sábado, 15 de julio de 2017

Piden al gobierno de los EEUU incluir al expresidente de Citgo y al exgerente de Pdval en la lista OFAC

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Por medio de una misiva dirigida a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y a los Departamentos de Estado y del Tesoro, el Centro de Investigaciones contra el Crimen en las Américas solicitó formalmente que se incluyan los nombres del actual Ministro de Petróleos de Venezuela, Nelson Martínez y al exgerente de Pdval y supuesto empresario, José Manuel González Testino en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) por estar vinculados a organizaciones criminales dedicadas al lavado de activos.
De acuerdo a la solicitud, existen evidencias que permiten probar que el expresidente de Citgo y actual ministro de hidrocarburos, Nelson Martínez se ha enriquecido, gracias a sus posiciones como funcionario público del Estado venezolano.

En la petición a las autoridades norteamericanas se plantea el caso de PDVAL, una filial de la estatal petrolera Pdvsa, que supuestamente es controlada por Nelson Martínez y el exgerente de ese ente estatal, José Manuel González Testino. "Ambos lograron beneficiarse personalmente del dinero proveniente de las arcas del tesoro", dice el documento. 

En la comunicación citan un informe preparado por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional en el cual se publicó una lista de 37 compañías que se estima se apropiaron ilegalmente de $11 mil millones de dólares. 

La lista de esas empresas se inicia con José Manuel González, ubicadas en la jurisdicción de los Estados Unidos, dice la petición y añade que hay otras corporaciones del mismo sujeto constituidas  en Suiza y Panamá, dice el documento. 

Las compañías vinculadas al supuesto esquema de corrupción poseen cuentas en la banca suiza, a saber: Goet & Co (Ginebra), Stang Industrial Products SA Cuenta # 126.143, RH Internacional Consulting Cuenta 126.110, Henry Pittier International, Cuenta #126-187, Colorado Manufacture and Equipment SA Cuenta #126-122, de acuerdo a la demanda dada a conocer por la ONG antes mencionada.

El solicitud se pide al FBI, investigar a los dos hombres ligados al gobierno de Nicolás Maduro través de las herramientas establecidas en la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de 1977. Argumentan que "debido a la deteriorada y dramática situación humanitaria que vive Venezuela estas compañías constituyen una red operada por el crimen organizado y su objetivo es ganar dinero ilícito a costa del hambre de millones de venezolanos".
En la solicitud explican que como organización están preocupados por el aumento de la crisis humanitaria, la impunidad y el crecimiento del crimen organizado en Venezuela, y que las organizaciones criminales tienen ramificaciones en el territorio estadounidense y se convierten en una amenaza a la seguridad de los EEUU.

"Esto es una amenaza para la seguridad de la región y del hemisferio", dice el documento.

"Los Estados Unidos, como líder moral y político de la región debe prestar atención, y activar los mecanismos expeditos del Departamento de Justicia para actuar de manera inmediata y ejecutar los mecanismos previstos en la ley para controlar el crimen organizado", explica en la solicitud. 

El Centro de Investigaciones contra el Crimen en las Américas pone a disposición de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), (encargada de la seguridad nacional, el crimen organizado y la corrupción) las investigaciones realizadas sobre estos dos sujetos que a juicio de los investigadores han violado las leyes norteamericanas.

En el documento se destaca que Venezuela es uno de los países más ricos en recursos naturales de la región, que posee las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo y donde la economía depende exclusivamente de la exportación de petróleo. Sin embargo, la corrupción y ineptitud del gobierno ha llevado al país a una implosión política y económica de consecuencias inimaginables.

Más adelante se señala que en la medida que la crisis venezolana avanza, las organizaciones corrupta conectadas con el régimen se convirtieron en poderosas organizaciones criminales.

Como ejemplo del avance de dichas organizaciones criminales, citan las sanciones impuestas por el Departamento de Justicia y del Tesoro contra el vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, designándolo como narcotraficante en la lista Clinton.

Igualmente, mencionan que una Corte Federal de Nueva York condenó a Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, sobrinos de la primera dama de Venezuela, de ser culpables de conspiración para importar 800 kilos de cocaína a los EEUU.

Dice que Venezuela se convirtió en la base principal de las empresas relacionadas con lavado de dinero, corrupción, extorsión y crímenes graves con impunidad en Central y América Latina.

El sistema de justicia americana puede ayudar a identificar y bordear estas organizaciones que operan actividades ilegales desde el territorio estadounidense.

En el documento se señala que José Manuel González Testino es un ciudadano americano nacido el 19 de septiembre de 1969 en Cookville, Tennessee. "González Testino usa su pasaporte venezolano para hacer sus transacciones financieras y su pasaporte americano para hacer sus operaciones dentro de los EEUU. Es miembro de la directiva de la empresa Productora y Distribución Venezolana de Alimentos (PDVAL) responsable de deterioro de $2 billones de dólares en comida podrida en diferentes lugares de Venezuela, hecho que causó repugnancia en un país donde diariamente la mayor parte de la población pasa hambre".

