jueves, 6 de septiembre de 2018

Corpoelec: CMEC no realizó prueba de arranque del generador en Unidad 6 de Planta Centro y habrá que repararlo

La realidad de los hechos se impone ante los pretextos y explicaciones vanas, demostrando que Corpoelec permitió que la empresa china CMEC entregara los trabajos en la Unidad N° 6 de Planta Centro sin llevar a cabo la prueba de arranque lo cual ahora se traduce, simplemente, en la generación de solamente 40 por ciento de su capacidad.

Por Maibort Petit
@maibortpetit


La negligencia demostrada por la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, no se limitó, como denunciamos recientemente, en permitir que la empresa China National Machinery & Equipment Import & Export Corporation[1], (CMEC)[2], no solamente incumpliera los lapsos de entrega de la obra pautados en 50 meses y que ello acarreara la duplicación del precio del contrato al incrementarse la tasa de cambio para calcular los USD 1.463.789.000,00 establecidos como monto de la negociación, sino que también aceptó que la compañía asiática entregara los trabajos sin llevar a cabo la prueba de arranque del “grupo generador de generación eléctrica totalmente nuevo de 600 MW” en la Unidad N° 6 de Planta Centro, ocasionando que en la actualidad solamente aporte al Sistema Eléctrico Nacional el 40 por ciento de su capacidad.

Fuentes ligadas al caso nos informan que la citada Unidad N° 6 de Planta Centro presenta serios inconvenientes para aportar el 90 por ciento de los MW estipulados —es decir 600 MW— debido a problemas de diseño en uno de sus componentes, específicamente en el ventilador de arranque, razón por la cual aporta nada más al SEN 250 MW equivalente al 40 por ciento de su capacidad.

Revela la fuente que para poder reparar dicho componente, será necesario que Corpoelec llame al fabricante, CMEC, con la que deberá suscribir un nuevo contrato que obviamente supondrá más costos para la república, para proceder a reparar la unidad.

Tal situación —según fuentes consultadas— sólo es indicativo de que Corpoelec no exigió a CMEC al momento de recibir la obra supuestamente concluida, una prueba de arranque que demostrara la finalización exitosa del trabajo.

Como hemos venido reseñando en nuestras entregas referidas a la crisis eléctrica venezolana, la figura de los contratos complementarios sólo ha significado para la república la elevación de los precios de las negociaciones iniciales o, simplemente el incumplimiento de las mismas por parte de las empresas contratistas, lo cual queda demostrado con lo informado líneas arriba.

El contrato inicial de CMEC con Corpoelec estipulaba 50 meses para realizar los trabajos, lo cual no ocurrió y las partes procedieron a firmar un Addendum o contrato complementario que significó la duplicación del precio de la negociación al elevarse de Bs. 3.805.851.400,00 a Bs. 6.294.292.700,00 el costo de los USD 1.463.789.000,00 establecido como monto del contrato.

Pero el tiempo y la inflación consumieron los términos establecidos entre Alí Rodríguez Araque, presidente de Corpoelec para la fecha, y Jia Zhiqiang representante de CMEC, en diciembre de 2010, por lo que hubo que volver a renegociar a una nueva tasa de cambio del dólar, que pasó de Bs. 2,60 a Bs. 4,30.

El control de cambio vigente en Venezuela ha conllevado a distintas tasas de cambio a lo largo del tiempo en que ha imperado. Así, a su entrada en vigor se estableció un tipo de cambio fijo de Bs. 1,600 (Bs.F. 1,60) que cambió en febrero de 2004 a Bs. 1.920 (Bs.F. 1,92) y en febrero de 2005 se elevó a Bs. 2.150 (Bs.F. 2,15), precio que se mantuvo por cinco años hasta que en enero de 2011, Hugo Chávez anunció una nueva devaluación que estableció un cambio dual, un tipo de cambio para sectores prioritarios como salud y alimentación a Bs. 2,60 por dólar y otro que llamaron dólar petrolero a Bs. 4,30.

Tal dólar petrolero aplicaba para el sector automotriz, comercio, químicos, metalúrgico, textil, telecomunicaciones, construcción, tabaco, bebidas y el resto de las áreas en las cuales se inscribe el objeto del contrato suscrito entre Corpoelec y CMEC.

Vale advertir, que empresa forma y otras dos compañías chinas —China Camco Engineering CO Ltd (China CAMC), Sinohydro Corporation Limited y China Machinery Engineering Corporation (China CMEC)— fueron denunciadas por supuestamente haber pagado millonarias comisiones a Diego Salazar Carreño a cambio de la obtención de contratos con sobreprecio en el marco de la emergencia eléctrica que se decretó en 2010 —fecha para la cual se suscribieron los contratos aquí mencionados— cuando su primo hermano Rafael Ramírez Carreño se encontraba al frente de PDVSA y al mismo tiempo ejercía como ministro de Petróleo y Minería[3].

Estas compañías habrían transferido cientos de millones de dólares a cuentas de empresas de maletín de Diego Salazar Carreño y Luis Mariano Rodríguez Cabello, quien es señalado de ser su operador personal y testaferro, en la Banca Privada de Andorra (BPA).

Los contratos

El 3 de diciembre de 2010, se suscribió  un contrato por la cantidad de USD 1.463.789.000,00 para la “Ingeniería, procura, construcción y puesta en funcionamiento de la unidad a vapor N° 6 de 600 MW y su sistema de transmisión asociado en planta centro”.
El documento fue firmado por Alí Rodríguez Araque, representando a la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, en su carácter de presidente, y por el ciudadano de nacionalidad china Jia Zhiqiang, presidente de la empresa China National Machinery & Equpment Import & Export Corporation (CMEC).

La empresa china se comprometía a suministrar e instalar un “grupo generador de generación eléctrica totalmente nuevo de 600 MW”, así como a realizar todas las obras de ingeniería e infraestructura y de servicios inherentes a dicha instalación y convenidos en el contrato suscrito, así como la derivada transferencia de tecnología y capacitación por parte de la empresa china al personal de Corpoelec.

El monto acordado se calcularía de acuerdo a la tasa referencial de 2,60 bolívares fuertes por dólar americano, para un total en bolívares de Bs. 3.805.851.400,00 discriminados en varios pagos como se aprecia en la imagen:

El contrato establecía un plazo de 50 meses para la culminación de la obra, tiempo que empezaría a correr a partir de la firma del acta de inicio del pago del anticipo fijado en un 40 por ciento del total del monto convenido para la obra y disponía de un cronograma de pagos contra valuaciones y presentación de facturas como se detalla en la siguiente imagen capturada del documento:


Según la cláusula 26 del contrato, el costo de la obra sería financiado a través del crédito de financiación de gran volumen a largo plazo otorgado por la República Popular China bajo la administración del Bandes imputado a las partidas de Corpoelec para los presupuestos de los años 2010 al 2014.

Adenda al contrato
A este contrato se le agregan dos adenda fechados en 2011.

