miércoles, 4 de octubre de 2017

Juicio contra red que lavó más de $100 millones a funcionarios chavistas se iniciará en noviembre en Nueva York

Por Maibort Petit
@maibortpetit


El juicio contra Luis Javier Díaz y Luis Díaz, padre e hijo, acusados de lavar al menos 100 millones de dólares a funcionarios chavistas a través de una empresa de venta de materiales de construcción ubicada en ciudad Doral se iniciará el 6 de noviembre de 2017 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

El caso de Luis Javier Díaz y Luis Díaz se encuentran  actualmente en la ciudad de Miami, en libertad bajo fianza, luego de haber pagado de $250 mil dólares cada uno en el mes de enero en el tribunal de Nueva York. La corte confiscó los pasaportes  de los dos acusados cuando fueron arrestados en diciembre de 2016 en el estado de la Florida.

Los cargos 

Luis Díaz de 74 años y Luis Javier Díaz de 49 años fueron acusados de “conspirar para lavar dinero de origen ilícito y operar un negocio de transferencia de dinero internacional sin poseer las licencia que establecen las leyes norteamericanas”. En combinación con unas empresas constructoras venezolanas, la compañía de los dos hombres logró lavar unos 100 millones de dólares, según la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

El gobierno federal acusa a los dos hombres de haber violando lo establecido en el título 31 del Código de los Estados Unidos, en su secciones 1956 (a) 2 (A).

El arresto 

El 19 de diciembre de 2016, el juez Ronald L. Ellis ordenó oralmente levantarle el sello a la acusación contra los dos acusados que fueron arrestados el día 20 de diciembre de 2016 en Miami. Los sujetos fueron llevados dos días después de su detención ante un juez de la Corte del Distrito Sur de la Florida. Ambos se declararon culpables de los cargos por los cuales habían sido apresados, según los récords judiciales.

En esa primera audiencia de presentación, que se realizó el 22 de diciembre de 2016 y que duró apenas 15 minutos, el juez del Distrito Sur de la Florida, Jonathan Goodman leyó los cargos a los dos acusados. El abogado George Vila, gestionó ante las autoridades la fianza que finalmente fue fijada por en el magistrado en un cuarto de millón de dólares. Los dos empresarios salieron en libertad.

Posteriormente, el 31 de enero de 2017, los defensores de Luis Díaz y Luis Javier Díaz pidieron al juez una autorización para viajar a la ciudad de Orlando para participar en una serie de subastas de material de construcción pesado, alegando que sus empresas requieren ese tipo de mercancía para seguir produciendo. El juez les otorgó el permiso desde el 1 al 11 de febrero de 2017. 

Nueva York es la jurisdicción del caso

El 6 de febrero de 2017, los dos acusados se trasladaron a la ciudad de Nueva York, donde el juez James L. Cott realizó la audiencia de presentación inicial. Ese mismo día la corte autorizó a José Manuel Quiñon como abogado de Luis Javier Díaz y Luis Díaz.
El juez Cott dijo que las condiciones se mantenían hasta el 13 de febrero de 2017 cuando se produciría la próxima cita. No obstante, por razones que no fueron explicadas en el expediente el día 6 de febrero de 2017 se procedió a cerrar el caso formalmente y dicho expediente fue enviado a la sala de archivos.

En mayo 2017 el caso regresó a la corte, y fue anunciado un calendario de actividades, que incluye, inclusive, un juicio con jurado podría celebrarse en el mes de noviembre de 2017. Los abogados mencionados en el expediente no han hecho comentarios sobre el caso, ni respondieron a las llamadas.

El caso

Luis Díaz y Luis Javier Díaz son propietarios de la empresa exportadora de equipos de construcción en el estado Florida, Miami Equipment & Export. El gobierno de los Estados Unidos los acuspó de haber transferido ilegalmente más de 100 millones de dólares de negocios principalmente en Venezuela a cuentas de bancos estadounidenses y otras entidades extranjeras pertenecientes a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y de su antecesor, Hugo Chávez.

La denuncia penal contra los acusados fue presentada en la corte federal de Manhattan por la fiscalía de distrito y los acusa de “conspirar para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia”.

El caso se produjo en medio de investigaciones del Departamento de Justicia estadounidense que se han centrado en individuos vinculados al gobierno venezolano y su presunta participación en varios esquemas de soborno, lavado de dinero y narcotráfico.

Según la demanda, la empresa de la familia, a partir de 2010, facilitó cientos de transferencias de fondos a los Estados Unidos en nombre de un gran consorcio -sin nombre revelado hasta ahora- de empresas de construcción venezolanas.

Las empresas venezolanas transfirieron por lo menos 100 millones de dólares a la empresa familiar de los Díaz, que a su vez, envió fondos a cuentas bancarias en varios países en nombre de los empleados y asociados del consorcio venezolano, según la denuncia.

A petición del consorcio, también transfirieron dinero a funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos uno que supervisó la adjudicación de ciertos contratos que las empresas  del Estado venezolano violando las leyes de licitación, alega la demanda contra los dos hombres residentes del estado de la Florida.

Dice que en 2012, la firma de la familia recibió 4,36 millones de dólares del "consorcio venezolano", de los cuales US $ 1,45 millones fueron destinados a una empresa portuguesa controlada por un venezolano con vínculos con funcionarios del gobierno chavista.

