martes, 25 de octubre de 2016

Gobierno de EEUU instruye al jurado para emitir un veredicto unánime en el caso de los sobrinos de Cilia Flores

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El gobierno de los Estados Unidos presentó  a la corte del Distrito Sur de Nueva York  una serie de instrucciones para los miembros del jurado que actuarán en el juicio contra los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, acusados de haber violado las leyes antinarcóticos estadounidenses.



Un documento de 52 páginas, fue sometido a consideración del juez Paul Crotty por el fiscal del caso Preet Bharara. Allí se plantea, de conformidad con la Regla 30 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, las instrucciones habituales para que jurado pueda cumplir con su rol en un caso calificado -única y exclusivamente- como una acusación de carácter criminal que envuelve la violación a las leyes antinarcóticos de los Estados Unidos. 

El fiscal Bharara establece que se incluyan las siguientes materias:

a. Funciones de la corte y el jurado
b. Declaración de la corte y de la defensa de no evidencia
c. Reglas de evidencia y objeciones
d. Pruebas y Presunción de inocencia
e. Duda razonable
f. El gobierno es tratado como cualquier otra parte
g. Definiciones y ejemplos de directa o circunstancial evidencial 
h. Credibilidad de los testigos 
i. Interés en el resultado
j. Derecho a ver exposiciones y tener testimonio Leer durante las deliberaciones
k. Juramento como miembros del jurado
l. El castigo no debe ser considerado por el jurado
m. Veredicto de culpabilidad o inocencia debe ser unánime
n. Deberes del jefe del jurado y Retorno de la Forma veredicto

El documento de la fiscalía aclara que Campos Flores y Flores de Freitas están formalmente acusados del cargo de (1)conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, y (2)de fabricar o distribuir cocaína a sabiendas y con la intención de que se sería importada a los Estados Unidos, en violación del Título 21, del Código de Estados Unidos, Secciones 952 (a), 959 (a), y 963.

Bharara señala que los miembros del jurado deben saber que hay dos acusados en este caso y que cada acusado debe ser tratado por separado, por lo que se debe emitir un veredicto por separado sobre cada acusado.

En el documento, el fiscal informa a los jurados que al llegar al veredicto, se debe tener en cuenta que la culpa es personal e individual. Por lo que el veredicto de culpable o inocente debe basarse únicamente en la evidencia acerca de cada acusado.

Primer Cargo: elementos del delito

Para sostener la carga de la prueba con respecto a la acusación de conspiración contenida en el documento emanado del Gran Jurado, el gobierno debe probar -más allá de toda duda razonable- los siguientes elementos:

En primer cargo: la existencia de una conspiración, a partir de agosto de 2015 hasta alrededor de noviembre de 2015. Esto significa que durante ese tiempo, se produjo un acuerdo o entendimiento entre dos o más personas para:
(i) Importar una sustancia controlada a los Estados Unidos o 
(ii) la producción o distribución de una sustancia controlada, a sabiendas y con la intención de que al menos alguna de esas sustancias controladas sería importada a los Estados Unidos.

Segundo: que el acusado consideró cometer el delito relacionado con la acusación de manera consciente e intencionada y que con ese conocimiento se unió a la conspiración.

Para probar el cargo de la existencia de la conspiración el Gobierno debe probar -más allá de toda duda razonable-  la existencia de la conspiración. 

¿Qué es una conspiración? 

Una conspiración es una especie de asociación criminal o una combinación en base a un acuerdo de dos o más personas para unirse para lograr algún propósito ilegal. Aquí, el propósito o los objetos de la conspiración ilegal son:

(1) La importación de una sustancia controlada a los Estados Unidos 
(2) La fabricación o distribución de una sustancia controlada, a sabiendas y con la intención de que al menos alguna de esas sustancias controladas sería importada a los Estados Unidos.

Por esencia, el delito de conspiración es un acuerdo ilegal o la comprensión entre dos o más personas para lograr algún propósito fuera de la ley. Este acuerdo o entendimiento deben ser entre dos o más individuos que no operan al amparo del dirección del Gobierno en el momento del acuerdo. 

El documento explica a los jurados que el éxito final de la conspiración, o la comisión real del crimen que es el objeto de la conspiración, no es necesario. El caso de conspiración se refiere a una ofensa enteramente distinta y separada de la operación de importación o la distribución o fabricación de una sustancia controlada.