En el primer Addendum del 25 de mayo, firmado por Alí Rodríguez Araque y Jia Zhiqiang en representación de Corpoelec y CMEC, respectivamente, se modifica el monto del contrato y ya no se calcula la tasa de cambio referencial en 2,60 bolívares fuertes por dólar, sino a 4,30 bolívares por dólar americano, con lo cual el monto total de la obra en bolívares asciende a Bs. 6.294.292.700,00. Este cambio en el monto de la tasa referencial de cambio afectó por consiguiente todas las cláusulas que incluían la conversión a bolívares, aunque los montos en dólares se mantuvieron invariables.

El segundo Addendum, firmado el 19 de julio de 2011, por los mismos signatarios del contrato original en representación de Corpoelec y CMEC, cambia la denominación de la empresa china a China Machinery Engineering Corporation dejando de llamarse China National Machinery & Equipment Import & Export Corporation y quedando igual con las siglas CMEC y se especifica que la empresa con esta nueva denominación está presidida por el ciudadano chino Yang Wansheng.

Citas:

[1] Bloomberg. China Machinery Engineering Corporation. https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=5544976

[2] China Machinery Engineering Corporation. http://www.cccme.org.cn/shop/cccme0003/index.aspx

[3] Cuentas Claras Digital. “Diego Salazar usó Banca Privada de Andorra en trama de corrupción eléctrica con empresas chinas”. 3 de mayo de 2016. https://www.cuentasclarasdigital.org/2016/05/diego-salazar-uso-banca-privada-de-andorra-en-trama-de-corrupcion-electrica-con-empresas-chinas/

domingo, 2 de septiembre de 2018

Nelson Martínez reconoce que creó PDVSA US Litigation Trust cuando era Ministro de petróleo de Maduro

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El exministro venezolano Nelson Martínez  reconoció, a través de un poder, que sí es su firma que que aparece en el documento de creación del fideicomiso  PDVSA US Litigation Trust y que dicho acto fue celebrado por su persona cuando era Ministro de Poder Popular de Petróleo del gobierno de Nicolás Maduro. Aseguró que con su firma se ejecutó ese instrumento. Martínez permanece arrestado en Venezuela desde el 30 de noviembre de 2017 acusado por delitos de corrupción relacionados con subsidiaria de PDVSA en los Estados Unidos, Citgo.
El poder sellado y firmado por Martínez fue dado a conocer por la Corte del Distrito Sur de Nueva York este viernes. El documento había sido solicitado por un grupo de demandantes que pidieron que el tribunal verificara la legitimidad de fideicomiso PDVSA US Litigation Trust como ente representante de Petróleos de Venezuela y que aclarar dicho fondo hubiese contratado al bufete de abogados Boies Schiller Flexner LLP para encabezar la acción civil interpuesta en la Corte del Distrito Sur de Texas que busca encausar a más de 44 empresas e individuos acusados por la misma empresa petrolera venezolana de haber ejecutado un gigantesco entramado de corrupción que le habría costado a Venezuela miles de millones de dólares y que involucra manipulación en los precios del crudo, y espionaje electrónico.




La mencionada demanda civil fue dada a conocer el 5 de marzo de 2018. La acción busca resarcir daños causados por la supuesta conducta criminal de los demandados al patrimonio de Petróleos de Venezuela. La aspiración del demandante es cobrar al menos 10 billones de dólares, y otras ganancias extras por las pérdidas que tuvo la empresa estatal  durante la conspiración que alcanza 14 años.

De acuerdo a los papeles oficiales, PDVSA US Litigation Trust es un fideicomiso establecido Nueva York para investigar y buscar acciones contra los demandados en la referida querella representada por el mencionado bufete de abogados.

Seguiremos informando...



Crystallex pide al tribunal de E.E. U.U. ordenar venta de acciones de Citgo "lo más rápido posible y al mejor postor "

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Crystallex International Corp solicitó al juez federal Leonard P. Stark ordenar la venda de las acciones de Citgo "lo más rápido posible y al mejor postor", esto en respuesta a la decisión de la corte de Delaware, fechada el 23 de agosto de 2018, donde se ordena a las partes presentar cualquier aporte adicional sobre la venta accionaria de PDV Holding, Inc. de Petróleos de Venezuela dentro de los siete días previsto para que el servicio de los aguaciles de los EE. UU. ejecuten el dictamen que le permitirá a la empresa canadiense cobrar la deuda que mantiene la República Bolivariana de Venezuela por la expropiación de las minas  de oro Las Cristinas durante el gobierno de Hugo Chávez.

Crystallex recibió un fallo a su favor emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial en abril de 2016. Analistas han calculado que el interés acumulado podría haber incrementado la deuda total a alrededor de USA 1.600 millones.

El juez Stark emitió la orden que permitiría al fondo de cobertura Tenor Capital Management (actual propietario de Crystallex), subastar las acciones de Citgo. 

Cuando se conoció la decisión, PDVSA dijo que apelaría la decisión ante el tribunal.

En la comunicación de los abogados de Crystallex, fechada el 31 de agosto de 2018, dice los aguaciles entregaron la orden de ventas de las acciones de la corte al agente de PDV Holding, Inc el  24 de agosto de 2018.
Crystallex solicitó que el Tribunal ordene la venta de las acciones lo más rápido posible. De hecho, existe una clara orientación legal sobre cómo debe proceder la corte, acota los abogados de la trasnacional canadiense.

Argumentan que la Ley sobre la Corporación General de Delaware, incorporada por la Regla 69 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, requiere que las acciones sean vendidas por los Alguaciles "al mejor postor" por orden del tribunal. Explica que, en base a la citada norma, "siempre que la orden de venta se envíe por correo a PDVSA y esté publicada al menos dos veces durante 2 semanas sucesivas", con "la última publicación de al menos 10 días antes de la venta, en un periódico publicado" en el condado de New Castle, la venta puede continuar. 

Agrega que el propósito de la publicidad es informar al público y a los postores potenciales de la venta y promover la oferta. "No se requiere nada más. Y, aquí, no hay duda de que la venta se publicitará mucho más allá de los requisitos legales" dice la carta. 

Señalan que las órdenes de la Corte correspondientes al 9 y el 23 de agosto de 2018.
Crystallex  -dice la comunicación- no tiene dudas de que la venta de las acciones se dará a conocer en todo el mundo cuando el Tribunal emita su orden adicional y, por lo tanto, el esquema legal diseñado para garantizar la imparcialidad del proceso de venta.

El proceso legal está diseñado para asegurar que los posibles compradores tengan conocimiento de la venta por parte de los aguaciles y la oportunidad de los interesados para aparecer y ofertar por las acciones. Los activos vendidos por los aguaciles en una subasta judicial se venden "tal como están, dónde están" y, en última instancia, depende del deudor del fallo divulgar información al mercado antes de la subasta si así lo desea. 


Los abogados señalan que "aunque las entidades de CITGO han expresado su preocupación por la capacidad de Crystallex para obtener el valor máximo de las acciones de PDV Holding en la próxima venta", ninguno de ellos ha presentado información financiera para ayudar dicha transacción. 

