lunes, 15 de mayo de 2017

Fabio Lobo podría llegar a un acuerdo de colaboración con la justicia de EEUU

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Fabio Lobo Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, podría llegar a un acuerdo de cooperación con el gobierno de los Estados Unidos, a pesar que su sentencia, por delitos relacionados con el tráfico de cocaína desde Honduras hasta los Estados Unidos, está prevista para ser leída el 30 de mayo de 2017. Su defensor, Manuel Retureta, dejó saber que existen posibilidades que su cliente negocie con los fiscales federales para reducir su condena.


Muchos acusados de delitos de narcotráfico optan por convertirse en testigos protegidos del gobierno para reducir sus sentencias. Cuando se colabora con el gobierno, existe la obligación de testificar en los juicios contra las personas involucradas en las organizaciones criminales o individuos a las que los acusados están vinculadas y sobre la cual poseen información.

Retureta confesó en una entrevista que sostuvo con el periodista Armando Villanueva del Foro de Canal 10, que un acuerdo de colaboración podría ser considerado por Lobo en la última etapa del proceso que se le sigue en los tribunales de Nueva York. Por ahora, la fiscalía y la defensa se encuentran enfrascados en una discusión sobre si Fabio Lobo está siendo acusado como líder de una organización criminal o no, sí pagó sobornos a los funcionarios o no, si estaba involucrado directamente en la exportación de drogas o si tenía un arma cuando hacía todo esto y la usaba para facilitar el tráfico de drogas.

En la audiencia Fatico que se dio antes de la lectura de la sentencia, el Gobierno presentó a Devis Leonel Rivera Maradiaga como testigo para aportar nuevos elementos al expediente. El exlíder de los Cachiros ratificó las acusaciones contra Lobo Lobo y acusó a varios miembros de la cúpula política hondureña, incluyendo al padre del acusado y expresidente, Porfirio Lobo Sosa.

Lobo fue arrestado en Haití el 20 de mayo de 2015 y trasladado a Nueva York para afrontar la justicia. El demandado está acusado de conspirar para trasladar cocaína desde Honduras hasta territorio estadounidense, de acuerdo al documento original del Gran Jurado.

Según la acusación, Lobo Lobo acordó ayudar a dos supuestos narcotraficantes mexicanos en el transporte de varias toneladas de cocaína, que resultaron ser agentes encubiertos de la Agencia Antidrogas de EE.UU (DEA).

El caso

El plan para transportar cocaína incluía la participación de policías hondureños, que se encargarían de la logística y protección de la droga, y que fueron presentados a los supuestos narcotraficantes representantes del Cártel de Sinaloa por el mismo Lobo, según el informe de la fiscalía.

De acuerdo con correos electrónicos y llamadas telefónicas que fueron grabadas por los testigos cooperantes encubiertos del gobierno americano, Lobo acordó con uno de los supuestos narcotraficantes viajar a Haití para recibir el dinero obtenido por la venta de la cocaína. 

Lobo fue arrestado en Puerto Príncipe el 20 de julio de 2015. El acusado se declaró culpable de los cargos interpuesto por la fiscalía neoyorquina.

Lobo Lobo se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua y a una mínima de 10 años. 


Cambian fecha de la sentencia de sobrinos de Nicolás Maduro

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Un documento dado a conocer por la Corte del Distrito Sur de Nueva York asegura que la sentencia de Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas fue cambiada nuevamente, con acuerdo de las partes. La nueva fecha será para el 27 de junio de 2017, un día después de lo anunciado por el juez Paul Crotty en el memorando dado a conocer en el mes de marzo de este año.

Campo Flores y Flores de Freitas fueron hallados culpables por un jurado de conspirar para traficar y distribuir 5 o más kilos de cocaína desde Venezuela, vía Honduras, y que tenía como destino final a los Estados Unidos.

Los dos sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro fueron arrestado en Puerto Príncipe el 15 de noviembre de 2015 por la policía antinarcóticos de Haití, expulsados por el gobierno de la isla caribeña y entregados en custodia a la DEA para ser trasladados a Nueva York donde fueron procesados.

