martes, 12 de junio de 2018

Serie: Los oscuros negocios de Jesee Chacón en Corpoelec (Parte 1)

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Una sucesión de convenios suscritos en tan solo dos meses entre la estatal eléctrica y el Fonden revelan un esquema de corrupción consistente en distribuir en una serie de negociaciones montos astronómicos de cuyos resultados no se posee ninguna información.

Al esquema de corrupción que hemos denunciando en estas páginas recientemente y que consiste en la suscripción de convenios y contratos por parte representantes de las empresas estatales venezolanas con sociedades mercantiles, instituciones y otros entes oficiales, con precios iniciales moderados que luego son inflados a cifras astronómicas mediante la firma de acuerdos complementarios o adenda, no escapó la Corporación Eléctrica Nacional S.A. (Corpoelec) bajo la administración de Jesee Alonso Chacón Escamillo.

En esta y otras entregas daremos a conocer a nuestros lectores una serie de contratos y convenios firmados por Corpoelec bajo la égida de Chacón Escamillo, la cual tuvo lugar entre los años 2013 y 2015 cuando fue designado, primero como presidente de la junta interventora de la corporación y luego como presidente de la misma.

La vinculación de Chacón Escamillo con el sector eléctrico comenzó en abril de 2013 cuando ocurrió su nombramiento como ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec por el finado Hugo Chávez Frías, cargo donde permaneció alrededor de dos años cuando pasó a ser embajador de Venezuela en Austria.

En esta ocasión haremos referencia al caso de los convenios establecidos entre Corpoelec y el Fondo de Desarrollo Nacional S.A. (Fonden), en 2013, en el lapso de dos meses y que significaron para la república la erogación de Bs. 9.384.413.294,24, monto que incluye 4 convenios que fueron suscritos en dólares o contemplan un componente en dicha moneda extranjera de USD 457.379.855,00. Aunque esta vez no se recurre a la figura del Addendum, es posible constatar la proliferación de convenios establecidos con al Fonden entre los cuales se distribuye la citada suma.
Como protagonistas de la trama de corrupción en esta ocasión encontramos, además de a Chacón Escamillo, figura Simón Alejandro Zerpa Delgado, señalado de varias irregularidades tanto al frente del Fonden, Bandes y PDVSA, además de haber sido sancionado en 2017 por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por estar supuestamente involucrado en la comisión de hechos de corrupción que afectan la democracia venezolana y el sistema financiero estadounidense[1].

El primer convenio entre Corpoelec y el Fonden

El 29 de octubre de 2013, la Corporación Eléctrica Nacional S.A. (Corpoelec), representada por Jesse Alonso Chacón Escamillo, y el Fondo de Desarrollo Nacional S.A. (Fonden), representado por Simón Alejandro Zerpa Delgado, firmaron un Convenio de Cooperación para la asignación y Transferencia de Recursos.

El objeto de dicho convenio era establecer mecanismos de cooperación financiera que permitieran  la transferencia de los recursos para cubrir la segunda porción de la deuda acumulada al 31 de diciembre de 2012 por concepto de costo labor asociado a los trabajadores de Corpoelec, aprobado por el Presidente de la República según Punto de Cuenta N° 057 de fecha 29 de octubre de 2013 y autorizado por el Directorio Ejecutivo de este Fondo, según las resoluciones DE-2013-157 del 5 de noviembre de 2013.

El precio del contrato y los desembolsos

El monto de los recursos aprobados para el financiamiento del proyecto fue por la cantidad de Bs. 1.814.135.219,45, los cuales serían desembolsados únicamente en bolívares.

Estos recursos tienen como finalidad única, exclusiva y excluyente de cualquier otra, la ejecución del proyecto.

Los recursos se transferirían a la cuenta bancaria que indicara Corpoelec.

Estas transferencias se realizarían de manera progresiva de acuerdo al Cronograma de Desembolsos para la ejecución del proyecto, el cual sería remitido al Fonden por Corpoelec, asumiendo este la obligación de mantenerlo actualizado.

La Corporación Eléctrica Nacional S.A. aceptó que debería justificar por lo menos un 80 por ciento de la ejecución financiera de los recursos recibidos, para la procedencia de la siguiente solicitud de desembolso.

No obstante, Corpoelec igualmente manifiesto y aceptó de manera expresa, que los recursos efectivamente transferidos debían utilizarse en un plazo no mayor a 60 días continuos, contados a partir de su recepción.

Las partes convinieron que si Corpoelec no utilizaba los recursos dentro del plazo de 60 días mencionado anteriormente, el Fonden podría revisar la situación a fin de ajustar el desembolso a las necesidades reales. En consecuencia, la estatal aceptó que en esos casos estaba obligada a reembolsar al Fonden la porción de los recursos que este le solicite en atención al análisis que efectúe, así como los rendimientos o intereses que estos recursos hayan podido generar.

El convenio contempla los aspectos relativos a los compromisos y responsabilidades de las partes, la rendición de cuentas, causales de terminación del convenio, en los términos en que regularmente se establecen este tipo de condiciones.

Otro convenio en la misma fecha

También el 29 de octubre de 2013, la Corporación Eléctrica Nacional S.A. (Corpoelec), representada por el Presidente (E) de la Junta Interventora, Jesse Alonso Chacón Escamillo, y el Fondo de Desarrollo Nacional S.A. (Fonden), representado por su Secretario Ejecutivo Encargado, Simón Alejandro Zerpa Delgado, celebraron un Convenio de Cooperación para la Asignación y Transferencia de Recursos, cuyo objeto era establecer mecanismos de cooperación financiera que permitieran la materialización de la transferencia de los recursos destinados a cubrir gastos de personal correspondientes al tercer trimestre de 2013 de Corpoelec.

La corporación estatal tenía las facultades y/o atribuciones conferidas en ese acuerdo, para suscribir contratos, convenios y cualquier otro instrumento legal que permita la materialización del proyecto.

El monto del financiamiento

Los recursos aprobados por el Fonden a Copoelec para el financiamiento del proyecto fue de Bs. 4.235.701.590,00, los cuales serían desembolsados únicamente en bolívares.

Estos recursos tenían como finalidad única, exclusiva y excluyente de cualquier otra, la ejecución del citado proyecto.

Desembolsos

La transferencia de los recursos sería de manera progresiva de acuerdo al Cronograma de Desembolsos para la ejecución del proyecto, el cual debía ser remitido al Fonden por Corpoelec, asumiendo la obligación de mantenerlo actualizado.

A Corpoelec le correspondía justificar por le menos un 80 por ciento de la ejecución financiera de los recursos recibidos, para la procedencia del siguiente solicitud de desembolso.

Igualmente, la estatal manifiesta y acepta de manera expresa, que los recursos efectivamente transferidos los utilizaría en un plazo no mayor a 60 días continuos, contados a partir de su recepción. De no hacerlo así, el Fonden podía revisar la situación a fin de ajustar el desembolso a las necesidades reales.

El convenio también contemplaba el resto de los aspectos formales, compromisos y responsabilidades de las partes, la rendición de cuentas, causales de terminación del convenio, en los términos en que regularmente se establecen en este tipo de negociaciones.

Nuevo convenio

En fecha 15 de noviembre de 2013, volvieron a encontrarse la Corporación Eléctrica Nacional S.A. (Corpoelec), representada por Jesse Alonso Chacón Escamillo, y el Fondo de Desarrollo Nacional S.A. (Fonden), representado por Simón Alejandro Zerpa Delgado, Secretario Ejecutivo Encargado de dicha entidad, para suscribir un nuevo Convenio de Cooperación para la Asignación y Transferencia de Recursos.