En las conclusiones, el fiscal señala que la función de los miembros del jurado es evaluar la evidencia en este caso y determinar la culpabilidad o no culpabilidad de los acusados ​​con respecto a cada cargo en la acusación.

Explica que el veredicto debe estar basado únicamente en la evidencia y que los jurados están obligados a seguir las instrucciones establecidas por la ley.

El veredicto debe representar el juicio ponderado de cada miembro del jurado. Con el fin de emitir un veredicto, es necesario que cada miembro del jurado esté de acuerdo con ello. El veredicto debe ser unánime.

Es su deber, como miembros del jurado, consultar con los otros miembros, para deliberar con el fin de llegar a un acuerdo, sin violencia.  

Dice que en el curso de sus deliberaciones,  los miembros no deben dudar en volver a examinar sus propios puntos de vista, y cambiar una opinión, si está convencido que la misma es errónea. 





Gobierno venezolano podría revelar identidad de informantes confidenciales de la DEA

Por Maibort Petit
@maibortpetit

A través de dos vías diferentes pudimos conocer que el gobierno de Nicolás Maduro estaría planeando divulgar las identidades de los informantes confidenciales de la DEA, CS-1 y CS-2, quienes estuvieron en Caracas en octubre de 2015 para sostener reuniones con los acusados de conspirar para traficar a los Estados Unidos 800 kilos de cocaína, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas



Un comentario enviado a este blog por un lector anónimo, coincide con un informe enviado por email a través de un correo oficial del gobierno venezolano, donde informan que el gobierno decidió difundir en los próximos días las identidades de los informantes que se reunieron con los sobrinos de la pareja presidencial en cuatro oportunidades en la ciudad capital.

Tal como se ha venido informando, el gobierno norteamericano acusó a Campos Flores y Flores de Freitas de haber violado las leyes antinarcóticos de los Estados Unidos el año pasado. A principios de octubre de 2015, cuando la DEA y el FBI realizaban una operación que tenía como objetivos seguir a estos dos sujetos y verificar que pretendían enviar cocaína a los Estados Unidos, se acordó enviar a Caracas a dos informantes para que grabaran las evidencias requeridas para hacer la acusación formal ante la corte estadounidense.

En ese sentido, los agentes de la DEA proveyeron dispositivos clasificados como 1 y 2 a los informantes confidenciales CS-1 y CS-2, dos hombres de nacionalidad mexicana que se harían pasar como representante del cártel de Sinaloa ante los sobrinos presidenciales. CS-1 sería el contacto para cuadrar la negociación y el envío del primer cargamento de cocaína que sería ingresado a los EEUU, vía Honduras. 

CS-1, alias El Mexicano, fue uno de los personajes que cumplió un rol clave en la operación que condujo al arresto de los Flores. De acuerdo a los documentos entregados a la corte por la fiscalía de Nueva York en julio 2016, a principios del mes de octubre de 2015, el testigo cooperante (CW-1) alias "El Sentado" informó a los agentes de la DEA que dos venezolanos estaban interesados en enviar un cargamento aéreo de cocaína en vuelos legales a Honduras.

Señala que "El Sentado" los puso en conexión con “El Mexicano” (CS-1) y su supuesto socio (CS-2) que resultó ser el hijo del primero. Ambos informantes trabajaban para la DEA desde hacía más de 10 años. 

Los dos hombres (CS-1 y CS-2) se trasladaron a Venezuela para sostener un encuentro con Campos Flores y Flores de Freitas. Los dos sujetos, acompañados por un tercero (cuya identidad tampoco ha sido revelado y de cuya existencia se conoció durante la audiencia de prueba celebrada el 9 de septiembre de 2016) fueron a Caracas el un vuelo comercial proveniente de México el 23 de octubre de 2015. 

En ese primer encuentro, el ahijado de Nicolás Maduro le explicó a los supuestos socios mexicanos sus conexiones con el presidente y la primera dama de Venezuela, lo cual le otorgaba facilidades para hacer el negocio de vender la droga, cuyo destino final era Nueva York. 

Los dos informantes y el tercer hombre se reunieron por segunda vez el 26 de octubre de 2015, para conversar sobre la logística para hacer los envíos de droga, poniendo como fecha para el primer cargamento el 15 de noviembre de 2015. En dicha negociación, los sobrinos presidenciales pensaban ganar unos 20 millones de dólares.