En el mes de abril de 2017, el juez había fijado la sentencia para el 26 de junio en horas de la mañana. 

El juez de la causa Paul Crotty informó que la sentencia será leída el 27 de junio de 2017 a las 10:30 AM. Crotty pide a la fiscalía y a la defensa informarle sí existen inconvenientes para la nueva fecha fijada, hacerle llegar lo antes posible la razón a través de los medios habituales.


jueves, 11 de mayo de 2017

Vinculan a Nicolás Maduro en el escándalo de Odebrecht

Una testigo del caso aseguró haber recibido dinero del actual mandatario venezolano en efectivo en varias oportunidades en la sede de la Cancillería en Caracas

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y el actual encargado de negocios de la embajada de Venezuela en los Estados Unido, Maximilian Arveláez fueron mencionados en las investigaciones que realiza la justicia de Brasil sobre el esquema de sobornos de la  constructora Odebrecht. 

Siendo canciller, Maduro  recibía pagos de Odebrecht que pasaba a los asesores de imagen de la campaña de reelección del presidente Hugo Chávez en 2012, de acuerdo al testimonio dado a conocer hoy en Brasil.
Según una testigo, Mónica Moura, quien es la esposa del publicista João Santana, el entonces canciller Nicolás Maduro le entregó en su despacho de la cancillería en Caracas "cajas con unos US$11 millones de dólares como pago de los servicios" que prestaba la empresa del gurú de la publicidad brasileña a la campaña para la reelección a la presidencial de Chávez en 2012. 

La empresa publicitaria Polis Caribe logró un acuerdo con el fallecido Hugo Chávez para realizar su campaña electoral. Los costos de esos servicios fueron pagados con dinero en efectivo, supuestamente proveniente de los sobornos pagados por la constructora Odebrecht en Venezuela. Chávez habría instruido a su entonces canciller, Nicolás Maduro, para que se encargarse de los pagos a personas de absoluta confianza.

Según el documento, Odebrecht pagó siete millones de dólares a la empresa de Santana, Polis Caribe y dos millones a la firma de abogados Andrade Gutiérrez. Este depósito se hizo en en una cuenta en Suiza bajo el nombre de Shelbill.

João Santana y su mujer Mónica Moura fueron acusados de haber recibido pagos millonarios por parte de la petrolera estatal Petrobas y la constructora Odebrecht.  Ambos son testigos y están delatando a todos los involucrados en el caso.

Mónica confesó a los fiscales que como pago a un acuerdo de servicios, ella personalmente recibió de las manos del actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro -cuando era canciller- cajas llenas de dinero.

En el interrogatorio, donde revisaron una serie de anexos con sumarios frente a los fiscales investigadores, dijo que los pagos correspondían a servicios prestados en las campañas electorales por parte de la empresa de publicidad de su marido.

El entonces canciller Nicolás Maduro exigió a Monica Maura que recibiera todos los pagos del dinero de la campaña de reelección del presidente Hugo Chávez en el año 2012 "por fuera", a través de pagos realizados por los contratistas Odebrecht y el abogado Andrade Gutiérrez, dice un documento de la fiscalía.

Mónica Moura aseguró que parte del dinero no contabilizado fue pagado en efectivo, entregado en Caracas directamente a ella por el entonces canciller Maduro en la propia sede de la cancillería. Aseguró que Maduro "la recibía en su propio despacho, entregaba las pacas de dinero y le ofrecía unos escoltas para darle seguridad en el recorrido de la calle Cancillería a su lugar de destino".

Mónica dijo que recibió de Nicolás Maduro al menos US$11 millones de dólares en efectivo y que aún quedó  pendiente una deuda de US$15 millones de dólares que nunca  fue saldada.

