martes, 6 de noviembre de 2018

Potencial jurado del Chapo intentó conseguir un autógrafo del capo mexicano

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Durante el segundo día de sesiones para la selección del jurado que decidirá el destino de Joaquín El Chapo Guzmán se presentaron 13 nuevos candidatos, de los cuales 6 fueron eliminados por diversas razones. Durante la audiencia salió a relucir la historia de un hombre que fue entrevistado el lunes, oriundo de Medellín quien había solicitado al oficial de seguridad de acusado, John Hancock, que le hiciera las gestiones para conseguir un autógrafo del acusado. Cuando el juez Brian Cogan le preguntó por qué lo había hecho, el sujeto respondió "Soy un poco su fan".

Con las 13 nuevas personas entrevistadas este martes se suman un total de 58 ciudadanos que han sido citados por la corte para seleccionar los 12 jurados principales y los 6 suplentes que estarán al frente del juicio que se iniciará el 13 de noviembre de 2018.

Hasta ahora han sido descalificados 27 precandidatos debido a que no cumplen con los requerimientos establecidos por la corte, la defensa y el gobierno. Ayer fueron 17 prospectos los descartados y hoy en la mañana otros 6.

Por ahora no hay nadie oficialmente seleccionado. 

La sesión de este martes se inicio a las 9:30 AM. Guzmán vestía  un un traje azul oscuro, una camisa de vestir azul claro y una corbata con estampado a cuadros grandes al estilo.

Los candidatos más notorios


Entre los candidatos fueron despedidos el hombre joven de Medellín 
Colombia, quien fue denunciado por solicitarle a un oficial de seguridad de la corte el autógrafo del "Chapo". El ciudadano, al  ser interrogado por Cogan,  admitió: "Sí, es cierto". Cuando se le preguntó más, el hombre dijo: "Soy un poco fanático". 

Chapo no tuvo ninguna reacción a esto, aparte de una mirada de acero.

En relación a este caso, llamó la atención que uno de los defensores, Jeffrey Lichtman argumentó que el hombre debería quedarse afirmando: "Juez, tengo el autógrafo de Charles Manson y los dos líderes de Hamas, y obviamente no soy un gran fanático de ellos. Tal vez solo esté interesado en los autógrafos. De gente infame, como yo".

El hombre del Sandwich "El Chapo" fue descartado

El hombre blanco de 30 años de edad que destacó en las reseñas de prensa del lunes por haber escrito en su cuestionario que con frecuencia pedía en un deli que queda cerca de su trabajo un sandwich llamado 'el chapo', fue interrogado este martes porque el personal del juez Cogan pensó que un hombre que se parecía al prospecto había publicado en Twitter que había sido elegido para formar parte del jurado de "Chapo" lo que el ciudadano negó rotundamente. 

Más tarde, el hombre pidió hablar con el juez en la sala, y dijo que su padre estaba enfermo y que a pesar de que los medios de comunicación lo identificaron como "lo harían identificable en el trabajo". 

Miedo por la salud de su madre

En al segunda sesión de selección había una mujer blanca que habló con el juez Cogan en el salón contiguo a la sala. La joven vive con su madre y le confesó al magistrado llorando profusamente  que cuando le contó a su madre lo que estaba haciendo, su madre dijo 'tenemos que mudarnos y conseguir una nueva casa'". Cuando se dió a conocer esta versión, el acusado se rió de buena gana ante este comentario. 

Cogan aseguró que la mujer estaba preocupada por lo perjudicial que podría ser la presión sobre su la salud de su madre.

Otro candidato a ser miembro del jurado sufrió un ataque de pánico en la sala de reuniones del jurado y fue llevado al hospital, razón por la cual fue descalificado.

Michael Jackson descartado

Otro de los prospectos que fue descartado fue el imitador del Rey del Pop  Michael Jackson. La razón expuesta fue porque por su carrera es demasiado fácil de identificarlo.


Miedo a ser asesinada por ser jurado

Otra posible jurado que fue descartada fue una mujer que adujo problem de ansiedad y nerviosismo. La candidata dijo que se había asustado un poco porque había visto una película sobre alguien que intentaba asesinar a un jurado", lo que inexplicablemente hizo que ella buscara en Google "su nombre y matar a los jurados", dijo, refiriéndose a el Chapo. 

La mujer fue más allá y le confesó al juez que cuando vió la historia se prometió así misma "no hacer eso", y que inclusive esa declaración "me puso nerviosa".

Durante la mañana también fueron descartadas otras personas, una de ella por razones financieras, de trabajo y por viajes previstos.

Joaquín Guzmán Loera está siendo acusado por el gobierno de los Estados Unidos de 11 cargos, de los cuales destacan trafico y distribución de cocaína, lavado de dinero, posesión de armas, liderar una empresa criminal y de asesinatos.

Colapso de represas hidroeléctricas amenaza 100.000 personas en Mérida

Más de cien mil personas estarían supuestamente en riesgo ante el posible colapso de las presas de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda. La advertencia la formuló la contratista encargada de la obra de rehabilitación de las descargas de fondo a la que Corpoelec demandó por incumplimiento de contrato por un total de Bs. 3.982.346.913.556,04.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Una audiencia del Juzgado de Sustanciación de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia llevada a cabo el pasado 24 de octubre, la cual trató una demanda interpuesta por la Corporación Eléctrica Nacional contra la empresa argentina Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. Industrial, Comercial y Financiera (en proceso de cambio de denominación a I.M.P.S.A. S.A.), permitió conocer un supuesto riesgo en que se encuentran más de cien mil personas de las comunidades adyacentes a las referidas presas de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda. La juez encargad del caso ordenó una investigación al respecto.

Asimismo, un informe técnico encomendado por la contratista a la empresa Red Ingeniería S.R.L., da cuenta de las condiciones de las citadas presas, las cuales, presuntamente, no habrían sido dadas a conocer oportunamente por Corpoelec, según el documento expuesto en corte. La jueza de sustanciación del caso ordenó a la estatal eléctrica llevar a cabo una inspección técnica en sus instalaciones y consignar sus resultas en autos a la brevedad posible ante el tribunal. La estatal venezolana demandó a la contratista por incumplimiento de contrato y por ello exige la cantidad de Bs. 3.982.346.913.556,04.

Previo a la audiencioa en la que se conoció la denuncia, específicamente el 7 de agosto de 2018, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia de la magistrada María Carolina Ameliach Villarroel, había considerado como procedente una medida cautelar de embargo preventivo sobre bienes muebles propiedad de la sociedad mercantil Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. (IMPSA). Tal medida comprendía USD 235.748.487,05 y Bs. 499.915.943,74.