La firma de dicho convenio se llevó a cabo en virtud de que el 15 de marzo de 2013, el presidente encargado de Venezuela aprobó mediante Punto de Cuenta N° 03-2013 los recursos financieros necesarios para el pago de compras de electricidad a la Empresa ISAGEN S.A., E.S.P., por las interconexiones a 230 KV con Colombia (140 MVV) y a la Empresa AGGREKO por la entrega de energía en las plantas Ureña (30MW) y El Vigía (60 KW); estableciéndose el Fonden como la fuente de financiamiento y correspondiéndole a CORPOELEC la ejecución de las referidas obras; y de que el gobierno estableció el 22 de abril de 2013 la emergencia del sistema y servicio eléctrico nacional, siendo esta prorrogada en dos oportunidades para la fecha; además de que para el 15 de mayo de 2013, el ejecutivo nacional aprobó el Punto de Cuenta N° 018-2013, relativo a la ampliación de recursos para la compra de electricidad a la citada ISAGEN S.A. ES.P., por las interconexiones a 230 KV con Colombia (140 MW), en el marco del Plan de los 100 días.

Objeto del convenio

El Convenio de Cooperación para la Asignación y Transferencia de Recursos entre la Corporación Eléctrica Nacional S.A. (Corpoelec) y el Fondo de Desarrollo Nacional S.A. (Fonden) tenía por objeto establecer los mecanismos de cooperación financiera, que permitieran materializar la transferencia de los recursos asignados para el "Pago de compra de electricidad a la empresa ISAGEN S.A. E.S.P. por las interconexiones a 230 KV con Colombia (140 MW) y a la empresa AGGREKO por la entrega de energía en las plantas Ureña (30MW) y El Vigía (60MW) para continuar avanzando en la mejora del Sistema Eléctrico Nacional”.

Monto del financiamiento

El monto de los recursos aprobados para el financiamiento del proyecto se discriminó de la siguiente manera:

1— USD 64.619.855,00, equivalentes a Bs.406.084.092,79 calculados a Bs. 6,2842 por dólar, destinados a la compra de electricidad a la Empresa ISAGEN S.A. E.S.P., por las interconexiones a 230 KV con Colombia (140MW);

2— USD 30.000.000,00, equivalentes a Bs. 188.526.000,00, calculados a Bs. 6,2842 por dólar, destinados a cumplir parte de los compromisos adquiridos con la empresa AGGREKO, por la entrega de energía en las plantas Ureña (30 MW) y El Vigía (60 MW).

Estos recursos serían destinados de forma única, exclusiva y excluyente de cualquier otra para la ejecución del proyecto.

Transferencia de los recursos

El Fonden transferirá a la institución bancaria que le indicara Corpoelec los recursos asignados según el Punto de Cuenta aprobado por el Presidente de la República de Venezuela.

En tal sentido, Corpoelec convenía que el Fonden no asumiría responsabilidad alguna por la apertura, ejecución o mantenimiento de las cartas de crédito que la corporación constituyera.

El Fonden no asumiría “compromisos adicionales al monto asignado, tales corno costos, gastos o comisiones que se generaran por concepto de apertura, modificación, renovación, utilización o mantenimiento de las referidas cartas de crédito, ni los que pudieran llegar a generarse por el financiamiento en sí de las mismas, para el caso en que las hubiere; igualmente, no asumiría ningún otro tipo de gasto, costo o comisión relacionado con las Cartas de Crédito que pudieran llegar generarse con posterioridad a la constitución de las mismas y que resulten adicionales al monto asignado”. En tal sentido, si los recursos asignados resultaren insuficientes, Corpoelec estaba en la obligación de asumir dichos gastos o comisiones y sufragarlos a través de otra fuente de financiamiento.

Un Cronograma de Desembolsos regiría la ejecución progresiva de las transferencias destinadas a la puesta en marcha del proyecto, el cual sería presentado ante el Fonden por parte de Corpoelec, obligándose éste a mantenerlo actualizado.

Corpoelec tendría que justificar por lo menos un 80 por ciento de la ejecución financiera de los recursos recibidos, para la procedencia de la siguiente solicitud de desembolso.

Igualmente, Corpoelec aceptó que los recursos efectivamente transferidos deberían utilizarse en un plazo no mayor a 60 días continuos, contados a partir de su recepción.

Las partes convinieron que si Corpoelec no utilizaba los recursos dentro del referido plazo, el Fonden podía revisar la situación, a fin de ajustar el desembolso a las necesidades reales.

Compromisos de las partes

Corpoelec se comprometió a:

1. Solicitar al Fonden la transferencia de recursos del proyecto, de conformidad con lo establecido en el convenio.

2. Asegurar y velar por el efectivo cumplimiento del objeto y finalidad del convenio en las condiciones previstas para ello.

3. Indicar en lugar visible, mediante una valla o cualquier otro medio de identificación a Fonden como la fuente de financiamiento, cuando aplicara.

4. Rendir cuentas a Fonden de la ejecución financiera y física del proyecto desarrollado con los recursos efectivamente transferidos para el mismo, en el momento que este lo solicitara.

5. Permitir, colaborar, brindar apoyo en las inspecciones para verificar la efectiva utilización de los recursos asignados.

6. Remitir al Fonden informe trimestral, o en el momento en que este lo solicite, sobre la ejecución física del proyecto.

7. Gestionar las solicitudes de transferencia de los recursos, así como a informar sobre el destino, manejo y utilización de los mismos.

8. Delegar expresamente en el Fonden las retenciones de impuesto, cuando corresponda.

Por su parte el Fonden se compromete a:

1. Efectuar la transferencia efectiva de los recursos del proyecto para la ejecución del convenio en los términos en los términos expresamente establecidos.

2. Suministrar la información y documentación que le sea requerida por Corpoelec relacionada con las solicitudes de desembolso efectuadas.

3. Asegurar el efectivo cumplimiento del objeto del convenio en las condiciones previstas para ello.

4. Realizar las retenciones tributarias que correspondan.

Rendición de cuentas y modificaciones

Corpoelec aceptó que debería justificar ante el Fonden la ejecución de los recursos recibidos a través de Rendición de Cuenta la cual deberá presentarse antes de la solicitud del siguiente  desembolso o en un plazo no mayor de 60 días, contados a partir de la recepción de los recursos, lo que ocurriera primero.

Las partes acordaron que el Fonden, además de la Rendición de Cuenta, podía solicitar o efectuar verificaciones materiales y/o físicas de la ejecución del proyecto.

El convenio soló podría ser modificado de común acuerdo entre las partes, para lo cual deberían suscribir el Addendurn respectivo.

Siguen los convenios

También el 15 de noviembre de 2013, la Corporación Eléctrica Nacional S.A. (Corpoelec), representada por el Presidente (E) de la Junta Interventora, Jesse Alonso Chacón Escamillo, y el Fondo de Desarrollo Nacional S.A. (Fonden), representado por su Secretario Ejecutivo Encargado, Simón Alejandro Zerpa Delgado, suscribieron un Convenio de Cooperación para la Asignación y Transferencia de Recursos, con el objeto de establecer los mecanismos de cooperación financiera, que permitan la recuperación de la capacidad y la confiabilidad de las plantas de generación, así como también la adquisición de herramientas, y equipos de seguridad para los procesos de generación, transmisión, distribución comercial y UREE.

El financiamiento

El monto de los recursos aprobados para el financiamiento del proyecto fue por la cantidad de USD 72.210.000,00, equivalentes a Bs. 453,782.082,00, calculados referencialmente Bs. 6,2842 por dólar, más la cantidad Bs. 147.310.000,00, que serán desembolsados exclusivamente en moneda Nacional.

Estos recursos se entregarían a través de transferencias realizadas a la cuenta y el banco que indicara Corpoelec, las cuales se realizarían de manera progresiva de acuerdo al Cronograma de Desembolsos destinado a la ejecución del proyecto que debía presentar la estatal.

Corpoelec aceptó que tenía que justificar por lo menos un 80 por ciento de la ejecución financiera de los recursos recibidos, para la procedencia de la siguiente solicitud de desembolso. También convino que tenía que usar los recursos efectivamente transferidos en un plazo no mayor a 60 días continuos, contados a partir de su recepción.

El convenio contenía igualmente el resto de las formalidades que se contemplan en estos casos.

