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martes, 21 de mayo de 2019

La empresa de Samark López y Tareck El Aissami obtuvo contratos con CITGO y PDV USA violando la normativa interna de la petrolera

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, CITGO  Petroleum Corporation pagó millones de dólares a la empresa Yakima Trading Corporation, propiedad de Samark López Bello, de acuerdo a lo argumentado en una demanda hecha por una ex ejecutiva de CITGO, que alega que la empresa la despidió por haberse negado a participar en acciones criminales ordenadas por el CEO de la época, el fallecido Nelson Martínez.
Los abogados de Marisol Gómez señalaron en un documento presentado ante la Corte del Condado de Harris, en Texas,  que los pagos hechos por CITGO a Yakima totalizan USD2,378,534. 00, además de otras transacciones con dicha empresa que desde 2017 está sancionada por la OFAC por vinculaciones con el narcotráfico, lavado de dinero, entre otros delitos atribuidos al ex vicepresidente y actual Ministro de Industria venezolano, Tareck Zaidan El Aissami.

En la primera petición modificada de la demanda presentada por Marisol Gómez contra el demandado CITGO Petroleum Corporation, la ex Vicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO señala que en los meses anteriores a la culminación de sus servicios en la petrolera, el entonces presidente y CEO de la corporación, Nelson Martínez, quien posteriormente fue arrestado por corrupción y robo, le solicitó a la demandante que participara en actos criminales que se mencionan a continuación:

1) Nelson Martínez habría solicitado a Marisol Gómez que ejecutara un contrato de $ 1.7 millones que formaba parte de un plan de devolución multimillonario con una compañía propiedad de su hijo, Charles Martínez, a través del cual CITGO y una de sus filiales, pagaron a la compañía un monto exorbitante de dinero. La referida empresa, ubicada en Miami, Florida, "devolvió algunos de los pagos" (sobornos) a Martínez, y también ofreció coimas  a Gómez si ella aceptaba firmar el contrato el millonario contrato.

2) Martínez solicitó a la demandante que cambiara el Administrador del Plan de pensiones de CITGO, para que se pudieran cambiar los términos del mismo.  Si lo hubiera hecho, habría resultado en: (1) un pago inicial del Administrador del Plan de Martínez que normalmente iría a un fondo de caridad de la Compañía; y (2) elevar la pensión mensual de Martínez de aproximadamente $ 2,700 por mes a unos $17,300 mensuales, al tiempo que se cobraba la pensión de una gran cantidad de empleados de CITGO.

3) Asimismo, Martínez solicitó a Gómez aprobar un contrato de CITGO con Yakima Trading Corporation u otra entidad de Yakima que era propiedad o estaba controlada por un fugitivo multimillonario venezolano Samark José López Bello. López Bello es el testaferro principal de Tareck Zaidan El Aissami, un narcotraficante internacional quien también es el ex vicepresidente ejecutivo de Venezuela, y actual ministro de Industrias y Producción Nacional, que depende directamente del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. 

La demanda sostiene que Samark José López Bello usó las entidades de Yakima para lavar dinero proveniente de la droga para Tareck Zaidan El Aissami. "Esta fue la razón por la que Gómez se negó a hacer negocios con las entidades de Yakima, a pesar de la solicitud de Martínez para hacerlo". 
Señala la querella civil que después de que Estados Unidos acusó a Samark José López Bello y Tareck Zaidan El Aissami de haber violado la Ley Kingpin, "López Bello salió corriendo de EE. UU., y actualmente es un prófugo de la justicia que escapó de las autoridades estadounidenses en la República Dominicana hace sólo tres días".

Alegan que "si Gómez hubiese respondido a las solicitudes de Nelson Martínez y hubiese cometido los actos ilegales que él le pidió, ella habría violado la ley y podría haber sido procesada en virtud de los delitos contemplados en las leyes norteamericanas".

Gómez se negó repetidamente a participar en las acciones criminales e ilegales que le pedía Martínez y como resultado de esa negativa, Martínez ordenó despedirla el 14 de marzo de 2017,  "únicamente porque se negó a cometer el delito".

Sostiene que por las razones antes expuestas, presentó una demanda contra CITGO. Los abogados de Gómez informaron a la corte que las evidencias (descubrimiento) se llevarán a cabo según el Nivel 2 de la Regla de Procedimiento Civil de Texas 190, en el que el demandante busca alivio monetario por un total de más de $ 50,000.00.

Sostiene la demanda que CITGO es una refinería, transportista y comercializadora de combustibles para el transporte, lubricantes, productos petroquímicos y otros productos industriales, propiedad de CITGO Holdings, Inc., una subsidiaria indirecta, propiedad absoluta de Petróleos de Venezuela, S.A. y tiene un patrimonio neto de miles de millones de dólares.

Marisol Gómez trabajó para Petróleos de Venezuela por más de 25 años. A partir del 1 de noviembre de 2014, PDVSA la designó como Vicepresidente de Recursos Humanos de CITGO en Houston, Texas, con salario anual de $ 431,500. Además de su salario, Gómez tenía derecho a un incentivo anual en efectivo a corto plazo. 

En 2016, su último año completo con CITGO, la compensación en efectivo total de Gómez fue de $ 1,028,638.86. Gómez también participó en una amplia gama de programas de salud, bienestar y beneficios de pensión patrocinados por CITGO.

Como vicepresidente de Recursos Humanos, Gómez le debía a CITGO un deber legal de no robar a la empresa, no permitir conscientemente que otros robaran y no participar en cualquier esquema por el cual los fondos de CITGO (o sus afiliados) fueran malversados.

El documento destaca que Nelson Martínez fue presidente y director ejecutivo de CITGO durante un período de tiempo relevante y en el momento en que Gómez comenzó a trabajar para CITGO en noviembre de 2014, ocupaba la más alta posición.  Martínez se unió a PDVSA en 1980 y supervisó las oficinas de la compañía en Gran Bretaña, Argentina y Ecuador antes de ser nombrado Presidente y CEO de CITGO en junio de 2013. Martínez ocupó esos cargos hasta enero de 2017, cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo nombró Ministro de Petróleo y fue en esa época que Martínez se trasladó a Venezuela. 

Le sustituyó en el cargo José Pereira quien "reportó y fue la marioneta de Martínez en CITGO" por aproximadamente dos meses antes de que Gómez fuera despedida en marzo de 2017. 

En el documento se señala que en noviembre de 2017, Martínez fue arrestado y encarcelado por actos de corrupción, robo y criminalidad relacionados con CITGO.

Esquema de corrupción de Martínez

La demanda explica que Nelson Martínez ejecutó el esquema de corrupción ilegal con la empresa GFC, una compañía registrada con su amigo y propiedad de su hijo Charles Martínez.

Durante el transcurso de sus actividades como presidente, Martínez contrató y pagó a GFC Consultores L.L.C. para robar dinero de un afiliado de CITGO, PDV USA. y CITGO. Posteriormente, la empresa "le devolvía a Martínez parte del dinero que CITGO y sus filiales le habían pagado a GFC, una corporación de Florida registrada por Gustavo Felice (amigo de Martínez) y como copropietario de Charles Martínez, (hijo Martínez)".

Destaca que "PDV USA. carecía de controles, o de un comité de cumplimiento, y que nunca fue se hizo una auditoría.  "Era una "caja negra" que se utilizaba para canalizar el dinero con fines corruptos e ilegales aun hasta la administración de Asdrúbal Chávez, primo de Hugo Chávez quien ocupó la presidencia hasta marzo de 2019".

Sostiene la demanda que "la empresa GFC fue contratada para proporcionar múltiples servicios para CITGO, con costos inflados y fraudulentos, que usó para compensar  las "comisiones" sobre los pagos por esos "servicios" a su co-conspirador en el esquema fraudulento, Nelson Martínez". 

GFC era una "Agencia de Logística Intermediaria" entre CITGO y el gobierno comunista de Nicolás Maduro. Bajo la dirección de Martínez y otros, CITGO otorgó contratos a empresas que beneficiaban a Martínez, al gobierno venezolano del presidente Maduro y a sus secuaces, incluidas entidades de propiedad o controladas por un líder del ex vicepresidente ejecutivo de Venezuela y actual ministro de Industrias y Nacionales. Producción, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, quien es un  capo del narcotráfico internacional".

Martínez había contratado y pagado a GFC a pesar de que los departamentos de adquisiciones, crédito, legales o de cumplimiento de CITGO no habían aprobado a GFC para realizar el trabajo para CITGO, como exigían los protocolos de la corporación. 

Asegura la demanda que "las facturas falsas de GFC reflejaban cargos por banquetes, eventos, comidas, mejoras y reparaciones para los hogares personales de los empleados, regalos y otros gastos personales e injustificados, significativamente inflados, falsos y fraudulentos para los ejecutivos de CITGO y PDVSA y sus familias. Sin embargo, con pleno conocimiento de esto, millones de dólares de pagos fueron autorizados por escrito por Martínez, Pereira y otro vicepresidente ahora encarcelado".

"El Presidente y CEO de CITGO entre finales de 2017 y principios de 2019, estaba aterrado de lo que encontraría el gobierno de los Estados Unidos si alguna vez se auditara PDV USA", añade la demanda".

Durante el tiempo relevante, su administrador fue Krizia Gravina, cuyo padre, Alfonso Gravina, era un íntimo confidente de Martínez. El 10 de diciembre de 2015, Gravina se declaró culpable de conspiración para lavar dinero y por hacer declaraciones falsas en  de impuestos federales en Estados Unidos. 

En 2018, Gravina se declaró culpable como parte de una investigación más amplia y en curso del gobierno de los Estados Unidos sobre sobornos en PDVSA. Incluido Gravina, el Departamento de Justicia ha anunciado las declaraciones de culpabilidad de un total de 15 personas en relación con la investigación ligada al caso de Roberto Rincón y Abraham Shiera. 

