domingo, 22 de enero de 2017

Socio de los Narcosobrinos llegó a un acuerdo de cooperación con los EEUU

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El socio hondureño de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Roberto de Jesús Soto García, preso en una cárcel hondureña, acordó colaborar con las autoridades del gobierno de los Estados Unidos, aseguró una fuente de alto nivel ligado al caso.
Un acuerdo de cooperación le permitirá al acusado lograr una pena menos severa a cambio de suministrar información sobre las organizaciones criminales para las que prestó servicio como recibidor de los cargamentos de droga en Honduras.

El demandado es uno de los hombres que trabajaba en conjunto con los controladores aéreos del aeropuerto internacional de la isla de Roatán  y las autoridades de la isla para recibir los vuelos cargados de droga provenientes de Venezuela y otros países de América del Sur. 

Soto García está acusado por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de conspirar para traficar drogas a los Estados Unidos. Su nombre está ligado al caso de Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas.

El acusado fue capturado por agentes de la Policía Nacional en Flower Bay, en Roatán, el 28 de octubre de 2016, y desde esa fecha se encuentra cumpliendo los trámites para el proceso de extradición a los Estados Unidos.

De acuerdo a la acusación de la corte neoyorquina, Roberto de Jesús Soto García se asoció con Campo Flores y Flores de Freitas para recibir cientos de kilos de cocaína proveniente de Venezuela, para ser trasladadas a los Estados Unidos, vía México.

La acusación señala que Roberto de Jesús Soto acordó participar en una conspiración para transportar drogas a norteamérica a sabiendas que dicha actividad era ilegal. 

Soto García se comprometió a recibir el cargamento de cocaína de los Flores en el Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez de Roatán, según se escucha en los videos y audios grabados por agentes de la DEA que participaron en la operación que llevó a la captura de los sobrinos del presidente Nicolás Maduro.

El hombre de nacionalidad hondureña usaba sus contactos en el aeropuerto de Roatán, donde sostuvo una asociación con Carlos González, un controlador aéreo que ya se encuentra encarcelado en la ciudad de Nueva York, y quien compareció como testigo de la fiscalía en el juicio de Campo Flores y Flores de Freitas realizado en noviembre de 2016.

El documento del gobierno de los EEUU dice que Soto García acordó suministrar información sobre los horarios del aeropuerto, ayudar a recibir el avión cargado de cocaína que enviarían los sobrinos presidenciales el 15 de noviembre de 2015. Asimismo, debía retirar la droga de la aeronave y colocarla con sus asociados en lanchas que la llevarían a México.

El acusado acudió a una reunión el 6 de noviembre de 2015 a donde acudió el sobrino de Nicolás Maduro, Franqui Francisco Flores de Freitas en San Pedro Sula.

El gobierno de los EEUU destaca en su acusación destaca que la influencia de Roberto de Jesús Soto le permitía evitar la detección del cargamento por parte de las autoridades policiales y de aduanas del aeropuerto de Roatán, ya que pagaba sobornos a los policías de la isla en componenda con su asociado, Carlos González.

La acusación señala que Soto García era uno de los operadores más importantes que tienen los cárteles sudamericanos para mover la droga, incluyendo a los sobrinos de Nicolás Maduro, Campo Flores y Flores de Freitas.

De acuerdo a la investigación realizada por las agencias federales, el acusado se encargaba de la logística, horarios y traslado.

Soto García es el acusado número 14 que será extraditado a los EEUU por cargos de narcotráfico. Su última asistencia a la corte hondureña, donde el juez evaluó las pruebas presentadas el gobierno de EEUU fue el 18 de noviembre de 2016, el mismo día que los sobrinos del presidente Nicolás Maduro fueron declarados culpables de conspirar para traficar, a suelo estadounidense, 800 kilos de cocaína de alta pureza proveniente del grupo terrorista colombiano Farc.

Roberto de Jesús Soto García trabajó con otros cárteles entre los cuales se encuentra el Cártel de los Soles y el Cártel del Atlántico.

Hasta el momento no se sabe cuándo se procederá con la extradición del acusado, ni los términos de dicho acuerdo.



miércoles, 18 de enero de 2017

Tribunal de EEUU sentencia Abraham Shiera a pagar más de 18 millones de dólares proveniente del esquema de sobornos de Pdvsa

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La Corte del Distrito Sur de Texas sentenció al empresario venezolano Abraham José Shiera-Bastidas a pagar de su "dinero personal" la cantidad de US$ 18 millones 824 mil 797 dólares provenientes de la actividad criminal por la cual fue acusado, dice el documento emitido por el juez de Houston, Gray H. Miller el pasado 5 de enero de 2017.

Shiera-Bastidas se declaró culpable de haber conspirado para violar la Ley de Prácticas Corruptas de los Estados Unidos el 27 de febrero de 2016. 


En los procedimientos de este tipo, cuando los acusados aceptan su culpabilidad, están obligados a renunciar a todos los bienes,  reales o personales, que constituyan o se deriven del crimen por el cual son procesados. 


Junto al empresario Roberto Rincón, Shiera-Bastidas fue acusado de haber participado en un colosal esquema de sobornos. Las empresas de ambos sujetos pagaron más de mil millones de dólares a funcionarios y empleados de la estatal Petróleos de Venezuela Pdvsa para conseguir jugosos contratos, en su mayoría con sobrefacturación.