Hubo otro encuentro el 27 de octubre de 2015 en un apartamento propiedad de Campos Flores en el este de Caracas. Allí, el ahijado del presidente venezolano le mostró a El Mexicano un paquete envuelto que contenía un kilo de cocaína. El informante de la DEA grabó con los dispositivos cómo Campos Flores usó unos guantes de latex para no dejar sus huellas en la droga.  CS-1 examinó la calidad de la droga y luego sellaron nuevamente la bolsa. De acuerdo al testimonio del informante, la droga era de un 95%- 97% de pureza, de acuerdo a la apariencia, la textura y el olor.

El 28 de octubre se reunieron nuevamente en Caracas antes que los dos hombres regresaran en vuelo comercial a México para luego ir a California.

Campos Flores y Flores de Freitas sostuvieron el último encuentro con el informante CS-1 en Haití, en la mañana del 10 de noviembre de 2015, en el hotel donde los dos venezolanos fueron arrestados por las fuerzas antinarcóticos haitianas, luego que El Mexicano prometiera ir a su habitación del hotel Servotel, donde supuestamente tendría los 20 millones de dólares que le iba a entregar a Campos Flores, para -entre otras cosas- pagar la campaña de su mamá (Cilia Flores) al parlamento venezolano, según establece el reporte de la DEA.

En un informe enviado a mi correo electrónico personal y cuya información se repite en un comentario hecho en este blog, se asegura que "el Ministerio Público aperturó una investigación penal contra los dos informantes, contratados por el gobierno de los Estados Unidos de América para instigar al delito y realizar labores de espionaje". 

Más adelante sostienen ambas fuentes que "los dos narcotraficantes ingresaron a Venezuela con pasaportes falsos que les fueron proveídos por la agencia DEA y que viajaron desde México a Caracas". Sostiene que los dos personajes "fueron identificados plenamente y sus identidades serán hechas públicas a los medios de comunicación".

Aseguran que el gobierno de México debe aclarar "cómo dos narcotraficantes, que ellos entregaron a la DEA, entraron a su sistema de Inmigración por el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, sin que sus Sistemas de Reconocimiento Facial los detectaran". 

CS-1 y CS-2 se encuentra actualmente presos en una prisión federal de California acusados por el gobierno de los Estados Unidos de tres delitos: 1) Conspirar  para traficar cocaína a los EEUU; 2) Conspirar para manufacturar y distribuir cocaína a los EEUU y 3) Mentir a las autoridades del gobierno federal.

Para verificar la información hicimos tres llamadas telefónicas a la oficina de prensa del Ministerio Público, pero no fue posible hablar con la persona encargada de esa dependencia. Sólo pudimos conversar con una recepcionista que no tenía información sobre el tema. Refirió que todas las investigaciones estaban en las notas de prensa publicadas en la página web. Asimismo, prometió que la jefe del departamento se comunicaría conmigo, cosa que no ocurrió hasta el cierre de esta nota.

También enviamos un correo pidiendo información a la dirección ministeriopublico@mp.gob.ve pero no recibimos respuesta hasta el momento.


El documento enviado por correo electrónico tiene el sello del Ministerio Público y el correo es de esa dependencia del gobierno.

lunes, 24 de octubre de 2016

Juez aprueba a Narcosobrinos ir al juicio sin el uniforme de prisioneros ni los grilletes

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El juez Paul Crotty autorizó a los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas a presentarse frente a los miembros del jurado vestidos de civil, y no con el uniforme azul del Centro Correccional Metropolitano.

Crotty aprobó el pedido hecho por los dos acusados de conspiración para transportar 800 kilos de cocaína a los Estados Unidos. En una carta, el juez informa a la Oficina de Presiones que los primos Flores están autorizados para aparecer en todos los procedimientos del juicio con ropa civil "en lugar de un uniforme de la prisión y sin restricciones de cualquier medio, incluidos los grilletes".

El juez ordenó al Departamento Legal del Centro Correccional Metropolitano que se autorice al abogado Randall Jackson, u otro miembro del equipo de la defensa, la entrega a sus clientes de "al menos 4 camisas de vestir, 2 pares de pantalones, 2 corbatas, 2 suéteres, 1 cinturón, 1 par de zapatos de vestir y 5 pares de calcetines, ropa o cualquier alternativa necesaria que el abogado defensor pueda proporcionar". 

