viernes, 10 de noviembre de 2017

Explosión de casos de corrupción en PDVSA: ¿Auténtica justicia o lucha de poder en la industria?

La trama de corrupción descubierta a raíz del proceso judicial abierto por la justicia estadounidense contra los empresarios venezolanos Roberto Rincón y Abraham Shiera, parece haber desatado una cadena de denuncias —o venganzas— en el seno de la estatal petrolera PDVSA que amenaza —todo en apariencia así lo indica— con no tener fin, por lo que un etcétera de casos, funcionarios, exfuncionarios, empresas y relacionados, pudiera seguir saliendo a la luz, revelando el carácter corrupto que se ha instituido en la que, aún, se erige como la principal industria del país.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El caso de la empresa Tradequip se constituyó en un escándalo que puso de manifiesto la corrupción que se ha instalado en Petróleos de Venezuela y todas sus filiales casi como una filosofía, como un mecanismo de funcionamiento que se ha impuesto en los casi veinte años que el chavismo ha ocupado el poder en Venezuela, toda vez que en la estatal petrolera —como en todos los organismos y dependencias gubernamentales— rige el secretismo que ha operado como política de estado y que impide que los controles naturales de toda sociedad democrática operen para impedir este tipo de conductas delictivas.
Hubo de actuar la justicia estadounidense para castigar las operaciones de legitimación de capitales mal habidos que Roberto Rincón, propietario de Tradequip y su socio, Abraham Shiera, implementaron en suelo norteamericano, para que en Venezuela surgieran las voces de alerta acerca de la situación irregular que melló el patrimonio de PDVSA en más de mil millones de dólares. Sin embargo, quedan las dudas acerca de las verdaderas razones que mueven estas acciones de aparente justicia que se ha desatado en el seno de la estatal petrolera.

Tradequip es una empresa surgida como un negocio de carácter familiar y registrada el 21 de septiembre de 1988, se creó con el objetivo de comprar, vender y distribuir equipos para la industria petrolera, marina, entre otras.

Para el año 1992 abre operaciones en Maturín y Barinas y se encarga de la dotación e inspección de equipos para trabajos marítimos.

Esta empresa igualmente posee una sede en Houston, desde donde presta servicios y equipos a Pdvsa Services International y a Bariven.

En el historial empresarial de esta firma, se han sucedido varios eventos que los han llevado a los tribunales. Por ejemplo, para mayo de 2015, Tradequip conjuntamente con Incenter —dirigida por el empresario Antonio Canaves— demandaron al Novo Banco de Portugal por 81 millones de euros por presuntas deudas de la entidad financiera luego de que ambas compañías decidieran reinvertir 30 por ciento (Incenter) y 50 por ciento (Tradequip) en cartas de crédito. El Novo Banco de Portugal sucede al antiguo Banco Espírito Santo que cerró sus puertas en 2014.

La demanda en cuestión establece que a Tradequip le corresponden 71,4 millones de euros, mientras que a la Consultora y Constructora Incenter, la cantidad de 9, 3 millones de euros.

Pues bien, ya en el caso que nos ocupa, las dudas surgen cuando se advierte que pese a que en junio de 2016, el propietario de esta empresa, Roberto Rincón se declaró culpable en la corte federal de Houston en la que ha sido procesado por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, al admitir su participación en un esquema de negocios corruptos para obtener contratos de PDVSA como lo reseñó RunRun.es el 16 de junio de 2016[1], la compañía, al parecer, continuó manteniendo relaciones con la petrolera estatal.
Esto se desprende de una información suministrada por el fiscal general de la república designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, quien anunció en agosto de 2017 que retomaría las investigaciones de los casos corrupción en PDVSA, especialmente en lo referido a las contrataciones para operar en la Faja Petrolífera del Orinoco y en el listado de las empresas citadas por el funcionario, aparece Tradequip, C.A.[2]

La nota detalla las investigaciones periodísticas que señalan que Roberto Enrique Rincón Fernández, continuaba figurando, a la fecha de la publicación, como el presidente y fundador de la compañía “inscrita ante la Oficina de Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo el N° 75, Tomo 62-A, del 21 de septiembre de 1988. A pesar de su detención y de las pérdidas económicas que generó el esquema de corrupción a PDVSA, la empresa sigue activa y logró conseguir contratos en Pequiven, en la Faja Petrolífera del Orinoco, Petroboscan y Petróleo independiente. Sin embargo, en el Registro Nacional de Contratistas aparece como inhabilitada para trabajar con el Estado”.
Roberto Rincón, nacido el 14 de agosto de 1960, es un empresario del sector petrolero, natural del occidente venezolano (Zulia), quien hasta agosto de 2014 estuvo residenciado en Houston, fecha en que mudó a Madrid.

De la capital española, decidió viajar el 19 de diciembre de 2015 nuevamente a Houston y fue cuando a sólo una jornada de estadía en la ciudad texana, fue detenido por las autoridades estadounidenses que lo acusaron del delito de lavado de dinero, causa por la cual fue presentado en la Corte del Distrito Sur de Texas, el 21 de diciembre, reseña el portal Poderopedia[3].

Rincón es propietario de las empresas Tradequip y Ovarb Industrial, las cuales adquirieron gran importancia en el mercado petrolero venezolano durante el paro petrolero que tuvo lugar de diciembre 2002 a febrero de 2003, pues se convirtieron proveedores confiables de Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA.

Se le vincula a Hugo Carvajal, debido a que en 2014 este se trasladó a Aruba en un avión propiedad de Global Air Services Corp, empresa en la que José Roberto Rincón, su hijo, funge como gerente. Durante ese viaje, Carvajal fue detenido en la isla caribeña, en respuesta a una solicitud de extradición de Estados Unidos. El Reino de los Países Bajos terminó reconociendo tres días después, la inmunidad diplomática que previamente había desconocido un tribunal de Aruba.

La sentencia de Rincón se espera conocer en febrero de 2018, según se ha informado en los predios tribunalicios.

Cabe destacar que junto a Rincón también fue acusado el Abraham Shiera, con doble nacionalidad venezolana-estadounidense, quien en sociedad con el primero, conspiraron para cometer fraude y lavado de capitales en territorio de los EE. UU., mediante sobornos a, por lo menos, cinco personas ligadas a PDVSA.

Poderopedia reseña que Shiera preside en Venezuela la empresa Vertix, de la cual es propietario del 51 por ciento de las acciones y la cual se dedica a la distribución e importación de maquinaria para explotar hidrocarburos, que mantiene contratos con PDVSA. El Registro Nacional de Contratistas la refleja como que "No presenta una situación financiera razonable" y como inhabilitada para contratar con el Estado.

Shiera fue capturado el 19 de diciembre de 2015 en Miami, acusado por cargos de presunto lavado de dinero. Su defensa solicitó en enero su libertad, pero un juez de la corte de Miami ordenó su traslado a Texas. El 22 de marzo se declaró culpable de dos de los 18 cargos en su contra y, además, recibió libertad condicional mientras espera del juicio. En el libelo se desestimaron casi todas las acusaciones en su contra, salvo las de conspiración para cometer ofensa o fraude a Estados Unidos y realizar prácticas corruptas foráneas respectivamente[4], reseña Poderopedia.

El empresario habría negociado con la fiscalía entregar gran parte de la fortuna que logró amasar, al tiempo que se comprometió a contribuir con la investigación, por lo que, para nada, debe entenderse que fuera inocente de los cargos desestimados.

Miami Diario informó el 11 de octubre de 2017 que Fernando Ardila Rueda, copropietario de varias compañías de energía con sede en Florida, igualmente admitió su culpa por cargos de soborno dentro del plan para obtener contratos corruptos de PDVSA.

Se espera que para febrero de 2018 el juez federal, Gray H. Miller, del Distrito Sur de Texas, dé a conocer su sentencia.

Ardila conspiró, junto a Shiera Bastidas y Rincón Fernández, para sobornar a los analistas de compras de PDVSA y obtener jugosos contratos con la petrolera estatal venezolana.

“De 2008 a 2014, mientras era director de ventas, gerente y copropietario de varias de las compañías de Shiera, Ardila proporcionó entretenimiento y ofreció sobornos a funcionarios de PDVSA, basándose en un porcentaje del valor de los contratos que los funcionarios ayudaron a otorgar a las compañías de Shiera”[5], se lee en la nota de Miami Diario.

Los cómplices necesarios

Según denuncias llegadas a nuestras manos, Roberto Rincón logró adjudicarse decenas de contratos luego del paro petrolero, pese a que sus condiciones y precios superaban otras ofertas que, de anteojo, resultaban más convenientes para PDVSA.

Con el favor de personal interno de PDVSA en oficinas de Houston, Holanda, China y Argentina, Tradequip logró adjudicarse contratos de compras internacionales que pasaban por los ojos del ingeniero Gustavo Oses, gerente de servicios técnicos, cuyo visto bueno era imprescindible para aprobar las adquisiciones.

El nombre de Oses, refiere El Pitazo en nota aparecida el 7 de enero de 2017, ha surgido en varias investigaciones que dan cuenta de la informalidad con que era manejada la referida Gerencia de Servicios Técnicos. “‘Había empresas que eran aplazadas en el análisis financiero, tenían poca trayectoria, eran inscritas y a pesar de eso se les asignaban órdenes voluminosas, aun cuando estaban catalogadas como OTV (One Time Vendor, empresas sin una curva de experiencia). El volumen de registro era inmenso; cada vez habían más solicitudes de registro de empresas internacionales’, decía la fuente consultada a propósito de que se había revelado la existencia de una oficina paralela en Bariven que operaba para favorecer este tipo de delitos”, se lee en la publicación de El Pitazo[6].

Explica la información que corrobora los datos suministrados por nuestras fuentes, que tanto Roberto Rincón como Abraham Shiera, contaron con la complicidad de otros socios y de personal de PDVSA y cita a Moisés Millán como su asociado y a José Luis Ramos Castillo, Christian Javier Maldonado Barillas y Alfonzo Eliezer Graviña Muñoz, como los empleados de la petrolera que los ayudaron a tejer el entramado de corrupción por el cual se hicieron de más de mil millones de dólares en contratos obtenidos a través de sobornos y manejos fraudulentos.

Pero aún con la ayuda de estos funcionarios, se requería de la colaboración de directivos por cuyas manos debían pasar los contratos para ser aprobados. Es decir, el papel de Ramos Castillo, Maldonado Barillas y Graviña Muñoz era necesario, pero no suficiente. Para que la “operación” pudiera concretarse, era imprescindible el concurso de directivos de las “gerencias claves, como la de Finanzas o Servicios Técnicos [que] tuvieron un peso importante en este y otros casos. Para la fecha en la que se cometieron estos actos de corrupción, alrededor de año 2012, Javier Alvarado fungía como presidente de Bariven, la filial encargada de procura de bienes y servicios a la estatal Pdvsa. Alvarado antes fue el presidente de Corpoelec y viceministro de Electricidad. Se le menciona como el responsable de entregar contratos para la construcción de plantas eléctricas a una empresa sin experiencia, Derwick Associates, cuyos socios son amigos de su único hijo varón”, reza la nota de El Pitazo.