En la demanda interpuesta por el gobierno de los Estados Unidos contra Shiera-Bastidas y su socio Roberto Rincón, se reconoce que los ingresos de los contratos de PDVSA, asociados con pagos de sobornos, estarían sujetos a decomiso. 


En la sentencia del juez se lee que las partes involucradas en la querella "no tienen toda la información necesaria para calcular la cantidad de dinero personal que obtuvieron a lo largo de la conspiración, no obstante en el momento de la firma del acuerdo entre el gobierno, Shiera y su familia se acordó que el monto de la sentencia fuera fijada en la cantidad de $18,824,797.67 dólares".


De acuerdo a la Regla Federal de Procedimiento Penal 32.2 (b) (1) (A) en los casos de esta naturaleza, el gobierno busca una sentencia de dinero personal del acusado y el tribunal debe determinar la cantidad que el demandado será condenado a pagar en calidad de decomiso.

La decisión del tribunal se basa en pruebas registradas a lo largo de la investigación. La sentencia de dinero en el contexto de la confiscación penal debe determinarse tan pronto como sea posible después que una declaración de culpabilidad es aceptada. 

Las partes discuten, luego de la declaración de culpabilidad, qué activos específicos deben ser confiscados y la cantidad de la sentencia de dinero. 

La sentencia de dinero de Shiera Bastidas fue firmada por Andrew Weissmann Kenneth Magidson, jefe de la sección de fraude, de la División Penal del Distrito Sur de Texas  del Tribunal de los Estados Unidos.



martes, 17 de enero de 2017

Bariven exige a Estados Unidos ser reconocida como víctima de esquemas de sobornos de Roberto Rincón y Abraham Shiera

Una moción pide nuevamente a la corte que se pronuncie contra la petición del gobierno de los EEUU de que se mantenga "en suspenso" la acción de Bariven, para el reconocimiento de sus derechos como víctima y el derecho a la restitución en Abeyance y Stay Further Briefing. Esto, a pesar que el juez del caso, Gray H. Miller, aprobara, el 22 de diciembre de 2016, que el tema fuera decidido en la fecha de la sentencia de Roberto Rincón y Abraham Shiera.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

En un nuevo documento sometido a la consideración de la Corte del Distrito Sur de Texas, Bariven responde a la negativa del gobierno de los Estados Unidos de que se declare, en esta etapa del proceso, a la filial de Pdvsa como víctima del esquema de sobornos ejecutado por los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera y que superó los US$1000 millones de dólares a empleados de la petrolera para hacerse de jugosas contrataciones para el suministro de equipos y servicios.
El documento solicita a la corte que Bariven sea reconocida como víctima y se le otorgue el derecho a la restitución en virtud de la sentencia. Asimismo, se opone a la respuesta del gobierno norteamericano de declarar prematura la solicitud hecha por Bariven en el mes de diciembre de 2016.

En la moción que introdujo Bariven a la corte dice que "la posición del gobierno norteamericano es inaceptable, y que el tribunal debe ignorar dicha opinión y proceder a reconocer a la filial de Pdvsa como víctima del crimen cometido por los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera, y el equipo de personas que participaron en el esquema de sobornos para lograr contratos petroleros".

Sostienen los abogados de Bariven que el juez no puede aceptar que "el gobierno de los Estados Unidos quiera ignorar un mandato que le corresponde por ley a la representación de la empresa estatal venezolana". En ese sentido, señalan que Bariven es escéptica a la propuesta gubernamental de dejar para última etapa del proceso judicial la decisión de reconocimiento de derechos como víctima y, por consiguiente, la restitución a que haya lugar.

Bariven rechaza que el gobierno americano no explique qué confiere o qué tipo de información está dispuesto a compartir de manera notable y tampoco confirma que le dará a Bariven todos sus derechos establecidos en la ley.

Dicen los abogados de la empresa venezolana que les parece "dudoso que el gobierno de los EEUU haya tenido una conferencia significativa con Bariven, tal como lo requiere la ley, sin una determinación judicial de que Bariven es una víctima bajo la CVRA".

Recuerdan que la primera y única reunión de Bariven con el Gobierno el 13 de diciembre de 2016, el ente oficial se negó a revelar a Bariven la información confidencial del caso por el hecho que no considera que el ente venezolano sea una víctima del crimen cometido por los empresarios procesados. 

Critican el hecho que la fiscalía haya argumentado en su moción que el tribunal"no tiene que decidir si Bariven califica como víctima en este punto del procedimiento judicial".

Sostienen que, sin lugar a dudas. Bariven es una víctima con derecho a restitución y que el Gobierno norteamericano debe aceptarlo razonablemente.

"La posición del Gobierno es errónea" afirman los abogados y agregan que aunque estén de acuerdo en que la Corte no necesita decidir si Bariven tiene derecho a la restitución en este momento.

Bariven no está de acuerdo que la corte debe esperar hasta la sentencia para decidir si Bariven es una víctima del crimen cometido por los acusados, tal cual lo plantea la ley (CVRA), acotan en el documento.