Asimismo, ordenó comisionar al Juez Ejecutor de Medidas para que practicara el embargo decretado, atendiendo al previo señalamiento que debería efectuar el apoderado judicial de Corpoelec acerca de los bienes muebles que serían afectados con la medida.

También ordenó notificar a Corpoelec para que ampliara la solicitud de medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar formulada, precisando los bienes inmuebles sobre los cuales recaería la misma y concedió un lapso de diez días de despacho, contados a partir de la constancia en autos de su notificación.

Esta decisión de la magistrada Ameliach Villarroel sobre el caso recogido en el expediente N° 2018-0302 obedeció al oficio N° 000416 del 3 de mayo de 2018 recibido en la referida sala del TSJ, el 9 del mismo mes y año, cuando el Juzgado de Sustanciación remitió las copias certificadas de la demanda de contenido patrimonial interpuesta con medida cautelar “innominada”, por el abogado Incary Gabriel Guerra Torres, apoderado judicial de Corpoelec, sociedad de comercio adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, contra la citada empresa argentina.

El Juzgado de Sustanciación había decidido la admisión a través de la decisión N° 364 del 25 de abril de 2018 y ordenó abrir cuaderno separado a los fines de decidir la medida cautelar “innominada” requerida por la parte actora. El 15 de mayo de 2018, se dio cuenta a la Sala y se designó ponente a la magistrada María Carolina Ameliach Villarroel y el 29 de mayo la abogada Claritza Gutiérrez González, actuando con el carácter de apoderada judicial de la empresa demandante, consignó diligencia.

La abogada Gutiérrez González había solicitado al TSJ oficiar al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) para que informara la existencia o no de bienes muebles o inmuebles que fueran propiedad de la empresa demandada y se decretara prohibición de enajenarlos  y gravarlos. También pidió oficiar a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban)  para informar sobre la existencia de cuentas o no, a nombre de la mencionada sociedad mercantil y en caso afirmativo, que estas fueran bloqueadas la movilización de fondos de las mismas.

Igualmente, solicito oficiar al Registro Nacional de Contratistas que verificara qué contratos suscritos mantenía la empresa IMPSA con el estado venezolano para así constatar acreencias contractuales que pudiera tener dicha empresa.

El 14 de junio de 2018, la representación judicial de Corpoelec consignó diligencia ante el TSJ para solicitar dirigir sendos oficios al Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (INTTT) y al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), para que informaran sobre la existencia o no de vehículos o aeronaves propiedad de Pescarmona y, en caso de existir alguno, pidió se decretara prohibición de enajenarlos y gravarlos.

Corpoelec suscribió con la empresa demandada en fecha 28 de diciembre de 2012, un contrato distinguido con el N° NCO-CAP10-0296/2012 que tenía por objeto era “Rehabilitación de las descargas de fondo para las presas La Vueltosa y Borde Seco, de la Central Hidroeléctrica ‘Fabricio Ojeda’”. Este contrato se firmó durante la gestión de Argenis Chávez, mientras que por la empresa contratista firmó Enrique Pescarmona.

El precio de dicho contrato fue de USD 65.885.648,00, que a la tasa de cambio de Bs. 4,30 por dólar vigente para la época, equivalía a Bs. 283.308.286,40 por componente extranjero. El componente nacional de la negociación era de Bs. 131.149.912,00 más Bs. 15.737.989,44 por concepto de impuesto al valor agregado, para un monto total de Bs. 430.196.187,84. El anticipo era de USD 19.765.694,40 equivalentes a Bs. 84.992.485,92, correspondiente al componente extranjero y la cantidad Bs. 39.344.973,60, correspondiente al componente nacional.

Debido al incumplimiento del contrato alegado por Corpoelec, la estatal exigió que la empresa contratista devolviera el saldo correspondiente al anticipo total no amortizado en el contrato y la indemnización por los daños y perjuicios derivados del mismo la cual estimó en 15 por ciento del valor del contrato, es decir, USD 9.882.847,02 por el componente extranjero calculados a tasa DICOM, es decir BS. 43.918 por dólar que totalizarían Bs. 434.034.883.329,06, mientras que por concepto de capital nacional solicitó la cantidad de Bs. 22.032.285,21.

La Corporación Eléctrica Nacional manifestó que por el daño causado al país por dicho incumpliendo de contrato el cual se ve reflejado en parte de la crisis eléctrica que padece el país, el monto por daños y perjuicios debía ser similar al monto del contrato, es decir USD  65.885.648,00, que tasa de cambio DICOM para 2018 sería igual a Bs. 2.893.565.888.864,00 más el componente nacional que es de Bs. 131.149.912,00.

Corpoelec pidió el pago de intereses moratorios sobre el monto antes indicado, calculados desde el 15 de febrero 2015, así como también el pago de costas y costos procesales.

De este modo, lo exigido por Corpoelec sería:

1) Capital extranjero: USD 14.904.000,00.
2) Capital nacional: Bs. 39.093.165,77.

Intereses moratorios e indexación que se causen por el anticipo entregado, desde el 15 de febrero de 2015 hasta la resolución definitiva de la demanda.

Por daños y perjuicios USD 65.885.648,00 (componente extranjero) y Bs. 131.149.912,00 (componente nacional).

Por concepto de penalidad, el 15 por ciento del contrato: USD 9.882.847,02 (componente extranjero) y Bs. 22.032.285,21 (componente nacional).

Estos montos sumados a las costas procesales, el ajuste o corrección monetaria de dichas obligaciones, Corpoelec calculó ser indemnizada en Bs. 3.982.346.913.556,04.

La advertencia de riesgo para la población

Ahora bien, la minuta de la audiencia llevada a cabo en el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político-Administrativa del TSJ el pasado 24 de octubre, refiere que la demanda de contenido patrimonial interpuesta por Corpoelec contra la empresa argentina el 3 de abril de 2018 conjuntamente con solicitud de una Medida Cautelar Innominada y que en el acto intervinieron el representante legal de Corpoelec, Incary Gabriel Guerra Torres, mientras Ramón Darío Sosa Caraballo defendió los derechos de la demandada. Entretanto, José Alberto Pérez, ciudadano argentino se presentó como Gerente Corporativo de Legales de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.

Durante la audiencia, el representante de IMPSA S.A. formuló la advertencia ante la jueza, luego de denunciar “defecto de procedimiento”, así como incumplimiento por parte de Corpoelec al no haber recurrido a lo establecido en la cláusula 42 del contrato que planteaba el “reclamo previo” antes de la acción judicial. También solicitó la declaratoria de perención breve de la acción del demandante, puesto que desde la admisión de la acción, Corpoelec mantuvo una inactividad superior a 30 días, al no gestionar las diligencias inherentes a la citación de su representada.

