El incierto destino de CITGO: Los bonos de la discordia (III)

La disputa por el control de CITGO Petroleum Corporation pasa por la participación de los tenedores de los bonos PDVSA 2020 cuyos intereses por el orden de los USD 913 millones es necesario cancelar a finales de este mes de octubre, pues ellos poseen como garantía de dichos papeles, el 50.1 por ciento de las acciones de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los tribunales federales de los Estados Unidos se han convertido en el principal escenario de la disputa que Crystallex International Corp. mantiene contra la República Bolivariana de Venezuela, Petróleos de Venezuela S.A. y PDV Holding Inc. para cobrar la acreencia que la primera de los demandados mantiene con la empresa canadiense por casi USD 1.400 millones que el Laudo Arbitral dictado por Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dictaminó servirían para resarcir la expropiación de sus activos en el proyecto Las Cristinas  por parte del entonces presidente venezolano, el finado Hugo Chávez, y que la minera aspira cobrarse con CITGO Petroleum Corporation, la filial de PDVSA en EE. UU.

CITGO Petroleum tiene ingresos superiores a los USD 42 mil millones, así como ganancias de USD 1.8 mil millones solamente en 2013, por lo que es objetivo clave de los acreedores.

Pero sobre CITGO reposan también la mirada de un conjunto de acreedores que esperan los resultados del proceso judicial que se sigue en el país del norte, pues este sentaría la jurisprudencia sobre la cual ellos podrían actuar para cobrar las deudas que Venezuela mantiene con ellos.

Expectantes también se mantienen los tenedores de los denominados bonos PDVSA 2020, cuyos intereses por el orden de los USD 913 millones deben cancelarse a finales de este mes de octubre, siendo el criterio de muchos observadores que se trata de una deuda imposible de pagar dada la iliquidez que presenta Venezuela y su principal industria, PDVSA. Lo grave del asunto es que 50.1 por ciento de las acciones de PDV Holding sobre Citgo Petroleum Corporation sirven de garantía de estos papeles, por lo que sus poseedores también podrían reclamar muy pronto la propiedad de los activos de la filial de PDVSA en EE. UU.

El origen de la deuda

De acuerdo a los argumentos esgrimidos por Crystallex ante el Tribunal de Distrito de Delaware, Venezuela instrumentó una serie de acciones para evitar pagarle a la minera y al resto de sus acreedores, entre ellas el intento de vender CITGO Petroleum Corporation para mover su valor fuera del territorio estadounidense.

Cuando esta iniciativa fracasó, entonces recurrieron a la monetización del interés de PDVSA en CITGO mediante una compleja oferta de bonos y pagos de dividendos con la intención de evadir a los acreedores. Tal manejo fue calificado por Crystallex como “Transferencia Fraudulenta 2015". En tal sentido, se canceló un dividendo declarado de USD 2.8 mil millones de PDVH a PDVSA, por lo que también Crystallex procesa un reclamo de transferencia fraudulento contra los demandados en el mismo tribunal bajo el número de Acción Civil 15-1082-LPS.

Crystallex acusó que también que ante la expectativa de que el tribunal fallara en su contra, PDV Holding duplicó sus esfuerzos para obstaculizar el pago de las acreencias y decidió, a menos de un mes de que la corte le negara la moción, otorgar a los acreedores de PDVSA un derecho de retención contra el 50.1 por ciento de las acciones de PDVH en su activo CITGO Holding, en apoyo de más de USD 3 mil millones en nueva deuda emitida por PDVSA.

Por ello, Crystallex calificó a PDVSA como un cesionario de la transferencia fraudulenta instrumentada por PDVH.

Refiere la minera que el 24 de octubre de 2016, PDVH ejecutó la “Transferencia fraudulenta de canje de bonos” y PDVSA concluyó un canje de deuda por el intercambio de USD 2.8 mil millones en bonos con vencimiento en 2017 por USD 3.367 mil millones en nuevos bonos con vencimiento en 2020. PDVH otorgó a PDVSA la nueva garantía para los tenedores de bonos 2020 en forma de un gravamen del 50,1 por ciento sobre sus acciones en CITGO Holding.

En sus alegatos ante la Corte, Crystallex expuso que PDVSA ordenó a PDV Holding que a su vez ordenara a CITGO Holding, la emisión de una deuda de USD 2.8 mil millones que fueron transferidos a PDVH como dividendo para accionistas.

CITGO Holding se habría visto obligada —según la exposición de Crystallex— a pagar una tasa de interés del 12 por ciento para pedir prestados los USD 2.8 mil millones y los bonos fueron calificados como bonos sin grado de inversión o "basura" por las tres principales agencias calificadoras desde el momento en que se emitieron. La canadiense sostuvo que la oferta de deuda no tenía un propósito comercial legítimo, pues al recibir estos fondos, PDVH pagó su propio dividendo igual a lo que recibió de CITGO Holding a PDVSA.

El resultado de estas operaciones habría sido que Venezuela —a través de PDVSA y sus subsidiarias— repatriara USD 2.8 mil millones en ganancias, dejando a su subsidiaria CITGO Holding, insolvente sobre una base contable.

Mecanismo de pérdida de independencia

Hasta ahora, el mecanismo utilizado era que el presidente de la república en Venezuela designa la junta directiva de PDVSA, la cual selecciona el directorio de PDVSA Holding en Delaware, la cual a su vez procede a nombrar a la directiva de CITGO Petroleum Corporation, una cadena que se rompió, a criterio de algunos expertos, al designar la Asamblea Nacional directamente las juntas directivas de PDVSA Holding, CITGO Holding y CITGO Petroleum Corporation.

Esta decisión vendría a sustentar el argumento de Crystallex de que CITGO es un "alter ego" del gobierno venezolano. Un error que fue aprovechado al máximo por la compañía minera canadiense.

Sobre el embajador de Venezuela en Washington designado por Guaidó, Carlos Vecchio, también se levantan algunas voces críticas que lo cuestionan en razón de que durante largos años se desempeñó como abogado principal de ExxonMobil hasta que Chávez expulsó a la petrolera de Venezuela, por lo que se ponen en tela de juicio sus intereses en la posición que ahora ocupa y su defensa del procurador de la AN.

Luego de que el tribunal emitiera su decisión de denegar la moción de PDVH de desestimar el reclamo de transferencia fraudulenta de Crystallex, los demandados de PDV procedieron a instrumentar lo que Crystallex cataloga como la segunda transferencia fraudulenta, ahora gravando un poco más de la mitad del activo principal de PDVH como una estrategia para esquivar a la minera canadiense y otros acreedores.

Fue así como en septiembre de 2016, PDVSA anunció que ofrecería realizar un canje de bonos, utilizando los activos de PDVH como garantía. Al igual que la primera vez, la petrolera estatal venezolana intercambiaría más de USD 7 mil millones de bonos de PDVSA en circulación por “nuevos bonos”, con vencimiento en 2020, respaldados por el 50.1 por ciento del capital social de PDVH de CITGO Holding.

En vista de que la oferta no generó interés en el mercado, PDVSA anunció el 27 de septiembre de 2016 el aumento de la contraprestación pagada a los tenedores de bonos en el canje propuesto y extendió el plazo de licitación anticipado al 6 de octubre de 2016. PDVSA —refirió Crystallex ante la corte— ofreció una consideración de 1.17 veces o 1.22 veces el valor nominal de sus notas existentes de abril de 2017 y noviembre de 2017, respectivamente, a cambio de las notas de mayor vencimiento. “Luego de un nuevo retraso, PDVSA anunció que su canje de deuda había concluido el 24 de octubre de 2016. 

Finalmente, los acreedores que representan bonos por un valor de USD 2.8 mil millones con vencimiento en 2017 presentaron sus pagarés por aproximadamente USD 3.367 mil millones en nuevos bonos con vencimiento en 2020”.

Glas America fue el agente colateral y a modo de ver de Crystallex, el cesionario de la Transferencia Fraudulenta de Intercambio de Bonos, de acuerdo con la oferta original para los nuevos tenedores de bonos 2020.

