miércoles, 14 de febrero de 2018

Tras 8 años del hundimiento del Aban Pearl los responsables del gran fraude a PDVSA siguen impunes a la justicia

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Ya han pasado 8 años del hundimiento del Aban Pearl, ocurrido el 13 de mayo de 2010, y hasta la fecha ninguno de los funcionarios de PDVSA ni los contratistas involucrados en este fraude a la nación han sido investigados por las autoridades venezolanas. El escándalo de un contrato con múltiples irregularidades por US$1.315.818.950,00 por el alquiler por 5 años de la plataforma y, que tenía un sobreprecio de US$662.475.000,00 no mereció la atención ni de la Contraloría General, ni de la Fiscalía, ni de la misma empresa estatal Petróleos de Venezuela. Entre tanto, los beneficiarios de al menos US$47.916.000,00 siguen siendo inmunes a la justicia "revolucionaria".

Un saqueo a medias

Un accidente inesperado dio al traste con el plan de un conjunto de miembros del gobierno venezolano y de Petróleos de Venezuela de defraudar a la nación con USD 662.475.000,00 y permitió descubrir una trama de corrupción en el seno de la principal industria de Venezuela que se traducía en contrataciones sin licitación, sobreprecios e intermediación indebida.

Quienes planificaron y ejecutaron la contratación de una unidad semisumergible bajo condiciones leoninas para la nación y con ello hacerse de jugosas ganancias a expensas de esquilmar el erario público venezolano bajo la fachada del proyecto —en apariencia loable y de interés para el país— de desarrollar la construcción y rehabilitación de pozos petroleros costa afuera, con el supuesto objetivo de ampliar la internalización de los hidrocarburos y afianzar la soberanía en el negocio de los hidrocarburos, no contaron con que un hecho fortuito, inesperado, tuviera lugar y dejara al descubierto la magnífica jugada que habían diseñado. 

Quienes en el gobierno nacional y PDVSA se frotaban las manos a sabiendas de que los cinco años que tendría de vigencia el contrato les permitiría embolsillarse USD 662.475.000,00, vieron frustrada su aspiración cuando un accidente tuvo lugar en medio del mar y sacó a la luz lo irregular de los hechos que estaban teniendo lugar en las oficinas de la principal industria de Venezuela.

El citado accidente tuvo lugar el 13 de mayo de 2010 cuando se conoció que la plataforma gasífera Aban Pearl anclada en las costas del estado Sucre, Venezuela, se hundió. La noticia la transmitió el presidente de la república para la fecha, el fallecido Hugo Chávez, quien lo informó a través de su cuenta personal en la red social Twitter durante la madrugada de ese día: "Se inclinó a medianoche, hizo agua, cerraron operaciones, evacuaron". Igualmente lo confirmó Gopal Dupalkrishnan, director de la compañía propietaria de la estructura, Abban Offshore Ltd, al tiempo que advirtió que se desconocían las causas del incidente[1], publicó la BBC. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas que lamentar, todos los trabajadores fueron evacuados a tiempo.

La misma publicación da cuenta de que el Aban Pearl llevaba apenas una semana en operaciones  en el campo de explotación de hidrocarburos "Dragón", del proyecto Mariscal Sucre. La plataforma serviría para explorar y extraer gas y petróleo en el extremo nororiental de ese estado oriental venezolano. Todo un bochorno dado que el arrendamiento de la unidad había sido ampliamente publicitado por el gobierno nacional y la estatal PDVSA, responsable de la contratación. Jorge Giordani, ministro de Planificación y Finanzas para la época, había asegurado que estos trabajos y, en particular, el arrendamiento de la plataforma eran "motivo de orgullo de la ingeniería nacional".

Hugo Chávez trató de sortear las críticas del incidente indicando que "en el norte de Paria, en el estado Sucre se ha hecho un operativo especial por el cual hay que felicitar a los trabajadores: manejaron la contingencia de madrugada heroicamente (…) ¡Ahora toca verificar si hay riesgos!”. Dijo que él mismo iba a "estar al frente de esta emergencia.

Para explicar el hecho, Rafael Ramírez, presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. y ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo para el momento, dijo que una falla en el sistema de flotación fue la causa que provocó el hundimiento de la plataforma gasífera y detalló que el Aban Pearl alcanzó quince grados de inclinación, según reporta el Correo del Orinoco que refirió que de inmediato se activaron los protocolos para preservar la integridad del pozo, lo cual pasaba por la a desconexión del tubo que lo vincula con la plataforma. Ramírez descartó daños ambientales por el hecho.

Por otra parte, Rafael Ramírez, aseguró que previo al inicio de actividades de la plataforma, esta había sido sometida a un riguroso control de reparación, inspección y certificación, “donde se certificó que estaba en condiciones óptimas” para su funcionamiento[2]. Anunció una investigación de cuyos resultados no se tuvo información.

Entonces, con los días, comenzaron a conocerse otros datos que asomaban que el contrato del arrendamiento de la unidad semi sumergible por parte de PDVSA estaba muy lejos de ser hecho del cual se podía estar “orgullosos” y, muy por el contrario, sí habría que estar preocupados.

El Nacional publicó una nota en la que se advertía que el deterioro de la plataforma gasífera era algo que se conocía desde los primeros tiempos de la negociación. La nota refería que ya el 15 de agosto de 2009 la instalación debió ser evacuada de emergencia “cuando comenzó a hacer agua en uno de sus flotadores y se inclinó peligrosamente”[3]. El periódico de Trinidad y Tobago, The Guardian, refirió que el Aban Pearl tuvo problemas mecánicos que ocasionaron su inclinación.

Todo indicaba, que la plataforma estaba muy lejos de ser la unidad de última generación de que el gobierno y la petrolera estatal PDVSA dio cuenta a manera de justificar el monto milmillonario que implicaba su arrendamiento por cinco años, a saber, USD 1.315.818.950,00.

El Aban Pearl

Un informe llegado a nuestras manos refiere los detalles, tanto de la unidad como de las irregularidades en que se incurrió al momento de la contratación.

La gabarra fue construida en 1977 en el astillero Levingston Far East Shipbuilding —ahora parte de Keppel Corporation— en Singapur, con diseño de la empresa noruega Aker H-3. Se trataba de una unidad destinada a operar en el agua a una profundidad nominal de 1,250 pies (380 m) y una profundidad de perforación de 25.000 pies (7.600 m).

No siempre se la conoció con el apelativo con que llegó a Venezuela, pues en principio —entre 1977 y 1996— se llamó Transocean Seeker. Para 1996 cambió de nombre a Treasure Seeker y luego, desde 1997 a 2000 se le llamó Discoverer Transocean.

Todo este tiempo, la empresa Transocean LTD fue la propietaria del taladro y en el año 2000 la compraron Bonheur ASA y Gánger Rolf ASA por USD 43,27 millones y nuevamente cambió de nombre, esta vez a Bulford Dolphin. Para ese entonces operaba bajo bandera de las Bahamas, siendo manejado el equipo por Dolphin Drilling, una subsidiaria de Fred Olsen Energy.

En 2007, la empresa india de perforación costa afuera Aban Offshore LTD la adquirió por USD 211 millones y fue cuando pasó a llamarse Aban Pearl, el cual fue transferido a una filial de la compañía: Aban Pearl PTE LTD.

La propietaria: Aban Offshore Limited (AOL)

Ahora bien, la unidad semi sumergible en cuestión es propiedad de Aban Offshore Limited (AOL)[4], como ya hemos señalado, una empresa fundada en 1986, como consecuencia del deseo de un grupo de empresarios indios que quisieron prestar servicios de perforación mar adentro a la Oil and Natural Gas Corporation Ltd., (ONGC), de manera de dar respuesta a las crecientes demandas que la economía india manifestaba en aquel momento de pleno crecimiento.

El primer servicio perforación de esta empresa se prestó en el año 1987, cuando la ONGC le contrató dos modernos equipos de perforación jack-up adquiridos en Estados Unidos.

Aun cuando gran cantidad de empresas del sector privado en la India abandonaron el negocio de la perforación en la década de los ‘90, AOL decidió mantenerse en el ramo y aumentó su participación en el sector con la adquisición de nuevas plataformas y fusiones. Así, en 1993 compró un jack-up (estructura móvil que se desplaza en el mar para perforar y dar mantenimiento a los pozos) de 300 pies a Mahindra & Mahindra Ltd.; entre 2000 y 2001 adquirió Hitech Drilling Services (India) Ltd., que hasta el momento había pertenecido al Grupo Tata. De este modo, la flota de Aban Offshore Limited  se incrementó a cuatro equipos, lo cual le permitió ingresar en el negocio llamado en la industria como FPSO2 con el FPU3 "Tahara", propiedad de Hitech. Dos nuevas plataformas jack-up, Aban Aban V y VI, se sumaron en el año 2005, así como un barco de perforación, el Frontier Ice.