PDVAL es una filial de la estatal petrolera Pdvsa, controlada por ejecutivos como Nelson Martínez, expresidente de Citgo y actual Ministro de Hidrocarburos, gente que se ha enriquecido con dinero proveniente del erario público venezolano, acota la petición. 

Como organización independiente de periodistas Venezuela y de América Latina  con devoción a la transparencia y claridad, imploramos que sean investigados esos sujetos y colocados en la lista Clinton  los actos en la categoría de SDN.

La denuncia está acompañadas con documentos de recibidos por parte de la oficina del FBI en Miami. 

PD:
Si algunas de las personas mencionadas en este post desea ejercer su derecho a réplica les ruego enviar toda la información y solicitud de entrevista al siguiente correo electrónico: 
venezuelapoliticablog@hushmail.com


viernes, 14 de julio de 2017

Piloto del Cártel de los Soles acordó colaborar con la justicia de los EEUU

    Yazenky Antonio Lamas Rondón posee valiosa información sobre la organización criminal a la que pertenece, lo que le permitió calificar para ser colaborador del gobierno norteamericano.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

    El capitán de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, Yazenky Antonio Lamas Rondón, conocido como "El Piloto del Cártel de los Soles" acordó colaborar con las autoridades federales de los Estados Unidos. El proceso de cooperación se inició el  26 de junio de 2017, a pocas horas que el ex-oficial llegó a la capital norteamericana proveniente de Bogotá, Colombia, confirmaron dos fuentes ligadas al caso que pidieron no ser identificadas.
    De acuerdo a la regla procesal, Lamas Rondón debió haber sido presentado ante un juez de la jurisdicción en las primeras 72 horas de haber sido entregado a las autoridades estadounidense. Dicha presentación usualmente se hace en persona, aunque también puede hacerse por vídeo o teléfono cuando se producen excepciones autorizadas por un juez.  

   Cuando ese paso no se cumple, y no existe una excepción, se crea un vacío procesal que puede darle herramientas a la defensa para usar dicha falta como una violación al estado de derecho del cliente.

  De acuerdo a las fuentes consultadas, Lamas Rondón aceptó colaborar de manera voluntaria con los fiscales federales, y se comprometió a suministrar toda la información relacionada con el Cártel de los Soles y con las otras organizaciones criminales a las que está vinculado en la búsqueda de una reducción de su condena. 

  Al pasar a ser colaborador del gobierno, Lamas Rondón debe testificar ante la corte y frente al gran jurado y los jurados federales cuando la fiscalía lo requiera para sustentar los casos contra narcotraficantes.

   Lamas Rondón fue extraditado el 24 de junio de 2017 luego de haber permanecido 386 días arrestado en la cárcel de la Picota en Bogotá. Cuando llegó a suelo estadounidense el acusado autorizó a su abogado defensor para que coordinara con las autoridades norteamericanas un acuerdo de ofrecimiento de prueba, aseguraron nuestras dos fuentes.

Mecanismos usados para los acuerdos de cooperación

   Para convertirse en colaborador del gobierno el acusado debe contar con el visto bueno de su defensor "para que se produzca el tema conceptual de un acuerdo de cooperación y los términos del mismo". Los fiscales deben ser autorizados por la defensa para hablar con el imputado y acordar las condiciones de la negociación.

   Cuando los acusados empiezan su cooperación desde el mismo momento de la extradición deben cumplirse dos reglas, "Primero, el acusado debe que renunciar a sus derechos de manera voluntaria, sin que dicha decisión no esté basada en el engaño y segundo, las partes acuerdan mantener la cooperación secreta, con lo cual el caso se sella", explicó según nos explica el exfiscal y abogado criminal, Eduardo Palmer.

   Cuando los acusados por cargos de narcotráfico desean cooperar con la fiscalía, el abogado defensor contacta al fiscal para organizar una reunión que suele hacerse en una de las salas de “ofrecimiento de pruebas” ubicadas  dentro de los tribunales donde el imputado llega esposado para reunirse con el fiscal, dos agentes de la DEA, un traductor y el abogado de la defensa.

      En la primera cita el acusado debe firmar el llamado “acuerdo de ofrecimiento de prueba” que es el primer paso para llegar a un acuerdo de cooperación. En esa reunión se determina si la información que posee el acusado es verdadera y útil y si el gobierno quiere entrar en un acuerdo de cooperación" asegura el abogado neoyorquino, David Zapp.

     La información revelada por Lamas Rondón posee un gran valor para las autoridades norteamericanas y permitirán concluir las investigaciones federales que se siguen contra varios funcionarios, civiles y militares, del gobierno de Nicolás Maduro.

La acusación de la fiscalía


   De acuerdo a la acusación, Lamas Rondón pilotó aeronaves cargadas de cocaína que salían de Venezuela a Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala para ser recibidas por asociados que descargaban la droga, para ser llevada a los Estados Unidos, Europa y varios países africanos. 

     Documentos legales aseguran que este exmilitar fue responsable de unos 100 vuelos y que logró reclutar varios pilotos que volaron otros 200 pertenecientes a los cárteles colombianos y venezolanos.