Tanto Ramos, como Maldonado y Graviña se declararon culpables de haber aceptado sobornos —mientras trabajaron en PDVSA o sus subsidiarias o filiales— de parte de Shiera y Rincón en la obtención de contratos energéticos, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. “Ramos, Maldonado y Graviña admitieron también que conspiraron con Shiera y Rincón para lavar las ganancias de esa trama de sobornos”[7], refiere el portal Efecto Cocuyo en nota aparecida el 23 de marzo de 2016. Pero Graviña también admitió su culpa por declarar falsamente en su declaración de impuestos de 2010 al no dar a conocer sus ingresos por esta vía fraudulenta.

No es la única

Pero señalar a Tradequip como la única beneficiaria de este tipo de operaciones fraudulentas sería no solamente injusto, sino también insuficiente al estarse dejando de lado a decenas de empresas que, según investigaciones de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, habrían estafado a la estatal petrolera nacional.
El ente legislativo elaboró una lista de 37 empresas que habrían participado del mismo esquema de corrupción que el empleado en el caso de Tradequip y a través del cual más de 3 mil millones de dólares habrían sido esquilmados al erario de Petróleos de Venezuela.

“En tres de estas compañías aparecen los nombres de los empresarios Pietro Micale y Ernesto Luis Guevara, ambos con operaciones en la zona petrolera del oriente del país. Se les vincula a Incenter Corp., Energy Logistix Inc., y G&B Global Group Inc., las dos últimas conectadas con Charles Beech e investigadas ahora por la Fiscalía de EE. UU.

Refiere la información que Beech es propietario de Snubbing Venezuela, C.A., en la que es socio a partes iguales con Pietro Micale.

“Lo propio ocurre con Hydraulic Pressure Control, LLC. La empresa estadounidense fue inscrita en el Registro Nacional de Contratistas, trámite necesario para poder contratar con el Estado venezolano. Allí Beech divide a partes iguales el paquete accionario de la empresa con su socio Ernesto Luis Guevara. Al ser una empresa extranjera que opera en Venezuela, cobraría sus obras en dólares”, agrega El Pitazo.

No es la primera vez

Ya el mismo portal, El Pitazo, había denunciado en ocasión anterior la existencia una oficina satélite de Bariven que operaba en el piso 10 del complejo empresarial Eurobuilding, la cual se encargaba de la non sancta tarea de otorgar, de manera fraudulenta, millonarios contratos a empresas. Más de mil sociedades habrían resultado favorecidas con este esquema corrupto, entre ellas, oh sorpresa, las pertenecientes a Roberto Rincón, Abraham Shiera y Joseph Benoudiz. Este último, usurpó la identidad del gigante chino Liaoning Northem Steel Pipes Co., LTD para hacerse de los millonarios contratos de PDVSA.

El resultado de la investigación de El Pitazo apareció el 7 de agosto de 2016 como producto del análisis de una serie de documentos y testimonios que se filtraron al medio, referidos a las gestiones de George Kabboul, de 2008 a 2009, y la de Javier Alvarado, entre 2009 y 2013.

“Analistas de compras, operadores y gerentes de Bariven crearon un sofisticado sistema que les permitió favorecer a las empresas por ellos escogidas para otorgar a discreción jugosas órdenes de compra y contratos. Este esquema revela la base en la cual se sustentan los sonados casos de corrupción de los que ha sido víctima la principal industria petrolera del país”, refiere el reporte que advierte de que para que tal esquema pudiera ser posible se requirió del concurso del núcleo informático de la empresa encargada de procura de Bariven, así como de la complicidad de las gerencias encargadas de las finanzas, servicios técnicos, compras y control interno.

Esto benefició fraudulentamente a más de un millar de empresas sin experiencia y de maletín, creadas sólo con el objetivo de obtener los contratos de compras millonarias infladas con enormes sobreprecios.

“Tres etapas conforman esta nueva irregularidad: la creación de una oficina satélite de Bariven a través de la intervención del sistema administrativo SAP para realizar compras internacionales, cuando originalmente estas órdenes se generaron desde Venezuela. La inclusión de una lista con más de 1.200 empresas amañadas para asignarles las órdenes de compras con el sello de Pdvsa Services Bv (Bariven-Holanda) desde el piso 10 del complejo empresarial Eurobuilding —donde operaban las oficinas administrativas de Bariven Venezuela— y, finalmente la venta de productos con sobreprecios por parte de estas empresas, algunas facturadas con incrementos por más del 300%”[8], explica el reportaje de El Pitazo.

Bariven es un despacho de PDVSA que se encarga de realizar las compras nacionales e internacionales para la estatal petrolera. Las compras nacionales se llevan a cabo a través de las oficinas regionales en Venezuela, mientras que las que tienen lugar extra fronteras, se realizan por intermedio de sus oficinas en Houston y Holanda. La adjudicación de compras internacionales desde Venezuela en el esquema diseñado aquí denunciado, violó las normas que regulan las operaciones de adquisición de bienes y servicios en la industria petrolera.

Este esquema de corrupción hizo posible que 4 mil millones de dólares terminaran en las arcas de tan sólo 23 empresas del total las 1.272 empresas con código OTV, que aplica en el caso de coyunturas o emergencias, de tal manera que las empresas puedan hacer un solo suministro de material. Entre las referidas 23, figuran Liaoning Northen SteelPipes, Co LTD, inscrita por Joseph Benoudiz (la que sirvió para el caso de usurpación de identidad citado líneas arriba) y por el cual recibió más de 50 millones de dólares en órdenes de compra.

Derwick Associates, S.A, también logró adjudicarse por esta vía más de 200 millones de dólares en venta de equipos con sobreprecio a Bariven durante la crisis eléctrica de 2010.

Reacciones tardías

Tuvieron que transcurrir varios años para que el entonces (agosto de 2017) presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, girara instrucciones al vicepresidente de la estatal, Simón Zerpa, y al presidente de Bariven, Francisco Jiménez, para que bloquearan preventivamente a diez empresas en todo tipo de operaciones que incluían pedidos, pagos y financiamiento en la Faja Petrolífera del Orinoco, refiere el portal Venezuela Política[9] el 31 de agosto de 2017.

Entre estas empresas figura Tradequip, que como las otras, habría pagados sobornos a funcionarios de PDVSA para hacerse de contratos de proveeduría con gran sobreprecio.

La citada página, además, hace referencia a otras empresas de la lista Del Pino, comenzando por Metro Emergencias Equipo Petroleros, propiedad de Franco Tortolani, señalado por supuestamente haber pagado sobornos para lograr contratos millonarios en varios entes del Estado venezolano.

Luego está Derwick Associates, acusada de instaurar un esquema de corrupción por el cual pudo obtener doce contratos durante la administración del finado expresidente, Hugo Chávez, para construir plantas de energía. La Corte de Apelaciones del Segundo Distrito en Nueva York desestimó  las demandas por contratos que sumarían entre 2009 y 2010, un billón de dólares. 

Del mismo modo, en la lista aparece la Constructora Urbano Fermín, Cuferca, igualmente acusada de obtener contratos con sobreprecio por parte de le estatal petrolera.

El dueño de esta firma es Carlos Enrique Urbano Fermín, en sociedad con Nelson Bustamante, Carlos Enrique Hernández Zamora y los hermanos Carlos Esteban y Carlos Eduardo Urbano Fermín. Pero no solamente PDVSA habría otorgado contratos de manera fraudulentas a esta compañía, sino también del alcalde de Guanta, Jhonathan Marín.

Eulogio del Pino también ordenó el bloqueo de Nalco Venezuela SCA; Cooperativa Servicios de Oriente; Sumservi 2021 C.A., Servicios, Constructores y Mantenimiento Romana; SDV Energía Infraestructura.

Represalias internas

El pasado 26 de octubre de 2017 se conoció del arresto del presidente de la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), exvicepresidente de Exploración y Producción, junto a otros diez gerentes de PDVSA, por parte de una unidad especial de contrainteligencia.

La acción se produjo por instrucción del Ministerio Público que venía investigando algunos casos de corrupción, específicamente, por haber recibido sobornos.

Se trata de Orlando Chacín, encargado de dirigir la filial para empresas conjuntas con socios extranjeros, mano derecha del expresidente de Eulogio Del Pino, expresidente de la estatal y actual ministro de petróleo. Los otros ejecutivos detenidos formaban parte de Petropiar y Petrozamora que operan junto a Chevron Corp y la rusa Gazprombank. A estos funcionarios se les acusa de incurrir en sobreprecios y por la no ejecución de proyectos planeados, refiere el portal Noticias Candela.

Sin embargo, fuentes cercanas a Petróleos de Venezuela advierten que tales acciones distan mucho de estar dirigidas al saneamiento de la principal empresa venezolana, sino más bien que obedecen a retaliaciones y a guerras internas por el control de la compañía que ahora se encuentra bajo la tutela de Nelson Martínez, un veterano ejecutivo que reemplazó a Eugenio Del Pino.

“Otros ejecutivos prominentes de PDVSA bajo [la gestión de] Del Pino han sido detenidos desde entonces, incluidos Pedro León, un poderoso ejecutivo que dirigió el desarrollo de la empresa en el cinturón del Orinoco, y Gustavo Malavé, jefe de la compañía para la región occidental”[10], se lee en la nota.

La versión oficial referida en una información de la página oficialista Misión Verdad dice que a Chacín se le imputan los delitos de asociación para delinquir, obstrucción de la libertad del comercio, concierto de funcionario con contratista, peculado doloso y daños a la industria petrolera con siniestro, previstos y sancionados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción y el Código Penal.

El resto de los detenidos están acusados de sabotaje, a saber, Luis Gerardo Martínez Cardozo, superintendente de tratamiento de crudo; Adolfo Ramón Artigas, técnico de laboratorio; Hirto Manuel Hurtado, técnico de movimiento de crudo; Raibeth Atencio, líder de contabilidad de crudo; Jalar Antonio Granado Rodríguez, superintendente de operaciones de tanque; y Noria Alberto Perozo Villanueva, representante del Ministerio Energía y Minas.

Asimismo, Carlos Pereira, supervisor de compras de paradas de planta; Carlos Bello Romero, supervisor de analistas de compras de paradas de planta; Luis Alberto Olivier, superintendente de prevención y control de pérdidas (PCP); y Abraham Valentino Lezama, supervisor de materiales de paradas de planta; todos pertenecientes a Petropiar, fueron aprehendidos por el caso de los contratos con sobreprecio otorgados a través de empresas mixtas que operan en la Faja del Orinoco[11].