La demanda dice que bajo la administración de Nelson Martínez, GFC recibió pagos totales de $ 6,164,823 desde octubre de 2014 hasta noviembre de 2017, que consisten en $ 4,576,784 de PDV USA y $ 1,588,039 de CITGO. 

Otros altos pagos fraudulentos fueron aprobados por la alta gerencia utilizando las cuentas de PDV USA. Como resultado, debido al esquema de corrupción de Martínez con GFC, PDV USA y CITGO pagaron muchos millones de dólares a GFC basándose en pretensiones falsas y fraudulentas. Como se señaló anteriormente, GFC devolvió parte de ese dinero a Martínez.

En resumen, dice el documento,  "durante su tiempo como CEO de CITGO, y después, Martínez participó en múltiples conspiraciones criminales para estafar a CITGO y PDV USA, y para lavar las ganancias del fraude, de varias maneras. Martínez conspiró con su hijo Charles Martínez, y Gustavo Felice, para dirigir millones de dólares en pagos por cuenta propia a GFC".

La solicitud de Nelson Martínez, a mediados de 2016, para que participara en el esquema de corrupción ilegal con GFC, a lo cual se negó Gómez, conllevó a que fuera despedida, sostiene la querella.

Martínez quería que Gómez se involucrara en actos criminales para promover su esquema de devolución ilegal con GFC. A mediados de 2016, Martínez le pidió personalmente a Gómez que aprobara y firmara un contrato en nombre de CITGO con GFC, según el cual GFC proporcionaría a CITGO un curso de liderazgo ejecutivo de aproximadamente tres días para doce empleados de la petrolera en Arizona por unos $ 1.7 millones, dice los documentos federales. 

GFC no tenía experiencia, ni antecedentes impartiendo cursos de liderazgo ejecutivo. Destaca el documento que Gómez investigó los costos de tales programas de proveedores calificados, y eran una pequeña fracción de la cantidad que GFC buscaba cobrar a CITGO.

En la demanda se asegura que Gustavo Felice viajó a Houston, Texas (desde Florida) y le dijo a Gómez que si ella aprobaba y firmaba el contrato para el curso de liderazgo ejecutivo provisto por GFC, él: (1) le proporcionaría comida a su familia de Venezuela como un regalo, y afirmó que estaba haciendo lo mismo para el entonces Embajador de Venezuela en las Naciones Unidas, en Nueva York, Rafael Ramírez, y su esposa, Beatrice Sansó de Ramírez (y que la comida era entregada en Venezuela, llevada desde Nueva York a través de un jet privado propiedad de CITGO), esta información fue confirmada a Gómez por el entonces Gerente de Aviación de CITGO, Álvaro Maldonado; y (2) le daría un reloj y/o teléfono como regalo de GFC. De este modo, Felice le ofreció a Gómez su propio soborno si aprobaba y firmaba el contrato en cuestión.

Gómez sabía que este contrato no sería para gastos legítimos, sino para llenar más aun los bolsillos de Martínez y sus co-conspiradores. Por ello, Gómez recibió información de otros empleados dentro de CITGO (incluidas Patricia Milano y Adriana Santaella) que verificaron que Martínez y GFC estaban orquestando un esquema de corrupción ilegal, por el cual Martínez y sus secuaces robaron millones de dólares de las arcas de PDV USA y CITGO a través de contratos falsos que otorgaban a GFC y por los cuales la mencionada firma hizo poco o nada para PDV USA o CITGO, pero en cambio devolvió parte del dinero que recibió a Martínez.

En el documento dice que si Gómez hubiese aprobado y firmado personalmente los contratos para que GFC pudiera obtener los aproximadamente $ 1.7 millones, a sabiendas que Martínez estaba robando ese dinero de PDV USA y CITGO y enviándolo a GFC por poco o ningún valor, y luego recibiendo un premio financiero de GFC (y Gómez misma hubiese recibido los regalos de los sobornos de GFC por jugar su parte) - ella habría estado cometiendo un crimen contemplado en muchas leyes penales de los Estados Unidos.

La demandante dice que viajó a Caracas, Venezuela, y advirtió a la Junta Directiva de PDVSA de lo que Martínez le había pedido que hiciera e informó que el alto ejecutivo estaba tratando de cometer un "crimen", porque equivalía a robar los beneficios de pensión de un gran número de empleados de CITGO para beneficiarse así mismo y a un pequeño puñado de sus compinches. El Controlador de CITGO en ese momento, John Butts, analizó la propuesta y estuvo de acuerdo con Gómez.

Dicen los documentos que el director financiero de CITGO en ese momento, José Pereira, dijo que "todos iremos a la cárcel" si la propuesta se implementaba.

Martínez, enojado y profanamente, atacó a Gómez por no apoyar su plan. Justo después que despidieron a Gómez, Martínez le ordenó a Trina García que volviera a presentar el cambio propuesto para su aprobación en la sede de PDVSA en Caracas, Venezuela. Guillermo Blanco, Vicepresidente de Refinación y Director de PDVSA, llamó a Gómez, quien para entonces era una ex empleada, para comprender la propuesta. Blanco le dijo a Gómez que sentía que García le estaba ocultando información y fue cuando Gómez explicó por qué adoptar la propuesta sería un delito y, en última instancia, la propuesta no se implementó.

En la demanda se reitera que el 13 de febrero de 2017, la OFAC determinó que las empresas contratantes preferidas de Nelson Martinez y CITGO, como Yakima Trading Corporation, formaban parte del vasto imperio de narcotraficantes y actividades de lavado de dinero de un narcotraficante internacional, razón por la cual Gómez rechazó la solicitud de Martínez de aprobar un contrato entre CITGO y una entidad controlada por El Aissami.

Nelson Martínez le pidió a Gómez que aprobara un contrato de CITGO con Yakima Trading Corporation u otra entidad de Yakima que fuera propiedad de o estuviera controlada por  Samark José López Bello. 

López Bello posee o controla varias compañías, incluidas las entidades de Yakima, como parte de una red internacional de lavado de dinero que abarca a los británicos. Islas Vírgenes, Panamá, el Reino Unido, los Estados Unidos y Venezuela. Como se explica en el documento, Martínez le solicitó a la Gómez que aprobara un contrato con una entidad de Yakima controlada por López Bello como parte de un plan de lavado de dinero criminal internacional, y ella se negó a hacerlo.

El 30 de julio de 2015, Yakima fue creada por Joel Rutledge, un agente de Compras Corporativo en el sistema CITGO SAP, bajo el proveedor #1116949. Antes de configurar a Yakima como proveedor en el sistema CITGO, Iván Parra, Gerente de Proyecto de CITGO para el proyecto de actualización de Aruba, y Gustavo Cárdenas no realizaron la debida diligencia normal de los proveedores en Yakima; nadie lo hizo. 

Señala la demanda que "Iván Parra presentó a Yakima ante el Comité de Adquisiciones de CITGO (CPC), y falsamente informó a los miembros del CPC que el premio directo y urgente era la obtención de servicios de consultoría especializados. Yakima Trading Corp brindaría apoyo para la debida diligencia de producción y logística de petróleo crudo (upstream). Partiendo de la práctica habitual, Iván Parra, Gustavo Cárdenas, José Pereira y los gerentes de proyecto no solicitaron la revisión por parte de los Departamentos legal y de crédito de CITGO o cumplimiento antes de agregar este proveedor a la lista maestra de proveedores aprobados. Además, nuevamente a partir de la práctica normal, no se realizaron evaluaciones técnicas y comerciales".

El 23 de septiembre de 2015, una excepción a la competencia competitiva ("CBE") fue aprobada por José Pereira, CFO de CITGO; Gustavo Cárdenas; Iván Parra y José Zambrano, gerentes generales de la oficina central recomendaron no realizar un proceso de licitación competitiva y seleccionar a Yakima como un "proveedor único / proveedor preferido" para este contrato. 

El 25 de septiembre de 2015, CITGO y Yakima Trading Corp.  (una compañía establecida bajo las leyes de Panamá) firmaron un contrato de servicio. El CPC estimado para su aprobación fue de $1 mil millones. 

El 4 de abril de 2016, CITGO había realizado pagos a Yakima de $ 2.4 millones en solo seis meses, 140% sobre la cantidad inicial aprobada.

Dada la persistencia y la presión de Martínez para asignar el contrato a Yakima y la violación de los controles internos, Gómez informó los hechos irregulares al Departamento de Auditoría Interna para que Yakima pudiera ser investigada. Específicamente, en mayo de 2016, Gómez ordenó una investigación de Yakima y a López Bello, a cargo de Franklin Domond, Auditor General de CITGO. La auditoría interna de Domond: (a) detectó y notificó deficiencias de control interno durante el proceso de contratación de Yakima e identificó más de 56 entidades principales utilizadas por López Bello para hacer negocios con CITGO, PDVSA y otras instituciones gubernamentales venezolanas; y (b) reveló que López Bello era propietario o controlaba las entidades de Yakima, y ​​era un narcotraficante y lavador de dinero internacional que usaba a las entidades de Yakima para lavar dinero ilegalmente (no por casualidad, Martínez y CITGO despidieron a Domond poco después de que Gómez fuera despedida).

En ese momento, fue claro para Domond, el entonces Contralor de CITGO, John Butts, y el entonces Vicepresidente de Asuntos Legales, Jeff Bednar, que López Bello era un lavado de dinero, traficante de drogas y delincuente, que utilizó a las entidades de Yakima para lavar dinero ilegalmente. 

Sin embargo -dice la demanda- Nelson Martínez, muy probable bajo la dirección del Presidente y vicepresidente ejecutivo de Venezuela, El Aissami, insistió en que Gómez aprobara un contrato entre CITGO y una entidad de Yakima que estaba controlada por López Bello. 