    La acusación señala además que Yazenky Antonio Lamas Rondón es responsable de comprar y obtener códigos aeronáuticos  que le permitían hacer planes de vuelo que tenían apariencia legal para ser usados en los aviones que transportaban drogas. "Tal habilidad le permitió el exitoso envió de un centenar de vuelos repletos de drogas desde Apure en Venezuela y desde el Departamente de Santander en Colombia", dice el documento.

     Lamas Rondón está relacionado con varios cárteles de la zona, y conoce el funcionamiento, la estructura y la organización del Cártel de los Soles. En menos de 10 años, "El Piloto", quien estaba a cargo de los vuelos privados de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, se convirtió en un hombre de confianza de la organización criminal conformada por militares venezolanos de alto rango. 

    Lamas Rondón también habría sido el enlace seguro entre el Cártel de los Soles y otras organizaciones criminales como el Cártel del Atlántico, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Cártel del Golfo.

      "El Piloto" fue detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá el 7 de junio de 2016 cuando intentaba tomar un vuelo hacia Caracas. De acuerdo a sus declaraciones a la policía neogranadina, había ido a Colombia a comprar perros de raza, ya que aseguró tener un negocio de mascotas de pedigree que ofrece servicios en varios países. Sin embargo, las autoridades colombianas dejaron saber que Lamas Rondón había estado en contacto con varias organizaciones criminales de la droga que operan en Colombia.

     Las autoridades arrestaron a Lamas Rondón debido a una alerta roja de Interpol que atendía a una orden de captura dictada en su contra por la Corte del Distrito de Columbia.

   Tras su detención, se supo que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro había solicitado como favor personal al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos que aprobara la extradición de Lamas Rondón a Venezuela. Otra versión, dada a conocer por el periódico El Nuevo Herald de Miami, asegura que Maduro habría ejercido presiones desde Caracas y La Habana para convencer al gobierno colombiano de no proceder con la extradición del célebre piloto del Cártel de los Soles a los Estados Unidos.

     El caso del capitán retirado de las Fuerzas Armadas venezolanas estaba bajo el número 1:15-cr-00157 y se mantendrá sellado gracias al acuerdo de cooperación acordado por Lamas Rondón y el gobierno norteamericano.

   Según datos suministrados, el cártel de los Soles empezó  sus operaciones cuando los militares prestaron protección a los grandes capos colombianos para que la droga pasara por territorio venezolano con la seguridad que no iba a ser interceptada. Dicha colaboración incluía sólo el resguardo de las rutas al inicio, pero luego se amplió al uso de transportes de las Fuerzas Armadas Nacionales para mover grandes cargamentos de cocaína hacia los puertos, aeropuertos donde la carga era enviada hacia los Estados Unidos, Europa y otras rutas selectas.

   Gracias a la eficiencia y el conocimiento del negocio, los militares venezolanos fueron adquiriendo rutas que les permitía aumentan sus ingresos, hasta llegar a convertirse en sí mismos en una organización criminal con tentáculos poderosos en Centroamérica, el Caribe y Europa occidental.

   En los últimos años, el llamado Cártel de los Soles adquirió mayor poder y penetró las estructuras del Estado venezolano y vínculo a funcionarios del gobierno a la industria criminal más poderosa de Venezuela.

    "El Piloto" Lamas Rondón abandonó su carrera militar en 2008 cuando se relacionó con cártel y su eficiencia le permitió hacerse de la confianza y mantener el control del principal centro del narcotráfico en Venezuela, ubicado en el estado Apure, cercano a la frontera con Colombia.

Seguiremos informando de este caso en los próximos días








miércoles, 12 de julio de 2017

Denuncian empresas y funcionarios que se enriquecieron gracias a enorme esquema de corrupción en Petropiar, Pdvsa

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Un grupo de trabajadores pertenecientes a la empresa mixta Petropiar de Petróleos de Venezuela solicitó al presidente Nicolás Maduro "sancionar a un grupo de funcionarios y empresas que participaron en un enorme esquema de corrupción en detrimento de las finanzas del Estado venezolano". Esta solicitud está fechada en mayo de 2017. 
En la comunicación en nuestro poder, el grupo de trabajadores afectos al gobierno pidieron que fueran investigadas y sancionadas las siguientes empresas: Conkor, Alba Power Limited, CONVECA, Petroleum Contractor LLC, Vinccler entre otras.

La denuncia formulada por los empleados de la petrolera también fue enviada al Ministerio Público, organismo que ésta semana emitió las primeras citaciones a cinco funcionarios de Petropiar en calidad de imputados, quienes habrían incurrido en irregularidades en los procesos de contrataciones de esa empresa. Los funcionarios imputados hasta el momento son los siguientes: el gerente general, Edwar José Pérez; el gerente de Procura, Humberto Francisco Sarti; el gerente de Parada de Planta, Carlos Humberto Pereira, y los supervisores de analistas de Compra y de Materiales de Parada de Planta, Carlos Armando Bello y Abraham Valentino Lezama.

