jueves, 25 de octubre de 2018

Acuerdos entre PDVSA y empresa estatal boliviana no beneficia a Venezuela

En esta entrega presentamos un Acuerdo Interinstitucional firmado entre PDVSA y YPFB para la operación de un taladro de la estatal venezolana en Bolivia, en el que pueden comprobarse los nulos beneficios que el país recibe por la suscripción de convenios de esta naturaleza.

Por Maibort Petit
@maibortpetit


Al momento de la suscripción de cuatro acuerdos de integración energética entre Venezuela y Bolivia con el objeto de desarrollar proyectos de exploración, producción, refinación, distribución, procesamiento e industrialización de hidrocarburos, los gobiernos de ambas naciones, representados en ese momento por Hugo Chávez y Evo Morales, aseguraron que estos significaban la integración energética regional. Lo cierto es que, de acuerdo a los términos de tales acuerdos, según lo revela uno de estos documentos en nuestro poder, estos convenios solamente representan beneficios para el país del altiplano al establecerse condiciones para PDVSA Servicios, filial de Petróleos de Venezuela S.A. que suscribe dichos acuerdos interinstitucionales con  Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que poco o nada favorecen al país, pues apenas se contempla en los mismos la cobertura de los costos sin rentabilidad de ninguna naturaleza para PDVSA.

La realidad se impone a lo expresado por Chávez al momento de la firma de 13 convenios binacionales en diferentes áreas en nota de prensa emitida por PDVSA quien aseguró en esa oportunidad que “Hoy el ALBA (Alternativa Bolivariana para la América) derrotó al ALCA. Aquí estamos demostrando que sí es posible construir la alternativa a la propuesta imperial”[1].

La suscripción de una serie de acuerdos el 23 de enero de 2006 por gobiernos de Chávez y Morales derivó en la conformación una oficina comercial de Petróleos de Venezuela S.A. en Bolivia destinada a fortalecer la integración energética entre ambas naciones y su presencia en tierras andinas. Desde allí se han impulsado los proyectos energéticos entre PDVSA y YPFB. Igualmente en este despacho de la estatal venezolana se sentaron las bases para la conformación de la empresa binacional YPFB Petroandina Sociedad Anónima Mixta, “para la ejecución de proyectos de exploración, producción y comercialización de hidrocarburos en territorio boliviano. En esta sociedad, PDVSA posee el 40% de las acciones, mientras que el restante 60% queda reservado a la estatal boliviana”[2].

Los hechos también contradicen tales objetivos, pues Petroandina enfrenta varias denuncias por irregularidades “vinculadas a la contratación de una empresa sin respaldo de capital para labores de sísmica, gastos onerosos en salarios y en el alquiler de oficinas en Santa Cruz, presentación de un bloque fantasma, observaciones de sus estados financieros y falta de información”[3].

Por otra parte, mientras PDVSA presenta problemas de insolvencia por tener millonarias deudas con empresas prestadoras de servicios especializados a pozos que han repercutido en la suspensión de servicios[4], PDVSA Servicios mantiene taladros en la nación del altiplano en operaciones que no han dado los resultados que de ellos se esperaba traduciéndose únicamente en pérdidas al patrimonio venezolano.

A continuación presentamos a nuestros amables lectores los términos de un “Acuerdo Interinstitucional entre YPFB y PDVSA Servicios para la operación de un taladro de perforación en la República de Bolivia” a objeto de que puedan apreciar lo desventajoso que tal convenio resulta para Venezuela, toda vez que el grueso de los beneficios es para Bolivia y la estatal petrolera venezolana debe conformarse prácticamente con asumir los costos sin obtener dividendos ni rentabilidad del mismo al haber renunciado a ello en las operaciones desarrolladas con la nación gobernada por Evo Morales, pues los acuerdos se firmaron en el “contexto internacional de una Cooperación Técnica, sin fines de lucro”.

Hay que acotar que quien por YPFB suscribe el acuerdo, Santos Ramírez Valverde, fue sentenciado a cumplir 12 años de cárcel por actos de corrupción cometidos durante su gestión al frente de la estatal boliviana.

Acuerdo entre YPFB y PDVSA Servicios para operar taladro en Bolivia

El 27 de junio de 2008, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) representada por du presidente ejecutivo, Santos Ramírez Valverde, por una parte, y por la otra, PDVSA Servicios S.A., empresa que estaría representada con amplias facultades por PDVSA Bolivia S.A., representada a su vez por su gerente general en la ciudad de La Paz, Miguel Humberto Tarazona Gómez, celebraron un Acuerdo Interinstitucional para la operación de un taladro de perforación en la República de Bolivia.

Tal acuerdo en su primera cláusula hace referencia a los antecedentes que llevaron a la celebración del mismo, indicándose que se enmarca en al Acuerdo Interinstitucional en el Sector Energético suscrito el 23 de enero de 2006 entre los gobiernos de Venezuela y Bolivia, el cual fue ratificado mediante Ley de la República de Bolivia Nº 3.430 de 21 de junio de 2006, cuyo objeto contempla un proceso amplio y sostenido de integración y cooperación en el sector energético, con el fin de desarrollar y promover las áreas que incluye petróleo y gas. Igualmente se sustenta en la minuta suscrita entre el presidente de PDVSA Servicios y el gerente nacional de planificación de YPFB, de fecha 17 de mayo de 2018, la cual estableció el suministro de un taladro de perforación de 2000 HP que operaría en Bolivia en función del plan de Exploración y Explotación, que contempla incrementar reservas y volúmenes de producción de gas y condensado en las área petroleras tradicionales y no tradicionales de esa nación.

Objeto y alcance del acuerdo

El objeto y el alcance del acuerdo quedaron establecido en la cláusula segunda en el que se indicaba que PDVSA Servicios pondría a disposición de YPFB un taladro de perforación de su propiedad, con capacidad de 2000 HP, con personal técnico especializado, con el objeto primordial de que la empresa boliviana con esfuerzo propio pudiera ejecutar el Plan de Exploración y Explotación.

También, en la referida cláusula se previó que la operación y mantenimiento del taladro estaría a cargo de PDVSA Servicios, mientras que los costos derivados por estos conceptos y los gastos inherentes a la ejecución del acuerdo interinstitucional serían asumidos por YPFB.

La movilización del taladro de perforación desde el sitio de origen hasta el lugar destinado en Bolivia eran responsabilidad de PDVSA Servicios y los costos que esto acarreara serían cubiertos por YPFB contra presentación de facturas y documentos de embarque.

Los costos por concepto de pagos al personal especializado que proveería PDVSA Servicios, así como por depreciación de equipos e insumos y herramientas perecibles serían asumidos por YPFB.

Del mismo modo, YPFB proveería oportunamente las respectivas localizaciones a objeto de garantizar el óptimo uso del taladro.

YPFB reconocería los costos antes señalados en el plazo máximo de 90 días, siempre y cuando el taladro estuviere en operación.

Se indicaba que a requerimiento de YPFB, PDVSA Servicios podía suministrar otros equipos y servicios petroleros cuyas características técnicas y económicas serían establecidos de mutuo acuerdo entre las partes a través de Órdenes de Servicios que debían ser validadas por el Comité Coordinador.
Se advierte que las tarifas calculadas bajo en el acuerdo se estimaron “bajo el espíritu sin fines de lucro y regirán solo para aquellas actividades que realice YPBF bajo esfuerzo propio”. Se estipuló que en el caso de que el servicio a ser prestado estuviera dirigido a pozos adscritos a Empresas Mixtas con un socio de carácter privado nacional o internacional, las partes que de mutuo acuerdo modificarían dichas tarifas para adaptarlas a un valor razonable de acuerdo al mercado de servicios petroleros de Bolivia. Las ganancias que se obtuvieran de este diferencial serían distribuidas entre YPFB y PDVSA Servicios “acorde en una relación de 60/40 en función al porcentaje patrimonial que ambas acordaran para la conformación de una Empresa Mixta de Servicios.

Incumplimiento por fuerza mayor

En la cláusula tercera del acuerdo interinstitucional se estableció que ninguna de las partes sería  responsable de incumplir con los términos del acuerdo cuando este se debiera a razones de fuerza mayor o caso fortuito, lo cual debía ser debidamente justificado por la parte que las alegara y aceptadas por la otra.

Por fuerza mayor se entendía al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que originara “una fuerza extraña al hombre o de los actos de Dios” que impidiera el cumplimiento de la obligación.

Se entendía por caso fortuito aquel obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto, o que pese a haber sido prevista fuera inevitable.

Transcurridos 45 días, posteriores a la fecha de la declaratoria de Fuerza Mayor, se podía dar lugar a la terminación extraordinaria del acuerdo.