Consideran que la solicitud del Gobierno de retrasar la audiencia sobre la moción de Bariven hasta la sentencia, contradice de manera clara e inequívoca lo pautado en la leyes.

En el documento se aclara que Bariven ha subrayado al Gobierno que no solicita información confidencial sobre las investigaciones en curso por los entes federales. "Sólo busca sus derechos bajo la ley, incluyendo información conocida por el Gobierno que ayudará a Bariven a llegar a una cifra de restitución precisa y permitir a Bariven seguir purgando completamente a los malos  empleados y procedimientos de la empresa".

Añaden que la posición del Gobierno de EEUU con respecto a Bariven "es desconcertante" ya que en la acusación original se describe los actos criminales de los dos acusados, Rincón y Shiera como un mecanismo de victimización a Bariven. 

En la acusación se aduce que Bariven fue victimizado por los varios contratos con sobrevaluación y sobrefacturación de los equipos que no entregaron y de servicios nunca ejecutados o completados, añaden los abogados.

Asimismo, argumentan que en la acusación se señala que durante su conspiración criminal, los acusados ocultaron a Bariven información creando una falsa apariencia de que el proceso de licitación de contratos era competitivo,  entre otros actos clandestinos.

Aseguran que dejar este asunto sin resolver hasta la condena, como sugiere el Gobierno americano hará que este trabajo sea no difícil, si no imposible, y probablemente pueda resultar en una sentencia de varios días.

Hacer una determinación sustancialmente antes de la sentencia permitirá a Bariven trabajar con las partes en todos los asuntos relacionados con la sentencia y
restitución.

Otro detalle

Manifiestan en su solicitud que debe señalarse que el retraso de una audiencia sobre el estatus de víctima de Bariven favorece a la posición de Rincón en dos arbitrajes de la Cámara de Comercio Internacional interpuestos por sus empresas contra Bariven en La Haya. 

Las empresas de Rincón reclaman el pago de $ 107 millones y $ 11 millones en órdenes de compra que fueron adquiridas como parte de la conspiración criminal de la que se ha declarado culpable. Uno de estos casos está actualmente fijado para ser discutido en junio ​​de 2017, antes de la fecha en que Bariven sea reconocido como víctima.

Comentan que Bariven esperaba una respuesta sustantiva del gobierno el 21 de diciembre de 2016, de conformidad con las reglas de este Tribunal. No obstante, la fiscalía presentó una nueva moción solicitando la suspensión de la petición de Bariven hasta la sentencia. 

Sostienen que Bariven acepta de mala gana que la Corte haya decidido emitir un calendario de información en el que el Gobierno presente su respuesta, motivado, entre otras razones que la petición de Bariven de Reconocimiento como  Víctima y el Derecho a la Restitución debían ser presentadas en 13 de enero de 2017 y las respuesta de Bariven a las propuestas del Gobierno y de los demandados el 27 de enero de 2017.

En el documento proponen, además, que la audiencia sobre el Estatuto de Víctima de Bariven se fije para el 8 de febrero de 2017.

Ante tales planteamientos, Bariven pidió a la corte 
denegar la moción del Gobierno de mantener la propuesta de Bariven, S.A. para Reconocimiento de
sus derechos como víctima y derecho a la restitución en el cumplimiento hasta la sentencia.

WSJ asesta un nuevo golpe a la demanda por difamación interpuesta por Diosdado Cabello en tribunal neoyorquino

   WSJ acusa a Diosdado Cabello de intentar utilizar la demanda contra el periódico para conocer la información sobre la investigación que le siguen las agencias federales por delitos de narcotráfico. El inicio del juicio obligaría al periódico a presentar la base de la información del reportaje durante la etapa de descubrimiento.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Los abogados del periódico norteamericano Wall Street Journal solicitaron nuevamente a la Corte del Distrito Sur de Nueva York desestimar la segunda demanda enmendada que, por difamación, interpuso el diputado venezolano, Diosdado Cabello Rondón en mayo de 2016. 
En este segundo memorando, los abogados de Dow Jones aseguran que Cabello Rondón no ha sido capaz de demostrar la falsedad material de la afirmación base del reportaje publicado por el periódico neoyorquino el 18 de mayo de 2015, donde se afirman que el dirigente chavista está siendo investigado por tráfico de drogas y blanqueo de capitales en las agencias federales de los Estados Unidos.

De acuerdo al documento presentado por los abogados Katherine M. Bolger y Jeremy A. Kutne del escritorio jurídico Levine Sullivan, Koch & Schulz, LLP dice que, como se ha mencionado en los otros recursos presentados anteriormente, las alegaciones hechas por Diosdado Cabello Rondón deben ser desestimadas porque las mismas fallaron en argumentar razonablemente la alegación de difamación y malicia por parte del medio demandando.

Dow Jones & Company, Inc. pide la desestimación de las acusaciones de Cabello Rondón  presentadas en su segunda queja modificada, en virtud que el dicha demanda no se corrigieron las dos deficiencias centrales que se objetaron en la primera versión de la queja.

Señalan que el demandante no ha hecho ninguna afirmación plausible y de buena fe, sobre la base de fondo, que es la supuesta no existencia de una investigación federal en su contra por narcotráfico y lavado de dinero. 