El contrato en cuestión era para que Yakima proporcionara al personal en Houston y Aruba, un proyecto de mejora en la isla caribeña a un costo por encima del mercado, inflado e injustificable para CITGO.  Gómez le informó a Martínez que CITGO ya tenía empleados en el personal que podían hacer ese trabajo, y se negó a aprobar el contrato, porque era parte de la red ilegal de lavado de dinero de López Bello. Martínez se enojó con Gómez y decidió sacarla de todo lo relacionado con el proyecto de actualización de Aruba y asignó ese aspecto de su trabajo a su subordinada maleable, Trina García.

La demanda dice que "hay fuertes razones para creer que López Bello y sus compañías fueron favorecidas por Nicolás Maduro, porque el vicepresidente venezolano las utilizó para traficar drogas ilegales y lavar dinero". En esa línea, el 1 de agosto de 2016, un Tribunal de Distrito de EE. UU. anunció el procesamiento de Néstor Reverol, actual  ministro del interior de Venezuela, acusado de participar en una conspiración internacional de tráfico de cocaína. Asimismo, en diciembre de 2017, dos sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro, Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, fueron condenados en el tribunal federal de Estados Unidos por tráfico de drogas.

 El 14 de marzo de 2017,  Gómez estaba fuera de la ciudad con su esposo e hijos en unas vacaciones de primavera. Recibió una llamada telefónica de Gustavo Cárdenas y José Pereira. Cárdenas le dijo que Martínez había decidido unilateralmente terminar su empleo. Pereira le informó que no estaba de acuerdo con la decisión, ya que causaría enormes problemas a CITGO. Tres semanas antes, Martínez había consolidado su poder de tal manera que entonces tenía la capacidad unilateral de despedir a  Gómez (un poder que le había faltado hasta ese momento).

Poco después de que Gómez fue informada de su despido, recibió una llamada telefónica de los miembros de su equipo en el departamento de recursos humanos de CITGO en Houston, quien le señalaron que su oficina estaba siendo invadida, registrada y que se incautaban materiales.  Gómez llamó al ex ministro de Petróleo de Venezuela y luego al presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, para quejarse y Pereira desde Hawai. Pereira primero negó que su oficina estuviera siendo invadida y registrada, y los materiales incautados, pero luego admitió que era cierto. 

La demanda sostiene además que Pereira estaba molesto y animado cuando habló con Gómez y le aseguró: (1) que Martínez había ordenado que su oficina fuera invadida y registrada, y que se incautaran materiales, porque él (Martínez) creía que ella tenía pruebas de sus planes ilegales y conducta en su oficina; y (b) Martínez le dijo que no quería a Gómez en ningún lugar cerca de CITGO, porque ella era la única barrera entre él y todas las actividades ilegales que él estaba haciendo y quería seguir haciendo en CITGO. Pereira también le afirmó que fue "injusto" por parte de Martínez despedirla, y que no fue una buena idea, porque ella podría hacer fuertes reclamos contra CITGO.

Eulogio del Pino ordernó a Pereira que permitiera a Gómez regresar a CITGO para recoger sus pertenencias personales. Esto ocurrió después de regresar de Hawaii. La mujer fue a su oficina a buscar sus cosas verificó que la misma había sido violada, y que todos los materiales habían sido incautados. Mientras Gómez esperaba que sus pertenencias personales, otros empleados de la gerencia de CITGO se lamentaron de lo estúpido e injusto que fue despedirla. A todos les quedó claro que lo ocurrido se debió a  su negativa a cometer actos ilegales ilegales. Desde ese entonces Gómez ha estado desempleada.

Aproximadamente en agosto de 2017, el presidente Maduro trasladó a Eulogio del Pino a otro puesto y lo reemplazó conMartínez. Como tal, en ese momento, Martínez se convirtió en el presidente de PDVSA.

Posteriormente el presidente Maduro anunció que había varios arrestados por corrupción, entre ellos Martínez, y los calificó de "traidores corruptos y ladrones".

El 9 de noviembre de 2018 o alrededor de esa fecha, Gómez presentó un informe escrito en el que exponía algunas de las conductas ilegales de Martínez en CITGO al entonces Presidente y CEO de CITGO, Asdrúbal Chávez, su Vicepresidente Ejecutivo, Frank Gygaz, su Director de Estrategia, Rick Essser, y su Vicepresidente Legal, Alejandro Escarrá Gil. 

En diciembre de 2018, Martínez murió mientras aún estaba bajo custodia del Estado venezolano.

En marzo de 2019, el ex vicepresidente venezolano y actual ministro de Industrias y Producción Nacional, El Aissami, y su testaferro, López Bello, el multimillonario narcotraficante internacional y lavador de dinero que era propietario y operaba en las compañías, a las que Martínez había insistido en entregarle contrato de CITGO  - fueron acusados ​​de violaciones criminales de la Ley Kingpin y actualmente son fugitivos de la justicia norteamericana. 

Hace apenas unos días, López Bello escapó a la captura. Específicamente, el domingo 12 de mayo de 2019, las autoridades dominicanas y de los Estados Unidos allanaron dos villas en Cap Cana, en el este de la provincia de La Altagracia de la República Dominicana, en busca de López Bello, quien fue descrito con precisión en el canal de noticias Dominica Today como "un fugitivo internacional presuntamente vinculado con el lavado de dinero y el tráfico de drogas".

Durante la redada cerca de la playa Juanillo, los agentes también registraron dos villas de un complejo turístico en el municipio de Verón, Punta Cana, supuestamente propiedad de López Bello, y se apoderaron de $ 25,000 dólares estadounidenses , 8,000 euros, tres SUV y más de 30 relojes.




miércoles, 29 de julio de 2020

Conoce los detalles del refinanciamiento de CITGO por USD 1.125 millones con Jefferies LLC y J. P. Morgan

   La banca de inversión exigió firmar una carta compromiso que obliga a mantener a esa entidad como ente encargado del refinanciamiento del préstamo B con vencimiento en 2021, por una tarifa acordada del 1.0 por ciento del monto total del capital de dicha deuda.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Un informe elaborado por la firma Jones Day a petición de CITGO Petroleum Corporation, estableció que la escogencia de las empresas Jefferies LLC y Jefferies Capital Services, LLC como prestadoras de los servicios de banca de inversión en el proceso de refinanciamiento de la deuda de la filial de la Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en los Estados Unidos, era la única opción que esta tenía para reestructurar su deuda a corto plazo.
   El 9 de junio de 2020, el escritorio jurídico Jones Day remitió un memorando con carácter privilegiado y confidencial a CITGO Petroleum Corporation que contenía las recomendaciones con relación a las ofertas de deuda de alto rendimiento por parte de emisores corporativos en los Estados Unidos.

     Venezuela Política tuvo acceso al informe y a todos los anexos del mismo.

   Refiere que, en los Estados Unidos, generalmente, no se recurre al mecanismo de la licitación u otro proceso público, para considerar las ofertas de deuda de alto rendimiento por emisores corporativos. Esto se debe a la capacidad del emisor para controlar el tiempo y el proceso en torno a la oferta.
  Así ocurrió, por tanto, cuando recientemente CITGO Petroleum Corporation, bajo la Regla 144A emitió USD 1.125 millones de notas con garantías al 7.00 por ciento, con vencimiento en 2025.

   Explican los abogados que las leyes de mercado de capitales de los EE. UU. imponen limitaciones significativas a las empresas privadas sobre lo que pueden decir sobre una emisión o transacción en los mercados. En este contexto, los emisores que aspiran a un financiamiento, contactan a un pequeño grupo de bancos de inversión con los cuales mantienen una relación y que son capaces de ejecutar la transacción como resultado de la reputación y capacidades del mercado y la industria.
   Desde 2019, este tipo de operaciones se volvió más complicadas a raíz de las sanciones estadounidenses emitidas en enero de dicho año, a lo que se suma la situación política en Venezuela y los litigios que involucran a las entidades matrices de CITGO, así como por las incertidumbres sobre la propiedad y el control de la filial de PDVSA en los EE. UU. por parte de su junta directiva.

  Para dicha fecha, 2019, CITGO Petroleum Corporation y su matriz inmediata CITGO Holding, Inc., planeaban operaciones de su deuda a corto plazo.

   Observan los abogados de Jones Day que la gerencia de CITGO contactó a varias empresas de banca de inversión y otras instituciones financieras para evaluar el interés y su voluntad de involucrarse en estas transacciones de financiamiento, dadas las incertidumbres sobre la propiedad y el control de CITGO, así como los riesgos de hacer negocios con esta empresa.

   En medio de este panorama, Jefferies fue la única empresa de los Estados Unidos que estuvo dispuesta a realizar este refinanciamiento de CITGO.

Sobre el acuerdo con Jefferies

  Para aceptar actuar como la banca de inversión en marzo del 2019, Jefferies insistió en que se le emitiera una carta de compromiso. Esto por tratarse de un emisor de alto rendimiento con opciones de financiación limitadas.

  En razón a las pocas alternativas disponibles, CITGO firmó una carta de compromiso con Jefferies LLC y Jefferies Capital Services, LLC.

  Representantes de CITGO informaron a los abogados de Jones Day que el acuerdo con Jefferies representaba la acción más prudente y la mejor oportunidad de llevar a cabo el financiamiento de las próximas deudas.

   El contrato suscrito entre Jefferies y CITGO estableció el compromiso de esta última de retener a la primera como banca para el refinanciamiento del préstamo B con vencimiento en 2021, por una tarifa acordada del 1.0 por ciento del monto total del capital de dicha deuda.

   Los abogados consideraron que la tarifa negociada del 1.0 por ciento estaba dentro del rango de razonabilidad para la suscripción de deuda o fees de colocación pagados por emisores estadounidenses cuya deuda tiene una calificación inferior al grado de inversión.

