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lunes, 16 de noviembre de 2020

El burladero de las sanciones: Rosneft sirvió al régimen venezolano para vender petróleo y conseguir recursos para mantenerse en el poder (I)

   Una serie de informes y documentos pruebas las operaciones en las que que intervienen empresas fantasmas y el gigante petrolero ruso.

Por Maibort Petit

  Recientemente un informe de la agencia Reuters daba cuenta de las estratagemas urdidas por Venezuela y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) para violar las sanciones impuestas por los Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro. 

  El reporte explicaba que la petrolera —por consejo del régimen de Irán— implementó un sistema de identificación errónea de los barcos cargueros, así como la utilización de empresas fantasmas que figuran como los nuevos clientes de PDVSA que, configurando toda una trama en la que los datos de las mismas suelen ser errados y luego desaparecidos, permite a la administración de Maduro burlar las sanciones estadounidenses. 

  En una serie de entregas, mostraremos el mecanismo de burladero implementado por el régimen venezolano para exportar el petróleo y hacerse de recursos para mantenerse en el poder.

   Citan, por ejemplo, el caso del carguero Otoman que el 21 de agosto atracó en la terminal petrolera de Jose ubicado en el oriental estado Anzoátegui de Venezuela, para cargar 1,82 millones de barriles de crudo pesado. Según la documentación, el número de identificación asignado a esta embarcación por la Organización Marítima Internacional, se le asignó a otro petrolero llamado Rubyni. Lo curioso es que el Rubyni —como lo revelan las imágenes de satélite de TankerTrackers.com, un servicio de seguimiento de embarcaciones independiente, fue desguazado en la costa de Bangladesh en 2018.



  Del mismo modo, Reuters hace referencia al petrolero Elisabeth Knutsen, al cual luego se le etiquetó como "Knut", fue contratado por empresas fantasmas que ahora exportan el petróleo venezolano. La embarcación fue vista anclada frente a Las Palmas, Islas Canarias, poco antes de emprender viaje hacia la terminal de Jose.

   La investigación periodística determinó que, de ningún modo, estas identificaciones erróneas puedan ser tenidas como un accidente, sino que responden a una estrategia de PDVSA para darle salida. Su crudo y burlar las sanciones, según lo dejan ver los registros a los que Reuters tuvo acceso.

  Refiere la nota que el Otoman es uno de los 30 barcos petroleros contratados por un grupo de empresas fantasmas constituidas como nuevas clientas de PDVSA, una compañía que ha terminado obviando la normativa que hasta hace apenas unos dos años la regía para registrar nuevos clientes.

  Lo cierto es que el sistema implementado ha permitido a PDVSA saltar de 400 mil barriles de petróleo exportados entre junio y agosto, a 700 mil en septiembre.

  Una vez se concretan las operaciones, los registros de PDVSA son borrados.

 Señala la nota, que de “los 21 nuevos clientes de PDVSA identificados en los documentos internos de la petrolera estatal, ninguno tiene antecedentes en el comercio de petróleo. La mayoría parece tener su sede en Rusia, pero para muchos, no se registró una dirección completa. Aquellos con direcciones no se encontraban en ellos. En total, recibieron más de 25 millones de barriles de crudo y combustible venezolanos entre abril y octubre, según registros de PDVSA. Eso es casi una cuarta parte de las exportaciones totales de petróleo de Venezuela y, a precios de mercado para ese período, valdría alrededor de $ 544 millones”.

Rosneft: ¿Sí o no?

   La empresa rusa Rosneft se convirtió en uno de los principales socios de PDVSA y uno de los destinos preferente de sus exportaciones. 

  De hecho, la gigante rusa tenía participación en varias de las empresas mixtas que PDVSA mantiene, siendo que, por ejemplo, en Petromonagas, Petromiranda, Petroperijá y Petrovictoria, la participación de Rosneft es de 40 por ciento, mientras que en Boquerón es de 26,67 por ciento.

  Incluso, desde marzo de este año, PDVSA mudó su sede internacional de Lisboa, Portugal, a Moscú, Rusia, consolidando la relación de respaldo que el estado ruso brinda al régimen venezolano.