El pago, según un correo electrónico de un funcionario venezolano, fue descrito en una factura como “pago parcial de asesoría en compras, pruebas, pre-emisión y puesta en marcha”, dice la querella.

De los fondos restantes, cerca de 2,55 millones de dólares se destinaron a una compañía “off shore” de las Islas Vírgenes Británicas controlada por ejecutivos del consorcio venezolano, mientras que la compañía de la familia Díaz recibió una cuota de 87.218 dólares, según las averiguaciones.

Durante el período en investigación, la empresa española controlada por el individuo vinculado a funcionarios venezolanos recibió al menos 17 millones de dólares.

Otros 41,4 millones de dólares se transfirieron a tres compañías controladas por empleados de las constructoras venezolanas, de acuerdo con la demanda. 

Luis Díaz jr es representado por el abogado Vincent Flynn y Luis Javier Díaz por José Quiñon.

Juicio del narcotraficante venezolano Edgar Maestre "El Profe" se iniciará en EEUU en enero de 2018

Por Maibort Petit 
@maibortpetit

La Corte del Distrito Sur de Virginia acordó iniciar el juicio contra el narcotraficante venezolano, Edgar José Maestre Martínez alias "El Profe" el 9 de enero de 2018. El demandado -quien según el gobierno de los Estados Unidos es miembro de la Dirección de Inteligencia de Venezuela- es acusado de traficar cocaína desde Venezuela a los EEUU, vía Honduras.
Maestre Martínez fue capturado por las autoridades antinarcóticos de Colombia el 15 de octubre de 2013 y extraditado a los Estados Unidos en 2014. A pesar de encontrarse bajo rejas desde el 2013, el acusado por cargos de narcotráfico aparece como trabajador activo en la nómina del Ministerio  del Poder Popular para la Educación y, de acuerdo a la ficha del Instituto Venezolano de Seguros Sociales ,ha cotizado de manera ininterrumpida desde el año 2002 hasta el 2017.

El caso en los tribunales de Virginia

El caso de Edgar José Maestre Martínez "Profe"  es calificado por el juez de la causa T. S.Ellis  III, como "complejo". En el expediente de Maestre Martínez  aparecen tres co-conspiradores: Juan Diego Zapata-Arcila  "Lucas El Paisa",  Edwin Franco-Arias alias "Camilo", "Chorizo" y "Ladrillos del Caribe" y, finalmente, Reinel Antonio Benitez Nuñez alias "Cajuche" y "Cajuche Pobre". Los tres co-conspiradores de este caso se declararon culpables de los cargos y aceptaron cooperar con las autoridades norteamericanas. 

El gobierno de los EEUU acusan a los cuatro sujetos de haber violado el título 21 Código de los Estados Unidos en su numeral 960, 963 que establece como ilegal la conspiración para distribuir 5 o más kilogramos de cocaína y los numerales  959(b), 960, 963  donde se establece como delito poseer cocaína a bordo de un aeronave registrada en los Estados Unidos con intento de  distribución.

Guerra contra las drogas

Colombia es responsable del  90% de la cocaína que se importa a los Estados Unidos y gran parte de esa droga es producida en laboratorios ilícitos ubicados en el interior del territorio colombiano, y luego transportados a zonas fronterizas, dice la acusación del Gran Jurado contra los acusados. 

La cocaína que sale comúnmente de Colombia es enviada desde Venezuela a lo largo del corredor centroamericano hacia Honduras y, luego a México para su eventual envío a los Estados Unidos. Destaca que no existe un mercado interno sustancial  para la cocaína en los países centroamericanos y en México. La enorme demanda en los EEUU hace que sea muy atractivo para los narcotraficantes colocarla en territorio norteamericano.

Dice el documento que para transportar esta cocaína a través del corredor centroamericano, los narcotraficantes utilizan diversos métodos de transporte para incluir aviones privados, camiones y barcos. Las aeronaves privadas se usan frecuentemente para transportar envíos de cocaína desde Colombia y Venezuela a franquicias clandestinas ubicadas en las selvas de Honduras, desde donde la cocaína es descargada y colocada en los vehículos especiales y transportada a través de la selva a los puertos marítimos costeros hondureños para la exportación.

Los envíos de cocaína de Honduras a Estados Unidos viajan típicamente a través de México donde los cárteles de la droga arreglan para que la cocaína se traslade de manera segura para ser vendida en las principales ciudades a precios muy altos.

De acuerdo a la investigación realizada por las agencias del gobierno, desde el 4 de mayo de 2012, y hasta el 13 de junio de 2012  aproximadamente, en Colombia, Venezuela, Honduras y otros lugares, los acusados conspiraron y acordaron distribuir de manera deliberada en intencional cocaína a los Estados Unidos.

Los acusados y sus co-conspiradores utilizaron las siguientes maneras y medios para la conspiración:

1) Proporcionaron servicios de transporte aéreo a narcotraficantes con el propósito de enviar la cocaína desde Colombia y Venezuela a pistas clandestinas en las selvas de Honduras.

2) Fue parte adicional de la conspiración que los acusados y sus co-conspiradores usaron un avión para transportar una carga de cientos de kilogramos de cocaína de Colombia y Venezuela a Honduras.