Nuevo convenio de Cooperación

El 15 de noviembre de 2013, la Corporación Eléctrica Nacional S.A. (Corpoelec), representada por el Presidente (E) de la Junta Interventora, Jesse Alonso Chacón Escamillo, y el Fondo de Desarrollo Nacional S.A. (Fonden), representado por su Secretario Ejecutivo Encargado, Simón Alejandro Zerpa Delgado, firmaron un Convenio de Cooperación para la Asignación y Transferencia de Recursos que tenía por objeto establecer los mecanismos de cooperación financiera, para materializar la transferencia de los recursos asignados para el mantenimiento preventivo y correctivo de las principales plantas térmicas e hidráulicas del país, así como también la compra de repuestos, la sustitución de la red subterránea de alta tensión en la Gran Caracas y el mantenimiento de líneas de transmisión y distribución (Pica y Poda) durante el segundo trimestre del año 2013.

El financiamiento

El monto de los recursos aprobados para el financiamiento del referido proyecto fue de USD 165.200.000,00, equivalentes a Bs. 1.038.149.840,00, calculados a Bs. 6,2842 por dólar.

Los recursos serían destinados de forma única, exclusiva y excluyente de cualquier otra para la ejecución del proyecto.

Los recursos debían ser entregados de acuerdo a lo establecido en el Cronograma de Desembolsos destinado a la ejecución del proyecto que debía presentar la estatal eléctrica.

La corporación convino también en que tenía que justificar por lo menos un 80 por ciento de la ejecución financiera de los recursos recibidos, para la procedencia de la siguiente solicitud de desembolso. También convino que tenía que usar los recursos efectivamente transferidos en un plazo no mayor a 60 días continuos, contados a partir de su recepción.

Se establecieron las condiciones y formalidades que regularmente se adoptan en estos casos.

Otra vez

El 15 de noviembre de 2013, la Corporación Eléctrica Nacional S.A. (Corpoelec), representada por el Presidente (E) de la Junta Interventora, Jesse Alonso Chacón Escamillo, y el Fondo de Desarrollo Nacional S.A. (Fonden), representado por su Secretario Ejecutivo Encargado, Simón Alejandro Zerpa Delgado, establecieron un Convenio de Cooperación para la Asignación y Transferencia de Recursos, con el objeto de establecer los mecanismos de cooperación financiera que tenía por objeto establecer los mecanismos de cooperación financiera que permitieran la materialización de la transferencia de los recursos asignados para la conclusión del proyecto San Gerónimo-Cabruta y la consolidación de la red de transmisión San Gerónimo-Puerto Ayacucho.


El precio del convenio

El monto de los recursos aprobados para el financiamiento del proyecto fue de USD 125.350.000,00, equivalentes a Bs. 787.724.470,00, calculados referencialmente a Bs. 6,2842 por dólar y la cantidad de Bs. 313.000.000,00, que serán desembolsados únicamente en bolívares.

Los montos estaban discriminados de la siguiente manera:

1. La cantidad de USD. 12.350.000,00, equivalentes a Bs. 77.609.870,00, más la cantidad de Bs. 10.000.000,00 destinados a la conclusión del proyecto San Gerónimo Cabruta (Deuda y Finalización).

2. La cantidad de USD. 39.700.000,00 equivalentes a Bs. 249.482.740,00, más la cantidad de Bs. 106.300.000,00, destinados a la consolidación de la Red de Transmisión San Gerónimo-Puerto Ayacucho (Fases 1 y 2).

3. La cantidad de USD 73.300.000,00 equivalentes a Bs. 460.631.860,00, más la cantidad de Bs. 196.300.000,00, destinados a la conclusión de las Fases 1 y ll durante el primer trimestre del año 2014.

Se fijaron las condiciones y formalidades comunes a este tipo de convenios y se advirtió como en el resto de los casos aquí expuestos que el convenio sólo podía ser modificado mediante la suscripción de un Addendum.

lunes, 11 de junio de 2018

No todos los aliados de Diosdado Cabello en EE. UU. fueron sancionados por la OFAC

Por Maibort Petit
@maibortpetit


Una extensa revisión de documentos relacionados con las empresas y testaferros ligadas, según el Departamento del Tesoro de los Estados, al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, deja ver que existen miembros en la estructura que no fueron sancionados y ni siquiera fueron mencionados por las autoridades norteamericanas. La no sanción permite que las estructuras corporativas, supuestamente creadas para el lavado de dinero, continúen sus operaciones alejadas de la lupa federal.

El 18 de mayo de 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)[1], incluyó en su lista negra al venezolano Diosdado Cabello Rondón, de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13692, por ser funcionario actual del régimen de Venezuela y estar involucrado en "tráfico de drogas, lavado de dinero, malversación de fondos y otras actividades corruptas", dijo el Secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.

La OFAC también designó a otras tres personas, que considera figuras clave en la red de corrupción de Cabello. Entre esos individuos se encuentra, en primer lugar, su hermano José David Cabello Rondón, funcionario actual del Gobierno de Venezuela; Marleny Josefina Contreras Hernández, su esposa y también integrante de la administración de Nicolás Maduro; y Rafael Alfredo Sarria Díaz, supuesto "testaferro", designado para actuar en representación de Cabello.
De estas tres personas el Departamento del Tesoro sostiene que, por ejemplo, José David Cabello Rondón, Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, o la Administración Nacional Integrada de Aduanas e Impuestos (SENIAT), se valió de su posición en el organismo tributario para extorsionar dinero de los venezolanos en su beneficio personal. Los hermanos Cabello Rondón supuestamente fueron los principales beneficiarios de los esquemas de extorsión contra empresas privadas nacionales y extranjeras. Desde sus altas posiciones —de acuerdo a lo señalado por el gobierno de EE. UU.— los Cabello en septiembre de 2017 estructuraron un plan de lavado de dinero basado en actividades financieras ilícitas dirigidas a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

De Marleny Josefina Contreras Hernández el Tesoro norteamericano señala su vínculo matrimonial con Cabello y los cargos ejercidos dentro del gobierno venezolano.

Entretanto, a Rafael Alfredo Sarria Díaz se le acusa —de acuerdo a la OFAC— de haber lavado dinero para funcionarios venezolanos a través de la compra de bienes raíces desde 2010. Sarria actúa en nombre o representación de Diosdado Cabello “como su principal líder o ‘testaferro’" y asegura que ambos mantienen una relación comercial ilícita desde al menos 2010, cuando Sarria y Cabello tenían sociedades y corporaciones en Panamá, y Sarria poseía varios inmuebles en Florida que se registraron con su propio nombre. “En realidad, Sarria actuó como el representante nombrado por Cabello en la propiedad” de estos bienes.

En razón de esto, la OFAC bloqueó tres compañías en Florida que son propiedad o están bajo el control de Sarria: SAI Advisors Inc., Noor Plantation Investments LLC y 11420 Corp., a través de las cuales Sarria posee 12 propiedades en esa entidad de EE. UU. Además, Sarria Díaz tiene una posesión adicional en Florida y otra propiedad en Nueva York a su nombre.

Asimismo, la OFAC bloqueó tres compañías que son propiedad o están bajo el control de Sarria Díaz, todas establecidas en Boca Ratón: 11420Corp, Noor Plantation Investments LLC y SAI Advisors Inc.

El gran excluido

Las medidas adoptadas por el departamento del Tesoro también contemplaron el bloqueo más de 14 propiedades en Florida y Nueva York, cuyo propietario es Sarria directamente o a través de sus compañías.

Sin embargo, a la lista de sanciones no entró uno de los que aparecen como socio de Sarria y quien supuestamente estaría relacionado con Cabello Rondón, Frank León Holder. 

La mayoría de las compañías sancionadas fueron registradas por un abogado de nombre Michael J. Freeman.

Holder posee nacionalidad norteamericana y en ese caso de llegarse a comprobar que estaría involucrado con sancionados, o haber participado en un esquema de lavado podría ser procesado por las autoridades de los Estados Unidos.