Planteó recurrir a alguno de los mecanismos alternativos de resolución de controversia y advirtió que en varias ocasiones dirigió comunicaciones a la estatal eléctrica, así como “notas” para informar propuestas de ingeniería de las presas La Vueltosa y Borde Seco de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda, toda vez, que existe un riesgo importante de "colapso" de las mencionadas instalaciones, que podría colocar en peligro a las poblaciones asentadas en sus adyacencias. En tal sentido, pidió que se tomen con urgencia las medidas necesarias para evitar un desastre o catástrofe que afecte a la población.

La respuesta de Corpoelec

En la audiencia la representación legal de Corpoelec fijó su atención en la demanda por incumplimiento de contrato por parte de la contratista, subrayando que la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (IMPSA S.A.) presentaba un retraso de seis años en la ejecución de la obra y advirtió que, ante esta situación, eran inviables los mecanismos alternativos de resolución de controversias.

Consultado por la jueza sobre el riesgo de las poblaciones adyacentes a las presas, el apoderado judicial de Corpoelec dijo que no existían argumentos sólidos que demostraran tal situación, al tiempo que argumentó respecto a las comunicaciones que alertando el peligro la contratista refiere haberle remitido, que “es posible que estas no hayan sido recibidas por las autoridades competentes, tomando en cuenta que la empresa estatal estuvo sometida a un régimen de intervención”.

Una vez más, Corpoelec insistió en que se declarara el incumplimiento de contrato por parte de la contratista.

Entretanto, para IMPSA S.A., por encima de las abstracciones contractuales, lo fundamental era atender con urgencia y con carácter prioritario lo relativo a la situación de riesgo que pueden presentar las presas antes identificadas en vista del supuesto deterioro que presentan.

En tal sentido, el representante legal de la contratista advirtió que deben privar los derechos de terceros que pueden verse gravemente afectados por cuanto existen poblaciones en las adyacencias de dichas instalaciones y solicitó que se inste a las autoridades competentes a ejercer las acciones y medidas que correspondan en este caso, por cuanto la empresa ha acudido a diferentes instancias para alertar el riesgo sin que se haya producido respuesta alguna por parte de los entes competentes.

La decisión de la jueza

Respecto a la situación de riesgo para  las poblaciones vecinas denunciada por la empresa contratista, la jueza del caso instó a la Corporación Eléctrica Nacional a llevar a cabo a la mayor brevedad, una inspección técnica en las instalaciones de las presas de La Vueltosa y Borde Seco, cuyos resultados deben ser presentados ante el tribunal.

Por otra parte, en virtud de la imposibilidad de que se produzca la vía de la conciliación a través de los mecanismos alternativos para la resolución de controversias, se impone la continuación de la causa por ante el tribunal.

Remitió al juez de mérito lo relativo a los alegatos de la parte de demandada respecto a la supuesta existencia de defectos de procedimiento para que los estudie y, al conocerse la decisión de la Sala, se procederá entonces con la causa.

El Informe técnico

En nuestro poder también se encuentra un informe denominado “Aprovechamientos hidroeléctricos La Vueltosa y Borde Seco. Venezuela” elaborado por la empresa argentina RED Ingeniería SRL a solicitud de IMPSA S.A., en el que se vierte la opinión de la compañía encargada del estudio sobre la situación técnica de los descargadores de fondo de las citadas presas para su rehabilitación.

IMPSA S.A. encargó a RED valorar la situación a efecto de poder llevar a cabo las tareas de cierre de los descargadores de fondo de las presas en forma segura.

El informe contiene una serie de explicaciones acerca de los procedimientos a seguir para llevar a cabo la obra encomendada por Corpoelec a la empresa contratista.

Una de las primeras advertencias que hace RED en su informe es respecto a la constatación de que Corpoelec hubiera suministrado a la empresa contratista toda la documentación e información sobre las presas para que la empresa pudiera llevar a cabo su tarea con idoneidad. Datos todos estos imprescindibles —de acuerdo a los ingenieros evaluadores— para realizar un diagnóstico de seguridad de la estructura de soporte de las presas.

RED Ingeniería advierte que los documentos entregados por Corpoelec a IMPSA S.A. “no cuenta con una clasificación que permita verificar su procedencia, como tampoco conocer si se trata de información realmente usada para la construcción de las obras y/o nominada como de acuerdo a lo construido (‘conforme a obra’), por lo que su confiabilidad es dudosa. No se cuenta con memorias de cálculo que permitan verificar la procedencia de los criterios de diseño, como tampoco el estado de cargas adoptado para los cálculos estructurales”.

Tampoco “se cuenta con registros de operación, mantenimiento de los descargadores y de otras estructuras que puedan verse involucradas en los accidentes ocurridos previos al momento de la contratación, a fin de determinar la razón por la cual no funcionaron adecuadamente”.

Añaden que igualmente “No se cuenta con los manuales de operación y mantenimiento de los túneles y cavernas, donde se encuentren estipuladas las condiciones del vaciado del túnel, como la velocidad, etapas de espera, mediciones, condiciones de aireación u otros criterios de cuidado para prevenir una falla o colapso”.

Se advierte que el no haber intervenido rápidamente frente al aumento de caudal evidenciado en las presas, podría generar el colapso del túnel o la caverna, dada las presiones en juego y la capacidad de erosión del agua transitando sin control a través de posibles fisuras en el revestimiento del túnel, y fallas o diaclasas en el macizo rocoso.

Destacan que “La situación del descargador de fondo de la presa La Vueltosa, con elevadísimos caudales en constante aumento, plantea un escenario de degradación evolutiva. Esta situación es de extrema gravedad, con alto riesgo de falla, cuyas consecuencias serían incontroladas e inaceptables”.

Otros contratos de Pescarmona con Corpoelec

Ya para finalizar, podemos adelantar con respecto a una de las solicitudes que se formularon ante el TSJ para indagar sobre la existencia de otros contratos suscritos por Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. Industrial, Comercial y Financiera con el estado venezolano, que efectivamente la propia Corporación Eléctrica Nacional suscribió el 31 de enero de 2013 con Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. el contrato NCO-CAP 10-0277/2012 para la fabricación y suministro de cinco rodetes Pelton de los cuales tres tendrían recubrimiento anti-abrasión y de equipos auxiliares eléctricos y mecánicos para la Central Hidroeléctrica José Antonio Páez, bajo el térmico comercial DAT (Icoterms 2010). El precio de la negociación fue de USD 9.643.963,00.

