabo cuando Gorrín transfirió aproximadamente USD 8,6 millones de cuentas en Suiza a cuentas en el distrito Sur de Florida entre noviembre de 2012 y mayo de 2013, aproximadamente, en beneficio de Funcionario extranjero 2 y Coconspirador 1 y en cumplimiento del plan.

El acusado ofreció y acordó pagar al Funcionario Extranjero 1 una parte de las ganancias de su plan con Oficial extranjero 2 y coconspirador 1.

Además, Raúl Gorrín Belisario compró y pagó gastos relacionados con tres aviones, un yate, varios caballos y numerosos relojes en el Distrito Sur de Florida y en el Distrito Sur de Texas en beneficio de funcionarios extranjeros.

El demandado también compró y pagó gastos relacionados con jets y un yate en el Distrito Sur de Florida y el Distrito Sur de Texas para beneficiar a Funcionario Extranjero 2 y a Coconspirador 1.

Revela la acusación que Raúl Gorrín recibió facturas y envió correspondencia por correo electrónico a los proveedores del Oficial extranjero 1, el Oficial extranjero 2 y el Coconspirador 1 para pagar los gastos de estos a través de transferencia bancaria desde cuentas en Suiza y en otros lugares.

Los empleados del demandado registraron estos pagos en hojas de cálculo que enviaron por correo electrónico a Gorrín Belisario, a Funcionario Extranjero 1 y a Coconspirador 1, reflejando los cambios a medida que se realizaron los pagos.

La conspiración

En la acusación contra Raúl Gorrín Belisario se explica en detalle en qué consistió y cómo operó la conspiración de la que se le señala como responsable.

Según reza el documento, desde aproximadamente 2008 hasta 2017 o fecha aproximada, en los condados de Miami-Dade y West Palm Beach, en el distrito de Sur de Florida y en otros lugares, el acusado, de manera intencional, es decir, con el propósito de la conspiración y, a sabiendas, acordó con otros, conocidos y desconocidos, cometer un delito contra los Estados Unidos.

Se precisa que Gorrín Belisario se valió de los correos para voluntaria y deliberadamente usarlos como instrumento de comercio interestatal para hacer sus ofertas, pago y promesas de pago, así como para autorizar la entrega de bienes de valor a funcionarios extranjeros, conociendo que todo o parte de ese dinero o bienes, se ofrecerían, entregarían o prometerían a dichos funcionarios extranjeros con el fin de: a) influir en los actos y decisiones de los mismos; b) para inducir a dichos funcionarios extranjeros a hacer y omitir acciones en violación del deber legal de tales funcionarios; y c) para asegurar cualquier ventaja indebida.

Igualmente, Gorrín Belisario procuraba inducir a tales funcionarios extranjeros a usar su influencia con un gobierno extranjero para afectar e influir en cualquier acto y decisión de dicho gobierno con el fin de ayudar al demandado a obtener y retener negocios en violación del Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-2.

Refiere la acusación que mientras estaba en Estados Unidos, Raúl Gorrín Belisario, de manera voluntaria y corrompida usaba los correos electrónicos y medios e instrumentos del comercio interestatal para realizar promover y ofertar pagos, promesas de pago y autorización del pago de dinero. Asimismo, ofreció, obsequió, prometió y autorizó la entrega de dinero o bienes de valor a funcionarios extranjeros. Tales entregas se hacían con el objetivo de influir en un acto y decisión de tales funcionarios extranjeros en su carácter de oficiales, así como también para inducirlos a hacer y omitir acciones en violación del deber legal de tal funcionario. También su accionar estaba dirigido a garantizar cualquier ventaja indebida y para inducir a esto funcionarios extranjeros a usar su influencia con un gobierno extranjero para afectar e influir los actos y decisiones de dicho gobierno en beneficio del demandado al permitirle obtener y retener negocios en violación del Título 15 del Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3.

Propósito de la conspiración

La acusación establece que el propósito de la conspiración fue enriquecer al demandado, Raúl Gorrín Belisario, y a los conspiradores, haciendo y ocultando pagos corruptos a funcionarios extranjeros en Venezuela para obtener y conservar contratos con la oficina del tesoro venezolano.