3) Fue también parte de la conspiración facilitar una tripulación de tierra, que estuvo presente en las pistas clandestinas de aterrizaje para cargar y descargar las aeronaves, así como para proporcionar seguridad a la pista de aterrizaje.

4) Fue también parte de la conspiración que los acusados y sus co-conspiradores defendieran los envíos de cocaína de la intervención del gobierno con medios de fuerza letal.

5) Los acusados y sus co-conspiradores pagaron a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, grupo designado por los Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera, para gozar de los  privilegios de aterrizaje y seguridad en ciertas áreas de Colombia y Venezuela.

6) También formó parte de la conspiración que los acusados y sus co-conspiradores sobornaran a los funcionarios del gobierno de los dos países para que les permitieran presentar falsos planes de vuelo; utilizar aeropuertos; evitar la detección de radar y  la interdicción gubernamental de los envíos.

La conspiración cifrada

1) El 4 de mayo de 2012,  uno de los co-conspiradores identificado como "UCC 1" hizo un pago parcial de $ 80,000 para un avión bimotor con el número de cola N984MW de Estados Unidos. El pago fue enviado a un banco estadounidenses.

2) El 18 de mayo de 2012, UCC1 y otros asociados  inspeccionaron el avión N984MW.

3) Entre el 18 de mayo de 2012 y aproximadamente el 11 de junio de 2012,  los acusados pagaron el saldo restante de los aviones y tomaron posesión del avión siglas N984MW.

4) El 12 de junio de 2012, los acusados transportaron aproximadamente 600 kilogramos de cocaína a bordo del avión N984MW desde Venezuela a Honduras para su exportación y distribución.

5) Alrededor del 13 de junio de 2012, el avión N984MW se estrelló en una zona cercana a Cerro Del Suyate,  en Honduras. 39.888 kilogramos de cocaína fueron recuperados de los restos de la nave por los miembros de la Representación de Tegucigalpa (TCO) en colaboración con agentes de la (DEA).

La extradición de Maestre Martínez 

El 12 de noviembre de 2014, el tribunal de justicia colombiano acordó extraditar a Maestre Martínez "El Profe" en base a una solicitud hecha por  el gobierno de los Estados Unidos.

A través de la notificación No.1605 fechada el 8 de agosto de 2013, la Embajada de los Estados Unidos en Colombia solicitó la detención provisional con fines de extradición del venezolano Edgar José Maestre Martínez,  y formalizó la petición en la comunicación diplomática No. 2524 del 6 de diciembre de 2013.

El tribunal colombiano solicitó a la Cancillería de Venezuela el envío del pasaporte a su nombre y cotejo dactiloscópico que reposa en las oficinas de identificación de la República Bolivariana de Venezuela para verificar los antecedentes judiciales en Colombia y Venezuela, toda vez que, ha sido investigado por conductas al margen de la ley en Venezuela. 

Fiscalía asegura que defensa de narcosobrinos no tiene derecho a revisar archivos del Estado

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

En un documento entregado esta semana a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el fiscal encargado, Joon H. Kim confirmó al juez Paul Crotty que no hay material Brady o Giglio para ser entregado a los abogados de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas. 

En la carta se detalla la respuesta del gobierno a la orden emitida por el tribunal, el pasado 24 de marzo, donde se ordenó a los sub fiscales Emil J. Bove III y Brendan F. Quigley entregar todas las evidencias usadas en el juicio y los añadidos reflejados en la respuestas a las mociones finales del caso antes del mes de mayo de 2017. La sentencia de Campo y Flores será leída el 26 de junio en horas de la mañana.

En la comunicación el fiscal Kim señala que los materiales solicitados por la defensa de los primos Flores fueron entregados antes del inicio del juicio donde el jurado los declaró culpables de conspirar para traficar, manufacturar y distribuir 800 kilos de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos. 

Recuerda el fiscal que el 14 de noviembre de 2016, los demandados exigieron la entrega de "todos" los documentos existentes en relación con dos categorías: (1) el testimonio hecho por CS-1 en enero de 2013 durante un juicio realizado en Richmond, Virginia y (2) ) cualquier declaración falsa u omisión hecha por CS-1 en otras investigaciones y enjuiciamientos. 

Kim asegura que el Gobierno cumplió con todas sus obligaciones Giglio relacionadas con estos temas. Asimismo asegura que en respuesta a los demandados, la fiscalía informó que CS-1 no reveló a nadie, antes de junio ​​de 2016, su tráfico ilícito de drogas entre 2012 y mayo de 2016. 

Por ejemplo, -dice el fiscal Kim- antes de la audiencia de supresión de pruebas realizada en septiembre de 2016, el Gobierno presentó a los acusados ​​el acuerdo de cooperación que se firmó entre la justicia norteamericana y CS-1 y la transcripción de su declaración de culpabilidad, que incluía los nombres legales de CS-1, CS-2 y CS-3. Toda esa información fue revelada a los acusados a principios de septiembre de 2016.

Destaca la fiscalía que antes de la audiencia de supresión de pruebas de 2016, se realizó una revisión de los expedientes administrativos de la DEA relacionados a CS-1 donde se confirmó que no había otros resultados ni pruebas donde el testigo confidencial de la DEA hubiese mentido a las autoridades, con excepción de los temas que fueron revelados a los acusados antes de la testificación frente al juez.