Acciones en Bariven

El 2 de noviembre de 2017, la fiscalía general de la república informó de la detención del presidente de Bariven, Francisco Antonio Jiménez, acusado por corrupción. Igualmente se detuvo al gerente de servicio técnico de la empresa, Joaquín Torres, y al analista de compras, Javier Sosa, informó El Nacional.

Los cargos imputados son asociación para delinquir, peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y evasión de procesos licitatorios.

La fiscalía precisó que de enero a septiembre de este año “se registraron en contratos de Bariven 1.300 alertas de sobreprecio en bolívares y 76 en dólares (…) Estos sobreprecios oscilan entre 100% y 98.000%"[12].

El Ministerio Público indicó que los montos objetados superan los 10 mil millones de bolívares y los 119 millones de dólares, sobreprecios en los que aparecen recurrentemente las mismas empresas, incluso, aun cuando no calificaban o no tenían registro.
Y nuevamente el caso de Roberto Rincón apareció en escena pues, de acuerdo a la fiscalía, las irregularidades en este caso se vinculan al empresario zuliano propietario de Tradequip.

También perteneciente a la nómina de Bariven, el exgerente de adquisiciones de dicha empresa, Ramiro Farit Rodríguez, fue detenido —según informó el Ministerio Público— el 11 de abril de 2017, acusado por el delito de peculado doloso.

La fiscalía informó en nota que replicó Finanzas Digital el 11 de abril de 2017, que Rodríguez “aprobó la solicitud de compra de materiales relacionada con la adquisición de dos monoboyas por un monto de 51 millones de dólares americanos”[13], equipos que fueron instalados por una empresa diferente a la contratada, por 26 millones de dólares.

Ya por el mismo caso, la fiscalía imputó a los presidentes de las subcontratistas Guevara Training C.A. y Castillo Max Oil and Gas, quienes habrían cobrado facturas con sobreprecio en la adquisición e instalación de los equipos.

La lista de empresas y funcionarios, exfuncionarios y relacionados con hechos de corrupción de diversa índole parece interminable. Muchos son sólo una cadeneta en la cual, uno y otro, terminan vinculados, tal es el caso de Tradequip, Roberto Rincón y Abraham Shiera, que pareciera haber penetrado en todas las instancias de PDVSA dado el largo etcétera que se mantiene desde que fue descubierto. La pregunta que siempre quedará sin respuesta —al parecer— es si tales acciones responden a un auténtico interés de aplicar justicia o, como ya se dijo anteriormente en estas páginas, solamente se trata de retaliaciones y pases de factura entre facciones internas que pugnan por mantener el poder en la que, por ahora, continúa siendo la principal empresa del país.

jueves, 9 de noviembre de 2017

Alianza Camimpeg-SPS confirma la incapacidad de los militares en materia petrolera

En febrero de 2016, el presidente Nicolás Maduro creó  la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y Gas, que le otorga facultades en materia de hidrocarburos al sector castrense, una decisión que a los ojos de sectores críticos sólo responde al interés de otorgar más cuotas de poder al estamento militar. Una alianza con la empresa SPS cuestionada por su inexperiencia en el área, revela la  incapacidad de los militares en los asuntos de la industria petrolera pues, llejos de solucionar el problema, evidencia que se trata de una jugada que parece tener detrás intereses muy distantes del objetivo de aumentar la producción petrolera que se dicen perseguir.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La falta de experticia y experiencia en al área de los hidrocarburos de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y Gas (Camimpeg), quedó de manifiesto con la suscripción de un acuerdo con la  firma de ingeniería Southern Procurement Services (SPS) para poder operar el campo Urdaneta en lago de Maracaibo, que inicialmente se había asignado a una empresa mixta que se creó entre Petróleos de Venezuela y la brasileña Odebrecht, con lo que se comprueba la incapacidad de los militares en materia petrolera.  
Pero una acción que pudiera catalogarse como atinada al obviar a una empresa tan cuestionada como la constructora brasileña, deja de verse con optimismo cuando empiezan a conocerse las diversas objeciones surgidas a la luz de la empresa seleccionada para sustituirla.

Al hecho bastante cuestionable de adjudicar a los militares la potestad de ejercer la actividad petrolera, se suma el mal tino —a criterio de unos cuantos observadores— a la hora de escoger los socios para realizar las operaciones.

Es el caso de Southern Procurement Services Ltd, una empresa registrada en el Reino Unido por sus socios venezolanos tan solo en 2011 y que, para no pocos, es simplemente una compañía desconocida entre el sector petrolero del país, una circunstancia que al parecer no tuvo ningún peso al momento de adjudicarle junto a Camimpeg, un contrato para reactivar 1 mil 500 pozos petroleros, tanto en el Lago de Maracaibo como en la Faja Petrolífera del Orinoco. SPS también fue registrada en las islas Marshall[1] y en Belice, informó El Estímulo [2] en un amplio reportaje aparecido el 13 de febrero de 2017.

Como CEO de SPS aparece Manuel Chinchilla, y junto a él figuran en la directiva de la empresa, Anabeida Ocampo Ruíz y Esmeralda del Carmen Da Silva Izquierdo. En la red Linkedin, Chinchilla se presenta como ingeniero egresado de la Universidad Santa María, experto en el sector petrolero, petroquímico, siderúrgico y minero[3].

Chinchilla igualmente figura como propietario de la empresa especializada en construcción Inversiones 1098, S.A.[4], que es una compañía habilitada para contratar con el estado venezolano. Noticias Candela refiere en nota publicada el 6 de marzo de 2017[5], que esta empresa atiende los requerimientos de sus clientes en las áreas de ingeniería, construcción y suministros de materiales y equipos. Se dan a conocer como una importante empresa del área de fabricación de equipos de alta tecnología para clientes de la industria petrolera, minera, metalúrgica, así como de proveer servicios en el área de ingeniería, construcción y mantenimiento industrial.

A Campimpeg-SPS, la estatal Petróleos de Venezuela, S.A., le asignó en comodato los muelles Alí Primera y Pedro Lucas Urribarrí, con sede en Campo Urdaneta Lago y Centro Sur Lago, en el estado Zulia. Cabe destacar que para concedérsele tal responsabilidad no se recurrió al mecanismo de la licitación, sino que le fue conferido por considerársele una “alianza estratégica”.

Se estableció un contrato de servicios que permite las operaciones conjuntas en actividades de mantenimiento, suministro y automatización destinados a optimizar la producción petrolera venezolana, la cual ha mermado en más de 1 millón de barriles diarios desde 1999.

Pero el área de acción de Camimpeg-SPS no se limita al Lago de Maracaibo, sino que se extiende al oriente del país, al comprender la prestación de servicios a las empresas mixtas Petrozamora, Petroquiriquire y Petrourdaneta.

Entre los trabajos realizados por la alianza está la instalación de un motocompresor comprado por Halliburton, en la Planta Compulsora Chimire I, situada en la División Ayacucho.

Aunque aseguran contar con los recursos para llevar a cabo las tareas que conllevan los contratos suscritos, se le crítica la falta de experiencia frente a empresas de servicios como la ya citada Halliburton y Schlumberger, a las que les ha tocado sustituir dado que las mismas redujeron al mínimo sus operaciones en el país desde 2016, pues PDVSA no saldaba la enorme deuda que con ellas mantenía.

SPSD, que tiene 440 colaboradores, asegura que recurre a la contratación de personal especializado, de manera de poder ejecutar las obras que le son encomendadas, en caso de no contar con los profesionales adecuados.

— Sí estamos en la capacidad de asumir contratos, de hecho estamos prestando servicio a PDVSA y sus filiales. Decidimos quedarnos a invertir aquí y estamos garantizando un mayor rendimiento de la producción de las áreas operativas de PDVSA. No solo con inversiones de primera línea y alta tecnología, sino además, mantenemos constante presencia en los campos que permitan ajustar la mejor configuración de equipos hechos a la medida, según los requerimientos de cada pozo. Trabajamos de la mano con expertos petroleros de Rusia, Alemania, Colombia y Canadá. Juntos buscaremos las mejores soluciones técnicas y sobretodo con tecnología de punta para aumentar la producción aplicando el conocimiento del trabajador petrolero venezolano que sabe de la realidad de nuestros campos y operaciones —le aseguraron a El Estímulo en el reportaje antes mencionado.

De las dudas también se hace eco la página especializada Oil Price, que el 21 de diciembre de 2016 manifestó que ante la falta de experiencia de Camimpeg-SPS, en el sector se preguntan “si los socios de la empresa mixta tienen el personal o el capital necesarios para realizar el trabajo”. Precisa que el hecho de que las compañías hayan tenido la posibilidad de formar equipos es sorprendente[6].

La petrolera militar

Por resolución del Ejecutivo Nacional publicada en el Gaceta Oficial N° 40.845, el 10 de febrero de 2016 se firmó el decreto presidencial N° 2.231 que creó la Camimpeg C.A., de capital cien por ciento venezolano, una empresa estatal de servicios que, según su página web, está “a la orden del estado venezolano y comprometida” con PDVSA.

“Camimpeg ha sido creada para impulsar, desarrollar, expandir, fortalecer, consolidar, implementar y cooperar en la prestación de los servicios petroleros, de gas y de explotación minera, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos 113 único aparte, 236 numerales 2, 5, 11 y 20, y 328 mediante el cual acredita a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo Nacional, en concordancia con los artículos 3 y 4 de la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”[7].

Según refieren en su página oficial, la Fuerza Armada adquiere entonces nuevas funciones que la distraen de su objetivo principal definido en el artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece que se encargará de “garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley”.

Unos principios que en nada se compaginan con el objeto social que la propia empresa define al proponerse “efectuar todo lo relativo a las actividades lícitas de Servicios Petroleros, de Gas y Explotación Minera en general, sin que esto implique limitación alguna; se empleará en el área de rehabilitación y mantenimiento de pozos petroleros, reparación, mantenimiento y administración de taladros de perforación, fabricación, reparación y mantenimiento de las estaciones de flujo, bombeo y plantas compresoras en áreas terrestres o marinas, servicios de reparaciones de bombas; contratación de personal obrero calificado para la industria de minería e hidrocarburos”[8].

Además de prestar servicios de apoyo logístico a las instalaciones; servicios generales a las empresas en todos sus variantes, a través de la importación, exportación, distribución, comercialización, compra y venta de productos químicos para la industria minera, petroquímica, petrolera y gasífera, tales como desengrasantes, solventes aromáticos, disolventes, surfactantes, inhibidores de corrosión, productos biodegradables para el medio ambiente. Igualmente está facultada para llevar a cabo servicios de transporte a nivel nacional e internacional.