El acusado y los coconspiradores para lograr el objetivo de la conspiración, mientras estaban en el Distrito Sur de la Florida y en otros lugares, hablaron personalmente sobre el pago de sobornos a funcionarios de gobiernos extranjeros en Venezuela para asegurarse la adjudicación de contratos.

Gorrín Belisario junto con otros, mientras se encontraban en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, ofrecieron, prometieron y autorizaron pagar, directa e indirectamente, a funcionarios extranjeros en Venezuela de manera de asegurar la adjudicación de negocios a su favor.

El acusado y sus colaboradores igualmente discutieron personalmente en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, acerca de la manera y los medios por los cuales hacer los pagos de los sobornos.

Gorrín y sus colaboradores, mientras estaban en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, utilizaron cuentas bancarias de la Compañía 1, la Compañía 2 y la Compañía 3, además de su propia cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA, para llevar a cabo el pago de sobornos a funcionarios de gobiernos extranjeros en Venezuela y mantenerlos de manera oculta.

Mientras estaban en el Distrito Sur de Florida, Raúl Gorrín y sus colaboradores se valieron de cuentas bancarias de las compañía 1, 2 y 3, así como de su propia cuenta personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA, para realizar transferencias de fondos a funcionarios gubernamentales extranjeros, incluidos el Oficial extranjero 1 y el Oficial extranjero 2, a cambio de que le favorecieran en la adjudicación de negocios y contratos.

Las acciones

Con el objetivo de darle cumplimiento a la conspiración. Se llevaron a cabo una serie de acciones ilegales por parte del acusado y sus coconspiradores, tanto en el Distrito Sur de Florida como fuera de esa jurisdicción.

En este sentido, refiere la acusación que Raúl Gorrín Belisario, en o alrededor de 2010, junto al funcionario del banco extranjero y otros compraron una institución financiera en la República Dominicana con el propósito de lavar dinero y pagar sobornos a funcionarios venezolanos.

Para 2012 o fecha aproximada, el acusado se reunió con un Funcionario Extranjero 1 en el Distrito Sur de Florida para discutir el pago de sobornos.

El 18 de junio de 2012 o alrededor de esa fecha, el Funcionario Extranjero 2 causó una transferencia de un bono del tesoro venezolano a la cuenta de la Compañía 1 en Suiza, cuyo banco informó a Gorrín Belisario de su liquidación en su cuenta y que la "persona de contacto es [Oficial extranjero 2]".

El 25 de octubre de 2012, o alrededor de esa fecha, el demandado envió un correo electrónico con el asunto "485,000" a uno de sus empleados y socios comerciales a quien instruyó acerca de las diligencias a realizar respecto a una compañía de yates con la orden: "Haga la transferencia y cárguela a [Co-Conspirador 1]".

Para el 29 de octubre de 2012 el acusado pagó USD 485,000 a través de una transferencia desde la cuenta de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta de la compañía de yates antes referida en el Distrito Sur de Florida.

Luego de haber recibido un correo electrónico con los detalles de la compra del yate para “Coconspirador 1”, el 13 de noviembre de 2012, Raúl Gorrín Belisario hizo un pago por USD 4.35 millones mediante transferencia desde la cuenta de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta de una compañía de yates en el Distrito Sur de Florida.

El 11 de diciembre de 2012 o fecha aproximada, funcionario extranjero 1 envió por correo electrónico a Raúl Gorrín, una copia de una factura por USD 14.422 por servicios veterinarios e instrucciones de transferencia para realizar el pago.

El 12 de diciembre de 2012 o fecha aproximada, Raúl Gorrín ordenó transferir un pago de aproximadamente USD 15.000 de la cuenta de la Compañía en Suiza a la cuenta del veterinario referido anteriormente en el Distrito Sur de Florida.

En fecha 29 de enero de 2013 o aproximada, el demandado recibió un correo electrónico con los detalles sobre la compra de un sistema de seguridad por USD 1.103.371 para el Oficial de Relaciones Exteriores de Caracas, Venezuela, en el que se le solicitaba su aprobación.