Las empresas

11420 Corp, una de las empresas sancionadas es una corporación con estatus activo, registrada en el estado de la Florida, bajo el número de registro P09000043474 el 15 de mayo de 2009.
La directiva de esta empresa tiene la siguiente estructura:
Rafael Sarria Díaz (Presidente-director)
Albino F. Garza (Tesorero-director)
Mireya Carolina Hidalgo de Sarria (director -secretaria)
David Vidal Cordero (oficial)

En los documentos oficiales de 11420 Corp figura Frank L. Holder como director, aunque luego fue excluido de la junta directiva. Para el momento del registro, León Holder utilizó como dirección: 804 Douglas Road 4to floor, Coral Gables, FL, 33134.

Por otra parte, 11420 Corp. ha tenido registrada estas direcciones:

1875 Interstate Street NW Washington, DC 20006
11420 NW 4th St Fort Lauderdale, FL 33325
9408 Eagle Ridge Dr Bethesda, MD 20817
PO Box 330 Cabin John, MD 20818

La referida corporación está registrada en Washington DC, con estatus activo, número 27-07460416. En los registros oficiales de la empresa aparece vinculada a un bufete de abogados denominado D. Vidal-Cordero Law Offices, ubicado en 1851 St. N.W Suite 500, Washington DC, 20006.

SAI Advisors Inc.

Entretanto, otra de las corporaciones sancionadas por la OFAC, SAI Advisors Inc., fue registrada en el estado de Florida bajo el número P0-000044995 por Michael J. Freeman (P.A.) el 3 de septiembre de 2009.'
Al momento de su creación esta empresa estaba ubicada en el 450 East Las Olas Boulevard Suite 730, Fort Lauderdale, Florida, 33301.

También se usó la dirección de León Holder, 804 S Douglas Rd Miami, FL 33134

La directiva está conformada por Albino Ferreras Garza y Frank L. Holder, Albino F. Garza, David Vidal-Corderoy, Mireya Carolina Hidalgo de Sarria. León Holder aparece inactivo en la actualidad como director de esta corporación.

Noor Plantation Investment LLC

La tercera empresa sancionada por la OFAC fue creada el 19 de enero de 2010 por el registrador, Michael J. Freeman, bajo el N° L10000006944.

Está ubicada en 153 Sevillana Avenue, Coral Gables Fl, 33134. El director de Noor Plantation Investment LLC es Frank León Holder.

¿Quién es Frank León Holder?

La especialidad de Frank Holder es la gestión de riesgos, la seguridad nacional, el riesgo operacional y el lavado de dinero.
Se desempeña como director gerente y jefe de América Latina para Berkeley Research Group[2] en cuya página web refiere que Holder posee “más de veinte años de experiencia, ha dirigido investigaciones corporativas y tareas de consultoría de seguridad en América Latina y los Estados Unidos. Los asuntos de investigación incluyen fraudes internos a gran escala e investigaciones de corrupción pública, protección de productos, soporte de litigios, diligencia debida y adquisiciones hostiles. Como experto en seguridad, ha diseñado la seguridad para aeropuertos internacionales, puertos marítimos y complejas redes de distribución multijurisdiccionales”[3].

De acuerdo al periodista Alek Boyd[4], el socio estadounidense de Rafael Alfredo Sarria Díaz es Frank León Holder, quien como hemos visto, figura en la planta directiva de SAI Advisors Inc. y Noor Plantation Investment LLC.

Asegura Boyd que Frank León Holder conoce perfectamente la corrupción venezolana y sus operaciones, así como también a algunos de sus representantes, quienes se encuentran vinculados a Diosdado Cabello, tales como Ricardo Fernández Barrueco y Hugo Carvajal, también sancionado por la OFAC. La relación se estructura alrededor de la empresa Admiral Tankers Holding, Inc[5].

El periodista también hace referencia a Pedro Luis Martin como uno de los socios de Diosdado Cabello, indicando que el primero está conectado con Fernández Barrueco y se le acusa “de estar detrás de un intento de asesinato en Panamá”. También refiere que Alejandro Andrade, compañero de graduación de Cabello Rondón y Majed Khalil Majzoub se encuentran bajo investigación.

El portal Dateas Frank Leon Holder, su posible DNI es 60.382.483[6]

Frank Holder estuvo al frente de FTI Consulting, una empresa cotizada pública que se encarga de la gestión de relaciones públicas que cuenta entre sus clientes a Rafael Sarria, Ricardo Fernández Barrueco, Moris Beracha, Alejandro Andrade, David Osio, Alejandro Betancourt López y Pedro Trebbau López. Holder fue despedido de FTI desde hace más de cuatro años por conflicto internos, según fuente.

Agrega Boyd que Holder se inició en la Fuerza Aérea de Estados Unidos como analista político-militar de la embajada de Estados Unidos en Argentina y también como agente especial de la Oficina de Investigaciones Especiales en la Base de la Fuerza Aérea Langley en Virginia.

En Argentina constituyó un negocio de evaluación de riesgos llamado Buenos Aires Sistemas Inteligentes con Luis Moreno Ocampo, quien acusó a Holder de robar información de su oficina.

Holder Associates es otra empresa creada por Frank León Holder que luego vendió a Kroll y partir de entonces se convirtió en representante de la compañía en esa nación de América del Sur.

A Holder lo declararon culpable de reclamos falsos y fraude en el año 2000 y fue acusado extorsión por el exgobernador de la provincia de Entre Ríos (argentina), Jorge Busti. La justicia determinó que un "informe de inteligencia" creado por Holder sobre los congresistas Gustavo Gutiérrez y Carlos Balter, carecía de fundamento. Según tribunal, el referido informe fue encargado y pagado por un banquero de nombre Raúl Moneta con el objetivo de difamar a los parlamentarios.

En el haber de Holder también aparece otra empresa fundada por él: Holder International, firma de inteligencia adquirida por FTI Consulting por USD 9 millones en 2007.

En Brasil Frank Holder se dice que mantiene vínculos con un “escándalo relacionado con Daniel Dantas sobre un informe de cuentas secretas supuestamente de Lula da Silva, José Dirceu y otros líderes del Partido dos Trabajadores”. La revista brasileña Veja luego de una investigación desarrollada con autoridades de Milán, Italia, que el reporte cuyo autor era Holder era falso, lo confrontó y este admitió que los piratas informáticos que trabajaban para el exministro del Interior argentino, José Luis Manzano, fueron quienes recabaron la información, que Manzano le entregó.

Hugo Carvajal, refiere Alek Boyd, contrató a Frank Holder y este fue representante de Rafael Sarria en por lo menos dos empresas registradas en Florida, las cuales sirvieron para lavar dinero a través de la compra de inmuebles.

El comunicador dijo que Frank Holder y FTI Consulting están involucrados en lavado de dinero,  crimen organizado y en complicidad de delincuentes buscados.

Encuentro secreto

Sobre las relaciones de Diosdado Cabello con los directivos de Derwick Associates, una nota del portal Venepirámides de fecha 8 de septiembre de 2014, citando fuentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)​, da cuenta de que Frank Holder cuando estaba al frente de FTI Consulting, que manejó la cuenta de estos ejecutivos conocidos como los “bolichicos”, solicitó mantener un encuentro secreto en Venezuela con Diosdado Cabello, a quien se le relaciona con estas personas al señalársele como la persona que mueve los hilos detrás de la citada empresa, según indica el reporte.

Añade la nota que tanto Holder como Cabello estaban preocupados por los resultados de la pesquisa legal de Derwick Associates al estar sus directivos bajo investigación criminal en Nueva York y en Washington. “Holder sabe que los sobornos a Diosdado Cabello provinieron de un banco en Nueva York. Dice mucho que reportajes internacionales acerca de una estafa trajinada en contra de nosotros los venezolanos no tiene ningún resultado en Venezuela y pareciera que la justicia, si es que llega, solo será posible en una nación extranjera. Por ello le es tan importante a Derwick y a Diosdado anteponer un parado a la investigación que cursa”[7], se lee en portal. La cita de los dos hombres sirvió para diseñar la campaña para lavar la reputación de los involucrados.