La expansión de AOL continuó en noviembre de 2005 con la apertura de su filial Aban Singapore Pte. Ltd. (ASPL), la cual se encargaría de las operaciones internacionales. Esta filial, ASPL, también abre tres filiales que pasan, cada una, a contar con un barco de perforación o taladro semisumergible. El crecimiento sigue en 2006 cuando ASPL compra una participación del 33,7 por ciento en Sinvest ASA, una compañía noruega con ocho jack-ups nuevos en operación. Después de esto, ASPL continuará comprando por etapas a Sinvest, incluyendo una oferta obligatoria para todos los accionistas.

En la actualidad, Aban Offshore Limited  cuenta con veinte equipos de perforación, así como un conjunto de unidades de producción mar adentro.

Las filiales de Aban Offshore Limited para este momento son: Aban Energies Ltd, India, Aban Holdings Pte Ltd y Aban Singapore Pte. Ltd, Aban 7 Pte Ltd, Aban 8 Pte Ltd y Abraham Aban SA de CV, Aban Pearl Pte. Ltd4, Aban Internacional Norway AS, Sinvest AS, DDI Holding AS, perforación profunda Invest SA de CV, una perforación profunda Pte. Ltd., Deep Drilling 2 Pte. Ltd., Deep Drilling 3 Pte. Ltd., Deep Drilling 4 Pte. Ltd., Deep Perforación 5 Pte. Ltd., Deep Drilling 6 Pte. Ltd., Deep Drilling 7 Pte. Ltd., Deep Drilling 8 Pte. Ltd., Beta Drilling SA de CV, Empresa de Perforación SA de CV, Sinvest (Chipre) Ltd.

Las irregularidades

Hay que apuntar que antes de que el gobierno venezolano a través del Ministerio de Energía y Petróleo en su Memoria y Cuenta de 2008 diera a conocer la contratación del Aban Pearl, como citamos al principio de estas líneas, la empresa Aban Offshore Limited, en su página web informó el 16 de septiembre de 2008 a sus accionistas que "Una filial de la compañía ha firmado un acuerdo para el despliegue del taladro semisumergible Aban Pearl costa afuera en América Latina, por un período de 5 años. Los ingresos estimados a partir de la implementación, que se espera que comience en el 3er trimestre del año fiscal 2008-09, es de aproximadamente Rs.3150 crores [crore es una unidad en la numeración india usada regularmente para describir grandes cantidades de dinero], incluidos los gastos estimados reembolsables destinados a los impuestos, derechos y otros gravámenes". Esta filial fue Aban Pearl PTE LTD, se lee en el reporte del que damos cuenta en esta nota. Lo que si no dice AOL es qué país de Latinoamérica había firmado el contrato, un indicio, advierte el informe, de la poca transparencia de la negociación.

Por ejemplo, el portal Petroleum World[5] dio a conocer que Aban Offshore Co. cobraba por el alquiler de la plataforma USD 358.000 diarios, mientras que PDVSA dijo en su Informe Anual para 2008 que el costo del contrato por un período de cinco años alcanzó la cifra de USD 1.315.000.000, un dato que lleva a deducir que la renta del Aban Pearl rondaba 730 mil dólares diarios, más del doble de lo cobrado por el propietario de la unidad semisumergible.

¿Por qué todo esto? Pues, por la sencilla razón de que el contrato de arrendamiento del Aban Pearl suscrito por PDVSA Servicios no se convino directamente con la empresa propietaria de la gabarra sino con un intermediario, a saber, Petromarine Energy Services Ltd., la primera representada por ese entonces por su presidente, Jesús Figueroa y, por la segunda, por Krishna Nittala. El contrato estuvo identificado con el número 4600027060.

La intermediaria

Ahora conozcamos en detalle a esta empresa intermediaria con la que la estatal petrolera venezolana firmó el contrato de arrendamiento de la unidad de perforación con un evidente sobreprecio y sin previo proceso de licitación como manda la ley.

Petromarine Energy Service  LTD está registrada en Singapur en la Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA), un despacho equivalente a un registro mercantil. Allí quedó asentada su creación con el número 200722556N, el 12 de agosto de 2008, apenas treinta y cuatro días antes de que Aban Offshore Ltd., anunciara el 16 de septiembre de 2008 contrato en su página web como referimos anteriormente.

El portal Find the company refiere que Petromarine Energy Services Ltd[6] está ubicada en el 30 Shaw Road, Singapur, 367957. Singapur y su número telefónico es (656) 732-0968.

Cabe destacar la descripción que se hace de la empresa como “una pequeña organización en la industria de las compañías de productos petrolíferos ubicada en Singapur, Singapur. Tiene 2 empleados a tiempo completo”. Llama, pues, poderosamente la atención que a una compañía de estas características PDVSA le haya adjudicado un contrato de las dimensiones del alquiler de la plataforma Aban Pearl.

También en el sitio The Green Book se ofrece otra dirección de Petromarine Energy Services Ltd, esta vez en el 3 Killiney Road #07-05 Winsland House 1, Singapur (239.519) y el teléfono +65 67328768. Fax +65 67320768. Correo electrónico: info@petromarine.sg[7]. Esta dirección coincide con la referida en el informe del que hemos hecho referencia.

Curiosamente, una dirección que coincide con la de la Embajada de Venezuela en Singapur, que para la fecha era: 3 Killiney Road # 07-03 Winsland House I, Singapur 239519, Singapur. Teléfonos (+65) 6491 1172 y (+65) 6866 1439 (Consulado). Así tenemos que la empresa Petromarine Energy Services y la embajada venezolana en Singapur eran vecinas. El informe advierte que para la fecha de la investigación ya Petromarine se había mudado de la citada dirección y sus teléfonos habían sido desconectados.

En  esta empresa, refiere Noticiero Digital, están a la cabeza como directores —designados entre mayo y junio de 2008— Daphne Theodora Grek Yalipsos Casillas (mexicana, residenciada en Atenas, Grecia), Krishna Kumar Nittala (residente de Singapur), y Christof Schlaubitz (alemán, quien vive en las Residencias Partagás, La Castellana, Caracas, Venezuela)[8].

Esta misma publicación dice que la propietaria de Petromarine es una empresa registrada en  Panamá de nombre Inversiones Isapeco S.A., cuya dirección es un P.O. Box y su capital es de 10 mil dólares.

Inversiones Marítimas Isapeco, S.A. fue registrada el 18 de marzo de 1997, un hecho que responde a que en los paraísos fiscales existen empresas y escritorios jurídicos que mantienen un inventario de firmas registradas desde hace muchos años con el objeto de poderlas vender y ajustar la fecha de registro de la sociedad a las necesidades del cliente y así dar la impresión de que se trata de empresas de larga data y experiencia y no las empresas de papel que efectivamente son.

Así sucedió con Isapeco que aun cuando pareciera que tiene 21 años operando, en realidad no es más que una empresa de fachada. En el Registro Público de Panamá consta que esta firma fue comprada por sus actuales y verdaderos propietarios el 22 de abril de 2008, solamente tres meses y 19 días antes del registro en Singapur de Petromarine Energy Services LTD el 12 de agosto de 2008.

El propósito de estas empresas creadas en paraísos fiscales es mantener en secreto la identidad de los verdaderos propietarios, apareciendo como encargados de las mismas agentes locales.

Así, al frente de esta compañía, figura en el Registro Público de Panamá, Eric Stanziola, James Abdiel Juliao, Antonio Sánchez y Marlene Appleton, presidente, secretarios y tesorera, respectivamente. Sin embargo, el informe que hemos reseñado aquí, indica que los verdaderos propietarios controlan la sociedad mediante poderes generales, amplísimos, que le otorga la directiva ficticia de la sociedad. A Inversiones Marítimas Isapeco S.A., estos poderes se los confirieron Socorro Urdaneta, Rafael Hidalgo y Enoc Segundo Martínez Carrasquero, de acuerdo al  poder otorgado por ante el Registro Público de Panamá el 22 de abril de 2008, la misma fecha en que tomaron posesión Inversiones Marítimas Isapeco.

Se determinó a través de un documento firmado y notariado por el agente residente de la empresa, Eric Stanziola, que los dueños de la empresa son los señores Enoc Martínez e Hidalgo Socorro, quienes son propietarios a partes iguales: 50 acciones valoradas en USD 100 cada una.

Indagando otras fuentes se precisa que Petromarine es propiedad del mismo dueño de Astivenca, una empresa contratista de PDVSA con sede en Maracaibo.

Enoc Martínez viajó a Singapur para la firma del contrato de alquiler a PDVSA.

Petromarine también fue registrada en Caracas con un capital de USD 500 teniendo a Hidalgo Socorro como su representante legal. Martínez y Socorro mantienen sociedad en otros negocios, tal es el caso de compañías ubicadas en Miami, a saber, Aceros de América, The Worlwide Group y Astivenca.

En el informe que llegó a nuestro poder llaman la atención acerca del hecho de que el equipo negociador de PDVSA no advirtiera nunca que la propietaria de la unidad semisumergible Aban Pearl no era Petromarine Energy Services LTD sino AOL, esto pese a que en la Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular de Energía y Petróleo, en el aparte que da cuenta del contrato de arrendamiento de la plataforma se asegura que la firma del convenio tuvo lugar después de la “… Conformación de un equipo de Negociación para la evaluación de estrategias y análisis respectivos de factibilidad de la contratación del servicio”, lo cual estuvo seguido de una “Negociación entre PDVSA y la empresa Petromarine Energy Services LTD para contratación y puesta en operación de la unidad semisumergible Aban Pearl.”.