Durante el juicio, aproximadamente a las 9:00 am del 15 de noviembre  de 2016 (antes de la conclusión del contrainterrogatorio de CS-1), el Gobierno respondió a una carta enviada por los acusados. Kim asegura que nada más ha sido requerido por la defensa, y que constitucionalmente los abogados defensores no tienen el derecho de realizar su propia búsqueda en los archivos del Estado para argumentar pertinencia en un caso. 

Aclaró que la defensa no tiene derecho a exigirle al fiscal la entrega de un expediente completo. La ley sólo permite que se solicite  "Sólo se pide al fiscal revelar pruebas favorables al acusado que, de ser suprimidas, privaría al acusado de un juicio justo".

Asimismo, advirtió que las peticiones generales hechas por Campo y Flores, aunque hechas bajo Brady, parecen ser -en efecto- un mecanismo para llevar a cabo un examen exhaustivo de todo el archivo. La ley claramente no apoya tal descubrimiento.

Las demandas de Campo Flores y Flores de Freitas están por encima de las obligaciones de divulgación del Gobierno. 

Afirmó que las diligencias hechas por el gobierno para satisfacer las exigencias de Campo Flores y Flores de Freitas fueron razonables y suficientes. La búsqueda superó los límites del equipo de enjuiciamiento y cualquier material Giglio producido por esa revisión fue revelado a los acusados.

En la comunicación, la fiscalía recuerda que los acusados ​​estaban plenamente conscientes de la prolongada falta de revelación del tráfico de drogas por parte de CS-1 durante la audiencia de supresión de pruebas y en el juicio.Igualmente advirtió que la base de Brady y Giglio no requiere que el Gobierno presente todos los documentos que reflejen la misma omisión.

Kim advierte que de acuerdo al derecho norteamericano la evidencia no se suprime dentro de la significado de Brady si el acusado o su abogado conocían o debían haber conocido hechos esenciales que le permitieran sacar provecho de esa evidencia. De hecho, en el momento en que los acusados ​​transmitieron la carta del 14 de noviembre aproximadamente a 10:05 p.m., CS-1 ya había sido interrogado en relación con los cargos de declaraciones falsas.

La transcripción proporcionada a los acusados ​​refleja que CS-1 admitió en su declaración de culpabilidad que, "Desde 2012 hasta 2016, no revelé a la DEA, incluso después de haber estado reuniéndome con ellos que durante ese tiempo,  escondí la información a las autoridades sobre los crímenes que yo estaba cometiendo".

En esa declaración, CS-1 cumple con la base factual, y reconoce  su negación de información sobre su tráfico ilícito de drogas.

En respuesta a la orden del 24 de marzo de 2017 de la Corte, Kim informó que el equipo de la fiscalía se comunicó con 12 agentes de la DEA y oficiales que tenían responsabilidad administrativa en el manejo de CS-1 en varias ocasiones  y "todos confirmaron nuevamente que no había otros casos en los que la DEA esté al corriente que  CS-1  haya mentido u omitido información o que haya hecho declaraciones falsas o -en todo caso- que haya manejado mal las evidencias".

En resumen, no hay materiales adicionales de Brady o Giglio que respondan a la solicitud de la defensa que no hayan sido reveladas ya, "con ello el Gobierno cumple con sus obligaciones y afirma que está  consciente de que esas obligaciones se aplican de forma prospectiva y permanecerán cumplimiento de las mismas en el futuro".

Federación Interamericana de Abogados confirma que Hernann Escarrá está suspendido de esa organización

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Hermann Escarrá está suspendido de toda relación con la  Federación Interamericana de Abogados motivado a que el mencionado abogado fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, conocida como la Lista Clinton. La confirmación fue hecha por la gerente general de esa institución, Gilda Centeno Vergara, quien amablemente respondió a nuestro correo electrónico.
La notificación oficial de la Federación Interamericana de Abogados, firmada  el presidente Dr. Jorge Hernán Rubio Carrera el pasado 18 de septiembre de 2017 por  dice lo siguiente:

En virtud que la Inter-American Bar Association / Federación Interamericana de Abogados, es una institución sin fines de lucro, regida por las leyes de los Estados Unidos de América, nos vemos en la necesidad de informarle que al estar usted mencionado en la “Lista Clinton” (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – Office of Foreign Assest Control – The Department of the Treasury) obliga a nuestra institución a suspenderlo como miembro de la FIA, debido a que no nos es permitido sostener ningún tipo de relación comercial o institucional con su persona.



Cubanos al mando de Venezuela, una invasión silenciosa

Comparto con ustedes un reportaje que fue publicado originalmente en 2011 y que su contenido sigue vigente.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Desde comienzos de la Administración de Hugo Chávez Frías se viene hablando de que existe presencia militar cubana en Venezuela, una situación que era un secreto a voces y que hoy día se evidencia con testimonios y documentos. Los alcances de lo que es un secreto a voces en Venezuela parecen irse revelando y poniendo en claro hasta dónde llega la penetración militar cubana en ese país.

Durante diez años se intentó mantener en secreto el asunto, pero ahora comienzan a conocerse cómo la red de tentáculos cubanos toca los nervios más sensibles del aparato militar y de seguridad del Estado venezolano. Una injerencia que sobrepasa cualquier límite que de situación similar se tuviera en el pasado.