Comité de Coordinación conjunto

La cláusula cuarta previó la conformación de un Comité de Coordinación Conjunto dentro de los 30 días calendario siguientes a la suscripción del acuerdo, el cual sería responsable por la administración, coordinación, ejecución y control de gestión del mismo.

Este comité estaría integrado por 2 representantes de cada parte, a saber, un representante como copresidente y un miembro principal.
El comité tenía la facultad de validar las órdenes de servicio que se presentaren a su consideración.

El comité se reuniría ordinariamente cada seis meses para discutir y decidir asuntos dentro del área de la competencia del mismo, debiendo elaborarse para el efecto la respectiva orden del día con los temas a resolver.

Sobre el comité recaerían las responsabilidades de administración, coordinación, ejecución y control de gestión del acuerdo; elaboración de los planes de trabajo; identificar e implementar los mejores mecanismos para alcanzar la cooperación mutua, dentro del objeto del acuerdo; elaborar y controlar el presupuesto; designar, conformar y coordinar los equipos de trabajo para ejecutar actividades y/o proyectos específicos enmarcados en las Órdenes de Servicios generados por el acuerdo; entre otras.

Las reuniones extraordinarias se convocarían por solicitud de cualquiera de las partes y luego de recibir el consentimiento de la otra. Las reuniones tendrían lugar en Bolivia, Venezuela o en cualquier otro país que las partes previamente convinieran.

Las decisiones del Comité Coordinador se tomarían por unanimidad a través de los copresidentes debidamente designados por cada una de las partes.

Entre otros asuntos, el comité efectuaría visitas recíprocas de delegaciones o especialistas, a objeto de estimular las relaciones y la cooperación entre las partes, así como para la ejecución exitosa del objeto y propósito del acuerdo interinstitucional.

De la vigencia, prórroga, terminación y modificación del acuerdo

La cláusula quinta indicaba que el acuerdo interinstitucional tendría una vigencia de 2 años, contados a partir de la fecha de la última de las firmas del instrumento, pudiendo prorrogarse hasta por un año, si así lo acordaban las partes previamente por escrito, para lo cual se requeriría la recomendación del Comité Coordinador. Sin embargo, se previó que si al momento de la fecha de terminación se estuviera iniciando o ejecutando la perforación de un pozo o dotación de un servicio, el acuerdo continuaría vigente al amparo de las mismas cláusulas, hasta que los trabajos o servicios concluyeran.

La cláusula sexta indicaba que el acuerdo terminaría por cumplimiento del objeto del mismo y/o cumplimiento del plazo pactado para la vigencia del mismo; por mutuo acuerdo entre las partes; por terminación extraordinaria del acuerdo conforme por fuerza mayor o caso fortuito:

A la terminación del acuerdo se debían realizar las recepciones y liquidaciones respectivas por parte de un equipo de trabajo multidisciplinario designado por el Comité a tales efectos.

Entretanto, la cláusula séptima estipulaba que el acuerdo podía de común acuerdo entre las partes, previa autorización de las instancias competentes y a través de la suscripción del documento correspondiente.

Inspección del taladro y equipos

Por su parte, la cláusula octava indicaba que antes del embarque en puerto venezolano, PDVSA Servicios entregaría a YPFB, la certificación internacional de inspección y pruebas de los equipos, según Normas API (American Petroleum Institute).

Igualmente, al momento de que el taladro fuera puesto en locación, debía ser objeto de un pre-arranque y testeo. Si el taladro o algún componente del mismo hubieran sufrido en ese momento algún tipo de desperfecto o deterioro que impidiera iniciar la operación, PDVSA Servicios debía tomar las acciones necesarias para solventar la situación.

Por su parte, YPFB devolvería la torre de perforación o cualquier otro equipo puesto a su disposición por PDVSA Servicios a la finalización del acuerdo interinstitucional en las mismas condiciones en que las recibió, exceptuando el desgaste normal por el uso de la misma.

Se previeron las inspecciones periódicas que el taladro de perforación requiriera conforme a la norma API y la buena práctica del negocio, durante la vigencia del acuerdo, las cuales correrían a cuenta de PDVSA Servicios. 

Responsabilidad por pérdidas y daños de equipos

YPFB sería responsable durante la vigencia del acuerdo, de los equipos, bienes o materiales en la superficie de su propiedad, no pudiendo imputarse a PDVSA Servicios a reembolsar a la empresa boliviana por tal pérdida, daño o destrucción, excepto cuando éstos hayan ocurrido en el lapso durante el cual PDVSA Servicios hubiese asumido el control total y la supervisión de los trabajos.

Durante la vigencia del acuerdo, la responsabilidad por todo daño, pérdida o destrucción que pudiesen sufrir las herramientas, bienes o materiales hoyo adentro de PDVSA Servicios sería asumida por YPFB, la cual pagaría por tal daño, pérdida o destrucción, excepto en los casos de conducta culposa o dolosa del personal de la compañía venezolana.

YPFB se hacía responsable por el daño, pérdida o destrucción del equipo y/o materiales proporcionados por PDVSA Servicios, incluyendo cualquier equipo y/o materiales inmediatamente próximos a la localización y YPFB reembolsará a PDVSA Servicios por tales conceptos cuando dicho equipo y/o materiales estuvieran en la superficie de la tierra o agua, y el daño, pérdida o destrucción de los mismos fuera imputable únicamente a conducta negligente, culposa o dolosa de YPFB.

Si por algún motivo el pozo se perdiera, se dañara o se destruyera, mientras PDVSA Servicios operara con su taladro, YPFB será responsable y a su costo, por tal daño, pérdida o destrucción, incluyendo los materiales, tubulares, equipos, todos dentro del pozo y los servicios que PDVSA Servicios y YPFB suministraren bajo los términos del acuerdo.

YPFB acordó proteger, indemnizar, defender y eximir de culpa a PDVSA Servicios con relación a toda reclamación o demanda contra la empresa venezolana que ocurriera como resultado de los trabajos a ser ejecutados según el acuerdo interinstitucional, en virtud de daños o destrucción de propiedad o derechos sobre petróleo, gas u otras sustancias minerales o agua, si en el momento del hecho u omisión causante de tal daño, destrucción o pérdida, tales sustancias no hubieren sido controladas para su manejo físico en la superficie, y también con relación a cualquier pérdida o daño a una formación, estrato, o yacimiento bajo la superficie de la tierra.

Asimismo se estableció que PDVSA Servicios no sería responsable por daños ambientales o polución o por cualquier pérdida del pozo o por cualquier gasto en que YPFB incurriera para recuperar el control del pozo fuera de control. YPFB cubriría a PDVSA Servicios respecto de cualquiera de dichas pérdidas o gastos.

Forma de pago

La cláusula décimo tercera contempló lo relativo a la forma en que debían realizarse los pagos, indicándose que estos se cancelarían trimestralmente en dólares americanos contra la presentación de facturas por servicios efectivamente realizados por PDVSA Servicios en los pozos.

Las facturas y los soportes necesarios se presentarán en las oficinas de la Gerencia Nacional de Administración, Finanzas y Sistemas (GNAFS) de YPFB, luego de que estos hayan sido aceptados y firmados por el fiscalizador de YPFB. 

PDVSA Servicios emitiría trimestralmente la factura a YPFB utilizando las facilidades de PDVSA Bolivia S.A., acorde a los valores fijados en el acuerdo, más el monto correspondiente al pago de los impuestos vigentes en Bolivia, los cuales deberían ser asumidos por YPFB.

Los pagos se debían llevar a cabo dentro de los 45 días calendarios contados a partir de la fecha de  recepción de las facturas, a través de un giro en una cuenta bancaria, cuyos detalles PDVSA Servicios notificaría en un lapso de 30 días a partir de la fecha de la firma del acuerdo.

Los valores objetados deberían ser nuevamente facturados dentro de los 10 días siguientes a que PDVSA Servicios fuera notificada de tales objeciones y YPFB se obligaba a agilizar el proceso de pago de la factura objetada, en el menor tiempo posible.

PDVSA Servicios debía designar un funcionario que recibiría las instrucciones de facturación en las oficinas de YPFB.

PDVSA Servicios también debía presentar, adjunto a sus facturas, las Órdenes de Trabajo debidamente aprobadas.

Preservación de la autonomía

La cláusula vigésima segunda advertía que la firma del acuerdo interinstitucional no implicaba la voluntad de crear, constituir o formar entidad legal alguna, sociedad, comunidad, consorcio, asociación o relación, contractual o no, de carácter similar.

Por lo que YPFB y PDVSA Servicios serían consideradas entidades autónomas e independientes y sin ningún tipo de vinculación legal entre ellas.