El 1° de marzo de 2013, se suscribió el contrato NCO-CAP 10-0297/2012 para el montaje, pruebas, integración y puesta en marcha del control distribuido de la unidad generadora N° 16 en las diferentes elevaciones y áreas de la casa de máquinas N° 2 y en el patio de distribución Guri 8   KV en la casa Relé N° 1 de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar en Gurí. El monto de esta negociación fue, en su componente extranjero, de USD 1.024.818,00 y en el componente nacional de BS. 15.650.244,96 para un total general de BS. 20.056.962,36.

Entretanto, el 7 de octubre de 2015, Corpoelec, durante la administración de Jesse Chacón firmó un contrato para el diseño, fabricación, transporte, montaje y pruebas de diez turbinas Aplan y sus gobernadores de corriente alterna, seis transformadores de potencia, una grúa puente principal y dos grúas puentes auxiliares y diez conjuntos trifásicos. Que tengamos conocimiento se firmó para tal fin el contrato signado con el número 3.1.104.007.03 y, al menos, cinco contratos complementarios a adenda a este.

Por la contratista estampó su firma en todos los contratos, Enrique Pescarmona.



lunes, 5 de noviembre de 2018

Juicio del Joaquín "El Chapo" Guzmán: En la primera sesión de elección del jurado se entrevistaron 45 personas de las cuales 17 fueron descartadas

La seguridad estuvo restringida. En la sala además del acusado estuvieron sus abogados, los fiscales y los agentes de seguridad y 5 periodistas. Las medidas buscan garantizar el anonimato y salvaguarda de los jurados.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Durante el primer día  de selección del jurado que decidirá el destino de Joaquín "El Chapo" Guzmán, fueron presentados en corte 45 prospectos de los cuales 17 fueron descartados, incluyendo uno que no se presentó.  Los 28 preseleccionados seguirán bajo escrutinio. En la sección del martes se considerarán otros candidatos del grupo de más de 100 ciudadanos norteamericanos convocados para servir en el juicio considerado en más importante y costosos de toda la historia   judicial de los Estados Unidos.

La sesión empezó a las 9:30 AM y culminó a las 5:30 PM con dos recesos. Cada persona fue evaluada individualmente y tuvo que  responder las preguntas del juez y las dudas de los abogados defensores y los fiscales.

En la mañana fueron descartados 6 y en la tarde 11 por diversas razones, entre ellas razones financieras. Vale destacar que los ciudadanos norteamericanos están obligados por ley a servir como jurados en los juicios estatales y federales. En el caso del "Chapo" la corte pagará por cada día de servicio USD 50,00.

En "Chapo" sin uniforme de presidiario

El acusado, Joaquín Guzmán Loera estuvo presente en la sala, vestido con un traje azul oscuro, una camisa blanca con cuello ancho, dos de los botones estaba abiertos, un cinturón marrón y zapatos al estilo discoteca de los años setenta. Lucía relajado y se sonrió en varias oportunidades, tomó notas y conversaba frecuentemente con sus abogados sin prestar mucha atención a los prospectos de jurado, con quienes no intentó cruzar la mirada.

La regla en Estados Unidos señala que los acusados no deben vestir el uniforme de la cárcel durante la selección del jurado ni en los días que dura el juicio, que el caso de Guzmán se podría extender por más de 4 meses. La razón de esa medida es que evitar que los jurados puedan tener una percepción negativa que contribuya a una presunción de culpabilidad si ven al acusado vestido como prisionero.

Los jurados primeramente fueron llevados en grupos. En la mañana fueron 19, y en la tarde, 20 y luego 20 más. El juez les hacía preguntas reguntas básicas sobre la carga de la prueba, la presunción de inocencia, evidencias y advertencias sobre las responsabilidades como jurados. Una vez que salían de la sala, eran llamados uno a uno, escoltados por los mariscales de la corte para hacerles preguntas específicas, relacionadas con sus opiniones sobre la legalización de la marihuana; qué información tenían sobre el acusado, su fluidez con el español; y sus puntos de vista sobre la policía y los testigos cooperantes.

Una buena parte de los entrevistados dijo que el nombre del Chapo les resultaba familiar, y otros dijeron que sabían que el acusado se había escapado de la cárcel.

Otros dijeron que habían escuchado de una entrevista que le había hecho el actor Sean Penn.

Michael Jackson

Llamó la atención uno de los candidatos que dijo ser un imitador profesional del "Rey del Pop", Michael Jackson. Cuando se le entrevistó, dijo que podría tener problemas para cumplir con el calendario del juicio porque tenía que hacer ensayos porque tenía prevista una gira de presentaciones en marzo de 2019. Sobre este particular, la fiscalía dijo que temía por su seguridad ya que no debía haber muchos personificados de Michael Jackson, no obstante el juez Brian Cogan dijo que sí había muchos y que para él eso no representaba una excusa, por tanto el hombre de unos 30 años se mantienen en el grupo de prospectos. El hombre dijo además que no podría sobrevivir con un pago diario de US$ 50,00.

En la sala hubo varios chistes en relación al joven que imita a Michael Jackson, e inclusive hicieron referencia al caso legal contra la fallecida celebridad. Uno de los abogados de Guzmán, Eduardo Balarezo pidió que mostrara su "moonwalk".

Kate Del Castillo

Una mujer blanca afirmó que conocía del caso porque veía las novelas con su abuela y supo que tenía que ver algo la actriz mexicana, Kate Del Castillo, y si había escuchado sobre el señor Guzmán. 

Serie Narcos de Netflix

Otra dama asiática fue descartada cuando dijo que había visto la serie de televisión Narcos de Netflix y cuando aparecían esas imágenes en su mente, podía imaginarse al "Chapo". Por esa razón fue excusada.

Desde Medellín de Pablo Escobar 

Otro hombre aseguró que nació y se crió en Medellín y que había escuchado muchas historias de narcos, trayendo a colación el nombre del célebre capo colombiano, Pablo Escobar. El nombre sigue en la lista como posible jurado.
   
Miedo a ser perseguidas

Una mujer blanca, mayor, alegó que tenía miedo y se sentía insegura a ser perseguida junto a su familia por servir como jurado en el juicio de Guzmán. Comentó al juez que había leído que a los jurados de este caso los iban a perseguir los miembros de los cárteles. 

El juez Cogan le advirtió que eso no era cierto, no obstante la excusó de inmediato.

A última hora de la tarde, otra joven confesó tener miedo de ser jurado en ese juicio porque había conversado del tema con sus compañeros de trabajo y le habían aconsejado que no sirviera puesto que ese caso era un asunto peligroso.