Advierte el reporte que obviamente se está en presencia de una empresa de maletín que fue creada únicamente a los efectos de llevar a cabo la negociación del Aban Pearl con PDVSA. Para disfrazar el hecho recurrieron a la estrategia de registrar, no una empresa nueva, sino una que ya tuviera algunos años de existencia. 

Compraron, entonces, una empresa registrada en el año 2007 pero que se mantenía inactiva, solamente existía en el papel emitido por el registro de Singapur. Así, Petromarine Energy Services LTD no era más que una empresa de papel de nombre Gerbera Limited a la que procedieron a cambiarle el nombre.

Como capital pagado de la compañía declararon 1,2 millones de dólares de Singapur, una cantidad equivalente a 850.000.00 dólares estadounidenses, una menudencia si se compara con el monto que representó el contrato suscrito entre PDVSA Servicios y Petromarine Energy Services, recordemos USD 1.315.818.950,00.
Todo esto deja en evidencia que PDVSA firmó un contrato con una empresa de maletín, la citada Petromarine Energy Services LTD., un hecho que ocurrió sin un proceso previo de licitación, sin que se advirtiera que se trataba de una compañía sin suficiente capital ni experiencia y, para colmo, que sólo era una empresa intermediaria pues no era propietaria del equipo a contratar con un enorme sobreprecio de USD 662.475.000,00 que iría a enriquecer a miembros del gobierno y la propia empresa petrolera venezolana.

El informe al que hemos venido haciendo referencia subraya que resulta impensable que un contrato de esta naturaleza y monto haya sido suscrito sin el consentimiento del Presidente de PDVSA, los miembros de su Junta Directiva y del propio presidente de la república, Hugo Rafael Chávez Frías.

Llega el Aban Pearl a Venezuela, inicia operaciones y viene la catástrofe

Petróleos de Venezuela, S.A. anunció el 30 de diciembre de 2009 que la plataforma semisumergible Aban Pearl se incorporaba a las operaciones Costa Afuera en la Costa de Paria. Refería la petrolera estatal que la gabarra formaría parte de la flota de equipos que perforarían los ocho pozos de Campo Dragón y ocho pozos del Campo Patao proyectados para la primera Fase del Proyecto Mariscal Sucre (PMS).

En el anuncio, PDVSA daba cuenta de las bondades de la unidad que permitirían la extracción de 600 millones de pies cúbicos de gas diarios, un hecho que, según decían, marcaría historia en la explotación de yacimientos de hidrocarburos costa afuera de Venezuela.

Ya para el 20 de enero de 2010 se anunció que el Aban Pearl había comenzado sus operaciones y, del presidente de la república para abajo alababan el acontecimiento como descriptivo de lo que habían dado en llamar “la Nueva PDVSA”. Loas iban y venían al Proyecto Mariscal Sucre, al socialismo que supuestamente había permitido estos avances y a la puesta en funcionamiento del taladro que, para diciembre de 2012, debía hacer llegar la primera molécula de gas desde el Golfo de Paria a Güiria, para ser procesado en el Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho.

Un comunicado de prensa emitido el 28 de abril de 2010 elogiaba la perforación exitosa del pozo costa afuera DR6 por el Aban Pearl.
Rafael Ramírez y el finado Hugo Chávez lo catalogaron como un “gran logro” de la “revolución”, "Estamos haciendo historia, escribiendo en las páginas de la Venezuela independiente", dijo Chávez durante el Consejo de Ministros en el que se estableció contacto en una cadena de radio y televisión con Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA, quien estaba a bordo del Aban Pearl.

Pero la euforia duraría poco.

La madrugada del 13 de mayo de 2010 —como citamos al principio— el taladro se hundió en las costas del estado Sucre luego de que la estructura se inclinara 45 grados (aunque Ramírez refiriera que eran 15 grados, como citamos líneas arriba).

Un siniestro que daba cuenta no solamente de la improvisación con que se manejaban los asuntos en la “nueva PDVSA”, sino que también dejaba al descubierto el fraude del que había sido objeto la petrolera nacional.

Los planes de los negociadores de este contrato se venían abajo y veían cómo la oportunidad de obtener una ganancia bruta cada 24 horas de USD 363.000 hasta sumar en cinco años USD 662.475.000, se quedaba solamente en planes.

Sin embargo…

Pero, aun cuando el accidente dio al traste con el plan, el informe de investigación refiere que pese al hundimiento del Aban Pearl, Petromarine Energy Services LTD pudo cobrar USD 95.171.472,00 por cuatro meses y doce días de operaciones que a los esquilamdores del erario público que planificaron esta jugada le devengaron USD 47.916.000,00.

Cita el informe una nota del diario El Mundo del 15 de mayo de 2010, en la que se informó que PDVSA habría pagado a Petromarine Energy Services LTD unos USD 82 millones para su traslado desde Singapur. Esta empresa, sin embargo, solamente habría cancelado a Aban Offshore USD 30 millones, un sobrecosto de USD 52 millones a la operación de movilización de la unidad.

Previo al hundimiento definitivo, ya el Aban Pearl había sufrido un incidente y había hecho aguas en las costas de Trinidad, y luego de la reparación en el muelle Chaguarama de esa isla del Caribe, Petromarine cobró a PDVSA otros USD 30 millones por movilizarla al lugar donde finalmente fue a parar al fondo del mar.
El reporte añade que Petromarine Energy Services, por concepto de sobreprecios, tuvo una utilidad de unos USD 129.916.000,00.

Refiere también el informe como hecho curioso que Inversiones Marítimas Isapeco, propietaria de las acciones de PetroMarine Energy Services, para la fecha de la firma del contrato con PDVSA y luego del hundimiento del taladro poseía un capital de 10 mil dólares que el 26 de noviembre de 2010 se incrementó súbitamente a USD 50.000.000,00, una cifra muy próxima a los UD 47.916.000,00 cobrados por los 132 días de operación.

Igualmente se registró en Panamá otra empresa de nombre Petromarine Invesments, S.A. propiedad del mismo grupo.

Las denuncias

Ante la Fiscalía General de la República la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional presentó una denuncia que refería que con la subcontratación de la plataforma Aban Pearl a Petromarine Energy Services Ltd, el erario público venezolano sufrió pérdidas originadas por el sobreprecio de hasta 50 millones de dólares en la operación, cuenta un trabajo de El Nacional[9].

También en el seno de la Asamblea Nacional se investigó en 2007 al vicepresidente de Producción y Exploración de PDVSA para la época, Luis Vierma, a quien se responsabilizó de haber otorgado contratos a empresas de maletín con lo que defraudó a la petrolera. A este alto ejecutivo se le señaló de ser el promotor de la contratación del Aban Pearl, denuncias que se quedaron solamente en el enunciado pues aun cuando admitió esta y otras irregularidades no recibió ninguna sanción, se jubiló de PDVSA y se dedicó por completo a Iroquois Capital Opportunity Fund, donde aparece como el socio accionista de mayor importancia del mencionado fondo, que sobrepasa los 250 millones de dólares[10].

El informe de la Comisión de Contraloría

La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, por iniciativa de su presidente para la fecha, Freddy Guevara, realizó una investigación cuyo informe final fue aprobado el 17 de febrero de 2016.

La averiguación, signada con el número 1648 documentó las presuntas irregularidades administrativas cometidas bajo la gestión de Rafael Ramírez como presidente de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, PDVSA, entre los años 2004 y 2014, la cual estuvo caracterizada por un conjunto irregularidades entre los que se encuentra el caso de la “Gabarra Aban Pearl”.

Sobre este hecho, el ente parlamentario dijo que en el año 2008 la Filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), PDVSA Servicios S.A. contrató el arrendamiento del taladro “Aban Pearl” con la empresa Petromarine Energy Services LTD.

Se precisó que el contrato establecía una inversión asociada de unos USD 1.315.818.950 que concordaban con lo rendido por el Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo en su Memoria y Cuenta del año 2008 en las páginas 1005 y 1006. También se confirmó el canon de arrendamiento citado al inicio de esta nota de USD 730.000,00 diarios durante un período de cinco años.