“Sin embargo, CITGO podría nombrar un banco co-líder si dicho banco fuera razonablemente aceptable para Jefferies y Jefferies se le asignaría no menos del 50 por ciento de los fees que CITGO le correspondía pagar por la transacción”.

  El acuerdo también incluyó una disposición de “cola” bajo la cual Jefferies tendría derecho a la tarifa del 1.0 por ciento si CITGO hiciera cualquiera de las “Transacciones” enumeradas para el 29 de julio de 2021 o antes, incluso si CITGO terminara el acuerdo.

   En julio de 2019, Jefferies fungió como el administrador para el refinanciamiento de las notas garantizadas por USD 1.870 mil millones al 10.75 por ciento con vencimiento en 2020 de CITGO Holding. Este refinanciamiento consistió en una oferta de USD 1.370 millones en notas garantizadas de 9.250 por ciento de CITGO Holding con vencimiento en 2024 más un nuevo préstamo B, de préstamo a plazo de USD 500 millones.

La selección de suscriptores para las notas CITGO 2020

  El informe de Jones Day refiere que la gerencia de CITGO exploraba opciones de liquidez en medio de la crisis del Covid 19, entre ellas, el refinanciamiento de la deuda con vencimiento en 2021 del plazo del préstamo B que se propuso a la junta directiva en mayo de 2020.

   La junta directiva aprobó la refinanciación del préstamo B de CITGO mediante la emisión de pagarés garantizados de CITGO por USD 1.125 mil millones, un incremento que le proporcionaría a la filial de PDVSA flexibilidad financiera en estas difíciles circunstancias.

   Para evitar pagar la tarifa del 1.0 por ciento que hubiera tenido que cancelar por rescindir el contrato con Jefferies y dadas las circunstancias imperantes, CITGO y en virtud de la ejecución exitosa de las transacciones de 2019 y la buena reputación de la empresa con la que ya mantenía un acuerdo, CITGO decidió proceder con Jefferies como el principal gestor de libros para la Notas de oferta.

  Sin embargo, como el acuerdo con Jefferies contemplaba la incorporación de un banco co-líder que fuera aceptable para Jefferies y esta recibiera al menos el 50 por ciento de las tarifas pagaderas por CITGO en la transacción, la filial de PDVSA en los Estados Unidos consideró involucrar a J. P. Morgan.

  El objetivo que perseguía CITGO con esta decisión era expandir las relaciones bancarias de la compañía para restablecer una línea de crédito rotativa para financiar las necesidades de liquidez de la compañía, en lugar de la dependencia continua de la deuda a plazo.

  J.P. Morgan finalmente acordó entrar en el acuerdo como banco adicional, posicionado a la derecha de Jefferies en el memorándum de oferta.

Las conclusiones de Jones Day

  El despacho de abogados estimó que la selección Jefferies y J.P.Morgan como suscriptores de la oferta de pagarés es consistente con los procesos empleados por emisores corporativos de alto rendimiento en los mercados de capitales de EE.UU.

  Según los abogados, el incremento del refinanciamiento de USD 750 millones a USD 1.125 millones en razón de una sobre demanda significativa, valida el proceso que siguió CITGO en la elección de los bancos para suscribir la oferta. Asimismo, validaron la tasa de interés de las notas emitidas por Citgo de 7.00 por ciento, por debajo del precio indicativo de 7.75 por ciento-8.25 por ciento e involucrando concesiones mínimas, por ser esta una nueva emisión en comparación con las tasas de rendimiento indicativas de la deuda pendiente de CITGO.

  Para Jones Day el proceso de venta de notas de CITGO a un grupo amplio y diverso de inversionistas, fue consistente con colocaciones de otros corporativos en Estados Unidos.

“La gerencia de CITGO señaló una preferencia por los inversionistas de más largo plazo sobre los fondos de corto plazo (hedge funds), al tiempo que afirmó que obtener el mejor precio para las notas era el objetivo principal de la compañía. Se nos informó que los bonos se asignaron a más de 150 inversionistas, que es una colocación amplia para una oferta de este tipo, y tanto las agencias de rating como el equipo de gestión de CITGO expresaron su satisfacción con la cartera de pedidos iniciales de la oferta”.

Nota confidencial del CITGO

  Una nota confidencial de CITGO detalla la relación contractual que ésta filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en los Estados Unidos, mantiene con Jefferies Financial Group, la cual prestó servicios de banca de inversión en los procesos de refinanciamiento de su deuda en los años 2019 y 2020.

  El informe, con carácter privado y confidencial, dirigido al Luis A. Pacheco, presidente de la Junta Administradora ad hoc de PDVSA explica el papel de Jefferies como agente de colocación de los bonos emitidos por CITGO Petroleum Corporation en las fechas indicadas anteriormente.

  Se refiere que, en marzo de 2019, CITGO emitió un préstamo a plazo fijo por USD 1.200 millones con el objetivo de reemplazar su línea de crédito rotativa y la línea de crédito con titularización de sus cuentas por cobrar, las cuales tenían vencimiento en mayo y junio del citado año 2019.

  Se advierte que los bancos se negaron a renovar dichas líneas en razón de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés), así como la preocupación existente sobre la reputación de CITGO.

  Se informa que Houlihan Lokey actuó como coordinador de la transacción de préstamo a plazo fijo indicada, dado que esta empresa mantenía un contrato vigente con CITGO en el momento de la transición a la nueva administración.

  El reporte advierte que, en el desarrollo de la transacción, uno de los mayores desafíos de CITGO fue encontrar bancos que fungiesen como agentes que hicieran el fronting, es decir fueran facilitadores, distribuidores y en ocasiones financistas de la operación y, además, llevaran a cabo las funciones administrativas y actuaran como garantes colaterales. Se informa que “Decenas de bancos declinaron, citando limitaciones por las sanciones impuestas por la OFAC y/o riesgos de percepción que adversarían la imagen de sus instituciones”.

Agrega la nota confidencial que Houlihan confirmó que se acercaron a BNP Paribas, Credit Agricole, Natixis, Societè Generale, ABN Amro, Deutsche Bank, Sumitomo y Mizuho, entidades que habían participado en las facilidades crediticias emitidas por CITGO Petroleum Corporation, pero ninguno estaba dispuesto a servir como banco que hiciera el fronting.

  Otros intentos se hicieron con Credit Suisse, Bank of America, Citi, Mizuho, JPMorganChase, Macquarie, PNC, 5th Third, Scotia, RBC, DNB, Wells Fargo y Bank of NY, los cuales también declararon participar, según dijo Houlihan.

  Fue ante estas circunstancias que CITGO Petroleum Corporation decidió acudir a Jefferies para que esta actuara como fronting y como agente administrativo.

  Para aceptar, Jefferies puso algunas condiciones, entre ellas, una tarifa del 1 por ciento y la exclusividad para trabajar como banco líder principal en la futura refinanciación del préstamo CITGO 2021 y el refinanciamiento de las transacciones de CITGO Holding 2019. Se acota que el citado 1 por ciento sería compartido a partes iguales si se incorporara al proceso a un co-líder.

  Se advierte que CITGO Petroleum Corporation no tiene compromisos adicionales con Jefferies al finalizar la transacción de los bonos 2025.

  Para finalizar, la nota confidencial agregaba un resumen de procesos de refinanciamiento de años anteriores:

jueves, 1 de octubre de 2020

Glenn Hilman, consultor de CITGO declaró en corte en el caso de Rothwell Energy Services, empresa de maletín que obtuvo contrato de manera irregular

  La contratista propiedad del sobrino del finado CEO de CITGO, Nelson Martínez, insiste ante la Corte de Harris por el pago de supuestas deudas por parte de la filial de PDVSA en EE. UU.

Por Maibort Petit

  Tal como ocurrió con la tesorera de CITGO Petroleum Corporation, Gina Coon, quien fue obligada por la Corte del Condado de Harris, Texas, a declarar en el caso de la demanda que Rothwell Energy Services LLC entabló con la filial en Estados Unidos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)[1], igualmente tuvo que hacerlo Glenn Hilman, uno de los responsables de la aprobación del contrato millonario irregular con la empresa demandante, una firma de maletín perteneciente Juan Carlos Hurtado Angarita, sobrino del expresidente de CITGO, Nelson Martínez, quien murió mientras permanecía en custodia del estado venezolano en 2018.

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  Hilman, sobre quien pesan múltiples señalamientos por supuestas irregulares cometidas durante el ejercicio de sus funciones bajo la administración chavista, inexplicablemente continúa fungiendo —junto a otros funcionarios también de la vieja junta también acusados— como consultor externo [jubilado como VP y contratado de nuevo] en la gestión dirigida por el presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.

  En la presente entrega se presenta también la declaración jurada de Eugene Riccetti, abogado interno que reporta a Judith Colbert, quien es señalado de facilitar la aprobación de presuntos contratos irregulares en colusión con Glenn Hilman.

  Del mismo modo, damos a conocer el proceso por medio del cual las partes en conflicto pulsaron ante la corte, respecto a la entrega de documentos privilegiados relacionados con el objeto del contrato entre las dos compañías.

  El 6 de junio de 2017, Rothwell Energy Services LLC y CITGO Petroleum Corporation suscribieron un contrato para la construcción de 10 plantas desalinizadoras en comunidades costeras de Venezuela, el cual debía culminarse el 1º de enero de 2018, pero que se extendió por acuerdo de las partes hasta el 31 de diciembre de 2018. 

  CITGO abandonó el proyecto el 7 de noviembre de 2018, cuando Rothwell solamente había transferido la propiedad de sólo dos las plantas y, apenas, estaba terminando una tercera. Debido que, para la fecha de ejecución del contrato, Estados Unidos había ya sancionado al régimen de Nicolás Maduro, así como contra sus socios y relacionadas con dicho gobierno y Petróleos de Venezuela S.A., matriz de CITGO, no pueden efectuarse los pagos que la demandante alega que se le adeudan.