También Rosnet

Crystallex acusa una nueva transacción fraudulenta ocurrida en noviembre de 2016, cuando PDVH gravó aún más a CITGO Holding, al otorgarle a la rusa Rosneft un derecho de retención sobre el 49.9 por ciento restante de sus acciones en la segunda.

Por esta operación, PDVSA y no PDVH recibió USD 1.5 mil millones en concepto de préstamos.

PDVSA reconoció a través de un comunicado de prensa que era el destinatario de los fondos del préstamo de Rosneft. Refirió que como propietaria de CITGO, utilizó el citado porcentaje de acciones para recaudar nuevos fondos.

El peligro de perder CITGO

Ante tales circunstancias, Venezuela podría perder su activo más valioso en el extranjero a finales de este mes de octubre, cuando las acciones de la filial pudieran quedar en manos de Rosneft y de otros financistas del gobierno de Nicolás Maduro, alerta una nota de El Nuevo Herald [1].

“La transferencia de propiedad será provocada por el esperado incumplimiento en el pago de $ 913 millones de dólares de un bono de Petróleos de Venezuela que vence el 27 de octubre. Los tenedores de deuda tienen el derecho de asumir control del 50,1% de las acciones de CITGO colocado en garantía por Maduro para esa emisión (el bono 2020 de PDVSA), gracias a una licencia que les libra de las restricciones que representan las sanciones”, reza la nota.

Agrega que esta licencia fue otorgada por el Departamento Tesoro con el objetivo de acorralar financieramente a la administración de Maduro, pero estando en la actualidad el gobierno interino de Juan Guaidó al control de CITGO, la medida solamente amenaza la propiedad de una compañía vista como vital para la futura recuperación de la quebrada Venezuela.

La nota advierte que si bien el bono 2020 de PDVSA tiene como garantía el 50,1 por ciento de la compañía, todas las acciones de CITGO se verían afectadas por un incumplimiento el 27, en razón de que Nicolás Maduro, como ya se dijo, también otorgó como garantía el resto del capital accionario de la filial en el préstamo de USD 1.500 millones que obtuvo de Rosneft.

Igualmente, la presidenta de la junta directiva ad hoc de CITGO, Luisa Palacios, estima que el apoyo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es vital en toda esta trama para que Venezuela mantenga el control de la filial y en tal sentido dijo que el mandatario estadounidense “debería evitar que los tenedores de bonos de la estatal petrolera PDVSA tomen control de CITGO, uno de los principales activos de Venezuela en el exterior”.

— Después del apoyo brindado para salvar a CITGO, me parece contradictorio que el mismo esfuerzo no se haga aquí para salvar a CITGO de los tenedores de bonos[2].

También los exiliados venezolanos asociados en la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), con sede en Miami, pidieron al secretario del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin, que retire la licencia que permite a los tenedores de bonos de la estatal petrolera PDVSA asumir el control accionario de la refinadora.

Es de “vital importancia para la recuperación económica del país, una vez se logre la salida del dictador del poder (…) EE. UU. ha sido el principal aliado del pueblo venezolano en esta lucha por recuperar su democracia y libertad. Es desesperadamente necesario que se pueda tomar esta medida que garantizaría a la sociedad y a las generaciones de relevo en Venezuela preservar una empresa que sería el corazón económico de la nueva república”, dijo el presidente de Veppex, José Colina[3].

AN pagó intereses en mayo

Entre las medidas adoptadas por la junta directiva ad hoc de CITGO nombrada por Guaidó que encabeza Luisa Palacios, estuvo el pago de intereses sobre el vencimiento de sus bonos en 2020, con el objetivo de retrasar cualquier acción en represalia del activo venezolano en Estados Unidos, toda vez que se trata de una emisión de papeles respaldados con acciones de la de la refinería de la filial de PDVSA. En tal sentido, se cancelaron USD 71 millones a los tenedores de bonos.

Pero la espada de Damocles sigue pendiendo sobre CITGO, cuando el 27 de octubre próximo deba pagar intereses por el orden de USD 913 millones y no todos son optimistas acerca de las posibilidades reales de cancelar tal erogación, como Torino Economics que publicó que "Vemos el pago de octubre de USD 913 millones como improbable en ausencia de cambios políticos"[4].

Esa, a juicio del Procurador Especial, José Ignacio Hernández, era la única manera de proteger los activos del estado venezolano y colocar al gobierno encargado del presidente de la AN en una mejor posición para la estrategia de renegociación de la deuda pública.

A través de un comunicado, Hernández recordó que cuando el Bono 2020 fue emitido en 2016 la Asamblea Nacional cuestionó la operación de canje que llevó a su emisión por considerar desfavorables para la república sus condiciones financieras y la garantía sobre el 50,1 por ciento de las acciones de CITGO Holding, Inc., empresa de control de CITGO Petroleum Corporation.

Refería Hernández que aun cuando por las leyes de Nueva York la negociación era válida a pesar del cuestionamiento del Poder Legislativo venezolano, PDVSA debía pagar los intereses del bono antes del 29 de mayo, pues de lo contrario se generaría un incumplimiento y los tenedores de los papeles podían tomar control sobre CITGO Holding.

Agregó que desde su nombramiento había agotado todas las opciones para lograr diferir el pago de PDVSA sin éxito, como tampoco había logrado que se dictara una medida que proteja debidamente a CITGO en caso de incumplimiento del pago de intereses.

Explicó que el pago de intereses se haría con “recursos que, de otra forma, deberían quedar congelados debido a las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos. Esto implica que, en realidad, no hay un costo de oportunidad por el uso de estos recursos, pues estos solo podrían utilizarse para el pago de intereses”.

Recomendó que el pago se hiciera bajo protesto, “a los fines de permitir a la Asamblea Nacional continuar la investigación sobre la emisión del Bono 2020 que inició en 2016 y que no pudo continuar por el acoso al cual la Asamblea fue sometida por el Tribunal Supremo de Justicia”.

Tanto el procurador de Guaidó como la Asamblea Nacional estimaron que el pago de los intereses permitiría que Venezuela estuviera en mejores condiciones de renegociar la deuda[5].

Entretanto, la expectativa se mantiene sobre qué sucederá el próximo 27 de octubre, fecha en que deba producirse el pago por parte de Venezuela de los USD 913 millones de interés a los tenedores de los bonos PDVSA 2020.

[1] Panorama. “Venezuela corre el riesgo de perder Citgo a finales de mes: Nuevo Herald”. https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Venezuela-corre-el-riesgo-de-perder-Citgo-a-finales-de-mes-Nuevo-Herald--20191010-0018.html

[2] Reuters. “Guaidó necesita ‘apoyo’ de Trump para mantener control de Citgo: presidenta”. 2 de octubre de 2019. https://lta.reuters.com/articulo/venezuela-petroleo-citgo-idLTAKBN1WH1PB-OUSLT

[3] El Nuevo Herald. “Exiliados piden al Tesoro de EEUU evitar que Venezuela pierda a Citgo”. 10 de octubre de 2019. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article235987523.html

[4] Reuters. “Venezuela's ad-hoc PDVSA board begins payment on Citgo-backed 2020 bond”. 16 de mayo de 2019. https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-bonds/venezuelas-ad-hoc-pdvsa-board-begins-payment-on-citgo-backed-2020-bond-idUSKCN1SM1KH

[5] Descifrado. “Comunicado: Pago de intereses del Bono 2020 es la única opción que permite proteger activos del Estado venezolano”. 8 de mayo de 2019. http://www.descifrado.com/2019/05/08/comunicado-del-procurador-especial-sobre-el-pago-de-intereses-del-bono-2020/

Caribbean Style: La empresa con el chavismo se promocionó en EE. UU. a expensas de CITGO

Pese a que tiene un largo historial de denuncias sobre las irregularidades cometidas, la empresa se mantendría operando ante la mirada indiferente de la actual junta directiva de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se habrían valido de Caribbean Style Inc., una empresa registrada en el estado Texas, para triangular y pagar los gastos de viaje, logística de sus agentes, así como de propaganda política de sus gobiernos en Estados Unidos. Tales erogaciones se harían a expensas de CITGO, la filial de Petróleos de Venezuela S.A. en la nación norteamericana, en una trama que busca enmascarar las operaciones irregulares.