Por vía de militares activos y retirados, como a través de documentos, estudios y por académicos y expertos en materia militar se sabe ahora que oficiales cubanos tienen puestos claves en la Fuerza Armada y poseen amplia capacidad de influir en la toma de decisiones militares, así como en comandos estratégicos, guarniciones, bases aéreas, puestos fronterizos, estaciones de rastreo satelital, e incluso, instalaciones petroleras a lo largo del país.

La situación ha llegado a tal extremo que ha causado inquietud y crítica dentro de la Fuerza Armada Nacional (FAN).

De hecho, se han producido renuncias de altos funcionarios y expresiones de rebeldía en cuarteles militares, donde suelen circular panfletos y grafitis con mensajes críticos a la presencia cubana.

“La presencia de militares cubanos está en contra de los principios institucionales de soberanía e independencia de Venezuela. Y en ese sentido, todos los militares venezolanos deben estar en contra de esa situación”, aseguró Antonio Rivero, general de Brigada del Ejército que renunció a su cargo el pasado 7 de abril, en desacuerdo con la cubanización del sector militar venezolano.

“Existe el riesgo de que información considerada de seguridad nacional como ubicación de armamento y de cómo organizar los sistemas de comunicación de los diversos componentes de la FAN, pueden caer en manos de los cubanos”, añadió Rivero.

Y aunque las altas autoridades del gobierno venezolano no niegan la presencia militar cubana, sí han aclarado que esta presencia tiene lugar en el marco de acuerdos de cooperación previamente existentes, y que no hay riesgos de “cubanización” de la FAN.

“Como un mecanismo de cooperación militar” entre Venezuela y Cuba, cataloga la situación el presidente Hugo Chávez quien defiende la actuación de los oficiales castristas.

“Aquí los cubanos nos están ayudando (...) Nos han dicho cómo almacenar las brújulas, cómo reparar los radios de los tanques y cómo se debe almacenar la munición”, refirió el presidente Chávez en una rueda de prensa a mediados del año pasado.

El mandatario también sugirió que los cubanos cooperan con Venezuela en operaciones secretas. “Cuba nos ayuda modestamente en algunas cosas que no te voy a detallar”, le dijo a un periodista el año pasado en Caracas.

Pero mientras el presidente de la República Bolivariana de Venezuela dice esto, el ministro de la Defensa, Carlos Mata Figueroa, niega enfáticamente que los cubanos ejerzan funciones de control militar. “Los agoreros hablan de que hay cubanización, bielorrusiación, iranización, rusianización, cuando no hay nada de eso”.

Sin embargo, una creciente y detallada evidencia describe el amplio alcance que ya tiene el activismo militar cubano dentro del estamento militar venezolano.

Un caso que vale la pena señalar, pues se constituye en ejemplo fehaciente de la penetración militar castrista es el del general de brigada cubano Frank Yánez, jefe del Grupo de Coordinación y Enlace de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba en Venezuela, quien dirige una misión militar de 20 altos oficiales acantonados en Fuerte Tiuna, la guarnición militar más grande de esa nación suramericana.

Carlos Romero, analista militar, académico de la Universidad Central de Venezuela (UCV), sostiene que el general Yánez ocupa un piso en el edificio que sirve de sede al Ministerio de la Defensa, y desde allí desarrolla una importante capacidad de mando sobre las operaciones de la FAN venezolana.

Desde la plataforma opositora también se escuchan protestas contra esta situación. “Nunca antes habíamos permitido que ciudadanos de otro país asumieran puestos claves asociados con la seguridad nacional”, refirió Julio Borges, presidente del partido opositor Primero Justicia y actual diputado a la Asamblea Nacional.

Estima Borges que colocar a cubanos en posiciones claves dentro de la FAN podría comprometer la soberanía nacional y violar leyes venezolanas.

“Los cubanos no pierden el tiempo en lo que no les da de comer. Están concentrados en los sitios más vitales del país: en comandos militares estratégicos, en la Milicia Bolivariana y en instalaciones estratégicas de la industria petrolera”, dijo entretanto Rocío San Miguel, quien es experta en temas militares y además es presidenta de Control Ciudadano, una asociación civil cuya función es monitorear la actividad militar en Venezuela.

En la opinión de San Miguel, quien ha desarrollado sobre el tema, los cubanos se encuentran activos como asesores militares en las seis divisiones de infantería del ejército venezolano, donde se concentra el mayor poder de fuego de la FAN, ubicadas en las ciudades de Maracaibo, Caracas, San Cristóbal, Maracay, San Fernando de Apure y Ciudad Bolívar. “En todas las divisiones del Ejército hay cubanos, y se apoyan en las instalaciones que tienen en todo el país para moverse”.

Y hace su advertencia más dramática: “Es en la industria petrolera y en la Milicia donde los cubanos tienen la presencia más seria”.

En el comando central de la milicia, ubicado en el Museo Histórico Militar, en el oeste de Caracas, los oficiales cubanos juegan un papel central que abarca desde organización jerárquica hasta entrenamiento de los milicianos, siguiendo el modelo de defensa cubano, indicó San Miguel.