Disclaimer

Para la realización de esta nota intentamos comunicarnos con las personas mencionadas, y con las empresas cuyas direcciones y teléfonos aparecen en los récords públicos. Enviamos cuestionarios al correo de Frank L. Holder que aparecen en su página web. Intentamos comunicarnos con él a través del contacto de la página https://www.thinkbrg.com/contact.html pero un mensaje electrónico informó que no era posible contactarlo. También llamamos al número (305)548.8553 y hasta el cierre de este trabajo no logramos respuestas.

Si alguien de las empresas o personas mencionas desea contar su punto de vista sobre los detalles aquí expresado, les solicitamos que  se comuniquen a nuestro correo electrónico blogvenezuelapolitica@tuta.io. En este blog el derecho a réplica está garantizado.









 Notas:

[1] U.S. Deparment of the Treasury. “Treasury Targets Influential Former Venezuelan Official and His Corruption Network”. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0389

[2] Berkeley Research Group. https://www.thinkbrg.com/

[3] Berkeley Research Group. https://www.thinkbrg.com/professionals-frank-holder.html

[4] Infodio. “Who is FTI Consulting's Frank Holder?”. 14 de mayo de 2013. http://infodio.com/content/who-fti-consultings-frank-holder

[5] Corporation Wiki. Admiral Tankers Holding , Inc. https://www.corporationwiki.com/Florida/Coral-Gables/admiral-tankers-holding-inc/36140024.aspx

[6] Dateas. Frank Leon Holder. https://www.dateas.com/es/persona/frank-leon-holder-20603824831?mobile=0

[7] Venepirámides. “EXCLUSIVO: Diosdado Cabello se reune con ex-oficial de la CIA Frank Holder, ahora empleado de Derwick Associates a traves de FTI Consulting”. 8 de septiembre de 2014. http://venepiramides.blogspot.com/2014/09/exclusivo-diosdado-cabello-se-reune-con.html


viernes, 8 de junio de 2018

Documento oficial evidencia tortura y trato cruel al capitán rebelde Juan Carlos Caguaripano

El militar está recluido en "La Tumba", una prisión ubicada cinco pisos bajo tierra en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Un acta firmada por el médico forense, Wilmer Prato, con fecha 15 de agosto de 2017, evidencia que el capitán (r) de la Guardia Nacional, Juan Carlos Caguaripano Scott, fue torturado tras su captura por agentes de la Policía de Sucre, un municipio opositor, ubicado al oeste de la capital venezolana. El arresto de militar se produjo el 11 de agosto de 2017.

Caguaripano Scott protagonizó junto a otros militares, el asalto al Fuerte Paramacay, una acción en contra del régimen de Nicolás Maduro. Al momento de ser aprehendido se encontraba con Yefferson García Dos Ramos.

En el documento en nuestro poder, filtrado por una fuente ligada al mismo gobierno, se asegura que el día 13 de agosto de 2017, se le practicó al mencionado oficial una evaluación donde se apreciaba que el paciente tenía un sangrado a través de la orina.
El acta N-120 DET-12723-17, elaborada por el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, órgano dependiente del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y del viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal.

El examen médico forense determinó que Caguaripano Scott evidenciaba "múltiples contusiones excoriada en la región malar bilateral, tabique nasal, cuello, hombro, glúteo bilateral, gran hematoma en muslo bilateral, hematoma y deformidad en ambos pies, se evidencia además herida contuso cortante en región escrotal con signos de infección con secreción purulenta a través de la misma, múltiples contusiones excoriada en antebrazo y manos bilaterales".

El médico solicitó la evaluación urgente en el servicio de urología, ecosonograma testicular, Rx. de pie bilateral para concluir experticia.

El caso

El capitán venezolano tomó por asalto una unidad militar en la localidad de Naguanagua, estado de Carabobo. El ataque al fuerte de Paramacay, cuyo nombre clave fue Operación David, tuvo lugar en la madrugada del domingo 6 de agosto de 2017.

Caguaripano Scott, es un oficial separado de la Guardia Nacional (GNB), acusado por traición a la patria y rebelión en 2014, cuando el militar hizo público su desprecio hacia el régimen de Maduro y, a través de un video en sus redes, criticó la represión a las protestas opositoras de entonces en las cuales murieron 43 personas.

El militar se encuentra preso en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), situada en Plaza Venezuela (Caracas), mejor conocida como “La Tumba”. 

Según fuentes consultadas para esta nota las condiciones de encarcelamiento del ex oficial son inhumanas y se encuentra aislado y amenazado.

miércoles, 6 de junio de 2018

Así engordaron sus cuentas altos chavistas con Odebrecht

Investigaciones de las fiscalías de Venezuela, Brasil y Houston pusieron al descubierto un esquema de presunta corrupción vinculada al conglomerado brasileño Odebrecht, mediante contratos cuyos montos originales fueron inflados en convenios secretos con la aprobación y firma de Diosdado Cabello y otros altos líderes revolucionarios.

Casto Ocando | @cocando
Maibort Petit | @maibortpetit

Una serie de contratos complementarios suscritos entre el gobierno de Venezuela y la Constructora Norberto Odebrecht, de Brasil, cuyos detalles se mantuvieron secretos hasta ahora, fueron utilizados para incrementar en centenares de millones de dólares los costos  de las obras, dinero que habría sido desviado para el presunto pago de altas comisiones a funcionarios del gobierno venezolano.
De acuerdo a documentos de las contrataciones, actualmente bajo investigación de las fiscalías de Venezuela, Brasil y Estados Unidos y vinculados a la trama de corrupción de Odebrecht, el precio original estimado para las obras contratadas por el gobierno venezolano se infló a través de una serie de “documentos complementarios” firmados en fechas posteriores a la firma del contrato original, con cifras muy por encima de los costos reales.

Las indagaciones, coordinadas en Venezuela por el fiscal Pedro Lupera en el marco de la llamada Operación Lavajato, fueron incluidas en las investigaciones contra la corrupción del gigante brasileño por la fiscalía en Brasilia, y retomadas por la fiscalía de Houston, que también participó en la investigación internacional contra Odebrecht.

En uno de los casos más notables firmado por el Ministerio de Infraestructura y Finanzas de Venezuela, Odebrecht cotizó un precio inicial de USD 991.6 millones cuando ganó la licitación en 2006 para construir el tercer puente sobre el río Orinoco. Para 2014, el costo de la obra ya era el triple del precio original.
Los excesivos incrementos de los contratos se hicieron mediante una estrategia de añadir una serie de adenda, denominados “documentos complementarios”, presentados por Odebrecht de manera secreta, y aprobados por altos funcionarios en Venezuela.

En el caso del proyecto conocido como “Sistema Vial Tercer Puente sobre el Río Orinoco”, la corporación brasileña presentó cinco “documentos complementarios”, mediante los cuales los costos se incrementaron en más del doble en un período de 9 años. Pese a los incrementos, sin embargo, la obra no fue culminada.

El contrato original con fecha del 7 de junio de 2006, firmado por Nelson Merentes, entonces ministro de Finanzas, y por Ramón Carrizalez, ministro de Infraestructura, tuvo como contraparte por Odebrecht al gerente Euzenando Prazerez Azevedo, el jefe del conglomerado brasileño que terminó como testigo protegido de la Fiscalía de Brasil, y que reveló la extensa corrupción de sus operaciones en territorio venezolano, incluyendo una “donación” no declarada de USD 35 millones para Nicolás Maduro, supuestamente para financiar la campaña presidencial de 2014.

Dos de los documentos complementarios de este contrato fueron firmados por Diosdado Cabello, entonces ministro de Obras Públicas y Viviendas, por un valor de USD 4.000 millones adicionales al contrato original de USD 991 millones.

El resto de los tres documentos complementarios fueron firmados por Rafael Isea (ministro de Finanzas), por USD 1.47 millardos; Juan García Toussaint (ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas), por USD 3.2 millardos; y por José Luis Bernardo Hurtado (también ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas), por USD 1.9 millardos.

En los documentos también aparecen firmando Jorge Giordani (ministro de Planificación y Finanzas); Alí Rodríguez Araque (ministro de Economía y Finanzas); Rafael Isea (ministro de Finanzas); e Isidro Ubaldo  Rondón (ministro Encargado de Infraestructura).