Se ocupará también de la atención de derrames de hidrocarburos, construcciones para desechos de hidrocarburos, transporte y manejo de desechos de perforación; del “mantenimiento, protección, funcionamiento, y descontaminación del medio ambiente”; la ejecución de obras civiles, eléctricas y mecánicas; mantenimiento y limpieza en general de áreas industriales y urbanas; entre otra cantidad de funciones que la convierten en una compañía con similares objetivos y funciones que Petróleos de Venezuela, S.A. pero circunscrita y manejada con la discrecionalidad y secreto que caracteriza a la institución armada.

En total, se trata de más de 25 competencias de la más variada índole, que convierten a Camimpeg en una gran corporación en manos de militares, lo que viene a ser una decisión sin precedentes e irregular, tal como precisa el diario La Razón en nota sin fecha aparecida en su página web[9].

Desde su constitución como empresa militar para manejar las operaciones petroleras, se levantaron severas críticas desde todos ámbitos de la vida nacional, pues aparte de significar un reconocimiento por parte del propio gobierno del fracaso y estado de postración en el que se encuentra PDVSA, también amplía las atribuciones y funciones de la FAN al dejar en manos militares la solución de un problema que debería ser tratado únicamente en el orden económico.

La pretensión de aplicar correctivos por vía militar suponía, a criterio de los entendidos, un nuevo fracaso por la incompatibilidad de amabas áreas —militar y petrolera— que sólo deja ver la intención de imponer los criterios ideológicos y el sesgo que imperan en el ámbito castrense desde la asunción del chavismo al poder.

Pese a las objeciones y observaciones, la administración de Nicolás Maduro ha insistido en que Camimpeg sea una “empresa petrolera militar”, pues asegura que la misma sólo se limita al ámbito de prestadora de servicios a la principal empresa estatal del país.

Pero para la presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel, la creación de Camimpeg solamente demuestra que “los militares están exigiendo cada vez más espacios”[10], como reseña RunRun.es en publicación del 6 de junio de 2016. A todas luces, una decisión que solamente es un premio a la “lealtad” — más bien sujeción— a los intereses personalistas, de poder y de control absoluto de la sociedad que persigue el gobierno de Nicolás Maduro en todas las áreas de la vida nacional.

También al diario El Impulso, San Miguel le aseguró el 27 de marzo de 2016, que esto es “absolutamente incompatible con las funciones previstas en la Ley Orgánica de la FAN” y con las funciones de “policía ambiental que tiene atribuidas por las leyes de Ambiente y la Penal del Ambiente y, en general, con las funciones que tiene atribuidas la de Guardería Ambiental”[11].

La directiva de Camimpeg

De hecho, esta empresa adquiere tal poder, que le otorga al ministro de la Defensa la potestad de nombrar a discreción la directiva de la empresa, cuyos ejecutivos le rinden cuentas únicamente a él, poniéndola en posición paralela a PDVSA, cuyo titular es nombrado por el presidente de la república.

En un principio la presidencia de la empresa quedó en manos del Mayor General, Alexander Cornelio Hernández Quintana, mientras que como Director Principal, fue designado el Mayor General, Antonio José Benavides Torres. Los acompañarían como directores el Mayor General, Pedro Miguel Castro Rodríguez, el General de División, Darío José Barboza Gómez y la Vicealmirante, Maribel del Carmen Parra de Mestre.

El portal Guisos Rojos en publicación del 26 de mayo de 2017, cataloga de corruptos a quienes encabezan esta directiva, como apuntamos, Hernández Quintana y Benavidez Torres, quienes con su designación se ubican por encima de PDVSA.

El Mayor General, Alexander Cornelio Hernández Quintana, fue nombrado en julio de 2015, viceministro de Planificación del Ministerio de la Defensa. Antes de esto, en 2012, fue objeto de una acción de amparo en su contra por presuntamente avalar el desalojo forzoso de varios oficiales de la FAN de unas viviendas que les habían sido asignadas por la institución militar, pero el juzgado tercero de primera instancia civil declaró inadmisible el recurso, refiere el portal Poderopedia[12].

Entretanto, el general Antonio José Benavides Torres, forma parte de los funcionarios sancionados por el gobierno de los Estados Unidos en marzo del año 2015, al ser señalado como uno de los principales represores de las protestas de 2014 y por estar involucrado en la denominada masacre de Tumeremo. Su record en contra de los derechos humanos se habría completado durante las protestas opositoras que tuvieron lugar este año 2017, cuando murió más de una centena de venezolanos y cientos de personas resultaron arrestadas en condición de presos políticos, puede verse en Poderopedia[13].

Según Guisos Rojos, tanto Hernández Quintana como Benavides Torres, han obtenido beneficios personales producto de los contratos suscritos por la alianza de Camimpeg-SPS, con sede en el edificio Banaven, conocido como el “Cubo Negro” en Caracas[14].

Ampliación del poder militar

La nota reseñada líneas más arriba en La Razón, cita a Roland Denis, exviceministro de Planificación de Hugo Chávez, quien recordó que desde los tiempos del general Raúl Baduel, el sector militar aspiraba a “meterle mano a PDVSA”, pero el finado expresidente, Hugo Chávez, “por razones que nunca explicó, no le quiso dar PDVSA a los militares, prefirió guardarla dentro de un cuadro civil por los propios equilibrios de poder que él mismo manejó y creo que en este caso fue acertado, aunque los personajes civiles que metió en PDVSA no lo fueron”, advertencia que hizo en clara referencia a Rafael Ramírez.

— Un presidente mucho más débil que Chávez, evidentemente, le permite a los militares abrazar muchos más espacios, no solo en el mando directo sobre diferentes instituciones, sino también estableciendo una estrategia corporativa —agrega Denis.

Y remata que se trataría entonces de un “clarísimo juego de correlaciones de fuerza dentro del Estado”, en el que Nicolás Maduro ha cedido espacios a los militares por el obvio interés de mantenerlos apegados a él aunque esta sea una “obediencia negociada”.

Vale destacar un cambio que el presidente de la república, Nicolás Maduro, instrumentó en la directiva de PDVSA en enero de 2017, una restructuración cuyo objetivo, como dijo, era ir "saneando de corrupción en todos los ámbitos que se han podrido en PDVSA", al tiempo que agregó que "(...) hay que ir a sanear profundamente la corrupción incubada allí”[15], refiere el portal La Izquierda Diario el 1° de febrero de 2017.

Y aunque en la presidencia de PDVSA se mantenía —hasta ese momento— a Eulogio Del Pino, se cambiaron a los titulares de las vicepresidencias de las áreas de Exploración, Refinación, Comercio y Finanzas, al tiempo que se amplió la junta directiva con una nueva Vicepresidencia ejecutiva de la que se encargó a la vicealmirante, Maribel Parra, quien como señalamos anteriormente, integra la directiva Camimpeg, destacó La Izquierda Diario en una publicación aparecida el 1° de febrero de 2017.

La incorporación de Maribel Parra sólo venía entonces a corroborar el carácter militarista que la gestión de Nicolás Maduro le ha querido inyectar a su gobierno, amén de que el propio sector castrense ha venido exigiendo cada vez más espacios, ya no limitados al ámbito político, sino extendidos ahora también a lo económico. Vale destacar la decisión del Ejecutivo nacional de eliminar la fiscalización y control que tienen los hombres de armas en sus administraciones, todo a cambio de la fidelidad que hasta ahora le ha mostrado el alto estamento militar.

Autocontrol militar

Otra reseña de Izquierda Diario alertó el 31 de enero de 2017 de la eliminación de controles sobre las empresas militares.

De hecho, la sentencia N° 1.421 del Tribunal Supremo de Justicia emitida el 15 diciembre de 2016, le otorgó a las Fuerzas Armadas la posibilidad de autocontrolarse al quitarle a la Contraloría General de la República la facultad de fiscalización sobre las empresas que manejan los militares[16].

Así la caja negra militar amplía sus espacios con esta decisión que delega únicamente en la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la potestad de fiscalizar las empresas militares, tal es el caso de Camimpeg. El control civil se hizo más estrecho con esta decisión.

Los contratos

El 3 de enero de 2017 se anunció el inicio de las operaciones de alianza establecida entre Camimpeg, Southern Procurement Services (SPS) y PDVSA, en el Campo Urdaneta Lago y su muelle Alí Primera, ubicados al sur y sureste de Maracaibo, asignado por la estatal petrolera al referido convenio cívico-militar, el cual se encargaría de la rehabilitación, acondicionamiento, resguardo y operatividad de las instalaciones, según informó Venezolana de Televisión en la fecha antes citada[17].

SPS, de acuerdo lo reza en su página web, Southern Procurement Services, S.A., es una empresa que tiene por objetivo “satisfacer los requerimientos de sus clientes en las áreas de ingeniería, construcción y suministros de materiales y Equipos (…) Actualmente representa importante empresas del área de fabricación de equipos de alta tecnología para clientes de la industria petrolera, minera, metalúrgica, además de proveer servicios en el área de ingeniería, construcción y mantenimiento industrial”[18].

El canal de televisión oficial informó que la alianza entre Camimpeg, SPS y PDVSA, la cual catalogó de estratégica, comprende una agenda de trabajo conformada por cuatro fases. Las dos primeras se encargarían conjuntamente de apalancar tecnología de punta, suministros de equipos, inversión en el campo, tendidos de tuberías y todos los servicios requeridos para aumentar la capacidad instalada, todo a través del financiamiento internacional.

“Hemos trabajado en conjunto con PDVSA por varios años, esta experiencia y relación de confianza construida a través del trabajo realizado en equipo, dando paso a la alianza que se firmó el 25 de julio del año pasado (2016), que suscribimos una alianza estratégica. Sumándose a este gran reto a partir del 7 de octubre la estatal petrolera venezolana, con la firma de una alianza macro, en la que Camimpeg, SPS y PDVSA se enlazan para formar un gran bloque, dirigido a impulsar, desarrollar y posicionar los recursos y reservas petroleras de la Nación, en el mercado internacional”, le explicó SPS a El Estímulo en la respuesta que le dio a una de las preguntas que le remitió en un cuestionario.

Entretanto, para los servicios se suscribiría un contrato aparte del de operaciones, esto con el fin de aumentar la capacidad y garantizar de este modo los recursos y que estos sean reinvertidos de eficientemente, dijo Manuel Chinchilla, presidente de SPS.

De acuerdo a información divulgada por El Universal el 24 de marzo de 2017, se firmaron los memorandos de entendimiento entre el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y el para entonces presidente de Petróleos de Venezuela, Eulogio del Pino, para que la PDVSA y las Fuerzas Armadas aúnen esfuerzos en procura de soluciones integrales al sector petrolero.

El titular de la cartera castrense precisó que los efectivos militares que se incorporen a la estatal petrolera brindarán apoyo a PDVSA en materia de seguridad y defensa. Igualmente, la explicó que la alianza incluye un acuerdo con Camimpeg destinado a elevar los niveles de producción en el Campo Urdaneta del estado Zulia[19].