El 30 de enero de 2013 Raúl Gorrín Belisario causó un pago de USD 1.103.371 mediante transferencia de su cuenta personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a la cuenta de la compañía de seguridad referida anteriormente en el Distrito Sur de Florida.

En o alrededor del 5 de febrero de 2013, mientras se encontraba en Wellington, Florida, el funcionario 1 envió por correo electrónico a Raúl Gorrín una copia de una factura por USD 174.800 de una empresa de transporte de caballos.

El 7 de febrero de 2013, o alrededor de esa fecha, el acusado ordenó transferir USD 174.800 de su cuenta personal de HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a la compañía de transporte de caballos referida anteriormente en Nueva York.

En o alrededor del 15 de febrero de 2013, el Oficial extranjero 1 envió por correo electrónico a Gorrín Belisario la identificación de la persona que debía pagar por los gastos relacionados con los caballos del Oficial extranjero.

El 25 de febrero de 2013, el demandado ordenó transferir USD 150.000 de la cuenta de la Compañía en Suiza a la cuenta de la persona a quien se le debían los gastos relacionados con el caballo a que se hizo referencia anteriormente, en el Distrito Sur de Florida.

El 4 de marzo de 2013, mientras estaba en Wellington, Florida, el Funcionario Extranjero 1 le envió por correo electrónico al acusado con una copia de las instrucciones relativas a una compañía de transporte de caballos.

El 7 de marzo de 2013, Raúl Gorrín mientras estaba en el Sur de Florida pagó USD 228.768 mediante transferencia desde su cuenta personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a la compañía de transporte de caballos en Nueva York.

El 15 de marzo de 2013, después de recibir un correo electrónico con los detalles para la compra de un yate para "[Coconspirador 1]" por USD 281.051, Raúl Gorrín Belisario pagó USD 281.051 mediante trasferencia desde la cuenta de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta de la compañía de yates en el distrito Sur de Florida.

El 17 de mayo de 2013, o alrededor de esa fecha, Raúl Gorrín Belisario ordenó transferir un pago de USD 4 millones de la cuenta de la Compañía 2 en Suiza a la cuenta de la compañía de modas Coconspirador 1 en el Distrito Sur de Florida.

El 29 de mayo de 2013 o alrededor de esa fecha, el funcionario extranjero 1 envió por correo electrónico al demandado con copia de una factura por USD 117.062,15 para trabajos de mejoras en el hogar en la casa del funcionario extranjero.

El 6 de junio de 2013, o alrededor de esa fecha, Raúl Gorrín Belisario causó un pago de USD  117.087,15 a través de transferencia desde la cuenta de la Compañía 2 en Suiza a la cuenta de la compañía de mejoras para el hogar referida anteriormente en el Distrito Sur de Florida.


Todas estas acciones se llevaron a cabo supuestamente por el acusado en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 371.

Del mismo modo, la acusación indica que entre 2008 y 2017, en el condado de Miami-Dade y en el condado de West Palm Beach, en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, el demandado Raúl Gorrín Belisario, conspiró de manera voluntaria y actuó junto con otros, conocidos y desconocidos por el Gran Jurado, para violar el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A), es decir, para transportar, transmitir y transferir a sabiendas instrumento monetario y fondos a un lugar en los Estados Unidos desde y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos con la intención de promover la realización de actividades ilegales específicas, es decir, (a) violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero bajo el Título 15 , Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-2 y 78dd-3, y (b) delitos contra una nación extranjera que involucran el soborno de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos por o en beneficio de un funcionario público, en violación del Título 18, del Código de Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A), a saber, Raúl Gorrín Belisario, quien acordó transportar, transmitir, transferir y hacer que se transporten, transmitan y transfieran fondos de Suiza a los Estados Unidos, en cumplimiento de una plan para pagar y ofrecer dinero y otros bienes de valor a los funcionarios extranjeros en Venezuela, incluidos el Oficial extranjero 1 y el Oficial extranjero 2, para obtener y retener negocios en su provecho.