“Parte del dinero de los llamados documentos complementarios o adenda, que no eran más que mecanismos para ponerle sobreprecio a las obras, fueron desviados para pagos de comisiones de altos funcionarios, entre ellos Diosdado Cabello”, dijo uno de los funcionarios venezolanos que participó en las investigaciones en Brasil y Estados Unidos.

La fuente dijo que la investigación está basada en el testimonio de Euzenando Prazerez Azevedo, que firmó no sólo el contrato original en 2006, sino todos los cinco documentos complementarios que triplicaron el precio de la obra.

Precios inflados

En la negociación inicial para la ejecución del “Proyecto de Ingeniería Básica” y construcción del Sistema Vial Tercer Puente sobre el Río Orinoco conformado por el puente ferroviario carretero entre Caicara, estado Bolívar, y Cabruta, estado Guárico, sus accesos estructurales carreteros, enlaces de conexión con la vialidad de las dos citadas ciudades y la carretera Cazorla-Cabruta en el estado Guárico, el contrato pasó de tener un precio inicial de Bs. 2.132.089.627.428,60 equivalentes a USD 991.669.594,15 sin incluir lo concerniente al IVA a Bs. 6.035.421.447,71 en su componente en moneda nacional y a USD 1.921.175.345 en el componente en moneda extranjera para un monto total consolidado de Bs. 10.165.948.439,78 a tasa de cambio de Bs. 2,15 por dólar.

El modus operandi consistía en presentar una oferta inicial con un precio moderado en el proceso de licitación y luego de ser aprobado y suscrito el contrato, iba incrementándose el monto a través de la firma de adenda o acuerdos complementarios.

El contrato original

En fecha 7 de junio de 2006, la República Bolivariana de Venezuela por órgano de los ministerios de Infraestructura y Finanzas, representados por Ramón Alonzo Carrizales Rengifo y Nelson Merentes, respectivamente, por una parte, y Constructora Norberto Odebrecht, empresa brasileña con sucursal en Venezuela por la otra, a su vez representada por Euzenando Prazeres de Azevedo y José Claudio de Cerqueira Daltro, ambos domiciliados en Caracas, suscribieron un contrato para llevar a cabo el “Proyecto de Ingeniería Básica, así como lo concerniente a la ingeniería de detalle y construcción del Sistema Vial Tercer Puente sobre el Río Orinoco, integrado por el puente ferroviario carretero entre las ciudades de Caicara, estado Bolívar, y Cabruta, estado Guárico, sus accesos estructurales carreteros, sus enlaces de conexión con la  vialidad de las poblaciones de Caicara y Cabruta y la carretera Cazorla-Cabruta en el estado Guárico”, de acuerdo a lo que establece la cláusula segunda del referido contrato.

En ese mismo aparte, la contratista se obligó a ejecutar para Venezuela, “por su exclusiva cuenta, y sin ningún costo para esta última, el referido proyecto cuyo monto alcanza los USD 5.588.000, teniendo lo anterior como el aporte necesario para el acuerdo con lo que se desprende del contenido del Convenio Básico de Cooperación Técnica” entre ambos países (Venezuela y Brasil).

Venezuela, de acuerdo a lo previsto en esa misma cláusula, pagaría a la contratista lo concerniente a la ingeniería de detalle y la construcción del referido sistema vial.

Las dos naciones establecieron el 20 de febrero de 1973 dicho convenio, el cual permitía a los dos gobiernos en las áreas que les permitieran sus legislaciones, hacer acuerdos complementarios, siendo que el primero se llevó a cabo el 4 de julio de 1995 para la recuperación de la región amazónica y orinoquense. Brasil aceptó el 6 de mayo de 2006 la propuesta venezolana de modificar dicho Acuerdo Complementario para proceder a la construcción del Sistema Vial Tercer Puente sobre el Río Orinoco.

Basados en el supuesto de que la Constructora Odebrecht ejecutaba para el momento las obras correspondientes al Sistema Vial Puente Mixto sobre el Río Orinoco, Venezuela estimó la conveniencia de que la experiencia, equipos y capacidad de la empresa que estaba establecida en el territorio del estado Bolívar, asumiera las nuevas obras.

Los trabajos a realizar

Se estableció que entre los alcances de los trabajos estaban los estudios de transporte, topográficos, batimétricos, geofísicos, hidráulicos, la ingeniería básica y de detalle requeridos para el puente ferroviario carretero y sus accesos estructurales, los enlaces viales con las poblaciones de Cabruta y Calzara y la carretera Cazorla-Cabruta.

Igualmente los trabajos de soporte, desvío provisional o reubicación definitiva de servicios públicos, la ingeniería de detalle, las obras relativas al desvío del tránsito vehicular y fluvial, la restauración de superficie de los servicios afectados, la construcción del puente ferroviario carretero entre Caicara y Cabruta, la construcción de los enlaces viales y de la carretera Cazorla.

Modalidad, vigencia y pecio del contrato

La modalidad del contrato eran los precios unitarios y la vigencia del mismo era de 48 meses contados a partir de la firma del acta de inicio luego de que Odebrecht recibiera el anticipo.

El monto de la obra era de Bs. 2.132.089.627.428,60 equivalentes a USD 991.669.594,15 sin incluir lo concerniente al IVA, los cuales serían cancelados de acuerdo a los mecanismos financieros y tiempos acordados por los ministerios de Finanzas e Infraestructura. Estos mecanismos a su vez debían a ser aprobados por el presidente de la república.


El cronograma de pagos estipulado fue: 1) El 15 por ciento de precio en calidad de anticipo; 2) el saldo del precio de la obra se pagaría contra la prestación de valuaciones efectuadas por el ingeniero inspector. Del monto bruto de cada valuación se deducirían los porcentajes correspondientes a la amortización del anticipo y a las retenciones previstas como garantía. Igualmente se deducirían las penalidades si estas existieran.

Se estableció un lapso de garantía una vez terminada la obra, de doce meses, a partir de la firma del acta de aceptación provisional de los trabajos. Una vez vencido ese lapso se suscribiría un acta de recepción definitiva dentro de los 30 días siguientes.

Variación del presupuesto

El contrato preveía que el presupuesto de la obra podía modificaciones como consecuencia de: a) variaciones en las cantidades de obra; b)  variaciones en la cota de referencia de las fundaciones según el proyecto básico; c) variaciones por aumentos salariales.

Respecto a las obras de vialidad el 25,05 por ciento de las partidas estaba transformado en dólares estadunidenses calculados a la tasa de cambio para la fecha de Bs. 2.150 por dólar que sumaban USD 31.417.013,55 y serían facturados en esa misma moneda.

El 74,95 por ciento del presupuesto de las obras de vialidad presentaban para época (diciembre de 2005) un monto estimado de Bs. 201.743.126.080,20, que serían facturados en bolívares.

En las obras de puente el 68,70 por ciento estaba transformado en dólares a la tasa de cambio de Bs. 2.150 por dólar que constituía la cantidad de USD 563.271.334,57 que debían facturarse de esa manera.

El 31,30 por ciento de las partidas de obra de puente representaban un monto estimado de Bs. 551.784.054.620,21 que serían facturados en bolívares.

Primer Addendum

El 30 de abril de 2008 el ministro encargado del Poder Popular para la Infraestructura, Isidro Ubaldo Rondón Torres, y el ministro del Poder Popular para las Finanzas, Rafael Eduardo Isea Romero, en representación de Venezuela, así como Euzenando Prazeres de Azevedo y José Claudio de Cerqueira Daltro en representación de Constructora Odebrecht S.A. firmaron un Addendum como Documento Complementario N° 1 del contrato suscrito el 7 de junio de 2006 en razón de que el monto acordado inicialmente correspondía a una ingeniería básica conceptual desarrollada entre 2004 y 2005 bajo informaciones de carácter provisional y cómputos métricos estimados; de que estudios posteriores más detallados y específicos proyectaron un aumento significativo respecto a la demanda en la utilización del sistema vial; de que la Fundación ProPatria notificó a la contratista alterar el proyecto original de la obra para añadir dos nuevos canales carreteros en el piso superior del puente; y de que el límite de contratación del 30 por ciento del precio de la obra fue modificado el 4 de diciembre de 2007, el valor de los trabajos se elevó a Bs. 2.770.815.678.835,55 equivalentes a USD 1.288.751.478,53 sin incluir el IVA.
El Documento Complementario N° 1 estableció un precio actualizado de la obra con un complementario de Bs. 399.659.910,86 equivalentes a USD 185.888.330,63 sin IVA que totalizan el monto del documento principal en Bs. 3.170.475.589,69 equivalentes a USD 1.474.639.809,16 sin IVA.
Este Addendum extendió la vigencia del contrato hasta el 31 de diciembre de 2011.