Entretanto, el 5 de mayo de 2017, se suscribió un contrato de servicios que tenía por objeto el incremento de la producción de hidrocarburos entre PDVSA y la alianza Camimpeg-SPS, reseña Petróleos de Venezuela en una nota de prensa publicada en la fecha citada.

Este contrato perseguía aumentar la producción petrolera en el Lago de Maracaibo en más de 30 mil barriles por día, con una inversión de 400 millones de dólares. La firma del citado contrato tuvo lugar en el Muelle Alí Primera, municipio La Cañada de Urdaneta, estado Zulia[20].

“En el Campo Urdaneta hay más de 500 millones de barriles a desarrollar y vamos a llevarlo a su máxima producción”, dijo Eulogio Del Pino en esa oportunidad.

EE. UU. pone la lupa

La alianza Camimpeg-SPS no sería objeto de observación por parte de los entes y agentes nacionales sino también los internacionales, toda vez que el convenio suscrito entre Southern Procurement Services Ltd con Petróleos de Venezuela S.A. y la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, estaría bajo la lupa de las autoridades de Estados Unidos por presuntas irregularidades, refiere Noticias Candela en nota del 6 de marzo de 2017[21] ya reseñada en este reportaje.

Extraoficialmente se conoció que el gobierno de Estados Unidos mira con especial atención al sancionado e incluido en la lista de la OFAC, comandante General de la Guardia Nacional, general Antonio Benavides Torres, así como sus vínculos con otros militares, civiles y empresas. Aunque no hace mención a cuáles son, la página refiere que la alianza de Camimpeg-SPS es señalada por casos de corrupción.


miércoles, 8 de noviembre de 2017

Nervis Villalobos cobró millones dedólares triangulados por el Consorcio KCT a través de una empresa de Miami

En el segundo día del juicio del caso Díaz, que se celebra en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, salieron a relucir una serie de facturas firmadas por el exviceministro de Energía Eléctrica del gobierno del fallecido, Hugo Chávez, a través de las cuales logró cobrar millones de dólares pagados por el Consorcio KCT, que eran presentadas ante la empresa Miami Equipment & Export, que era usada para pagar comisiones y sobornos a sus propios empleados y a trabajadores claves de Cadafe, Corpoelec y Pdvsa.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

En el juicio que se le sigue a los empresarios cubanos-americanos, Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, —acusados por el gobierno de los Estados Unidos de haber usado una empresa de venta de equipos de construcción como un banco sin licencia y, además, de haber lavado millones de dólares a funcionarios y exfuncionarios del gobierno venezolano, a cambio de un porcentaje por cada transacción— los fiscales federales presentaron una serie de evidencias que el juez aceptó y que dejan claro que varias empresas venezolanos triangularon por la compañía de Miami los pagos de comisiones y sobornos a personas ligadas a entes gubernamentales de Venezuela.

La sesión que duró más de 6 horas, se inició con la exposición del experto de la agencia del Departamento del Tesoro estadounidense, encargada de supervisar los delitos financieros (FinCen), John V.
El testigo llamado por la fiscalía dijo que el FinCen se dedica a almacenar y analizar información sobre transacciones financieras con el  objetivo de luchar contra los delitos como el lavado de dinero.

Dijo que la  misión del FinCEN es salvaguardar al sistema financiero de la utilización ilícita y el blanqueo de dinero y a la vez promover la seguridad nacional a través de la recopilación, análisis y diseminación de inteligencia financiera y la utilización estratégica de las autoridades de ese sector.

Explicó que el 1° de enero de 2016 hicieron una supervisión en la sede de Miami Equipment & Export Co. y contactaron que los dueños de esa empresa no tenían registrado su negocio en el FinCen como la ley ordena.

Comentó que no hay ningún registro que pruebe que la referida empresa estuviese en los registros oficiales, o que llevara récords de las transferencias que hacía o que hubiese presentado algún reporte para advertir sobre las irregularidades.

El segundo testigo en el estrado este martes fue un agente de la Unidad de Aduanas y Protección de Fronteras del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, T. Castaña, cuyo trabajo está relacionado al chequeo de los contenedores de los bienes que se exportan desde los Estados Unidos al mundo entero.

Castaña explicó que diariamente se hacen reportes de los contenedores que salen de los puertos y se genera una data que incluye los problemas que se presenten con los exportadores. Afirmó que los responsables de las exportaciones deben llenar unas formas que deben remitir al gobierno federal para cumplir con las exigencias de la ley.

Los fiscales presentaron una copia de un reporte equivalente a las exportaciones hechas por Miami Equipment & Export Co. desde 01-08-2008 hasta 09-02-2016, donde aparecen todas los envíos hechos por la empresa, los costos y los montos que totalizan esas exportaciones, entre otros renglones. La totalidad en moneda de las exportaciones hecha por la mencionada empresa en ese período del 2010-2016 fue de 42 millones de dólares. Otra lamina mostraba que en el mismo período se exportaron unos 5 millones 410 mil 821 dólares a través de las siguientes empresas: KCT (Caracas y Valencia), KBT, Cielemca, entre otras.

La defensa intervino en este punto para aclarar que esos montos no reflejaban las exportaciones que se hacían con órdenes de compra directa con las empresas que manufacturaban los productos y que los clientes decidían hacer los envíos directos desde el lugar de la fábrica hasta el destino final. George Vila preguntó al testigo qué ocurre en las circunstancias excepcionales en que los montos no aparecen en las formas a las que se referían los fiscales, que muestra la data exclusivamente de las que se hacen rutinariamente por la empresa intermediaria, en este caso Miami Equipment & Export. El testigo dijo que en algunos casos eso era posible pero también se tenía que reflejar en la forma del gobierno que se había usado ese mecanismo.

Posteriormente, subió al estrado un agente encargado de realizar investigaciones federales relacionadas con lavado de dinero, quien fue el encargado de realizar la investigación sobre la empresa propiedad de los dos acusados. M D. R fue el agente que revisó las cuentas de Miami Equipment & Export y descubrió que los movimientos que se hacían desde las cuentas bancarias de dicha empresa no se correspondían con la naturaleza del negocio.

Explicó el agente que inició su averiguación con una revisión de la página web de la empresa, luego pasó a las cuentas bancarias, donde  encontró transferencias bancarias detalladas y estados bancarios de los años 2010 hasta 2015. Se enfocó en mostrar algunas evidencias correspondientes a la cuenta de los acusados en el banco BB&T, y Colonial Bank, cuyas firmas autorizadas son Luis Díaz, Luis Javier Díaz y Annette M. Díaz Rojas.

Dijo que en esas cuentas se recibía dinero y luego se pasaba a otros bancos. Buena parte de las transferencias venían del Consorcio KCT. También revisó los correos electrónicos de los dos acusados y fue cuando supo que estos recibían instrucciones de la empresa venezolana para hacer las transferencias pero que, además, era ese cliente el que se encargaba de enviar las facturas de los supuestos servicios que prestaba Miami Equipment & Export a los que KCT enviaba el dinero.

Los fiscales expusieron ante el jurado fotos de las oficinas y de las cajas con documentos que el gobierno de los Estados Unidos tomó en la empresa con sede en Miami, y que luego se convirtieron en evidencias contra los dos acusados.

Seguidamente los fiscales empezaron a mostrar al jurado una serie de facturas, que habían sido pagadas por los acusados, conforme a las instrucciones que recibían de los dueños de KCT y otras empresas. El agente explicó que tras la evaluación de la documentación descubrió que una parte de las personas beneficiadas por las transferencias eran los mismos dueños del Consorcio KCT y otras empresas similares.

Mostraron unas hojas de apertura de cuenta en el banco HSBC a nombre del Consorcio  KCT Cumaná Internacional, donde firmaban las siguientes personas: Antonio Martín, Antonio Padrín, Enrique Pradera, José Miguel García y Blas Herrera. La dirección que aparece es las islas Británicas y la dirección postal era la de la empresa de los acusados 7788 NW 71 St. Miami Fl. 33166.  En esa misma hoja aparecían los nombres de Ariano Martín, Blas Herrera y Enrique Pradera con la información de sus teléfonos celulares.

Asimismo presentaron documentos de la empresa Cielemca, aunado a un correo electrónico enviado al acusado Luis Díaz Jr. por César Cardozo, con copia a Mario Herrera y José Garantón, donde daban instrucciones sobre envíos.

En una de las comunicaciones firmada por la secretaria de Blas Herrera, Elisbert Becerra Guzmán (KCT), informaban a Luis Díaz de un pago a favor de Miami Equipment por 4 millones 360 mil 912,50 dólares.

El 3 de marzo de 2012, había un balance en la cuenta de Miami Equipment a favor de KCT de 904 mil 417,73 y el 27 de marzo de 2012 transfirieron 4 millones 773 mil 694,24 dólares. De ese monto se ordenó el pago a dos empresas: Kingsway LDA por 1 millón 451 mil 763,93 dólares, cuyo beneficiario fue el exviceministro de Energía Eléctrica del gobierno de Hugo Chávez, Nervis Villalobos Cárdenas, y la segunda empresa fue Adimar, a la que le transfirieron 2 millones 546 mil  dólares para un total de 4 millones 763,93 dólares.

Nervis Villalobos Cárdenas envió una factura a Miami Equipment identificada con el número #000208 por pago parcial de consejos de prueba previa y la puesta en marcha de San Lorenzo-Zulia Venezuela por 1 millón 454 mil 763,93. El pago fue hecho desde la cuenta de banco de la empresa de los acusados a una cuenta en el Banco de Madrid, España.

 La fiscalía sostuvo que Miami Equipment pagó ese supuesto servicio sin haberlo recibido.

Los acusados también pagaron una factura a Adinar Internacional Limited por supuesto desarrollo de concepto de ingeniería por 546 mil dólares. No hubo ninguna relación entre la empresa de los Díaz y las empresas que recibieron los pagos, solo las instrucciones de KCT y las facturas que ellos mismos enviaban para justificar el pago a los beneficiarios. Adinar recibió los pagos a través del Banco New York Mellon.

La fiscalía informó al jurado que los dueños de la empresa Adinar son Blas Herrera, Enrique Pradella, Antonio Padrín, Mario Herrera, es decir, los mismos propietarios del Consorcio KCT, lo que indica que se enviaban dinero de una empresa a otra por intermedio de Miami Equipment, usando facturas de servicio que no se prestaban a la empresa ubicada en Miami.

Igualmente dijeron que Kingsway y Miami Equipment firmaron un acuerdo el 7 de noviembre de 2010. Por Kingsway firmó el exfuncionario del gobierno de Hugo Chávez, Nervis Geraldo Villalobos Cárdenas y por ME, Luis Díaz.