Aseguran que evidentemente "Crystallex tiene todo el interés en obtener el valor máximo para PDVH para lo cual está dispuesta a  recabar su opinión, y lista para divulgar toda la información que pueda obtener de PDVSA y sus subsidiarias". 

Crystallex destaca que varios compradores estratégicos que supuestamente obtuvieron información relevante en relación con la comercialización de CITGO en Venezuela, siguen interesados ​​en las acciones de PDVH. "Estos posibles compradores ya están al tanto de la inminente subasta y, presumiblemente, participarán si así lo desean". 

En la comunicación Crystallex sostiene que tiene la intención de hacer una oferta de crédito de juicio sustancial por las acciones en la venta para garantizar que se venden a un precio justo. 

Crystallex le aseguró que el tribunal que las acciones de Citgo se venderán a un "precio justo y adecuado", que es "el precio de hecho" es el recibido en la venta judicial, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos de la ley. 

Los abogados dicen que PDVSA solicitó la suspensión de la orden judicial sin pagar una fianza, "en contravención directa de la ley de Delaware, que rige la suspensión de los procedimientos de ejecución".

Aseguran que los argumentos de PDVSA "carecen de fundamento", y por tanto su moción debe ser denegada, en particular dado el historial de PDVSA y Venezuela de devaluar a PDVH y sus subsidiarias a través de transacciones que "intencionalmente" han diseñado para "obstaculizar a los acreedores". 

Señalan que "dada la inminente venta de las acciones de PDVH, Venezuela y PDVSA se sienten incentivadas a saquear PDVH y sus subsidiarias mientras todavía pueden hacerlo. En consecuencia, no hay ninguna razón para que la corte retrase la emisión de la orden de venta, por el contrario, el Tribunal debe emitir la orden de venta lo más rápido posible dado el riesgo significativo de daño que enfrenta Crystallex hasta que la venta tenga lugar".

Finalmente, los representantes legales de la trasnacional canadiense exponen ante el juez que para garantizar que el valor de las acciones de PDVH no disminuya antes de que puedan venderse en una subasta y que "Crystallex reciba el beneficio de la orden emitida por Corte el 9 de agosto de 2018 para cumplir su juicio legal, Crystallex pide que el Tribunal ordene la venta de inmediato y  que la venta se programe lo antes posible".


sábado, 1 de septiembre de 2018

Nicolás Maduro crea la empresa mixta Petrosur en asociación con los Bolichicos

Por Maibort Petit
@maibortpetit

De acuerdo al Decreto No 3.591, mediante el cual se autoriza la creación de la Empresa Mixta PETROSUR, S.A., Nicolás Maduro concreta la asociación de Petróleos de Venezuela con la empresa  Inversiones Petroleras Iberoamericanas Ltd la cual está ligada a Alejandro Betancourt, quien ha sido señalado de supuestos casos de corrupción relaciones con el sector eléctrico a través de su empresa Derwick.
El decreto presidencial publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N- 6.398 (Extraordinaria) dice que para impulsar la producción de petróleos de Venezuela se autoriza la creación de la empresa PETROSUR, una nueva empresa conjunta 60/40 entre Corporación Venezolana de Petróleo (entidad estatal) y Inversiones Petroleras Iberoamericanas Ltd.
En el considerando dice que Nicolás Maduro,  mediante Punto de Cuenta N° 034-17, autorizó solicitar al Tribunal Supremo de Justicia la aprobación para la constitución de una Empresa Mixta y sus términos y condiciones incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República conforme a la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ N° 156 de fecha 29 de marzo de 2017 y su decisión aclaratoria N° 158 del 1° de abril de 2017.

En tal sentido, informa que "el Tribunal Supremo de Justicia mediante fallo N° 533 dictado por la Sala Constitucional de fecha 10 de julio de 2017, declaró procedente la autorización y aprobación a la constitución de la Empresa Mixta Petrosur, S.A., en los términos y condiciones presentados por el Presidente de la República conforme a lo previsto en el artículo 236, numeral 14 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en atención a lo dispuesto en la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ N° 156 de fecha 29 de marzo de 2017".

En el Artículo 2°  del decreto dice que "el capital accionario estará dividido de la siguiente manera: La Corporación Venezolana de Petróleo, S.A. (CVP), e Inversiones Petroleras Iberoamericanas, Ltd., tendrán participaciones iniciales de 60% y 40%, respectivamente".

Artículo 3°. establece que "la Empresa Mixta Petrosur, S.A., tendrá por objeto social el desarrollo de las actividades primarias de exploración en busca de yacimientos de petróleos crudo pesado y extrapesado, la extracción de tales petróleos crudos en estado natural, y su recolección, transporte y almacenamiento iniciales, de conformidad con el artículo 9° de la Ley Orgánica de Hidrocarburos".

Dichas actividades serán realizadas con sujeción a las disposiciones de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, a la autorización y aprobación a la constitución de la Empresa Mixta Petrosur, S.A., en los términos y condiciones contemplados en la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ N° 533 de fecha 10 de julio de 2017, así como a las que se establezcan en el Decreto de Transferencia de las actividades primarias, que dicte oportunamente el Ejecutivo Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

El Artículo 4°. sostiene que "la dirección y administración de la empresa, será determinada de conformidad con lo dispuesto en su Acta Constitutiva Estatutaria".

Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas

El 19 de julio de 2018, en este blog publicamos una nota titulada: Documento prueba que empresa designada irregularmente para conformar Petrosur está vinculada a Derwick Associates donde reseñamos que gracias a la filtración de un correo electrónico se pudo corroborar las sospechas que se tuvieron desde un principio acerca de la estrecha relación que existe entre la empresa Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas y Alejandro Betancourt, cabeza principal de Derwick Associates, una contratista del Estado venezolano altamente cuestionada y señalada en varias acciones legales por haber supuestamente formado parte de un esquema de corrupción que envolvió miles de millones de dólares en contratos y sobornos vinculado al sector eléctrico de Venezuela .

Reproducimos aquí la nota referenciada.

En 2017, la firma holandesa-española Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas encendió las alarmas al ser designada irregularmente —dado que se violó la normativa constitucional para conformar la empresa mixta Petrosur— para la explotación del campo 10 Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco.  Desde que se conocieron los términos de la negociación, y la compañía beneficiaria de la millonaria asignación se hicieron señalamientos —nunca evidenciados— de los supuestos vínculos de  IPISA con el principal dueño de Derwick. He aquí el documento que confirma esta versión a casi un año después de los hechos. 

Los datos

Una copia de un correo electrónico fechado el 30 de mayo de 2016 aclara que el socio de Alberto Cortina, representante de Inversiones Petroleras Iberoamericanas S.A., es Alejandro Betancourt. Se trata de una comunicación dirigida a Rubén Figuera (figuerark@pdvsa.com) y a Eulogio del Pino (delpinoeb@pdvsa.com), en la cual se puede leer que "el socio de los Cortina en IPISA es el venezolano Alejandro Betancourt dentro de la compañía que escribe la carta firmada por Ramón Blanco Balín". En este correo enviado por Antonio de info@suenergy.es, dicho remitente refiere que conoce a Ramón personalmente y que puede conversar con él si es necesario.