“Allí los cubanos tienen una interacción importante con los colectivos sociales, los Comités de Defensa de la Revolución bolivariana, los círculos bolivarianos. Están encargados de proteger el perímetro de Miraflores (sede presidencial) y controlan la presencia de la milicia en la industria petrolera nacional”.

También el coronel retirado Luis Alfonso Dávila, quien fue Canciller y ministro de Relaciones Interiores y Justicia del gobierno de Chávez entre los años 2000 y el 2002, asegura que unos 60,000 cubanos controlan “actividades sensibles para la soberanía de Venezuela”, entre ellas funciones dentro del alto mando militar.

“Están en todos los lugares donde se toman las más altas decisiones estratégicas”, aseguró Dávila. 
Reportaje especial de Analítica.com publicado el 20 de marzo de 2011 en La Prensa de Nicaragua. 

Juez Baltasar Garzón niega rotundamente que haya sido contratado por el gobierno venezolano para representar a personajes acusados de narcotráfico en EEUU

Por Maibort Petit

Hacemos acuse de recibo de un pedido de rectificación por parte del exjuez de la Audiencia Nacional Española, Baltazar Garzón, sobre nuestra publicación “Guerra entre fiscales saca a la luz escándalos en la asignación fraudulenta de contratos de la Faja Petrolífera del Orinoco”, que el aparte titulado “Avión para el “Pollo” Carvajal”, hace referencia a una publicación del diario ABC de España de fecha 4 de agosto de 2016, titulado "Baltasar Garzón se reunió con un capo del Cartel de los Soles en Venezuela" en la que se vincula al ex-magistrado con el Cartel de los Soles y, específico, da cuenta de una supuesta reunión sostenida entre este y el general retirado venezolano, Hugo Carvajal, en la isla de Margarita el 28 de julio del citado año. Ver reportaje original citado aquí.

En nuestras páginas, citando la nota del ABC como base para tal afirmación, informamos que el gobierno venezolano contrató a Baltazar Garzón para que cuestionara la validez de los procedimientos utilizados por Estados Unidos en su acusación contra los sobrinos de la pareja presidencial declarados culpables de conspiración para introducir 800 kilos de cocaína a esa nación.

Tal noticia del ABC fue objeto de una acción judicial de rectificación por parte de Garzón ante la justicia de España que llevó a enmendar el contenido allí referido según informa el ex-magistrado en su escrito de rectificación que publicamos a su solicitud y en su totalidad.

Queremos ahora en estas páginas hacernos eco de la rectificación, pues es nuestra costumbre aferrarnos a la verdad de los hechos y a la ética, con la cual siempre hemos ejercido nuestro oficio.


ESCRITO DE RECTIFICACIÓN:

«La afirmación que usted hace en su artículo de que hubo una “... contratación por parte del gobierno de Nicolás Maduro del ex-magistrado de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón, para que cuestionara la validez de los procedimientos utilizados por EEUU para acusar a los sobrinos de la pareja presidencial declarados culpables de conspiración para introducir 800 kilos de cocaína a esa nación, así como de otros funcionarios venezolanos envueltos en casos de narcotráfico, entre ellos el general Néstor Reverol y Edylberto Molina...”, es radicalmente falsa. Tal contratación no ha existido. Jamás he sido contratado por el Gobierno Venezolano para tal fin. No conozco a los generales Néstor Reverol y Edylberto Molin, que usted cita.

El día 2 de agosto de 2016 remití una nota de prensa a todos los medios de comunicación españoles (incluido el diario español ABC) y a las agencias EFE y EUROPA PRESS, entre otras más, todo ello con la finalidad de precisar unos hechos que posteriormente fueron publicados en las ediciones impresa y digital del día 4 de agosto de 2016 por el Diario ABC, a cuya publicación hace Ud. referencia, y en la que se explicitaba lo siguiente:

“Baltasar Garzón, director del despacho internacional de abogados Ilocad SL, coordina a un equipo multidisciplinar de abogados, juristas y otros expertos de diferentes nacionalidades para la elaboración de un informe independiente sobre el origen, desarrollo consistencia y respeto de las normas de debido proceso sobre las investigaciones abiertas en Estados Unidos de los casos que afectan entre otros a quien fuera director de los servicios de inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal.

Para ello se han mantenido y se mantendrán las reuniones que sean necesarias y precisas con todas las personas, autoridades del nivel que corresponda políticas, judiciales, fiscales, militares, periodistas, y todos aquellos de cualquier nacionalidad que hayan podido tener conocimiento, información, datos, documentos o que hayan participado en dichas indagaciones y que deseen colaborar. Así como con los afectados que quieran aportar su testimonio, organismos y organizaciones de Derechos Humanos.


La investigación abarcará todo el tiempo que los hechos indagados comprendan y se extenderá a todos y cada uno de los países y personas de interés, con absoluta autonomía, objetividad, imparcialidad y sin injerencias de tipo alguno. Concluirá con la presentación del informe y recomendaciones pertinentes que se remitirán a los organismos nacionales e internacionales que corresponda”».

martes, 3 de octubre de 2017

Defensa de los 'narcosobrinos' no logró cambiar la severidad de la condena

A petición de la defensa se realizó una audiencia oral de argumentos que buscaba eliminar los alegatos con los que la fiscalía pidió cadena perpetua. Las conclusiones parecen no haber cambiado la posibilidad de que los sobrinos de la pareja presidencial sean severamente condenados por cargos de narcotráfico.