El resto de las cláusulas establecieron las normas comunes en este tipo de convenio, tales, como la contratación de seguros y personal, el control  y la fiscalización de los servicios prestados, seguridad, domicilio, penalidades, resolución de controversias, etc.

NOTAS CITADAS

[1] PDVSA. “Acuerdos energéticos entre Venezuela y Bolivia buscan la integración regional”. 27 de mayo de 2006. http://www.pdvsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1588:2650&catid=10&Itemid=589&lang=es

[2] PDVSA. “PDVSA Bolivia hace realidad la integración energética a lo Bolívar”. 23 de enero de 2007. http://www.pdvsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1955:3463&catid=10&Itemid=589&lang=es

[3] Eju. “Corrupción, otro escándalo: Sueldos onerosos, descontrol y obra fantasma en Petroandina”. 3 de octubre de 2009. http://eju.tv/2009/10/corrupcin-otro-escndalo-sueldos-onerosos-descontrol-y-obra-fantasma-en-petroandina/

[4] Petróleos América. “PDVSA Servicios: deuda, taladros no operativos y negocios fallidos en Bolivia y Cuba. #especial #NoDejesDeLeerlo”. Sin fecha. http://www.petroleoamerica.com/2016/04/pdvsa-servicios-deuda-taladros-no.html

miércoles, 24 de octubre de 2018

Defensa del "Chapo" Guzmán solicita nueva audiencia y que el juicio se extienda a principios de 2019

Hasta el momento, el gobierno ha identificado al menos 132 testigos a los que espera llamar en el juicio del ex líder del cartel de Sinaloa.

Por Maibort Petit
@maibortpetit


La defensa de Joaquín Guzmán Loera solicitó a la corte del Distrito este de Nueva York que el juicio previsto para iniciarse el 5 de noviembre de 2018 continúe hasta principios de 2019, para lo cual argumentan que los abogados requieren más tiempo para revisar los materiales. 

En una moción entregada al juez Bryan Cogan, los defensores de Guzmán, Eduardo Balarezo y William Purpura, destacan que el acusado pide que la Corte permita que su defensa tenga al menos un día completo después de que cada colaborador testifique en un intento directo de asimilar efectivamente el voluminoso material de la sección 3500 y preparar interrogatorio.

Asimismo, Guzmán pide al juez que apruebe una continuación de al menos 2 semanas después de la selección de un jurado, así como la divulgación por parte del gobierno de su orden proyectada de testigos y identificación de aquellos a los que el gobierno no puede llamar. 

De esta manera, la defensa no perderá tiempo preparándose para los testigos que no pueden ser llamados, acotan los abogados en el documento entregado este martes al tribunal.

Continuar con el juicio 

No obstante a una serie de obstáculo, la defensa de Guzmán pide continuar con el juicio de Guzmán. 

El abogado Eduardo Balarezo advirtió que "les preocupa mucho que la capacidad para defender vigorosamente a Guzmán disminuya, en gran medida, por el corto período de tiempo que les han dado para revisar las enormes cantidades de información entregadas recientemente por el gobierno".

Balarezo afirmó que la defensa  quiere "poder defenderlo adecuadamente y que él [Guzmán] tenga un juicio justo. Nada mas. Nada menos."

En el documento entregado al juez Bryan Cogan dice que buena parte de la información está en inglés y que se requiere que la misma sea traducida al español para que pueda ser leída por el acusado.

La defensa resalta que desde que el gobierno de México extraditó a Guzmán el  19 de enero de 2017, la fiscalía ha estado produciendo un extenso material que forma parte de la etapa de descubrimiento[suministro de pruebas].

Esta es una investigación enorme que abarca el período de 1985 a 2015 e involucra a múltiples países, cientos de individuos y numerosas agencias de aplicación de la ley. La cantidad de  evidencias entregada es asombrosa: más de 330,000 páginas de documentos y decenas de miles de comunicaciones grabadas. 

En la moción los abogados dicen que si bien el tribunal puede haber presidido casos más voluminosos que el de Guzmán, "esos casos seguramente han sido asuntos civiles donde el descubrimiento se completa y todos los testigos son  identificados mucho antes de que comience el juicio. Rara vez se ha tratado un asunto criminal de esta magnitud, y mucho menos con más de 14,000 páginas de información crítica de boca de cooperadores no identificados previamente que se produjeron de manera tardía en el proceso. Igualmente, se espera que se produzca más evidencias de tres cooperadores adicionales sin nombre".

La defensa critica la forma en que el gobierno produjo los archivos PDF, ya que según los abogados, "hace que sea imposible utilizar un software de traducción para facilitar la proceso". 

Recuerdan que Guzmán tiene el derecho constitucional de revisar las pruebas y ayudar a los abogados en su defensa. "El proceso de darle la oportunidad de hacerlo por sí mismo toma una cantidad extraordinariamente grande de tiempo"acotan los litigantes.

El documento de mociones dice que el 3 de julio de 2018 después de que se suponía que se había producido la mayor parte del descubrimiento de la Regla 16 el gobierno produjo inesperadamente más de 82 gigabytes de datos, incluidas más de 117,000 grabaciones. 

Comentan que esta producción tardía requirió una continuación de prueba de dos meses, que estuvo programada para el 5 de septiembre de 2018. 

No obstante, advierten, el 5 de julio de 2018, la fiscalía produjo de EE. UU.  produjo y entregó el llamado material 3500 que incluye la información de los testigos policiales. "Entre el 5 de septiembre y 5 de octubre produjo material complementario de la sección 3500 para agentes de la ley. Estas producciones se refieren al material para 116 testigos y consta de 1,373 archivos individuales y más de 15,000 páginas".

Asimismo, dice el documento el 5 de octubre de 2018, los fiscales entregaron los materiales 3500 de 13 colaboradores que no habían sido identificados previamente. "Esa producción consistió en aproximadamente 1,061 archivos individuales y más de 14,000 páginas". 

Los abogados insisten que debido al gran volumen de material producido sólo de los cooperadores, la defensa se vió obligada a imprimir el material impreso a través de una empresa de impresión aprobado por el gobierno.  Esa compañía produjo copias impresas de la producción el 22 de octubre de 2018, más de dos semanas después de que el gobierno inicialmente "entregó" el material en discos.

La defensa destaca que los fiscales han informado que entregarán más materiales 3500 de al menos tres testigos adicionales no identificados.

Los abogados informan que Guzmán tuvo acceso a una parte de  ese material el cual pudo ser revisado por el acusado "en su celta y a su ritmo", pero que hay una documentación correspondiente a la sección 3500 que el demandado no puede evaluar solo porque no lee inglés.

Entre las dificultades enumeradas en las mociones destaca en hecho que hay una orden de Protección de los materiales de la  corte, razón por la cual la defensa pudo tener el material impreso por el proveedor de su elección, sino que estuvo obligado a utilizar un proveedor aprobado por el gobierno.

Aseguran que por ahora desconocen cuánto material involucrará el caso, ya que se está hablando de testimonios de los cooperantes que se refieren a eventos que ocurrieron durante un período de 30 años. 

En promedio, "cada cooperador ha sido interrogado más de 20 veces por numerosos fiscales y múltiples agencias de aplicación de la ley. Cada sesión generó típicamente un informe detallado de la investigación que van desde unas pocas páginas hasta más de 90 páginas. Esto no incluye cientos de páginas de jurados anteriores y testimonios de juicios o cientos de páginas de notas manuscritas a veces ilegibles" afirman los abogados.

Reglas en la cárcel para el "Chapo" y sus abogados

Para complicar aún más las cosas alega la defensa el gobierno y el Centro Correccional Metropolitano (MCC) han establecido una sala de visita legal específica para uso de Guzmán. Esa habitación tiene aproximadamente cinco pies por diez pies, está dividida en dos por una pared de cemento y una malla de metal / ventana de plexiglás. En el lado del abogado hay un bloque de cemento que mide aproximadamente dos pies por dos pies que contiene un cajón de metal que se desliza en el lado del preso de la sala de visitas. El cajón está destinado a facilitar la transferencia de documentos de un lado a otro y se instaló porque el Tribunal rechazó las visitas de contacto con Guzmán. La configuración de la computadora en el MCC para ver las evidencias implica una conexión HDMI en el lado del abogado de la sala de visitas y una pantalla en el lado de Guzmán para que este pueda ver los documentos. 

En en ese sentido denuncian que la defensa "tiene que confiar en una computadora portátil provista por el gobierno para la revisión de documentos porque está prohibido traer su propio ordenador". Esta "sala de visitas legales" no contiene mesa para que la defensa pueda extender los documentos o incluso escribir. La sala es tan pequeña que a lo sumo solo tres miembros del equipo de defensa pueden estar dentro al mismo tiempo e incluso entonces, no hay espacio para moverse. 