  En la actualidad las partes se encuentran enfrascadas en una disputa que, al parecer de CITGO, va más allá de lo relativo al contrato objeto de la demanda por parte de Rothwell Energy Services LLC, pues esta última aspira acceder a documentación que la petrolera estima que forma parte del privilegio abogado-cliente, los cuales son inviolables. Se trata de los documentos y comunicaciones que CITGO mantuvo con sus abogados durante el desarrollo del proyecto objeto del contrato entre las dos empresas, incluso, aquellas cartas y reclamos que los representantes legales de la parte acusadora remitieron luego de que CITGO dejó de trabajar en el referido proyecto que constituyeron la antesala del litigio.

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Abogado de Rothwell se presentó ante CITGO

 El 1º de marzo de 2019, Brian Abramson, de la firma Williams Kherkher, representante legal de Rothwell Energy Services LLC, remitió una comunicación a CITGO Petroleum Corporation, a la atención de Laymar Peña, Daniel Beuses, Gerente General de Adquisiciones ; Glenn Hilman, consultor externo de CITGO y exvicepresidente de servicios compartidos; y Judith Colbert, asesora jurídica.

  En dicha carta informaba que su despacho de abogados había sido contratado para reclamar el incumplimiento del contrato suscrito entre las partes y para exigir el pago del dinero adeudado a su representado en virtud del acuerdo.

  Abramson aseguró que Rothwell había cumplido con todas sus obligaciones en virtud del contrato, entre ellas, la presentación de reclamaciones adeudadas por CITGO dentro de los 60 días posteriores a la terminación de conformidad con la Sección 7 (d) del Anexo Al del Acuerdo.

 Refiere que Rothwell había hecho varios intentos de resolver amistosamente la disputa infructuosamente.

  Agrela la comunicación que la Sección 24 del Anexo A-1 del contrato establece que Rothwell "acuerda que se hará un esfuerzo de buena fe para resolver cualquier disputa que surja entre las Partes por mediación u otros medios similares no vinculantes de resolución de disputas", por lo que esa misma comunicación debía entenderse como la continuación de dichos esfuerzos.

  Finalizó la carta con la advertencia de que “si CITGO no responde a la propuesta de Rothwell o si esta disputa no se resuelve de otra manera antes del 22 de marzo de 2019, Rothwell emprenderá acciones legales para proteger y hacer cumplir sus derechos en virtud del Acuerdo”.

Esta advertencia se materializó el 22 de marzo de 2019.

Rothwell pide moción para exigir documentos privilegiados

  Ante el Tribunal de Distrito del Condado de Harris, Texas, la empresa demandante Rothwell Energy Services LLC en la causa Nº 2019-20949 que esta sigue en contra de CITGO Petroleum Corporation, presentó una moción para que se obligue a la demandada a presentar los documentos del Primer Privilegio Suplementario y Enmendado de CITGO Registro o, alternativamente, para una inspección a puerta cerrada de los documentos en el Registro de privilegios modificado de CITGO. Esto, de acuerdo a lo establecido en la Regla de Procedimiento Civil de Texas 193.4 (a).


  Tal exigencia obedece a que el demandante considera que el Registro de privilegios enmendado de CITGO no describe la información o los materiales retenidos con suficiente detalle para permitir que Rothwell evalúe la aplicabilidad del privilegio. Refieren que se utilizan descripciones como "comunicación por correo electrónico con el abogado (o entre los representantes de los clientes) realizada para facilitar la prestación de servicios legales".

  Por pedido de Rothwell, CITGO proporcionó el 14 de enero de 2020 su Registro de privilegios original, que contenía 214 entradas, pero el mismo día Rothwell informó a CITGO que era insuficiente y no cumplía con la Regla de Procedimiento Civil de Texas 193.3 (b) (1).

El Registro enmendado, asimismo contenía 254 entradas.

  En fecha 21 de enero de 2020, CITGO manifestó que, aunque no estaba de acuerdo con expuesto por Rothwell respecto al Registro de privilegios original, aceptaba proporcionar el un registro enmendado con Información Adicional, lo cual ocurrió el 22 de julio de 2020 que igualmente fue objetado por la demandante por estimar que no describe de ninguna manera la información o los materiales retenidos para permitir que Rothwell evalúe la aplicabilidad del privilegio.

  Dadas estas circunstancias, Rothwell Energy Services LLC solicitó a la Corte obligar a CITGO a que produzca los documentos privilegiados; anule la afirmación de privilegio de CITGO o, alternativamente, que pruebe los privilegios reivindicados; y ordene a CITGO que presente los documentos retenidos en su Registro de privilegios modificado o, alternativamente, inspeccione estos documentos a puerta cerrada.

CITGO se opone al descubrimiento

  CITGO Petroleum Corporation respondió a la petición de una moción de de obligar al descubrimiento interpuesta ante la Corte por Rothwell, dando a conocer las fechas en que Gina Coon (tesorera) y Glenn Hilman  (Consejo externo contratado) podían presentar ante el tribunal su deposición. En tal sentido, Coon estaría disponible para el 9 o 10 de septiembre, mientras que Hilman podía hacerlo el 22, 23 o 24 de septiembre en razón de sus diversos compromisos profesionales y personales.

  Igualmente, en respuesta a las afirmaciones del demandante, CITGO negó que se hubiera opuesto a la deposición de otros testigos, por cuanto ya había proporcionado fechas para un tercer testigo.

  CITGO no quiere que Rothwell acceda al registro privilegiado

  En la misma fecha, 17 de septiembre de 2020, CITGO pidió al tribunal que niegue la moción de Rothwell de que se le entreguen documentos privilegiados o se le permita una revisión a puerta cerrada de los mismos.

  CITGO detuvo todo el trabajo objeto del contrato el 7 de noviembre de 2018 alegando que las sanciones económicas del gobierno de EE. UU. impedían su continuación y a partir del 19 de noviembre de 2018, Rothwell envió a CITGO reclamos de pagos a sus "abogados externos" y exigiendo una respuesta por escrito.

   Las comunicaciones emanadas del proyecto y por los reclamos del de la demandante ahora son exigidas por esta, pero CITGO sostiene que “una parte nunca puede acceder al producto de trabajo principal de otra parte, definido como las ‘impresiones mentales, opiniones, conclusiones o teorías legales’ de un abogado o el representante del abogado (…) Otro producto de trabajo ‘se puede descubrir sólo si se demuestra que la parte que busca el descubrimiento tiene una necesidad sustancial de los materiales en la preparación del caso de la parte y que la parte no puede, sin dificultades indebidas, obtener el equivalente sustancial del material por otros medios’".

 CITGO sostiene que Rothwell sólo busca encontrar en dicha documentación las pruebas de que carece su acusación.

  Alega la demandada que “Rothwell ha tomado solo una declaración de un representante de CITGO hasta la fecha [mientras que]. Por el contrario, CITGO ha producido casi 8.000 páginas de documentos y ha revelado los nombres y la información de contacto de personas con conocimiento de hechos relevantes. En particular, Rothwell no explica por qué el producto de trabajo de CITGO es necesario para establecer cualquier elemento de sus afirmaciones que de otra manera no podría establecer. Particularmente con las numerosas deposiciones de los representantes de CITGO ya programadas para las próximas semanas, los intentos de Rothwell de invadir el producto de trabajo no esencial de CITGO parecen prematuros, en el mejor de los casos”.

  Por tanto, CITGO asegura que su Registro de privilegios es adecuado.

El juez, Robert Schaffer, negó la moción de Rothwell.



La declaración de Eugene Riccetti

  El 17 de septiembre de 2020, el abogado interno de la filial de PDVSA en Estados Unidos, Eugene Riccetti, presentó su declaración jurada ante Tribunal de Distrito del Condado de Harris, Texas, con relación a la causa Tribunal de Distrito del Condado de Harris, Texas, que dirime la controversia entre Rothwell Energy Services LLC y CITGO Petroleum Corporation.


  En dicha declaración refiere que es Consejero Delegado de CITGO y ha ejercido como abogado en Texas desde 1994. A la filial petrolera venezolana ingresó en abril de 2007 y en su cargo actual como Consejero Administrativo se encuentra desde 2019.

  Manifestó estar familiarizado con el proyecto que dio lugar a la demanda, al haber actuado como el principal asesor legal de sobre el mismo. Igualmente dijo conocer a las personas identificadas en el Registro de privilegios suplementario y enmendado de CITGO y los documentos asociados.

  Del mismo modo, en su declaración Riccetti brindó su apoyo a la respuesta de CITGO a la moción del demandante para imponer un documento privilegiado o, alternativamente, para la inspección en cámara de documentos privilegiados.

  Informó que todos los autores y destinatarios identificados en el Registro de privilegios de CITGO son abogados internos o externos de la empresa,  miembros del departamento legal o sus representantes, a saber: Judith Colbert, Consejera General; Alejandro Escarrá, Vicepresidente de Asuntos Legales; Eugene (Gene) Riccetti, Consejero Gerente; Erika Courtade, Asesora Corporativa; Pavlova Brizuela, Asesora Jurídica Extranjera; Patricia Bonnel, Consejera; Samuel Hall, Michael Gottlieb, Robert Meyer, Scott Wilson, Camilo Cardozo, Scott Flicker, Randall Johnston, abogados.

  Precisó que las entradas del Registro de privilegios 132, 182, 185, 190, 219, 221 y 235 estaban liberadas y en manos de los demandantes.

  Aseguró que luego de revisar las entradas restantes en el Registro de privilegios y los documentos asociados para cada entrada, estableció que los mismos son precisos y constituyen comunicaciones abogado-cliente en el sentido de que fueron realizadas o recibidas por los abogados de CITGO.