Sandwich "El Chapo"

Uno de los prospectos causó risas en la sala cuando el juez leyó que en las respuestas de su cuestionario el hombre blanco aseveró que sabía que el Chapo era un narcotraficante mexicano, y que en un Deli (cafetería) cerca de su trabajo había un sandwich que se llamada "El Chapo" y que era delicioso. Mientras el abogado de Guzmán, Eduardo Balarezo se reía estrepitosamente de lo que parecía un chiste, el otro defensor, William Purpura le preguntó si ese sandwich tenía algo falso, a lo que el candidato respondió que no, que era una "rosquilla" con "lox" (salmón ahumado con queso crema), alcaparras y algún ingrediente "picante" y que no sabía por qué lo llamaban "El Chapo" pero que era exquisito. Ese candidato llevaba cabellos rizados desteñido y tenía una apariencia jocosa aunque una mirada triste.

Los cuestionarios

Los cuestionarios a los posibles jurados fueron enviados por correos, entre las preguntas generales destaca una que pedía la opinión sobre la legalización de la marihuana. 

Otras preguntas que se incluyeron están relacionadas con el entendimiento sobre la presunción de inocencia, sí sabían que una acusación no significaba que el acusado fuera culpable; si tenían una mente abierta y si no habían hecho una investigación sobre Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Uno de los prospectos confesó que había hecho una búsqueda en Wikipedia sobre Guzmán y de inmediato fue descartado.

La apertura del juicio

Los argumentos de apertura del juicio de Joaquín "El Chapo" Guzmán serán presentados por la fiscalía y el gobierno, el 13 de noviembre de 2018 y posteriormente, se procederá con la presentación de la enorme lista de testigos que tiene el gobierno para demostrar la culpabilidad del acusado.

Guzmán enfrenta 11 acusaciones que incluye trafico y distribución de drogas, posesión de armas, lavado de dinero, conspiración para asesinar y, el más grave, haber liderado y operado una empresa criminal. La acusación describe que los crímenes de Guzmán se habrían realizado entre 1989 y 2014, tiempo en el cual, habría exportado a los Estados Unidos más de 154.626 kilos de cocaína, y toneladas de heroína, matanfetaminas. 

Los fiscales dicen que Guzmán habría ganado más de 14 mil millones de dólares. 

Guzmán enfrenta una sentencia de cadena perpetua.

sábado, 3 de noviembre de 2018

Empleados de Corpoelec deben pagar el equivalente a USD 16 por pólizas de cobertura médica con Seguros La Constitución

Por Maibort Petit
@maibortpetit


Los empleados de la Empresa Eléctrica Nacional (Corpoelec) deberán pagar el equivalente a unos USD16 dólares por la cobertura de seguro de un trabajador para todo el año y para cualquier emergencia médica, según se desprende de una comunicación oficial.


Llama la atención que Corpoelec mantiene las pólizas de sus trabajadores con la empresa Seguros La Constitución, cuyo propietario, Omar Daría Luces, se encuentra bajo arresto en República Dominicana tras haber sido acusado por la fiscalía de ese país de los delitos de bancarrota fraudulenta y lavado de activos  supuestamente vinculado un fraude millonario a través del desaparecido banco dominicano Peravia.

En una circular enviada el 31 de octubre de 2018 se informa que desde el 1 de noviembre de 2018, entra en vigencia la extensión de la cobertura de pólizas con Seguros La Constitución. 

Los nuevos precios de los servicios se pueden calcular que
la cobertura de seguro para un trabajador para todo el año y para cualquier emergencia fueron catalogados por algunos como una muestra de lo que han llamado "la antítesis" de un "gobierno protector de la masa laboral".


Conoce las exigencias que hicieron los "bolichicos" a PDVSA para negociar con notas promisorias

Los contratos de la empresa de Alejandro Betancourt con el estado venezolano fueron, definitivamente, un negocio redondo para quienes se han dado a conocer como los “bolichicos”.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Ante los problemas de flujo de caja que presentaba y la caída de los precios del crudo, Petróleos de Venezuela S.A. comenzó a negociar a partir de 2015 con sus proveedores el poder saldar los pagos pendientes que con ellos mantenía mediante notas promisorias emitidas bajo la ley de Nueva York. Los planes de PDVSA eran “emitir hasta 4.700 millones de dólares en deuda privada, a fin de saldar facturas pendientes”[1]. Uno de estos contratistas fue Derwick Associates de Venezuela, C.A., empresa con la que negoció una deuda que la estatal sostenía era de USD 28.317.452,67 mientras que la compañía de Alejandro Betancourt aseguraba que se elevaba a USD 36.282.129,11.
Esta iniciativa de PDVSA obedece a que desde mediados del 2011 los bancos y el mercado de capitales decidieron no suscribir bonos soberanos en cabeza de la industria, sino solamente emisiones referidas a los balances de la propia empresa petrolera, papeles comerciales cuya suscripción requiriera “un total disclosure del balance de PDVSA, a diferencia de los bonos soberanos, que como su definición lo explica, es deuda en cabeza de país colocada bajo riesgo soberano”[2], explica Alexander Guerrero en un artículo publicado en el portal RunRun.es. Agregó que con esta decisión “PDVSA dependería en esas emisiones de un baúl de facturas, lo cual daría al traste las pretensiones nada trasparentes del gobierno de endeudar a PVDSA sin que se pudiera conocer su balance. En otras palabras, se hubiese conocido los niveles de producción, precios, y el tenor de los acuerdos con China, Cuba, y otros acuerdos bilaterales que generan factura por la exportación de petróleo, información que PDVSA manipulaba y escondía durante años, pero que no era requerida en el caso de emisión de bonos soberanos”.

Lo cierto es que para acceder al intercambio, Derwick exigió a PDVSA considerar el segundo de los montos señalados y disminuir el descuento de 75 por ciento a 50 por ciento.

Estos papeles se negociaron, por lo general, con vencimiento para 2019[3], por lo que a dicha fecha Derwick Associates de Venezuela, C.A. habrá obtenido una ganancia de USD 18.141.064,55 habiéndose elevado el precio del contrato a USD 54.423.193,66.

Pero en razón de las dificultades que ha enfrentado PDVSA que la han llevado a experimentar retrasos en el pago de sus obligaciones financieras (capital e intereses), como lo informó en su momento el banco de inversión Torino Capital[4], suponemos que el monto del contrato con Derwick continúa incrementándose.

A continuación presentamos a nuestros lectores el proceso de la negociación a través de una serie de documentos llegados a nuestras manos.


Al 16 de mayo de 2016, el representante legal de Derwick, Luis Pérez, remitió a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), a la atención de Freddy Corao de la Dirección Ejecutiva de Tesorería de la estatal venezolana, una carta de reconsideración de asignación de montos en intercambio de deuda comercial por Notas Promisorias.