Debido a las reglas impuestas por el gobierno y aprobadas por la Corte, y sin perjuicio de los "ajustes" hechos por el gobierno, los aspectos logísticos para que los abogados y Guzmán revisen las evidencias que contiene el expediente (descubrimiento) y el material de la sección 3500 ha sido completamente abismal. El equipo de defensa está visitando al acusado durante al menos 6 horas por día, 7 días a la semana para revisar los documentos. Sin embargo, esto no es insuficiente para prepararse para el juicio.

Derecho a la defensa

Los abogados recuerdan que el acusado tiene derecho a una defensa justa, y las leyes de los Estados Unidos permiten que el demandado pueda confrontar e interrogar a los testigos, "esto ha sido reconocido como esencial para el debido proceso". Los abogados dicen que "no han tenido tiempo para revisar el material y preparar un contrainterrogatorio efectivo. Aunque el Tribunal tiene discreción para conceder tal receso, su negativa a conceder una continuación razonable es un error reversible".


El caso contra Guzmán involucra alegatos de una conspiración de 25 años cuyos supuestos delitos ocurrieron principalmente en el extranjero, donde las investigaciones han estado en curso durante décadas y donde los cooperadores se han ofrecido al gobierno durante muchos años. Algunos de los colaboradores han testificado  docenas de veces. La gran cantidad de material que se debe revisar hace que sea imposible que la defensa esté preparada para interrogar efectivamente a los testigos que cooperaron, alegan los litigantes en el documento.


Debido a que el testimonio de los colaboradores será la pieza central del caso del gobierno, los defensores tienen la obligación ética de leer y asimilar la totalidad de las más de 14,000 páginas de material 3500 de cooperación entregado recientemente  para estar efectivamente preparados para el juicio, acotan. 

Alegan que la defensa tiene el deber y la obligación de compartir y revisar el material con Guzmán y que las condiciones impuestas por el tribunal y el gobierno al acusado hacen que sea "casi imposible" revisar adecuadamente el material con el acusado.

Tal como está, se espera que la defensa no solo lea decenas de miles de páginas de evidencias recién entregadas, "pero también para darle sentido, digerirlo y prepararse para interrogar a los testigos clave que se identificaron recientemente". 

Los tres abogados litigantes del Guzmán tienen más de 70 años de experiencia combinada en defensa criminal y han par ticipado   en docenas de juicios federales, incluidos casos de crimen organizado, casos de narcotráfico y capital en todo el país. Igualmente, han juzgado innumerables casos en los tribunales estatales. No obstante admiten con toda la experiencia combinada, los defensores nunca han experimentado, ni conocen a través de numerosos contactos, ningún caso en el que un volumen tan grande de información crítica para la preparación de la defensa haya sido revelada tan tarde en el proceso. 

Señalan que la situación es tal que, en ausencia de una continuación, el abogado defensor se verá obligado a solicitar que el tribunal suspenda los procedimientos después de que cada cooperador testifique "por el tiempo que pueda determinar que se requiere razonablemente para el examen" del material 3500 para su uso. 

Informan que por ahora saben que al menos 16 cooperantes testificarán contra Guzmán y lo conectarán a varias transacciones de narcóticos, actos violentos y otros delitos. "Estos testigos colaboradores son la pieza central del caso del gobierno". 

Los abogados explican al juez que si bien tienen experiencia y se han estado preparando para el juicio "es simplemente imposible para un abogado cumplir con sus obligaciones éticas y el estándar constitucional de representación efectiva dada la gran cantidad de información que se debe procesar en tan poco tiempo y también para usar de manera efectiva".

Citan varias jurisprudencias que señala que un tribunal abusa de su discreción y viola el debido proceso, al participar en "una insistencia miope en la rapidez ante una solicitud justificable de demora". La decisión debe basarse en los hechos y circunstancias del caso. En el caso de Guzmán las circunstancias son simplemente sin precedentes. "No se puede esperar que los abogados revisen y entiendan decenas de miles de páginas de material de la sección 3500 y se preparen para exámenes cruzados efectivos con dos semanas".

Finalmente, dados los fallos anteriores de la Corte, no se puede esperar que la defensa esté preparada para defenderse al mismo tiempo contra un número desconocido de conspiraciones de homicidios distintos. Obligando a Guzmán y a sus abogados a ir a juicio en las circunstancias actuales, "hará que el derecho a defender con abogado sea una formalidad vacía".

El juez Bryan Cogan no había respondido a esta solicitud de los abogados del ex líder del cártel de Sinaloa antes del cierre de esta nota. Seguiremos informando.




domingo, 21 de octubre de 2018

E.E. U.U. pide desestimar varios cargos contra “El Chapo” Guzmán

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La fiscalía del Distrito Este de Nueva York pidió a la Corte desestimar seis cargos contra el jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, tras lo cual el gobierno de los Estados Unidos tendría que probar la culpabilidad del acusado en 11 delitos en el juicio que se iniciará el 5 de noviembre de 2018.



El documento entregado por los fiscales al tribunal neoyorquino el pasado viernes indica que la solicitud aceleraría el enjuiciamiento de Guzmán. El abogado del Chapo Eduardo Balarezo dio a conocer la información en una comunicación enviada a la prensa.

Balarezo informó que la fiscalía hizo la solicitud en virtud que los fiscales carecen de pruebas para sustentar las acusaciones de distribución de seis cantidades diferentes de cocaína en suelo norteamericano y que en la acusación formal aparecen registradas como ocurridas en varias fechas y que equivalen a un aproximado de unos 1.000 kilos. 

El defensor de Guzmán asegura que la petición de la fiscalía es por que no hay pruebas para sostener la acusación.

La acusación contra el jefe del cartel de Sinaloa incluye 17 cargos. De aprobarse la solicitud de los fiscales el acusado deberá enfrentar 11 cargos de narcotráfico con lo cual enfrenta una cadena perpetua.




Exvicepresidente de finanzas de PDVSA, Víctor Aular, habría participado en la conspiración para lavar USD 1.200 millones que involucra a Maduro



Tanto el préstamo que dio origen a la operación de lavado de dinero, como el contrato de cesión de las empresas que hicieron figurar como supuestas financistas de PDVSA, ocurrieron bajo la gestión de Aular y el resto del equipo que lo acompañó hasta el 30 de diciembre de 2014 en la junta directiva de Petróleos de Venezuela S.A.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El caso de la trama de corrupción de Petróleos de Venezuela S.A. que permitió lavar USD 1.200 millones en el sistema financiero de los Estados Unidos y que se maneja en la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida, el cual involucraría a altos personeros del gobierno venezolano encabezados por el presidente de la república, Nicolás Maduro, funcionarios de la estatal y conocidos empresarios entre quienes presuntamente se encuentra Víctor Aular, quien fuera el vicepresidente de finanzas de PDVSA para el momento en sucedieron los hechos investigados por las autoridades estadounidenses.

Integraban la junta directiva de PDVSA para el momento de desarrollarse los hechos que conforman esta trama, Rafael Ramírez en la presidencia; Eulogio Del Pino como vicepresidente de Exploración y Producción; Asdrúbal Chávez, como vicepresidente de Refinación, Comercio y Suministro; Víctor Aular en la vicepresidencia de Finanzas; Ricardo Coronado, Jesús Luongo, Ower Manrique y Orlando Chacín, como directores internos; Wills Rangel, Nelson Merentes y Jorge Giordani como directores externos[1]. Esta directiva de la estatal petrolera se mantuvo hasta que el presidente de la república, Nicolás Maduro, el 30 de diciembre de 2014, anunció que Carlos Erick Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, ocuparía la vicepresidencia de Finanzas de la petrolera. Para la fecha, Malpica Flores ocupaba también la titularidad de la Tesorería Nacional. En ambas funciones estuvo hasta noviembre de 2015. Es luego de este enuncio cuando la junta directiva de PDVSA adquiere una nueva conformación, ahora integrada por Orlando Chacín (vicepresidente de Producción), Jesús Luongo (vicepresidente de Refinación), Aracelis Suez de Vallejo (vicepresidente de Informática y Sistemas) y Antón Castillo (vicepresidente de Mercados), como directores internos). Los directores externos designados fueron el ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, y el presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo, Gas, Similares y Derivados de Venezuela (Futpv), Wills Rangel[2]. El nombramiento quedó oficializado en el Decreto 1.582 aparecido en la Gaceta Oficial N° 40.571 publicada el 30 de diciembre de 2014.