    Cuando se conoció la medida, Rusia la condenó y aseguró que de esta manera no disuadirían a Rosneft de seguir trabajando con Caracas, al tiempo que catalogó las sanciones de “indignantes”, puntualizado que la compañía no participó en ninguna actividad ilegal. Entretanto, desde EE. UU. acusaron a la empresa rusa de “apuntalar el sector petrolero venezolano y participar en ‘trucos’ y transferencias de barco a barco para evadir activamente las sanciones estadounidenses”.

    Pero pese a sus declaraciones, las sanciones impuestas por Estados Unidos a PDVSA y a la inclusión de unidades de Rosneft en la lista negra de los armadores que hacen negocios con Venezuela, llevaron a la petrolera a anunciar el cese de las negociaciones con la estatal venezolana. La rusa vendió sus activos en Venezuela  Incluso, compañías dejaron de transportar el crudo venezolano para Rosneft, como es el caso de Mercantile & Maritime. 

 Un reporte  en nuestro poder —fechado en 2019— que analiza las relaciones comerciales de PDVSA, da cuenta del respaldo de Rosneft a la estatal petrolera venezolana y de las maniobras irregulares urdidas para burlar las sanciones estadounidenses. 

  El reporte refiere que entre enero y octubre de 2019, se registraron 84 cargas levantadas para Rosneft en Venezuela, lo supone un promedio de casi 9 cargas mensuales. La mayoría se transportaron con VLCC (Very Large Crude Carriers-1.5M a 2M barriles de capacidad) o Suezmaxes (1M barriles). Refiere el informe que, en octubre, Rosneft canalizó el 62 por ciento de las exportaciones totales en Venezuela. 

  Una de las estrategias para evitar ser detectados y de la que da cuenta el reporte, es la de apagar los transpondedores de ubicación durante el trayecto, lo cual se conoce como "viaje oscuro". Hay que apuntar que el transpondedor transmite los detalles únicos de un barco, a saber, su origen, destino y su carga a un satélite. La Organización Marítima Internacional sólo recomienda esta práctica en zonas de piratería y otras circunstancias excepcionales. 

   En tal sentido, el informe indica que 16 embarcaciones recurrieron a esta práctica y apagaron su transpondedor al aproximarse a aguas venezolanas o estando en ellas. Agrega que muchos de estos cargamentos y embarcaciones tienen un destino designado en el conocimiento de embarque que no siempre se cumple. La evidencia recopilada para la elaboración del informe les permitió establecer que algunas la carga se desvía a otros puertos.

   Se cita el ejemplo del MT Bouboulina, cuyo informe final de inspección, refiere que cargó 1M bbls de Merey (más exactamente 979.880 bbls) el 18 en julio de 2019, desde el puerto de Jose, con destino al puerto de Shandong, China, para el cliente Rosneft Trading SA.

  Sin embargo, según fuentes consultadas para la redacción del informe, aseguraron que el buque dado de alta cerca de Melaka, Malasia, a través de operaciones de alumbrado.

Deuda por petróleo

  El informe, además, hace referencia a otro mecanismo utilizado por Rosneft y sus socios comerciales para sortear las sanciones de Estados Unidos.

   Alega la empresa rusa que no se trata de ventas, por cuanto las cargas de crudo que se transportan ya pertenecen a Rosneft que recibió el petróleo como forma de pago de la deuda.

  Recuerda el informe que Rosneft navega FOB (Free on Board) la carga a otros compradores, tales como Reliance, Nayara y otras compañías pequeñas, así como para cuestionados comerciantes petroleros como Tansy Shiptrade, Norteca y otros. Estas empresas fletan embarcaciones que retiran la carga de los puertos venezolanos, figurando, no PDVSA como el vendedor, sino Rosneft. En pocas palabras, sentencia el informe, la compañía petrolera rusa se convirtió en el mayor revendedor de crudo venezolano.

lunes, 22 de junio de 2020

Propietarios de Avior facilitaron a Bolivariana de Aeropuerto (BAER) operaciones que violan las sanciones de los EE. UU.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Una serie de documentos en nuestro poder evidencian que existe una cooperación entre Avior Airlines y el régimen de Nicolás Maduro para evadir las sanciones  impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, que no se limitan a la transferencia de  propiedad del Airbus 340-300 a Conviasa. 
  Avior, por medio Carmen Sofía Alfonzo, directora de Comunicaciones de la compañía aérea, ha negado la versión que el airbus 340-300 haya sido negociado con el régimen de Maduro, explicando que "a la empresa le están ofreciendo la aeronave al Estado venezolano como parte del pago de una deuda por motivos operacionales". 