Tales acciones se seguirían llevando a cabo a pesar de las denuncias que al respecto se han formulado en diversas ocasiones, aun con la nueva administración de la filial de PDVSA en territorio estadounidense.

Estos hechos tienen tiempo denunciándose y así lo refiere el blog “Las armas del Coronel” hace referencia a una denuncia formulada por Joaquín Chafardett sobre la Fundación Simón Bolívar de CITGO presidida por Gustavo Cárdenas, la cual presuntamente aparejaba a cada donación que otorgaba, toda una estrategia de logística que recaía en Caribbean Style Inc[1].

El escrito de Chafardet se publicó inicialmente en el portal Analítica donde ya no es posible ubicarlo y sólo puede accederse a él, bien a través de la referencia que hace Gustavo Coronel en su blog cuando hace mención a varias de las irregularidades cometidas en la filial de PDVSA en EE. UU., o de Google Groups[2].

La denuncia refería que las operaciones irregulares dirigidas por Cárdenas, contaban con la colaboración del vicepresidente de Asuntos Públicos de CITGO, Daniel Cortez. Agrega que, supuestamente, Modesto Díaz, presidente de Caribbean Style, sería testaferro de Cárdenas y Cortez.

Se precisa que la logística para todos los programas de la Fundación Simón Bolívar era prepagada a Caribbean Style independientemente de si los gastos se ejecutaban o no.

Se cita como ejemplo que las medicinas que CITGO compró para Hugo Chávez cuando estaba enfermo, supuestamente fueron adquiridas a través de Caribbean Style Inc, a la cual se le pagaron con antelación un millón de dólares por gastos de logística.

Asimismo, hace mención a una donación hecha por FSB consistente en 200 implantes auditivos que serían donados en Venezuela, se habría hecho con un presunto sobreprecio de USD 800.000 y siempre con la intermediación de Caribbean Style. A la fecha de la publicación solamente 30 de estos implantes se había entregado a personas afectadas.

CITGO también habría pagado USD 2 millones a Caribbean Style a través de la fundación para cubrir los gastos de logística cuando se encargó que canalizar una donación de USD 6 millones para los afectados por las lluvias en Venezuela. Igualmente se menciona una donación de USD 2.5 millones a Haití contempló gastos de logística cancelados a la referida empresa por USD 800.000. En este caso, en razón de que no había autoridad que controlara la entrada de las donaciones, se habrían facturado productos que no fueron comprados y se canceló una carga que no llegó a la nación caribeña.

Advertía Chafardett que en la “ayuda” brindada por CITGO a los damnificados de las lluvias en Venezuela como a los afectados por el terremoto en Haití, el negocio estaba en la sobrefacturación de los costos de transporte aéreo, habiendo canalizado Caribbean Sytyle Inc tales envíos a través de una empresa llamada Transporte Aéreo Boliviano (TAB).

La denuncia de Joaquín Chafardett incluía el caso de una exposición denominada “Venezuela Matters”, evento que en realidad no se llevó a cabo pero sí fue facturado por una empresa de nombre Nexus, hecho que ocurrió, presuntamente, con la aprobación de Cárdenas quien ordenó el pago de todo lo relacionado con la logística de la exposición. En todo caso —refiere la narración— que el presidente de la FSB habría advertido el jugoso negocio y decidió crear su propia empresa a través de un prestanombres quien, a saber, habría sido Modesto Díaz. Así habría surgido Caribbean Style Inc.

Los hechos irregulares se cuentan por docenas, sin que haya una efectiva investigación sobre los mismos que desemboque en el establecimiento de responsabilidades y la consiguiente sanción y castigo. Para evadir los controles, Chafardett precisó que Cárdenas y Cortez contaban con la presunta complicidad del auditor general de CITGO para la época, a quien no identifica, y de uno de los consultores jurídicos de la filial, Arnaldo Arcay, cuya función era evitar que el resto de los consultores pudieran tener acceso a los contratos de logística. (Arcay ya no está en CITGO).

Operando a pesar de las detenciones directivos de CITGO

Gustavo Cárdenas fue detenido junto con otros cinco directivos de CITGO en noviembre de 2017 por orden del fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, acusados de firmar un contrato internacional con dos empresas financieras con las que estarían negociando una refinanciación de los programas de deuda de CITGO entre los años 2014-2015 y así solicitar préstamos que resultaban desfavorables para PDVSA[3].

Los detenidos fueron José Ángel Pereira Ruimwyk (presidente interino de Citgo), Tomeu Vadell (vicepresidente de refinación), Alirio Zambrano (vicepresidente y gerente general de la refinería de CITGO en Corpus Christi), Jorge Toledo (vicepresidente de suministro y marketing), Gustavo Cárdenas (jefe de relaciones estratégicas con accionistas, gobierno y asuntos públicos) y José Luis Zambrano (vicepresidente de servicios compartidos). A ellos el Tribunal Supremo de Justicia oficialista ordenó abrirles juicio por su pretensión de supuestamente comprometer a CITGO con las empresas financiadoras Frontier Group Management Ltd y Apolo Global Management. También mantuvo la medida de privación de libertad preventiva de estos exdirectivos, imputados por peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista, legitimación de capitales y asociación para delinquir[4].

CITGO, el activo más valioso de Venezuela en el extranjero, se ha convertido en objeto de disputa entre el gobierno de Nicolás Maduro y Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional reconocido como presidente interino de Venezuela por Estados Unidos y más de 50 países. Así, mientras Maduro sostiene que el presidente de CITGO Petroleum Corp es Asdrúbal Chávez —primo del fallecido expresidente Hugo Chávez y aliado cercano del mandatario venezolano al que EE. UU. le retiró la visa— Guaidó designó una nueva junta directiva de la filial que encabeza Luisa Palacios, acompañada de Rick Esser, Edgar Rincón, Ángel Olmeta, Luis Urdaneta y Andrés Eloy Padilla[5].

Pese a esto y a la licencia que el gobierno de los Estados Unidos ha otorgado a Guaidó y sus designados, en el seno de la CITGO seguirían operando funcionarios que han sido y continuarían siendo fichas de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Tal sería el caso de Glenn Hilman, vicepresidente de Servicios Compartidos, quien en mayo de 2018 cuando se desempeñaba como director de compras, junto a los gerentes Brian Paulson y Laymar Peña, apoyaron la compra de vehículos blindados autorizados por el entonces CEO de Citgo, Asdrúbal Chávez y Manuel Quevedo, presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Igualmente, participó de decisiones que permitieron la compra de 8 mil millones de dólares en bienes, equipos y repuestos con dinero proveniente de la venta de petróleo venezolano a CITGO. Igualmente, Rick Esser ignoró las políticas internas para la compra de los referidos vehículos blindados. Se cree que los carros estaban destinados para uso de altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro o para actividades ilegales como el narcotráfico o la explotación ilegal de oro y coltán[6].

Fuentes consultadas para la redacción de esta noche refieren que Glenn Hilman mantiene excelentes relaciones con Asdrúbal Chávez y que Rick Esser, actual vicepresidente de cumplimiento y director de estrategia, habrían mantenido una gestión caracterizada por las irregularidades que comprometieron el presupuesto de CITGO haciéndole perder millones de dólares.

Del mismo modo se asegura que la gestión de Luisa Palacios y el resto de la junta directiva han hecho caso omiso a las denuncias que les han presentado trabajadores en varias oportunidades, habiendo recibido, lejos de receptividad, amenazas por parte del equipo de abogados externos contratados por este directorio.

Las irregularidades de Caribbean Style Inc serían parte de las denuncias desestimadas por las nuevas autoridades de CITGO.

Sobre Caribean Style Inc

El portal Manta refiere que Caribean Style Inc. es una compañía registrada en Houston Texas, cuyo domicilio es el 2350 Bering Drive Apartment 110, Houston, Tx 77057. Teléfono (832) 5338822. Modesto Díaz es el Presidente y Director Ejecutivo.

Informa que se trata de una compañía privada dedicada a la promoción de entretenimiento establecida en 2001[7].