Kingsway tiene sede en la Zona Franca Madeira de Portugal.

Desde las cuentas de los acusados también se pagó otra factura esta misma empresa por 873 mil  120 dólares.

La fiscalía también destacó que KCT no aparece en ninguna de las facturas que se investigaron en ese período.

Otra empresa a la que Miami Equipment transfirió dinero por orden de KCT es Levack Limited LTD con dirección en las Islas Británicas. La empresa de los acusados transfirió 1 millón 12 mil 500 dólares por una factura de supuestos servicios de consejería y asesoría profesional. Los envíos se hicieron a través del JP Morgan. El director de Levack es Antonio Padrín, el mismo director de KCT.

Otra de las empresas que participó el esquema de lavado de dinero es Posner International Inc con sede en Panamá. KCT instruyó a los acusados para que transfiriera más de un millón de dólares a la cuenta de la empresa a través de una cuenta del HSBC.

Cuando la fiscalía presentó los documentos de la empresa y de los firmantes en las cuentas aparecieron nuevamente Enrique Padrella y José Miguel García.

La fiscalía también mostró un pago hecho por KCT mediante Miami Eqhipment a favor de Cielemca por 350 mil dólares por consulta en proyecto de Planta Bajo Grande.

Esta historia apenas comienza, seguiremos informando....








lunes, 6 de noviembre de 2017

En juicio de empresarios que lavaron dinero a chavistas se revela que contratista del Estado venezolano habría comprado un apartamento en Miami del para asesor de Jesse Chacón

En 2015, el consorcio venezolano que recibió contratos para construir plantas eléctricas en Venezuela, giró instrucciones para pagar por un condominio en Miami a nombre del asesor del entonces Ministro de Energía Eléctrica del gobierno de Venezuela, usando como intermediario la empresa Miami Equipment, cuyos dueños están siendo juzgados por lavado de dinero internacional.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

En el primer día del juicio contra los empresarios cubano-americanos, Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, padre e hijo acusados de lavar más de 100 millones de dólares a funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Venezuela, a través de una empresa de venta de equipos de construcción, los fiscales federales presentaron al jurado una factura de una compañía de títulos inmobiliarios que evidenciaba que la compañía de los acusados habría desembolsado 294 mil 897,50 dólares por asesoría de ingeniería para plantas eléctricas, cuando en realidad se habría tratado del pago de un apartamento en Miami a nombre de Eduardo Rafael Cid Montes, quien fuera ex asesor del entonces Ministro de Energía Eléctrica venezolano, Jesse Chacón.
La acusación del gobierno de los Estados Unidos contra los Díaz, asegura que los dos hombres usaron una empresa Miami Equipment & Export como un banco sin licencia, violando las leyes federales que regulan los negocios de transferencia de dinero, y además se les acusa de haber lavado cientos de millones de dólares cuyos beneficiarios eran funcionarios o empleados de entes gubernamentales de Venezuela (Pdvsa y Cadafe).

KCT un cliente muy importante

Una de las empresas que habría usado la compañía de los acusados para lavar dinero es el consorcio KCT, una contratista del Estado venezolano que ganó multimillonarios contratos públicos.  

Se inició el juicio

El juez de Distrito, William H. Pauley III, abrió el juicio este lunes seleccionando el jurado que quedó conformado por 12 mujeres y 3 hombres, en su gran mayoría simpatizantes del partido demócrata y admiradores del expresidente, Barack Obama.

Fiscalía logra su cometido

A primera hora de la mañana los fiscales del caso pidieron al juez Pauley III que permitiera  que el jurado conociera e identificara a los funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Venezuela que se beneficiaron de las transferencias ilegales hechas desde la cuenta bancaria de la empresa de los acusados. El fiscal auxiliar del caso dijo que es muy importante descubrir la identidad de los funcionarios públicos para que se entienda la razón por la cual las transacciones hechas por los Díaz eran suspicaces.

Es necesario que el jurado comprenda por qué esas transferencias de dinero que venían de Venezuela y eran depositadas en cuentas de funcionarios del gobierno, eran sospechosas, y por qué le hicieron un severo daño al sistema financiero de los Estados Unidos.

La fiscalía sostuvo que el dinero envuelto en el caso Díaz debió haber sido regulado porque la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCen) tiene reglas específicas sobre las transacciones que se hacen desde Venezuela, al igual que Corea del Norte o Irán, que forman parte de la lista de países de alto riesgo para el lavado de dinero.

Los fiscales señalaron que el consorcio venezolano KCT tiene cuentas bancarias en todo el mundo, pero las transacciones se dirigían exclusivamente hacia las Islas Británicas, España y Panamá.

Cuando el juez Pauley III aprobó la petición de los fiscales para identificar a los funcionarios del gobierno venezolano que recibieron el dinero, la defensa se quejó y dijo que el caso trataba de la violación de la ley en los Estados Unidos y el hecho de mezclar a funcionarios de un gobierno como el que existe en Venezuela, donde existe una dictadura, le haría mucho daño a los acusados porque, según los abogados, sus clientes no sabían quiénes eran esos individuos a quienes ellos hacían las transferencias de dinero.

La defensa sostuvo que la evidencia relacionada con la identificación de los funcionarios del gobierno no es importante, porque lo que el jurado tiene que saber es que la compañía KCT hacía proyectos importantes para el gobierno, pero que los dos acusados no sabían que había corrupción en Venezuela. "Mis clientes no han estado vinculados en corrupción, tocar el tema de Venezuela podría crear confusión en el jurado", acotó la defensa.

La fiscalía respondió que se necesita mostrar que las transacciones que se hicieron a lo largo de la conspiración —que va desde 2010 hasta 2016— eran para personas vinculadas al gobierno de Venezuela. "Necesitamos informar quiénes eran y qué posiciones ocupaban en las agencias gubernamentales", argumentaron.

Los fiscales aclararon además que no tenían la intención de focalizar la presentación de evidencias a lo que ocurre en Venezuela, sólo se debe informar al jurado que los acusados sabían lo que estaban haciendo y acordaron hacerlo cobrando para ello un porcentaje por cada transferencia. Para soportar cada envío de dinero, los acusados utilizaron facturas falsas de servicios profesionales que nunca se prestaron o consultorías que no existían y, obviamente, los demandados sabían que sus clientes eran del gobierno venezolano y que las transferencias de dinero era producto de la corrupción.

El juez Pauley III aprobó la petición del gobierno y decidió instruir al jurado sobre el tema, mencionado los nombres de los funcionarios que se habrían beneficiado, entre quienes destacó el nombre del actual embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas y expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez Carreño, y el de su hermano, Fidel Ramírez Carreño, así como el de Rafael Cid Montes, entre otros. Nombraron además varias empresas, entre las cuales destacó Cuba Petróleo y Materiales Manzanillo C.A.

Pauley III aclaró a los miembros del jurado que el caso era de lavado de dinero internacional y operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, y en ningún momento era sobre sobornos. "Los acusados no pagaron coimas a funcionarios del gobierno y el soborno como delito no está siendo tratado en este caso", afirmó el juez.

Un juicio de dos semanas de duración

El juez abrió el juicio señalando que el proceso durará dos semanas en las cuales el jurado conocerá las evidencias que presentará la fiscalía para probar, más allá de la duda razonable, que Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, son culpables de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y de haber lavado más de 100 millones de dólares a funcionarios del gobierno de Venezuela.

El fiscal asistente, Benet Kearney, expuso en sus palabras de apertura que el delito de que se les acusa es la violación de las leyes federales relacionadas con el manejo de un bancos sin licencia y de lavado de dinero.

Comentó que los acusados movieron más de 100 millones de dólares a través de las cuentas de su empresa Miami Equipment a cuentas bancarias de sus clientes o de empresas offshore ubicadas en Panamá, Islas Británicas y España, a cambio de un porcentaje de esas transacciones, sin importarles de dónde venía el dinero. 

Kearney explicó que los acusados debieron haber llevado un reporte sobre las actividades de transferencia de dinero ilegal, también tuvieron que hacer las preguntas de rigor en esos casos, pero no les interesó saber quiénes eran los clientes y de dónde venía el dinero, haciéndole un enorme daño al sistema financiero de los Estados Unidos.

Dijo que los acusados usaron una empresa de venta de equipos de construcción como una máquina para lavar dinero, porque ellos no tenían licencia para operar este tipo de negocios y violaron los controles que hay sobre ese sector. En lugar de prender las alarmas para que el gobierno aplicara la ley -ya que las transferencias involucraban un país de alto riesgo como Venezuela- los demandados disfrazaron esa actividad ilegal con facturas falsas de consultorías que no existieron y permitieron que sus clientes se transfirieran dinero a ellos mismos, o lo usaran para comprar apartamentos, pagar hoteles o viajes.

Explicó Kearney que el consorcio KCT envió 10 millones de dólares a empresas offshore de funcionarios del gobierno de Venezuela, a la vez KCT le daba a los acusados facturas falsas para camuflar esas transacciones.

Kearney argumentó que entre 2010 y 2016 Miami Equipment facturó 150 millones de dólares, de los cuales, apenas 50 millones de dólares, se correspondían a venta de equipos, que era su actividad natural. En los récords en poder de la fiscalía hay una enorme cantidad de facturas falsas de servicios que nada tienen que ver con el negocio de los acusados.

Miami Equipment es un negocio familiar

El abogado de Luis Díaz Jr., George Vila, negó que la empresa de su cliente fuera una máquina de lavar dinero y de transferencia, sino que es una compañía pequeña, familiar, que su cliente de 65 años, creó gracias a tu trabajo y conocimiento del mercado latinoamericano en materia de equipos de construcción.

Vila aseguró que su cliente mantiene una relación comercial y de amistad con el dueño de una de las empresas más grandes de construcción en Venezuela, Enrique Pradera. Dicha relación surgió a raíz de una orden de compra que Pradera le otorgó a Miami Equipment, que implicó que su cliente consiguiera los mejores precios del mercado para los equipos requeridos, y por lo cual cobró un porcentaje.

El defensor mencionó a otro empresario de la construcción con quien su cliente habría establecido negocios en Venezuela de nombre Antonio Padrino. Ellos no transferían dinero para sus clientes, sino que prestaban servicios. Vila contó que en 2008, Antonio Padrino, Enrique Pradera y Blass Herrera, decidieron unirse para conformar el Consorcio KCT para pujar por contratos de proyectos más grandes.

Vila dijo Luis Díaz Jr. viajó a Venezuela siguiendo una invitación de sus clientes de KCT y fue entonces cuando ese consorcio le entregó dos órdenes de compra para un proyecto de un país que no es como los Estados Unidos, sino que se caracteriza por la inestabilidad, incluyendo en materia de cambio monetario, ya que la moneda local (el bolívar) se deprecia frente al dólar. Díaz acordó un porcentaje por esos servicios que incluía la compra de los equipos, la instalación y los ingenieros que participaron en esa operación. "Esos fueron los pagos que se hicieron, por los trabajos realizados y la Miami Equipment quería mantener a su cliente en un ambiente muy competitivo".

