miércoles, 11 de abril de 2018

Hermann Escarrá: de defensor de Boliburgueses a legalista represor

A continuación presentamos unos documentos escritos del puño y letra del abogado constitucionalista, Hermann Escarrá, en los que defiende y reclama el respeto de los derechos de quienes estafaron a la nación durante el gobierno de Hugo Chávez. El jurista ahora exige castigo para quienes disientan del socialismo del siglo XXI y piden que sean declarados constitucionalmente como traidores a la patria.

Por Maibort Petit
@maibortpetit


El defensor a ultranza del régimen de Nicolás Maduro, el constituyente Hermann Escarrá, quien en la actualidad trabaja en la confección del articulado que sobre los delitos de "traición a la patria" se incorporarán al texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que se propone reformar —o reescribir— la Asamblea Nacional Constituyente instituida irregularmente por la administración de Nicolás Maduro, anunció que dicho órgano "será firme" a la hora de imponer los castigos constitucionales a los venezolanos que deambulan por el mundo solicitando sanciones para el país.
Curiosamente, Escarrá —sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos— al momento de esgrimir los argumentos que darán sustento al articulado que prevé los castigos a implementar la traición a la revolución chavista, deja de lado todas las tesis que uso cuando en 2010 defendió los derechos del banquero para la época prófugo del gobierno de Hugo Chávez,  Pedro José Torres Ciliberto y de su hijo Pedro José Torres Picón, quienes en aquel entonces se encontraban solicitando asilo político en los Estados Unidos de América.
En esta carta puede apreciarse los montos que el abogado socialista, Hermann Escarrá cobrara por sus servicios
a los acusados por Hugo Chávez de delitos financieros.
Y es que hay que recordar que Hermann Escarrá formó parte del costoso equipo de abogados contratado por Torres Ciliberto para que lo defendieran de las acusaciones formuladas por los órganos de justicia de Hugo Chávez que lo acusaban de delitos de apropiación de fondos públicos y fraude financiero. Torres Ciliberto fue por años miembro del contubernio chavista, y gracias a sus contactos logró hacerse de bancos para aquellos tiempos importantes según reportan los récords públicos.

Los servicios de Hermann Escarrá a favor de Torres Ciliberto, gran amigo del exvicepresidente de la república y excanciller, José Vicente Rangel, y compadre del mismísimo Hugo Chávez, así como del otrora poderoso ministro de la Defensa, hoy tras las rejas, el general Raúl Baduel, tenían costos inverosímiles. Por hacer gestiones para pedir protección para sus dos clientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ayudar para que le levantara la alerta de Interpol, cobró USD 150.000,00.
Documentos en nuestro poder dejan claro —además— el juicio que Hermann Escarrá tenía para ese momento de fallecido presidente Hugo Chávez, y su gestión de gobierno, la que llegó a calificar de "mecanismo político de segregación, a través de los cuales se perseguía, atropellaba e intimidaba" a sus víctimas, entre quienes obviamente el abogado defensor incluía a sus clientes, Torres Ciliberto y Torres Picón.

En una carta enviada al jurista Víctor X. Cerda, del bufete Jackson Lewis LLP, quien en definitiva fue el encargado de gestionar el “Alerta Roja de Interpol” de Torres Ciliberto y Torres Picón, Hermann Escarrá manifestó que las imputaciones de delitos comunes y las órdenes de aprehensión emitidas contra sus clientes tenían un marcado interés político.

“Con esta opinión espero cumplir con parte de nuestra conversación en Nueva York sobre la particular situación de los exiliados venezolanos que están solicitando la tutela del Derecho de asilo y que de verdad podamos ayudar efectivamente a nuestros representados, señores Pedro Torres Ciliberto y Pedro Torres Picón quienes son víctimas del régimen imperante en Venezuela y como bien sabe usted objeto de persecución, atropello e intimidación que son los mecanismos políticos de segregación que utiliza el Presidente venezolano”, le expresó Escarrá a Cerda antes de exponerle los argumentos con que esperaba demostrar que la Interpol, de acuerdo a su estatuto, no podía decretar “Alertas Rojas” ni llevar a cabo ningún otro tipo de actuación en situaciones políticas como la que se vive en Venezuela.

Los antecedentes expuestos

Antes de continuar exponiendo la posición de Hermann Escarrá, detengámonos para hacer referencia a Pedro José Torres Ciliberto y Pedro José Torres Picón.

El primero, ahora exiliado en Estados Unidos, se apoderó de Seguros La Previsora en 2009 —durante la minicrisis bancaria— a través de una intrincada operación de ingeniería legal y financiera que se llevó a cabo en varios escenarios, entre ellos Panamá, y que le permitió, con la asesoría de expertos españoles y unas empresas de maletín, asegurarse la compra en tales condiciones que, aun exponiéndose a expropiación y tener que huir al extranjero, le proporcionara grandes ganancias y sin tener nada que lamentar.

Con la minicrisis bancaria de finales de 2009 se vieron afectados un grupo de bancos pequeños, a saber Canarias, Bolívar, Confederado y Banpro, los cuales estaban en manos de inversionistas que hasta entonces se consideraban cercanos al régimen chavista, destacando entre ellos, Ricardo Fernández Barrueco —conocido como el zar de Mercal— seguido de Pedro Torres Ciliberto, un polémico empresario estrechamente vinculado a José Vicente Rangel, como ya hemos citado.

En sólo doce meses constituyeron un grupo empresarial y llevaron a cabo una vertiginosa campaña de compras corporativas, adquiriendo así no solamente los cuatro bancos, sino la operadora de telecomunicaciones Digitel. Igualmente estaba punto de comprar el Banco Nacional de Crédito (BNC) de José María Nogueroles, una operación en la que se alió con Julio Herrera Velutini, quien acababa de adquirir el Helm Bank y el Banco Real.

Tal  asalto al sector financiero se tropezó con un obstáculo político cuya naturaleza todavía se desconoce, pero que se atribuye a la ojeriza que por el grupo sentía quien para la fecha se desempeñaba como Superintendente de Bancos, Edgar Hernández Behrens, quien contó con el apoyo de su cuñado, el excapitán y exgobernador Ronald Blanco Lacruz, para impedir activamente que las transacciones se cerraran.

Oficialmente se dijo que las compras de los bancos se llevaron a cabo con participaciones cruzadas entre ellos sin que, muchas veces, quedaran sustanciadas con intercambios de valores por acciones. Incluso, los bancos estaban dando fondos masivos, sin las correspondientes contraprestaciones de garantía, a empresas vinculadas a los nuevos accionistas.

El 19 de noviembre de 2009, quien ejercía el Ministerio de Finanzas, Alí Rodríguez Araque, anunció la intervención de los bancos “a puertas abiertas”. Sin embargo, apenas transcurrida una semana dio a conocer su cierre y la liquidación de dos ellos. A la final, todos pasarían conformar la masa crítica que dio pie al banco estatal Bicentenario.