Reitera Crotty que el MCC debe permitir a Campos Flores y Flores de Freitas vestir de civil para cada aparición en la corte que comienza el 2 de noviembre de 2016, y de ahí en adelante hasta el juicio concluya. El abogado Jackson o su representante, estarán autorizados para recoger la ropa sucia y sustituir  por la ropa limpia.

Diosdado Cabello pide al WSJ que se retracte de la información publicada en su contra que lo vincula con el narcotráfico

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El diputado venezolano, Diosdado Cabello Rondón sometió a consideración de la Corte del Distrito Sur de Nueva York una nueva demanda enmendada por difamación contra el periódico estadounidense Wall Street Journal. Este viernes 21 de octubre, el dirigente chavista introdujo un documento donde intenta probar que son falsas las fuentes y las declaraciones usadas por los periodistas José Córdova y Juan Forero para escribir el reportaje publicado el 18 de mayo de 2015 titulado: “Funcionarios venezolanos sospechosos de convertir al país en un centro global de cocaína”.

Esta es la tercera vez que Cabello Rondón, a través de su abogado Gary S. Redish, someten a la corte la querella. La primera y segunda versión de la demanda por difamación fueron objetadas por la parte demanda por tener errores de fondo y de forma. En la primera ocasión, la demanda fechada el 5 de mayo de 2016, planteaba entre las empresas demandadas, a News Corporation, pero dicha empresa no es subsidiaria Dow Jones & Company, que publica  Wall Street Journal (WSJ) por lo que se vieron en la obligación de rectificar la querella. 

En octubre 3 de 2016, la abogada Katherine M. Bolger, representante de Dow Jones & Company y de News Corporation, pidió a la corte desestimar la demanda enmendada porque en la misma no se aclaraba que "son falsas las declaraciones de las fuentes consultadas por los periodistas donde se advierte que las agencias del gobierno de los Estados Unidos están investigando al demandante por supuestos vínculos con el tráfico de drogas y el lavado de dinero".

El juez de la causa dió hasta el 21 de octubre, para presentar la demanda enmendada y definitiva sobre el caso. La nueva versión de la demanda de Cabello Rondón contra WSJ dice que las alegaciones contenidas en el artículo son distorsionadas e inexactas, y que son completamente falsas las informaciones de las supuestas fuentes no identificadas del gobierno -que supuestamente habrían revelado a los periodistas mencionados sobre las investigaciones en curso que hacen las agencias gubernamentales-. "Esas fuentes son falsas o materialmente inexistentes" dice el documento.

Sostiene que el artículo del WSJ contiene una serie de alegaciones falsas y difamatorias contra el demandante, y dicha publicación se propagó por todo el mundo, lo que causó, y sigue causando, un enorme daño a la reputación y buen nombre del diputado Cabello Rondón, tanto en lo personal como en lo profesional ya que el demandante es un miembro clave de la Asamblea Nacional de Venezuela.  Asimismo, sostiene que la publicación falsa le causó una enorme pérdida económica. 

Afirma que "buena parte del contenido falso y difamatorio del artículo publicado por WSJ contiene elementos usados en otras publicaciones (ABC) lo cual le ha creado un grave daño al demandante".

Cabello Rondón asegura que con la demanda pretende lograr una indemnización que incluye daños punitivos, el pago de los costos y una justa reparación apropiada por parte del WSJ.

El segundo hombre fuerte del régimen venezolano no aclara el monto del dinero que pretende obtener por la querella, no obstante sostiene que la cantidad de la controversia excede los $ 75,000 mil dólares sin incluir los intereses y los costos legales. 

Diosdado Cabello señala que las afirmaciones hechas en el artículo en su contra "son esencialmente falsas y hacen un uso falso de la representación del sujeto, la naturaleza y el contenido clasificado de supuestas investigaciones en curso hechas por las agencias federales norteamericanas".

Asegura que es falsa la declaración según la cual Cabello Rondón es la persona clave en una supuesta investigación de las agencias del gobierno federal. Asimismo acusada a WSJ de usar fuentes inexistentes para afirmar que el demandante está siendo investigado por sus vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero, haciendo falsas afirmaciones sin significado alguno y de manera trivial. 

Sostiene que el artículo "usa frases fuera de contexto, hechas en términos absolutos para hacerlas pasar como un hecho, bañadas de sensacionalismo, lo que constituyen un engaño con el objetivo de elaborar un falso corolario contra la elevada estatura política de Diosdado Cabello y supuestas investigaciones de las agencias federales". 