La comunicación fue acompañada por una copia de la carta firmada que Ramón Blanco Balín —empresario español acusado de lavado de dinero[1]— enviada al entonces presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Eulogio Del Pino donde éste deja claras sus intenciones de conformar una empresa mixta con PDVSA con el objetivo de explorar el Campo Junín. Dice que la compañía Inversiones Petroleras Iberoamericanas S.A forma parte del grupo empresarial de Alberto Cortina[2], quien es uno de los mayores accionistas del Grupo ACS[3], un importante grupo industrial de Europa.

La correspondencia explicaba que en razón a su experiencia como vicepresidente de Repsol, estaba muy familiarizados con las empresas mixtas de PDVSA “y tenemos los fondos para reaccionar en oportunidad de inversión para la empresa mixta de Junín Sur”. En tal sentido, solicitaron una reunión urgente para discutir los detalles.

Los primeros señalamientos

Una información de Upata Digital[4] señala que Derwick Associates estaría detrás de Inversiones Petroleras Iberoamericanas, vinculación que estaría dada por el hecho de todos los asociados de Derwick están relacionados con Alberto Cortina Alcocer quien es el padre de Pelayo Luis Cortina, directivo de IPI “en el BDK Financial Group (Banque du Dakar), un ambicioso emprendimiento de servicios en África. A ellos hay que sumar a Francisco D'Agostino Casado, accionista del BOD y yerno de Víctor Vargas, que también forma parte de la directiva del banco de Senegal”.

“Alberto Cortina Alcocer es socio de Derwick y/o del grupo O’Hara en la petrolera (formalmente de origen canadiense) que llegó a tener importantes operaciones en Colombia, Pacific Rubiales. A principios de 2015 el grupo de Betancourt recibió apoyo de Cortina Alcocer para la toma de control de Pacific. ‘Estoy aquí para apoyar a Alejandro’, dijo Cortina por teléfono desde Dakar en mayo de 2015 según el diario El País. La operación fue realizada a través de Cinainvest Holding SA, de Cortina, que declaró en presentaciones canadienses de documentación que era propietario de 500.000 acciones de Pacific Rubiales lo que permitió a Betancourt tomar control de la petrolera con casi el 20 por ciento del capital”, reza la nota del citado portal.

La información agrega que los líderes de Derwick “no se conforman con ser simples contratistas o proveedores de PDVSA, sino que ahora vienen directamente por el petróleo a través del esquema de las empresas mixtas lo que le ha dado acceso a  un área del bloque Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco”.

Otras alerta

Una nota de la agencia de noticias Reuters[5] fechada el 16 de noviembre de 2017, informó que Venezuela había seleccionado a una empresa holandesa poco conocida y registrada para conformar la empresa mixta encargada de explorar y explotar el bloque petrolero Junín 10 en la Faja del Orinoco, de acuerdo a un decreto publicado para la fecha.

La nota señalaba que Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas tendría una participación del 40 por ciento en el proyecto, mientras Petróleos de Venezuela S.A. se constituiría como socio mayoritario de la compañía conjunta que asumiría el proyecto en el bloque que tiene el potencial de producir 200 mil barriles de petróleo por día.

Lo curioso que señalaba la reseña periodística es que PDVSA en el pasado había rechazado las ofertas de Statoil y Total SA para asociarse en la explotación del Junín 10.

Petrosur, nombre que asumió a empresa mixta, fue aprobada en Consejo de Ministros, entidad que emitió el decreto respectivo suscrito por el presidente Nicolás Maduro, obviándose el proceso de licitación a que obliga la legislación venezolana que, además, exige la aprobación por parte de la Asamblea Nacional. Paso este último que la administración de Maduro eludió. Para ello se valió del dictamen del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, de vocación oficialista, que determinó que el gobierno puede elegir socios del sector petrolero directamente y, por tanto declaró procedente la negociación. Se trató de la Decisión 156/2017 de la Sala Constitucional emitida el 29 de marzo de 2017 “que interpretó el Artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y estableció, ilegal e inconstitucionalmente, que el Ejecutivo Nacional puede constituir empresas mixtas en materia de hidrocarburos sin autorización de la AN, contrariamente a lo establecido en la referida normativa”.

La Comisión Energía y Petróleos de la Asamblea Nacional advirtió que la creación de empresas mixtas solo le compete al Poder Legislativo Nacional, por lo que la creación de Petrosur no solo viola la Constitución de Venezuela, sino la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aseguró Elías Matta, vicepresidente del ente parlamentario para la época.

Tal circunstancia puso en alerta a las agencias calificadoras de riesgo, las cuales, a pesar del repunte de los precios petroleros para el momento, optaron, en el caso de Standard & Poor’s y Fitch, bajar sus notas con respecto a PDVSA. Estimaron un “default selectivo” en razón del pago demorado de USD 1.169 millones y USD 842 millones de capital de bonos con vencimiento al 2017 y al 2020, lo cual a juicio de las calificadoras constituía el 30 por ciento de la deuda externa venezolana que el gobierno de Nicolás Maduro buscaba refinanciar, argumentando las restricciones que suponían las sanciones de Estados Unidos que prohíben a sus ciudadanos negociar deuda pública venezolana, pero que los especialistas sostienen que se debe a la merma de la producción de crudo que experimenta Venezuela.

“Venezuela produce 1.9 millones de barriles diarios (mbd) frente a 2.27 mbd del 2016”, se lee en una nota de El Economista[7] para la fecha (17 de noviembre de 2017) ocasionando esto que los ingresos cayeran de 121 mil millones en el 2014 a 72 mil en el 2015 y 48 mil en el 2016, una situación que la reseña contrataba el panorama exhibido por el país una década atrás, “cuando la agencia Petroleum Intelligence Weekly ubicaba a PDVSA por encima de gigantes como Shell o Chevron en su ranking de petroleras”.

Los expertos consultados por el portal aseguraron que el declive obedecía a la falta de inversión en mantenimiento y exploración, además de que la petrolera es obligada por el gobierno a vender sus divisas al Banco Central “a 10 bolívares por dólar, tasa reservada para importar alimentos y medicinas en un estricto control de cambios. En el mercado negro esa cotización se multiplica por 6.000”.

El director de la consultora GCG Advisors, José Gonzales, consultado para la reseña aseveró que “PDVSA está quebrada, ¿por qué? Porque se convirtió en un banco”.

Igualmente se citaron como causales de la situación, los bajos precios con que la gasolina es vendida en el mercado interno venezolano.

La empresa holandesa-española

La creación de Petrosur creó conmoción en la prensa española, dado que en la constitución de la misma participa Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas, fundada en La Haya, Países Bajos, calificada como una microempresa en el ranking empresarial, con un capital de sólo 147 mil euros y un rango de empleados entre 0 y 10.