El comunicado de la Fiscalía dice que las investigaciones de este caso se iniciaron en 2017, debido a la denuncia presentada por irregularidades en el otorgamiento de órdenes de compra con sobreprecios, de acuerdo con los estándares internacionales, en los bienes adquiridos por la empresa Petropiar.

Los trabajadores denuncian esquema de corrupción

En la denuncia hecha por los trabajadores de Petropiar aparecen otros nombres de funcionarios que supuestamente habrían participado en el enorme esquema de corrupción, a saber: Lorenzo Aguilera, Jhon Flores, José Salazar, Francisco Cabeza, Wilmer Calderón, Francisco Monroy, 
En la comunicación, dirigida a Nicolás Maduro, refieren una investigación realizada el 16 de mayo de 2017 en Petropiar Puerto La Cruz donde se descubrieron múltiples irregularidades cometidas por unos funcionarios de nombre: Lorenzo Aguilera y Edwar José Pérez en la sede de la empresa en Puerto la Cruz, estado Anzoátegui. En la denuncia se describen los mecanismos usados para el otorgamiento de contratos con sobreprecio a través del pago de coimas en dólares. Junto a Aguilera y Pérez habrían participado Jhon Flores, José Salazar, Francisco Cabeza, Wilmer Calderón, Francisco Monroy.

Se informa que ante la denuncia hecha al presidente Maduro, los involucrados comenzaron a guardar evidencias y a traspasar carros, casas y otros bienes a nombre de testaferros. Dice que los involucrados pagaron sobornos a fiscales del Ministerio Público para que no continuaran con las investigaciones.

La misiva informa que "Edward José Pérez recibía pagos por el orden del 15 por ciento para la entrega de los contratos, y que aquellos -supuestos- empresarios que no accedían a pagar las comisiones  se le retiraban los contratos". Denuncian que Pérez creó empresas con accionistas cercanos (familiares y amigos) para otorgarles jugosos contratos.

Igualmente en la denuncia se afirma que para bajar la ola de denuncias, Pérez creó un plan de beneficio a los trabajadores, "un viaje para los empleados con gastos pagos y hospedaje en los mejores hoteles de la isla de Margarita". Con este beneficio -acotan- también ganaron comisiones puesto que cotizaron paquetes completos con sobreprecio en conchupancia con las agencias contratadas. 

Igualmente, denunciaron que los funcionarios antes mencionados obtuvieron comisiones con la compra de cajas de whisky, cervezas para supuestamente celebrar las metas de producción logradas por la empresa en el año fiscal 2016".

En la carta también denuncian que las metas de producción de Petropiar fueron maquilladas, y que para ello utilizaron algunos empleados del bloque 8, para que le "restaran producción a San Tome para completar las cuotas a favor de Piar en sociedad con las siguientes personas: Orlando Heredia, Irena Arteaga y Marisela Francabandiera, tres empleados que habían sido denunciado por hechos graves de corrupción". Dice que la señora Francabandiera fue denunciada  cuando era gerente de Piar porque entregó contratos sin licitación, por los cuales recibió sobornos en conjunto con el funcionario Luis Gutiérrez. 

En el documento se señala que el imputado, Edwar José Pérez destituyó al supervisor de la Sala de Control, Javier González por haberse negado  a disfrazar la cuota de la empresa mixta ni completar la producción con agua de las macro-fosas y aguas de fondo de tanque. 

Piden investigar a José Salazar, Francisco Cabeza y Francisco Monroy por manejos ilícitos con la flota de carros alquilados usados por ejecutivos de Petropiar. Asegura la denuncia que los tres funcionarios compraron los carros que ellos mismos contratan para el alquiler y los colocaron a nombre de terceros, y luego se los asignaron a sus propios dueños para evitar el deterioro de las unidades. 

Asimismo denunciaron a Yoel Zambrano, quien de la noche a la mañana adquirió en varios locales  en lujosos centros comerciales del estado de la Florida y otras ciudades de los EEUU.

Aseguran que las empresas Conkor, Gilmar, Alba Power Limited, Petroleum Contractor LLC, Vinccler y Conveca mantienen el control de la producción de Morichal, pagan sobornos millonarios y violan todas las normas legales de licitación. 

La denuncia señala que hay otros involucrados en el esquema de corrupción que deben ser investigados, entre quienes nombran a las siguientes personas: Lenín García, Enner Meléndez, Gustavo Villegas, Carlos Torres, Juan Castillo, Ernesto Atencio, Evenin Boscán, Emeterio Marcano, Alexis Quijadas, José Gil y Héctor Ibarra. Según la denuncia todos estos individuos estarían vinculados con Aguilera.

En otra parte de la denuncia se sostiene que Yoel Zambrano, en asociación con Edward Pérez, logró obtener coimas de 15 por ciento por los contratos entregados, lo que significó sobornos por el orden de los 187 mil millones de bolívares. 