El ente parlamentario comprobó el subarrendamiento de la unidad semisumergible “Aban Pearl” por parte de Petromarine, la cual la alquilaba a su vez a la auténtica propietaria de la plataforma, la empresa Aban Offshore Limited, AOL, un hecho que permitió asegurar a la Comisión de la AN que se había violado lo establecido en la reglamentación referente a las contrataciones con Petróleos de Venezuela, S.A., pues no se observaron las normas del Manual de Mecanismos y Contrataciones de PDVSA y sus Empresas Filiales, “que según consta en los estatutos de la empresa Bariven S.A. consagrados en el Acta Constitutiva y Estatutaria, inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda bajo el Nº 31, Tomo 59- A Sgdo, en fecha 23 de diciembre de 1975, su objeto es ‘(…) comprar, vender o permutar bienes muebles o inmuebles, dentro o fuera de la República y con este objeto, podrá emitir o adquirir obligaciones; la prestación de servicios de ingeniería, de asesoría y consultoría; la prestación de servicios para el desarrollo de infraestructuras y ejecución de proyectos, incluyendo la administración y gestión de proyectos dentro o fuera de la República y la prestación de otros servicios; la sociedad podrá promover, como accionista o no; otras sociedades civiles o mercantiles y asociarse con personas naturales o jurídicas, todo conforme a la ley; fusionar, reestructurar o disolver empresas de su propiedad; otorgar y obtener créditos, financiamientos, fianzas, avales o garantías, de cualquier tipo y en general, realizar todas aquellas operaciones, contratos y actos comerciales que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento del mencionado objeto’; todo ello en nombre de PDVSA, lo cual quiere decir que era Bariven S.A. quien debía hacer el alquiler de la gabarra y no Petromarine, puesto que la única empresa encargada de fungir como intermediaria en las compras de la Estatal Petrolera es la filial Bariven; en tal sentido existe una violación flagrante del principio de transparencia de los actos administrativos; además de infracciones a las regulaciones referentes a la contratación con el Estado estipuladas en la Ley de Contrataciones Públicas 28 aplicable para el momento, en la Ley contra la Corrupción vigente en el período en el cual sucedieron los hechos y del manual mencionado con anterioridad”[11], reza el  informe de la Comisión Permanente de Contraloría dado a conocer por el portal Transparencia Venezuela.

No conforme con esto, la comisión de contraloría estableció que aparte del fraude a los fondos públicos, la negociación Petromarine Energy Services significó una contratación con intermediario indebido, además de sobreprecio en el pago del canon de arrendamiento, el cual ascendió a USD 444.000,00 diarios. Un diferencial que, según explicaron los parlamentarios, se obtiene de lo declarado por el Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo en la Memoria y Cuenta del año 2008 (USD 730.000,00) y lo declarado en el Reporte de la empresa Aban Offshore denominado “Aban Offshore Limited. Annual Report 2010-11” en el que manifestó haber recibido una cantidad considerablemente inferior a lo informado por el Ministerio y que asciende a la suma de USD 286.000,00 diarios por motivo de la renta por alquiler. (Esta cifra difiere de la señalada anteriormente en la investigación recogida por el portal Noticiero Digital)

La conclusión a la que llegó la Comisión Permanente  de Contraloría de la Asamblea Nacional fue que la contratación del Aban Pearl afectó diariamente el patrimonio público en USD 444.000,00 que, al multiplicarse por el total de 580 días de alquiler por USD 257.520.000,00 equivale a Bs.553.668.000,00 en pago de sobreprecios indebidos y contrarios al ordenamiento jurídico venezolano. Un hecho que se suma a la contratación ilegal con una empresa intermediaria distinta a Bariven S.A., la cual es la única facultada para actuar con tal carácter en representación de Petróleos de Venezuela.

Hay que hacer notar que también en la época en que Luisa Ortega Díaz ostentaba el Ministerio Público, Ismael García, Juan José Molina y Wilmer Azuaje, a la sazón diputados de la Asamblea Nacional, denunciaron y acusaron a Rafael Ramírez (presidente de PDVSA), a Jesús Figueroa (presidente de PDVSA Servicios) y a Krishma Kumar Nittala, quien suscribe el contrato por parte de Petro Marine[12].

El trío de parlamentarios alertó de la falta de licitación para adjudicar el contrato, del sobreprecio en el mismo, de la intermediación indebida de la empresa PetroMarine y que esta empresa fue creada expresamente para firmar el contrato con PDVSA Servicios para el alquiler. García, Molina y Azuaje dijeron que la empresa panameña dueña de la compañía intermediaria tenía un capital de solamente de  USD 10.000, una cantidad que no guardaba relación alguna con el exorbitante monto del arrendamiento de la plataforma de perforación. Precisaron también que los dueños de la empresa de Singapur son contratistas de PDVSA en Venezuela.

Los diputados enfatizaron que el Aban Pearlno no era otra cosa que una “chatarra” que antes de llegar a Venezuela tuvo que ser auxiliado por el Servicio de Guardacostas de Trinidad y Tobago al haber estado a punto de naufragar.

También el geólogo Gustavo Coronel, exintegrante de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, S.A. denunció ante la Fiscalía General de la República estos hechos aquí narrados sin que la misma tuviera eco ni en el propio Ministerio Público donde fue presentada, ni en la Contraloría General donde nunca se ha investigado nada al respecto.

Hay que hacer notar que el hundimiento del Aban Pearl dio a pie a una posterior negociación que igualmente significó la afectación del patrimonio público venezolano: La contratación de arrendamiento del “buque fantasma” Petrosaudí Saturn a la empresa PetroSaudi Oil Services (Venezuela) Ltd. por parte de PDVSA Servicios, S.A. el 21 de agosto de 2010 y del que hemos hecho referencia en entregas recientes.


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[1] BBC Mundo. “Se hunde plataforma de gas en Venezuela”. 13 de mayo de 2010. http://www.bbc.com/mundo/america_latina/2010/05/100513_venezuela_hundimiento_plataforma_gas_lh

[2] Correo del Orinoco. “Informó Rafael Ramírez|Falla en el sistema de flotación ocasionó hundimiento de plataforma Aban Pearl”. 13 mayo de 2010. http://www.correodelorinoco.gob.ve/falla-sistema-flotacion-ocasiono-hundimiento-plataforma-aban-pearl/ 

[3] Noticias 24. “Plataforma Aban Pearl presentaba fallas desde el 2009”. 14 de mayo de 2010. http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/155118/plataforma-aban-pearl-presentaba-fallas-desde-el-2009/

[4] Aban Offshore Limited. http://www.aban.com/downloads/aolpresentation.pdf

[5] Petroleum World. “Gustavo Coronel: The Aban Pearl, the proof”. http://www.petroleumworld.com/editorial12071001.htm

[6] Find the company. Petro Marine Energy services LTD. http://listings.findthecompany.com/l/268837038/Petromarine-Energy-Services-Ltd

[7] The Green Book. Petromarine Energy Services Ltd. http://www.thegreenbook.com/companies/petromarine-energy-services-ltd/

[8] Noticiero Digital. “El caso del Aban Pearl”. 11 julio de 2012. http://www.noticierodigital.com/2012/07/el-caso-del-aban-pearl/

[9] El Nacional. “El gusto de Pdvsa por las empresas offshore”. 10 de diciembre de 2017. http://www.el-nacional.com/noticias/petroleo/gusto-pdvsa-por-las-empresas-offshore_214745

[10] Noticias Candela. “Notas del Día 06/01/2016. Exvicepresidente de Exploración y Producción”. 6 de enero de 2016. http://www.noticiascandela.informe25.com/2016/01/notas-del-dia-06012016.html

[11] Transparencia Venezuela. Asamblea Nacional. Comisión Permanente de Contraloría. Expediente N° 1648. https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2016/10/Informe-Final-Expediente-1648-PDVSA.pdf

[12] Noticias Candela. “Ismael García consignará investigaciones ante la Fiscalía sobre caso Aban Pearl”. 13 de mayo de 2010. http://www.noticiascandela.informe25.com/2010/05/ismael-garcia-consignara.html

martes, 13 de febrero de 2018

Exfuncionarios de PDVSA que participaron en esquema de corrupción fueron investigados por más de 5 años

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Luego de más de 5 años de investigación, la fiscalía del Distrito Sur de Texas acusó formalmente a cinco exfuncionarios del gobierno venezolano de haber participado en un plan internacional de lavado de dinero que involucraba el pago de coimas para asegurar de forma corrupta los contratos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Dos de los cinco acusados ​​también están acusados ​​de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

Según el comunicado de la fiscalía, cuatro de los acusados: Luis Carlos De León Pérez (De León), 41; Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas (Villalobos), 50; César David Rincón Godoy (César Rincón), 50; y Rafael Ernesto Reiter Muñoz (Reiter), de 39 años, fueron detenidos en España en octubre de 2017 por las autoridades españolas con órdenes de arresto basadas en una acusación de 20 cargos presentada en el Distrito Sur de Texas el 23 de agosto de 2017. 

César Rincón fue extraditado de España el 9 de febrero e hizo su comparecencia inicial ante el Juez, MJ Stephen Smith, del Distrito Sur de Texas este lunes 12 de febrero. Por su parte, De León, Villalobos y Reiter permanecen bajo custodia española en espera de su extradición. Un quinto acusado, Alejandro Istúriz Chiesa (Isturiz), de 33 años, sigue prófugo de la justicia. Los cinco acusados ​​son ciudadanos venezolanos; De León también es ciudadano de los EE. UU.

El comunicado oficial de las autoridades norteamericanas dice que De León, Villalobos, Reiter e Isturiz están acusados ​​de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. César Rincón está acusado de dos cargos de conspiración para cometer lavado de dinero. Cada uno de los acusados ​​está acusado de uno o más cargos de lavado de dinero, de la siguiente manera: De León, César Rincón y Reiter, cuatro cargos cada uno; Villalobos, un cargo; e Isturiz, cinco conteos. De León y Villalobos también están acusados ​​de un cargo de conspiración para violar la FCPA.