En este caso, que en la mencionada fiscalía estadounidense está signado con el N° 18-CR-20682-ALTONAGA, el banquero suizo de ciudadanía alemana residenciado en Panamá, Matthias Krull, se ha convertido en pieza clave para el esclarecimiento del entramado de corrupción que la justicia norteamericana se ha empeñado en esclarecer. Este hombre, arrestado en Miami en fecha reciente, ha pasado a ser de importancia vital, pues se declaró culpable y ha decidido colaborar y en ese proceso ha aportado datos que han permitido a los fiscales ir desenredando la madeja que tan acuciosamente tejieron los protagonistas del esquema que facilitó la legitimación de milmillonarias cantidades de dinero provenientes de manejos irregularices habidos en la empresa venezolana[3].

Como ya lo hemos dado a conocer en entregas anteriores, el propio presidente Nicolás Maduro estaría siendo objeto de investigación, tanto en la citada fiscalía de Estados Unidos como en Malta, donde la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU por las siglas en inglés de Financial Intelligence Analysis Unit) indaga sobre su gestión, ante la sospecha de que habrían lavado cientos de millones de dólares provenientes de fondos gubernamentales que habrían sido supuestamente transferidos a una firma maltesa entre finales de 2014 y principios de 2015, tal como lo señalan los documentos oficiales que cursan en la corte de Miami[4]. Los hijos de Cilia Flores, Walter Jacob Gavidia Flores, Yosser Daniel Gavidia Flores y Yoswal Alexander Gavidia Flores, también formarían parte de las averiguaciones[5], así como el supuesto testaferro de estos, Mario Enrique Bonilla Vallera[6] y el empresario Raúl Gorrín, propietario de la televisora Globovisión.

Hay que recordar que las referencias a los señalados en el expediente no se hacen directamente por su nombre y apellido, sino mediante apelativos y alusiones al papel jugado por estos en el esquema de corrupción investigado. 

La acusación de la fiscalía señala que desde diciembre de 2014 hasta julio de 2018, Matthias Krull,  junto con Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer alias "Chente", Carmelo Antonio Urdaneta Aqui, Abraham Edgardo Ortega, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, Mario Enrique Bonilla Valiera y otros, conspiraron para participar en transacciones monetarias, ocultar, disfrazar y lavar de otra manera cientos de millones de dólares en fondos que eran producto de actividades criminales —sobornos pagados a extranjeros y violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)—, incluidas las transacciones con "US Financial Institution 1".

Con sus acciones, los implicados habrían violado el Título 18 del Código de Estados Unidos, en sus secciones 1956 y 1957. También al valerse de las instalaciones del comercio interestatal y extranjero, Krull y sus socios violaron la Ley de Secreto Bancario, Título 31, Código de Estados Unidos, Sección 5322.

El caldo de cultivo de esquema de corrupción

Señala el documento que a través del sistema de control de cambio vigente en Venezuela, por ejemplo, para la fecha de los hechos, a saber 2014, era posible que una persona intercambiara 10 millones de dólares por 600 millones de bolívares a la tasa real de mercado y luego, a través de la tasa preferencial fija implementada por el gobierno, podía convertir dichos 600 millones de bolívares en 100 millones de dólares. Es decir, al final esta persona habría podido comprar 100 millones de dólares con tan solo 10 millones.

Y es que como reza la acusación, la diferencia entre la tasa fija y la tasa real de mercado crea oportunidades para el fraude y el abuso, permitiendo que funcionarios venezolanos participen en estos esquemas de cambio de divisas a cambio de sobornos. Empresas estatales como Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA, eje de la economía venezolana y principal fuente de divisas del país, son utilizadas para llevar a cabo este tipo de esquemas fraudulentos.

En medio de este contexto fue que actuaron los acusados por la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida. Se advierte en el documento de dicho ente judicial que Krull y sus socios en la conspiración son expertos conocedores del sistema bancario internacional, así como de las prácticas que estas instituciones implementan para combatir el lavado de dinero.

En tal sentido, refiere el documento, que para que una de las partes envíe fondos a un tercero, la operación debe estar plenamente justificada comercialmente con una transacción legítima, cuyo respaldo va a ser solicitado por los bancos para verificar que todo se haya llevado a cabo de acuerdo a la ley.

Las operaciones de lavado de dinero requieren por tanto, de refinadísimos mecanismos que logren pasar desapercibidos tanto ante los esquemas de protección de las instituciones financieras y bancarias, como de las autoridades. Para burlar estos mecanismos, quienes incurren en estas prácticas criminales se valen de documentación falsa o estratagemas estructurados para evitar ser detectados. Las falsas inversiones, los préstamos ficticios suelen ser la forma de ocultar estos esquemas de lavado de dinero.

La trama de lavado de dinero y el papel de Aular

El objetivo que se trazaron los conspiradores acusados por las autoridades estadounidenses fue lavar USD 1.200 millones malversados a la estatal petrolera PDVSA.

Entonces en los documentos presentados se hace referencia al "Oficial venezolano 1", a quien se identifica como un “funcionario extranjero” —así lo define la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)—  quien fue la persona que autorizó la malversación a cambio de sobornos.

El esquema de malversación diseñado establecía a través del plan con divisas de PDVSA que se utilizaría la empresa Eaton Global (Eaton Global Services Ltd), una compañía de la cual sería propietario Raúl Gorrín, presidente de Globovisión[7].

Las investigaciones señalan que la malversación operó a través de sistema de intercambio que se disfrazó como un acuerdo de "financiación" para lo cual se utilizaron como documentos que justificarían la operación, un contrato de préstamo, con fecha del 17 de diciembre de 2014, entre PDVSA y Rantor Capital C.A. (de la que también sería dueño Gorrín), una compañía de maletín que figura como el ente que prestó 7.200 millones de bolívares a PDVSA. De esta operación sería responsable el señalado “Oficial venezolano 1”, de quien se dice en el documento era Vicepresidente de PDVSA. Quien para la época ostentaba el cargo de Vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela S.A. era Víctor Aular, como ya hemos constatado líneas arriba.

El 23 de diciembre de 2014 se registró un contrato de cesión entre Rantor y Eaton Global, en la cual la primera le asignaba a la segunda sus derechos como acreedor de PDVSA bajo el contrato de préstamo, contemplándose que la petrolera debía cancelar la deuda en un plazo de 180 días pagando 600 millones de dólares. Igualmente, en la misma fecha antes señalada, se presentó una carta de notificación de asignación, según la cual Eaton Global informa a PDVSA —específicamente al oficial venezolano 1— la asignación y sugería que PDVSA reembolsara el préstamo de 7.200 millones de bolívares en el equivalente en euros de 600 millones de dólares.
Como puede observarse, tanto el préstamo (17-12-2014) como el contrato de cesión (23-12-2014) ocurrieron bajo la egida de la junta directiva en la que Víctor Aular tomaba las decisiones en su carácter de vicepresidente de Finanzas de PDVSA y tales operaciones debieron ser aprobadas por el resto de los directivos que lo acompañaron hasta el 30 de diciembre de 2014 cuando oficialmente fueron destituidos.

De este modo, Eaton Global, controlada por miembros de la conspiración, recibió alrededor de 511 millones de euros de PDVSA después de prestarle a la estatal 7.200 millones de bolívares —equivalentes a 35 millones de euros— por solamente unos pocos meses.

Oficial venezolano 1 junto a otros funcionarios facilitaron este esquema a cambio de sobornos pagados con los ingresos obtenidos por la operación fraudulenta. Tal hecho, significó la violación por parte del Oficial venezolano 1 —a saber Víctor Aular— no solamente la legislación venezolana, sino también la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero en razón de que uno o más miembros de la conspiración cometieron actos de corrupción dentro del territorio de los Estados Unidos.

El reparto del botín

Los participantes en la conspiración acordaron dividir los ingresos obtenido de las operaciones irregulares a través del esquema de malversación de moneda extranjera así:

A Francisco Convit Guruceaga y "Conspirador 2" —a saber, Francisco Convit Guruceaga— el “Boli”, le correspondieron 227 millones de euros; igual cantidad correspondió a "Conspirador 7", a quien se ha identificado como Raúl Gorrín.

Luego de esto, los protagonistas de la trama acordaron distribuir aún más los ingresos entre algunos de los miembros de la conspiración. De este modo, el "Boli" destinó unos 78 millones de euros a una fuente confidencial (CS), que recibió instrucciones de entregar los fondos a Carmelo Urdaneta Aqui, Abraham Ortega, "Conspiradores 1 y 3" y el Oficial venezolano 1.

A su vez, "Conspirador 7" dirigió 159 millones de euros a tres personas conocidas como "Los Chamos",  a quienes se identifica en el documento como los hijastros de "Oficial venezolano 2" —serían estos los hijos de la primera dama venezolana Cilia Flores—. Oficial venezolano 2 —Nicolás Maduro— se constituye como un "funcionario extranjero" de acuerdo a la FCPA.