La defensa de Torres Ciliberto por Escarrá

Un documento presentado por Hermann Escarrá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, OEA, en representación de Pedro José Torres Picón y Pedro José Torres Ciliberto (peticionarios del asilo) inició con la exposición de las razones que lo llevan a hacer la solicitud ante el organismo.
Citó los artículos 44, 48, 50 y 61 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos del cual es parte la República Bolivariana de Venezuela y que ha sido adoptada como norma jurídica por el país desde 1977, así como los artículos 28 y 32 del reglamento de la CIDH, para dar sustento a la petición.

Sostuvo que el Estado venezolano ha violado los derechos correspondientes a la integridad personal, garantías judiciales, debido proceso y derecho a la defensa, principio de legalidad, protección de la honra y la dignidad, de la vida privada e intimidad, derecho de igualdad ante la ley, protección judicial y tutela efectiva, derecho de circulación y residencia, derecho a la propiedad privada, protección a la familia, derecho a la libertad y seguridad personal contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Conocido como Pacto de San José.
En tal sentido y partiendo de lo expresado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su preámbulo dirigido a reafirmar “su propósito de consolidar en este continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre...”, Escarrá hace referencia a la “situación jurídico-subjetiva lesionada de los peticionarios o legitimados activos e igualmente a la especificidad procedimental en cuanto a la admisibilidad, lo referido a la competencia y la solicitud de medidas cautelares”.

Quien ahora se empeña a castigar la disidencia y a catalogar como traición a la patria la objeción a los inhumanos métodos y acciones del gobierno de Nicolás Maduro, para aquel entonces alegó que “en Venezuela se vive una situación grave en el orden institucional tal como lo expresa diversos informes de la CIDH, que afecta de manera fundamental al Poder Judicial el cual es utilizado como un mecanismo de persecución, intimidación y segregación”, una situación que en la actualidad niega, pese a la opinión en contrario de expertos y a la realidad patente que padecen día a día los venezolanos.
Y aun cuando ahora las menosprecia, en su solicitud en favor de los Torres recurrió a las denuncias formuladas ante la Corte Penal Internacional por políticos, empresarios, militares y ciudadanos no investidos de autoridad como los líderes petroleros.

Y aunque ahora lo defiende y expone como ejemplo, para el momento de presentar la solicitud de asilo de los Torres, refirió que el Poder Judicial venezolano se encuentra sometido a las instrucciones presidenciales. Presentó como ejemplo, pruebas documentales donde el presidente Chávez daba órdenes al Tribunal Supremo de Justicia y al Ministerio Público (Fiscalía General de la República), lo cual constituyen injerencia directa en el Poder Judicial.

Pero las afirmaciones dicha injerencia presidencial no se limitaron a las citadas instancias, sino que el ahora constituyente aseguró que también se extienden a otros poderes del Estado, como el Legislativo, o instituciones como las Fuerzas Armadas, a las cuales el presidente Chávez identificaba con su proyecto personal y político. Para probar esto, recurrió a un documento, la planificación socialista para el Siglo XXI elaborada por Presidencia de la República y aprobada de manera subordinada por el Poder Legislativo, dejando en evidencia la persecución y eliminación de la disidencia y de la pluralidad política así como la eliminación de la propiedad privada y persecución de los empresarios. Igualmente, presentó el proyecto de reforma constitucional que Hugo Chávez propuso en 2007 y en el que, entre otras cosas, planteaba “la imperiosa e ineludible necesidad de ir a un proceso de Reforma Constitucional a fin de adaptarla [la constitución] y dotarla de elementos que consoliden el avance hacia la ruptura del modelo capitalista burgués”.

Igualmente agregó Escarrá que en la propuesta de reforma constitucional Chávez también hizo referencia al sistema bancario indicando lo siguiente: “Por ello la Banca debe establecer nuevos fines y objetivos que compatibilicen las políticas bancarias y el destino del crédito con los planes y fines de la economía productiva”.

Explicaba el abogado que con este planteamiento, el presidente Chávez dejaba en evidencia su intención de ir sustituyendo la banca y el sistema financiero privado en Venezuela, por lo que a su parecer era presumible, un “ataque del régimen a ciudadanos honorables que han dedicado su vida a la construcción de trabajo mediante el desarrollo de la riqueza, aún más, queda clara la política del Estado de segregar, intimidar, perseguir a los actores del sistema financiero privado como ocurre con mis representados los ciudadanos Pedro Torres Ciliberto y Pedro Torres Picón utilizando la Jurisdicción Penal mediante el abuso judicial, la negación de las garantías procesales y la violación de los Derechos Humanos a pesar de tratarse de empresarios de larga tradición hoy perseguidos políticamente a quien se busca dañar su reputación personal y profesional, incluso, buscando el desprecio público a través de los medios televisivos y la palabra agresiva e intimidatoria del Presidente de la República”.

Cercenar los derechos que antes exigía

Quien en la actualidad propone constitucionalizar la perecuación de la disidencia, mientras ejercía la representación de Torres Ciliberto y Torres Picón se remitió a la Declaración Universal de los Derechos Humanos del Hombre que en su artículo 28 establece que: “toda persona tiene derechos a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”.

Igualmente apeló a la Carta Democrática Interamericana que dispone en su artículo 1 que, “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos a la obligación de promoverla y defenderla”.

Es así como dentro de esta contextualización, Hermann Escarrá destacó los efectos de la grave violación de los Derechos Humanos cuando el gobierno venezolano persigue, intimida, utiliza el Poder Judicial evadiendo el principio de la separación e independencia de los poderes, las garantías constitucionales e internacionales procesales, el derecho a la tutela efectiva, el derecho a un proceso judicial debido y a un proceso judicial justo que no solo pueda ser calificado de constitucional, sino que responda al Derecho Internacional de los DDHH y, en particular, a los contenidos y propósitos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.

Advertía que la tutela judicial efectiva de los Derechos Humanos no puede separarse del derecho a las garantías judiciales, al tiempo que subrayaba la necesidad de asegurar los derechos inherentes a la persona humana y los que derivan de la forma democrática. En tal sentido, precisaba que la vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático requiere de un orden jurídico institucional que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de los gobernantes, siendo que uno de los principios que caracterizan al Estado de Derecho es la separación e independencia de los poderes como elemento esencial de la Democracia.

Citó algunos casos que ejemplifican la injerencia del poder ejecutivo venezolano en el poder judicial, entre los que destacó el de la Juez María Lourdes Afiuni Mora, detenida arbitrariamente violándosele todos sus derechos y garantías en razón de la orden dictada por el presidente Hugo Chávez, quien a través de una cadena de radio y televisión la calificó de “bandida” y señaló: “Yo exijo dureza contra esa jueza; incluso le dije a la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (de justicia, Luisa Estela Morales), y le digo a la Asamblea Nacional: habrá que hacer una ley porque es mucho más grave un Juez que libere a un bandido, que el bandido mismo. Es infinitamente muy grave para una República, para un país, que un asesino, porque pague un Juez lo libere. Es más grave que un asesinato, entonces habrá que meterle pena máxima a esta jueza y a los que hagan eso. Treinta años de prisión pido yo a nombre de la dignidad del país”.