Por su parte, José Quiñon, abogado de Luis Javier Díaz, aseguró que su cliente había trabajado toda la vida en la empresa de su padre que es un negocio familiar que se ha mantenido por años en uno de los lugares de los EE. UU. donde hay mayor competencia.

Aunado a ello, afirmó que Miami Equipment estaba lidiando con un cliente en un país como Venezuela, donde hay un dictador y donde la moneda local es inestable. Sin embargo ellos lograron hacer negocios en un ambiente difícil con un cliente que es KCT que son tres grandes empresas que se juntaron para hacer proyectos, uno de los cuales superó los 267 millones de dólares, acotó el abogado.

Comentó que Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz tenían 23 años de relaciones comerciales con los empresarios venezolanos y fue con base a esa relación que les encargó la construcción de plantas eléctricas. Esos proyectos requerían de la compra de equipos sofisticados, transformadores, que debían encargarse con detalle y que “requerían de la experticia de mis clientes”, acotó Quiñon.

Reiteró que sus clientes tienen un negocio legítimo y que KCT les dio un negocio muy grande que requirió que Miami Equipment trabajara directamente con Siemens para comprar las plantas eléctricas que el gobierno de Venezuela necesitaba.

Argumentó que los correos electrónicos de KCT y otros clientes llegaban directamente a la computadora de Luis Javier Díaz, porque su padre es un hombre mayor que no sabe manejar la tecnología, a la vez que aclaró que no existen evidencias que prueben que los acusados manejaban un negocio ilegal de transferencia de dinero porque lo que ellos tienen es una empresa que funciona legalmente y que vende equipos.

Testigos del gobierno

El primer testigo del gobierno fue un abogado jefe de reclamos de la empresa de títulos Stewart, Mark Borst quien evalúo una factura con datos falsos presentada como evidencia por la fiscalía donde aparece el membrete de la  compañía de títulos con una dirección en Miami que no se corresponde a la real, y donde se factura a Miami Equipment $294,897,50 por concepto de diseño de ingeniería básica para planta de generación a favor de Rafael Cid Montes, y que en realidad correspondía a la compra de un apartamento en Miami para el mencionado exfuncionario que fungía como asesor del entonces Ministro de Energía Eléctrica del gobierno venezolano, Jesse Chacón.

El dinero habría correspondido al pago de la compra de un inmueble, un condominio en Miami, a nombre de Rafael Cid Montes, según documentos federales.

Borst aseguró frente al juez que nunca había visto una factura con esas características tras haber trabajado 11 años en la empresa Stewart, y confirmó que la dirección era diferente.

El abogado de Luis Javier Díaz, Quiñon se levantó para preguntarle sobre un número de fax que aparece en la factura que sirvió de evidencia al gobierno norteamericano.

El segundo testigo del gobierno fue un agente  de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCen), John V. quien explicó al jurado los mecanismos de control que utiliza el gobierno de los Estados Unidos para evitar el lavado de dinero.

Destacó que los negocios de transferencia de dinero deben regirse por una serie de normas que conllevan a levantar informes de alerta cuando se está al frente de una transacciones financieras sospechosas.

Reiteró que existen países considerados por el FinCen como de alto riesgo entre los cuales se encuentra Venezuela, junto a Corea del Norte, Irán, Afganistán, entre otros, por lo que el gobierno federal tiene una serie de requerimientos cuando se trata de transacciones de dinero provenientes de esos países o de nacionales de los mismos.

A las 5PM el juez Pauley III levantó la sesión y convocó para este martes a las 9:30 AM para continuar con el testimonio del agente del FinCen.

Vale destacar que los dos acusados en este caso, Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz disfrutan de libertad bajo fianza, por lo que ambos salieron del tribunal acompañados de sus familiares y abogados. Los dos se veían confiados a lo largo de toda la jornada, sonrieron a los asistentes aunque se negaron hacer comentarios sobre el caso con la prensa.

Los abogados defensores también transmitieron con confianza en su estrategia. La fiscalía por su parte estuvo representada por tres jóvenes fiscales asistentes: Edward B. Diskant, Daniel M. Tracer y Benet J. Kearney que aseguraron que tienen todas las evidencias que se requieren para probar la culpabilidad de los acusados frente al jurado.

  


















domingo, 5 de noviembre de 2017

Acción del Ministerio de Defensa evita que Crystallex cobre activos de Venezuela depositados en el Banco de NY

Las partes en conflicto acuerdan extender el tiempo para responder a lo estipulado el fallo emitido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, lo que hace que las posibilidades de cobrar el dinero correspondiente al pago de la deuda que se generó entre la República Bolivariana de Venezuela y la trasnacional canadiense por la expropiación de sus activos por parte del régimen de Hugo Chávez se encuentra cada vez más lejana.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Crystallex Corporation continúa sin poder ejecutar el mandato de un juez neoyorquino que autorizó a la minera canadiense a apropiarse de 1 mil 200 millones de dólares que la República Bolivariana de Venezuela tiene depositados en el Banco de Nueva York, de manera de abonarlos a la deuda que mantiene el país sudamericano con la trasnacional luego de haber sido expropiados sus activos en la citada nación, por parte del fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez.


Crystallex entró en una batalla legal que se ha alargado por meses, en procura de lograr apoderarse de los fondos que le corresponden, debido a la negativa del gobierno de Venezuela de cumplir con la obligación emanada del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones, CIADI, que falló a favor de la canadiense y ordenó al Estado venezolano pagar alrededor de 1 mil 400 millones dólares por las pérdidas de los activos y las inversiones hechas por esa corporación en el desarrollo de las minas Las Cristinas.

La historia del juez y del banco

Crystallex tenía plazo hasta el 27 de octubre de 2017 para intervenir y desestimar la petición y el interventor demandado que propuso el Ministerio de la Defensa venezolano para presentar la respuesta en apoyo de su moción, la cual se extenderá del 3 de noviembre de 2017 al 15 de noviembre de 2017.

Dice el memorando que cualquiera de las partes puede presentar la estipulación ante el tribunal como una solicitud conjunta de que la corte suspende la moción para intervenir y anular la orden de ejecución de los 1 mil 200 millones de dólares.
Crystallex se opone

Crystallex International Corporation aspira obtener lo que una sentencia a su favor le permitió —a saber 1 mil 202 millones de dólares (más el interés previo a la adjudicación) —  que el deudor, la República Bolivariana de Venezuela, mantiene con ella.

En julio 2017, Crystallex obtuvo la autorización de la jueza, Valerie E. Caproni, del Distrito Sur de Nueva York, para una orden de ejecución que le permita satisfacer parcialmente el fallo. Esa moción fue dirigida contra activos comerciales perteneciente a la República de Venezuela, específicamente el dinero depositado en una cuenta fiduciaria en el Banco de Nueva York Mellon.

Dicha cuenta bancaria está a nombre del país sudamericano y se encuentra sujeta al control del estado venezolano, por lo cual, los pagos de dicha cuenta solo pueden hacerse con la aprobación de la República, según un acuerdo firmado por entre el gobierno venezolano y el Banco de Nueva York.

Bajo los términos de la cuenta, la República de Venezuela es el único beneficiario de los fondos y existe expresamente una renuncia a la existencia de terceros beneficiarios. Los abogados de Crystallex sostienen, por su parte, que los fondos son única y exclusivamente propiedad del deudor, que en este caso es el Estado venezolano.

Dicen, además, que la cuenta se creó con el propósito comercial de financiar los pagos a un astillero en Mississippi responsable de reparar unas fragatas de la Armada venezolana.
Crystallex sostiene que la cuenta está sujeta a ejecución bajo lo establecido en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA, por sus siglas en inglés).

La decisión de la jueza Caproni se basó en los hechos expuestos y Crystallex procedió a entregar al  Servicio de Marshals de los Estados Unidos el mandato para que fuera ejecutado.

Según la ley de Nueva York, esta entrega creó un derecho de retención sobre la cuenta en favor de Crystallex y le dio a los Marshals la posesión constructiva de los activos en la cuenta.

El 7 de agosto de 2017, los alguaciles ejecutaron el mandato de ejecución en el Banco de Nueva York, y le dieron a dicha institución bancaria 30 días para entregar los activos que hasta ese momento estaban a nombre de Venezuela. Crystallex comenzó los trámites de facturación el 14 de septiembre de 2017, con el fin de perfeccionar su gravamen en la cuenta y obtener una determinación sobre sus derechos a poseer los activos.

El 13 de octubre de 2017, el Ministerio de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela presentó una moción instantánea para intervenir y desestimar la petición de rotación de los fondos y, a cambio, pidió que se trasladara el procedimiento a un tribunal diferente.

Según los abogados de Crystallex, la moción presentada por el Ministerio de la Defensa ignora el lenguaje del acuerdo que hay sobre la cuenta, malinterpreta la ley de control y basa sus argumentos en una suposición errónea de que el Ministerio y la República de Venezuela son entidades separadas.

Aclara Crystallex que el Ministerio  de la Defensa y la República son uno, tanto en la ley de los Estados Unidos como en la venezolana. Igualmente, los abogados sostienen que es falso que haya un acuerdo sobre la cuenta, que pretende crear un fideicomiso para el beneficio de la República, como una manera proteger los fondos objetos de la ejecución.

Dice Crystallex que dicha cuenta fue creada para hacer pagos a los acreedores comerciales de la República y, en cualquier caso, como una cuestión de política pública de Nueva York (que rige la Cuenta Acuerdo), debe tenerse como un fideicomiso que no puede servir para proteger de sus acreedores los activos del deudor.

En el fondo, la República conserva un interés de propiedad y un derecho a poseer los activos, lo cual la hace sujeto a la rotación de los fondos.

Los abogados sostienen, además, que a sabiendas de que los argumentos presentados por el Ministerio de la Defensa venezolano pueden ser aprobados, propusieron que se traslade el proceso de embargo de bienes por parte de Crystallex, al Distrito Sur de Mississippi.

Dicha solicitud se basa en el hecho de que otro potencial acreedor de la República de Venezuela, Huntington Ingalls Industries, ha hecho valer sus propios reclamos sobre la misma cuenta en relación con una acción que mantiene contra el gobierno venezolano en ese tribunal.

Pero como Crystallex no es parte de esa otra acción, no está sujeto a la jurisdicción personal en Mississippi y, además, la cuenta se encuentra en Nueva York, por lo cual la jurisdicción sobre los activos y las partes en el acuerdo de la cuenta tiene como foro exclusivo para la resolución de la disputa, la ciudad de Manhattan. Agregan que Ingalls conoce bien el proceso de ejecútese sobre la cuenta  bancaria y no tiene objeción a que dicho procedimiento ocurra en Nueva York.