De hecho- dice el memorando- a pesar de haber hecho dos enmiendas a la demanda original y de haber escrito casi 20 páginas de información sobre esta moción, Diosdado Cabello todavía no ha logrado hacer las alegación de que no está siendo investigado por narcotráfico y lavado de dinero en los EEUU. 

La ausencia de esta alegación, la más fundamental, no sólo condena la afirmación del demandante, sino que también sugiere que este juicio no es una acción de buena fe para compensar a Cabello Rondón por supuestos actos difamatorios, "sino un esfuerzo  para determinar -a través de la información de descubrimiento- los datos sobre la Investigación gubernamental sobre sus actividades, lo cual, se trata de un uso inadmisible de los tribunales por parte de una figura pública ansiosa por suprimir noticias negativas sobre sí mismo".

Dow Jones demostró que Cabello no alegó la falsedad material del único supuesto hecho difamatorio en el artículo, es decir, que Cabello estaba siendo investigado por narcotráfico y lavado de dinero, sostienen los abogados.

Por el contrario, Cabello afirma que Dow Jones no discute la suficiencia los dos elementos de su reclamación - el sentido difamatorio o la publicación en curso. 

En consecuencia, la corte puede y debe descartar la demanda en esta primera etapa concluye la demanda.




sábado, 14 de enero de 2017

Odebrecht: La materialización de la corrupción en los gobiernos de Latinoamérica

Por Maibort Petit
@maibortpetit

En el seno de la mayor empresa de la construcción de Brasil se tejió un entramado de corrupción que le permitió hacerse de multimillonarios contratos de los gobiernos de izquierda, y de algunos de derecha, de América Latina a cambio de jugosas comisiones que hicieron llegar a los bolsillos funcionarios públicos de dichas administraciones. El caso se ha convertido en una auténtica bomba de tiempo que amenaza con estallar dando a conocer a quienes estaban detrás de este esquema por el cual el conglomerado brasileño obtuvo proyectos sobrefacturados pagados por las arcas de los Estados.
No era un hecho fácilmente detectable y mucho menos comprensible. Odebrecht logró armar todo un entramado de corrupción que requirió de la puesta en marcha de una operación multinacional para poder descubrirlo y entenderlo para, finalmente, darlo a conocer. 

Una investigación que estuvo en manos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y que sacó a la luz una red de sobornos superior a los 788 millones de dólares que facilitaron que el gigante brasileño se beneficiase con contratos por el orden de los 3.300 millones de dólares.


Además de Brasil, las coimas de Odebrecht llegaron a otros once países, a saber, Angola, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.



Los hechos tuvieron lugar entre 2001 y 2016 y se llevaron a cabo a través de un esquema de sobornos que en el extranjero elevó los oscuros beneficios a 439 millones de dólares. Entretanto, 250 millones de dólares fueron los ilícitos pagos que Braskem, una empresa controlada por Odebrecht en sociedad con Petrobras, hizo a funcionarios de la región.



Un caso que dejó en evidencia la corruptela existente a todos los niveles, desde los más modestos empleados hasta los más encumbrados funcionarios, como es el caso del exministro de Hacienda de Brasil, Antonio Palocci, quien fue detenido luego de las investigaciones del caso lava jato que favoreció a la constructora Odebrecht con contratos millonarios para la estatal Petrobras, determinó que tanto él como miembros de su partido político se beneficiaron de esas acciones delictivas.



La constructora Odebrecht y la petroquímica afiliada Braskem se declararon culpables en un tribunal estadounidense por violar las leyes de la nación norteamericana sobre soborno en el extranjero.



Las averiguaciones llevadas a cabo por el Departamento de Justicia estadounidense establecieron que tanto Odebrecht como su filial Braskem repartieron más de mil millones de dólares en sobornos a través de más de un centenar de proyectos que se ejecutaron en once países de América Latina.



El informe emitido por la instancia del Ejecutivo estadounidense refiere que se establecieron acuerdos de indulgencia con las dos empresas brasileñas en los que participan autoridades de Brasil y Suiza.



Se trataría de los acuerdos de indulgencia más grandes de la historia alcanzados en todo el mundo en casos de corrupción, dado el alto monto que este alcanza, según lo revela el Departamento de Justicia de EEUU en el informe que rubrican el procurador de Justicia, Robert L. Capers, y el jefe de la Sección de Fraude de la División Criminal, Andrew Weissmann.



Y es que Odebrecht y Braskem, además de reconocer su culpabilidad, se comprometieron a pagar 3.500 millones de dólares a los tres países —EEUU, Suiza y Brasil— que participan del acuerdo. A cambio, los juicios en curso o aquellos que pudieran abrirse en el futuro contra las empresas, quedan sin efecto.



La Fiscalía General de Suiza congeló unos 100 millones de dólares en cuentas secretas de Odebrecht, los cuales servían para pagar sobornos en Brasil y otros 11 países.



Se supo que el gigante de la construcción de Brasil obtuvo un plazo de 23 años para cancelar la indemnización, el cual deberá hacerse en un solo pago.