De acuerdo al documento, Mónica Moura y José Dirceu participaron en las primeras reuniones políticas en Caracas, "atendiendo una petición del embajador de Venezuela en Brasil para colaborar con el equipo de estrategia política de la empresa de publicidad de Santana y el comando estratégico de campaña de Hugo Chávez en 2012".

Según la mujer, Santana y el exministro de Lula, Franklin Martins fueron contratados conjuntamente con su equipo para elaborar  en parte de la campaña de Internet para el Psuv y el candidato Chávez. 

Aseguró que durante los viajes iniciales se quedaban en hoteles pagados en Caracas por la empresa. Dijo que, además de Andrade Gutiérrez, en uno de los viajes estuvo presente uno de los hijos del dueño de la constructora Odebrecht.

El documento dice que la mujer advirtió que Nicolás Maduro era siempre "muy desconfiado. No quería entregar dinero en efectivo a más de una persona". 

"Una parte de la paga de los contratistas de Odebrecht y la de Andrade Gutiérrez también fue negociada por Nicolás Maduro, hombre de extrema confianza  de Hugo Chávez", dice el documento.

Mónica acordó los pagos directamente con los ejecutivos de Andrade. 

Dijo también que el entonces embajador de la Venezuela en Brasil, Maximiliano Arveláez fue el principal articulador y fiador de la campaña de Hugo Chávez en 2012. Él tenía excelente relación con los dirigentes de grandes empresas brasileñas en Venezuela, así como con el abogado Andrade Gutiérrez y Odebrecht. Asimismo, tenía relaciones cercanas con la cúpula del PT en Brasil.

El documento dice que la práctica de recibir sobornos por los políticos, no era exclusivo de las campañas realizadas en Brasil. 

Dice el documento que el embajador, Maximiliano Arveláez demostraba una relación de intimidad  con el abogado Andrade Gutiérrez. 

Los ejecutivos de Odebrecht y los de la publicidad tenían excelentes relaciones. Al menos  en tres vuelos viajaron juntos: Joao Santana, Mónica Moura, Franklin Martins y Jose Dirceu, en el tramo Sao Paulo -Caracas.

El documento dice que José Dirceu participó en las primeras reuniones políticas en Caracas, a petición del embajador  Arveláez y estableció los vínculos del equipo de estrategia política de POUS con el Comando Estratégico de Chávez.

Franklin Martins fue contratado junto con su equipo para elaborar la parte de la campaña de Internet por el gobierno venezolano.

Luis Claudio y el ejecutivo de la empresa Odebrecht Euzenando Azevedo también participaron en los encuentros.

El dinero era entregado a las firmas contratadas para la promoción de la campaña de Chávez, entre ellas la del esposo de Moura, el asesor de imagen Joao Santana, también delator en la investigación de Odebrecht.

Pruebas que fueron escrutadas por la justicia brasileña en este caso son las siguientes:
1) Extracto de la cuenta en Suiza bajo el nombre de SHELLBILL
2) Contrato de Marketing firmado entre las partes conteniendo el valor del pago oficial de la campaña
3) Registro de los pasajes de avión a "Angola"
4) Agenda personal de Joao Santana donde constan de las citas sostenidas usando los siguientes términos:
Diamante = término utilizado por Mónica Moura y Joao Santana como referencia a la campaña de"Angola" que era el nombre dado a la campaña de Chávez.

miércoles, 10 de mayo de 2017

Juicio del líder del Cártel de Atlántico, Wilter Blanco, se iniciará en Miami el 24 de julio de 2017

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El juicio del líder del cártel del Atlántico, Wilter Blanco Ruíz se iniciará el 24 de julio de 2017, según informó el juez de la Corte del Distrito Sur de la Florida, Donald M. Middlebrooks. Blanco Ruíz está acusado por el gobierno de los Estados Unidos de conspirar para traficar 5 o más kilogramos de cocaína desde Honduras, Guatemala, Colombia y México hasta el territorio norteamericano.
La decisión de alargar el inicio del juicio se debe a que los abogados de Blanco Ruíz solicitaron en una prórroga a la Corte para revisar las pruebas del descubrimiento, y para permitir que el Departamento de Estado sostenga una entrevista con el demandado.