Crystallex asegura también que Ingalls tiene la intención de retirar su reclamo contra la cuenta del Banco de Nueva York y buscar anular la orden judicial preliminar que está actualmente vigente en Mississippi para entonces ingresar una orden para que los fondos de la cuenta sean entregados a la corporación canadiense. Dicen que no hay razones para que la querella se traslade a otro tribunal.
Crystallex quiere que la corte niegue la petición del Ministerio de desestimar y otorgar la petición de ejecución de la cuenta.

El caso

El laudo arbitral fue favorable a la productora de oro canadiense Crystallex que gastó cientos de millones de dólares desarrollando las minas Las Cristinas, una reserva de oro extremadamente valiosa en Venezuela. Venezuela expropió ilegalmente los derechos de Crystallex y sus activos.

En 2011, una vez que se completó la expropiación, Crystallex comenzó un arbitraje contra la República de Venezuela en Washington, D.C. En abril de 2016, Crystallex obtuvo un fallo a su favor de 1 mil 200 millones más intereses previos a la adjudicación de los fondos en la referida cuenta del Bando de Nueva York. A pesar de la orden de ejecución, el gobierno venezolano ha utilizado los fondos objetos de la orden judicial para financiar otras obligaciones, incluyendo el pago a los tenedores de los bonos emitidos para financiar la cuenta, en primer lugar.

Una investigación hecha por Crystallex sobre la cuenta en disputa reveló que, en 2002, Ingalls había comenzado una acción contra el Ministerio de la Defensa y el Banco de Nueva York en el Tribunal del Distrito Sur de Mississippi, cuyo principal objetivo era obligar al Ministerio a arbitrar la disputa subyacente entre las partes de conformidad con el contrato que habían firmado originalmente. Esto a pesar de que una cláusula del acuerdo de la cuenta requiere que todos los litigios relacionados con la misma se inicien en Nueva York o Venezuela. 

La queja de Ingalls en el litigio de Mississippi incluye un reclamo auxiliar contra el Banco de Nueva York, donde se alega que el banco posee los fondos de la cuenta para el beneficio de Ingalls, ya sea porque dicha empresa es un beneficiario previsto en el acuerdo de la cuenta o porque es el beneficiario de una confianza constructiva que debe ser impuesta en la cuenta.

Motivado a que la República retuvo el poder de transferir los fondos en la cuenta de vuelta a sí mismo o fuera de los Estados Unidos, el 8 de noviembre de 2002, poco después del litigio que se inició,  el Tribunal de Mississippi emitió una orden judicial preliminar que restringe al Banco de Nueva York a realizar pagos desde la cuenta a nadie que no sea Ingalls, es decir, quedó  restringida la posibilidad de transferir, o permitir que se transfiera, cualquier fondo de la cuenta fiduciaria a nombre de la República para cualquier otro propósito que no sea pagar a Ingalls de conformidad con el acuerdo de la cuenta basado en las leyes sustantivas internas del estado de Nueva York.

El mandato de ejecución a favor de Crystallex determinó que la cuenta era una propiedad ejecutable perteneciente a, y bajo el control de, la República. En consecuencia, Crystallex aplicó la orden emanada del tribunal del Distrito Sur de Nueva York de conformidad a lo establecido en la ley FSIA.

Los abogados destacan que la corte consideró los argumentos de Crystallex y, el 25 de julio de 2017, le concedió la orden para proceder con la ejecutar los fondos. El Tribunal sostuvo que Crystallex busca la ejecución de juicio contra la propiedad que es (a) la propiedad de Venezuela, (b) ubicada en este distrito, y (c) ser utilizado para la actividad comercial en los Estados Unidos.

Crystallex había obtenido en el Tribunal Distrito Sur de Nueva York otras dos órdenes (el 30 de junio de 2017 y el 5 de julio de 2017) para restringir otros activos pertenecientes a Venezuela.

El 14 de septiembre de 2017, después de más de treinta días desde la fecha en que banco de Nueva York recibió el mandato para la entrega de los activos en la cuenta, Crystallex presentó su petición de la cifra de negocios en este Tribunal para perfeccionar la tasa en la cuenta.

En dicha petición Crystallex solicitó que el Banco de Nueva York le entregara los activos retenidos en la cuenta en forma parcial a satisfacción de su juicio pendiente contra Venezuela.

El 18 de septiembre de 2017, Crystallex envió un aviso de su solicitud al país sudamericano (a través de la sede venezolana del Ministerio) por correo certificado del Servicio Postal de los Estados Unidos. Igualmente, envió un aviso de su petición al abogado de registro del Ministerio en el Mississippi Litigios vía Federal Express.

Casi un mes después de que Crystallex presentó su petición de ejecútese, y más de dos meses después de que la orden fue presentada en el Banco de Nueva York, el 13 de octubre de 2017, el Ministerio presentó una moción instantánea para intervenir en este procedimiento y desestimar la petición, a la vez que solicitó transferir el caso a otra jurisdicción. El día anterior, el 12 de octubre de 2017, el Ministerio presentó una Moción para que la jueza Caproni fuera separada del caso.

Las dos mociones del Ministerio contienen varios argumentos idénticos, dicen los abogados de Crystallex, por lo cual la transnacional se opuso a ambas mociones y pidió al tribunal negarlas.

Dice Crystallex que el deudor tiene el interés de que su dinero o propiedad sea tenido por una tercera parte, a pesar de que el acuerdo establece que la República es la propietaria de los fondos de la cuenta.

En el documento se señala que la república hizo uso de sus derechos como propietaria y en 2007 incrementó los fondos de la cuenta al agregar 315 millones de dólares al monto principal de 9-1/8% para pagar la deuda de los bonos (Global Notes).

Acota que los términos del acuerdo dejan claro que la República de Venezuela, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Defensa son una misma entidad con un mismo interés y el mismo objetivo.

Crystallex presentó la opinión del abogado venezolano y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, José Ignacio Hernández, para dejar claro ante el tribunal que el Ministerio de Defensa y la República Bolivariana de Venezuela son la misma entidad.
En una declaración de fecha 3 de noviembre de 2017, Hernández señaló que de acuerdo a las leyes venezolanas, tanto el Ministerio de la Defensa como el Ministerio de Finanzas, son subdivisiones del Poder Ejecutivo de la República y que ambas son usadas para lograr las metas del gobierno bajo la autoridad del presidente de nación.

Por tanto, en los términos del acuerdo que rigen la cuenta, la república tiene la propiedad sobre la cuenta y es, por tanto, la dueña de los fondos, por lo cual Crystallex puede poseer esos activos. Contrario a lo alegado por el Ministerio de la Defensa, el hecho de que la Cuenta sea nominalmente un fideicomiso, no altera los derechos de Crystallex sobre los fondos. 

Los abogados sostienen que el Banco de Nueva York puede transferir los fondos de la cuenta a Crystallex.

Aclara que con dicha solicitud en ningún momento está pidiendo a la Corte que ordene que la entidad bancaria viole los acuerdos firmados con su cliente, que en este caso es la República Bolivariana de Venezuela.

De acuerdo a los abogados demandantes, Crystallex está autorizada por la ley de FSIA para ejecutar la cuenta, porque los activos de la República tienen uso comercial y porque estos no están hipotecados ni con Ingalls, ni con otro acreedor.

Asimismo, argumenta que el Tribunal de Mississippi ordenó que el Banco de Nueva York tiene permitido transferir los fondos de la cuenta fiduciaria de la República de Venezuela para cualquier finalidad distinta a la de pagar a Ingalls, de conformidad con el Acuerdo de cuenta, que los pagos pueden hacerse sin orden adicional de este Tribunal.

El acuerdo deja en claro que la República, no solo conserva un interés de propiedad en la Cuenta activos, sino también mantiene la capacidad de dirigir el uso de los activos, ya que es el único beneficiario.

viernes, 3 de noviembre de 2017

Juez de NY acepta evidencias de la fiscalía en caso de empresarios lavadores de dinero de funcionarios chavistas

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El juez de Distrito, William H. Pauley III aceptó la solicitud hecha por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de presentar evidencias de fondo y de contexto en el caso que se le sigue a los empresarios del sur de la Florida Luis Javier Díaz y Luis Díaz, acusados de haber usado una empresa de venta de materiales de construcción como un banco para lavar más de 100 millones de dólares a funcionarios del régimen venezolano.

El juicio contra los dos empresarios se iniciará en el 6 de noviembre, para lo cual ya se han realizado las acciones pertinentes a la escogencia del jurado y la preparación de los testigos y las pruebas. 

El gobierno de los Estados Unidos presentó al tribunal las llamadas mociones in limine que buscaban que el juez autorizara la testificación de un experto en los controles de cambio que se han aplicado en Venezuela desde el inicio del gobierno de Hugo Chávez y que el actual mandatario ha mantenido. 

Asimismo, la fiscalía pidió al tribunal que acepte dentro de las evidencias un libro mayor de contaduría donde aparecen registradas las transacciones que se hicieron a lo largo de la conspiración que según los documentos federales se inició en 2009 y duró hasta el 2016.  La corte se reservó para los próximos días la admisión de este instrumento.

En las mociones in limine, la Fiscalía argumentó que con los argumentos del experto,  Daniel Lansberg-Rodríguez los miembros de jurado pudiesen entender cómo marcha el proceso de controles de cambio en Venezuela y el daño que le ha hecho a la economía del país sudamericano. 

En una carta el  fiscal neoyorquino, Joon H. Kim dijo que esperaba que el testigo pudiera ayudar al jurado a identificar a funcionarios y exfuncionarios vinculados a este esquema de lavado de dinero, entre quienes mencionó a  Fidel Ramírez Carreño, (hermano del expresidente de Pdvsa y actual embajador de Venezuela en la ONU, Rafael Ramírez Carreño); Enrique Rafael Cid, (un contratista que fungió como asesor del exministro de Industria Energía Eléctrica, Jesse Chacón) y el ex viceministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos Cárdenas.

El juez Pauley ordenó admitir las mociones in limine del gobierno que buscan la presentación a los jurados de evidencia de fondo del contexto, motivación y los efectos de los crímenes por los cuales están siendo acusados Luis Díaz y  Luis Javier Díaz.

Los acusados se les imputa de cuatro cargos, todos derivados de la operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia a través de su empresa exportadora, Miami Equipment, desde aproximadamente 2010 hasta al menos 2016.

Los cargos de que se los acusa son, a saber:

1) Conspiración para operar un negocio transmisor de dinero sin licencia, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 371;

2) Operación de un negocio transmisor de dinero sin licencia, en violación del Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 1960;

3) Conspiración de lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956;


4) Lavado internacional de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A).

Seguiremos informando...