En primer término, Pérez agradeció a Corao una reunión que tuvo lugar en la sede de PDVSA en la Urbanización La Campiña de Caracas, en la que tuvieron oportunidad de ser informados acerca de las nuevas condiciones con las que la petrolera procuraba intercambiar la deuda comercial que mantenía con algunos de sus proveedores estratégicos, por deuda financiera, mediante Notas Promisorias. Aunque la nota de Reuters citada líneas arriba no hace referencia a esta reunión, sí menciona un encuentro ocurrido en el mes de junio en el que se indica que PDVSA “había contactado a 63 firmas de servicios y les propuso compensar con ‘notas promisorias’ sus deudas comerciales, por un monto total de 4.733 millones de dólares”.

Pérez destacó la propuesta de otorgar a cambio de la totalidad de la deuda que PDVSA mantenía con Derwick Associates de Venezuela, C.A. (Derwick), un monto equivalente al 25 por ciento en Notas Promisorias lo que, a su juicio, significaba un ahorro sustancial para Petróleos de Venezuela en términos de su pasivo.

De inmediato, el representante de Derwick pasó a exponer los argumentos con lo que pretendían que la estatal considerara disminuir el factor de descuento de 75 por ciento.


Refiere Pérez que el monto de la deuda de PDVSA con Derwick que estaría sujeta a intercambio era, a marzo de 2016, de USD 28.317.452,67.

Alegó Pérez que la deuda real de PDVSA con su empresa era de USD 36.282.129,11, pues las reducción al anterior monto descrito obedecía a manejos internos de la estatal por cuestiones inherentes al SAP que en nada tenían que ver con Derwick, empresa que, en su debido momento, había presentado sus facturas a PDVSA Oriente, las cuales fueron aceptadas en fecha 21 de agosto de 2015.

Para Derwick, por tanto, “el monto real de la deuda comercial que PDVSA mantenía con Derwick al cierre de marzo de 2016 es USD 36.282.129,11, siendo este monto el que debería usarse como base de cálculo para la asignación de las Notas Promisorias”.

Del mismo modo, Luis Pérez argumentó a Freddy Corao que la deuda sujeta a intercambio de PDVSA con Derwick tenía su origen en un proyecto desarrollado en Barinas que ya había sido ejecutado pero no había sido documentado aún por la petrolera, lo cual mermaba la capacidad financiera de Derwick (Facturas 000193, 000195, 000197).


Pérez también reclamó en esta comunicación contratos de PDVSA con Derwick en plantas de Morichal y El Furrial que se encontraban, según afirmó, en fase final de ejecución.

“Es por los argumentos arriba expresados que quisiéramos fuese reconsiderado disminuir el descuento de 75% en el monto sujeto a intercambio, por 50% del monto de USD 36.282,129,11 que sería el monto que figuraría en le SAP de PDVSA al cierre de marzo de 2016 si los procesos hubiesen ocurrido de manera fluida”.

El 17 de mayo de 2016, Freddy J. Corao remitió una nota informativa y una convocatoria a Leonardo Paradiso, con copia a Ana Espana y a Antonio Castillo, todos con los correos identificativos de PDVSA:coraof@pdvsa.com, paradisol@pdvsa.com, espanaam@pdvsa.com y castilloav@pdvsa.com.

Corao le hacía llegar Paradiso una que Luis Pérez, representante de Derwick Associates de Venezuela C.A. le había remitido el 16 de mayo de 2016, solicitándole el incremento del porcentaje propuesto de la deuda comercial por notas promisorias, de 25 a 50 por ciento.

La solicitud de Pérez a Corao estaba remitida con copia a contac@derwick.com, Renny Bolívar (bolivarrs@pdvsa.com), Anna Bordonaro (bordonaroa@pdvsa.com), Enmanuel Marín Alejandro Marín (marineaaa@pdvsa.com), Claudia Pérez (perezcmx@pdvsa.com), Carlos Coello (coelloc@pdvsa.com), Richard Mendoza (mendozari@pdvsa.com), Leonardo Paradiso (paradisol@pdvsa.com), Vicky Zarate (zaratev@pdvsa.com), Edgard Romero Lazo (eromero@derwick.com), Alejandro Betancourt (abetancourt@derwick.com) y Pedro Trebbau (ptrebbau@derwick.com).

Las plantas eléctricas El Furrial y Morichal

Sobre estas plantas, el informe final de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional para el estudio de la crisis eléctrica de 2017[5], advirtió que los contratos respectivos no fueron entregados al ente parlamentario por las empresas.


Derwick Associates enumeró ante los parlamentarios los contratos desarrollados para tres grandes clientes, Corpoelec (Guarenas, La Raisa, Picure y la conversión dual de unidades que operan en Margarita), PDVSA (El Furrial, las Morochas, Morichal, la adecuación de Barinas I) y la CVG (Sidor Planta A). Los representantes de la compañía dijeron que tenían una participación de 7,13 por ciento del total de los contratos del área termoeléctrica del país y la capacidad operativa de las plantas, al momento de la entrega, por encima del 95 por ciento, pero no aportaron datos acerca del estado de sus trabajos al momento de su comparecencia ante el Poder Legislativo. Reconocieron que el 20 por ciento de las plantas instaladas no eran nuevas y que fueron remanufacturadas cumpliendo con los requerimientos técnicos del cliente. En el ente legislativo subrayó el hecho de que se ejecutó ninguna cláusula de garantía durante el primer año de vigencia, ni se contrataron servicios de mantenimiento posteriores a la entrega.

Derwick se negó a suministrar a la AN información acerca de las contrataciones, los desembolsos y los pagos pendientes, amparándose en las cláusulas de confidencialidad de los contratos.

La empresa solamente refirió que el costo medio de contratación fue de 1.17 dólares por megavatio. Al respecto la comisión analizó ocho proyectos donde participó esta compañía determinando que Derwick instaló un total de 1.162 MW en nueva generación eléctrica por un total contratado de USD 1.507 millones (a precios de 2005), siendo que el costo de referencia según el Plan de Desarrollo de Desarrollo Del Servicio Eléctrico Nacional 2005-2024 para dichos proyectos era de USD 551 millones, USD 47 por cada kWe, es decir, una diferencia de USD 955 millones (173%).

Además, los contratos fueron otorgados por adjudicación directa, advirtió la AN, destacando la inexperiencia de Derwick en la materia.

La comisión de la AN refirió que en el caso de las centrales de El Furrial 232 MW, Las Morochas 22 MW y Morichal 105 MW, se desconoce si están dirigidas a proveer servicio público o a atender las cargas industriales. PDVSA no reveló los montos de inversión realizados en la adquisición de dichas centrales de generación. Se recomendó investigar todos los contratos otorgados a la empresa Derwick Associates por parte de PDVSA, CVG y Corpoelec/Electricidad de Caracas.