Se previó un anticipo complementario de 15 por ciento del monto complementario de Bs. 59.948.986,63.

Segundo Addendum

El 4 de junio de 2009, la República Bolivariana de Venezuela representada por los ministros de Infraestructura, Diosdado Cabello Rondón, y de Economía Finanzas, Alí Rodríguez Araque, firmaron con Euzenando Prazeres de Azevedo y José Claudio de Cerqueira Daltro, en representación de la Constructora Odebrecht S.A., un segundo Addendum o Documento Complementario N° 2 que incrementó el precio básico de la obra en Bs. 1.008.463.382,86 equivalentes a USD 469.052.736,21 más IVA. De este modo, el nuevo Addendum elevó el precio de la obra a Bs. 4.178.938.970,91 equivalentes a USD 1.943.692.544,61 más IVA.
El anticipo complementario fue de 15 por ciento igual Bs. 151.269.507,43

Tercer Addendum

El 15 de junio de 2010, Diosdado Cabello Rondón, ministro del Poder Popular para la Infraestructura y Jorge Giordani, ministro del Poder Popular para la Planificación y Finanzas, en representación de Venezuela, por una parte y, por la otra, Euzenando Prazeres de Azevedo y José Claudio de Cerqueira Daltro, en representación de la Constructora Odebrecht S.A., suscribieron el tercer Addendum o Documento Complementario N° 3.
El precio de este Addendum estableció en el componente nacional un aumento del Bs. 2.406.686.910,26, mientras que el componente en moneda extranjera fue de USD 483.343.043,82 equivalentes a Bs. 1.256.691.913,93 que en conjunto a la tasa de cambio vigente para la fecha de Bs. 2,6 por dólar, sumaban USD 1.408.991.855,46 más IVA.
Con la firma del Documento Complementario N° 3 el precio de la obra queda integrado por un componente en moneda nacional igual Bs. 4.136.293.293,01 y otro en moneda extranjera que alcanzaba los USD 1.622.567.503,44 que en conjunto a la tasa de cambio de Bs. 2.6 por dólar totalizaban USD 2.584.496.176,23 más IVA.

Se extendió la vigencia del contrato hasta el 23 julio de 2013.

Cuarto Addendum

En fecha 27 de septiembre de 2012, Juan de Jesús García Toussaintt en representación del gobierno venezolano y Euzenando Prazeres de Azevedo y Estevão Timponi França, en representación de la Constructora Odebrecht S.A., suscribieron el cuarto Addendum o Documento Complementario N° 4.
El precio del contrato se elevó en su componente nacional Bs. 1.685.274.078,34 y en moneda extranjera alcanzó la suma de USD 262.547.553,93 equivalentes a Bs. 1.128.954.481,90. El precio global de obra era entonces Bs. 2.814.228.560,24 que a tasa de 4,3 por dólar totalizaba USD 654.471.758,19 más IVA.
Con este nuevo Addendum el precio de la obra se estableció en su componente nacional en Bs. 5.821.567.371,35 y el componente en moneda extranjera se ubicó en USD 1.885.115.057,37 que a una tasa de cambio de Bs. 4,3 por dólar es igual a USD 3.238.967.934,91.
Quinto Addendum

Aun habría de firmarse un nuevo Addendum, cuando el ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre y Obras Públicas, José Luis Bernardo Hurtado, en representación del gobierno de Venezuela y por Constructora Odebrecht S.A., José Claudio de Cerqueira Daltro y Estevão Timponi França, estamparon la firma al Documento Complementario N° 5, lo cual ocurrió el 7 de septiembre de 2015.

Con este Addendum el precio de la obra quedó integrado por un componente en moneda nacional de Bs. 6.035.421.447,71 y el componente en moneda extranjera de USD 1.921.175.345,15 para un monto total consolidado de Bs. 10.165.948.439,78 a tasa de cambio de Bs. 2,15 por dólar.
En este cuadro pueden observarse las cifras del contrato original y los cambios que sufrió en los montos presupuestados, así como también los funcionarios del chavismo responsables de las firmas de dichas contrataciones.

martes, 5 de junio de 2018

Juez de NY otorga libertad bajo fianza al banquero que evadió sanciones de EE. UU. contra Irán con dinero del erario público venezolano

Por Maibort Petit
@maibortpetit

A pesar que gobierno de los Estados Unidos se oponía, un juez de Nueva York concedió libertad bajo fianza al propietario del Pilatus Bank, Ali Sadr Hasheminejad, acusado de haber violado las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro a Irán con dinero proveniente de planes de viviendas del régimen de Venezuela. El multimillonario pagó un aval de más de $34 millones de dólares en diversos instrumentos financieros. 

El acusado estará sujeto a un monitoreo electrónico y un toque de queda nocturno de 7 p.m.

Asimismo, el demandado se vió obligado a entregar todos los pasaportes. El juez prohibió además la tramitación de nuevos  y no podrá obtener ninguno nuevos documentos de viaje. 

Ali Sadr Hasheminejad, de 38 años, fue acusado de evadir las sanciones impuestas por los Estados Unidos al régimen de Irán y canalizar más de $ 115 millones pagados en virtud de un contrato de construcción de viviendas para pobres con el gobierno de Nicolás Maduro, a través del sistema financiero estadounidense.

En la orden del juez también dice que Hasheminejad deberá renunciar a cualquier derecho a impugnar la extradición desde cualquier país extranjero.

Hasheminejad fue arrestado en marzo de 2018 en Virginia tras ser acusado de infringir sanciones contra Irán, fraude bancario y lavado de dinero. 

De acuerdo a la decisión del tribunal, el demandado sólo podrá movilizarse entre los distritos del sur y del este de Nueva York, el distrito este de Virginia, el distrito de Maryland y el distrito de Columbia.

El juez aseguró además que Hasheminejad no podrá reclamar los fondos depositados en sus dos cuentas bancarias congeladas en Chipre. Si el acusado no cumple con las condiciones de la fianza y huye del territorio norteamericano los fondos se mantendrán en posesión del tribunal.

La defensa presentó un paquete de fianzas de dinero y bonos por un total de $ 34 millones, que incluyen 40 bonos de familiares, amigos y colegas por valor de $ 14 millones aproximadamente. 

Según el documento, los bonos puestos en garantías para lograr la libertad del acusado incluyen un compromiso de la familia y los amigos del banquero. La defensa argumentó que si su cliente decidiera no presentarse ante el tribunal, Hasheminejad causaría un daño significativo a sí mismo y a su entorno más cercano.

El fiscal del caso, Geoffrey Bearman, se opuso al paquete de fianza y acusó a Hasheminejad de haber establecido el Banco Pilatus en 2013 con ganancias criminales directamente vinculadas al proyecto del gobierno de Venezuela para supuestamente construir viviendas para pobres. Dijo ademas que los dólares estadounidenses que usó el demandado salieron ilegalmente del país y tiene un origen criminal.

Según el gobierno de los Estados Unidos, la riqueza de Hasheminejad que incluye un capital de $ 12.9 millones en Pilatus Bank . 