En la carta dirigida a Nicolás Maduro sostienen que enviaron a la Fiscalía General denuncias sobre las siguientes empresas: Latina de Pavimentos CA, Técnica Petrolera, Proyectos y Suministros Mata, Cooperativa Oriente cuyo nombre fue luego cambiado a Servicios Internacionales  R y J, C.A. Protinteca, Inasca, Tampa, Casmar, Sitif CA, Petrobus, Las Piedritas CA, Urbanu Ca y Xio ca. Aseguran que a estas empresas les fueron adjudicados varios contratos sin matrices técnicas y con unos enorme sobreprecio.  

Las empresas habían sido denunciadas ante la PCP de petropiar e incluían detalles de las irregularidades cometidas por Lorenzo Aguilera, Jeffry Marcano y  Ángel Millán. No obstante, las denuncias fueron archivadas por Pedro León, exgerente de la Faja Petrolífera del Orinoco actualmente prófugo de la justicia.





Manuel "coco" Sosa Morales tiene una empresa rentable en Miami

El actor relacionado con el régimen de Nicolás Maduro y el fallecido Hugo Chávez fue citado como imputado por la fiscalía

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El actor venezolano y supuesto "empresario", Manuel Vicente Sosa Morales constituyó una empresa en el estado de la Florida en 2012. Queen Supply LLC tiene como domicilio en ciudad Doral y está asociado con Hellmuud Alejandro David Castrillón.
Manuel Vicente Sosa Morales fue citado por la Fiscalía de Venezuela en calidad de imputado por ser uno de los cinco funcionarios de la empresa Petropiar por presunto delito de irregularidades en los procesos de contratación. Vale destacar que Petropiar es una empresa asociada a Pdvsa.
La expareja de la hija del fallecido presidente, Hugo Chávez y actual embajadora alterna de Venezuela antes la ONU, María Gabriela Chávez se le acusa de hechos de corrupción. La acusación también incluye a un director interno de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Orlando Chacín Castillo.

Sosa Morales sería el responsable directo de presuntas irregularidades en la compra de bienes por parte de la empresa mixta Petropiar S.A., indicó el Ministerio Público en un comunicado.

PDVSA mantiene una participación accionaria de 70% en Petropiar que opera un yacimiento de crudo extra pesado y un mejorador con capacidad de 210.000 barriles diarios, mientras que Chevron posee el 30% restante.
María Gabriela Chávez y Manuel Vicente Sosa Morales sostuvieron una relación muy publicitada en las redes sociales por la hija del fallecido Hugo Chávez
En el año 2012 en Venezuela se realizó la última campaña presidencial que ratificó a Chávez en la presidencia, en unas elecciones ampliamente cuestionadas por la oposición. Durante ese proceso, Manuel Sosa Morales actuó activamente en el proceso electoral pero además se convirtió en empresario internacional, registrando la empresa Queen Supply LLC en Miami. El registro de la corporación dice que se constituyó el 22 de marzo de 2012.
De actor a empresario del régimen

El célebre actor además de constituir una corporación en los Estados Unidos se convirtió en empresario criollo. Aparece como presidente de la empresa de Suministros Gramal.

De acuerdo a los registros de empresas autorizadas a contratar con el Estado venezolano, Sosa Morales está asociado a Alí Ramos, quien actúa como socio y vicepresidente de Suministros Gramal. Los dos hombres deberán comparecer ante el Ministerio Público el 13 de julio de 2017.

La fiscalía a cargo de Luis Ortega Díaz emitió una acusación contra Orlando Chacín Castillo, actual director interno de PDVSA, por estar presuntamente incurso en procesos irregulares para la adquisición de vehículos en el transcurso de su gestión como director ejecutivo de exploración de la división oriental de la petrolera.

Según se informó, una auditoría con agentes externos hecha por PDVSA se detectó que el ejecutivo habría adquirido automóviles a través de un comité de contrataciones designado sin realizar el proceso de licitación correspondiente.

La compra de los vehículos se concretó de manera irregular "por vía de emergencia, en moneda extranjera y con sobreprecio, a pesar de que la licitación había sido pactada en bolívares", dice el comunicado del Ministerio Público.

La empresa de el "coco" Sosa en Miami, ciudad Doral tiene dos direcciones:
1104 NW 112th Avenue en Miami, Florida 33172 y 1104 West Flager Street, Miami.


He aquí los registros de la empresa de Manuel Vicente Sosa Morales:





En 2016, el "Coco" Sosa creó la Fundación Mónica Spear, la ex-miss Venezuela y actriz asesinada por el hampa en Venezuela. La sede de la fundación se encuentra en Pembroke Pines y fue creada en agosto de 2016. 



martes, 11 de julio de 2017

Corte de Apelaciones de NY falla a favor de Venezuela en litigio con Exxon Mobil Corp

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Este martes la corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York falló a favor del Estado venezolano y acordó que la petrolera norteamericana Exxon Mobil Corp no puede imponer un gran laudo arbitral internacional contra Venezuela, como consecuencia de la incautación de activos que se produjo en 2007 cuando el gobierno del fallecido Hugo Chávez nacionalizó los activos de industria petrolera.