Luego de emitido este mensaje, la jueza fue imputada por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de corrupción propia, abuso de autoridad, favorecimiento para la evasión y asociación para delinquir, previstos en la Ley Contra la corrupción, el Código Penal y la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.

Salvaguarda de los derechos

En el documento que bien pudiera usarse en la actualidad para rebatir cada uno de los argumentos con el que el propio Escarrá pide castigo para quienes contravengan los mandatos de Maduro, el abogado del régimen chavista aludía a la responsabilidad internacional que tienen los estados parte del Tratado de Derechos Humanos ante los actos, hechos, omisiones, ilícitos que sean imputables internacionalmente a dicho Estado por la violación al Tratado, especialmente —subrayaba— cuando se viola el recurso efectivo ante los tribunales, el derecho de acceso a la justicia, el derecho al debido proceso tal como ocurre en la situación jurídico-subjetiva de Pedro José Torres Ciliberto y Pedro José Torres Picón, cuyos abogados no pudieron juramentarse como defensores ante el tribunal donde cursaban sus causas.

Ante esta situación, Hermann Escarrá pidió la revisión de los casos y de la jurisprudencia de la Comisión y de la Corte de Derechos Humanos relativas a la materia a objeto de que pudiera ser esgrimida y aplicada en el caso de sus clientes.

Acceso a la justicia

Apelaba quien ahora lo niega, al derecho al acceso a la justicia, al derecho a la información y a la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal, consagrados por la Corte de Derechos Humanos.

Refería que para que pueda existir el debido proceso es necesario, como lo dictaminó la CIDH,  que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Es decir, decía Escarrá, no hay debido proceso sin el recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, en pocas palabras, si no tiene acceso a la justicia.

Refería que existe una relación profunda y vinculante entre el acceso a la justicia mediante un recurso efectivo, sencillo y rápido y el derecho a un proceso con garantías en el marco del Estado de Derecho en una sociedad democrática.

Sostenía que, aparte de la subordinación de los poderes públicos al gobierno, en Venezuela se ha venido produciendo una jurisprudencia del más alto tribunal de la república que busca desnaturalizar el contenido y propósito de la Constitución de 1999.
Como ejemplo citó la legitimación que viene operando de las inhabilitaciones políticas a través de potestades administrativas y sin que exista una sentencia definitiva y firme que confirme el presunto hecho punible.

Se remitió a la decisión de la Sala Constitucional de autorizar mediante argumentos inconsistentes las inhabilitaciones a la disidencia, o en las sentencias que desconocen la descentralización contenida en el artículo 164 de la Constitución, por ejemplo.

También la Sala Constitucional —decía Hermann Escarrá— busca desconocer a la justicia interamericana en materia de derechos humanos, violando lo establecido en el artículo 31 de la Constitución que estableció la obligatoriedad de dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los organismos internacionales, la cual no admite interpretaciones distintas. Se remitió a la sentencia del 3 de diciembre de 2008 que consagró el sistema de reelecciones perpetuas del Presidente de la República, aun con el precedente de que tal posibilidad quedó negada por el pueblo en el referendo sobre un proyecto de reforma constitucional. Pese a esto, el TSJ en una forma inédita además de ilegítima, impuso un procedimiento en virtud del cual normas del rango legal o sub-legal podrían modificar la norma superior constitucional.

El poder abusivo del Estado

Hermann Escarrá hace referencia en su petitorio al caso de la intervención y ocupación de Seguros La Previsora, propiedad de Pedro Torres Ciliberto, por parte del gobierno venezolano, lo cual a su modo de ver ilustraba la forma atropellada y contraria al marco legal vigente que caracteriza la actuación del régimen en materia de expropiación.

Subrayó que solamente en 39 días, Seguros La Previsora pasó de su legítimo dueño a manos del Estado sin cumplir el procedimiento expropiatorio previsto en la ley y sin pagar a sus accionistas indemnización alguna.

Destacó que a la fecha en que se notificó el inicio del procedimiento de inspección permanente, Seguros La Previsora contaba con un capital pagado de Bs. 393.000.000, un superávit de 351.000.000, un patrimonio de 764.413.000, un margen de solvencia de 1,36 y una suficiencia de reservas 76,63, con lo que quedaba claro que no existían motivos fundados para suponer que la empresa pudiera incurrir en atraso o quiebra o que su margen de solvencia no se ajustara a lo dispuesto por el Ejecutivo Nacional.

Aseguró que la Superintendencia de Seguros incurrió en un falso supuesto de hecho y en una extralimitación de atribuciones con desviación de poder al haberse violado las normas, los procedimientos y los lapsos que establece la ley.

Fue así, continuó Escarrá, como en abierto desconocimiento del procedimiento de inspección e intervención legalmente establecido, el gobierno procedió a adscribir al Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas a Seguros La Previsora. El proceso se remató con el nombramiento de una Junta Administradora de Seguros La Previsora y el posterior decreto 7332 emitido por el presidente de la república, Hugo Chávez, mediante el cual se autorizó a la empresa estatal Bolivariana de Seguros y Reaseguros, S.A. fusionar por absorción Seguros La Previsora.

Escarrá aseguró en el documento que con la expropiación de Seguros La Previsora se violentaron  todas las garantías de las disposiciones legales en materia de expropiación, como son la garantía de la declaratoria mediante un acto con fuerza de ley de un fin de utilidad pública o social; la garantía de la determinación formal por el ente expropiante de los bienes concretos a ser expropiados para satisfacer ese fin de utilidad pública; la garantía de la razonabilidad, adecuación y proporcionalidad de la declaración de uso público y del acto de afectación de bienes; la garantía del cumplimiento del procedimiento contradictorio ante los tribunales competentes; la garantía de la fijación objetiva de una compensación monetaria justa e integral; y la garantía del pago oportuno de esa compensación en forma previa a la desposesión de los bienes afectados.

No es expropiación

Advierte que lo ocurrido con Seguros La Previsora es solamente un ejemplo de que en Venezuela se impuso de hecho la transferencia coactiva de la propiedad, pues nada de lo ocurrido con la citada empresa puede catalogarse de expropiación.

Refería que la expropiación está prevista en el texto de la Constitución, específicamente en el artículo 115  que establece que “solo por causas de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier tipo de bienes”.

Agregó lo estipulado en el artículo 17.2 de la declaración Universal de Derechos Humanos: “Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”. Un derecho que también prevé la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José en el artículo 21.1.2 al indicar que “toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes”.