Todo esto en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (h).

Entre 2008 y 2017, en el condado de Miami-Dade y el condado de West Palm Beach, en el distrito sur de Florida y en otros lugares, el acusado, Raúl Gorrín Belisario, a sabiendas, transportó, transmitió, transfirió y ayudó e instigó el transporte, la transmisión y la transferencia, e intentó transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario y fondos a un lugar en los Estados Unidos desde y por un lugar fuera del país con la intención de promover la realización de actividades ilegales específicas, es decir, (a) violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero bajo el Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-2 y 78dd-3, y (b) delitos contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que involucran el soborno de un funcionario público y la malversación, el robo y la malversación de fondos públicos por parte de un funcionario público o en su beneficio, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a ) (2) (A).

Las consecuencias

En razón de los hechos alegados en contra del demandado Raúl Gorrín Belisario, suponen la confiscación de ciertos bienes de interés para el acusado.

Esto en razón a las violaciones al Título 15, el Código de los Estados Unidos, las Secciones 78dd-2 y/o 78dd-3, o la conspiración para cometer dicha violación, como se alega en la Acusación, el demandado perderá en los Estados Unidos cualquier propiedad obtenida con los ingresos que se derivan de dicha infracción, de conformidad con el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 981 (a) (1) (C), que se hace penalmente aplicable por el Título 28 del Código de los Estados Unidos, Sección 2461 (c).

Al ser declarado culpable de una violación del Título 18, el Código de los Estados Unidos, Sección 1956, como se alega en la Acusación, el demandado deberá ceder a los Estados Unidos cualquier propiedad involucrada en dicha ofensa y/o cualquier propiedad rastreable a dicha propiedad, de conformidad con el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 982 (a) (1).

Si alguna propiedad sujeta a decomiso, como resultado de cualquier acto u omisión del demandado, (a) no pudiera ser localizada en el ejercicio de la diligencia debida, (b) haya sido transferida o vendida a un tercero, (c) haya sido llevada fuera de la jurisdicción de la Corte, (d) haya disminuido sustancialmente su valor, o (e) haya sido mezclado con otra propiedad que no se puede dividir sin dificultad, los Estados Unidos tendrán derecho a la pérdida de propiedad sustituta conforme a las disposiciones del Título 21, Código de los Estados Unidos, Sección 853 (p), tal como se incorpora en el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 982 (b) (1).

Propiedades decomisadas

Entre los bienes sujetos a decomiso se encuentran los siguientes inmuebles:

— 1241 Placetas Avenue, Coral Gables Florida 33146;
— 140 Paloma Drive, Coral Gables, Florida 33143;
— 144 Isla Dorada Boulevard, Coral Gables, Florida 33143;
— 18555 Collins Avenue, Unidad 4401, Sunny Isles Beach, Florida 33160;
— 21055 Yacht Club Drive, Unidad 2602, Aventura, Florida 33180;
— 21055 Yacht Club Drive, Unidad 503, Aventura, Florida 33180;
 — 4100 Salzedo Street, Unidad 804, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 904, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 1010, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 608, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 807, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 809, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 811, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 813, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 903, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 909, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 913, Coral Gables, Florida 33146;
— 20 W. 53rd St, 47A, Nueva York, Nueva York 10019;
— 310 E. 53th Street, Apt. 24C, Nueva York, Nueva York 10022;
— 330 E. 57th Street, Apt. 9, Nueva York, Nueva York 10022;
— 330 E. 57th Street, Apt. 11, Nueva York, Nueva York 10022;
— 330 E. 57th Street, Apt 12, Nueva York, Nueva York 10022;
— 60 Riverside Boulevard, PH 3702, Nueva York, NY 10069; y
— 60 Riverside Boulevard, PH 3602, Nueva York, NY 10069.

Todo de conformidad con el Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 981 (a) (1) (C) y 982 (a) (1) y a los procedimientos establecidos en el Título 21, Código de los Estados Unidos, Sección 853, según lo incorporado en el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 982 (b) (1) y Título 28, Código de los Estados Unidos, Sección 2461 (c).