El  juez dijo que el juicio quedó programado para el lunes 24 de julio de 2017 a las 9:00 am en la corte de Miami. El plazo para la aceptación oportuna de la fecha propuesta quedó fijado para el martes 16 de mayo de 2017 a las 2:00 pm. 

Middlebrooks informó que el abogado defensor debe notificar a la corte y al gobierno, antes del 16 de mayo de 2017 a las 2pm, si Blanco Ruíz va a cambiar su declaración de culpabilidad.

La decisión del juez de reprogramar el calendario del juicio, que inicialmente se tenía previsto para el 22 de mayo de 2017, se debió esencialmente a que la defensa necesita más tiempo para evaluar los materiales que conforman las evidencias de este caso internacional de narcotráfico, que los abogados califican como "muy complejo", ya que las pruebas involucran numerosos chats que tienen que ser transcritos y traducidos. 

La defensa argumentó en su solicitud de prórroga que requiere más tiempo para revisar verificar su autenticidad de los chats, ya que dichas comunicaciones se llevan a cabo con una persona que que no está acusada.

Asimismo, el juez acordó un nuevo calendario para que el Departamento de Estado realice una entrevista a Blanco-Ruiz sobre ciertos asuntos relevantes del caso en relación con Honduras.

¿Cooperación?

Blanco Ruíz aceptó reunirse con los investigadores del Departamento de Estado. De acuerdo al documento presentado por la defensa, dicho encuentro será fijado a través de los canales apropiados, y "tiene como objetivo determinar el fondo del caso y permitir negociaciones significativas de los alegatos". 

La defensa dijo que la moción de prórroga cuenta con el visto bueno del asistente del Fiscal de los Estados Unidos, Walter Norkin.

En el documento también se lee que el abogado de Blanco Ruíz, Víctor E. Rocha, estará de vacaciones desde el 13 de junio de 2017 hasta el 2 de julio de 2017 razón por la cual requería que se cambiara el juicio para finales del mes de julio.


martes, 9 de mayo de 2017

Bolichicos enfrentan seis investigaciones criminales en los EEUU

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Dos ciudadanos venezolanos, Alejandro Betancourt y Pedro Trebbau, conocidos en la prensa internacional como los "bolichicos", se encuentran bajo seis diferentes investigaciones en los Estados Unidos. A los empresarios se les ha acusado de haber realizado un supuesto esquema de corrupción, a través del cual, lograron adjudicarse contratos millonarios de empresas públicas del Estado venezolano a cambio del pago de sobornos, usando para ello bancos estadounidenses.
Una investigación federal es el primer paso en el proceso de justicia penal federal en los Estados Unidos. En esta etapa, los agentes de la ley federal investigan posibles violaciones de normas del Estado norteamericano.

Salen a la luz las investigaciones

Durante la audiencia de apelación realizada el 10 de marzo de 2017, en la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito en Nueva York, Frank Wohl, abogado de Alejandro Betancourt, discutía con el panel de jueces el recurso interpuesto por el exdiplomático estadounidense y actualmente consultor, Otto Reich. En el minuto 17:20 de la audiencia, el abogado admitió que en la queja se hace referencia a que "hay 4 investigaciones por agencias gubernamentales." contra su cliente. Seguidamente, el juez le preguntó "¿en Venezuela?" y Wohl dice que son investigaciones de la: "SEC, IRS, DHS, Treasury Department.". Es decir, esas investigaciones se están realizando en la Comisión de Bolsa de Valores (SEC), el Servicio de Rentas Internas (IRS),  el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento del Tesoro (TD).

Para escuchar la audiencia donde el abogado y el juez discuten este tema pulsar aquí, buscar el minuto 17:20 hasta 17:30.