Sobre el procedimiento para llevar a cabo las operaciones, se conoció que Odebrecht creó el Departamento de Financiamiento Estructurado, una instancia a través de la cual se pagaban los sobornos a los funcionarios públicos brasileños y extranjeros. Y es que la distribución del dinero sucio fue el único fin por el que nació tal dependencia del gigante de la construcción.



El informe del departamento de Estados de EEUU explica que el esquema de corrupción de Odebrecht está diseñado de tal manera y con tanto ingenio que hace extremadamente difícil el rastreo de los dineros utilizados para el pago de sobornos, tanto desde su origen como en su destino. Políticos, organizaciones partidistas y candidatos a distintos cargos en once países de la región y Brasil vieron sus cuentas rebosar de dinero proveniente de la estructura financiera corrupta nacida en el seno del grupo Odebrecht.



La filial de Odebrecht, Braskem, pagó —como ya hemos dicho— 250 millones de dólares en sobornos, de los cuales, $75 millones, para que funcionarios corruptos aseguraran beneficios de por lo menos 289 millones de dólares a una subsidiaria de Odebrecht. Los investigadores establecieron que, en el caso de los productos petroquímicos, parte de los sobornos se dirigió a que la fórmula para calcular el precio de la nafta fuera cambiada, partiendo del uso de aceite como materia prima de la industria.



Las averiguaciones de la Operación Lava Jato dieron a conocer que el cambista Alberto Youssef y el exdirector de suministro de Petrobras, Paulo Roberto Costa, quienes ahora actúan como colaboradores en el esclarecimiento del caso han hecho importantes revelaciones a la Policía Federal con respecto a Braskem, revelando que esta empresa pagaba entre 1 y el 3 por ciento de los sobornos en efectivo. Igualmente han denunciado la participación de parlamentarios y exparlamentarios, como Peter Henry y Pedro Correa, ya condenados, así como Nelson Meurer, John Pizzolati, Mario Negromonte, Luiz Fernando Sobrinho, José Otávio, Arthur Lira, Dudu Fuente y Aguinaldo Ribeiro. También los senadores Ciro Nogueira y Benedito de Lira, aunque todos estos niegan su participación.



La corrupción chavista se manifiesta con los sobornos de Odebrecht en Venezuela



En Venezuela, funcionarios públicos de las administraciones del finado Hugo Chávez y de Nicolás Maduro habrían recibido pagos irregulares entre los años 2006 y 2015 por un monto que alcanza los 98 millones de dólares.



Tal hecho también se dio a conocer en el informe del Departamento de Justicia norteamericano que indica que Odebrecht creó la empresa Smith & Nash Engineering Company, la cual tiene sede en las Islas Vírgenes Británicas, la cual tenía como objetivo el pago de sobornos por parte de Odebrecht por un total de 998 millones de dólares, distribuidos en más de cien proyectos supuestamente ejecutados en Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela, entre 2001 y 2016.



Según lo reveló el diario brasileño la Folha de Sao Paulo, "S&N fue usada por Odebrecht para llevar adelante el esquema de propinas, esconder o disfrazar pagos impropios, hechos en beneficio de servidores públicos extranjeros y partidos políticos extranjeros en varios países".



En lo que respecta a Venezuela, lo significativo del asunto es que, luego de Brasil, el país caribeño es el lugar donde los sobornos a funcionarios y políticos corruptos, tuvo mayor envergadura. El chavismo logró embolsillarse 98 millones de dólares por facilitar el otorgamiento de jugosos contratos del estado venezolano a Odebrecht.



Luego Brasil y Venezuela, República Dominicana y Panamá son los países donde registraron los más altos sobornos. Los fiscales brasileños subrayaron el hecho de que las autoridades de Panamá se negaron a cooperar en su pesquisa. En su descargo, sin embargo, la oficina de la Presidencia panameña manifestó "su total respaldo a las investigaciones (...) para que se procese y se sancione a las empresas y a las personas involucradas en estos actos".



Entretanto, el Ministerio Público de la nación centroamericana indicó que solicitó información sobre la investigación a Estados Unidos. En este sentido, fiscales panameños se trasladarán a EEUU para buscar datos sobre el pago de más de 59 millones de dólares en comisiones de la constructora Odebrecht en esa nación de Centroamérica para hacerse de contratos de obras.



Para decepción del público de los países involucrados en el esquema de corrupción de Odebrecht, el informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos no revela los nombres de los funcionarios y políticos involucrados. Lo que sí quedó claro, es que la corrupción no es un mal únicamente del capitalismo, sino que también envuelve a los gobiernos de izquierda que se hacen llamar de vanguardia o progresistas.



Las banderas enarboladas por el chavismo en Venezuela han quedado salpicadas una vez más con este escandaloso caso que no deja dudas sobre la corrupción imperante tanto en el gobierno de del difunto Chávez desde sus mismos inicios, como ahora en la deslegitimada administración de Nicolás Maduro. Los chavistas no han dejado de enriquecerse a la sombra del "secreto comercial" en turbios negociados con empresas nacionales y extranjeras.



La izquierda Latinoamericana manchada



Y si bien no han quedado descubiertos los protagonistas, sí ha quedado patente ante el pueblo chavista que el liderazgo partidista y los funcionarios de gobierno tienen las manos manchadas por el flagelo de la corrupción.