Los protagonistas de la trama recurrieron a la figura de los testaferros, refiere el documento de la fiscalía, con el objetivo de ocultar la naturaleza, fuente y control de los fondos de PDVSA. Igualmente se valieron de banqueros y administradores de dinero cuya función era facilitar el lavado.

La participación de Krull

Es con este papel que Matthias Krull se incorpora a la conspiración.
Él tenía la misión de facilitador de banca y lavado de dinero para "Conspirador 7" y otros participantes.

Se indica que Krull se desempeñó hasta mayo de 2018 como empleado en un banco suizo en el que ocupaba la posición de Director General y Vicepresidente. En la institución le correspondía atraer clientes de banca privada al banco, principalmente de Venezuela.

Entre los clientes de Matthias Krull se encontraban Francisco Convit Guruceaga, así como los  Conspiradores 2, 7 y 9, que databan desde hacía varios años.

Allí, en su posición bancaria, Krull fue contactado en 2016 por Conspirador 7 (Gorrín) para invitarlo a participar en la trama de lavado de los fondos de PDVSA.

La primera operación encomendada por Conspirador 7 a Krull fue mover y depositar fondos equivalentes a 600 millones de dólares provenientes de la malversación de divisas. Cuando el banquero solicitó el origen de los fondos, Conspirador le proporcionó una copia de un apéndice al contrato de préstamo original de PDVSA y Rantor, que duplicó la línea de crédito inicial de 7,2 a 14 mil millones de bolívares. La modificación fue fechada el 25 de mayo de 2015 y específicamente incorporó el contrato de préstamo inicial de PDVSA.

Después, Conspirador 7 le solicitó a Krull en una cita que tuvo lugar en su oficina en Venezuela, la movilización de un tramo de 200 millones de dólares. Conspirador 7 quería que el banquero se reuniera con el propietario de los fondos y entonces le presentó a Mario Enrique Bonilla Vallera anteriormente conocido como "Conspirador 8" y a "Conspirador 10".

En medio de la conversación, conspirador 7 le preguntó a Krull si sabía a quién representaba "Mario" y ante la respuesta negativa del banquero le informó que este representaba a "Los Chamos", es decir a los hijastros de un oficial venezolano 2. También le explicó que "Los Chamos" le habían ayudado a resolver problemas con el Oficial 2 de Venezuela, al intervenir con su madre, la esposa del Oficial venezolano 2.

Posteriormente, Conspirador 7 —Raún Gorrín— presentó a Matthias Krull a "Los Charros" —los Gavidia Flores— quienes se encontraban en la habitación contigua con el Conspirador 9 y el Conspirador 11. Se le explicó al banquero que Mario Enrique Bonilla Valiera y Conspirador 10 serían los testaferros o prestanombres de "Los Chamos".

Conspirador 7 le dijo a Krull que estaba disgustado con José Vicente Amparan Croquer y el "chico portugués" (Hugo Gois) por su labor como administradores del dinero.

Fue cuando Matthias Krull aceptó unirse a la conspiración.

El siguiente paso de Krull fue reunirse con Mario Enrique Bonilla Valiera y Conspirador 10 en varias oportunidades para guiarlos respecto a la recepción de los fondos de PDVSA en su papel de testaferros de los "Chamos" y como parte de un plan para utilizar una estructura de lavado de dinero con Global Securities Advisors y Gustavo Hernández Frieri en Miami, Florida.

Luego vinieron más reuniones entre Matthias Krull y Conspirador 7 (Gorrín), incluida una que tuvo lugar en Fisher Island en el Distrito Sur de Florida, donde estaba renovando un condominio. En esta cita Gorrín llamó al Conspirador 11 para preguntar sobre el estado del proceso para entregar al banquero los documentos necesarios para mover los fondos para "Los Chamos".

Matthias Krukll sabía perfectamente que estaba siendo participe de una conspiración ilegal de lavado de dinero y que los fondos, cuyo trabajo era ocultar y tramitar, provenían de actividades delictivas y sobornos.

¿Quién es Víctor Aular?

Víctor Eduardo Aular Blanco[8], nacido el 13 de diciembre de 1964 y titular de la Cédula de Identidad N° V-6.835.572. Se le ubica en Petare, municipio Sucre del estado Miranda. Ejerce su derecho al sufragio en la Unidad Educativa Colegio Santa Rosa de Lima en la parroquia Las Minas de Baruta, del municipio Baruta, estado Miranda.

Aular Blanco asumió Vicepresidencia de Finanzas de PDVSA en 2013 y fue destituido en diciembre de 2014 cuando en su lugar se nombró a Carlos Erik Malpica Flores, tesorero nacional y sobrino de la primera dama Cilia Flores. Ingresó a la estatal en 2003 cuando se produjo la huelga petrolera. “Desde entonces, ha ocupado distintos cargos como gerente corporativo de Contraloría Financiera en 2004, gerente corporativo de Presupuesto, Costos y Control de Gestión en 2006, director ejecutivo de Finanzas entre 2007 y 2011, director interno de Pdvsa entre 2011 y 2013, año en que alcanzó la Vicepresidencia de Finanzas”[9], refiere el portal Poderopedia.

En la Gaceta Oficial N° 39.681 de fecha 25 de mayo del 2011 que registra el Decreto N° 8.237 estableció la designación de una nueva junta directiva de Petróleos de Venezuela S.A. nombrándose como Directores Externos Nicolás Maduro Moros quien ostentaba el cargo para el momento de Canciller de la República, asimismo al ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani y a Will Rangel. Como vicepresidentes se designó a Asdrúbal Chávez y Eulogio Del Pino. También pasaron a integrar la directiva Ricardo Coronado, Orlando Chacín, Jesús Luongo, Ower Manrique y Víctor Aular, quienes figurarían como Directivos Internos[10].

La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional lo consideró entre los funcionarios a investigar en el contexto de las averiguaciones por el desfalco a la nación por hechos de corrupción por un monto que oscilaría entre los 350 y 400 millardos de dólares[11].

En su publicación, Alek Boyd reveló el nombre de Víctor Aular junto al de otros como conspirador en este caso. Ver nota completa aquí. 

Otras citas


[1] PDVSA. Informe de Gestión Anual 2013. http://www.pdvsa.com/images/pdf/RELACION%20CON%20INVERSIONISTAS/Informes%20Anuales/informe%20de%20gestion/2013/Informe%20de%20Gestio%CC%81n%20Anual%202013%20(parte%201).PDF

[2] El Pitazo. “Carlos Erick Malpica Flores: El poder sin rostro de las finanzas del país”. 30 de septiembre de 2015. http://elpitazo.info/ultimas-noticias/carlos-erick-malpica-flores-el-poder-sin-rostro-de-las-finanzas-del-pais/

[3] City Wire Americas. “Ex-Julius Baer exec pleads guilty to money laundering charge”. 23 de Agosto de 2018. http://citywireamericas.com/news/ex-julius-baer-exec-pleads-guilty-to-money-laundering-charge/a1149082?ref=international-americas-latest-news-list

[4] Venezuela Política. “Trama de lavado de dinero a través de empresa de Malta involucraría a Nicolás Maduro”. 21 de agosto de 2018. http://maibortpetit.blogspot.com/2018/08/trama-de-lavado-de-dinero-traves-de.html

[5] Venezuela al día. “Fiscalía de EEUU pone en “tres y dos” a hijos de Cilia Flores (Detalles)”. 26 de agosto de 2018. http://www.venezuelaaldia.com/2018/08/26/fiscalia-eeuu-pone-tres-dos-hijos-cilia-flores-detalles/

[6] Venezuela Política. “Testaferro de los hijos de Cilia Flores trabajó con la primera dama en la Procuraduría General de la República”. 25 de agosto de 2018. http://maibortpetit.blogspot.com/2018/08/testaferro-de-los-hijos-de-cilia-flores.html

[7] Cuentas Claras Digital. “Dos compañías involucradas en caso de lavado de dinero de Pdsva en Miami son de Raúl Gorrín”. 29 de julio de 2018. https://www.cuentasclarasdigital.org/2018/07/dos-companias-El reparto del botín

involucradas-en-caso-de-lavado-de-dinero-de-pdsva-en-miami-son-de-raul-gorrin/

[8] Dateas. Aular Blanco Victor Eduardo. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/aular-blanco-victor-eduardo-10553567

[9] Poderopedia. Víctor Aular. http://www.poderopedia.org/ve/personas/Victor_Aularn

[10] Correo del Orinoco. “Gaceta Oficial N° 39.681|Designan nueva junta directiva en PDVSA”. 26 de mayo de 2011. http://www.correodelorinoco.gob.ve/designan-nueva-junta-directiva-pdvsa/

[11] Tal Cual. “AN calcula desfalco a la nación por corrupción ronda los $400 millardos”. 2 de agosto de 2018. http://talcualdigital.com/index.php/2018/08/02/an-calcula-desfalco-a-la-nacion-por-corrupcion-ronda-los-400-millardos/

viernes, 19 de octubre de 2018

Comunicado de Antonio Ledezma en relación a la detención de su yerno, Luis Fernando Vuteff García en España

He servido a Venezuela en tiempos de estabilidad y en esta terrible época de adversidad. He sufrido la cárcel y ahora el exilio. Puedo decir con humildad republicana que en todos estos años ni me he envanecido con el poder, ni me he envilecido por la corrupción. Nunca he callado ni subordinado mis principios a ningún arreglo diferente a lo que dicta mi conciencia.
Yo siempre he respondido por mis actos. 