Las órdenes ejecutivas

  El 8 de marzo de 2015, el para entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, emitió la Orden Ejecutiva 13692, con la cual se bloquearon todos los bienes e intereses de Antonio José Benavides Torres, Gustavo Enrique González López, Justo José ́ Noguera Pietri, Katherine Nayarith Haringhton Padrón, Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, Manuel Gregorio Bernal Martínez, Miguel Alcides Vivas Landino, y a cualquier persona que determine el Secretario de Hacienda, en consulta con el Secretario de Estado, en Estados Unidos y, por tanto, estos no pueden ser transferido, pagados, exportados, retirados ni negociados.

  Se les prohibió la entrada al territorio de los Estados Unidos; la realización de donaciones en beneficio de estas personas; la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para, o en beneficio de estas personas; y la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dichas personas.

   Posteriormente, el 21 de mayo de 2018, el presidente Donald Trump, emitió la orden ejecutiva 13835, mediante la cual amplió la Orden Ejecutiva 13692 del 8 de marzo, 2015, y se basó en las medidas adicionales tomadas en la Orden Ejecutiva 13808 del 24 de agosto de 2017 y la Orden Ejecutiva 13827 del 19 de marzo de 2018, particularmente a la luz de las actividades del régimen de Nicolás Maduro, y prohibió todas las transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento y otras transacciones por una persona de los Estados Unidos o dentro de los Estados Unidos en lo atinente a la compra de cualquier deuda con el Gobierno de Venezuela, incluidas las cuentas por cobrar; cualquier deuda contraída con el Gobierno de Venezuela que esté pignorada como garantía después de la fecha de vigencia de esta orden, incluidas las cuentas por cobrar; y la venta, transferencia, cesión o pignoración como garantía por parte del Gobierno de Venezuela de cualquier participación accionaria en cualquier entidad en la que tenga una participación del 50 por ciento o más.


[1] Venezuela Política. “Tesorera actual de CITGO obligada a declarar en una corte de Texas sobre transacciones a favor de una empresa del sobrino de ex CEO de la corporación, Nelson Martínez”. 9 de septiembre de 2020. https://www.venezuelapolitica.info/tesorera-actual-de-citgo-obligada-a-declarar-en-una-corte-de-texas-sobre-transacciones-a-favor-de-una-empresa-del-sobrino-de-ex-ceo-de-la-corporacion-nelson-martinez/



 

Continúan las audiencias en la corte del caso Rothwell vs. CITGO por incumplimiento de contrato

  La petrolera venezolana procuraba una orden de abatimiento en razón de las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen de Maduro.

Por Maibort Petit

  Desde que el 22 de marzo de 2019, Rothwell Energy Services LLC introdujera una demanda civil contra CITGO Petroleum Corporation ante la Corte del Condado de Harris, Texas, se han producido una serie de atrasos y contratiempos que llegaron a su fin. Estas últimas semanas altos ejecutivos de CITGO prestaron declaraciones ante el juez, que había ordenado a la filial de PDVSA en Estados Unidos entregar la información requerida por el demandante y realizar las deposiciones de la tesorera, Gina Coon, el ahora consultor contratado, Glenn Hilman, entre otros. 

  Rothwell Energy Services es una empresa propiedad del sobrino del fallecido CEO de CITGO, Nelson Martínez que alega ante la Corte de Harris  que CITGO no concluyó con los pagos por sus servicios.

  Se trata de una disputa que involucra  una deuda que no fue pagada en base a un contrato que fue otorgado gracias a la complicidad de ejecutivos de CITGO a quienes se les ha vinculado a otras irregularidades internas de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

  El tribunal fijó las fechas de las deposiciones de varios empleados de CITGO en un calendario de obligatorio cumplimiento. Entre los funcionarios, como anunciamos están Rick Esser, Jennifer Moos, Gina Coon, Alejandro Sabatino, Glenn Hilman, entre otros.

  CITGO alegó para evitar que se produjeran las declaraciones de los ejecutivos incursos en el contrato con Rothwell y en los pagos varios alegatos, entre ellos lo relativo a la pandemia del coronavirus.

  Tal como lo señalan los documentos, varios empleados de CITGO, junto a corruptos venezolanos, dueños de empresas de maletín, y funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y sus respectivos testaferros, tienen que ver con las irregularidades están involucrados en este caso que, igualmente, es investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

  Los hechos objeto de la demanda tuvieron lugar durante la gestión como CEO de CITGO Petroleum Corporation, de Nelson Martínez, fallecido mientras se encontraba bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro y tiene que ver con un proyecto de USD 100 millones que Rothwell Energy Services LLC cobraría por una unas plantas desalinizadoras que instalaría en varios estados de Venezuela. La citada empresa es propiedad de Juan Carlos Hurtado Angarita, sobrino del finado Martínez.

 Funcionarios de CITGO, entre los cuales se citan José Luis Zambrano, Laymar Peña, Brian Paulson, Glenn Hilman, Gina Coon, José Pereira, Rick Esser, Gene Riccetti, Arnaldo Arcay, Alejandro Escarrá, Gustavo Cárdenas, José Luis De Jongh y Edoardo Orzoni, todos con posiciones de control dentro de la petrolera, presuntamente habrían violado los controles internos relativos a la revisión de proveedores y habrían facilitado así la aprobación de los contratos y los pagos ilegales emanados de los mismos, que comenzaron en el 2017 y siguieron en el 2018. El régimen de sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos al régimen venezolano, impidió que pudieran seguir las operaciones.

CITGO niega los cargos

 La demanda presentada por Rothwell ante la corte muestran una comunicación enviada por CITGO como respuesta a la solicitud de divulgación del demandante.

  La filial de PDVSA en EE. UU. negó los cargos y las alegaciones de la petición original de la demanda, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones de la Regla 92 de las Reglas de Procedimiento Civil de Texas y exige una prueba estricta de las mismas.

  CITGO informó que PDVSA Petróleo S.A. tenía un interés en el contrato de servicio objeto de la demanda, dado que al término de cada una de las plantas desalinizadoras de agua que debía construir Rothwell, debía presentarse una Factura de Venta y Cesión se ejecutará entre esta última y PDVSA.

  De acuerdo a la cisión de CITGO, esta no debe dinero a Rothwell, aunque admitió que si el tribunal determina alguna cantidad ésta no correspondería a una cuenta jurada. CITGO sostiene que la deuda que se quiere cobrar la demandante es ilegal y que cualquier pago que se le hiciera violaría la Orden Ejecutiva del gobierno de los EE. UU. 13808 y 13850. La petrolera se refiere a la designación de PDVSA por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a PDVSA, empresa matriz indirecta de CITGO, el 28 de enero de 2019, lo que significa que la propiedad de PDVSA y CITGO se encuentran bloqueadas.

  Es que al ser PDVSA el usuario y el beneficiario de los sistemas de agua que son objeto del contrato, los pagos que busca Rothwell no se pueden realizar en razón de las sanciones, puesto que la participación de PDVSA podría someter a CITGO y Rothwell a sanciones penales y civiles según la ley de los Estados Unidos.

Defensa afirmativa del pago

  También CITGO cree que la disposición de fuerza mayor del contrato le impide adeudar o realizar pagos a Rothwell mientras las sanciones de EE. UU. se encuentren vigentes.

  Según las cuentas de la filial de PDVSA, ésta ya pagó a Rothwell USD 5.027.025 por los servicios prestados y el equipo provisto en virtud del Acuerdo. Del mismo modo refiere que Rothwell no ha entregado a CITGO ningún estado de cuenta que reflejen las compensaciones, pagos y créditos justos y legales.

  CITGO asegura que Rothwell no cumplió con todas las exigencias para que se emitieran los pagos de los montos que solicita el demandante. Rothwell tampoco habría certificado el pago a todos los subcontratistas, personal, proveedores y vendedores, y que se hayan liberado todos los enlaces, tal como lo plantea el acuerdo.

  La petrolera venezolana exigió exige un juicio con jurado y pide que el tribunal dicte sentencia en favor de la demandada y que la demandante pague los costos judiciales y otorgue a CITGO todas las reparaciones a las que tiene derecho.

Declaración de experto

  Brian Boudreaux, Gerente de Proyectos Senior y Consultor Técnico de RECON Management Services Inc. — agente y consultor de CITGO en proyectos relacionados con refinación, generación de energía, turbinas de gas y SWROS— presentó una declaración jurada ante la corte en la que subraya que durante 30 años fue empleado de CITGO durante más de tres décadas.

  Ahora con RECON trabaja en estrecha colaboración con CITGO en el Acuerdo de Contrato de Servicio objeto de la demanda y refirió PDVSA tiene el interés final en las plantas.

  Dijo que para que CITGO pague una factura, deben cumplirse una serie de que permitan la emisión del pago, siendo él la persona que revisa técnicamente las facturas y documentos relacionados que Rothwell envía para su pago. "En otras palabras, ayudó a determinar qué pagos vencen y si las cantidades que busca Rothwell son justas y verdaderas".

Suspensión del proceso

  El juez Roberto Schaffer, ordenó el 24 de mayo de 2019 la suspensión de la demanda hasta que se produzca el levantamiento de las órdenes ejecutivas que imponen sanciones, o hasta que Rothwell reciba una licencia de la OFAC que dé luz verde al proceso judicial.

  Después, las partes, de manera conjunta, presentaron conjuntamente una moción acordada pidiendo la continuación del juicio.

 Rothwell pidió una moción para obtener el descubrimiento de CITGO. Manifestó que en seis meses hizo esfuerzos infructuosos para trabajar junto a CITGO de buena fe para comprometerse de hecho descubrimiento.

  Por eso acudió a la Corte, por estimar que es necesario para hacer avanzar en el litigio.