"La corrupción amenaza la estabilidad económica y política, y victimiza a las personas que cumplen la ley ordinaria al desviar fondos públicos a los bolsillos de funcionarios corruptos y sobornar a los contribuyentes", dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Cronan. 

Señaló que "Los cargos anunciados contra los mencionados funcionarios demuestran nuestro compromiso de luchar contra la corrupción en su origen y enjuiciar a quienes presuntamente blanquean sus ganancias ilícitas a través de instituciones financieras y bienes raíces estadounidenses. A través de casos como este, estamos enviando un fuerte mensaje a los funcionarios extranjeros corruptos: si blandas tus ganancias obtenidas ilegalmente a través de los Estados Unidos, serás procesado ".

"La disuasión efectiva de la corrupción requiere el enjuiciamiento de las personas culpables, donde sea que se encuentren esas personas", dijo el abogado estadounidense Patrick. "Continuaremos aplicando la FCPA contra aquellos que se aprovechan de los privilegios del mercado estadounidense".

"Este caso es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando las agencias policiales internacionales trabajan juntas para frustrar crímenes transfronterizos complejos", dijo el agente especial a cargo de este caso Dawson. "HSI se compromete a mantener el estado de derecho e investigar a aquellos que participarían en prácticas ilegales.

La acusación formal alega que los cinco acusados, todos los cuales eran funcionarios de PDVSA y sus subsidiarias o ex funcionarios de otras agencias del gobierno venezolano, eran conocidos como el "equipo de gestión" y ejercían una influencia significativa dentro de PDVSA. 

Según la acusación formal, el equipo de administración conspiró entre sí y con otros para solicitar a varios proveedores de PDVSA, incluidos vendedores que eran residentes de los Estados Unidos, y que poseían y controlaban negocios incorporados y con sede en los Estados Unidos, sobornos a cambio de proporcionar asistencia a esos proveedores para ganar contratos de PDVSA.

La acusación también alega que los co-conspiradores luego lavaron el producto del plan de sobornos a través de una serie de transacciones financieras internacionales complejas, incluso hacia, desde o a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos, y, en algunos casos, blanquearon los fondos del soborno en la forma de transacciones inmobiliarias y otras inversiones en los Estados Unidos.

Según la acusación, dos vendedores de PDVSA, Roberto Enrique Rincón Fernández (Roberto Rincón), 57, de The Woodlands, Texas, y Abraham José Shiera Bastidas (Shiera), 54, de Coral Gables, Florida, enviaron más de $ 27 millones en pagos de soborno a una cuenta en Suiza para la cual De León era un beneficiario real y De León y Villalobos eran firmantes autorizados. 


La acusación formal alega que esos fondos luego fueron transferidos a otras cuentas en Suiza. Tanto Roberto Rincón como Shiera se declararon previamente culpables en el Distrito Sur de Texas de cargos de lavado de dinero y violación de la Ley de Prácticas Corruptas en relación con un plan para sobornar a los funcionarios de PDVSA. 

De acuerdo con las admisiones hechas en relación con sus alegatos, Roberto Rincón y Abraham Shiera pagaron sobornos y proporcionaron otras bienes de valor a los funcionarios de PDVSA para asegurar que sus compañías fueran colocadas en los paneles de licitación de PDVSA y garantizar que recibieran prioridad de pago por delante de otros proveedores de PDVSA con facturas pendientes. 

Roberto Rincón y Shiera están esperando la sentencia que ha sido prorrogada para el 23 de agosto de 2018. 

lunes, 12 de febrero de 2018

Estados Unidos acusa a 5 ex funcionarios venezolanos en esquema de sobornos de PDVSA

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los fiscales federales del Distrito Sur de Texas en Houston presentaron cargos contra cinco ex funcionarios del gobierno del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y el de Nicolás Maduro en conexión con un presunto esquema de soborno en la gigante petrolera estatal venezolana, PDVSA.

Entre los acusados de lavado de dinero este lunes se encuentran Rafael Reiter Muñoz; el viceministro de Energía, Nervis Villalobos Cárdenas. En los documentos se lee que los dos funcionarios fueron  ayudantes del ex zar del petróleo de Venezuela y ex embajador de las Naciones Unidas, Rafael Ramírez, quien hasta ahora no ha sido acusado.

La acusación formal alega que dos vendedores de PDVSA enviaron más de $27 millones en sobornos a cuentas en bancos suizos controladas por Nervis Villalobos y otro ex funcionario, Luis Carlos León, quien también fue acusado. Los tres hombres fueron arrestados en España en 2017 y enfrentan un proceso de extradición que ya fue aprobado por la Real Audiencia Española.

El Departamento de Justicia ahora ha anunciado cargos contra un total de 15 personas como parte de una investigación más amplia sobre sobornos en PDVSA. Este caso tiene vinculación directa con el de Roberto Rincón y Abraham Shiera.

viernes, 9 de febrero de 2018

Corte de apelación falla en contra de Crystallex en caso de Citgo-Pdvsa

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de los Estados Unidos denegó la apelación interpuesta por la empresa canadiense Crystallex que buscaba la realización de una nueva audiencia para estudiar su demanda transferencia fraudulenta contra la estatal petrolera venezolana PDVSA.
La compañía minera aspiraba la reconsideración de su caso pero la petición de nueva audiencia no encontró eco en los jueces que participaron en la decisión del referido tribunal ni en todos los demás magistrados de circuito. Según se informó ningún juez que concurrió en la decisión ha pedido una nueva audiencia y la mayoría de los jueces del circuito en el servicio regular no han votado para volver a escuchar la petición por lo que la Corte en pleno deniega la petición.

Establecer que el gobierno de Venezuela y Petróleos de Venezuela, S.A. habían transferido fraudulentamente miles de millones de dólares de activos de Citgo y habían retirado efectivo de los Estados Unidos era la estrategia a la que había recurrido la minera Crystallex en un intento por recuperar parte de su inversión en Venezuela luego de haber sido objeto de expropiación por el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez Frías.

Crystallex presentó originalmente esta demanda durante el mes de noviembre de 2015 acogiéndose para a ello en lo establecido en la Ley Uniforme de Transferencia Fraudulencial (DUFTA) de Delaware, por lo cual recibió un revés cuando los jueces decidieron 2-1 en la Corte Federal de Apelaciones del Tercer Circuito (Delaware, Pensilvania, Nueva Jersey y las Islas Vírgenes) el 3 de enero.

La empresa canadiense, entonces, solicitó la realización de una nueva audiencia en banc ante la totalidad de los jueces —alrededor de 12 magistrados activos y pueden sumarse jueces superiores— cuyo voto es absolutamente necesario para que la petición se aprobada. Hay que apuntar que, por ejemplo, el juez senior, Julio Fuentes, escribió la posición disidente de Crystallex, mientras la jueza principal, Marjorie Rendell, escribió la opinión de la mayoría de los jueces.  Ahora bien, como jueces sénior, ni Rendell ni Fuentes, lograron obtener un voto favorable.

En este tribual solamente fue posible escuchar 18 casos bajo estas condiciones —sala plena— desde 2010 hasta 2015. Es decir, uno de cada mil casos que allí se reciben.

Y si bien el caso Crystallex es interesante para una determinada audiencia, el mismo a los ojos del tribunal, no reviste la importancia para escucharlo en banc y es visto únicamente como un asunto de interpretación de  la ley estatal. Y es que en el Tercer Circuito solamente han logrado llegar al estado en banc los casos que suponen una anulación de un precedente anterior, algo que no ocurre en el caso presentado por la minera canadiense.

La empresa, por otra parte, ha presentado ante el juez principal del Tribunal Federal de EE. UU. en Delaware, Leonard Stark, una argumentación que sostiene que PDVSA es un alter ego de la República Bolivariana de Venezuela, a objeto de poder embargar bienes de la petrolera estatal si el país no cancela a la compañía las reparaciones por expropiación dictaminadas por el Ciadi.

El juez Stark ordenó a Crystallex y PDVSA que resuelvan algunos problemas en un término de inmediatez.

La orden reza: “Se ordena que, a más tardar el 6 de febrero de 2018, las partes deberán presentar informes simultáneos que no excedan cinco (5) páginas cada uno, que aborden: (1) el estándar probatorio que Crystallex debe cumplir para demostrar su reclamo de alter ego y superar la presunción de separación de Bancec, y (2) si las acciones de PDVH se utilizan para una actividad comercial y no son de naturaleza meramente comercial. Los resúmenes de cartas responsivas, que no excedan las tres (3) páginas cada una, se archivarán a más tardar el 8 de febrero de 2018. ORDENADO por el juez Leonard P. Stark el 1/31/18. (ntl) (Introducido: 31/01/2018)”.

Es necesario apuntar que la naturaleza y el sesgo de las preguntas no son un buen augurio para Crystallex por lo que los alegatos que presenten los abogados serán determinantes para el desarrollo de este caso.