De acuerdo a la decisión del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Manhattan "un juez de primera instancia cometió un error al imponer que el monto de penalidad era en el orden de $1.600 millones de dólares, ya que el mismo debió haber sido reducido a unos 188 millones de dólares, según lo acordado en octubre de 2014 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) )".

El fallo valida el argumento de Venezuela, que el gobierno de los Estados Unidos apoyó, de que Exxon debería haber tratado de hacer cumplir el laudo en virtud de la Ley federal de inmunidades soberanas extranjeras (FSIA), que ofrece más protecciones para los acusados ​​soberanos.

"La aplicación del FSIA facilitará la uniformidad nacional en el procedimiento", escribió la juez de circuito Susan Carney en el documento disponible en los récords de la corte. "La coherencia en cuanto a la aplicación de la ley nos parece importante alinearse con los valores de previsibilidad y control federal que demandan los asuntos exteriores y que la FSIA promueve".

Una nota de Reuters citó a un vocero de Exxon, Todd Spitler quien aseguró que la compañía petrolera con sede en Texas, no estaba de acuerdo con la decisión de la corte de apelaciones, porque considera implementar otras opciones legales.

Esta querella se originó cuando el gobierno de Hugo Chávez procedió con la incautación de los activos de Exxon en las empresas de desarrollo de petróleo de Cerro Negro y La Ceiba, argumentando que ejecutaban un plan de nacionalización de la empresa petrolera.

En 2007, Exxon había hecho inversiones millonarias en una empresa conjunta con la estatal Petróleos de Venezuela SA.

El 9 de marzo, un comité de anulación del CIADI rechazó casi todo el laudo arbitral que se refería al proyecto Cerro Negro, reduciendo el desembolso de Venezuela a solo $ 188.3 millones. El monto inicial era de $ 1.600 millones.

Lo acordado por la Corte de Apelaciones neoyorquina produjo la anulación de la sentencia de juez  de distrito Paul Engelmayer, emitida en 2015.

El fallo del tribunal de apelaciones asegura que la petición de Exxon debe ser rechazada sin perjuicio, lo que permite a la empresa buscar la ejecución en cumplimiento con el FSIA.





lunes, 3 de julio de 2017

Nueva fecha: Fabio Lobo será sentenciado por narcotráfico en NY el 31 de julio

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La sentencia de Fabio Lobo, el hijo del expresidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), acusado de conspirar para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos, fue aplazada nuevamente para el 31 de julio de 2017, informó -a través de un memorando- la corte del Distrito Sur de Nueva York.
La fecha anterior fijada para la sentencia era el 20 de julio. El calendario procesal del caso ha sido cambiado en varias oportunidades desde mayo de 2016.

En la misiva se informa que algunas pruebas del caso fueron entregadas a la corte en idioma español sin traducción, lo que obliga a dar más tiempo para que dichos documentos sean traducidos al inglés.

Según los récords de la corte, el gobierno de los Estados Unidos reclama al acusado Fabio Lobo el pago de $13 millones de dólares por concepto de “ingresos obtenidos durante la conspiración por narcotráfico” por él y sus coacusados.

Lobo fue capturado por la agencia antidrogas estadounidense (DEA) en mayo de 2015 en Haití. El acusado se declaró culpable de los delitos de narcotráfico entre 2009 y 2014, cuando su padre era presidente.

De acuerdo a lo estipulado en la ley, Lobo enfrenta una pena mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua.

La jueza del caso aseguró que antes de sentenciar al acusado debía conocer el fallo de la Corte Suprema que decidirá si Lobo es responsable o no del dinero obtenido ilegalmente por coacusados que participaron en la conspiración y que podría alterar el monto de dinero solicitado por la fiscalía.

El testimonio que cambió el caso

El caso de Lobo tomó un nuevo giro cuando a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sentó en el estrado al exlíder del cártel Los Cachiros de Honduras,  Devis Leonel Rivera, quien se entregó a las autoridades norteamericanas. 

El testimonio de Rivera fue explosivo, ya que acusó a la alta cúpula política de Honduras de estar involucrada en delitos de drogas.

De acuerdo a la acusación, a principios de 2009, cuando Porfirio Lobo Sosa buscaba la presidencia de Honduras, el acusado, Fabio Lobo, se unió a una conspiración para traficar drogas con su padre y otros al aceptar sobornos a cambio de proteger y asistir a traficantes en Honduras.

Durante el tiempo que Lobo Sosa era candidato a presidente de Honduras en 2009, los líderes de Los Cachiros le pagaron aproximadamente 500 mil dólares a cambio de protección política de investigaciones policiales, impedir la extradición hacia Estados Unidos y otorgar contratos de agencias gubernamentales hondureñas a compañías fachada para lavar dinero controladas por Los Cachiros, según indica la acusación de la fiscalía.

Honduras no autorizó la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos hasta aproximadamente 2012, y ninguna extradición ocurrió cuando el presidente Lobo Sosa estaba en el cargo. Ese hecho ratifica -según el líder de los Cachiros- el compromiso que el expresidente hondureño había adquirido con la organización criminal.