  El 14 de enero de 2020, Rothwell Energy Services LLC envió a CITGO una carta solicitando un registro de privilegios modificado y luego de esto, ha reiterado la petición el 16 de enero, el 5 de febrero, el 7 de febrero, el 21 de febrero, el 27 de febrero, el 25 de marzo y el 2 de junio.

  Desde entonces, las partes han terciado por el asunto. Mientras la demandante exige detalles y documentos de las comunicaciones que involucró el acuerdo, CITGO aduce el privilegio abogado-cliente, el cual es inviolable.

Finalmente, el CITGO afirma la defensa afirmativa del pago.

Las deposiciones

  Otro asunto que ha ocupado a las partes, ha sido el desacuerdo respecto a la deposición, virtual o presencial, de los testigos ante el tribunal.

  En enero de 2020, Rothwell las fechas de deposición de Gina Coon (Tesorera) y Glenn Hilman (Consultor legal) y, finalmente, el 27 de febrero, CITGO respondió que la primera podía hacerlo el 9 de abril y el segundo el 16 de abril. 

  El 18 de marzo, Rothwell informó a CITGO que, en razón de la pandemia, podían seguir el proceso de manera virtual. CITGO respondió el 24 de marzo, que no estaría en condiciones de seguir adelante con las declaraciones. Rothwell acordó posponer las declaraciones.

  Finalmente, luego de una serie de evasivas, la Corte del Condado de Harris ordenó que la tesorera de CITGO, Gina Coon, presente su declaración sobre este caso. Su testimonio es vital, toda vez que ella ocupaba un puesto clave en el proceso de aprobación y pagos del contrato objeto de la demanda. Coon, finalmente se produjo en septiembre 2020.



 


 


 


 

jueves, 4 de junio de 2020

Detalles de la demanda por incumplimiento de contrato que CITGO interpuso contra José Manuel González Testino

  La filial de PDVSA en los Estados Unidos exige ser compensada por los daños sufridos por el incumplimiento del acuerdo suscrito y, además, pide un pago triple por las violaciones sufridas.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas, CITGO Petroleum Corporation demandó por incumplimiento de contrato, fraude y violación a la ley RICO, a José Manuel González Testino y a la empresa Petroleum Logistics Service Corp.
   La acción tuvo lugar el pasado 26 de mayo de 2020, cuando la representación legal de la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), a cargo de la firma Willkie Farr & Gallagher LLP, solicitaron a la Corte declarar que los demandados son responsables de los delitos antes descritos y, por tanto, se otorgue a la demandante la compensación por daños más intereses por el incumplimiento de contrato, daños triples por las violaciones legislativas a RICO, así como también daños punitivos por el caso de fraude, cuyo monto debe establecerse en el juicio. Asimismo, la defensa exige que los acusados corran con los gastos, costos y honorarios de abogados en que incurra CITGO en el desarrollo de la acción.

Naturaleza de la demanda

  Se expone en la demanda que el incumplimiento de contrato, fraude y la violación a la Ley RICO ocurrió cuando González Testino, su empresa y otras entidades bajo su control, incurrieron en el pago de sobornos y otros actos criminales.

  Los demandantes refieren que el 5 de marzo de 2014, CITGO Petroleum Corporation celebró un Acuerdo de Contrato de Servicios con Petroleum Logistics Service Corp., que establecía que esta última (PLS), proporcionaría servicios de adquisición y logística para facilitar la venta y el transporte de equipos, bienes y/o materiales para Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), para lo cual se comprometió a cumplir con todos parámetros legales aplicables. PLS se comprometió a no hacer ningún pago, dar obsequios o entregar favores a los empleados de CITGO o sus familias y revelaría inmediatamente a la petrolera venezolana, la existencia de cualquier propiedad común entre PLS y cualquier proveedor o proveedor de servicios a través del cual PLS realizara sus servicios de adquisición y/o logística.

  Se indica que entre 2014 y 2018, CITGO realizó muchas transacciones en las que PLS sirvió como proveedor de adquisiciones y logística, trabajos por los cuales, a PLS se le pagó una comisión del 5,75 por ciento del precio total de compra de los bienes, equipos o materiales, así como el reembolso de los gastos y/o costos, incluidos los costos de los subcontratistas de PLS que manejan los servicios de envío y transporte.

  A principios de 2012, González Testino conspiró para enriquecerse al obtener y retener indebidamente contratos lucrativos con CITGO por medios corruptos y fraudulentos, incluido el pago de sobornos a empleados de la subsidiaria de PDVSA, quienes, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA), vendrían a ser los “funcionarios extranjeros”. Tales acciones implicaban el pago de sobornos para (1) inducir a CITGO a celebrar el Acuerdo con PLS, y (2) para inducir a CITGO a usar PLS en transacciones de adquisición particulares realizadas bajo los términos de ese Acuerdo.

  Tal conducta, constituyó una violación de las disposiciones antisoborno de la FCPA y, por lo tanto, una violación de la ley de los Estados Unidos.

  La demanda informa que el 31 de julio de 2018, José Manuel González Testino fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami por cargos de conspiración para violar la FCPA y por violar las disposiciones antisoborno de la referida ley, cargos de los que se declaró culpable el 29 de mayo de 2019.

  González Testino confesó que sobornó a cinco empleados de CITGO y, además, que tales pagos se llevaron a cabo con el objetivo de que las empresas del demandado ganaran contratos de PDVSA para suministrar equipos y servicios, incluidos los servicios de logística.

  González Testino ejercía el control sobre PLS, al figurar como propietario indirecto, una relación que este no reveló a CITGO. Además, PLS proporcionó información falsa y engañosa a CITGO en un intento de ocultar su conexión con el demandado.

  José Manuel González Testino y Petroleum Logistics Service Corp. pagaron sobornos a los empleados de CITGO, en violación de las leyes de EE. UU. y las políticas de filial petrolera de PDVSA en Estados Unidos, esto con el objetivo de garantizar el Acuerdo entre CITGO y PLS, de ganar contratos para la compra de bienes y/o servicios en virtud del Acuerdo, incluida la compra de bienes y/o servicios con sobreprecios.

  González Testino ejerció el control y actuó como propietario indirecto de múltiples entidades que PLS utilizó para proporcionar servicios de adquisición y logística en virtud del Acuerdo, por lo que esta última incumplió las leyes aplicables cuando pagó sobornos y distribuyó obsequios y favores a los empleados de CITGO. Igualmente, al no revelar la propiedad común de PLS y otras entidades, controladas indirectamente por González Testino, a través de las cuales PLS brindó sus servicios en violación de los términos del Acuerdo.

  Estas acciones lesionaron a CITGO por el incumplimiento del Acuerdo por parte de PLS, al haber pagado sobreprecios por los bienes y servicios proporcionados por los proveedores y los subcontratistas de PLS que brindan servicios de envío y transporte. Además, CITGO pagó a PLS una comisión del 5,75 por ciento de estos sobreprecios, lo que le acarreó pérdidas por millones de dólares.

  La demanda indica que PLS se comprometió explícitamente en el Acuerdo a indemnizar a CITGO por cualquier incumplimiento del mismo, lo que incluye gastos, costos judiciales y honorarios de abogados asociados.

  El demandante, por tanto, acude a la corte para recuperar los honorarios que ya ha pagado a los demandados, liberar a CITGO de cualquier pago adicional en virtud del Acuerdo y obtener cualquier otro daño compensatorio por un monto que se determine en el juicio, así como todos gastos, costas judiciales y honorarios de abogados asociados derivados de esta acción.

Las partes

  En la demanda se identifica a las partes como CITGO, una empresa registrada en Delaware, con domicilio en 1293 Eldridge Parkway, Houston, TX 77077. Y que es subsidiaria de CITGO Holding Inc., a su vez subsidiaria de propiedad total de PDV Holding, Inc., que a su vez es una subsidiaria de propiedad total de PDVSA, corporación petrolera estatal de la República Bolivariana de Venezuela.

  Entretanto, PLS fue constituida en Panamá, siendo su dirección principal el 1519 NW 82nd Ave, Miami, FL 33126. Se encarga de administrar compras internacionales a través de un equipo especializado que busca los productos adecuados de acuerdo con las necesidades y requerimientos de sus clientes.

  Por su parte, José Manuel González Testino es un ciudadano venezolano-estadounidense, residente de Miami, Florida y que controla a PLS, sobre la cual actúa como su propietario indirecto. Se cree que ha tenido contactos regulares, que ha pagado sobornos, ha dado regalos y hace favores a los empleados de CITGO en nombre de PLS.

Los hechos

  Se expone en la demanda que el 5 de marzo de 2014, CITGO y PLS celebraron el Acuerdo que estableció que la segunda proporcionaría servicios de adquisición y logística para facilitar la venta y transporte de equipos, bienes y/o materiales a la empresa matriz de CITGO, PDVSA.

  CITGO proporcionaría detalles sobre las especificidades de sus requerimientos y PLS los adquiriría y entregaría de conformidad con los términos del Acuerdo.

  CITGO coordinaría las compras en nombre de PDVSA a través Departamento de Proyectos Especiales y el Departamento de Adquisiciones de Accionistas, cuyos empleados estuvieron en todo momento sujetos a las políticas corporativas que prohibían la recepción de sobornos u otros beneficios indebidos.

  De 2014 a 2018, CITGO realizó numerosas transacciones para adquirir bienes y servicios en nombre de PDVSA, para lo cual utilizó a PLS como proveedor de adquisiciones y logística, servicios por los cuales pagó más de USD 20 millones.

  Luego del arresto de González Testino el 31 de julio de 2018, CITGO detuvo todas las transacciones con PLS y le solicitó a esta información acerca de la relación entre este y PLS. Las respuestas de PLS a CITGO fueron falsas o engaños, con el objetivo de mantener oculta la relación existente entre los demandados, siendo que tiempo después, la filial de PDVSA en EE. UU. se enteró de que González Testino ejercía control sobre PLS, al actuar como su propietario indirecto.