  No obstante, las evidencias y los testimonios de este caso contradicen la versión de Carmen Sofía Alonzo y revelan que existe una cooperación que va más allá de la negociación del referido avión. Documentos revelan que al menos desde enero de 2019 hay una amplia colaboración entre los directivos de la empresa y funcionarios del régimen de Maduro.

    Las pruebas en poder de Venezuela Política revelan que Juan Bracamonte, Jorge Luis Añez y Arnaldo Añez, a través de su vicepresidente de finanzas, Jorge Alva, han ayudado en varias oportunidades al régimen de Caracas a eludir las sanciones y facilitar a funcionarios chavistas la malversación de fondos, estableciendo esquemas que han permitido pagar cientos de miles de dólares a BOLIVARIANA DE AEROPUERTOS (BAER), S.A. por concepto de derechos aeroportuarios, utilizando una empresa denominada  AEROSERVICES A7, con cuenta en No.9146143659 en el banco estadounidense Citibank N.A. donde se recibe los pagos en nombre de BAER. 



    Los documentos en nuestro poder revelan cómo el régimen de Nicolás Maduro ha  utilizado a terceros (AEROSERVICES A7 y AVIOR AIRLINES C.A.) para manejar las operaciones en dólares en Estados Unidos. 

  Hasta el momento, se ha confirmado que el Departamento de Compliance (obediencia) de Citibank N.A. no tenía (o tiene) conocimiento del esquema que se operaba, y se limitaba a tramitar las transferencias como pagos de Avior a un Proveedor. El Citibank es la entidad donde Bracamonte maneja su portafolio de inversiones.

   Aeroservices A7 junto a las empresas Clouds Services LLC y BCDA Aeronautical Solutions LLC, todas registradas en la División de Corporaciones del Estado de La Florida, han sido mencionadas como entes involucrados en operaciones que evaden las sanciones de la OFAC impuestas por la administración del presidente Donald Trump.


   Aeroservices A7 es una empresa con nombre ficticio registrada en el estado de la Florida, el 3 de abril de 2018. El estatus de la empresa es Activo y su número de archivo es G18000042980. La dirección principal de la compañía es 10540 Nw 26th St # G108, Miami, FL 33172.

  La compañía tiene  como agente registrador a la empresa Glufco Investments Corp de Miami FL, otra entidad del la Florida, cuyo registro es P18000028716, FEI/EIN Number es 82-4989817, incorporada el 26 de marzo de 2018 usando la misma dirección pero diferente suite: 10540 NW 26TH #G302, Miami, Fl 33172.





viernes, 1 de mayo de 2020

EE.UU. acusa a dos iraníes de lavar dinero y violar las sanciones para favorecer a las Fuerzas Quds (IRGC) de Irán

  Las autoridades estadounidenses incautaron $ 12.3 millones en fondos relacionados con IRGC-QF.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  El gobierno de los Estados Unidos acusó a dos ciudadanos iraníes, Amir Dianat y Kamran Lajmiri, ​​de violar las leyes y sanciones de exportación de los Estados Unidos contra Irán y por delitos de lavado de dinero. La acusación se procesará en el Tribunal de Distrito de Columbia.
  Los fiscales federales acusaron a Dianat y Lajmiri de conspiración para proporcionar servicios financieros estadounidenses a entidades iraníes y a sus principales compañías que intentaron comprar un buque petrolero, registrado como  Nautic, en septiembre de 2019. 

   La denuncia alega que los acusados ​​ocultaron, tanto al vendedor  como a las instituciones financieras que procesaron las transacciones en dólares estadounidenses, así como al gobierno de los EE. UU. que la venta de este buque estaba destinada a Irán.