Paralela a las investigaciones citadas por el abogado de Betancourt frente al juez, los citados empresarios son objetos de otras dos investigaciones. Una, cursa en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, tal cual fue reportado por la agencia de noticias Bloomberg (ver detalles aquí). Y una sexta, llevada a cabo por la Fiscalía del Distrito de Manhattan, descrita en su momento por el Wall Street Journal, (Ver detalles de esta investigación aquí.)

Una apelación por decidirse


La decisión del recurso de apelación interpuesto por Reich contra contra Betancourt y Trebbau se encuentra en consideración en Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. El fallo de ese acción legal será dado a conocer en los próximos días.

Por ahora no han sido tocados por la justicia americana

Los demandados han salido ilesos de los casos judiciales que han enfrentado en los Estados Unidos hasta el momento. Ninguno de los acusadores han logrado el objetivo de llevarlos a juicio. La última acción legal en su contra, interpuesta por Reich fue desestimada por el juez Paul Oetken el 4 de enero de 2016, alegando que los acusados no eran residentes de la ciudad de Nueva York, y por ende, el hecho escapaba de la jurisdicción de ese tribunal. 

Fue posterior a la decisión de Oetken, que Reich interpuso un recurso de apelación, basado en el hecho que los demandados condujeron negocios y poseían propiedades en Nueva York para los años en los que ocurrió la conspiración. Luego de 13 meses de procedimiento, se realizó la primera audiencia del caso, donde los jueces del panel discutieron el caso con los abogados de las dos partes. 

La demanda 

La acción legal de Reich fue entablada bajo la provisión de la ley contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas, o RICO por sus siglas en inglés. A pesar de aplicarse principalmente en casos penales, la legislación permite demandas civiles en el caso que el demandante pueda demostrar que fue perjudicado por la conspiración criminal. 
Reich contrató abogados expertos en la Ley RICO para someter la queja en el tribunal de apelaciones correspondiente, según consta en los récords judiciales.

Betancourt y Trebbau son acusados de haber encabezado un esquema de corrupción que les permitió obtener 12 contratos durante el gobierno del fallecido mandatario Hugo Chávez a favor de sus empresas estadounidenses, Derwick Associates USA LLC y Derwick Associates Corporation, para construir plantas de energía. 

Durante el 2009 y 2010, les fueron adjudicados los contratos valorados aproximadamente en $1 billón de dólares estadounidenses.

Dichos contratos fueron asignados de la siguiente manera: 

Petróleos de Venezuela S.A.:

  •                 30 de abril de 2010 – Las Morochas;

  •              21 de noviembre de 2012 – El Furrial;

  •              21 de noviembre de 2010 – El Morichal; y

  •              23 de noviembre de 2010 – Barinas I.


Por parte de Corpoelec, Corporación Eléctrica de Venezuela: 

  •                     2 de octubre de 2009 – Picure;

  •                23 de noviembre de 2009 – La Raisa I;

  •                30 de noviembre de 2009 – La Raisa II;

  •                11 de marzo de 2010 – Guarenas I; y

  •                4 de octubre de 2010 – Guarenas II.


y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG)

  •        2009 – Sidor Planta A y Planta B

De acuerdo a la acusación, el esquema de corrupción de Derwick se basó en el pago de sobornos multimillonarios a funcionarios públicos en Venezuela, encargados de la adjudicación de contratos de construcción en el sector energético. Una vez que los contratos fueron garantizados a Derwick y que el dinero fue transferido a cuentas bancarias en Nueva York, los empresarios se apoderaron de millonarios recursos que luego depositaron en bancos americanos e internacionales. A su vez, Derwick, sub-contrató a empresas estadounidenses, incluyendo General Electric, Pratt & Whitney y ProEnergy Services LLC, para llevar  a cabo los proyectos de construcción de las plantas que actualmente no funcionan, lo que generado un colapso del sistema eléctrico venezolano.  
Según la demanda de Otto Reich, esos contratos no fueron objeto de un proceso de licitación pública. 

El gobierno de Hugo Chávez nunca hizo público los costos finales de las asignaciones.