Sobre la planta de El Furrial, El Correo del Orinoco en una nota del 22 de octubre de 2013, informó de su inauguración por parte del gobierno de Nicolás Maduro, asegurando que con ello se aportarían 200 megavatios más al Sistema Eléctrico Nacional (SEN)[6].

En septiembre de 2013, Derwick admitió que las plantas en El Furrial, Barinas y Morichal aún no habían sido concluidas, pero que en El Furrial dos de las cuatro unidades que la componían ya generaban 116 MW ISO. Se deduce que el gobierno inauguró la obra aun estando inconclusa e informó que generaba más electricidad de la que la propia empresa ejecutora refirió[7].

Sin embargo, en otra información del mismo medio fechada el 7 de octubre de 2015, se recogen las declaraciones de Eulogio Del Pino, presidente de PDVSA para la época, quien al momento de la inauguración de una subestación eléctrica en Anzoátegui, “anunció que debido a los trabajos que llevan adelante entre PDVSA y Corpoelec, en las próximas semanas, serán inauguradas 4 nuevas plantas, que enviaran más energía al sistema integrado, para así palear las deficiencias energéticas que pudiesen presentarse por la sequía. ‘Estamos haciendo coordinaciones para inaugurar una planta cada semana. Una en Corotica, luego en Morichal, en el Furrial y en Oasis. Cada semana vamos a inaugurar una planta para que se incorpore más energía al sistema eléctrico integrado’”[8], con lo que no queda claro si efectivamente la planta termoeléctrica de El Furrial había sido inaugurada como lo refiere la anterior reseña de prensa o no. Para ese momento, puede verse, que la planta en Morichal aún se encontraba en ejecución.

Notas usadas en las citas de este reporte 

[1] Reuters. “EXCLUSIVA-PDVSA planea emitir deuda por 4.700 mln dlr para pagar facturas vencidas: documento”. 6 de octubre de 2016. https://lta.reuters.com/article/topNews/idLTAKCN12611X

[2] RunRun.es. “Canje de bonos de una empresa quebrada, PDVSA: ¿Que esconde?, por Alexander Guerrero”. 17 de octubre de 2016. http://runrun.es/la-economia/283054/canje-de-bonos-de-una-empresa-quebrada-pdvsa-que-esconde-por-alexander-guerrero/

[3] Banca y Negocios. “Se inician negociaciones con notas promisorias de Pdvsa”. Sin fecha. http://www.bancaynegocios.com/se-inician-negociaciones-con-notas-promisorias-de-pdvsa/

[4] El Estímulo. “Pdvsa adeuda al menos $2.500 millones en notas promisorias”. 6 de febrero de 2018. http://elestimulo.com/elinteres/pdvsa-adeuda-al-menos-2-500-millones-en-notas-promisorias/

[5] Transparencia Venezuela. Asamblea Nacional. Comisión Mixta para el Estudio de la Crisis Eléctrica en el país. Informe final. https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2017/02/Informe-CMECEP.pdf

[6] Correo del Orinoco. “Durante despliegue de Gobierno de Calle|Ejecutivo inaugura planta termoeléctrica “El Furrial” en Monagas”. 22 de octubre de 2013. http://www.correodelorinoco.gob.ve/ejecutivo-inaugura-planta-termoelectrica-%E2%80%9Cel-furrial%E2%80%9D-monagas/

[7] La Comunidad Petrolera. “Derwick ha edificado 11 plantas termoeléctricas que generan 1.386 MW”. 27 de septiembre de 2013. https://www.lacomunidadpetrolera.com/2013/09/derwick-ha-edificado-11-plantas-termoelctricas-generan-1386-mw.html

[8] Correo del Orinoco. “Con la inauguración de termoeléctrica en Anzoátegui|PDVSA incorpora 45 megavatios al sistema integrado nacional”. 7 de octubre de 2015. http://www.correodelorinoco.gob.ve/pdvsa-incorpora-45-megavatios-al-sistema-integrado-nacional/

jueves, 1 de noviembre de 2018

Conoce la orden ejecutiva del Presidente Donald Trump que bloquea propiedades y negocios en los Estados Unidos de personas adicionales ligadas al régimen de Nicolás Maduro

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió una nueva Orden Ejecutiva mediante la cual sanciona a todas aquellas personas de esa nación que realicen operaciones en el sector del oro de la economía venezolana o en cualquier otro sector de la economía del país gobernado por Nicolás Maduro.

La nueva disposición se sustenta en los poderes presidenciales que le otorgan la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, entre ellas la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la Ley Nacional de Emergencias, Sección 212 (f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela de 2014 según enmienda (Ley de Defensa de los Derechos Humanos de Venezuela), y la sección 301 del título 3 del Código de los Estados Unidos.

A continuación el texto completo de la Orden Ejecutiva dictada este 1 de noviembre de 2018.

BLOQUEO DE PROPIEDADES DE PERSONAS ADICIONALES QUE CONTRIBUYEN A LA SITUACIÓN EN VENEZUELA


    Por la autoridad que tengo en mí como Presidente por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, incluida la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (50 USC 1701 et seq.) (IEEPA), la Ley de Emergencias Nacionales (50 USC 1601 et seq). .), sección 212 (f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 (8 USC 1182 (f)) (INA), Ley de Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela de 2014 (Ley Pública 113-278), según enmendada (Ley de defensa de los derechos humanos de Venezuela) y la sección 301 del título 3 del Código de los Estados Unidos,