De acuerdo al portal Drimble, Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas tiene su sede en Nassaulaan 2 A, Código postal 2514 JS, La Haya, Región de Haaglanden, Barrio Willemspark. Fue registrada el 19 de abril de 2017.

El sitio refiere que la empresa es propiedad de una entidad extranjera a la cual identifica como Arazen Investments Limited, establecido en PO Box 3175, Road Town, en las Islas Vírgenes Británicas. Agrega que Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas no tiene otras sucursales registradas en la Cámara de Comercio[8].

Por su parte, una nota del portal La Celosía [9] dice que los propietarios de la compañía en España fueron los dos principales funcionarios de Repsol en la gestión de José María Aznar, entre 1996 y 2004.

La reseña del portal de filiación oficialista  La Tabla dice que las personas señaladas como dueñas de la empresa socia de PDVSA, han estado vinculadas con casos de corrupción en España, además de que su objeto declarado no es petrolero, sino financiero. Drimble señala que “Las actividades de Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas tienen lugar (entre otras cosas) en el sector de las sociedades financieras de cartera. Este sector tiene la categoría principal: 'Instituciones financieras' y en este caso se subdivide en: 'Instituciones financieras (sin seguro y fondos de pensiones)', subcategoría 'Sociedades financieras controladoras'”. La nota refiere que “Su actividad es la adquisición, tenencia, disfrute y enajenación por cuenta propia de toda clase de valores mobiliarios y participaciones sociales de entidades no residentes (tenencia de valores extranjeros)”, citando el documento de constitución de la empresa.

La información hace mención a la figura legal con la cual se registró Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas, un fideicomiso administrado que facilita la separación de los derechos legales de los derechos económicos. Esta figura busca “proteger las acciones reales de una o varias empresas y además emitir títulos sin necesidad de notario. Generalmente esto se hace para asegurar el anonimato. Es similar a la figura de la ‘fundación’ que existe en Panamá”.

Al respecto, el portal Paraísos Fiscales.info indica que una “fundación privada es una entidad legal que nace de la donación de un patrimonio de una persona o empresa para unos fines determinados, los cuales se establecen en su acta fundacional. Se trata de una figura jurídica muy similar al trust o al fideicomiso, pero mientras los primeros son básicamente contratos regulados por la ley, la fundación privada es una entidad con personalidad jurídica propia, al igual que ocurre con las sociedades. Se diferencia del resto de las fundaciones en que su propósito no es de interés público, sino que se constituye para fines de interés privado, lo que sólo está permitido en unos pocos países que cuentan con una legislación específica al respecto. Comparándola con una sociedad mercantil, la fundación privada no tiene socios ni accionistas y no puede dedicarse a actividades comerciales o con afán de lucro, excepto si estas se producen de forma no habitual y sirven a sus propósitos generales. Están exceptuados de esta norma los llamados ingresos pasivos, es decir, intereses, rendimientos de acciones, letras o bonos, siempre y cuando sus dividendos se utilicen para financiar los objetivos de la fundación”[10].

Otro aspecto reseñado en la citada nota es que José Ramón Blanco Balín suscribió “un Acuerdo de Estudio Conjunto del Campo Junín Sur como Consejero Delegado de Inversiones Petroleras Iberoamericanas (no de Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas), pese a que había dimitido de ese cargo el 16 de septiembre de 2013, según consta en BOE del 29 de septiembre de 2013, número 183. Sin embargo un mes después fue nombrado como Apoderado”.

Son muchas las aclaratorias que deben hacerse, plantea Sergio Saez en un artículo publicado en Petroleum World[11], entre ellas, la relativa a cómo Inversiones Petroleras Iberoamericanas, una sociedad anónima española, pasó a convertirse en Stichting Administratiekantoor (STAK) (Fundación privada de Confianza) en Holanda con domicilio en Amsterdan.

Igualmente se debe aclarar por qué PDVSA negocia con un personas vinculados a hechos de corrupción en España, como si no fuera público y notorio que Blanco Balin es acusado de diseñar una estructura societaria en paraísos fiscales o  territorios no cooperantes a los que se canalizan los fondos ilícitos de origen español para luego volver a incorporarse al capital de las sociedades patrimoniales domiciliadas en España.

Los propietarios de la empresa socia

Como apoderado de Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas en el Registro Mercantil de España, figura José Ramón Blanco Balín, quien anteriormente aparecía como consejero delegado, de acuerdo a una nota de la agencia Europa Press[12] .

En el contrato suscrito entre la empresa española-holandesa y la Corporación Venezolana de Petróleo, filial de PDVSA, se adjudica a la empresa mixta la "producción, mejoramiento y comercialización de petróleo crudo pesado y extrapesado" en el "área geográfica de Junín 10, ubicada en el área Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco".

Firmaron Orlando Chacín, vicepresidente de PDVSA, y José Ramón Blanco Balín, consejero delegado según la sentencia del TSJ que autoriza la contratación, aun cuando el Registro Mercantil español indica que este cargo lo desempeñó hasta 2013 siendo que a la fecha de la negociación tenía la posición de apoderado.

Blanco Balín es investigado en España por el caso Gürtel, un escándalo de corrupción y lavado de dinero.

De acuerdo a una nota de El Mundo[13], también es socio y apoderado de Inversiones Petroleras Iberoamericanas junto a Alfonso Cortina, hermano de Alberto Cortina y presidente de la sociedad. Como vicepresidente aparece Pelayo Luis Cortina Koplowitz, hijo de Alberto.

Con esta sociedad de un capital de 147.500 euros, Blanco Balín y Cortina unieron nuevamente sus destinos, figurando el segundo como presidente y el primero como vicepresidente y consejero delegado cuyo objetivo inicial es “la adquisición, tenencia, disfrute y enajenación por cuenta propia de toda clase de valores mobiliarios y participaciones sociales de entidades no residentes (tenencia de valores extranjeros)”[14]. 

También es uno de los administradores de Inversiones Cortina 2009, una sociedad dedicada a actividades de 'holding'. Alberto Cortina figura como el otro administrador de la compañía, quien posee el cien por ciento de las acciones.

De Percacer Blanco Balín es el apoderado, cuyo administrador accionista único es Alberto Cortina. Esta firma le sirve a Cortina para gestionar su patrimonio y apareció en Papeles de Panamá”.

En Inversiones Petroleras Iberoafricanas José Ramón Blanco Balín aparece como uno de los administradores solidarios junto con el hijo de Alberto Cortina, Pelayo Luis Cortina Koplowitz, y un socio habitual en empresas de los Cortina, José Grande Folgado. Blanco cesó en 2013.