  Al declararse culpable, el 29 de mayo de 2019, González Testino admitió los cargos de conspiración para violar la FCPA, las disposiciones antisoborno y no presentar un informe de cuenta bancaria extranjera.

  Cinco empleados habrían recibidos sobornos de González, y de estos, cuatro, identificados como oficiales y las letras de la A a la D, estuvieron involucrados en la investigación de proveedores para paneles de ofertas de CITGO y en la evaluación de cotizaciones para adquisiciones de PDVSA o en la supervisión de los empleados del Departamento de Proyectos Especiales que lo hicieron. El quinto empleado era un alto ejecutivo de CITGO, designado como Oficial E.

  El demandado explicó que el propósito de su conspiración era enriquecerse obteniendo y reteniendo contratos lucrativos y otras ventajas comerciales con PDVSA y CITGO, por medios corruptos y fraudulentos, incluido el pago de sobornos a los empleados de la filial en el Estados Unidos.

Los sobornos

  Los sobornos estaban destinados a "ayudar a [] las empresas de González a ganar contratos de PDVSA para suministrar equipos y servicios, incluidos los servicios de logística".

  Así tenemos que el 1º de agosto de 2017, González Testino y sus co-conspiradores pagaron un soborno de USD 57.472.11 al Oficial A, los cuales se enviaron a una cuenta en Suiza.

  Alrededor de 2014, el demandado pagó USD 400.000 al Oficial B a cambio de su asistencia para ganar un contrato de PDVSA.

 El 7 de septiembre de 2017, González Testino y sus co-conspiradores pagaron un soborno de USD 22.600 al "Oficial C", los cuales se depositaron en una cuenta bancaria de Houston a nombre de un pariente de dicho Oficial C.

  El 28 de julio de 2017, José Manuel González Testino y sus co-conspiradores pagaron un de USD 30.575 al "Oficial D", los cuales se enviaron a una cuenta bancaria de Houston a nombre de un pariente del sobornado.

  Mientras el "Oficial E" estuvo al mando en CITGO, González Testino le regaló obras de arte originales, al menos un vuelo en un jet privado fletado por él y, cuando este expresó su descontento, organizó la compra de un departamento de elección de "Oficial E" en Houston.

  Se estima que los demandados pagaron sobornos, incluido efectivo, el uso de residencias gratis o con tarifas inferiores al mercado, entretenimiento y obsequios, tales como teléfonos celulares, relojes y joyas, a los empleados de CITGO para inducir la firma del Acuerdo.

  Además, los demandados también pagaron sobornos a los empleados de CITGO hasta al menos 2018, con el objeto de ayudar a PLS a asegurar las transacciones de adquisición y logística bajo el Acuerdo. También pagaron sobornos a los empleados de CITGO para que PLS suministrara bienes y servicios con sobreprecio, los cuales provenían de otras entidades ligadas a González Testino.

Las violaciones a las normas

  Con el fin de obtener el Acuerdo y las transacciones de adquisiciones que este implicaba, los demandados manipularon el proceso de adjudicación de contratos y compras a través del pago de sobornos a empleados de CITGO.

  Se violó espacialmente la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA), con los pagos de los sobornos y al “dar algo de valor, ya sea directa o indirectamente, a un funcionario de un gobierno o partido político extranjero con el propósito de influir en un acto o decisión en su capacidad oficial o inducir al funcionario a usar la influencia de su partido con ese gobierno, para obtener o retener negocios relacionados con los productos”.


  La empresa administrada por González Testino, buscó enriquecer a este último mediante la obtención y retención de contratos lucrativos y otras ventajas comerciales para múltiples entidades bajo su control y de su propiedad indirecta, incluyendo PLS. Como parte de esta empresa, González Testino y PLS buscaron intencionalmente dichos contratos de CITGO y su corporación matriz, PDVSA, a través de medios corruptos y fraudulentos, incluido el pago de sobornos a ejecutivos y empleados de CITGO en violación de las disposiciones antisoborno de la FCPA.

  Los demandados provocaron intencionalmente el uso de los medios e instrumentos del comercio interestatal para el fomento de la empresa.

 PLS envió numerosos correos electrónicos a través de instrumentos de comercio interestatal para promover estas transacciones con CITGO:

- El 21 de diciembre de 2013, Rubén González, entonces Director de Operaciones en PLS, le envió un correo electrónico a CITGO con una propuesta para el uso de PLS como proveedor de adquisiciones y logística.

- El 18 de febrero de 2014, Rubén González envió por correo electrónico las instrucciones de cableado de CITGO para PLS.

- El 6 de marzo de 2014, Rubén González le envió por correo electrónico a CITGO una copia escaneada del Acuerdo completamente ejecutado.

- El 18 de junio de 2015, Javier Aurrecoechea, entonces Director de Logística en PLS, envió un correo electrónico a CITGO para negociar un cambio especial en el porcentaje de comisión para una transacción específica bajo el Acuerdo.

- El 4 de enero de 2016, Aurrecoechea envió un correo electrónico a CITGO sobre el uso potencial de CITGO de los servicios de inspección de PLS.

- El 8 de mayo de 2017, Héctor Sarcos, entonces Gerente de Operaciones de PLS, envió un correo electrónico a CITGO sobre las cotizaciones de precios para el envío aéreo relacionado con una transacción de adquisición.

- El 20 de julio de 2018, José Humberto Lozada, que trabajaba en la función de finanzas en PLS, envió un correo electrónico a CITGO sobre el pago de fondos a PLS.

  Por otra parte, se refiere que González Testino y PLS también participaron en viajes interestatales para promover esta empresa:

- Viaje de Aurrecoechea a Houston, Texas, el 9 de abril de 2015, para reunirse con empleados de CITGO y discutir información sobre las operaciones de PLS y el posible uso de PLS como proveedor de compras y logística en las futuras transacciones de compras de CITGO.

- Viaje por Aurrecoechea a Houston, Texas, el 13 de agosto de 2015, para reunirse con empleados de CITGO y discutir las operaciones adicionales de PLS y el uso potencial de PLS como proveedor de compras y logística en las futuras transacciones de compras de CITGO.

- Viaje de González Testino a Houston, Texas a mediados de julio de 2018 para reunirse con un empleado de CITGO y discutir la destrucción de evidencia relacionada con el esquema de soborno.

- Viaje de González Testino a Houston, Texas, el 27 de julio de 2018, para reunirse con un empleado de CITGO y discutir una posible investigación federal sobre el esquema de soborno y la salida prevista de González Testino a Venezuela.

  González Testino y PLS pagaron sobornos a funcionarios extranjeros, incluidos los empleados de PDVSA y CITGO, al menos desde 2012 hasta julio de 2018 para que PLS y otras compañías controladas indirectamente por el primero, obtuvieran los negocios.

-Desde el 27 de noviembre de 2012 hasta el 3 de junio de 2013, González Testino y sus coconspiradores hicieron once pagos de sobornos por un total de USD 629.000 a César David Rincon Godoy, un ciudadano venezolano empleado de PDVSA y sus subsidiarias, a cambio de su asistencia con los contratos de PDVSA. Estos pagos se transfirieron desde cuentas bancarias suizas a nombre de entidades controladas por González Testino a una cuenta bancaria en el Distrito Sur de Texas a nombre de una empresa propiedad de uno de los parientes de Rincón y a una cuenta bancaria en Florida a nombre de una compañía diferente propiedad de uno de los parientes de Rincón.
  El 4 de abril de 2013, González Testino hizo que se enviara un pago de soborno por USD 50.000 desde una cuenta bancaria suiza bajo su control a una cuenta bancaria en el Distrito Sur de Texas a nombre de Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, un venezolano-estadounidense, residente de Texas, empleado de PDVSA.

  El 23 de abril de 2013, José Manuel González Testino pagó un soborno de USD 50.000 desde una cuenta bancaria suiza bajo su control a una cuenta bancaria en el Distrito Sur de Texas a nombre de Gravina.

  En mayo de 2017, González Testino y sus co-conspiradores hicieron arreglos para que un asociado del "Oficial A" viajara a Suiza para abrir una cuenta bancaria a nombre del asociado, a la que González Testino podría transferir los pagos de sobornos.

  El 1 de agosto de 2017, González Testino y sus co-conspiradores pagaron un soborno de USD 57.472,11 a una cuenta en Suiza del "Oficial A".

 En 2014, González Testino pagó USD 400.000 al "Oficial B" a cambio de su asistencia para ganar un contrato de PDVSA.

 El 7 de septiembre de 2017, González Testino y sus co-conspiradores pagaron un soborno de USD 22.600 al "Oficial C", a una cuenta bancaria de Houston a nombre de un pariente de dicho oficial.

  El 28 de julio de 2017, González Testino y sus co-conspiradores pagaron un soborno de USD 30.575 al Oficial D desde una cuenta bancaria de Curazao a una cuenta bancaria de Houston a nombre del sobrino de dicho Oficial.

 Durante la gestión del "Oficial E" en CITGO, González Testino le regaló obras de arte originales, al menos un vuelo en un avión privado y un apartamento de su elección en el área de Houston.

Las exigencias

  Ante todas las violaciones llevadas a cabo por José Manuel González Testino y Petroleum Logistics Service Corp., CITGO Petroleum Corporation pidió a la Corte que los demandados sean declarados responsables por incumplimiento de contrato, fraude y violación de 18 U.S.C. § 1962.

  En tal sentido, CITGO estima que debe ser compensada por los daños sufridos por las actuaciones de los demandados más los intereses.

  Pide una compensación triple por la violación de la ley RICO por un monto que se establezca en el juicio y se le exima (a CITGO) de tener que pagar los gastos, costos, honorarios de abogados derivados del proceso judicial, los cuales deberán ser cubiertos por los demandados.