El ex-líder de los Cachiros también implicó en el negocio del tráfico de drogas al actual ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco, a dos diputados, a un alcalde y al hermano del actual Presidente Juan Orlando Hernández y a uno del expresidente Manuel Zelaya. Todos los acusados niegan tajantemente las acusaciones.

miércoles, 28 de junio de 2017

Marco Rubio: El gobierno de Maduro es una empresa criminal

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El gobierno de Nicolás Maduro no es solo una dictadura, sino una empresa criminal que ha quedado al descubierto, aseguró el senador Marco Rubio durante la apertura del encuentro sobre "Delincuencia Organizada Transnacional en las Américas", celebrado en el Instituto Empresarial Americano (AEI) en Washington DC, el lunes 26 de junio de 2017.

El senador por el estado de la Florida considera que el
el Crimen Organizado Trasnacional no es una amenaza nueva para los Estados Unidos y el Hemisferio Occidental, pero -definitivamente- es un asunto cada vez más peligroso que hay que atender de manera eficiente y rápida.

Un informe elaborado por el AEI señala que la delincuencia transnacional organizada es una de las grandes amenazas que enfrenta el hemisferio en la actualidad, ya sea por la mortífera crisis de opioides que afecta a las comunidades estadounidenses, por el catastrófico colapso  de Venezuela, un país rico en petróleo manejado por una pandilla debilitada, o la violencia que se experimenta en toda Centroamérica y que ha terminado por colarse en las calles de las ciudades americanas.

De acuerdo al informe de  AEI, "La crisis se pueden remontar a las redes criminales que recogen los billones de la producción de drogas ilícitas, del tráfico humano, y de la extorsión."

Si bien el gobierno de los Estados Unidos ha reconocido desde hace tiempo las amenazas que plantea la delincuencia organizada transnacional, durante años no ha hecho lo suficiente para hacer frente a dichas amenazas. Tal abandono ha llevado a la muerte y el sufrimiento de demasiadas personas, tanto en naciones de todo el hemisferio como en los EEUU.

Venezuela es una empresa criminal

En su presentación, el senador Rubio se refirió a Venezuela, señalando que el régimen de Maduro ha socavado completamente la constitución democrática de ese país. "Está encarcelando y torturando a los miembros de la oposición, ha matado a los manifestantes con impunidad, ha destruido la economía de la nación", acotó el legislador.

Rubio sostiene que Venezuela es uno de los países más ricos de la región en términos de recursos, ya que es un estado petrolero, que también posee tierras ricas para el cultivo. Sin embargo, tiene un gobierno corrupto y dictatorial que se está quedando sin dinero y no es capaz -ni siquiera- de alimentar a su propio pueblo.

"A medida que esa nación sigue derritiéndose, las crecientes redes criminales transnacionales del régimen están siendo expuestas. El gobierno de Maduro no es sólo una dictadura, sino también una empresa criminal", dijo el senador.

Recordó que el Departamento del Tesoro impuso sanciones contra el Vicepresidente venezolano Tareck El-Aissami el 13 de febrero de 2017, designándolo narcotraficante bajo la Ley Kingpin por desempeñar un importante papel en el narcotráfico internacional. Junto a El Aissami fue sancionado Samark José López-Bello como su testaferro.

Rubio hizo referencia a lo señalado en el informe de AEI, y que ha sido noticia permanente en Venezuela, "Un tribunal federal de Estados Unidos condenó a dos de los sobrinos del presidente Maduro, Efraín Antonio Campo Flores y su primo Franqui Francisco Flores de Freitas, por conspirar para enviar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos".

Hace dos años, los funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. informaron al Wall Street Journal que creían que Diosdado Cabello, ex presidente de la Asamblea Nacional, era jefe de un cartel de la droga, agregó el parlamentario.

Rubio llamó la atención de los presentes al afirmar que es escandaloso que el vicepresidente de Venezuela, los sobrinos del Presidente, el ex presidente de la Asamblea Nacional, están involucrados o han sido acusados ​​de estar involucrados en el crimen organizado transnacional.

Al referirse a Colombia, el legislador dijo que veía con creciente preocupación la implementación del acuerdo de paz con las FARC. "Muchas armas de las FARC siguen desaparecidas y demasiados miembros de las FARC se están uniendo a grupos remanentes y siguen beneficiándose del tráfico ilegal de narcóticos".

"La ayuda externa de Estados Unidos y las relaciones militares y policiales con Colombia deben continuar", aseguró Rubio. Entre el año fiscal 2000 y el año fiscal 2016, el Congreso de los Estados Unidos asignó más de $10 mil millones en ayuda bajo el Plan Colombia y estrategias sucesivas.

Considera que los miembros de las FARC que han cometido atrocidades deben ser responsabilizados por el sistema judicial colombiano. Dijo además que Colombia debe extraditar a los miembros de las FARC acusados ​​en los Estados Unidos para que enfrenten la justicia aquí.