Manifiesta que "las acusaciones hechas directamente contra Cabello son dadas por fuentes anónimas o inexistentes del gobierno federal y el acusado no ha sido capaz de probar que esas fuentes son reales o existentes".

Diosdado Cabello sostiene en la demanda que no es creíble que existan fuentes legítimas que hayan podido filtrar información confidencial del núcleo de una investigación criminal internacional en curso -supuestamente- realizada por las agencias federales. De hecho, la divulgación no autorizada de esa información sería -como mínimo- una alerta para los sujetos objeto de investigaciones federales, lo que reduciría drásticamente el éxito de cualquier posible enjuiciamiento por parte del gobierno de los Estados Unidos. 

La demanda señala que la divulgación de información clasificada del gobierno de los Estados Unidos es un delito. De hecho-dice- la información del artículo del WSJ, si fuere cierta se consideraría información clasificada, sellada, confidencial o secretos de Estado de acuerdo a las leyes federales. "La fuga de dicha información (y, potencialmente, la difusión pública de la misma) sería un delito castigado con la persecución penal en contra de la parte que revela dicha información, es decir, por parte de los agentes no gubernamentales, incluyendo claramente a los medios.

Reitera que revelar información clasificada es un delito, recordando el caso de Edward Snowden, quien es perseguido por los EEUU por divulgar secretos del Estado norteamericano al público. 

Cabello Rondón pidió al WSJ que se retracte de la información publicada en su contra. Señala que la publicación del periódico norteamericano fue hecha con malicia, creando falsas declaraciones de fuentes inexistentes para difamar al demandante y su honor. 


















Defensa presiona a la fiscalía para que entregue materiales en español que usará en el juicio de los Narcosobrinos

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Luego de haber aceptado el plazo otorgado por la corte para que el gobierno de los EEUU entregue a la defensa de ​​Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas los materiales traducidos al español que la fiscalía presentará en el juicio de los dos acusados de haber violado las leyes antinarcóticos norteamericanas, los abogados de ambos acusados pidieron al juez Paúl Crotty que obligue a los fiscales hacer "la entrega de las traducciones pendientes antes de lo previsto", porque de lo contrario no tendrán tiempo de preparar la estrategia para defender el caso.




En la audiencia celebrada el 13 de octubre, los abogados de los dos sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, acordaron frente al juez que sería el 28 de octubre de 2016 la fecha para el gobierno consignará las traducciones de los materiales pendientes que tiene la intención de utilizar en el juicio. El 20 de octubre -sin embargo- los acusados advirtieron que los documentos traducidos por expertos del idioma español al inglés ha sido insuficiente y es por ello que están preocupados de que sea una producción voluminosa la que la fiscalía entregue éste viernes, con lo cual temen que no tengan el tiempo suficiente para analizar los materiales traducidos.


Los defensores señalaron en una misiva fechada el 20 de octubre que -hasta esa fecha- no tenían idea de qué pruebas en el idioma español "el gobierno tiene la intención de presentar en el juicio, y que la fiscalía no les ha proporcionado una versión final de las traducciones". 

En base a esa preocupación, los abogados confiesan que no saben si tendrán tiempo de para tratar de impedir que una parte de ese material se introduzca en el juicio por lo que solicitaron acelerar el proceso. 

No es procedente la petición dice la fiscalía

En respuesta a la solicitud, la fiscalía respondió que no hay razón para justificar tal solicitud porque la defensa había aceptado la fecha del 28 de octubre para la entrega de dichos materiales. Adicionalmente, el gobierno asegura que un mes antes del juicio, el 26 de septiembre de 2016, se entregó casi la totalidad de las traducciones al inglés de las pruebas de lengua española y que el gobierno usará en el juicio.

La fiscalía sostiene que no hay ninguna razón para concluir que "los demandados no han podido preparar la estrategia de defensa porque el gobierno no logró satisfacer la entrega de las traducciones de los materiales que conforman las pruebas".

Asimismo, afirma que la defensa posee los borradores de las traducciones preparadas por el gobierno y que fueron entregadas en el paquete del 1 de julio de 2016, para que trabajaran las mociones previas al juicio. La fiscalía pone como ejemplo, la traducción al idioma inglés "de la reunión en la que los acusados ​​proporcionaron una muestra kilogramo de cocaína". 

La fiscalía dice la defensa presentó el 20 de octubre una carta donde presentaron una moción "para excluir diversas declaraciones de los informantes confidenciales y los acusados ​​en las grabaciones".