Luego de narrar cronológicamente todo el proceso expropiatorio, Hermann Escarrá informó que el Ministerio para el Poder Popular y Finanzas procedió al decomiso de los bienes de la empresa, a pesar de que esta es una medida de carácter punitivo y como pena accesoria a la principal que es privación de libertad, sin que haya existido previamente una sentencia judicial por un Tribunal con competencia en materia penal.

El 26 de marzo de 2010 se emitió el Decreto Presidencial N° 7332 publicado en Gaceta Oficial que autorizó la fusión por absorción entre las empresas La Bolivariana de Seguros y Reaseguros, S.A. y CNA de seguros La Previsora, sin que Freeway Global, Ltd., accionista mayoritaria de esta última aprobara dicha fusión, máxime cuando contra ella o sus accionistas no existía un proceso legal y no medió indemnización alguna.

Concluye que estos actos de gobierno no son una expropiación, sino violaciones al Derecho de Propiedad que presuponen transferencias coactivas de la misma.

Sin derecho a la defensa

El abogado del régimen expuso en aquella oportunidad, muy en contrario a lo que ahora sostiene, que a sus clientes, Torres Ciliberto y Torres Picón, se les negó el derecho a la defensa.

Igualmente indicó que a los citados no se les permitió entregar la documentación propia de las empresas que menciona el Ministerio Público en el escrito acusatorio y tampoco pudieron solicitar la práctica de diligencias e investigación, con lo que se violó el Código Orgánico Procesal Penal.

De esta manera, aseguró Escarrá, quedó en evidencia la indefensión y desventaja ante el poder punitivo del Estado de los peticionarios que representaba, los cuales fueron víctimas de la violación de su derecho a la defensa.

 Violación al Debido Proceso

Seguidamente, Hermann Escarrá hizo referencia a la violación que hicieron las autoridades judiciales a la garantía al debido proceso de Pedro José Torres Ciliberto y Pedro José Picón, toda vez que sus abogados, Gregory Odremán Ordozgoitty y Jorge Paris Mogna, acudieron ante el Tribunal Undécimo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas para consignar los documentos poder otorgados por los primeros para representarlos jurídicamente, pero se les negó tal derecho.

Recordó que el Código Orgánico Procesal Penal que afirma: “El nombramiento del defensor no está sujeto a ninguna formalidad. Una vez designado por el imputado, por cualquier medio, el defensor deberá aceptar el cargo y jurar desempeñarlo fielmente ante el juez haciendo constar en acta”, agregando que tal garantía se les negó a los Torres a quienes no le les permitió que sus defensores se juramentaran, dejándolos en total indefensión y sin acceso alguno al expediente.

Se remitió entonces a artículo 49 constitucional que establece que “La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso”.

Contó cómo la secretaría del tribunal a viva voz mantuvo la conducta de no recibir escritos y de evitar cualquier forma de apelación.

Manifestó que en el Estado Constitucional de Derecho los procesos deben desarrollarse con las debidas garantías, para que tenga lugar lo que en el derecho comparado se llama “proceso justo con garantías judiciales”.

Escarrá advirtió que no puede haber resolución o proceso justo sin una evaluación directa y personal del imputado, por lo que negar el acceso al expediente o a la apelación, constituye indefensión y en consecuencia violación del debido proceso, como en efecto ocurre en el caso de los Torres a quienes ni siquiera se les permitió juramentar a sus abogados.

Recurrió a lo pautado por la ONU en el conjunto de principios para la protección de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión de quienes “Se presumirá la inocencia de toda persona sospechosa o acusada de un delito y se le tratara como tal mientras no haya sido comprobada su culpabilidad conforme al derecho en un juicio público en el que haya gozado de todas las garantías necesarias para su defensa”.

Independencia e imparcialidad judicial

Entonces el constitucionalista del régimen se remite a un tema de excepcional importancia, sobre todo por la reiterada violación que del mismo ha hecho el gobierno hasta nuestros días, aun cuando el abogado ahora lo niegue insistentemente.

En aquel entonces, Escarrá se refirió a la garantía de independencia e imparcialidad que debe imperar en el Poder Judicial y la cual está consagrada en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, con lo cual se niega toda posibilidad a la existencia de jueces excepcionales políticos.

Alertó en el escrito que el derecho a un juicio justo exige la garantía del juez imparcial, no solamente en la determinación de un Tribunal, sino fundamentalmente en la existencia de garantías contra presiones exteriores de cualquier índole. “La independencia e imparcialidad del juzgador es una garantía característica del proceso judicial que aduce un haz de garantías que conforman el derecho al proceso debido”, expresó.

¿Por qué debía ser admitida la solicitud?

Hermann Escarrá expuso su argumentación acerca de las razones por las que estimaba debía ser admitido su pedido por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA en favor de Torres Ciliberto y Torres Picón.

Precisó que habiéndose agotado los recursos internos posibles, aplicaba entonces invocar la protección internacional. Una advertencia que formuló en virtud de que la jurisprudencia ha establecido que en ocasiones los recursos, aunque existan, no basta que estén en la Constitución o en la Ley o que sean formalmente admisibles, sino que realmente sean idóneos y aplicables.

Por tanto, expuso que de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y una vez cumplidos los procedimientos a lo largo de la Comisión, pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 1) Garantizar a los lesionados el goce de sus derechos y libertades conculcadas dando cumplimiento de las garantías judiciales, protección de la honra y la dignidad humana, respeto y observancia al derecho de propiedad privada, derecho a la protección judicial, derecho a la integridad personal y cumplimiento del artículo 1.1 de la Convención; y condenar a la República Bolivariana de Venezuela al pago de una justa indemnización a los lesionados estimada por expertos que sean designados por la CIDH.

Los pedidos de Escarrá

Finalmente, Hermann Escarrá solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declarar con lugar el Recurso Interamericano de Protección a los Derechos Humanos por él interpuesto a favor de sus clientes y solicitó que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitiera el Decreto de la Medidas Cautelares Innominadas.

Igualmente pidió una Medida de Protección a la integridad física y moral de sus representados y que se le notificara al entonces presidente de la república, Hugo Chávez Frías, y demás autoridades, eximirse de emitir opiniones sobre Pedro José Torres Ciliberto y Pedro José Torres Picón, hasta tanto no se produjera una sentencia definitiva y firme.

También solicitó Medida de Protección a la morada o sede del hogar de la familia, bienes, oficinas de los Torres; Medida de Protección para que los abogados designados pudieran juramentarse y conocer el expediente; Medida de Protección a la honra y la dignidad personal y prohibición de injerencias arbitrarias o abusivas en el domicilio y en la integridad familiar de los Torres Picón; y Medida de Protección y de Restitución de las Garantías Judiciales en los procesos jurisdiccionales de los citados.