Por Maibort Petit
@maibortpetit


Eran las 11:30 de la mañana cuando los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela llegaron a la sala 14C de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Estaban vestidos con uniformes de presidiarios color azul bastante desteñidos. Los dos reos lucían diferentes. Además de pálidos y somnolientos, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas dejaron ver que los 23 meses que llevan tras las rejas les transformó la vida. Flores se rapó la cabeza y se mantuvo durante la cita con el ceño fruncido. Ambos perdieron peso y se veían agotados. Campo Flores no sonrió como de costumbre ni buscó hacer contacto visual con la prensa. Sentados frente al juez, y con la ayuda de un traductor simultáneo escucharon el contrapunteo que protagonizó la defensa y la fiscalía.

Hasta los abogados lucían diferentes

Junto a Campo Flores estaban sus dos abogados. Randall Jackson dejó de lado su natural simpatía y su verbo encendido. El litigante estuvo retraído al igual que su colega John Zach quien -por cierto- lucía una barba descuidada y un traje beige arrugado y deshilachado. Más a la izquierda estaban los defensores de Flores de Freitas. David Rody mostraba su enojo en cada una de sus intervenciones y su par, Michael Mann, permaneció en silencio a lo largo de toda la sesión.
Juez Paul Crotty del DSNY
A las 11:50 AM, el juez de la causa, Paul Crotty entró a la sala. Pidió a las partes que se identificaran. Por la fiscalía solo asistió el fiscal auxiliar, Brendan F. Quigley. Una vez iniciada la sesión, David Rody empezó por enumerar las llamadas "mejoras" que el gobierno había puesto como argumentos para solicitar que la corte sentenciara a Campo Flores y Flores de Freitas a cadena perpetua.

Rody y Jackson trajeron a la mesa 8 solicitudes de rechazo correspondiente al igual número de mejoras propuesta por la fiscalía y que juntas suman los puntos suficientes para alcanzar una condena de por vida. 

El juez Paul Crotty negó 6 de las 8 peticiones hechas por los defensores de los sobrinos del presidente Nicolás Maduro, lo que indica que en el informe previo a la sentencia se mantendrá bastante similar al presentado originalmente por el gobierno norteamericano. 

La fiscalía pidió en el informe previo a la sentencia (PSR) las siguientes mejoras:

1.- Cantidad de droga: El nivel de delito base es 38  porque el objeto de la conspiración era importar más de 450 kilogramos de cocaína.

2.- Posesión de Armas de Fuego: Debido a que los acusados y sus guardaespaldas poseían armas de fuego peligrosas, se añaden dos niveles.

3.-Amenazas de violencia: Debido a que Campo Flores hizo amenazas creíbles de violencia en favor de la conspiración a la que se unió Flores de Freitas y en la cual se preveía una conducta violenta, se añaden dos niveles.

4.- Uso de Aeronaves Privadas: Debido a que la conducta relevante de los acusados involucró el uso de aviones privados durante la conspiración que buscaba la importación de cocaína a los Estados Unidos, se añaden dos niveles.

5.-Intento de soborno a las autoridades: Debido a que los acusados ​​intentaron sobornar agentes de la  policía en Venezuela y Honduras para facilitar la comisión del delito, se añaden dos niveles.

6.-Importación a los EEUU: Debido a que un ajuste de rol agravante es apropiado y el objeto de la conspiración involucra la participación directa de los acusados ​​en la importación de una sustancia controlada, se agregan dos niveles.

7.-Rol de liderazgo: Debido a que los acusados ​​eran organizadores y líderes de actividades criminales que involucraban a cinco o más participantes, se añaden cuatro niveles.

8.-Obstrucción a la justicia: Debido a que los acusados ​​presentaron declaraciones juradas falsas en apoyo de sus mociones antes del juicio y la Corte ya rechazó varias de sus mentiras, se añaden dos niveles.


El juez fue enfático con la defensa

La primera moción negada por Crotty a la defensa fue la relacionada con el cambio del monto de los kilos de cocaína que comprendía la conspiración. Los defensores decían que no hubo droga en el caso y que la cifra de los 800 kilos de droga había sido fijada por los informantes de la DEA. El juez sostuvo que las evidencias señalaban que el plan era realizar un primer envío equivalente a los 800 kilos, razón por la cual se mantendrá dicho parámetro en el informe. 

De acuerdo a la reglas federales, las gravedad de una defensa se eleva al máximo nivel cuando la cocaína envuelta en la conspiración supera los 450 kilos.

La segunda moción negada fue la posesión de armas de fuego. Los abogados repitieron los argumentos según los cuales los acusados no estaban armados al momento de la conspiración y aseguraron que las fotografías que presentó la fiscalía eran de armas de Paintball Pellets las llamadas armas "Airsoft ". El juez Crotty negó de manera rotunda este argumento y dijo que la mejora se mantenía.