Finalmente, la decisión no favoreció a Crystallex:

“Este Tribunal ordena que la negociación, ejecución, entrega o cumplimiento del acuerdo de liquidación por parte del solicitante u otras personas no creará ni se considerará que constituya una infracción de ninguna ley aplicable, y el solicitante u otras personas no tendrán ninguna obligación de pagar a cualquier persona como resultado de la negociación, ejecución, entrega o ejecución del acuerdo del arreglo”.



martes, 6 de febrero de 2018

Intocables de PDVSA: Por contratación del buque "fantasma" el fiscal Saab no imputa a todos los involucrados en la negociación

Una acta de la asamblea de accionista muestra que la contratación del buque taladro de perforación Songa Saturn (apodado buque fantasma) fue evaluada y aprobada en una reunión de la junta directiva de PDVSA, sin que se produjera ningún argumento negativo en contra de la propuesta que se adjudicó de manera directa a la empresa constituida en Bahamas.

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

El pasado 5 de diciembre, el Ministerio Público emitió órdenes de aprehensión contra 6 funcionarios de PDVSA Servicios S.A. que —según el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab— son los responsables de haber aprobado un contrato de arrendamiento por 7 años de un buque taladro que habría traído enormes pérdidas al patrimonio de Petróleos de Venezuela. Una evaluación de los documentos oficiales de Petróleos de Venezuela revela que los directivos que aprobaron el contrato de PDVSA Servicios S.A. con la empresa Petrosaudi Oil Services (Venezuela) Ltd. no han sido mencionados por Saab.
  A través de un mecanismo enrevesado la cúpula de la estatal petrolera para el año 2010 cambió la directiva de la filial, sustituyó al presidente y entregó poderes especiales a un funcionario para que realizara contrataciones en nombre de la compañía del Estado.

Los documentos revisados prueban que el exzar de PPVSA, Rafael Ramírez Carreño, Asdrúbal Chávez y Eulogio Del Pino —entre otros— conocieron y aprobaron los términos de la negociación antes de firmarse  el contrato de Suministro y Operación de la unidad de perforación "Costa Afuera" otorgado en adjudicación directa (SOLPED 1300160798) por la Junta directiva de PDVSA en septiembre de 2010.
La acusación

En un espectacular anuncio realizado el 5 de diciembre de 2017, el fiscal designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, aseguró que su despacho había liberado órdenes de aprehensión en contra de los directivos de PDVSA Servicios S.A., quienes serían responsables de la firma de unos de los contratos "más leoninos y corruptos en la historia de PDVSA". El funcionario del régimen de Nicolás Maduro hizo referencia al barco (bautizado por él como "fantasma") Petrosaudi Saturn", el cual se alquiló en el año 2010 para la explotación de gas Costa Afuera en el marco del Proyecto Mariscal Sucre.


Frente a las cámaras de televisión, Saab aseguró que "el barco es propiedad de la empresa Petrosaudi Oil Services, Limited, que a pesar de su nombre es una empresa fantasma constituida en Barbados. Esta empresa no tenía historial de trabajos en perforación Costa Afuera.

El funcionario dijo —además— que había instruido para ese caso al Fiscal 67 nacional quien ya había librado órdenes de aprehensión ante el Tribunal 10 de Control contra Romer Antonio Valdez Prieto, en su condición de presidente de PDVSA Servicios, S.A., para la fecha de los hechos, así como para los directores de la filial, Jesús Figueroa, Lioner Valdez, Adelso Molero, Elías Beltrán y el Secretario Accidental de la Junta Directiva de la misma empresa, Rafael Rodríguez.

Saab aseguró que PDVSA Servicios —encargada de esa operación— y los directores informaron "falsamente" sobre las características del barco perteneciente a la compañía Petrosaudi Oil Services Limited. "Casi dijeron que era espacial, que navegaba y volaba", cuando "no servía para nada", afirmó el fiscal.

Igualmente, el funcionario dijo que el barco siempre estuvo detenido, es decir, que nunca realizó labores costa afuera.

Señaló que entre las irregularidades estaba que el contrato de arrendamiento del buque se adjudicó "sin estudiar otras ofertas", con lo cual el negocio se hizo "en términos escandalosamente perjudiciales para PDVSA".

Destacó Saab que el contrato duró siete años, aunque lo normal es que duren tres años, a la vez que reveló que el Estado venezolano pagó un precio exorbitante por un barco que estuvo inoperativo el 60 por ciento del tiempo. Es decir se firmó un contrato por el cual se pagaron millones de dólares por el alquiler de una embarcación para, simplemente, no hacer nada.

Comentó que desde 2010, año en que se cerró la negociación, el alquiler del Petrosaudi Saturn costó unos 461.000 dólares cada día —en el mercado internacional, mejores embarcaciones recién construidas y con alta tecnología tenían una tasa diaria de 350.000 dólares— y un barco similar al mencionado en buen estado solía costar 170.000 dólares diarios.

Saab aseguró que el monto total del desembolso fue de 1.175,3 millones de dólares, que se pagarían incluso si la nave no trabajara, debido a una cláusula que obligaba a PDVSA a cancelar el 95 por ciento de la tasa diaria de la embarcación cuando estuviera inoperativa.

Según Saab, el barco, contratado para la exploración de 18 yacimientos de gas, solo logró explotar cuatro pozos, informó el fiscal, con lo cual "este contrato solo ocasionó pérdidas".

Los documentos no mienten

En una investigación sobre los documentos de la filial PDVSA Servicios S.A., y papeles oficiales de la petrolera entre los años 2009 y 2010, se observa que en ese periodo se produjeron varios cambios en la Junta Directiva de dicha empresa, la cual firmó en septiembre de 2010 el contrato del llamado "buque fantasma" denunciado por Saab.
He aquí la primera junta directiva de PDVSA Servicios S.A.
Tuvimos acceso a las actas en la que se registra oficialmente quiénes fueron los que asistieron a la reunión donde se aprobó el contrato y en qué condición estaban presentes. Asimismo, se pudo confirmar que las Asambleas de Accionistas de febrero 2009 y de marzo 2010, se realizaron el mismo día en que el Comité Ejecutivo y el Comité de Recursos Humanos de PDVSA hicieron sus reuniones para cambiar de Presidente y de miembros de la Junta Directiva, actuando de conformidad con lo decidido por dichos comités.

Llama la atención que esa regla no se aplica en la reunión de Asamblea de Accionistas de septiembre 2010, la cual es realizada por las mismas personas pero 23 días después de que el Comité Ejecutivo de PDVSA tomara la decisión de nombrar a los miembros de la Junta Directiva de PDVSA Servicios S.A., es decir, en su reunión del día 31 de agosto 2010.

Uno de los documentos estudiados representa la culminación del proceso de contratación realizado con la empresa Petrosaudi Oil Services Limited, en el cual se deja claro que es esa Junta Directiva la que posee el Nivel de Autoridad Administrativa y Financiera (NAAF), para aprobar ese tipo de contratación por el monto involucrado en la misma.

Lo primero que se destaca en la documentación es que la junta directiva de PDVSA para ese momento estaba conformada por Rafael Ramírez (presidente), Asdrúbal Chávez y Eulogio Del Pino (vicepresidentes), mientras que como directores figuraban: Hercilio Rivas, Eudomario Carruyo, Luis Pulido, Carlos Vallejo, Fadi Kabboul, Iván Orellana, Aref E. Richany. Como director ejecutivo de Producción se desempeñaba José Luis Parada.
La plataforma Aban Pearl se derrumbó el 13 de abril del año 2010 y la junta directiva de PDVSA en la reunión N-2010-10, celebrada el día 21 de agosto de 2010, procedió a entregarle en adjudicación directa el contrato a la empresa offshore Petrosaudi Oil Services Ltd, registrada en Barbados.

En el acta de la junta directiva se señala —claramente— que debido al hecho acaecido en la Plataforma Aban Pearl, se requería que PDVSA sustituyera el equipo de perforación para garantizar la continuidad de las operaciones de producción y suministro de gas al mercado nacional.

En el documento se asegura que se realizó una búsqueda exhaustiva de equipos a nivel internacional, "PDVSA encontró un equipo de perforación cuya tarifa es competitiva y a disposición inmediata".

Según la explicación, el equipo de perforación directa para el Suministro y Operación de la Unidad de Perforación Costa Afuera-Songa Saturn se contrató por 1 mil 302 millones 645 mil 907 dólares americanos con 86 centavos. (USD 1.302.645.907,86) por un período de 2.557 días (7 años) con la empresa PetroSaudi Oil Services (Venezuela) Ltd.

Para ese momento, la junta directiva aprobó el pago por concepto de movilización inicial de la Unidad de Perforación de 56 millones de dólares (USD 56.000.000). Se especifica que el pago será de USD 40 millones para la salida del equipo y USD 16 millones a la llegada del equipo a Venezuela.

Asimismo, se aprobó la inclusión de la Cláusula de Arbitraje Comercial Internacional en el Contrato de Suministro y Operación de la Unidad de Perforación  Costa Afuera-Songa Saturn, en los términos previsto en el artículo 4 de la Ley de Arbitraje Comercial y, solicitar al Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo (ministro Rafael Ramírez Carreño) la autorización correspondiente para la inclusión definitiva en la misma.