Por su parte, Sunbiz informa que Caribean Style Inc[8] también es una empresa registrada el 19 de agosto de 1996 en el estado de la Florida bajo el número P96000069647, FEI/EIN 65-1132582. Su estatus actual es inactivo, al haberse disuelto administrativamente el 16 de septiembre de 2005.

Reportó como dirección el 9300 NW 25 Street, STE 208, Miami, Fl 33172, que también fue suministrada como dirección postal.

El agente registrador fue Gustavo Villoldo (misma dirección de la empresa), quien asumió como tal desde el 13 de junio de 2002.

En el directorio de la empresa figuraban Raúl Llaneras y Gustavo Villoldo, igualmente con mismo domicilio de la empresa.

[1] Las armas del Coronel. “Citgo debe ser investigada a fondo”. 21 de noviembre de 2011. http://lasarmasdecoronel.blogspot.com/2011/11/citgo-debe-ser-investigada-fondo.html

[2] Google Groups. Joaquín F. Chaffardet. Los herederos del enfermo. 19 de noviembre de 2011. https://groups.google.com/forum/#!topic/soc.culture.venezuela/IavuS0mrrKw

[3] El Cooperante. “José Pereira Ruimwyk, el jerarca de Citgo que ‘guisó’ millones y millones de dólares. 21 de noviembre de 2017. https://elcooperante.com/jose-pereira-ruimwyk-el-jerarca-de-citgo-que-guiso-millones-y-millones-de-dolares/

[4] Tal Cual. “Tribunal ordena abrir juicio contra directivos de Citgo involucrados en corrupción”. 7 de junio de 2019. https://talcualdigital.com/index.php/2019/06/07/tribunal-ordena-abrir-juicio-contra-directivos-de-citgo-involucrados-en-corrupcion/

[5] Banca y Negocios. “¿Quién es quién en la junta directiva de Citgo?”. 23 de febrero de 2019. http://www.bancaynegocios.com/quien-es-quien-en-la-junta-directiva-de-citgo/

[6] Miami Diario. “Gerentes de Citgo aprobaron compra de vehículos blindados para PDVSA en Miami”. 5 de mayo de 2019. https://miamidiario.com/gerentes-de-citgo-aprobaron-compra-de-vehiculos-blindados-para-pdvsa-en-miami/

[7] Manta. Caribbean Style Inc. https://www.manta.com/c/mttwxlf/caribbean-style-inc

[8] Sunbiz, Division of Corporations. Caribean Style Inc. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=CARIBBEANSTYLE%20P960000696470&aggregateId=domp-p96000069647-511c1d3c-c0f2-436a-929e-87d5788df024&searchTerm=Caribbean%20Style&listNameOrder=CARIBBEANSTYLE%20J993700

Informe revela presuntas prácticas fraudulentas y corruptas cometidas en CITGO

Despedida por la administración de Nelson Martínez, la exfuncionaria de la filial petrolera, Marisol Gómez insiste en sus acusaciones sobre retaliación cometida en su contra por supuestamente haberse opuesto a las irregularidades implementadas por quien fue presidente de la principal industria venezolana.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

La exvicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO Petroleum Corporation, Marisol Gómez de Vergara, denunció las supuestas prácticas fraudulentas y corruptas cometidas por la administración de Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas, ante la nueva presidenta de la junta directiva ad hoc de la filial de Petróleos de Venezuela S.A. en Estados Unidos, a quien hizo llegar una serie de documentos que así lo probarían, entre ellos un informe remitido a Asdrúbal Chávez en noviembre de 2018, cuando este ocupó la presidencia de la empresa.

Comunicación a Luisa Palacios

El 3 de mayo de 2019, Marisol Gómez de Vergara remitió un correo electrónico a Luisa Palacios, presidenta de la junta directiva de CITGO, en el que hacía referencia a un caso de retaliación en su contra. La comunicación se emitió con copia a Ángel Olmeta, Édgar Rincón, Luis Urdaneta y Andrés Padilla, también integrantes de la directiva de la empresa. Se exceptuó a Rick Esser.

Luego de presentarse con ex-trabajadora de PDVSA y CITGO donde llegó a ocupar la Vicepresidencia de Recursos Humanos, Gómez refirió las acciones que venía desplegando desde hacía dos años (a la fecha de la comunicación) para denunciar la referida retaliación de la que se decía objeto desde marzo de 2017 por parte de la filial estadounidense. Precisó que tal accionar contra ella se debía —según su punto de vista— a haberse negado “en múltiples ocasiones de formar parte de transacciones ilegales dentro de la dinámica corrupta y delictiva mantenida por Nelson Martínez y su equipo de trabajo [la cual se] venía practicando dentro de la empresa”.

La comunicación de Marisol Gómez a Luisa Palacios iba acompañada de un conjunto de documentos que, de acuerdo a su visión, muestran “los hechos, retaliaciones, y nombres de personas responsables aún activas en CITGO y las acciones que me ha correspondido asumir”.   

Los anexos consistían en: 1) Carta ilustrativa del escenario y retaliaciones de la gerencia en su contra; 2) Informe confidencial para la gerencia de CITGO donde se reportaban formalmente las retaliaciones en su contra cometidas por Nelson Martínez, José Pereira, y Gustavo Cárdenas; 3) Informe a la Gerencia de CITGO sobre hechos de fraude, conductas no éticas, y maltratos contra empleados honestos que cumplieron con su deber al reportar casos de corrupción en la filial; 4) Correos electrónicos que supuestamente evidenciaban el abuso de poder y las violaciones de derechos a los trabajadores por parte de Judith Colbert, “actual consultora legal de CITGO, al bloquear arbitraria e ilegalmente la investigación sobre las retaliaciones en mi contra ordenada por la gerencia de CITGO”.

Respecto al último punto, refirió que Colbert en contra de las políticas y procedimientos internos de CITGO, ordenó a Cristina Hernández, abogada de Logan terminar la investigación interna contratada por la gerencia de la empresa, “una acción no ética nunca registrada en la empresa” con el presunto propósito de ocultar los resultados de la averiguación a la nueva junta de directiva que Luisa Palacios preside. Instó a dicha directiva a determinar si tal acción ilegal fue ejecutada en coalición con Glenn Hilman, Rick Esser y las gerentes de recursos humanos, Germain Tuner y Trina García. 

Gómez de Vergara en la comunicación solicitó una reunión con Palacios y los miembros de la junta directiva o sus representantes con el objetivo de exponer “con sus debidos soportes los hechos y conductas ilegales por parte de Nelson Martínez, José Pereira, Gustavo Cárdenas, Judith Colbert y otros directores que soportaron y continúan con conductas ilegales y el poder de seguir intimidando a los empleados, comportamiento que estoy segura va en contra de la ética y el profesionalismo de la nueva junta directiva nombrada por el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó”.

Terminó la correspondencia conminando a la junta directiva presidida por Luisa Palacios a “tomar las acciones correspondientes por el bien de Venezuela, CITGO y así honrar la justicia”.

El informe a Asdrúbal Chávez

El 9 de noviembre de 2018 Marisol Gómez de Vergara remitió a la administración de CITGO Petroleum Corporation encabezada por Asdrúbal Chávez, un informe en el que expuso el presunto acoso y discriminación de que supuestamente fue objeto por parte de Nelson Martínez (expresidente de PDVSA), José Pereira (expresidente de CITGO) y Gustavo Cárdenas (gerente general de la oficina de la presidencia de CITGO). El documento se remitió con copia a Frank Gygax, Alejandro Escarrá y Rick Esser.

En primer término, Gómez de Vergara refirió fue había sido designada Vicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO en Houston, Texas, por la junta directiva de PDVSA el 1° de noviembre de 2014, habiendo tenido —según su apreciación— un excelente desempeño y contribución a la filial en el periodo 2014-2017, cuando conformó un equipo profesional de Recursos Humanos en solo un año, y al haber implementado una cartera de beneficios sólidos, que incluían: “un modelo de compensación alineado con los percentiles de compensación del mercado; un incentivo de desempeño que permitió incluir al grupo base de ingenieros y erradicar la práctica de beneficiarse solo en los niveles superiores; un incentivo recreativo, este beneficio no existe en la cartera de otras empresas de la industria; un incentivo de responsabilidad, reconociendo la contribución necesaria de las posiciones comerciales centrales y estableciendo responsabilidades de compromiso adicionales; un plan anual de aumento de méritos de acuerdo con criterios administrativos y períodos justos con énfasis en salarios progresivos y graduales; un novedoso incentivo rotativo para el liderazgo que reconoce y motiva el desarrollo de nuevos gerentes y la sucesión operativa”.