La tercera mejora negada por el juez fue la relacionada con el uso de aviones privados durante la conspiración. Los abogados insistieron en que Campo Flores y Flores de Freitas no eran capaces de usar aviones privados para trasladar la droga, porque -entre otras cosas- no hubo tráfico de drogas, pero Crotty les recordó que los dos acusados usaron aeronaves privadas para ir a Honduras y Haití, y habían previsto todo lo necesario para que el vuelo en el que harían el envío previsto para el 15 de noviembre de 2015 con los 800 kilos de cocaína. 

La cuarta solicitud negada por el magistrado es la relacionada con el intento de soborno a las autoridades. La defensa dijo que no había evidencias que sus clientes hayan pagado coimas a los agentes de la ley en los Estados Unidos  durante la conspiración. No obstante, el juez dijo que las evidencias señalaban que los dos acusados habían previsto el pago de 900 mil dólares para  que sus asociados en Honduras recibieran la droga, y pagaran los sobornos a los policías del aeropuerto de la isla de Roatán. Asimismo, recordó que en las evidencias había elementos que comprobaban que Campo y Flores habrían pagado sobornos a funcionarios en Venezuela.

Crotty negó igualmente la moción que involucra a los acusados con la participación directa ​​en la importación de una sustancia controlada a los Estados Unidos. Los abogados de Campo y Flores dijeron que habían sido los informantes de la DEA quienes dijeron que la droga tendría como destino final Norteamérica. Tanto la fiscalía como el juez informaron que las grabaciones de audio y video dejaban claro que los demandados conocían hacía dónde se estaba exportando la droga y que ambos habían participado directamente en la conspiración.

La última moción negada por el juez a la defensa  fue la relacionada con el rol de liderazgo de los acusados en la conspiración. Los abogados reiteraron que los acusados eran "muchachos sin experiencia en el narcotráfico e incapaces de coordinar, supervisar a cinco o más participantes". Rody dijo que "la fiscalía había fracasado en su intento de nombrar a los miembros de la conspiración" y que inclusive "no lograron establecer una lista puesto que los conspiradores en su mayoría trabajaban para el gobierno". El juez aclaró que las evidencias demostraron que los acusados ciertamente  actuaron como​​ organizadores y líderes de actividades criminales que involucraron a cinco o más participantes. No obstante, el magistrado decidió bajar dos niveles por este argumento. La fiscalía inicialmente había solicitado que se cargaran cuatro niveles, lo que influye severamente en el cálculo de la sentencia.

Dos solicitudes de la defensa fueron aprobadas

Crotty decidió aprobar dos solicitudes hechas por la defensa. La primera está relacionada con el uso de la violencia a lo largo de la conspiración y que incluían amenazas de muerte a los que no cumplieron lo acordado por parte de los dos acusados. En este aspecto, el juez recordó que Campo Flores había usado en otra oportunidad el verbo matar con un sentido diferente al que realmente tiene. "Cuando él estaba siendo interrogado por el agente especial de la DEA, Sandalio González, éste le preguntó si él le había comunicado a su familia que estaba vinculado a negocios de narcotráfico y Campo respondió que sí lo hacía lo matarían". Esta decisión del juez elimina dos niveles en la tabla de sentencia.

El otro argumento que la defensa pidió que se rechazara era el relacionado con  la supuesta obstrucción a la justicia por parte de los acusados durante el proceso. El juez acordó eliminar esta mejora lo que le resta dos niveles de gravedad a la ofensa.

Resultado de la audiencia


Carlos Pérez, abogado criminal, aseguró que los logros de la defensa en la audiencia de argumento fueron pocos, por lo que no habrá grandes modificaciones en las directrices que regirán para el cálculo de la sentencia. 

Por lo general los cambios que se producen en estas discusiones no afecta sustancialmente la tendencia  que se prevé para que el juez decida la condena, aseguró Pérez.

Lo que indica que Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores enfrentan la posibilidad de una sentencia severa que los podría llevar a permanecer detrás de las rejas por más de tres décadas, según la petición mínima hecha por el gobierno. 

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Concluida la discusión, el juez levantó la sesión no sin antes anunciar que los dos acusados serán sentenciado el 14 de diciembre de 2017. A Flores de Freitas se le leerá su condena en la mañana y a Campo Flores en la tarde de ese mismo día. La defensa debe entregar las conclusiones de su informe el 1 de diciembre y la fiscalía tiene hasta el 8 de ese mismo mes para hacer entrega del suyo.

Al salir el juez de la sala, los alguaciles se llevaron a los dos acusados del lugar. Salieron cabizbajos, tristes y silenciosos. Los cuatro abogados y sus asistentes también abandonaron el salón con rostros que mostraban preocupación e insatisfacción. 

En el pasillo hablamos con Randall Jackson, el enérgico litigante que ha llevado la defensa de Campo Flores. 

-¿Cuál es tu opción sobre el resultado de la audiencia?, le pregunté.

Se encogió de hombros y se disculpó. "Por ahora no puedo declarar. Es muy difícil esta parte de la materia. Prefiero no comentar".

Por su parte, el defensor de Flores de Freitas, David Rody salió apresurado y malhumorado. 

Así concluyó una jornada más del célebre caso de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana. 

Desde el 10 de noviembre de 2015, Campo y Flores fueron arrestados en Haití y trasladados a Nueva York donde fueron juzgados y hallados culpables de delitos de narcotráfico. La lectura de la sentencia ha sido prorrogada en tres oportunidades a petición de la defensa.