Como puede verse a lo largo de estas líneas, la posición esgrimida en la actualidad por el constituyente Hermánn Escarrá, contradicen absolutamente lo por él mismo argumentado en defensa de quienes claramente estafaron a la nación. 

martes, 10 de abril de 2018

En NY: Acusan a miembros de las FARC ​​de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos

Por Maibort Petit
@maibortptit

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York anunció este martes que cuatro miembros y asociados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron arrestados en territorio colombiano acusados de conspirar para intentar traficar al menos 10 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Los acusados, según el documento aprobado por un gran jurado de Nueva York, son Seuxis Paucis Hernández Solarte, alias "Jesús Santrich", Marlon Marín, Armando Gómez alias "El Doctor"  y Fabio Simón Yunes Arboleda.
En una declaración del fiscal federal Geoffrey S. Berman, y Jesse García, Director Regional Asistente Andino de la Administración Antidrogas de los EE. UU. (DEA) dice que el gobierno de los Estados Unidos busca la extradición de los acusados ​​de Colombia.

Berman dijo que la acusación alega que los mencionados individuos fueron acusados ​por ​conspirar para enviar miles de kilogramos de cocaína desde Colombia a las calles de los Estados Unidos. Resaltó que gracias al trabajo de investigación de la DEA, ahora están bajo arresto y enfrentan cargos penales significativos. "

Por su parte, el director Regional Adjunto de la DEA Jesse García informó que la significativa operación de cumplimiento demuestra que aún quedan socios del gobierno de Colombia,  dispuestos y decididos a apoyar a los Estados Unidos y  a la misión antidrogas de la DEA en Colombia para buscar  justicia sin importar dónde se encuentren los culpables.

García dijo que dicha operación fue fuertemente apoyada por el programa de la Unidad de Investigación Sensible (SIU) de la DEA y el Fiscal General de Colombia Néstor Humberto Martínez.

En la acusación aprobada por el Gran Jurado el 4 de abril de 2018 dice que desde junio de 2017 hasta abril de 2018, Hernández Solarte, Marín, Gómez y Yunes Arboleda trabajaron juntos para producir y distribuir aproximadamente 10 mil kilogramos de cocaína desde Colombia a los Estados Unidos y otros lugares. Durante este tiempo, los acusados ​​eran miembros y asociados de las FARC. 

Señala que Hernández Solarte es un miembro de alto rango de los líderes de las FARC y un candidato para sentarse en la Cámara de Representantes de Colombia. Durante el curso de la conspiración para traficar cocaína, Hernández Solarte, Marín, Gómez y Yunes Arboleda manifestaron que tenían acceso a laboratorios para el suministro de cocaína y aviones registrados en los Estados Unidos para transportar las drogas dentro de Colombia y a través de esta. Los acusados ​​también suministraron a otros kilogramos de cocaína entre otras cosas, como demostración de su acceso a toneladas de cocaína.

En el documento se acusa a Hernández Solarte (51), Marín (39), Gómez(70) y Yunes Arboleda (72) de un cargo de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, y dos cargos de intento de importación de cocaína al territorio norteamericano. Si son condenados, los acusados ​​enfrentan una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua en cada cargo.

Según la información oficial este caso está siendo manejado por la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales de la Oficina. Los Fiscales Auxiliares de los Estados Unidos Matthew J. Laroche y Jason A. Richman están a cargo de la acusación.


Serie: Los papeles secretos de Andorra (Parte III) Los principales protagonistas del blanqueo del dinero de PDVSA

El enrevesado mecanismo de lavado de dinero proveniente de comisiones pagadas a funcionarios del gobierno a cambio de la aprobación de contratos de Petróleos de Venezuela, S.A. fue articulado por un grupo capitaneado por Diego Salazar y Nervis Villalobos. En esta entrega le damos a conocer sus perfiles de los funcionarios que se convirtieron en criminales de la justicia internacional y hasta la venezolana.

Por Maibort Petit

Una rogatoria internacional dirigida por la titular de la Sección de Instrucción Especializada I de la Bastilla de Andorra, la jueza de instrucción de delitos económicos, Canólic Mingorance Cairat, a la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela en el año 2012, solicita información acerca de si en el país existen investigaciones abiertas por corrupción  con relación a un grupo de personas y empresas a manera de cotejarlas con las que su despacho adelanta por la presunta comisión del delito de blanqueo de dineros o valores por parte de los referidos ciudadanos.
El pedido, formulado por la juez en el año 2012, obedece a las diligencias de rastreo que desde el Consejo Superior de Justicia del Principado de Andorra se inició en aquel entonces por la denuncia formulada por la oficina de Delitos Financieros de Estados Unidos (Fincen) del Departamento de Tesoro de Estados Unidos con relación a un gerente de la Banca Privada de Andorra, BPA, que había recibido grandes comisiones por parte de intermediarios venezolanos para crear empresas de maletín que sirvieran para legitimar alrededor de 2 mil millones de dólares provenientes de Petróleos de Venezuela, S.A. y sus filiales, operaciones que en total involucraban el manejo de 4 mil 200 millones de dólares provenientes de Venezuela.

A las averiguaciones del Fincen y de la jueza Mingorance Cairat, se sumaron las investigaciones periodísticas que comenzaron a arrojar información que revelaba el funcionamiento de la gigantesca trama de corrupción con la que los indiciados estaban desfalcando el erario venezolano. 

Los protagonistas habían ideado un intrincado sistema de 37 cuentas movilizadas a través de sociedades panameñas que llevaban a cabo transferencias  de fondos del extranjero en el Principado de Andorra o viceversa, especialmente del propio Panamá, de Belice o de las Islas Vírgenes Británicas.
En anteriores entregas hemos hecho mención a los delitos y los mecanismos seguidos para llevar a cabo las operaciones fraudulentas que permitieron canalizar las mil millonarias comisiones que los involucrados cobraban a cambio de la asignación de contratos de la estatal PDVSA.

En esta oportunidad queremos hablar de los protagonistas de esta trama y mostrar un breve perfil de ellos a objeto de que se tenga una idea acerca de quienes por años han esquilmado el patrimonio venezolano.