Reich y su empresa de consultoría Otto Reich & Associates LLC, con sede en Washington, alegaron que los demandados violaron normas de un estatuto especial contra el fraude, la corrupción y el lavado de dinero establecido en la mencionada ley RICO. 

La demanda afirma que Reich resultó perjudicado desde el punto de vista financiero y en su reputación, por los empresarios como resultado de versiones falsas difundidas por ellos, según las cuales, el ex embajador trabajaba para Derwick, una firma conocida por sus conducta dolosa y fraudulenta. Según alegaciones, dos clientes de Otto Reich Associates LLC (Banco Venezolano de Crédito y el banquero venezolano Eligio Cedeño) cancelaron los contratos de asesoría por las afirmaciones de los empresarios demandados. 

La primera acción legal de Reich buscaba una compensación por daños superior a los $9 millones.

Los empresarios acusados niegan los cargos.

Los próximos pasos

Luego de la audiencia realizada el 10 de marzo de 2017, en el caso relacionado con Betancourt y Trebbau está por ser decidido por los jueces de la Corte de Apelaciones. De llegar a fallar a favor de Reich, la querella pasaría a la Corte del Distrito Sur de Nueva York y los demandados estarían obligados a enfrentar un juicio con jurado en Manhattan. 

Una vez enviado en caso al tribunal, se asignaría un nuevo juez y el proceso entraría en la etapa de descubrimiento (discovery), durante la cual, el demandante, en este caso Otto Reich, debe presentar pruebas y promover testigos que, según fuentes consultadas, son más de cinco personas. 

Asimismo, la corte  podrá solicitar la información relacionada con los movimientos de capital que realizó la empresa y los demandados en las cuentas pertenecientes al sistema financiero norteamericano durante la conspiración demandada. La data debe reflejar las transferencias hechas desde las cuentas usadas por los empresarios, sus negocios y otras cuentas de individuos y/o empresas que recibieron pagos por su participación en el esquema de corrupción alegado. 

Si el recurso de Apelación falla a favor de los demandados, el caso quedará cerrado completamente.


lunes, 8 de mayo de 2017

El Chapo no logra convencer al juez de sus incomodidades en la cárcel de Manhattan

Por Maibort Petit
@maibortpetit


Aquel hombre que se convirtió en una leyenda internacional del mundo criminal yace refugiado en sus recuerdos de ayer. Joaquín Guzmán Loera viste, como el resto de los reos del Centro Metropolitano de detención del bajo Manhattan, un uniforme azul de pantalón y camiseta y camina encorvado escondiendo su rostro entre sus hombros. Guzmán se ha presentado tres veces ante juez en la Corte Federal de Brooklyn y en sus apariciones públicas luego de ser extraditado de México en enero de 2017, se nota que El Chapo no ha logrado conciliar bien el sueño en su centra de confinamiento solitario. Se le ve ojeroso, desaliñado y triste. 
En su última cita, este viernes 5 de mayo,  El Chapo Guzmán tenía la mirada perdida en el horizonte que se limitaba a una sala de audiencia, uno grupo periodistas curiosos y sus abogados junto a su mujer Emma Coronel y su hija. Los rostros de la familia animaron al narcotraficante "más peligroso del mundo" a llevar mejor el tiempo que transcurría silencioso frente al juez.

Como ya se ha hecho costumbre, el preso más peligroso del  Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, es trasladado bajo una enorme caravana policial que con extremas medidas de seguridad atraviesa el puente de Brooklyn hasta el palacio de justicia federal en Brooklyn. Dos millas de distancia son cubiertas por patrullas de policía que excesivamente ruidosas llaman la atención de los transeúntes que imaginan que -tal despliegue policial- se debe a la llegada al lugar de alguien muy importante.

Dentro de la corte el alto número de periodistas que cubren el caso obliga a los organizadores a instalar en la sala contigua dos televisores para transmitir en vivo la audiencia, ya que las bancas del salón principal no se da abasto.