Recuerda que el gobierno se comprometió a cumplir con el calendario establecido en la conferencia del día 13 de de octubre de 2016, incluyendo la entrega de pruebas que el gobierno debe consignar las traducciones de las evidencias en lengua española que usarán el el 28 de octubre.

El Gobierno  argumenta que la defensa no presentó ningún tipo de objeción al juez cuando se aprobó el calendario, ni señaló que no tendría un tiempo razonable para analizar los materiales antes del juicio.

Asimismo se advierte que la fiscalía le proporcionó a  los acusados ​​la mayor parte del material 3500 de este caso a principios de septiembre de 2016. 

Para aclarar los documentos que estarían pendiente, el gobierno informa que a la defensa que usará los siguientes elementos en el juicio:

(I) las grabaciones en lengua española y las comunicaciones electrónicas que actualmente espera ofrecer en este caso; 
(Ii) los archivos específicos sobre los cuales cada uno de los expertos en lengua española van a declarar  y 
(iii) las pruebas electrónicas obtenidas a partir de los teléfonos de los acusados y ​​que actualmente el gobierno espera usar en el juicio. 

viernes, 21 de octubre de 2016

Narcosobrinos no quieren que se nombre a las Farc frente a los jurados

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los sobrinos del presidente Nicolás Maduro, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas exigieron a la Corte del Distrito Sur de Nueva York que no admita en las pruebas que se presentarán en el juicio las referencia a los testimonios dados luego de su arresto en Haití, en especial la mención que se hace del grupo terrorista colombiano Farc en las declaraciones post arresto de los acusados y las supuestas informaciones dadas por el testigo cooperante CW-1 (El Sentado) al principio de la investigación.
En una nueva solicitud de moción previa al juicio, los acusados piden al juez Paul Crotty impedir que se admita la prueba de la fiscalía donde Campos Flores hace referencia a las Farc como proveedora de la droga que intentaba traficar a los EEUU.

Dice el documento que los demandados no quieren que se admita una supuesta referencia a las Farc en las declaraciones dadas a los agentes de la DEA durante el vuelo que los trajo desde Puerto Príncipe a Nueva York, "ya que las Farc no cumplieron ningún papel en la supuesta conspiración de este caso".

Campos Flores y Flores de Freitas señalan que "como con la supuesta evidencia no se alega que los acusados sean miembro asociados a las Farc, dicho elemento no tiene  ningún valor probatorio mínimo" aunque sí sería una posibilidad sustancial para generar un prejuicio injustificados contra los demandados por parte del jurado.

Sostienen que el gobierno no debería incluir tampoco las supuestas declaraciones hechas por el testigo cooperante CW-1 o El Sentado (asesinado) donde éste individuo habría relatado las supuestas declaraciones de los acusados que los inculpan.  "Esas evidencias no deben ser admitidas ya que las mismas ofrecen declaraciones falsas que nunca fueron hechas por los demandados" dice el documento.

Los abogados reiteran que el tribunal, apegado a las leyes, debe excluir la admisión de cualquier referencia a las supuestas declaraciones de Campos Flores a los agentes de la DEA donde el acusado dijo que un hombre llamado "El Gocho" le dijo que la cocaína que -presuntamente- era el tema de la conspiración, pero que nunca fue distribuida, venía de las FARC".

También piden que se elimine una nota colocada por el gobierno en en el escrito presentado a la corte, donde se coloca que la organización guerrillera colombiana fue designada por el departamento de Estado en octubre de 1997, como una organización terrorista extranjera de conformidad con la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, ya que ese hecho no tiene relevancia para cualquier cuestión relacionada con las peticiones previas al juicio. 

Continúan señalando que la decisión del Gobierno de resaltar el nombramiento de las Farc supone una preocupación para los demandados, ya que la admisión indebida de las pruebas relacionadas con las FARC puede crear prejuicio en su contra por la opinión del jurado.

Resaltan que no hay evidencia que ninguno de los acusados haya hablado con algún miembro de ninguna organización terrorista, ni que los acusados estén asociados con las Farc. "En este caso nunca se produjo el hecho, nunca fue visto por ningún informante del gobierno y no hay pruebas que puedan ser presentadas en el juicio de una relación que nunca existió. Las Farc no tenían ningún papel en los acontecimientos relacionados con esta investigación."