Seguidamente, hizo mención a la naturaleza de su queja y explicó que detectó y denunció actividades inapropiadas en las funciones de compensación, contratación y se negó a obedecer órdenes ilegales en violación de las leyes federales, laborales y de inmigración de los Estados Unidos dictadas por Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas. El resultado de tal denuncia fueron, supuestamente, una serie de represalias en su contra que condujeron al cese de sus funciones el 13 de marzo de 2017.

Agregó que entre 2014 y 2017, padeció un ambiente de trabajo hostil por instrucciones de Nelson Martínez con respaldo de José Pereira, Gustavo Cárdenas y otros gerentes de CITGO que supuestamente se confabularon para cometer actos ilegales en detrimento del interés de los accionistas de CITGO.

Según el documento, denunció la conducta inapropiada y violaciones de las leyes federales de los Estados Unidos a la gerencia de CITGO y a la Junta Directiva de PDVSA en 2017 y 2018.

Los hechos, según Gómez

En esta sección del informe, Marisol Gómez refiere que paralelo a la Vicepresidencia de Recursos Humanos en CITGO, formó parte de varios comités, entre ellos el de cumplimiento de CITGO, el cual tenía como objetivo garantizar que la empresa mantenga los controles establecidos de modo garantizar que todos los empleados y directores sigan las políticas, procedimientos y las leyes.

Al respecto, indicó que entre 2014 y 2017, los miembros del citado comité de cumplimiento revisaron e investigaron varios casos relacionados con el incumplimiento de las políticas de la compañía que tenían que ver con la violación de los controles internos, fraude de compras, conflicto de intereses, contratos de suministro y comercialización contra el interés de CITGO y PDVSA, “entre otras prácticas poco éticas cometidas por terceros y directores, gerentes y empleados de CITGO/PDVSA”.

Dijo que ella y el resto de los miembros del comité de cumplimiento implementaron varios controles, entre ellos “el bloqueo de más de 700 entidades propias de ciudadanos venezolanos con fuertes vínculos con PDVSA o funcionarios del gobierno que arrancaron las ganancias de los activos de CITGO y PDVSA”.

Explicó que supuestamente estas entidades de terceros fueron introducidas en CITGO por Nelson Martínez y registradas ilegalmente en la lista maestra de proveedores de la filial sin control alguno, habiendo incurrido las mismas en cobro de significativos sobreprecios que rondaban del 200 a más del 1.000 por ciento en el material y el equipo adquirido por la filial en nombre de PDVSA. El comité de cumplimiento investigó y determinó que Nelson Martínez, Ramiro Rodríguez, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh, Brian Paulson, Laymar Peña y otros agentes de adquisiciones, aprobaron transacciones-contratos y otras actividades ilegales.

La denuncia de Marisol Gómez sostiene que supuestamente Nelson Martínez, coludido con José Pereira, José Luis Zambrano y Gustavo Cárdenas, acometieron operaciones ilegales y poco éticas en recursos humanos, adquisiciones, suministro y comercialización, así como en otras áreas.

Igualmente dijo que las violaciones del proceso de contratación fueron instrumentadas desde 2013 por Nelson Martínez valiéndose de su investidura como presidente de PDVSA para burlar los controles de recursos humanos de CITGO. En tal sentido, se habrían violado desde la alta gerencia los derechos de los empleados, al tiempo que se implementó el acoso y la aplicación de represalias como prácticas comunes en su administración.

Gómez se refirió también a un conjunto de transferencias, contrataciones y promociones que fueron rechazadas por ella cuando estuvo al frente de la vicepresidencia de recursos humanos. Indicó que ella y su equipo, sustentados en análisis técnicos, objetaron la transferencia o la contratación de varios empleados recomendados por Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas, en razón de que los candidatos no tenían la experiencia, conocimiento técnico, ni la calificación para ocupar los puestos. A pesar de esto y del control interno, Martínez, Pereira y Cárdenas forzaron la contratación de estas personas y se crearon varios puestos de trabajo sin que existiera la necesidad operativa.

Los contratados irregularmente

De acuerdo a su narración de los hechos, Marisol Gómez explicó a la alta gerencia que estas situaciones estaban en contra de los procedimientos internos regulares, pero se impuso la presión de Martínez y Pereira a través de Gustavo Cárdenas, siendo el resultado la autorización de documentos de recursos humanos para contratar y promover a personas no calificadas en varias funciones de CITGO.

   Entre las personas contratadas de manera irregular bajo el procedimiento antes expuesto, habrían ingresado a la filial, en primer lugar, Melissa Martínez —hija de Nelson Martínez— quien fue designada vicepresidenta de la Fundación Simón Bolívar, la cual administraba USD 17 millones en donaciones de CITGO Petroleum Corporation al año. Marisol Gómez subrayó que Melissa Martínez carecía de la experiencia laboral necesaria para ocupar tal posición.

    Otro caso fue el de John Pereira —hijo de José Pereira— quien fue trasladado desde PDVSA-Oriente a la Gerencia de adquisiciones de CITGO Aruba, sin que su hoja de vida exhibiera experiencia alguna ni conocimientos en materia de compras. De este modo, la alta gerencia ignoró a otros candidatos con vasta experiencia en el campo de adquisiciones. En tal sentido, Marisol Gómez expuso en su informe que por su objeción recibió varias acciones en represalia de parte de José Pereira.

    Rubén González —pariente de Nelson Martínez— también formó parte de la lista de ingresos irregulares a CITGO aupados desde la alta gerencia de la empresa. En este caso, el familiar de Martínez fue contratado sin que mediara para ello el proceso formal de reclutamiento y contratación. Esta persona, de acuerdo a la versión de Marisol Gómez, está involucrada en supuestos casos de corrupción y fraude liderados por su hermano José Manuel González Testino y Nelson Martínez en PDVAL, Corpoelec y otros entes del gobierno venezolano. El informe refiere que Rubén González influyó en las transacciones de adquisición de CITGO con ISG Global, Petroleum Logistics, Rexel y otras empresas fantasmas propiedad de Manuel González Testino y Tulio Farías.

    Bajo esta modalidad igualmente habrían ingresado a CITGO, Juan Pacheco, Lilian Tenorio y Laymar Peña, quienes en la posición de contratistas de adquisiciones de proyectos especiales contratados por Ramiro Rodríguez y Nelson Martínez se desempeñaron previamente en PDVSA Services (PSI) y con entidades intermediarias que persiguen contratos con CITGO. De acuerdo a Marisol Gómez, estos contratistas junto con Ramiro Rodríguez llevaron a cabo varias transacciones de adquisiciones fraudulentas en CITGO. Indicó que los resultados de una investigación realizada por una firma de abogados externa, solicitada por CITGO Legal, Recursos Humanos, Auditoría Interna y el grupo de contralores, muestra irregularidades en varias operaciones aprobadas por Glenn Hilman, Ramiro Rodríguez y Nelson Martínez.

     Martínez también habría ordenado la contratación de su amiga personal, Bibi Albarrán, en el área de adquisiciones en un nuevo puesto creado especialmente para ella en Miami, Florida. Una posición en la que carecía de responsabilidades y no contaba con la supervisión de los gerentes de adquisiciones de CITGO, dado que la filial no tiene oficinas en esa ciudad. Como en los casos anteriores, Bibi Albarrán carecía de experiencia en adquisiciones.

     En su informe a Asdrúbal Chávez, Marisol Gómez denunció que el procedimiento de Recursos Humanos número 060-50 de CITGO, denominado “Proceso de selección y contratación de contratistas”, el cual proporciona pautas formales para la selección y contratación de contratistas fue violado por Nelson Martínez y otros directores-gerentes quienes pasaron por alto los controles internos a las personas contratadas de su preferencia, así como los requisitos para validar la experiencia laboral y los títulos educativos, los cuales fueron anulados por los gerentes que aprobaron la contratación.