La directiva de PDVSA aprobó en esa misma reunión la emisión de una fianza solidaria a favor de PetroSaudi Oil Services (Venezuela) Ltd., a los efectos de garantizar las obligaciones asumidas por PDVSA Servicios S.A. La misma entraría en vigencia a partir de la llegada del equipo a Venezuela, la cual deberá ser emitida según condiciones de la Dirección Ejecutiva de Finanzas y la Junta directiva de PDVSA.

Se acordó delegar en el Director de Enlace de PDVSA Servicios, la firma de la Fianza Solidaria por Petróleos de Venezuela S.A para el contrato de Suministro y Operación de la mencionada unidad de perforación. Además decidieron delegar a la presidencia de PDVSA Servicios S.A., la firma del Acto Motivado, Carta de Adjudicación y Firma de Contrato, así como la administración de dicho contrato.

La directa de PDVSA dio el visto bueno, como condición previa para la firma del contrato de suministro y operación de la Unidad de Perforación Costa Afuera-Songa Saturn, la firma conjunta de una carta de intención que debía ser suscrita por PDVSA Servicios, S.A. y Petrosaudi Oil Services (Venezuela) Ltd. a los fines siguientes:

a) Las partes acordarán en un plazo de 6 meses, los términos de la constitución de la empresa mixta de perforación Costa Afuera con PDVSA, reservándose esta última el derecho de suscribir el 60 por ciento del capital de dicha empresa mixta.

b) Las partes acordarán en un plazo de 6 meses los términos económicos y contractuales para que la empresa mixta reciba el aporte de 2 unidades de perforación, Petrosaudi Discoverer y Songa-Saturn, y opere dichas unidades al tiempo que obtenga como cesionaria los respectivos contratos de perforación y contratos de suministros y operación.

En esa misma reunión también se aprobó la emisión de una garantía financiera en forma de carta de crédito a favor de Petrosaudi Oil Services (Venezuela) Ltd., por la cantidad de 130 millones de dólares. Aseguran que la emisión de la carta de crédito estaba condicionada a la firma previa entre PDVSA Servicios S.A. y Petrosaudi Oil Services (Venezuela) Ltd. de la carta de intención aprobado en el punto anterior.

En los asuntos aprobados también se destaca que el contrato de suministro y operación de la Unidad de Perforación Costa Afuera-Songa Saturn, debía incorporar la tripulación de la Plataforma Aban Pearl, la cual fue absorbida por PDVSA, debiéndose deducir del monto presupuestado por el concepto de oferta presentada.

Se pidió en esa reunión instruir a la gerencia contratante a presentar un Plan de Adquisición y Administración de los Equipos necesarios para los servicios de Apoyo Logísticos Naval de los equipos (plataformas y buques) de Perforación Costa Afuera.

Este documento representa la culminación del proceso de contratación realizado, y es esa Junta Directiva la que posee el Nivel de Autoridad Administrativa  y Financiera (NAAF), para aprobar ese tipo de contratación por el monto involucrado en el mismo.

En la resolución de la Junta Directiva de PDVSA, se muestra como la JD toma la decisión de aprobar la contratación del buque en los términos que allí se establecen y ante los cuales no existe ningún récord de que los directivos allí presentes y mencionados al inicio de esta nota, hayan emitido ninguna opinión negativa sobre los términos de la contratación.

De acuerdo a las regulaciones de PDVSA, los miembros de la Junta directiva de la petrolera son responsables de las decisiones que se tomen durante su período como accionistas.

El Petrosaudi Saturn

Esta embarcación contratada —el Petrosaudi Songa Saturn— es (supuestamente) un buque taladro de última generación que permite dar inicio a la tarea de taladrar a una profundidad de hasta 1.200 metros, pudiendo perforar hasta 1.000 metros a partir del fondo marino. Esta fue la explicación que, desde el estado Zulia, Rafael Ramírez—ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA para la época—dio acerca de las características y objetivo de contratación de la nave, al tiempo que anunciaba la llegada del equipo para el 28 de septiembre de 2010.

Ramírez agregó que la nueva plataforma procedía de Arabia Saudí y, para ese momento del anuncio, había zarpado hacía 10 días de Malta, donde había sido certificada.

Del mismo modo, el ministro y presidente de la estatal petrolera, precisó que la incorporación del barco taladro al desarrollo gasífero venezolano costa afuera, era una actividad que formaba parte de un acuerdo con Arabia Saudita para la conformación de una compañía mixta. En tal sentido, subrayó que “será la primera vez en la historia que se constituye una empresa de estas características entre Venezuela y otra nación miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)”.


Resultó altamente significativo que estas contrataciones se produjeron luego del naufragio de la plataforma de perforación gasífera Aban Pearl, hecho que ocurrió a mediados de abril de 2010 y que justificó la negociación con Petrosaudi como se advierte en el documento de la JD de PDVSA.

La junta directiva de PDVSA Servicios, S.A.

De acuerdo con un documento protocolizado en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado bolivariano de Miranda, por Rubén Darío Bolívar, se presentó un acta de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil PDVSA Servicios, S.A., filial de Petróleos de Venezuela, domiciliada en Caracas y constituida el 27 de diciembre de 2007. Dicha acta reposa en el N-29, Tomo 265-A segundo de los libros respectivo, Expediente N-689260.

La citada acta destaca la reunión celebrada el 23 de septiembre de 2010 donde se designa la junta directiva de PSVSA Servicios S.A., estuvo encabezada por Rafael Ramírez Carreño, quien señaló que en la reunión N-2010-05 de fecha 31 de agosto de 2010 se resolvió la constitución de la junta directiva, la cual estaría integrada por Eulogio Del Pino (presidente) y como directores: Ricardo Coronado, Orlando Chacín, Victor E. Aular y José Luis Parada. Como secretario actuó Rubén Darío Bolívar Carrasquel.
El 2 de febrero de 2009 se realizó una reunión de la Asamblea de Accionistas de PDVSA Servicios S.A., donde también actuó como presidente de PDVSA, Rafael Ramírez Carreño y como secretario de PDVSA Servicios, Rafael Rodríguez Sánchez. En esa reunión sólo se discutió un punto único, a saber, la sustitución de Jesús Figueroa como presidente de la Sociedad, así como de los directores Carlos Valles, José Flores y Manuel González, al tiempo de dar nombramiento a la nueva junta directiva.

La curiosa destitución de Parada

En los documentos referidos anteriormente resulta sumamente curioso el hecho de que en fecha 15 de marzo de 2010 se registró un acta de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA Servicios S.A. que tuvo como propósito y así se desprende de que este asunto fuera el único punto a tratar por la reunión de asamblea, la sustitución de José Luis Parada, quien hasta ese momento había ocupado la presidencia de PDVSA Servicios, S.A. y designar en su lugar a Romer Antonio Valdez Prieto, C.I. V-7.960.269.
Tal decisión fue adoptada por unanimidad de la asamblea de conformidad a lo acordado por el Comité de Recursos Humanos de Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA, en la reunión N° 2010-05 del 15 de marzo de 2010, es decir, en la misma fecha de la reunión de asamblea de la filial petrolera.

El resto de la directiva de PDVSA Servicios quedó conformada de la misma manera como lo venía estando hasta esa fecha, a saber, por Jesús Figueroa, Lioner Valdez, Adelso Molero y Elías Roa en carácter de directores.
En esa reunión —como en resto a las que hemos hecho referencia en esta nota— actuó como secretario accidental Rafael Rodríguez Sánchez y se aclara que estuvo presente el 100 por ciento de los accionistas representados por Rafael Ramírez, titular de la C.I. V-5.479.706, presidente de PDVSA, única accionista de PDVSA Servicios, S.A. Tal representación de Ramírez del resto miembros de la directiva de la filial, la hace de acuerdo a lo establecido en la cláusula trigésima sexta de los estatutos que reza que “El presidente de Petróleos de Venezuela, S.A., cualquiera de las vicepresidentes o cualquier otro miembro de la junta directiva de dicha empresa que este designe, ejercerá la representación de las acciones que posee Petróleos de Venezuela, S.A. en la asamblea y la presidirá”.

Se autorizó a Guillermo Ríos para que hiciera los trámites pertinentes de la inscripción y protocolización del acta en el registro correspondiente.