Advierten que el nombre de la Farc es bien conocido por muchos miembros del jurado quienes saben que es una organización responsable de innumerables actos de terrorismo en el hemisferio occidental, y que han sido nombrados en los medios en los últimos días por los intentos de llegar a un acuerdo de pacificación, llevados a cabo por el Premio Nobel de la Paz, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.

Por las razones expuestas, Campos Flores y Flores de Freitas consideran que cualquier referencia a las Farc en el juicio es innecesaria y  los expone a un riesgo extraordinario de perjuicio frente a los miembros del jurado, quienes podrían entender -de manera errónea- que cualquier referencia a ese grupo está ligado al caso.

En consecuencia, los acusados solicitan al tribunal eliminar los siguientes elementos del juicio: 

1) Las Declaraciones hechas por el informante conocido como CW-1 o "El Sentado"a los agentes  de la DEA y otras personas.
2) Declaraciones del agente especial Sandalio González donde se refiere a las supuestas declaraciones dadas a finales de septiembre de 2015 fue contactado por un testigo cooperante (CW-1) donde indica que había unas personas que querían enviar aviones a Honduras cargados de cocaína.
3) Las menciones de las Farc





Defensores de Narcosobrinos piden no mostrar al jurado testimonio sobre el kilo de cocaína dado por los Informantes de la DEA

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas sometieron a consideración del juez Paul Crotty una nueva moción previa al juicio para que se excluya de las pruebas del gobierno el testimonio del informante CS-1 sobre la identificación de una sustancia blanca polvorienta manipulada por los dos acusados y que la fiscalía insiste que era cocaína. La solicitud está basada en las Reglas Federales de Evidencia, incluyendo las Reglas 401, 402, y 702.
Los acusados exigieron excluir ciertos testimonios de los informantes identificado como CS-1 y CS-2 sobre el kilo de cocaína, argumentando que para ser usado se "requiere que el tribunal de distrito obtenga un testimonio de un experto es confiable."

Los abogados de los Flores hacen referencia al testimonio previsto de los informantes en cuanto a la pureza de la sustancia en polvo blanca, señalando que dicha evidencia no debe ser admitida. 

Aseguran que si bien es cierto que en las circunstancias apropiadas, el testimonio puede constituir una evidencia apropiada para identificar la sustancia como la cocaína, "en este caso el testimonio es inapropiado porque se produce por un usuario familiarizado con el efecto de la droga, que ingiere la cocaína y experimenta el efecto químico asociado con la sustancia.

Dicen que CS-1 y CS-2  fueron los únicos agentes del gobierno que observaron la supuesta muestra de la cocaína en este caso, y que CS-1 fue quien testificó que no la probó sino que la tocó y la olió y con ello determinó que la sustancia en polvo en cuestión era la cocaína. 

Los argumento incluyen la testificación de CS-1 donde el informante narraba que "si no se hace una prueba química, puede que no sea posible determinar la pureza. Pero en base a mi propia experiencia puedo decir que era la cocaína de excelente calidad, y podría decir que a causa de su color, porque brillaba, y debido a su consistencia era de alta calidad".  Señalan que CS-1 se puso la sustancia en su mano y cuando la frotó dijo que tenía una consistencia de aceite puro y fue cuando le dijo a Flores y a Francisco que era cocaína de la buena.

Por esa razón, los abogados de Campos Flores y Flores de Freitas dicen que el tipo de testimonio ofrecido por CS-1, "donde ni consumió la cocaína ni era el proveedor de la supuesta droga", se desvía de lo exigido por las leyes que obligan a que exista un testimonio de los expertos para que sea admitido.

Sostienen que el Gobierno no puede cumplir con su obligación de demostrar que el testimonio de CS-1 represente un conocimiento especializado para ayudar al juez a comprender la naturaleza de los hechos que se pretenden probar. "CS-1 era un consumidor de cocaína crónica hasta poco antes de la audiencia de supresión". 

Por otra parte, el gobierno puede señalar la existencia de un apoyo válido a la idea de que la cocaína puede ser identificada a través
el tacto y el grado en el que "brillaba"  pero hay ninguna indicación de que el testimonio ofrecido por CS-1 es el producto de "principios y métodos fiables" o que está basado en "hechos suficientes o datos ".

Se requiere que el Gobierno presente de cualquier forma adecuada, con divulgación de opiniones de expertos que la sustancia era cocaína, y  no puede citar ninguna autoridad que apoya la idea de que la droga puede ser identificada con cierto grado de precisión a través del método descrito por CS-1."