    Refirió Gómez de Vergara que las prácticas de contratación de Nelson Martínez y Ramiro Rodríguez no fueron adecuadas y carecían de la documentación necesaria para instrumentar un proceso de contratación justo y profesional, dado que los candidatos no cumplieron con los requisitos mínimos exigidos para ocupar los puestos de trabajo. Narró que, por ejemplo, en varios casos, el gerente de contratación entrevistó a un solo candidato aun cuando había varios candidatos calificados, pasando además por alto el requisito de que un representante de Recursos Humanos participara en el proceso de la entrevista. Ante esta situación, Gómez habría solicitado una auditoría interna sobre este proceso de ingreso de los contratistas de adquisiciones, identificándose debilidades significativas que se informaron a la gerencia. Nelson Martínez y Ramiro Rodríguez evitaron tomar medidas disciplinarias contra los gerentes, empleados y contratistas de CITGO que eludieron los controles internos.

Represalias contra los directores

   De seguido, Marisol Gómez pasó a exponer que en 2017, Nelson Martínez, José Pereira, Gustavo Cárdenas y José Luis Zambrano decidieron tomar represalias contra los directores, gerentes y otros empleados de CITGO que denunciaron conductas poco éticas y actos ilegales dirigidos por la administración de Martínez.

    Fue así —de acuerdo a la exposición de Gómez de Vergara— que habiendo sido designado José Pereira como CEO interino de CITGO y Nelson Martínez presidente de PDVSA, supuestamente se coludieron con Gustavo Cárdenas para terminar, transferir u obligar a la jubilación de directores, gerentes y empleados que pudieran interferir con sus planes ilegales.

   De este modo, tomaron represalias contra todos los directores clave que habían informado previamente las irregularidades, para así obtener el control de sus funciones. Fue así como todos los que denunciaron las irregularidades y transacciones fraudulentas cometidas presuntamente por Nelson Martínez, José Pereira, Gustavo Cárdenas, así como por los gerentes de compras de CITGO, entre ellos, Glenn Hilman, Ramiro Rodríguez, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh, entre otros, fueron reprendidos.

    Marisol Gómez de Vergara informó a Asdrúbal Chávez de aumentos salariales no respaldados y cálculos de bonificaciones sin que siguieran los parámetros y cálculos técnicos de Recursos Humanos por parte de Nelson Martínez. Explicó que aquellos empleados que siguieran las directrices de Nelson Martínez para supuestamente cometer actividades comerciales fraudulentas y poco éticas, eran beneficiados con aumentos salariales y bonificaciones cuyas pautas eran dictadas directamente por Martínez sin regirse por las políticas aprobadas por la junta directiva de PDVSA.

Quejas de los empleados

   Marisol Gómez refirió a Asdrúbal Chávez que los empleados informaron confidencialmente las quejas relacionadas con comportamientos poco éticos de Nelson Martínez, Ramiro Rodríguez, Glenn Hilman y Brian Paulson.

   De este modo, dijo que Carlie Neubauer, Gerente de Adquisiciones Corporativas dio a conocer muchas prácticas de adquisición cuestionables por parte de los agentes de proyectos especiales, Ramiro Rodríguez y Juan Pacheco, quienes fueron retirados de CITGO. Refirió que al momento de la comunicación otros de estos agentes seguían empleados en la filial. Marisol Gómez indicó que estas personas favorecieron a las entidades intermediarias, presentaron ofertas falsas, enviaron ofertas a los vendedores en diferentes días y les dieron a los vendedores tiempos de respuesta irrazonables.

    Gómez dice en el informe que Ramiro Rodríguez, José Luis Zambrano, Glenn Hilman, José Luis De Jongh, Laymar Peña, Juan Pacheco y otros agentes de compras fueron protegidos por Nelson Martínez. Agregó que el comité de cumplimiento formado por ella, Jeff Bednar (legal), John Butts (controlador) y Franklin Domond (Auditor General) fueron objeto de represalias por parte de Nelson Martínez y José Pereira al haber implementado nuevos controles correctivos e investigar casos relacionados con el fraude cometidos en los Proyectos Especiales. Refirió que Carlie Neubauer fue objeto de represalias y discriminación por parte de Glenn Hilman y fue transferida a otro puesto no relacionado con sus muchos años de experiencia en adquisiciones. Neubauer se vio obligada a renunciar a CITGO.

     Marisol Gómez cita luego el caso de Robert B. Bailey, Gerente de CPC, quien informó que Rubén González, un empleado de CITGO, firmó un contrato en nombre de Petroleum Logistics junto con Nelson Martínez. Según lo narrado por Gómez de Vergara, Bailey también habría informado que los contratistas de adquisiciones trabajaban previamente con entidades intermediarias y estaban influyendo en los procesos de adquisición. La versión refiere que Nelson Martínez presuntamente no quería tomar ninguna medida contra Rubén González y los agentes de adquisiciones por las violaciones debido a conflictos de intereses.

   Entretanto, narró el caso de Ana Aguirre, Gerente de Adquisiciones de Lubricantes, quien dio a conocer a CITGO Legal los hallazgos y documentos de respaldo relacionados con las transacciones de adquisiciones para PDVSA donde solo dos entidades intermediarias estaban ganando ofertas mientras que todas las demás fueron descalificadas. Gómez refirió a Asdrúbal Chávez que estos reclamos fueron investigados por auditorías internas y abogados externos y los resultados arrojaron pruebas suficientes de que Juan Pacheco, Laymar Peña, Ramiro Rodríguez y otros agentes manipularon los procesos de adquisición. Agregó que Nelson Martínez supuestamente se opuso a la aplicación de cualquier acción disciplinaria a estos empleados. Ramiro Rodríguez recibió la orden de regresar a Venezuela y fue arrestado por otro caso de fraude.

     Según lo expuesto, los resultados de la investigación llevaron al comité de cumplimiento a decidir el rescindir el contrato de Juan Pacheco con CITGO, pero Nelson Martínez alegó que los señalamientos sólo respondían a los comentarios a Marisol Gómez y los miembros del comité.

    Destaca Marisol Gómez que luego del arresto de Nelson Martínez, José Luis Zambrano y José Pereira en Venezuela, Ana Aguirre supuestamente habría visto a Laymar Peña destruyendo evidencia de transacciones de compra realizadas por ella y Zambrano, lo cual es absolutamente ilegal. Según Ana Aguirre, Glenn Hilman y Brian Paulson desestimaron todas sus acusaciones contra Laymar Peña y no investigaron los reclamos y, por el contrario, fue protegida por los gerentes de adquisiciones, mientras que Aguirre fue objeto de acoso y acciones discriminatorias por parte de Brian Paulson. Ana Aguirre se habría visto obligada a renunciar a CITGO.

   A su vez, April Dickson, Paralegal Comercial, informó de actividades cuestionables cometidas supuestamente por Ramiro Rodríguez y Juan Pacheco en violación de la Política de Ética Comercial y Conflicto de Intereses de la Compañía. Estos empleados fueron protegidos por Nelson Martínez. Dickson, pese a la efectividad de su trabajo, fue discriminada por José Pereira por sus revelaciones acerca de muchos casos irregulares. Supuestamente, Dickson fue incluida en una lista negra por parte de la gerencia y quedó fuera del equipo de cumplimiento dirigido por Rick Esser.

Denuncias confidenciales y otros casos

   Por vía confidencial, otros empleados de CITGO presentaron quejas contra Nelson Martínez Ramiro Rodríguez, Juan Pacheco y otros directores de adquisiciones relacionados con malversación de fondos al "Otorgar negocios a proveedores por costos más altos y favorecer a empresas como Southern Procurement Services (SPS)".

    Igualmente refirieron violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, dado que “El departamento de Compras parece estar realizando actividades sospechosas con el nuevo proyecto de compras que Ramiro está dirigiendo. Los empleados de PDVSA de Venezuela están tratando con muchos distribuidores y no creen que hayan sido provistos correctamente”.

   También denunciaron conflicto de intereses, debido a la "Contratación de contratistas de compras que fueron despedidos de PDVSA y PSI".