Los bienes del banquero en territorio norteamericano fueron decomisados por el gobierno. Entre las propiedades retenidas está una apartamento de Washington DC, valorado en $ 1.5 millones de dólares y unas granjas de producción de pistachos que tienen un valor de $ 5.7 millones en California. 









lunes, 4 de junio de 2018

Juez de Houston niega mociones solicitadas por la defensa de exfuncionario de Hugo Chávez juzgado por corrupción en Estados Unidos

Tras no haber llegado a un acuerdo con los fiscales, el acusado decidió ir a juicio rápido, el cual  fue fijado para el 23 de julio de 2018.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Un juez federal del Distrito Sur de Texas negó todas las mociones propuestas por la defensa de Luis Carlos De León-Pérez, un exfuncionario de la empresa estatal Electricidad de Caracas durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez, acusado de haber participado directamente en la entrega de contratos con sobreprecio a cambio del pago de sobornos por parte de las contratistas que participaban en el esquema de corrupción.

De León Pérez fue arrestado junto a Nervis Villalobos, César David Rincón Godoy y Rafael Reiter Muñoz, por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España en octubre de 2017, luego de recibir una orden internacional de arresto dictada por el gobierno de los Estados Unidos. 

De León Pérez fue acusado de delitos de conspiración para cometer lavado de dinero, en violación de 18 U.S.C. § 1956 (h) (ii); conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, en violación de 18 U.S.C. § 371 y cuatro cargos de lavado de dinero, en violación de 18 U.S.C. §§ 1956 (a) (1) (B) (i). 
De León Pérez es un hombre de confianza del expresidente de la Electricidad de Caracas, Javier Alvarado, quien es reclamado por las autoridades españolas por delitos de corrupción y blanqueo de capitales. Durante la gestión de Alvarado en la empresa eléctrica, los miembros de la comisión de licitaciones eran presionados para que otorgaran contratos a las empresas preferidas del entonces presidente, a cambio del pago de sobornos. 

En abril de 2018, De León Pérez firmó una forma para un juicio rápido al que tienen derecho todos los acusados en los Estados Unidos. El juicio fue fijado para el 23 de julio de 2018.

Negadas las mociones

El magistrado, Kenneth M. Hoyt, negó todas las mociones  relacionadas con la petición para que el tribunal permitiera al acusado inspeccionar y copiar todo el material correspondiente a las evidencias del caso, apelando al Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT). 

De León Pérez argumentó que los materiales solicitados a través de la MLAT debían ser proporcionados "inmediatamente" para que el acusado pueda prepararse efectivamente para el juicio.

La defensa solicitó que la corte ordenase al gobierno que proporcionara las evidencias rápidamente o de manera alternativamente. Asimismo, pidió que se establezca una audiencia para determinar los problemas planteados en este caso.

La fiscalía de Houston negó todas las mociones argumentando que no se ajustaban a la norma y que los abogados defensores ya tenían parte de las evidencias que la ley establece para que sean entregadas a los acusados antes del juicio.

El juez Hoyt explicó en un documento que las mociones para la divulgación inmediata de la información de conformidad con Brady y Giglio y para petición para un Proyecto de Ley limitaciones sobre los cargos de  la acusación contra De León Pérez estaban negadas en su totalidad, puesto que las mismas son prematuras. 

Agregó que tanto las reglas locales como las Reglas Federales de Procedimiento Criminal establecen los deberes del gobierno con respecto a las divulgaciones requeridas. 

Afirmó que los cargos 1 y 2 acusan al demandado por los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para utilizar el correo y otros medios, respectivamente, para llevar a cabo un supuesto plan para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Asimismo, los cargos 4 a 7 imputan actos sustantivos de lavado de dinero, ayuda y complicidad en violación de la ley federal.

Dijo el juez que el acusado recibe un nombre específico y la conducta alegada, y de llegar a demostrarse, constituye una violación de la ley federal. 

Comenta Hoyt que si el acusado es declarado culpable de algún delito por el jurado, los detalles de la presentación probatoria se pueden volver infundados y por ello no los aprueba. 

En magistrado acordó que la moción del acusado para la Ley de Limitaciones Particulares también debía ser negada, "ya que la Acusación de la fiscalía establece claramente los elementos de las ofensas pertenecientes al acusado y le informa suficientemente sobre los crímenes por el cual se le juzga".

Las solicitudes se niegan como prematuras y simuladas acotó el juez al final de su comunicación, concluyó el juez.
Brady v Estado de Maryland


Brady v. Maryland, 373 US 83 (1963) es una de las sentencias más importantes dictadas por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El peticionario y su compañero (llamado Donald Boblit) fueron condenadas a muerte por cometer asesinato en primer grado. Aunque Brady admitió que estaba involucrado en el crimen, afirmó que el acto de matar hecho por Boblit. El consejo de Brady había solicitado acceso a todas las pruebas materiales, incluyendo las declaraciones de Boblit. Aunque se facilitó la mayoría de ellos, la acusación había alguna evidencia de que no se demostró que el abogado del peticionario. Ellos incluyen la declaración escrita de Boblit admitir que la matanza real hecho por sí mismo. El consejo de Brady apeló ante la Corte de Apelaciones de Maryland para el alivio posterior a la condena.


Durante los procedimientos posteriores a la condena, el abogado de Brady planteó la cuestión de la declaración escrita de Boblit que no fue revelada por la acusación durante el juicio. La corte de apelaciones sostuvo que la ocultación de pruebas por la acusación es violación de la cláusula del debido proceso. El tribunal ordenó un nuevo proceso para decidir la sentencia. Finalmente, el caso llegó a la Corte Suprema. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Maryland y dictaminó que la acción de la fiscalía violó los derechos al debido proceso de la peticionaria. Hoy en día, el fallo en el caso de Brady se aplica ampliamente; como de descargo a menudo se llama material de Brady.

viernes, 1 de junio de 2018

Esposa del vicepresidente de Asuntos Legales de Citgo se prepara para abandonar los Estados Unidos

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La esposa de Alejandro Escarrá Gil, Mónica Ortigoza Villasmil, prepara sus maletas para abandonar su lujosa residencia ubicada en Terrace of Memorial, cerca de Briarhills Pkwy al oeste Houston, una organización cercana de la sede de CITGO en el Energy Corridor. Escarrá Gill no podrá retornar a los EE. UU. ya que el gobierno estadounidense le negó su reingreso al país la pasada semana
Hasta el cierre de esta nota no se conocía el sustituto de Alejandro Escarrá Gil como vicepresidente de Asuntos Legales de CITGO. 

Alejandro Escarrá Gil es sobrino del constituyente sancionado por  el Departamento del Tesoro de EE. UU., Hermann Escarrá, e hijo del abogado chavista fallecido Carlos Escarrá. 

A inicios de 2018, se conoció que Escarrá Gil habría cometido una serie de irregularidades en el procedimiento de solicitud de la visa L1 en complicidad con altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Las visas L1 son exclusivamente para el traslado de ejecutivos de multinacionales a territorio estadounidense. Para este visado se requiere que el solicitante sea un ejecutivo de carrera en la empresa matriz que lo va a trasladar. Escarrá Gil no cumple con los requisitos puesto que entró a trabajar en PDVSA el 14 de abril de 2014, y a finales de mayo y principios de julio de ese mismo año estaba tramitando el mencionado visado.

Mónica Ortigoza es modelo. Nació en Maracaibo. Actualmente tiene dos hijas de su matrimonio con Escarrá Gil que estudian en la escuela Barbara Bush Elementary en Houston, Texas.

Según una fuente ligada al entorno de Ortigoza, "este viernes 1° de junio terminan las clases, y la mujer con sus dos hijas tiene planeado salir de los Estados Unidos en las próximas 3 semanas para regresar a Venezuela". 

Una segunda fuente cercana a la familia dijo que los Escarrá-Ortigoza están evaluando irse a Costa Rica, Panamá, Europa, Canadá o Australia.

Mónica Ortigoza es hija de la fallecida periodista, Xiomira Villasmil, quien fue  viceministra de Comunicaciones durante el gobierno de Hugo Chávez y estuvo al frente del programa Aló Presidente y manejó aspectos comunicaciones del fallecido mandatario. Villasmil murió en 2011.
En este reparto se encuentra ubicada la residencia de los Escarrá -Ortigoza,  en Terrace of Memorial, cerca de Briarhills Pkwy al oeste Houston