La rogatoria de la magistrada Canólic Mingorance Cairat pidió información sobre Luis Mariano Rodríguez Cabello, Nervis Villalobos Cárdenas, Diego Salazar Carreño, Estibaliz Basoa de Rodríguez,  Rosycela Díaz Gil, Omar Jesús Farías Luces, José Luis Zabala, José Enrique Luongo Rotundo, Nervis Villalobos Cárdenas, Javier Alvarado Ochoa. También sobre Luis de León Pérez, Julia Van Den Brule, Ingrid Sánchez Rosales, Antonio Salvador Lozano, Albino Ferreras Garza, Francisco Rafael Jiménez Villarroel, Mariela Matheus Baptista, Fidel Ramírez Carreño, Hugo Bolívar Farías, Hercilio Rivas Sierra, José Ignacio de Oyeta, Leonardo Díaz Paruta, Eubén Figuera Olivari, Luis Oberto Anselmi, Ignacio Oberto Anselmi y Eudomario Carruyo.
Las empresas sobre las que se pidió información fueron Gasehll International INC, Petroindependencia, S.A., Patrocarabobo, S.A., Administradora Atlantic 17107, Cartera de Activos Cho La Pass 190654, C.A., Welk Holding Limited, Vamshore Enterprises LTD., Memoser Compañía de Seguros. S.A., Wetshore International Limited, Baychester Invesments, S.A., Baluja International Limited, Lutmill International S.A., Fundación Tierramar Hall, Vida I Patrimonio Corretaje de Seguros, S.A., ISB Sociedad de Corretaje de Seguros i Reaseguros, C.A., Lomond Overseas, S.A., Mills Advisors, S.A., Trismas Foundation, Monterrey Management Limited, Tristaina Trading, S.A., Josland Investments, S.A., Megana International LTD., Highland Assets Corp., High Rise Proyects, S.A., Central Bertfort, S.A., Fundación Caixa Bella, Worldwide Traders Line, S.A., Red Bouquet Fundation, Calabria Overseas, S.A., I.S.B. Sociedad CS, S.A., Antigua Omega INC., Adriatic Global International, Oswald International Limited, Palmill Investments, S.A., Eagle Universal Corp., Tecal Trading INC., High and Low Profile, S.A., DT Investments and Consulting CV., Unovalores LTD., Lairholt Finance Limited. 
De todos los señalados, destacan como los principales artífices de las operaciones fraudulentas, Diego Salazar, primo hermano del expresidente de PDVSA y exministro de Energía y Petróleo Rafael Ramírez, dedicado a la venta de seguros y reaseguros; Nervis Villalobos, exviceministro de Desarrollo Eléctrico; Javier Alvarado Ochoa, exviceministro de Energía y expresidente de la Electricidad de Caracas; y el empresario Omar Farías Luces, dueño entre otras compañías de Seguros Constitución.

A los citados —personas físicas y jurídicas— según las diligencias de la Sección de Instrucción Especializada I de la Bastilla de Andorra se les detectaron cuentas bancarias abiertas en la Banca Privada de Andorra que adolecen de suficiente soporte documental que justifique las operaciones y movimientos que han experimentado. Además, se refiere que entre estas cuentas como en entre sus titulares se detectan relaciones económicas que indican la existencia de un vínculo, ya sea a través de su representante o del causahabiente.



La lista de funcionarios, asociados y amigos presentada en esta entrega no está completa. Hay un total de 35 funcionarios, ex funcionarios y amigos que forman parte de esta trama de corrupción cuyos protagonistas seguiremos dando a conocer en los próximos trabajos de esta serie denominada: Los Papeles secretos de Andorra.

jueves, 5 de abril de 2018

Piden a E.E. U.U investigar donaciones de CITGO a una fundación del ex pelotero venezolano Roger Cedeño

Una denuncia elevada al Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos (IRS) pide investigar las finanzas personales y las de la Fundación con sede en E.E. U.U. del ex grande liga venezolano. Los denunciantes creen que existe presunta malversación de los fondos donados por Citgo al ex deportista simpatizante de la revolución bolivariana. 

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Roger Cedeño el expelotero adorado por Hugo Chávez. Estuvo en la cima de la fama, ganó millones de dólares y por años fue una de las grandes promesas del béisbol venezolano y norteamericano. No logró convertirse en el "estafador del año" (en lenguaje beisbolista significa haber robado más bases) en 2001, cuando jugaba para los Tigres de Detroit por problemas de disciplina. Lo que sí consiguió fueron donaciones de la filial de PDVSA en los Estados Unidos, Citgo para una fundación sin fines de lucro que está en la picota pública por los oscuros manejos de los fondos recibidos para labores caritativas.

Desde el inicio del gobierno bolivariano, Roger Cedeño mostró simpatías por el proceso revolucionario liderado por el fallecido presidente Hugo Chávez, con quien compartió momentos de gloria y la pasión de ambos por el béisbol. Tras la partida del caudillo, el exjardinero de los Cardenales de San Luis ofreció su apoyo al sucesor del finado mandatario, Nicolás Maduro Moros. Esa solidaridad le hizo merecedor de miles de dólares en donaciones de Citgo para una fundación que creo en 2016 y que ahora estaría siendo investigada por señalamientos de malversación de fondos en territorio norteamericano.
El ex grande liga, a través de Roger Cedeño Foundation Inc, habría obtenido aportes económicos que, supuestamente, estarían muy alejados de servir a los fines altruistas que pregona de promover el deporte entre los jóvenes más necesitados de Venezuela, según demuestran evidencias y testimonios en nuestro poder.

La denuncia pide a las autoridades del Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos investigar las finanzas de la Fundación Roger Cedeño y las personales ya que se presume que existe presunta malversación de fondos donados por Citgo con fines caritativos al ex deportista simpatizante de la revolución bolivariana. 

De acuerdo a documentos confidenciales, Roger Cedeño Foundation Inc. obtuvo aportes de la filial de Petróleos de Venezuela en los Estados Unidos, Citgo, a través de PDV Holding desde su creación y hasta 2018. Los fondos otorgados dicha fundación habrían sido supuestamente malversados para fines personales por el exdeportista de fama internacional.

Roger Leandro Cedeño jugó once temporadas en las Grandes Ligas desde 1995 a 2005 para los Dodgers de Los Ángeles, los Mets de Nueva York, los Astros de Houston, Los tigres de Detroit y los Cardenales de San Luis.

Cuando concluyó su carrera en las ligas mayores, creó la Fundación Roger Cedeño, o mejor, la “Roger Cedeño Foundation Inc.”[1], en los Estados Unidos. Se trata de una entidad sin fines de lucro instituida en el estado de la Florida, exenta de impuestos a la renta federales de acuerdo a lo establecido en la sección 501 (c) (3) del Código de Rentas Internas de 1986.
    Según el registro de la Florida la sede principal de Roger Cedeño Foundation, Inc. es 1945 NE 135Th Street, Suite 174, North Miami, Fl 33181. En la actualidad en ese lugar funciona un negocio de mudanzas y almacenamiento. Los empleados del lugar dijeron desconocer la existencia de la fundación e inclusive el nombre del otrora célebre deportista.

   Los récord del registro público del estado de la Florida dicen que la Fundación Roger Cedeño Inc. fue fundada el 16 de marzo de 2016, es decir hace poco más de dos años.
  En el directorio figuran el propio Roger Cedeño como su presidente, Anil Patel y Baez Joey.