     Marisol Gómez llevó a cabo un trabajo conjunto —según expuso en el informe— con los miembros del Comité de Cumplimiento, Auditoría Interna, Legal y el departamento del controlador para abordar las reclamaciones y mejorar los procesos de la empresa, pero Nelson Martínez, José Pereira, Glenn Hilman y José Luis Zambrano habrían ignorado las acciones disciplinarias recomendadas contra los empleados que habían cometido irregularidades.

    Martínez, Pereira y Cárdenas habrían tomado represalias contra Marisol Gómez, Jeff Bednar, Franklin Domond y John Butts por haber implementado controles internos para mitigar el fraude. Según Gómez, Nelson Martínez intimidó a estos directores en varias reuniones en su oficina por informar y abordar irregularidades, violaciones de controles internos y comportamientos poco éticos.

GFC Consultores LLC

      Nelson Martínez habría dispuesto la contratación de los servicios de consultoría de GFC Consultores LLC para trabajar en Recursos Humanos y otras áreas, aun cuando no habían sido solicitados por ninguna de las vicepresidencias de negocios ni estaban incluidos en el presupuesto. Puntualiza Marisol Gómez que GFC Consultores LLC es una empresa registrada el 18 de julio de 2013, en Florida, por Gustavo Felice, un pariente de Nelson Martínez. La firma tiene direcciones registradas en Weston, FL 2800, Glades Cir Weston, FL 33327 y 4329 Vineyard Cir Weston, FL 33332.

     Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas —de acuerdo al informe— presionaron a Marisol Gómez y otros vicepresidentes de CITGO para que contrataran los servicios ofrecidos por la empresa de su familiar.

     Indica el reporte, que las facturas de GFC reflejan cargos por banquetes, eventos, comidas, mejoras y reparaciones para los hogares personales de los empleados, regalos y otros gastos personales para los ejecutivos de CITGO y PDVSA y sus familias. Los cargos de GFC incluyeron sobreprecios significativos.

    Los pagos a GFC Consultores LLC fueron autorizados por Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas a través de las cuentas bancarias de PDV USA y CITGO, sin que se hubiese producido la revisión adecuada de los bienes y servicios cobrados por GFC. De este modo, bajo la administración de Martínez, GFC recibió pagos por USD 6.164.823 entre octubre de 2014 y noviembre de 2017; USD 4.576.784 de PDV USA y USD 1.588.039 de CITGO.

Cambios en el fondo de pensiones

   El reporte de Marisol Gómez remitido a Asdrúbal Chávez hace mención a los cambios “poco éticos” en el fondo de pensiones de CITGO, lo cual se instrumentó por decisión de Nelson Martínez, quien solicitó su modificación.

  La denunciante refiere que un estudio técnico realizado por Recursos Humanos y Finanzas de CITGO mostró resultados de que la filial tendría un enorme impacto financiero negativo a mediano plazo con la implementación del referido cambio.

   Tal modificación habría obedecido al deseo de Nelson Martínez de ser considerado como un empleado jubilado, al agregar siete años adicionales a todos los empleados de Venezuela —alrededor de 35 empleados— y para ello supuestamente presionó a Marisol Gómez a objeto de que presentara esta propuesta ante la Junta de Directores de PDVSA y así lograr que sus 40 años de servicio fueran considerados como todos desempeñados en CITGO. Gómez se habría opuesto alegando que tal modificación significaría la duplicación del beneficio, puesto que para la fecha ya Nelson Martínez estaba considerado dentro del sistema de jubilación de PDVSA. El grupo del contralor, John Butts y Bob Shoemaker prepararon una presentación para explicar a la alta gerencia por qué esto el cambio era negativo para CITGO.

   Por sus objeciones en este caso, Marisol Gómez habría sido objeto de hostigamiento adicional y acciones discriminatorias, incluidas amenazas, comentarios, hostilidad e intimidación por parte de Nelson Martínez.

    Finalmente, los servicios de Marisol Gómez fueron rescindidos en marzo de 2017, una decisión adoptada —según su punto de vista— por su oposición a seguir prácticas fraudulentas y poco éticas ordenadas por Nelson Martínez.

   En noviembre de 2017, José Luis Zambrano, José Pereira y Nelson Martínez fueron arrestados en Venezuela por conspiración para cometer un delito. Sólo este hecho impidió la implementación de los cambios pretendidos por Martínez en el fondo de pensiones de CITGO.

Retaliaciones contra los empleados y otras irregularidades

   Los empleados de CITGO también habrían sido objeto de retaliaciones por parte de Nelson Martínez y José Pereira, como medida para asegurarse que denunciaran sus irregularidades ante los nuevos miembros de la junta directiva de PDVSA.

   De este modo, Pereira y Cárdenas eliminaron el cargo de Vicepresidente de Recursos Humanos y dichas funciones pasaron a manos de José Luis Zambrano, Vicepresidente de Servicios Compartidos y quien, según el informe de Gómez, está involucrado en varias transacciones de adquisiciones fraudulentas para favorecer entidades intermediarias y la aprobación de sobreprecios significativos junto con Nelson Martínez, Glenn Hilman y Jose Luis De Jongh. De hecho, varias de las solicitudes de Martínez comenzaron a implementarse luego de que Zambrano asumió el cargo.

    José Pereira y José Luis Zambrano habrían contratado a parientes y allegados no calificados para ocupar puestos clave en CITGO, habiendo implementado aumentos de sueldos sin el apoyo de cálculos técnicos adecuados y promociones justificadas por méritos, así como bonificaciones que excedieron los parámetros aprobados por Junta Directiva de PDVSA. Para ello crearon un comité de compensación para aprobar salarios y bonificaciones fuera de los períodos regulares establecidos en las políticas de compensación de CITGO aprobadas por la junta directiva de PDVSA.

    Refiere Marisol Gómez que supuestamente el hostigamiento y las acciones discriminatorias se extendieron a los miembros cercanos a su equipo de trabajo, a saber Edgar Ordorica, Patricia Milano y Karie Oquinn, quienes fueron objeto de represalias por parte de Nelson Martínez, José Pereira y José Luis Zambrano. Estos trabajadores fueron transferidos a otros cargos.

    Asimismo, Iván Cordero, Freddy Gómez y Liz Aguilar fueron despedidos a pesar de haber tenido un buen desempeño. A la salida de Marisol Gómez en marzo de 2017, Jeff Bednar y Eduardo Assef se habrían visto obligados a retirarse, mientras que Franklin Domond fue despedido y John Butts fue transferido a un puesto inferior bajo las órdenes de un director con menos experiencia que él.

    Entre 2017 y 2018, José Pereira, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh y Rick Esser —sostiene Gómez de Vergara— supuestamente manipularon controles internos para satisfacer las exigencias de Nelson Martínez. Habrían desbloqueado entidades intermediarias y les asignaron contratos de adquisición y pagos por más de USD 60 millones.

    En 2018, las agencias policiales estadounidenses arrestaron a varios propietarios y empleados de estas entidades intermediarias con contratos importantes con CITGO y PDVSA.

   Aseguró Marisol Gómez de Vergara que fue despedida por Nelson Martínez aun cuando este no estaba facultado para ello, pues al haber sido designada por la junta directiva de PDVSA, sólo esta entidad tenía la potestad de removerla de su cargo.

    Subrayó que la ley federal penaliza las represalias o cualquier acción perjudicial contra los empleados, incluida la interferencia con el empleo legal o el sustento de cualquier persona por proporcionar información veraz relacionada con irregularidades o violaciones de las leyes federales. “Además, las políticas de CITGO prohíben las represalias y el acoso contra los empleados”.

     A pesar de haber negado vehementemente la aplicación de este tipo de políticas, Rick Esser como Oficial de Cumplimiento de CITGO no habría cumplido su palabra y evitó investigar las denuncias al respecto y la presunta conducta poco ética de Nelson Martínez.

   En tal sentido, Marisol Gómez instó a que Esser ponga en práctica las averiguaciones de acuerdo con las políticas corporativas de CITGO.