Más allá de las FARC, la explosión del cultivo de coca en Colombia es otra preocupación importante y que ha alimentando el escepticismo sobre el acuerdo de paz. Los números de producción de coca en Colombia han aumentado constantemente durante las negociaciones de paz, aumentó en más del 141 por ciento de 2012 a 2016, incluyendo un fuerte aumento a partir de 2015.

Estos acontecimientos son probablemente el resultado directo de la decisión del gobierno de 2015 de poner fin a la erradicación del aérea de las plantas de coca. Rubio cree que fue un error haber aceptado ese aspecto dentro de las concesiones otorgadas a las FARC para lograr un acuerdo de paz en Colombia.

El legislador se refirió además al llamado "Clan del Golfo" que es la banda de drogas más grande de Colombia, al ELN, otro grupo marxista similar a las FARC que se ocupa del terrorismo y del narcotráfico, y otros grupos paramilitares conocidos como bandas criminales o bacrim, que han surgido como los principales beneficiarios de la producción de coca producción. 

Aseguró que el Clan del Golfo controla el 70 por ciento de la producción de cocaína en Colombia, según la propia policía de ese país. Y el ELN tiene un estimado de 1.500 combatientes, lo que es aproximadamente una quinta parte de la fuerza paramilitar de las FARC antes de la movilización.

En México, se ha visto una escalada asombrosa del crimen transnacional organizado. Desde 2006, cuando México comenzó su gran empuje contra esos carteles, algunos estiman que 130.000 personas han muerto. Eso es más o menos igual a la población de Gainesville, Florida. 

El senador afirmó que los carteles mexicanos están luchando para traer drogas a los EEUU que envenenan y matan a nuestra gente. Un número récord de estadounidenses, casi 60.000 personas murieron en 2016 por el consumo de las drogas.

Rubio aseguró que existe una preocupación por el aumento de la producción de la heroína mexicana, la metanfetamina, y el tráfico de fentanilo que se fabrica en China. No obstante, dijo que a diferencia de Venezuela, los EEUU tienen en el gobierno de México un socio dispuesto a trabajar contra las empresas criminales. 

Desde 2008, el Congreso de los Estados Unidos ha asignado $2.8 mil millones para los esfuerzos para combatir a los cárteles.

"La lucha, sin embargo, no se puede ganar sólo con dinero y armas. También debemos brindar asistencia a los tribunales mexicanos, a las fuerzas del orden ya los funcionarios públicos", aseguró Rubio

El informe divulgado por AEI dice que al menos 12 ex-gobernadores mexicanos fueron acusados ​​de corrupción, lavado de dinero o narcotráfico. Y destaca que 7 de 10 crímenes en México ni siquiera son reportados.

Si la gente no confía en sus instituciones, desde la policía local de sus vecindarios hasta los fiscales y funcionarios electos, el gobierno mexicano va a poder ganar esta pelea. Es por eso que seguimos luchando desde el Congreso para asegurar los fondos que van a programas que trabajan con otros países para reforzar la aplicación de la ley, el estado de derecho, y la promoción de la estabilidad y la democracia. Estos fondos tienen un impacto directo en nuestra seguridad y son esenciales este año.

Rubio dijo que se debe continuar financiando los programas de seguridad integrales para contrarrestar las organizaciones criminales transnacionales en el Hemisferio Occidental.

En Venezuela, los chavistas que están en el poder son la raíz del problema. "Y espero que podamos generar presión internacional en todos los foros posibles, incluyendo la OEA y la U.N., además de aumentar las sanciones a cualquiera que en Venezuela oprime al pueblo en todos los niveles", acotó Rubio.

El senador reiteró su apoyo al pueblo venezolano en su lucha por la libertad. "Como miembro del Comité de Apropiaciones del Senado, estoy pidiendo fondos para programas de promoción de la democracia. Cuando Maduro y sus compinches sean removidos, habrá fondos disponibles para ayudar a Venezuela a recuperarse de esta larga pesadilla", afirmó.

"En Colombia, necesitamos convencer al pueblo colombiano de que Estados Unidos apoya la implementación de todos esos elementos de seguridad, pero que se exigirán condiciones. El pueblo colombiano tendrá elecciones democráticas en 2018 y tendremos que trabajar con el nuevo gobierno colombiano para asegurar que los crímenes cometidos por las FARC no queden impunes y que las víctimas de las FARC sean adecuadamente compensadas", dijo.
Rubio alentó al gobierno de Colombia a reanudar la erradicación aérea de las plantas de coca. "La amenaza de la heroína también está en aumento, con el cultivo de adormidera ahora presente en Colombia, en Guatemala y cada vez más en México", dijo. 

-Esperamos trabajar con ellos para enfrentar agresivamente ese problema. Los actores malos de las redes criminales transnacionales deben comparecer ante la justicia mediante la utilización plena de todos los instrumentos jurídicos para atacar a los narcotraficantes y sus bienes.

Rubio dijo que en los EEUU debe desalentarse el abuso y la dependencia de las drogas.

Reiteró que los legisladores norteamericanos, el gobierno y sus pares en la región tienen mucho trabajo que realizar para lograr el éxito en la lucha contra el crimen organizado trasnacional.