En esta oportunidad, El Chapo Guzmán, quien escapó de las autoridades mexicanas y estadounidenses durante décadas y, después de ser capturado escapó dos veces de prisiones de máxima seguridad en México,  fijó su mirada a las bancas de observadores donde estaba su esposa, Emma Coronel y su hija Rosa Isela Guzmán, quien es la mayor de los 18 hijos del líder del cártel de Sinaloa.

Por estar en confinamiento aislado y bajo estrictas medidas de detención, el Chapo Guzmán tiene prohibidas otras visitas que no sean sus abogados. Por esa razón, el narcotraficante dedicó parte de su tiempo a contemplar a su joven y hermosa mujer a quien no podía hablar.

Durante la audiencia, Guzmán escuchaba a través de los auriculares y con traducción simultánea la discusión del juez Brian Cogan, los fiscales y los abogados defensores sobre su caso, sus peticiones  y su futuro inmediato.

Cogan está decidido a mantenerse estricto con las medidas de seguridad de Guzmán. El jueves 4 de mayo negó la petición de sus defensores para permitir ver a su esposa en persona, o conversar con ella vía telefónica. También negó el mejoramiento de las condiciones de su encarcelamiento. Ante la insistencia de los abogados permitió que Guzmán y su esposa se comunicaran por medio de  mensajes escritos sujetos a la aprobación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. La comunicación duró pocos minutos.

El juez Cogan dijo antes de concluir la audiencia que su despacho considera que la fecha del juicio contra Guzmán sea el 16 de abril de 2018, aunque reconoció que podría haber algún retraso.

Los alguaciles se llevaron al acusado por la puerta lateral derecha. Caminaba despacio y frustrado. Sentía el ocaso de su otrora liderazgo en las espaldas.

En la calle, frente a la corte, la prensa esperó a los defensores de Guzmán para escuchar sus comentarios y próximas acciones. Se apareció la hija del Chapo junto a quien fuera el abogado del narcotraficante en México,  José Luis González Meza.

González Meza dijo que las condiciones de encarcelación de su cliente son indignantes, y que las mismas son más estricta que las de los nazis. 


Por su parte, Rosa Isela Guzmán sólo se  limitó a informar que estaba muy triste por lo que está sucediendo y que, el encarcelamiento de su padre está trastornando a todos sus hermanos, así como a su abuela y tías.

Aseguró que preferiría que su padre permaneciera en Estados Unidos en lugar de ser devuelto a México, diciendo que creía que su país de origen le había maltratado.


viernes, 5 de mayo de 2017

A los lectores de Venezuela Política

Motivado a que a través de los comentarios de este blog he recibido amenazas de muerte en mi contra y contra mi familia, le pido aquellos lectores de Venezuela Política que deseen opinar sobre los temas trabajados que por favor se identifiquen con su nombre y apellido -verificable- para poder publicar sus puntos de vista. 

Las amenazas que he recibido se generan desde cuentas anónimas, y desde computadores cuyos IP no aparecen incógnitos, gracias a lo cual hemos logrado identificar la ubicación geográfica de los agresores.

Por la naturaleza de las amenazas se cree que las mismas fueron generadas por parte de personas ligadas a los beneficiarios de los contratos otorgados por Pdvsa-Anzoátegui y entes de la Gobernación de ese estado, a cinco compañías que ocupan los primeros lugares en la lista de contrataciones estatales de ambas entidades. El grueso de los contratos se otorgaron durante la gestión del actual defensor del pueblo, Tarek William Saab en la Gobernación del estado Anzoátegui. La relación de Saab con los empresarios está sustentada y forma parte de las evidencias entregadas a las autoridades federales.

Si alguna de las personas mencionadas en el reportaje desea enviar sus comentarios para ser publicados, deben identificarse con datos verificables. Los mensajes que contengan amenazas-creíbles o no- serán entregados a las agencias federales encargadas de  la investigación.

Seguiremos informando de manera veraz y oportuna, 

Muchas gracias por su atención y seguimiento,

Maibort Petit 
Periodista