Incongruencia en las políticas, elevados costos y corrupción: La causa de la crisis eléctrica venezolana

No ha sido la falta de inversión la causante de la terrible crisis eléctrica que padece el país, pues cuantiosos han sido los montos que las distintas negociaciones, contrataciones y acuerdos han representado para el erario público venezolano.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Venezuela atraviesa por la peor crisis de energía eléctrica de toda su historia, un hecho que encontraría justificación en la falta de inversión pública en el sector pero, lamentablemente no es así si se revisan las grandes sumas que representan los múltiples contratos y negociaciones suscritas por el estado que supondrían la modernización y optimización del sistema y, sin embargo, no es así. Las razones de tal situación parecen estar más bien en la ausencia de políticas o en la incongruencia de estas cuando son aplicadas. La corrupción es, se deduce, el leitmotiv de los encargados de los organismos del ramo, que mediante estratagemas de todo tipo, entre ellos los sobrecostos, logran esquilmar el tesoro nacional sin que la colectividad obtenga beneficio alguno de tales inversiones.
                                                   Este viernes en la madrugada se produjo 
                                                   una explosión en la subestación Tarabas,
                                                   ubicada en el estado Zulia, por lo que 
                                                   varios sectores de Maracaibo se quedaron sin luz.

  A lo largo de nuestras entregas hemos dado a conocer a nuestros amables lectores los mecanismos de que se han valido las diferentes administraciones de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, así como sus empresas filiales, para burlar la contraloría social sobre sus gestiones. Hoy traemos un nuevo ejemplo de las formas de actuar de los protagonistas de esta trama de corrupción que se ha enquistado en el país en las últimas dos décadas.

 Contratos de financiamiento que no se traducen en la mejora del Sistema Eléctrico Nacional pese a tratarse de milmillonarias inversiones. Obras contratadas de las que no se tienen noticias sobre sus resultados pues el secretismo se ha convertido en política de estado y poco o nada se dan a conocer los resultados que el gasto público supone.
Los convenios que presentamos en esta oportunidad se suscribieron durante la administración de Alí Rodríguez Araque, quien los firmó con el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) en el contexto de los acuerdos suscritos entre los gobiernos de China y Venezuela. Los mismos totalizan la cantidad de USD 2.250.233.084,24 equivalentes a Bs. 9.651.924.768,38.

 Tales cantidades estaban dirigidas al Proyecto de Diseño y Construcción del Desarrollo Hidroeléctrico "El Chorrín", al Proyecto de Desarrollo y Recuperación del Sector Eléctrico que comprendía la construcción de la Planta Termoeléctrica 500MW en "El Vigía" y al Proyecto de Rehabilitación y Ampliación de la Unidad 6 del Complejo Termoeléctrico "Planta Centro" en el estado Carabobo.

La Comisión Mixta para el estudio de la crisis eléctrica en el país de la Asamblea Nacional, en su informe final[1] hace referencia, entre otros aspectos, a la gestión de Alí Rodríguez Araque al frente de Corpoelec y, en tal sentido, recomendó someter a investigación los proyectos contratados y ejecutados bajo su administración ante la sospecha de que se hubiera incurrido en posibles sobrecostos respecto a lo previsto en el Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, PDSEN 2005-2024: Tocoma, Termozulia II y III.

Del mismo modo, en relación al caso que nos ocupa, el ente parlamentario subrayó el hecho de que el Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional PDSEN 2005-2024, hubiera descartado la expansión de la generación hidroeléctrica en el estado Bolívar pese a que EDELCA identificó un potencial de al menos 50TWh en las cuencas del Alto Caroní, específicamente en los ríos Paragua, Caura, Suapure y Cuchivero.

En este sentido, hizo mención a que el exministro de Planificación, Jorge Giordani, había defendido públicamente el desarrollo del Alto Caroní pero, posteriormente, a raíz de la primera crisis energética de 2003, cambió de parecer y recomendó la cancelación de todos los proyectos hidroeléctricos, decisión que finalmente fue adoptada en 2009 por Alí Rodríguez.

De todas maneras, hay que hacer la salvedad de que no obstante haberse producido esta prohibición, en el PDSEN 2013-2019 se incluyó la Central Hidroeléctrica El Chorrín, la cual debía aportar 380MW en 2018.

Destaca el informe de la Asamblea Nacional, que en 2015, como antesala a la tercera crisis energética de 2016, el para entonces ministro de energía eléctrica, Jesse Chacón, admitió que la cancelación de los proyectos hidroeléctricos en el Alto Caroní había sido un error y anunció el inicio de la ingeniería conceptual de la central hidroeléctrica Tayucay.

La comisión de la AN también se refirió al proyecto de la Central Termoeléctrica El Vigía en el estado Mérida, indicando que el costo de este proyecto estuvo en el orden de USD 956 millones.

Compareció ante la instancia legislativa el asesor legal de China Camc Engineering, empresa encargada de la ejecución de la obra, Julio Peng, quien destacó que la compañía asiática se había encargado de la termoeléctrica Don Luis Zambrano, de 594MW en el Vigía, cuyo contrato se firmó en 2010 con una inversión de USD 804 millones. Detalló que las dos primeras turbinas entraron en funcionamiento en 2013 y la tercera en 2015 y corresponden a dos turbinas de gas que en el presente trabajan con diesel y una a vapor, las cuales actualmente generan al 98 por ciento de su capacidad total. Sobre el costo del megavatio por encima del precio referencial, Julio Peng dijo que esto obedecía a que la tecnología empleada es más avanzada, así como también a las condiciones de la zona de instalación. Precisó que la asignación de USD 1.045 millones a la empresa incluía,  además de la planta, la instalación de una línea de transmisión de 56 km. Esta planta no tiene alimentación de gas natural por lo cual depende exclusivamente del combustible diesel, lo cual acorta los lapsos de mantenimiento.

La comisión observó una diferencia entre el costo anunciado y el costo referencial del orden de USD 317 millones a precios del 2005 que debe ser debidamente justificado.

A continuación conozcamos los detalles de los convenios entre Corpoelec y el Bandes.

Diseño y Construcción del Desarrollo Hidroeléctrico "El Chorrín”

El 2 de marzo de 2011, entre el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) representado por su presidenta, Edmeé Betancourt de García, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.210.071, designada según Decreto N° 7.201, de fecha 28 de enero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.358 de fecha 1 de febrero de 2010, y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), representada a su vez por su presidente, Alí Rodríguez Araque, titular de la Cédula de Identidad N° 1.270.755, cuya designación consta en Decreto N° 7.177, de fecha 15 de enero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.348, de fecha 18 de enero de 2010 y Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas N° 07, de fecha 25 de mayo de 2010, se suscribió un Convenio de Asistencia Técnico-Financiera Interinstitucional que tenía por objeto el financiamiento del Proyecto de Desarrollo y Recuperación del Sector Eléctrico, en lo atinente al desarrollo del Proyecto de Diseño y Construcción del Desarrollo Hidroeléctrico "El Chorrín", tal como le definía la cláusula segunda del mismo.