Por su parte, desde la presidencia del Perú dijeron que Odebrecht está obligada a explicar los pagos en su país, mientras que en Ecuador y México se dio inicio a sendas investigaciones. En Colombia se pidió a la Procuraduría General abrir una averiguación al respecto.



En Argentina las administraciones de los Kirchner se ven ampliamente comprometidas con estos hechos. Las investigaciones apenas comienzan.



Desde el seno de la policía de Brasil se sostiene que la constructora Odebrecht podría haber pagado sobornos al expresidente del Perú, Ollanta Humala, así como a funcionarios argentinos, entre ellos el exsecretario de Transporte kirchnerista, Julio De Vido.



Al verse salpicado, De Vido negó los hechos e intentó salpicar al actual mandatario Mauricio Macri. Precisó que pese a que la prensa oficialista lo obvia, en Argentina el socio de Odebrecht es Ángelo Calcaterra, primo del presidente Macri.



El fiscal argentino que lleva a cabo la averiguación sobre el caso Odebrecht, Sergio Rodríguez, dijo que sus investigaciones versan sobre cuatro proyectos y que intenta contactar con sus pares en Brasil para que le suministren información que pueda incorporar a sus indagaciones.



En esa nación, la Oficina Anticorrupción contactó con fiscales e investigadores brasileños para informarse sobre los presuntos sobornos que en la nación de la plata alcanzarían los 35 millones de dólares pagados a funcionarios entre 2007 y 2015.



Desde el Ecuador, el fiscal general, Galo Chiriboga, dijo que solicitó información a Brasil y al Departamento de Justicia de Estados Unidos por intermedio del embajador en esa nación. "Para el caso de Ecuador vamos a saber a quiénes fueron los que sobornó la empresa Odebrecht", dijo Chiriboga, afirmación con la quedó establecido que hay una averiguación oficial en curso.



La Fiscalía ecuatoriana llevó a cabo un allanamiento en la sede de Odebrecht ubicada en Guayaquil y allí incautó documentos que podría estar relacionados con sobornos que se elevarían a más de 35,5 millones de dólares.



En México, la Secretaría de la Función Pública precisó que había comenzado a recopilar datos sobre el caso, una investigación que realiza en conjunto con la petrolera estatal Pemex.



En la nación azteca los sobornos de la constructora Odebrecht serían por 10,5 millones de dólares pagados a funcionarios de la petrolera estatal Pemex.



Lula Da Silva absolutamente embarrado



En Brasil, las averiguaciones realizadas indican que habría habido una supuesta complicidad entre la empresa Odebrecht y el expresidente, Luiz Inácio Lula da Silva. La construcción del estadio de Corinthians sería el caso donde se transparentarían los turbios manejos del exmandatario.



Esto se habría sabido a raíz de la información dada a conocer por Marcelo Odebrecht, exrepresentante legal de la constructora, cuando pactó suministrar datos a cambio de una rebaja en su pena.



La operación Lava Jato adelantada sobre los negocios ilegales entre varias constructoras y Petrobras, sacó a la luz las presuntas irregularidades en la construcción del Corinthians la cual tuvo financiamiento del estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social.



Emilio Odebrecht, representante de la constructora dijo que el estadio fue un "presente" con el que la empresa quiso halagar a Lula por las obras contratadas durante su gobierno.



Sin duda, el caso Odebrecht deja muy mal parada a la izquierda de América Latina, empeñada durante años en mostrar una imagen de transparencia y honestidad que sus gestiones de gobierno están muy distantes de cumplir, según dejan ver los hechos.


miércoles, 11 de enero de 2017

Crystallex amplia guerra legal contra Pdvsa en tribunales de EEUU

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La trasnacional Crystallex International Corp. introdujo ante la Corte del Distrito de Delaware una demanda colectiva enmendada contra Petróleos de Venezuela, Pdvsa; PDV Holding conjuntamente con sus filiales y subsidiarias Glas Americas, LLC y Rosneft Trading SA. Acusan a Pdvsa de realizar una serie de movimientos fraudulento y la transacción de acciones de Citgo para evitar que se proceda al cobro de las acreencias que mantiene Petróleos de Venezuela con Crystallex a raíz de la nacionalización de los activos de la empresa canadiense en Venezuela.

La demanda asegura que Crystallex es uno de los acreedores de las empresas estatales venezolanas y se informa que continuará con las acciones legales en los Estados Unidos hasta que logre cobrar de las deudas mil millonarias. 

La demanda enmendada fue sometida a la corte por los abogados Robert L. Weigel, Jason W. Myatt y Rahim Moloo de Gibson Dunn & Crutcher LLP, y Raymond J. DiCamillo, Jeffrey L. Moyer y Travis S. Hunter de Richards Layton & Finger PA, representantes de Crystallex.

Vale recordar que el 4 de abril de 2016, Crystallex obtuvo un laudo arbitral de casi 1.400 millones de dólares contra la República Bolivariana de Venezuela, emitido por un tribunal establecido en virtud del Mecanismo Complementario del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones ("ICSID" ) -un órgano del Banco Mundial. 