  En Venezuela, al parecer existe una institución homónima —Fundación Roger Cedeño— que a decir del pelotero viene funcionando desde 1995 y mantiene relaciones y convenios con algunas instituciones e instancias estatales, tales como el Instituto del Deporte de Valencia (Indeval) de la Alcaldía de la capital carabobeña[2]. Igualmente, Roger Cedeño mantiene una academia de beisbol —Roger Cedeño Academy[3]— tanto en EE. UU. como en Venezuela, dedicada supuestamente a la formación de nuevos valores en esta disciplina deportiva.
   Roger Cedeño Foundation, Inc. habría sido creada en apariencia con el encomiable objetivo de fomentar el espíritu deportivo —particularmente la pasión por el beisbol— en la niñez y juventud venezolana.

  La institución del exdeportista valenciano se habría propuesto desarrollar un programa deportivo en Venezuela, que contempla el béisbol y otras disciplinas, en procura de que niños y jóvenes de bajos recursos se motiven a practicar deportes y proporcionarles herramientas para su desarrollo físico saludable y su educación.

  Según fuentes consultadas por esta periodista y que pidieron permanecer en el anonimato por su seguridad, "el verdadero propósito de crear la Roger Cedeño Foundation, Inc. no fue otro que obtener una subvención de Citgo la filial de Petróleos de Venezuela, S.A. en Estados Unidos".

   Documentos en nuestro poder confirman que la fundación Roger Cedeño recibió donativos de Citgo, y una de las fuentes consultadas asegura que la mencionada donación se concretó gracias a la  amistad del ex grandeliga con el expresidente de Citgo, José Pereira, quien se encuentra en la actualidad preso en Venezuela  tras ser acusado de haber estafado a la nación[4]. H aquí un ejemplo de ello.
   A través de la Fundación Simón Bolívar de Citgo [5],  Roger Cedeño habría logrado varios aportes, tanto para su fundación como para su academia de béisbol que funciona como un negocio  cuyo objetivo es captar nuevos talentos deportivos para representarlos y venderlos a los distintos equipos profesionales. Tener una academia que tenga fines lucrativos no constituye ningún delito ni en Venezuela ni en los Estados Unidos,  lo irregular estaría dado por el hecho de que presenta su fundación y la academia funcionan como un solo ente, y la misma es presentada como una organización caritativa que en realidad está muy alejada de serlo y  que según los testimonios de personas vinculadas a esa entidad "sólo es usada como mampara en su objetivo de lograr aportes económicos en calidad de donativos".

Acuerdo entre PDV USA Inc. y Roger Cedeño Foundation Inc.

   Una de las donaciones a favor de la fundación [o academia] de Cedeño recibió del Estado venezolano se materializó el 23 de agosto de 2017, cuando PDV USA Inc. firmó un acuerdo con Roger Cedeño Foundation Inc. que entraría en vigencia a partir del 1° de septiembre del citado año.

¿En qué términos? Veamos a continuación.

   El acuerdo expresa que en razón de que Roger Cedeño Foundation Inc. solicitó la donación para desarrollar su proyecto PDV USA manifiesta su deseo de donar hasta USD 658,333.80 para “respaldar el Programa de Caridad”.
   Refiere el Acuerdo que la donación la hará PDV USA en efectivo o su equivalente para que la fundación la utilice con el único propósito caritativo de desarrollar el “Programa de Caridad”.

   Se indica que una vez la donación sea entregada a la fundación de conformidad con el acuerdo, constituirá un regalo irrevocable para que sea utilizado exclusivamente para el programa de beneficencia.
Se especifica que la donación será utilizada por el beneficiario de la siguiente manera:

  En primer término, en el programa deportivo que atenderá aproximadamente 115 jóvenes y jóvenes adultos necesitados en el Estado Carabobo, Venezuela, destinándose en equipamiento deportivo USD 139.021,90; para pago de entrenadores, fisioterapeutas, entrenadores, psicólogos USD 67.500,00; para campo deportivo USD 44.400,00, sumando todo esto USD 250.921,90.

  La primera cuota del 40 por ciento equivalentes a USD 100.368,76 se entregaría en agosto de 2017 y la segunda cuota del 30 por ciento (USD 75.276,57) en octubre de 2017. La tercera cuota del 30 por ciento (USD 75.276,57) debía cancelarse  en diciembre de 2017.

    En segundo lugar, para el programa deportivo a desarrollar en el estado Anzoátegui destinado a la atención de aproximadamente 115 jóvenes y jóvenes adultos necesitados, se destinarían USD 139.021,90 para equipamiento deportivo; USD 67.500,00 para entrenadores, fisioterapeutas, psicólogos.

  La suma de esto es igual a USD 206.521,90 que se desembolsarían de la siguiente manera: Primera cuota del 40 por ciento USD 82.608,76) en febrero de 2018; la segunda cuota del 30 por ciento (USD 61.956,57) en abril de 2018; la tercera cuota del 30 por ciento (USD 61.956,57) en junio de 2018.

  En tercer término se previó una contribución única de USD 200.890,00 que estaría destinada a la construcción de un campo deportivo que beneficiaría a jóvenes y adultos jóvenes necesitados del estado Anzoátegui.

  Se deberían presentar a PDV USA por parte del concesionario para su revisión, todos los planes de construcción, fondos disponibilidad y documentación relacionada con el proyecto y el progreso del trabajo que garantiza su finalización, los cuales deberían ser aprobados por la petrolera.

  Se establece que a los 30 días posteriores al recibo de cada donación, el beneficiario debía entregar un recibo por escrito.

“La donación al concesionario se interpretará para crear cualquier promesa o compromiso por parte de PDV USA o cualquier persona o entidad relacionada para realizar cualquier otra donación, donación o contribución al concesionario o para cualquier otro programa. La Donación contemplada en este Acuerdo será una transacción separada e independiente de cualquier otra transacción entre PDV USA y el Beneficiario o cualquier otra entidad”, establece el acuerdo.

   Las actividades y reuniones entre PDV USA y el concesionario deberán realizarse de manera coordinada para lo cual debía designarse una persona que sirviera de enlace entre las partes.

   Igualmente se previó que representantes del gobierno venezolano, PDVSA, CITGO Petroleum Corporation y cualquier otra organización, pública o privada, podía ofrecerse como voluntaria para ayudar con cualquier servicio necesario relacionado con el Programa de caridad.

  Entretanto, el presidente del concesionario, Roger Cedeño o su sucesor, asistirán a cualquier evento asociado con el Programa de Caridad solicitado por PDV USA, PDVSA, CITGO y/o el Ministerio de Petróleo de Venezuela hasta un máximo de seis veces por año calendario.

  PDV USA deberá revisar y aprobar por adelantado los lemas utilizados en relación con el Programa de Beneficencia y, según corresponda por escrito PDVSA, CITGO y/o el Ministerio de Petróleo de Venezuela antes de que puedan utilizarse.

  Después de que cada donación al beneficiario, este debería entregar a PDV USA en un plazo de un año, un informe de progreso del proyecto, advirtiéndose que de no estar la petrolera satisfecha con dichos informes, el beneficiario atendería y resolvería con prontitud cualquier problema indicado.