Este convenio se inscribía en el contexto de la Ley Aprobatoria del Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China sobre Cooperación para Financiamiento a Largo Plazo, de fecha 16 de septiembre de 2010. En tal sentido, la Corporación Banco de Desarrollo de China otorgó a Bandes un financiamiento para fomentar la cooperación entre las dos naciones a través de proyectos de envergadura en las áreas de infraestructura, agricultura, minería, energía, tecnología, petroquímica, asistencia técnica, entre otros; con la finalidad de acelerar el desarrollo social y económico en Venezuela.

La cláusula tercera indicaba que el Bandes convenía en conceder a Corpoelec dicha asistencia financiera hasta por USD 280.000.000,00 equivalentes a Bs. 1.201.004.000,00, calculados Bs. 4,2893 por cada dólar.

Los desembolsos del Bandes estaban sujetos a las retenciones aplicables en materia fiscal y tributaria.

Se establecieron dos años como el periodo de para efectuar los desembolsos de acuerdo a lo estipulado en la cláusula quinta, advirtiéndose que al cesar dicho plazo cesaba toda obligación del Bandes de efectuar los desembolsos en ejecución del Convenio de Asistencia Financiera Interinstitucional y, en tal sentido, el monto se reducirá al monto utilizado hasta la fecha.

El monto no utilizado podrá ser reasignado a la ejecución de otro proyecto enmarcado en el financiamiento de gran volumen y largo plazo.

El Bandes estaba facultado para suspender o modificar el monto de la asistencia en cualquier momento y de manera unilateral cuando lo considerara conveniente o recibiera instrucciones del  Ejecutivo Nacional, sin que Corpoelec pudiera acometer acción alguna o reclamo alguno.

La cláusula sexta estipulaba que Bandes haría los desembolsos a favor de las contratistas que indicara Corpoelec, previa solicitud que debía ser suscrita por quien indicara la estatal eléctrica como autorizada para ello.

Bandes llevaría a cabo evaluaciones técnico financieras del proyecto periódicamente durante la ejecución del proyecto.

Corpoelec debía hacer rendiciones de cuentas mensuales, someterse a las supervisiones que Bandes dispusiera, así como también a las auditorías que en cualquier momento estimara conveniente llevar a cabo.

Se contemplaban igualmente los formalismos que este tipo de convenios acostumbra estipular.

Recursos en renminbi para El Chorrín

El 2 de septiembre de 2011, entre el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) representado por su presidenta, Edmeé Betancourt de García, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.210.071, designada según Decreto N° 7.201, de fecha 28 de enero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.358 de fecha 1 de febrero de 2010, y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), representada a su vez por su presidente, Alí Rodríguez Araque, titular de la Cédula de Identidad N° 1.270.755, cuya designación consta en Decreto N° 7.177, de fecha 15 de enero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.348, de fecha 18 de enero de 2010 y Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas N° 07, de fecha 25 de mayo de 2010, se suscribió un Convenio de Asistencia Técnico-Financiera Interinstitucional que tenía por objeto el financiamiento del Proyecto de Desarrollo y Recuperación del Sector Eléctrico, que comprendía el desarrollo del Proyecto de Diseño y Construcción del Desarrollo Hidroeléctrico "El Chorrín", tal como le definía la cláusula segunda del mismo.

En la tercera cláusula de este convenio se establecía el monto y los términos en que se llevaría a cabo la asistencia financiera, indicándose que el Bandes concedería con cargo a los recursos del financiamiento de Gran Volumen y Largo Plazo a Corpoelec hasta la cantidad de 2.898.000.000,00 Renmimbi (moneda de curso legal de la República Popular China emitida por el Banco Popular Chino. El yuan es la unidad básica del renminbi), equivalentes a USD 431.339.862,47, los cuales a la tasa preferencial de Bs. 4,2893 por cada dólar corresponden a la cantidad de Bs. 1.850.146.072,10).

Los desembolsos que Bandes estarían sujetos a las retenciones aplicables en materia fiscal y tributaria. Asimismo, los costos asociados a eventuales diferenciales cambiarías y gastos operativos, serán imputados al monto de la Asistencia Financiera Interinstitucional.

El tiempo de ejecución del financiamiento se fijó en dos años, por lo que vencido dicho plazo cesaría toda obligación del Bandes de efectuar los desembolsos del convenio y se reduciría hasta la cantidad utilizada hasta la fecha. El monto no utilizado podrá ser reasignado a la ejecución de otro proyecto enmarcado en el Financiamiento de Gran Volumen y Largo Plazo.

Bandes tenía la facultad de suspender o modificar, en cualquier momento y de manera unilateral, el monto de la asistencia cuando lo considerara conveniente o recibiera instrucciones al respecto por parte del Ejecutivo Nacional.

Los desembolsos, de acuerdo a la sexta cláusula, Bandes los emitiría en nombre de Corpoelec a favor de las contratistas que esta indicare.

Bandes realizaría las evaluaciones técnico-financieras del proyecto que estimare convenientes de manera periódica durante la ejecución del proyecto.

Igualmente, Corpoelec estaba obligada a presentar mensualmente rendiciones de cuentas y someterse a las supervisiones que Bandes dispusiera, así como también a las auditorías que en cualquier momento estimara conveniente llevar a cabo.

Se contemplaban igualmente los formalismos que este tipo de convenios acostumbra estipular.

Termoeléctrica en El Vigia

El 2 de marzo de 2011, entre el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) representado por su presidenta, Edmeé Betancourt de García, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.210.071, designada según Decreto N° 7.201, de fecha 28 de enero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.358 de fecha 1 de febrero de 2010, y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), representada a su vez por su presidente, Alí Rodríguez Araque, titular de la Cédula de Identidad N° 1.270.755, cuya designación consta en Decreto N° 7.177, de fecha 15 de enero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.348, de fecha 18 de enero de 2010 y Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas N° 07, de fecha 25 de mayo de 2010, se suscribió un Convenio de Asistencia Técnico-Financiera Interinstitucional que tenía por objeto el financiamiento del Proyecto de Desarrollo y Recuperación del Sector Eléctrico que comprendía la construcción de la Planta Termoeléctrica 500MW en "El Vigía" (Cláusula segunda).
Para ello el 1° de diciembre de 2010, el presidente de la república firmó el Punto de Cuenta N° 302, que autorizaba la asignación de recursos provenientes de Bandes.

El monto y los términos de la asistencia financiera se establecieron en la tercera cláusula, la cual fijo en USD 280.000.000,00 la cifra que el Bandes concedería a Corpoelec con cargo a los recursos del financiamiento de Gran Volumen y Largo Plazo. Tal cantidad equivalía a Bs. 1.201.004.000,00, calculados al tipo de cambio referencial de Bs. 4,2893 por cada dólar.

La cláusula cuarta estableció que los desembolsos que Bandes estaban sujetos a las retenciones que en materia fiscal y tributaria aplicaran. Asimismo, los costos asociados a eventuales diferenciales cambiarios y gastos operativos, serían imputados al monto de la Asistencia Financiera Interinstitucional.

Bandes tramitaría los desembolsos presentados por Corpoelec para el manejo de los recursos asignados a través del convenio.