Crystallex ganó 1.400 millones de dólares luego de que su empresa minera de oro fuera nacionalizada por el entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez. Posteriormente, la transnacional canadiense amplió su guerra legal contra Pdvsa, incluyendo en su demanda a la empresa Rosneft OAO. Crystallex dice la gigante rusa participó en las transacciones hechas por la petrolera venezolana a sabiendas que las mismas eran falsas.

Los hechos 

En el 2015, Crystallex International Corp. demandó a Pdvsa para hacer cumplir su adjudicación al apoderarse del refinador de petróleo y distribuidor estadounidense Citgo, propiedad indirecta de Pdvsa. El año pasado, la empresa canadiense presentó otra demanda contra PDV Holding Inc., un intermediario entre las compañías, en un intento de revertir una oferta de bonos basura que hizo el gobierno de Nicolás Maduro para intentar quitarle el valor a Citgo y  quedarse con algunos dividendos para amortiguar la grave crisis económica que vive el gobierno de Venezuela.

Esta semana, Crystallex hizo públicas algunas revelaciones según las cuales Pdvsa habría sacado un mayor valor de Citgo a través de la estrategia de los bonos, con lo cual complicó los planes de la trasnacional canadiense y otras empresas con los laudos arbitrales contra el país que buscan que el gobierno de Maduro cumpla con los pagos. 

Crystallex dice que el gobierno venezolano procedió a ceder acciones de Citgo a un Unidad suiza de Rosneft, y que la empresa que representa a los acreedores lograron obtener un tiempo extra para que Pdvsa pague sus deudas. Esos movimientos violan la ley de Delaware y deben ser revertidos, sostienen los abogados de Crystallex en el documento legal entregado a la corte.

Dice el reporte que como resultado de las transacciones hechas recientemente, PDVSA y PDVH comprometieron todo el valor de Citgo Holding  para evadir la posibilidad que las autoridades puedan actuar sobre Citgo, y que Crystallex y sus otros acreedores puedan cobrar las deudas ordenadas por el laudo.

Crystallex sostiene que las transacciones hechas por Pdvsa y PDVH son fraudulentas y tienen la intención de obstaculizar y retrasar la recolección de pagos que cualquier sentencia que el laudo arbitral o cualquier otro tribunal imponga o pueda emitir a futuro.

La denuncia enmendada asegura que los recientes estados financieros presentados por la empresa en el tribunal de Delaware demuestran que GLAS America LLC, una firma que representa a los tenedores de bonos que acordaron dar a PDVSA tres años más para pagar $ 7 mil millones en deuda, recibió un gravamen sobre el 50.1 por ciento de las acciones de Citgo. Rosneft Trading SA recibió un gravamen sobre el 49,9 por ciento restante.

La demanda argumenta que esas acciones no podían ser usadas por Pdvsa como moneda de cambio, ya que las mismas pertenecen a PDV Holding, que no recibió ningún beneficio de dicha transacción y que a cambio tuvo que acordar un gravamen sobre su activo más valioso. El documento dice que las transacciones implican una clara violación de la ley de transferencia fraudulenta de Delaware y que las mismas deben ser deshechas.

La demanda, que inicialmente era sólo contra PDVH, también agregó como parte de la querella a Petróleos de Venezuela. 

En la documentación se cita un comunicado de Pdvsa publicado en diciembre donde asegura que la empresa está  absolutamente sana, seria y solvente. A la vez que denunció una campaña de difamación completamente falsa cuyo único objetivo es dañar la imagen y la reputación de la petrolera estatal venezolana.

En respuesta a la demanda enmendada de Crystallex, PDVH pidió que el caso sea consolidado con la  otra demanda de la transnacional canadiense para apoderarse de las acciones de Citgo como pago a las acreencias, propuesta que fue rechaza por la empresa demandante.

Los abogados de PDV Holding, Kenneth Nachbar de Morris Nichols Arsht & Tunnell LLP. solicitaron que se suspenda la demanda colectiva de Crystallex mientras solicitan al Tercer Circuito de Delaware que revierta la decisión tomada por el juez de distrito Leonard P. Stark de no desestimar la demanda en contra de la subsidiara del gobierno venezolano.







Hijo de Cilia Flores pasa largas temporadas en los Estados Unidos

Aunque en su cuenta del Seguro Social IVSS se puede observar que su último trabajo formal fue en la presidencia de la Fundación Propatria 2000, donde devengó un salario a lo largo del año 2015 de Bs.311.298,80, en el 2016 Walter Jacob Gavidia Flores contó con los recursos suficientes para pagarse viajes a los Estados Unidos y otros países del mundo, en vuelos privados cuyos precios por ruta superan los 20 mil dólares.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Un reporte de una agencia estadounidense revela que Walter Jacob Gavidia Flores pasó 49 días en los Estados Unidos durante el segundo semestre de 2016. El hijo de la primera dama venezolana viajó el 22 de agosto de 2016 en un vuelo chárter, N755CL, que salió desde Caracas a Miami y regresó a Venezuela en 9 de octubre de 2016, en un vuelo privado, N515CY, que voló desde Miami, Florida, a las 5 de la tarde y aterrizó en Maiquetía a las 8 y 30 de la noche.