Crisis de Venezuela eleva el costo de cualquier programa de restructuración de la deuda de Citgo

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El pasado 21 de noviembre de 2017, el fiscal general de la república designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, afirmó en rueda de prensa ofrecida desde la sede principal del Ministerio Público, que los altos ejecutivos a los cuales imputó ese despacho, comprometieron el futuro de la filial de Petróleos de Venezuela, S.A., Citgo, al haber suscrito un contrato de financiamiento que puso en riesgo a la empresa. Se refería el funcionario al proyecto de reestructuración de la deuda de CITGO-CITGO Holding presentadas por las firmas Apollo y Frontier, el cual según Saab buscaba hipotecar a la compañía.

Acusó el titular del Ministerio Público madurista que el contrato con Frontier/Apollo hipotecaba a Citgo, pues las condiciones de los préstamos resultaban absolutamente desfavorables para la PDVSA al ponerse a filial de petrolera en Estados Unidos como garantía de la propia empresa, con lo que se comprometía el patrimonio de Venezuela. Refirió Saab que este contrato de financiamiento por 4 mil millones de dólares fue suscrito sin el visto bueno del Poder Ejecutivo.

“Pudimos comprobar que la alta gerencia de Citgo Petroleum Corporation valiéndose de su investidura como representantes legales de la filial, el pasado 16 de julio del año 2017, firmaron un acuerdo internacional con las empresas financieras Frontier Group Management LTD y Apollo Global Management LLC, basándose para la firma de ese contrato en una presunta refinanciación de los programas de deuda del año 2014 y 2015, para solicitar por esta vía préstamos en condiciones totalmente leoninas, desfavorables, para nuestra principal industria como es PDVSA y, lo más grave, ofreciendo como garantía, nada más y nada menos, que a la propia filial Citgo”, dijo Saab en esa ocasión.

Refirió que con la firma de este contrato de refinanciamiento se estaba comprometiendo, no solamente el futuro de Citgo, sino también el patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela, pues este acuerdo contemplaba un financiamiento “por un monto de hasta 4 mil millones de dólares, sin contar, por supuesto, para la firma de este contrato, con el beneplácito del Ejecutivo Nacional, es decir, lo hicieron con total discrecionalidad, extralimitándose de sus propias funciones, sin siquiera coordinar o comunicar a las más altas autoridades componentes, exponiendo a la filial petrolera a una posible situación de índole penal por incumplimiento que pudiese ocurrir, obviamente, de los diferentes contratos que estos han suscrito”.

Refirió que Citgo es la filial más grande de PDVSA y es  la principal empresa refinadora de petróleo y comercializadora de gasolina, lubricantes y petroquímicos que tiene Venezuela en los Estados Unidos.

Ante tales hechos, el fiscal Tarek William Saab comisionó al fiscal 55 nacional con competencia plena, quien en coordinación con el tribunal tercero de control del área metropolitana de Caracas, emitió órdenes de aprehensión en contra de seis directivos de Citgo a quienes se acusó de los delitos peculado doloso propio, concierto de funcionario público con contratista, legitimación de capitales y asociación.

Pero a estas afirmaciones del fiscal general de la república designado por la Asamblea Nacional Constituyente, se ven contradichas por el acta correspondiente a la reunión N-2017-17 de la junta directiva de Petróleos de Venezuela, S.A.,  que se celebró el día 14 de junio de 2017, en la que se da cuenta de que el cuerpo ejecutivo de la petrolera venezolana sí estaba al tanto de la propuesta de refinanciamiento y conocía todos los pormenores de la negociación, pues con su firma del acta así lo reconocieron y autorizaron. Una suscripción que tuvo lugar luego de que la Consultoría Jurídica de PDVSA hizo la revisión correspondiente del acuerdo y que dio pie al inicio de las negociaciones.

Cabe destacar que la junta directiva de PDVSA para ese momento —es decir quienes avalaron con su firma el contrato de reestructuración de la deuda de Citgo— estaba conformada por Eulogio Del Pino (presidente); Maribel Parra (VP-Ejecutivo); Delcy Eloina Rodríguez (Vicepresidente); Mariany Gómez (VP); César Triana (V.P); Nelson Ferrer (VP); Yurbis Gómez (Directora Externa; Wils Rangel (Director Externo); Ricardo Menéndez (Director Externo); Rodolfo Marcos Torres (Director Externo); José Pereira (Presidente Internacional de Citgo); Vicky Zárate (Consultora Jurídica de PDVSA).

Es menester dejar sentado que luego del paro petrolero del año 2002, Citgo se erigió como la principal fuente de ingresos de PDVSA, al aportar más de 10 mil millones de dólares sólo en dividendos. Por ejemplo, según información emanada de la propia estatal, en el año 2005, Petróleos de Venezuela recibió 88 millones de dólares adicionales en dividendos provenientes de esta filial en Estados Unidos, los cuales correspondían a los balances de octubre y noviembre de 2005, aprobados por la Junta Directiva  de Citgo Petroleum Corporation, según refiere una información publicada en la página web de la empresa 19 de diciembre 2005.

Para ese entonces, el ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, sostuvo que “los dividendos pagados para el año 2005 reflejan la plena alineación de CITGO con PDVSA y la integración de las operaciones de refinación de Petróleos de Venezuela en el ámbito mundial”. Entretanto, Alejandro Granado, vicepresidente de Refinación de PDVSA, agregó que “con estos desembolsos los dividendos pagados por CITGO a Petróleos de Venezuela en el 2005 alcanzan la cantidad de 785 millones de dólares”[1].

Igualmente, el 19 de mayo de 2013 la misma fuente oficial dio a conocer que Citgo “declaró un dividendo de 461 millones de dólares para el primer trimestre de 2013, monto que se pagará a Venezuela el próximo 20 de mayo. Esta cifra constituye un récord de ganancias para un trimestre desde 2009”[2].

La crisis financiera de los años 2008 y 2009 fue posible afrontarla para Citgo en medio de la vorágine que Estados Unidos vivía para el momento, y de acuerdo a las cifras presentadas para la época la corporación consiguió un plan de financiamiento, que implicó la hipoteca de los principales activos de la filial y que le permitieron soportar los préstamos obtenidos en medio un ambiente financiero muy adverso.

Por otra parte, entre los años 2016 y 2017 Petróleos de Venezuela, S.A., decidió hipotecar las acciones de las filiales madres de CITGO, a saber, PDV Holding y Citgo Holding, en operaciones de bonos y con el financiamiento con Rosneft por solo 1.5 millardos de dólares.

Una nota publicada por el portal Gestión, refiere que PDVSA para obtener dinero solicitó a los tenedores de bonos que cancelaran sus obligaciones negociables que para ese momentos estaban a punto de vencer por títulos a más largo plazo respaldados por una participación de 50.1 por ciento en su activo con mejor desempeño, a saber Citgo, cuyo valor según la estatal petrolera venezolana asciende a los 8 mil 300 millones de dólares, cifra que los especialistas estiman inflada y aseguran que en realidad la filial tiene un valor que llega a apenas la mitad de la cantidad citada.

La información reseña, además, que “en Caracas, el proyecto de utilizar a Citgo como garantía colateral ha generado alboroto en el Congreso, en tanto la oposición acelera los esfuerzos destinados a destituir a Nicolás Maduro, el sucesor elegido por Chávez. El presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, fue convocado para explicar el canje de deuda en medio de exigencias de una investigación más exhaustiva”[3].

Los reportes de filial de PDVSA en los Estados Unidos señalan que la empresa ya enfrentaba una severa crisis de endeudamiento mucho antes de que el fiscal Saab denunciara que los problemas de Citgo obedecían al programa de refinanciamiento de su deuda establecido con las financistas Frontier Group Maganement LTD y Apollo Global Maganement LLC.

La grave situación financiera de PDVSA, en particular, y de Venezuela, en general, han llevado a todas las calificadoras de riesgo a establecer una mala calificación para el país y, por tanto, para sus empresas, entre ellas, Citgo. Expertos refieren que cualquier operación de restructuración de deuda tendrá un elevado precio debido a las circunstancias actuales de la República y que es impensable un programa de préstamos barato como lo reclama el fiscal general de la república, Tarek William Saab.