Las partes debían tener claro que la ejecución del cronograma de desembolsos estaba directamente relacionada a la ejecución del proyecto objeto del contrato y estaría sujeta a la disponibilidad financiera que Bandes tuviera para la fecha de la solicitud.

Del mismo modo, la cláusula quinta previó que el periodo de ejecución del convenio era por dos años y que una vez vencido ese plazo, cesaría toda obligación del Bandes de efectuar los desembolsos. EL monto del financiamiento se reduciría, de no haber sido utilizado en su totalidad para la fecha, a lo ejecutado para ese momento.

El monto no utilizado podría ser reasignado a la ejecución de otro proyecto enmarcado en el Financiamiento de Gran Volumen y Largo Plazo, Bandes tenía la facultad de suspender o modificar, en cualquier momento y de manera unilateral, el monto de la asistencia cuando lo considerara conveniente o le fuera instruido por el Ejecutivo Nacional.

Tal como se estableció en los otros convenios, Bandes realizaría las evaluaciones técnico-financieras del proyecto que estimare convenientes de manera periódica durante la ejecución del proyecto.

Corpoelec estaba obligada a presentar mensualmente rendiciones de cuentas y someterse a las supervisiones que Bandes dispusiera, así como también a las auditorías que en cualquier momento estimara conveniente llevar a cabo.

Se contemplaban igualmente los formalismos que este tipo de convenios acostumbra estipular.

Inyección de dinero chino para El Vigía

El 2 de marzo de 2011, entre el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) representado por su presidenta, Edmeé Betancourt de García, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.210.071, designada según Decreto N° 7.201, de fecha 28 de enero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.358 de fecha 1 de febrero de 2010, y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), representada a su vez por su presidente, Alí Rodríguez Araque, titular de la Cédula de Identidad N° 1.270.755, cuya designación consta en Decreto N° 7.177, de fecha 15 de enero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.348, de fecha 18 de enero de 2010 y Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas N° 07, de fecha 25 de mayo de 2010, se suscribió un Convenio de Asistencia Técnico-Financiera Interinstitucional que tenía por objeto el financiamiento del Proyecto de Desarrollo y Recuperación del Sector Eléctrico contemplando la construcción de la Planta Termoeléctrica 500MW en "El Vigía", de acuerdo lo especificaba el objeto del contrato en su cláusula segunda.

Para ello, el presidente de la república había aprobado el punto de cuenta N° 302, de fecha 1 de diciembre de 2010, autorizando la asignación de recursos provenientes de Bandes.

Según la cláusula tercera, el Bandes convenía en conceder asistencia financiera con cargo a los recursos del financiamiento de Gran Volumen y Largo Plazo a Corpoelec hasta por la cantidad de 4.732.000.000,00 Renmimbi equivalentes a USD 704.313.398,62 calculados a Bs. 4,2893 por dólar que sumaban la cantidad de Bs. 3.021.011.460,72.
Los desembolsos que Bandes efectuara estaban sujetos a las retenciones aplicables en materia fiscal y tributaria. Asimismo, los costos asociados a eventuales diferenciales cambiarlos y gastos operativos, serán imputados al monto de la Asistencia Financiera Interinstitucional.

El tiempo de ejecución del convenio era por dos años, que una vez vencidos cesaría toda obligación del Bandes de efectuar los desembolsos. El monto del financiamiento se reduciría, de no haber sido utilizado en su totalidad para la fecha, a lo ejecutado para ese momento.

El monto no utilizado podría ser reasignado a la ejecución de otro proyecto enmarcado en el Financiamiento de Gran Volumen y Largo Plazo, Bandes tenía la facultad de suspender o modificar, en cualquier momento y de manera unilateral, el monto de la asistencia cuando lo considerara conveniente o le fuera instruido por el Ejecutivo Nacional.

Igualmente se llevarían a cabo evaluaciones técnico financieras del proyecto por parte de Bandes y Corpoelec se obligaba a presentar mensualmente rendiciones de cuentas y a someterse a las supervisiones que Bandes dispusiera, así como también a las auditorías que en cualquier momento estimara conveniente llevar a cabo.

Se contemplaban igualmente los formalismos que este tipo de convenios acostumbra estipular.

Ampliación y rehabilitación en Planta Centro

En marzo de 2011, entre el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) representado por su presidenta, Edmeé Betancourt de García, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.210.071, designada según Decreto N° 7.201, de fecha 28 de enero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.358 de fecha 1 de febrero de 2010, y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), representada a su vez por su presidente, Alí Rodríguez Araque, titular de la Cédula de Identidad N° 1.270.755, cuya designación consta en Decreto N° 7.177, de fecha 15 de enero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.348, de fecha 18 de enero de 2010 y Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas N° 07, de fecha 25 de mayo de 2010, se suscribió un Convenio de Asistencia Técnico-Financiera Interinstitucional que tenía por objeto el desarrollo del Proyecto de Rehabilitación y Ampliación de la Unidad 6 del Complejo Termoeléctrico "Planta Centro", Estado Carabobo.

A través del Punto de cuenta N° 302, de fecha 1 de diciembre de 2010, de la presidencia de la república, se había autorizado la asignación de recursos provenientes de Bandes con cargo a los fondos del referido financiamiento, para el Proyecto de Desarrollo y Recuperación del Sector Eléctrico.

La cláusula tres estableció que el Bandes se comprometió a conceder asistencia financiera con cargo a los recursos del financiamiento de Gran Volumen y Largo Plazo a Corpoelec hasta por la cantidad de 3.726.000.000,00 Renmimbi equivalentes a USD 554.579.823,18, calculados a Bs. 4,2893 por dólar para sumar Bs. 2.378.759.235,56.

Como los convenios ya referidos, el tiempo de ejecución era por dos años, por lo que al cumplirse el plazo cesaría toda obligación del Bandes de efectuar los desembolsos. El monto del financiamiento se reduciría, de no haber sido utilizado en su totalidad para la fecha, a lo ejecutado para ese momento.

El monto no utilizado podría ser reasignado a la ejecución de otro proyecto enmarcado en el Financiamiento de Gran Volumen y Largo Plazo, Bandes tenía la facultad de suspender o modificar, en cualquier momento y de manera unilateral, el monto de la asistencia cuando lo considerara conveniente o le fuera instruido por el Ejecutivo Nacional.

Se contemplaban evaluaciones técnico financieras del proyecto por parte de Bandes y Corpoelec debía presentar mensualmente rendiciones de cuentas y a someterse a las supervisiones que Bandes dispusiera, así como también a las auditorías que en cualquier momento estimara conveniente llevar a cabo.
Se contemplaban igualmente los formalismos que este tipo de convenios acostumbra estipular.

Todos estos convenios fueron firmados y acordados de acuerdo a lo previsto por la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela.




[1] Transparencia Venezuela. Asamblea Nacional. Comisión Mixta para el estudio de la crisis eléctrica en el país. Informe final. https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2017/02/Informe-CMECEP.pdf