Llama la atención que las autoridades norteamericanas registran que Gavidia Flores estuvo en Miami unos días extras, al parecer no preparados en un primer itinerario. De acuerdo al informe en nuestro poder, este sujeto se fue a París el 12 de junio del 2016 en un vuelo de la línea aérea Air France, AFA-385, y desde la capital francesa viajó al estado de la Florida, abandonando el territorio norteamericano el 9 de octubre de 2016.

El reporte no especifica qué estaba haciendo el hijo de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores en  los Estados Unidos. Lo que sí señala es que no es la primera vez que este hombre visita el país. De hecho, aparece destacado un viaje hecho por Gavidia Flores el 30 de abril de 2015 en el vuelo chárter N990CH que salió de Maiquetía al aeropuerto de Miami a las 5:20 de la tarde y regresó a Caracas el 4 de mayo de 2015, en el mismo avión.

Asimismo está registrado un viaje que hizo Gavidia Flores el 28 de marzo de 2015 desde Caracas a la isla de Gozo, perteneciente al archipiélago de Malta, para regresar a Caracas el 5 de abril de 2015 en el vuelo charter HVJH.

Otro viaje que aparece reportado lo realizó el 22 de enero de 2015, vuelo chárter N113WJ con ruta de Caracas a West Palm Beach, Florida, con retorno el 27 de enero de 2015 desde  el aeropuerto de Fort Lauderdale, Florida a Maiquetía. 

Las autoridades federales le siguen la pista a este hombre quien fue juez penal de Caracas y presidente de la fundación Propatria 2000. Su nombre ha sido mencionado en casos criminales de narcotráfico y lavado de dinero en EEUU, aunque hasta la fecha, Gavidia Flores no es objeto de ninguna acusación formal en los tribunales norteamericanos.

En el reporte aparecen otros viajes del exfuncionario venezolano a los Estados Unidos, a saber:

1) 20 de noviembre de 2014 (Caracas-Miami) Vuelo chárter N990CH con regreso el 24 de noviembre de 2014 en el mismo avión.

2) 28 de agosto de 2014 Caracas-Miami vuelo privado N96255 con retorno a Maiquetía en el vuelo chárter N990CH.

3) 25 de diciembre de 2012 vuelo American Airlines Caracas Miami, con retorno el 16 de enero de 2013 en el vuelo comercial #AA 979.

4) 25 de diciembre de 2011 vuelo comercial de Delta Airlines Caracas-Atlanta, con regreso el 5 de enero de 2012 por la misma línea aérea.

5) 26 de agosto de 2011 en vuelo de American Airlines Caracas-Miami con regreso el 6 de septiembre de 2011 Miami-Maiquetía.

6) 27 de junio de 2010 viajó en un vuelo de Santa Bárbara Airlines BBR 1525 Caracas-Miami, y regresó en el vuelo BBR1516

¿Quién es Walter Jacob Gavidia Flores?

Este sujeto nació el 15 de diciembre de 1978. Es hijo de Walter Ramón Gavidia Rodríguez y Cilia Adela Flores. Es abogado y fue juez titular del tribunal de primera instancia en funciones de 9º de juicio del circuito judicial penal del área metropolitana (2012-2013) cuando tenía 27 años de edad. Como juez se encargó de varios casos claves para el gobierno de Nicolás Maduro.

En el 2014, Gavidia Flores fue designado, mediante gaceta oficial del 6 de mayo, presidente de la Fundación Pro-Patria 2000, un organismo adscrito al Ministerio del Despacho de la Presidencia, ente encargado de administrar, financiar y ejecutar obras de infraestructura siguiendo los lineamientos del Plan de la Patria. Fue sustituido del cargo luego que su hermano de crianza, Efraín Antonio Campo Flores y su primo, Franqui Francisco Flores de Freitas fueron arrestados en Haití, el 15 de noviembre de 2015 acusados de conspirar para traficar a EEUU 800 kilos de cocaína de alta pureza. Sus dos familiares fueron declarados culpables de los delitos por un jurado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y serán sentenciados en marzo de 2017.

Gavidia Flores participó en el Proyecto la "Nueva Comunidad Socialista Amantina", como parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela, el cual fue ejecutado en los terrenos que el gobierno le expropió a Empresas Polar en La Yaguara.

Un documento sobre su persona hecho por una agencia de inteligencia de Venezuela asegura que Gavidia Flores es amigo personal de Humberto Berroterán, viudo de la dirigente chavista Lina Ron( fallecida). También mantiene estrecha amistad con el general Vladimir Padrino López, actual ministro de la Defensa.

El hijo de Cilia Flores fue destituido de su cargo como director de la Fundación Propatria 2000 el 8 de diciembre de 2015. 

En febrero de 2012, su nombre estuvo vinculado a un caso de delito de secuestro exprés de un hombre de 33 años, nieto de un general retirado de la Guardia Nacional y asistente privado del entonces diputado William Fariñas.

Señalado como narcotraficante

En las declaraciones dadas por el exescolta de Hugo Chávez y Diosdado Cabello, Leamsy Salazar, el militar denunció que Gavidia Flores utilizaba aviones pequeños de la petrolera estatal PDVSA para transportar droga, en colaboración con Nicolás Maduro Guerra, el primogénito del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.