    El acuerdo indica que PDV USA y/o sus representantes tendrán el derecho de examinar, auditar y copiar (en costo y gasto únicos) aquellas partes de los libros, registros y documentos del beneficiario que se relacionan con el Programa de Beneficencia y el cumplimiento por parte de este último de sus obligaciones.

    PDV USA y/o sus representantes podrán, a su exclusivo criterio y sin notificación verbal o escrita previa al concesionario, realizar visitas no anunciadas a cualquier ubicación donde se esté implementando el programa de beneficencia para verificar el cumplimiento por parte del concesionario del acuerdo.

   El acuerdo estable una serie de exigencias a efectos de que la Roger Cedeno Foundation Inc. se encuentre ajustada a los términos y exigencias de la legislación estadounidense. Asimismo, acerca de la manera en que deberán llevarse a cabo las distintas etapas del acuerdo y las direcciones y personas a las que deberán realizarse las comunicaciones de cada una de las partes.

   El resto de los puntos corresponden a las formalidades de rigor en este tipo de acuerdos.

Las viejas glorias de Roger Cedeño

    Para los amantes del beisbol el nombre de Roger Cedeño no les es indiferente y, especialmente a los venezolanos, los remite a la novena de los Leones del Caracas en la que se desempeñaba como jardinero. Un prospecto valenciano al que sus habilidades al momento de “robar bases” lo llevaron a convertirse en una ficha apetecible para las grandes ligas. Once temporadas desde 1995 a 2005 para los Dodgers de Los Ángeles, Mets de Nueva York, Astros de Houston, Tigres de Detroit y Cardenales de San Luis, dan cuenta de ello.

   Cedeño se convirtió en uno de las principales fichas de los Dodgers de Los Ángeles cuando lo firmó el equipo y la gran expectativa con este jugador era que se convirtiera en el novato del año porque se perfilaba como un gran robador de bases. Pero no fue así y terminó fuera del equipo después de un pobre desempeño en cuatro temporadas.

    De allí siguió su periplo por los equipos antes señalados y con los Mets de Nueva York, en 1999, rompió records al robarse en esa temporada 66 bases y bateó para .313, exhibió un porcentaje de embasadas de .396 y un porcentaje de slugging de .408. Todos estos serían mejores marcas de carrera.

  En el año 2001 se esperaba que Roger Cedeño, jugando para en esa temporada con Detroit Tigers, se convirtiera en el líder robador o estafador de bases —como también se les conoce— pero un evento inesperado ocurrió, el manager del equipo lo sentó en las bancas por una semana, una medida que por lo general se adopta ante la indisciplina del jugador, impidiéndole este castigo “coronarse” como la estrella timadora de las colchonetas ese año. En su lugar, Ichiro Suzuki, un hombre caracterizado por su disciplina, se llevó los honores al robarse 56 bases, algo que al parecer no agradó a Cedeño —había perdido los bonos que los equipos suelen pagar a los más destacados— manifestó su disgusto con algunos comentarios y terminó fuera de la novena. Sin embargo, su record nada despreciable fue de .293 de bateó y 55 bases robadas por detrás del japonés.

   Cuando su desempeño mermó aceptó jugar en la liga menor con los Orioles de Baltimore en 2007. 

   La carrera de este valenciano nacido el 16 de agosto de 1974 culminó con un promedio de bateo de .273, 40 jonrones, 274 impulsadas y 213 bases robadas en 1 mil 100 juegos[7].

  A su regreso de las grandes ligas, muy desmejorado, logró ingresar de nuevo a los Leones del Caracas, pero sin razón alguna, a mitad de temporada, abandonó el equipo.

   De cualquier manera, Roger Cedeño llegó a acumular ingresos desde 1995 hasta 2005, de USD 29.800.500, discriminados de la siguiente manera: Con los Dodgers de Los Ángeles en 1995 obtuvo USD 109.000, en 1996 USD 124.000, en 1997 USD 200.000, en 1998 USD 280.000. De allí pasó a los Mets de Nueva York en 1999 con quienes ganó USD 487.500. El año 2000 se lo dedicó a los Astros de Houston con quienes devengó USD 2.400.000. Los Tigres de Detroit lo recibieron en 2001 con USD 2.700.000. Volvió con Mets de Nueva York con quienes ganó en 2002 USD 2.375.000, USD  4.875.000 en 2003 y USD 5.375.000 en 2004. Los Cardenales de San Luis le dieron ingreso de USD 5.500.000 en 2005 y de USD 5.375.000 en 2006.

Propiedades de Roger Cedeño en el estado de la Florida

   De acuerdo a récords de propiedades inmobiliarias del estado de la Florida, Roger Cedeño ha tenido al menos tres propiedades en el norte del condando de Miami Jade.

1) Venture at Aventura West Condo ubicado en el 2775 NE 187 Street Apartamento #218, North Miami Florida 33180. La unidad que tiene 3 habitaciones y dos baños fue adquirida por USD 380.000,00 y se informa que la misma tuvo problemas en 2007.

2) Roney Palace Condo 2301 Collins Avenue #304, Miami Beach 33139. En los registro dice que la fecha de compra fue en junio de 2016 por un monto de USD 550.000,00

3) Bellamare at William Island Condo 600 Island Boulevard #402, Aventura 33160. Los récords indican que Cedeño adquirió esta propiedad en noviembre de 2011 por USD 1.033.050,00. Existe un proceso de hipotecario en la historia de este apartamento según aparece reflejado a continuación.

Empresas inactivas

   La primera empresa es Rcat Investment creada en julio de 2015 y que fue disuelta voluntariamente en 2016. La dirección de esta entidad estaba ubicada en ciudad Doral, al oeste de Miami.


La segunda empresa de Cedeño es Cedeno Promotion LLC creada en mayo de 2003 y cerrada en 2005.
La tercera es CPA Xpress Group Inc también disuelta voluntariamente.

Los registros de la fundación

Venezuela Política no pudo obtener una versión de los hechos por parte de Fundación Roger Cedeño. Un cuestionario enviado a correos electrónicos de la entidad no ha sido respondido al cierre de esta edición.

Asimismo, tratamos de comunicarnos vía telefónica con varios número de teléfonos, entre ellos el que se nos dijo era el celular personal del señor Cedeño, pero tampoco logramos comunicación. Visitamos dos direcciones arrojadas en las búsquedas de internet pero las personas entrevistadas no conocían ni la Fundación Roger Cedeño ni a su presidente. 

El blog Venezuela Política está abierto a que todas las personas, instituciones y empresas mencionadas en esta nota periodística puedan expresar libremente sus versiones de los hechos. Invitamos a todas las personas que puedan aportar mayor información para esclarecer el tema, a comunicarse con nosotros a nuestro correo blogvenezuelapolitica@tuta.io