    Orden Ejecutiva de Bloqueo de Propiedades de Personas Adicionales que Contribuyen a la Situación en Venezuela.
Por la autoridad de la que estoy investido como Presidente por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, incluida la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (50 USC 1701 y siguientes.) (IEEPA), la Ley de Emergencias Nacionales (50 USC 1601 y siguientes), Sección 212 (f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 (8 USC 1182 (f)) (INA), Ley de Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela de 2014 (Ley Pública 113-278), según enmendada (Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela) y la Sección 301 del título 3 del Código de los Estados Unidos,
Yo, DONALD J. TRUMP, Presidente de los Estados Unidos de América, con el fin de tomar medidas adicionales con respecto a la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13692 de 8 de marzo de 2015, y para las medidas adicionales tomadas en la Orden Ejecutiva 13808 de 24 de agosto de 2017, Orden Ejecutiva 13827 del 19 de marzo de 2018 y Orden Ejecutiva 13835 del 21 de mayo de 2018, particularmente a la luz de las acciones del régimen de Maduro y las personas asociadas para saquear la riqueza de Venezuela para sus propios propósitos corruptos, degradan la infraestructura y el entorno natural de Venezuela a través de la mala gestión económica y las prácticas industriales y de minería confiscatorias, y catalizan una crisis migratoria regional al descuidar las necesidades básicas del pueblo venezolano, por medio de la presente ordeno lo siguiente:
Sección 1. (a) Todos los bienes e intereses en bienes que se encuentren en los Estados Unidos, que de aquí en adelante se encuentren dentro de los Estados Unidos, o que estén o estén en el futuro en posesión o control de cualquier persona de los Estados Unidos o de las siguientes personas están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados o de otra manera negociados con cualquier persona determinada por el Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado:
(i) operar en el sector del oro de la economía venezolana o en cualquier otro sector de la economía venezolana, según lo determine el Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado;
(ii) ser responsable o cómplice de, o haber participado directa o indirectamente, en cualquier transacción o serie de transacciones que involucren prácticas engañosas o corrupción y el Gobierno de Venezuela o los proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela, o ser un familiar adulto inmediato de dicha persona;
(iii) haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios para o en apoyo de cualquier actividad o transacción descrita en la Subsección (a) (ii) de esta Sección, o cualquier persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con esta orden; o
(iv) ser propiedad o estar controlado por, o haber actuado o pretendido actuar, directa o indirectamente, para o en nombre de cualquier persona cuya propiedad e interés en la propiedad estén bloqueados de conformidad con esta orden.
(b) Las prohibiciones en el inciso (a) de esta Sección se aplican excepto en la medida en que lo estipulen los estatutos o los reglamentos, órdenes, directivas o licencias que puedan emitirse de conformidad con esta orden, y no obstante cualquier contrato firmado o cualquier licencia. o permiso otorgado antes de la fecha de esta orden.
Sección. 2. La entrada sin restricciones de inmigrantes y no inmigrantes a los Estados Unidos de extranjeros a los que se le determine que cumplen con uno o más de los criterios de la subsección 1 (a) de esta orden, la entrada de esas personas sería perjudicial para los intereses de los Estados Unidos, y la entrada de tales personas a los Estados Unidos, como inmigrantes o no inmigrantes, queda suspendidos. Tales personas serán tratadas como personas cubiertas por la Sección 1 de la Proclamación 8693 de 24 de julio de 2011 (Suspensión de Entrada de extranjeros sujetos a Prohibiciones de Viaje por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a sanciones por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
Sección 3. Por la presente determino que la realización de donaciones del tipo de artículos especificados en la Sección 203 (b) (2) de IEEPA (50 U.S.C. 1702 (b) (2)) por, para, o en beneficio de cualquier persona cuya propiedad y los intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con la Sección 1 de esta orden, perjudicaría gravemente mi capacidad para hacer frente a la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13692, y por la presente prohíbo tales donaciones según lo dispuesto en la Sección 1 de esta Orden.
Sección. 4. Las prohibiciones en la Sección 1 de esta orden incluyen:
(a) la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para, o en beneficio de cualquier persona cuya propiedad e interés en la propiedad estén bloqueados de conformidad con esta orden; y
(b) la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de cualquiera de dichas personas.

Sección. 5. (a) Se prohíbe cualquier transacción que evade o evite, tenga el propósito de evadir o evitar, cause una violación o intente violar cualquiera de las prohibiciones establecidas en esta orden.
(b) Se prohíbe cualquier conspiración formada para violar cualquiera de las prohibiciones establecidas en esta orden.
Sección. 6. A los efectos de este pedido:
(a) el término "persona" significa una persona o entidad;
(b) el término "entidad" significa una sociedad, asociación, fideicomiso, empresa conjunta, corporación, grupo, subgrupo u otra organización;
(c) el término "persona de los Estados Unidos" significa cualquier ciudadano de los Estados Unidos, residente permanente legal, entidad organizada bajo las leyes de los Estados Unidos o cualquier jurisdicción dentro de los Estados Unidos (incluidas sucursales extranjeras), o cualquier persona en los Estados Unidos;
(d) el término "Gobierno de Venezuela" significa el Gobierno de Venezuela, cualquier subdivisión política, organismo o instrumento del mismo, incluido el Banco Central de Venezuela, y cualquier persona de propiedad o controlada por, o que actúe por o en nombre de, Gobierno de Venezuela.
Sección. 7. Para aquellas personas cuyos bienes e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con esta orden y que podrían tener una presencia constitucional en los Estados Unidos, considero que debido a la capacidad de transferir fondos u otros activos de manera instantánea, aviso previo a dichas personas o el gobierno de Venezuela de las medidas que deben tomarse de conformidad con esta orden haría que esas medidas sean infecciosas. Por lo tanto, determiné que para que estas medidas sean efectivas en el tratamiento de la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13692, no es necesario que haya una notificación previa de un listado o determinación realizada de conformidad con la Sección 1 de esta orden.
Sección. 8. El Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado, queda por la presente autorizado para tomar tales acciones, incluida la promulgación de normas y reglamentos, y para emplear a todos poderes otorgados al Presidente por IEEPA según sea necesario para implementar esta orden. El Secretario del Tesoro puede, de conformidad con la ley aplicable, redelegar cualquiera de estas funciones Dentro del Departamento del Tesoro. Todas las agencias del Gobierno de los Estados Unidos tomarán todas las medidas apropiadas dentro de su autoridad para llevar a cabo las disposiciones de esta orden.
Sección. 9. Se autoriza al Secretario de Estado para tomar tales acciones, incluida la promulgación de normas y reglamentos, y para emplear todos los poderes otorgados al Presidente por la la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la Ley de

Inmigración y Nacionalidad, y Sección 5 de la Ley de Defensa de los Derechos Humanos de Venezuela, incluidas las autoridades establecidas en Secciones 5 (b) (1) (B), 5 (c) y 5 (d) de esa Ley, según sea necesario para llevar a cabo la sección 2 de esta orden y las disposiciones pertinentes del artículo 5 de dicha Ley. El Secretario de Estado podrá, de conformidad con la ley aplicable, re-delegar cualquiera de estas funciones dentro del Departamento de Estado.
Sección. 10. (a) Nada en este orden se interpretará como un impedimento o efecto contrario:
(i) la autoridad otorgada por la ley a un departamento o agencia ejecutiva, o su jefe; o
(ii) las funciones del Director de la Oficina de Gestión y Presupuesto relativas al presupuesto, propuestas administrativas, o legislativas.
(b) Esta orden se implementará de conformidad con la ley aplicable y sujeto a la Disponibilidad de créditos.
(c) Esta orden no pretende, y no crea, ningún derecho o beneficio, sustantivo o procesal, ejecutables por ley o en equidad por cualquiera de las partes contra los Estados Unidos, sus departamentos, agencias, o entidades, sus oficinas, empleados o agentes, o cualquier otra persona.
DONALD J. TRUMP LA CASA BLANCA,
1o de Noviembre de 2018.