Quizás en Venezuela, por no existir un poder judicial, nos hemos olvidado de que la Justicia no se imparte en la calle o en las redes. 

En España, donde vivo desterrado, se inició un proceso cuyos detalles no conozco y me incumben no como juez o parte, sino como padre de mi hija. Creo que lo prudente, de hecho, lo único que nos cabe hacer a todos es esperar las decisiones firmes del sistema judicial español. Mientras tanto es importante no especular o extrapolar. 

La vida mia, en lo personal y en lo político, es sencilla y transparente. Quienes me conocen de toda la vida, en uno o ambos ámbitos, pueden dar fe de que mi vida es de servicio y que soy hombre de palabra. 

Por mis actos respondo y doy la cara. A mi familia la atesoro, la cobijo como todo padre y la protejo de la infamia. 
La fortaleza de mis convicciones y mi pasión por mi patria tienen como bases y sustento el inmenso amor que siento por mi familia, y la solidaridad y confianza que siempre me han otorgado mi esposa y mis hijos. Entre nosotros somos incondicionales, pero absolutamente respetuosos de los proyectos de vida que cada uno ha emprendido. Hoy me toca dar la cara por mi familia, y compartir con los venezolanos y con todos aquellos que se han puesto de nuestro lado lo que nos está ocurriendo:

Tengan claro que jamas me verán ni abandonando a mis amigos, ni escudándo a nadie de la justicia verdadera.

Quiero para Venezuela libertad, democracia y progreso. Quiero que salgamos cuanto antes de esta tiranía y que comience una nueva época de justicia y derecho. 

1.      El esposo de mi hija Antonieta, Luis Fernando Vuteff García, es objeto de una investigación abierta en el reino de España sobre presunta legitimación de capitales. En este momento está detenido. Nuestra familia está conmocionada por este hecho. Y esperamos que el proceso se siga llevando a cabo de acuerdo con el derecho, y que al final se haga justicia.
2.      En ningún caso se debe inferir de esta situación el que yo haya participado, me haya lucrado o haya tolerado ningún tipo de manejo indebido, ilegal o inconveniente. Está a la vista de todos la frugalidad de mi exilio y la dedicación a tiempo completo a las mejores causas del país. Todos se pueden imaginar el dolor que Mitzi y yo sentimos por la situación de angustia y preocupación por la que está pasando nuestra hija y nieto, a los que no abandonaremos en este trance. También nos apena el dolor de los padres y familia de Fernando.
3.      No voy a arriar las banderas de lucha. El país que hoy sufre hambre, enfermedad, desconsuelo, represión y violencia puede seguir confiando que dedicaré hasta el último segundo de mi vida a los esfuerzos de su liberación. Arriesgando por ello todo lo que deba arriesgar, y siempre dando la cara por mi honestidad y el inmenso valor que le doy al haber vivido una larga carrera política sin haber caído nunca en la tentación de vender al país por treinta monedas de plata. 
4.      Agradezco todas las llamadas de apoyo y los mensajes de solidaridad. Aprecio a todos los que me han ratificado su confianza. Y les reitero a todos que el éxito de la causa a la que he entregado mi vida será la única retribución a la que aspiro.

miércoles, 17 de octubre de 2018

Waller Marine: Una empresa que pese a su incumplimiento fue recontratada por Corpoelec

A pesar de los antecedentes con que contaba la empresa estadunidense, Corpoelec suscribió un nuevo contrato para la construcción de un sistema flotante de almacenamiento de combustible en el Complejo Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas, mejor conocido como Tacoa.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Como lo hemos venido denunciando en estas páginas, buena parte de las razones de la crisis eléctrica venezolana estaría supuestamente en el fenómeno de la corrupción que ha imperado en las dos últimas décadas en la administración pública en general y, en particular, en los entes encargados de ofrecer el servicio, con la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, y sus empresas filiales a la cabeza. De los cuestionamientos no escaparía ninguno de los funcionarios gubernamentales que ha ocupado la presidencia de la estatal, entre ellos Alí Rodríguez Araque. En esta entrega presentamos un contrato suscrito por él con la igualmente cuestionada empresa estadounidense Waller Marine, que supuso una inversión de USD 49.750.000,00 para el estado venezolano con el objetivo de construir dos gabarras de almacenamiento de combustible en la planta de Tacoa, conocida ahora como Complejo Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas.

Rodríguez Araque fue el primer ministro de energía y minas (luego energía y petróleo) del finado expresidente Hugo Chávez Frías. Luego, entre 2010 y 2012, ocupó el despacho de energía eléctrica cuando también estuvo al frente de Corpoelec. Su gestión, de acuerdo a la Asamblea Nacional que analizó la crisis eléctrica a través de una comisión mixta, se caracterizó por el supuesto “incumplimiento de sus funciones como planificador, fiscalizador y regulador del sector eléctrico en concordancia establecido en el Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PDSEN) para el lapso 2010-2011”[1], razón por la cual fue objeto de una sanción política.

El experto en energía eléctrica, José Aguilar, responsabiliza a Alí Rodríguez de haber dejado de informar a través de los boletines mensuales que hasta su llegada al despacho del ejecutivo se publicaban regularmente para dar a conocer el estado del sector. Una acción —recuerda Aguilar— que viola el artículo 108 de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico de Venezuela, pues es ilegal no hacerlo, estableciéndose castigo de 8 a 16 años de prisión para quienes incurran en el ocultamiento de información en el país.

La empresa Waller Marine ya había firmado un contrato previo al que hoy presentamos en estas páginas, específicamente en julio de 2010, por 248 millones de dólares para la compra de las tres turbinas y la construcción de dos de ellas en gabarra, así como para su conversión dual gas/diesel. El acuerdo no incluyó la construcción del muelle ni las facilidades, como un gasoducto o una subestación, para su operación. Se sabe que la instalación y conversión de 2 de las barcazas se llevó a cabo en mayo de 2011, en el Complejo Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas, pero la tercera turbina nunca fue traída al país por parte de la empresa[2], se lee en portal Confirmado.

José Aguilar en una entrevista con Alek Boyd para el portal Infodio, incluye a Waller Marine entre el grupo de compañías con las que supuestamente se cometió una estafa a la nación que estuvo por el orden de los 2.933 millones de dólares. El especialista eléctrico refirió que “la argentina IMPSA, la española IBERDROLA y Duro Felguera, la francesa Alstom, la china CMEC y Sinohydro, la alemana Ferroostaal, la tailandesa TSK, y la estadounidense Waller Marine” supuestamente formaron parte del esquema de corrupción con el que se esquilmó el erario público.
“En cada proyecto en el que las compañías mencionadas y una gran cantidad de socios locales han participado, la sobrefacturación pasa del 48 por ciento al 515 por ciento”[3], sostiene Aguilar.

El especialista estima que por detrás de los sobreprecios y las estafas a la república se encuentra —presuntamente— la mano de Alí Rodríguez Araque.

El contrato NCO/0511-112

Waller Marine[4] es una empresa estadounidense con sede en Houston, Texas, que “ofrece servicios de diseño, ingeniería, gestión de proyectos y construcción para las industrias de petróleo y gas y marinas. La compañía fue fundada en 1974”. Su dirección es 14410 West Sylvanfield Drive, Houston, TX 77014. 

Pese a los antecedentes antes referidos, el 8 de septiembre de 2011, la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, representada por su presidente, Alí Rodríguez Araque, actuando en nombre y representación de la C.A. La Electricidad de Caracas, en virtud de la Encomienda de Gestión suscrita entre ambas Sociedades Mercantiles, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N" 39.572 de fecha 13 de diciembre de 2010, por una parte, y por la otra, la empresa Waller Marine Inc, representada por su vicepresidente, Anthony Paul Waller, suscribieron un contrato de suministro identificado con el N° NCO/0511-112.