Ahora bien, el día 3 de agosto de 2010, a escasos días de que se aprobara el contrato con la empresa Petrosaudi Oil Services (Venezuela) Ltd. Para arrendar por siete años el "Petrosaudi Saturn", el recientemente nombrado presidente de PDVSA Servicios, Romer Valdez en nombre y representación de la filial y actuando de conformidad con lo acordado por el Comité Ejecutivo de PDVSA en su reunión N° 2010-03 de fecha 30 de junio de 2010, confirió un Poder Especial a José Luis Parada en su carácter de Director Ejcutivo de Producción de PDVSA Exploración y Producción para que ejecutara y realizara “todas las actividades y medidas necesarias y tendentes a incrementar la producción nacional de hidrocarburos”. Entre estas actuaciones estuvo la contratación del “buque fantasma”.
Con esta acción, José Luis Parada quedó facultado plenamente “para suscribir y administrar contratos para servicios de construcción y mantenimiento de pozos petroleros, con operaciones de taladros, cabilleros, unidades de servicios; promover y realizar actividades de rehabilitación de pozos, actividades menores de unidades de tubería continua, estimulación, cambio de métodos, captura de datos en subsuelo, perforación direccional, registros eléctricos, suministro de fluidos, apoyo logístico, guaya fina, alquiler, pesca, cañoneo, control de sólidos, productos químicos y servicios de cementación, además de mantenimiento y reparación de equipos propios, tecnologías emergentes; Aprobar las estrategias de contratación y administración de los contratos de todas las actividades inherentes a la construcción y mantenimiento de pozos (servicios a pozos, taladros, cabilleros, unidades de servicio) en el marco de la renegociación o negociación de tarifas; Aprobar la compra de partes, piezas, repuestos y todos los productos necesarios para la continuidad de las operaciones en la construcción y mantenimiento de pozos; y en fin, realizar y ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objetivo planteado dentro del marco corporativo establecido, considerando que las facultades aquí conferidas son enunciativas y no limitativas”.

Además, este poder se otorgó a Parada, aun cuando la cláusula vigésima de los estatutos de PDVSA Servicios le confiere a su junta directiva la facultad de celebrar contratos.

Parada volvió a la junta directiva de PDVSA Servicios de la que había sido destituido en marzo de 2010 en fecha 23 de septiembre de 2010, cuando la asamblea de accionistas de la filial lo designó como director.

Lo que dice la norma

El Manual de contratación de PDVSA y sus filiales establece entre sus políticas generales que los procesos de contratación para la ejecución de obras, prestación de servicios comerciales y/o profesionales y adquisición de bienes muebles, deben garantizar integralmente las condiciones más convenientes para Petróleos de Venezuela, S.A., y sus Filiales.

Para ello, toda negociación debe cumplir con los parámetros calidad, precio, tiempo de entrega que sean favorables para la empresa, lo cual a criterio de la fiscalía en manos de Tarek William Saab no se cumplió al haberse convertido el contrato de alquiler del Saturn en un convenio de condiciones leoninas para la nación.

El referido manual igualmente estipula que los procedimientos de contratación deben estar fundamentados en los principios establecidos en la Ley de Licitaciones, algo que tampoco se cumplió al haberse recurrido a la adjudicación directa.

Del mismo modo, el manual refiere que las contrataciones deben realizarse con personas naturales o jurídicas, con comprobada capacidad legal, técnica y financiera, establecidas en concordancia con las políticas del Estado, garantizando satisfacer las necesidades de PDVSA y sus filiales. Esto, de acuerdo a lo denunciado por la fiscalía fue obviado, pues como señaló Saab la empresa Petrosaudi Oil Services (Venezuela) Ltd. carecía de experiencia comprobada en la materia.

Surgen algunas preguntas respecto a la contratación del Petrosaudi Saturn, como por ejemplo saber si PDVSA Servicios contaba con el aval y la facultad delegada por la junta directiva de Petróleos de Venezuela, S.A., como máxima autoridad de la filial, tal como lo indican las normas del Manual de Delegación de Autoridad Financiera Corporativa, los deberes y responsabilidades en el proceso de contratación para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, ejecución de obras y prestación de servicios comerciales o profesionales.

Por otra parte, el manual advierte que cuando el Nivel de Delegación de Autoridad Financiera requerido para la contratación, exceda el monto delegado al ente o filial contratante, la Gerencia Contratante podrá solicitar la recomendación previa de la Comisión de Licitaciones correspondiente, con la sola aprobación del Nivel de Delegación de Autoridad Administrativo para someter casos a la consideración de la respectiva Comisión.

Igualmente alerta el manual que solamente se podrá iniciarse un procedimiento de contratación cuando exista un proyecto de ejecución de la obra que contemple todas las especificaciones, cálculos, dibujos y planos que se hacen para determinar su alcance, lo que permitirá además estimar el costo de la obra a ejecutar, bien sea de arquitectura, ingeniería, infraestructura pública o social, e instalación industrial. De acuerdo a lo denunciado por la fiscalía, este paso debió ser obviado pues se hubiera advertido que el monto del contrato resultaba exagerado y no se compadecía con la naturaleza del trabajo a realizar.

Todo indica que para la contratación con Petrosaudi Oil Services (Venezuela) Ltd. para alquiler del Saturn la junta directiva de PDVSA Servicios no poseía el Nivel de Delegación de Autoridad Financiera (NDAF) requerido para llevar a cabo tal negociación. Sin embargo, la fiscalía a cargo de Tarek William Saab obvia la responsabilidad que la directiva de Petróleos de Venezuela, S.A. tuvo al momento de permitir que la operación se llevara a cabo y se afectara el patrimonio nacional en los términos en que se hizo.

La pregunta final es: ¿a quién intenta proteger el fiscal Saab?

jueves, 1 de febrero de 2018

Cambian fecha de la sentencia de los dos empresarios que lavaron millones de dólares chavistas

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La Corte del Distrito Sur de Nueva York aprobó la solicitud de cambio de fecha de la sentencia de Luis Díaz Jr, y Luis Javier Díaz, dos empresarios de Miami que fueron hallados culpables de lavar más de 100 millones de dólares a funcionarios del gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Ambos iban a ser condenados el 2 de marzo de 2018 pero un cambio de abogados permitió el aplazamiento.
Los dos hombres serán condenados por el juez William H. Pauley III el 27 de abril a las 3PM según informó el tribunal este jueves. 

En una carta enviada al tribunal, el abogado de Luis Javier Díaz,  George Vila explica a Pauley que la razón de la solicitud es que los acusados ​contrataron un nuevo abogado para la preparación de la sentencia.

 "Un aplazamiento de aproximadamente siete (7) semanas permitirá a los nuevos abogados familiarizarse con el registro y ofrecer asesoramiento con respecto a los envíos de los acusados ​​a la Oficina de Libertad Condicional antes de que la Oficina emita los PSR iniciales".

Vila dijo al juez que había consultado sobre el cambio al fiscal  Edward B. Diskant, quien declaró que el Gobierno no tiene objeciones para el aplazamiento. 

El defensor también alegó que las mociones posteriores al juicio están pendientes y la fecha de la sentencia no se ha suspendido previamente.

La Oficina de Libertad Condicional de los Estados Unidos ha sido informada dela solicitud de aplazamiento y han pedido que incluyamos una solicitud para que se levante el PSR en conjunto con la fecha de la sentencia.

El caso

Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz son los propietarios de una empresa de venta de materiales de construcción en Miami, Florida. Por más de una década ambos recibieron dinero en cuentas bancarias de compañías venezolanas que luego transferían a otras cuentas de los empresarios y de funcionarios del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.  

Un jurado en Nueva York, conformado por 10 mujeres y 2 hombres, declaró culpables a los dos empresarios cubano-americano que ayudaron a lavar millones de dólares a funcionarios y ex funcionarios del gobierno venezolano y a varios contratistas que recibieron  jugosos contratos de Pdvsa, Corpoelec para atender la emergencia eléctrica decretada por las autoridades de ese país.

Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, padre e hijo, fueron acusados por el gobierno de los Estados Unidos de operar un banco sin licencia y de lavado de dinero internacional. Un total de cuatro cargos pesaba sobre los hombres que alegaban ante el jurado desconocer que las transferencias que hacían desde sus cuentas bancarias a otras ubicadas en paraísos fiscales era una actividad ilegal.

Luego de 6 días de juicio, donde la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó 6 testigos, (entre los cuales estaba la hija del acusado). El jurado pasó un día deliberando para concluir que los dos hombres son culpables de los cargos. Luis Díaz Jr. fue hallado culpable de 4 cargos y su hijo Luis Javier Díaz de dos cargos.

Los dos hombres fueron juzgado por los siguientes cargos:

1) Conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión;

2) Operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, que conlleva una sentencia máxima de 20 años en prisión;

3) Conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una sentencia máxima de cinco años en prisión; y

4) Lavado de dinero internacional, que conlleva una sentencia máxima de 20 años en prisión.

El jurado concluyó que Luis Díaz Jr. (75) es culpable de los 4 cargos por lo que enfrenta una condena de 50 años y su hijo Luis Javier Díaz (50) fue hallado culpable de los cargos (2 y 4) por lo que podría ser sentenciado a 25 años de cárcel.

De acuerdo a la fiscalía neoyorquina las condenas potenciales máximas en este caso son prescritas por el Congreso de los Estados Unidos, y cualquier sentencia de los acusados ​​será determinada por el juez de la causa William H. Pauley III.

La investigación federal -que sirvió de soporte a este caso- fue realizada por la Unida de Investigaciones del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, la agencia antidroga DEA, el Departamento de Policía de Englewood, Nueva Jersey y la Fuerza de Tarea para la Aplicación de la Seguridad en la Frontera de los EEUU.

El caso de los Díaz fue supervisado por La Oficina de la Unidad de Lavado de Dinero y Decomiso de Activos del gobierno federal y la acusación estuvo a cargo de los Fiscales Auxiliares de los Estados Unidos Edward B. Diskant, Daniel M. Tracer y Jennifer L. Gachiri.