El objeto del contrato se definió en la primera cláusula la cual Waller Marine se obligó a suministrar por su exclusiva cuenta, con personal, equipos, materiales y elementos propios, un sistema flotante de almacenamiento de combustible que incluye la ingeniería de los sistemas de instalación y anclaje, los sistemas de protección ambiental, las gabarras tanque, amarres, anclajes, mangueras, equipos de conexión, así como tres plantas desmineralizadoras de agua por osmosis reversa en el Complejo Generador “Josefa Joaquina Sánchez Bastidas” ubicada en el estado Vargas, bajo el término comercial Dap Taloa (Incoterms 2010).

De acuerdo a información suministrada por la empresa estatal venezolana, esta inversión tenía como principal propósito la instalación de estos dos equipos flotantes para garantizar el suministro de combustible diesel y agua desmineralizada que fuera confiable y permitiera autonomía en su almacenamiento. Dichos equipos tendrán capacidad de reserva de 20 días y optimizarían el proceso de generación diaria de Planta Barcazas, ubicada en el Conjunto Generador “Josefa Joaquina Sánchez Bastidas”, refirió Corpoelec[6].

Esto deberá ser entregado en el sitio que se señala en el contrato y en condiciones que garanticen su calidad y operatividad, dentro de las especificaciones técnicas, condiciones, precios y plazos establecidos en dicho contrato.

Enseguida en el contrato se hacen una serie de especificaciones técnicas referidas a la conexión de las unidades en una ubicación costa afuera al oeste de la parte norte de la escollera existente en aproximadamente 40 metros de agua. La facilidad comprenderá dos gabarras; las gabarras se llamarán iguana I e iguana II. La gabarra Iguana II se modificará para servir como almacén de combustible mientras que la Iguana l se modificará para almacén de combustible y también se acondicionará con tres plantas de osmosis reversa. Los amarres requerirán la conexión de un sistema de amarres que soportaran las dos gabarras de combustible y agua y el buque de transporte que suministrará el combustible.

Entonces se pasa a describir la conexión Fast Track para las gabarras (Iguana I e Iguana II), la unidad flotante de soporte, el sistema de agua desmineralizada, los amarres de las gabarras, las conexiones de tuberías de combustible, las operaciones de transferencia de combustible, la protección ambiental.

El precio del contrato

En la cláusula tercera se prevé lo relativo al precio del contrato, el cual quedó establecido en USD 49.750.000,00 equivalentes a Bs. 213.925.000,00, calculados a tasa de cambio de Bs. 4,30 por dólar.

En la cuarta cláusula se establecieron los conceptos que cubría el precio del contrato, especificándose que dicho precio contemplaba todos los costos, directos o indirectos, necesarios o convenientes, para la cabal y total ejecución del mismo, advirtiéndose que se incluía el costo de la mercancía, seguro y flete marítimo.

Waller Marine se haría cargo de la cobertura de todos y cada uno de los costos necesarios para la cabal y total ejecución del contrato y, especialmente, sin que ello se tornara limitativo de la obligación general descrita, la cobertura del pago de impuestos, tasas y contribuciones establecidas por cualquiera de los niveles del Poder Público, que estuvieran vigentes al momento de presentación de la oferta.

Forma de pago

La cláusula quinta estipulaba lo relativo a la forma en que se realizaría el pago del precio del contrato por parte de Corpoelec a la Waller Marine previa verificación del cumplimiento de las obligaciones asumidas, indicando en primer término, que se cancelaría un anticipo del 50 por ciento del monto del contrato cotizado de USD 24.875.000,00, equivalentes a Bs. 106.962.500,00 calculados a Bs. 4,30 por dólar, mediante transferencia a la cuenta de la contratista (Frost National Bank, Houston, Texas, Waller Marine, lnc, Acct. N° 130041616, ABA Routing N° 114 0000 93, Swift Code: FRST US 44) a realizarse luego de la las firmas del contrato y del acta de inicio previa presentación de la fianza de anticipo por parte de la contratista.

Igualmente se pagaría el cien por ciento del monto del contrato cotizado contra presentación de la factura comercial o valuaciones por concepto de entrega y conexión de partes, materiales o equipos, debidamente aprobada por Corpoelec, pagaderas dentro de los treinta días hábiles siguientes a su presentación, descontando de cada pago un 50 por ciento por concepto del anticipo otorgado.

De este modo, los pagos quedarían así:

Primer pago: de 50 por ciento de con la primera entrega y conexión de la unidad FB2, es decir, la cantidad de USD 12.437.500,00 equivalentes a Bs 53.481.250,00.

Segundo pago: de 50 por ciento de con la segunda entrega y conexión de la unidad FB1, es decir, la cantidad de USD 12.437.500,00 equivalentes a Bs 53.481.250,00.
Vigencia del contrato y plazos de entrega

La vigencia del contrato y el plazo de entrega del suministro quedaron establecidos en la cláusula sexta que indicaba que el mismo comenzaría a regir tan pronto las partes lo suscribieran y mantendría su valor y eficacia hasta el otorgamiento del finiquito correspondiente.

El plazo de entrega del objeto del contrato regiría desde la firma del acta de inicio, siendo de cuatro semanas para la primera gabarra, ocho semanas para la segunda gabarra y doce semanas para la primera gabarra.

Se previó la prórroga de los plazos de entrega en la cláusula séptima que rezaba que la extensión en el tiempo para la entrega de los suministros podría ocurrir en caso de que existieran circunstancias no imputables a la contratista, para lo cual debía solicitar por escrito a Corpoelec la prórroga dentro de los 30 días siguientes de ocurrido el evento que afectara el plazo de entrega de los bienes, so pena de caducidad.

Corpoelec podía ordenar por escrito la suspensión total o parcial de la ejecución del contrato (cláusula octava) por cualquier causa y por el tiempo que lo considerara necesario. La contratista suspendería los trabajos salvo aquellos necesarios para la preservación de las partes hasta que Corpoelec ordenara el reinicio. Todo esto se haría constar por escrito.

Si la suspensión no hubiere obedecido a causas imputables a la contratista, las partes establecerían un acuerdo para compensar a Waller Marine por los gastos, debidamente demostrados, que le ocasionara la suspensión de la ejecución de la obra.

Otros aspectos contemplados

La cláusula novena estipulaba lo relativo a los cambios en el suministro, refiriendo que si la contratista estimaba que la modificación ordenada por Corpoelec traía como consecuencia un aumento o disminución del tiempo requerido para la entrega parcial de alguna parte del suministro de acuerdo con lo programado, Waller Marine debería revisar su Programa de Entrega para reflejar el aumento o disminución de tiempo.

Igualmente indicaba que la contratista podía proponer a Corpoelec, por escrito y durante la entrega del suministro, las modificaciones, adiciones o reducciones que considerara necesarias o deseables incorporar para mejorar la calidad, gastos, plazo de ejecución, eficiencia o seguridad de las mismas y que fueran beneficiosas para el suministro a entregar.

La cláusula décima novena establecía que Corpoelec, por causas especiales, podía tomar posesión y utilizar los bienes objeto del suministro que hubieran sido entregados, aun cuando no se hubiera efectuado la Aceptación Provisional, para lo cual se levantaría un acta en la que se dejará expresa constancia del estado en que se encontraban los bienes, de los defectos que presenten y si debían ser objeto de reparación o reemplazo.

El contrato previó las modalidades acostumbradas en este tipo de negociaciones, tales como fianzas, garantías, obligaciones de las partes, patentes, regalías, derechos de autor o protección de propiedad intelectual, la representación de las partes, penalidades, exigencias de buena calidad de las obras, entrega del suministro y verificación de la calidad de los trabajos, entre otras formalidades.



 Citas:


[1] Transparecia Venezuela. Asamblea Nacional. Informe de la comisión mixta para ele estudio de la crisis eléctrica en el país. Informe final. https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2017/02/Informe-CMECEP.pdf

[2] Confirmado. “Gobierno pagó $ 472 millones por adquisición, instalación y mantenimiento de 3 turbinas”. 28 de marzo de 2016. http://confirmado.com.ve/gobierno-pago-472-millones-por-adquisicion-instalacion-y-mantenimiento-de-3-turbinas/

[3] Infodio. “Expert: Derwick Associates overbilling estimated at $2.93 billion”. Sin fecha. http://infodio.com/030813/jose/aguilar/derwick/associates/billion/scam

[4] Waller Marine, Inc. https://www.wallermarine.com/

[5] Bloomberg. Company Overview of Waller Marine, Inc. https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapid=6870021

[6] Corpoelec. “Corpoelec invierte 49 MM de dólares en tanques de combustible para Barcazas de Generación Eléctrica”. Sin fecha. http://www.corpoelec.gob.ve/corpoelec-invierte-49-mm-de-d%C3%B3lares-en-tanques-de-combustible-para-barcazas-de-generaci%C3%B3n-el%C3%A9ctrica