   La operación, dice la demanda, forma parte de un plan de los acusados para su enriquecimiento y para otros conspiradores, que lograron evadir las regulaciones, prohibiciones y requisitos de licencia de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y el Reglamento de Transacciones y Sanciones de Irán (ITSR).

   En los documentos de la corte se describe un reclamo relacionado por decomiso civil es de $ 12,338,941.91. "Estos fondos estaban supuestamente involucrados en un esquema para lavar fondos en los Estados Unidos para adquirir ilícitamente el carguero petrolero, The Nautic"

  La demanda de decomiso civil alega que en el esquema estaba involucrada la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, la Compañía Nacional de Petroleros de Irán (NITC) y la Fuerza Quds de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), todas están entidades está sancionadas por la OFAC

  El IRGC fue designado por los Estados Unidos como una organización terrorista extranjera. "Esta acción de decomiso representa la mayor incautación de fondos relacionados con las Fuerzas Quds de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, dice la demanda que a la vez acota que "todos los fondos de organizaciones terroristas están sujetos a decomiso".

 "Estos acusados ​​compraron un barco petrolero valorado en más de $10 millones al usar ilegalmente el sistema financiero de los Estados Unidos, violando desafiantemente las sanciones de los Estados Unidos", dijo el Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional John C. Demers.

  Demers aseguró que "Este es otro ejemplo más de que Irán utiliza descaradamente compañías de fachada y documentación falsa en su intento de ocultar las transacciones ilegales que el régimen iraní necesita, desesperadamente, para financiar sus actividades malignas". 

  La aplicación de las sanciones estadounidenses y las leyes penales financieras es un componente importante del compromiso que tiene la División de Seguridad Nacional de proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos. 

  Demers elogió los esfuerzos de los fiscales, agentes y analistas que descubrieron este esquema ilegal y cuyo trabajo resultó en la acción de decomiso más grande que haya involucrado a las Fuerza Quds de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC)".

  Por su parte, el Fiscal para el Distrito de Columbia, Timothy J. Shea, sostuvo que "Empleando autoridades de decomiso civil específicamente disponibles para la Fiscalía, continuaremos procesando agresivamente a aquellos que abusen de nuestro sistema financiero para apoyar a las entidades sancionadas".

 Shea aseguró que usarán todas las medidas disponibles bajo la ley, para incluir la confiscación civil para recuperar fondos para las víctimas del terrorismo. "Estas leyes existen y sirven para evitar que los países hostiles generen ingresos ilícitamente, (a través de la venta de petróleo), para financiar sus programas de proliferación de armas. Los cargos de hoy son otro ejemplo de los esfuerzos dedicados e implacables de nuestra oficina, el FBI y HSI ".

"La demanda demuestra que aquellos que usan el sistema financiero de los Estados Unidos para beneficiar a la industria petrolera iraní serán investigados por el FBI y procesados ​​en la mayor medida de la ley", dijo el agente especial del FBI Minneapolis a cargo Rainer Drolshagen. 

 "Los sectores petroquímicos y petroleros de Irán son las principales fuentes de financiación para el régimen iraní, y el FBI continuará persiguiendo agresivamente a aquellos que usan ilegalmente el sistema financiero de Estados Unidos para su beneficio".

 "La protección de nuestra patria abarca muchas misiones, incluida la protección de las exportaciones y la moneda de nuestra nación", dijo Steven W. Cagen, agente especial a cargo de HSI Colorado.    "Estos delincuentes pensaron que podrían enriquecerse mientras ayudaban a Irán, un país que sigue representando un serio amenaza para la seguridad de nuestra nación. Ahora enfrentarán las consecuencias de sus acciones ".

  El Departamento del Tesoro interpuso una acción concurrente, sancionando a Dianat y su compañía relacionada, Taif Mining.

  Según los alegatos, a partir de mayo de 2019 hasta diciembre de 2019, Dianat y Lajmiri conspiraron para comprar el carguero de Nautic a través de una compleja red de compañías de fachada, incluida Taif Mining. Después de enviar el pago final al vendedor, Taif Mining tomó posesión del Nautic. Rápidamente cambió su nombre y comenzó a hacer viajes a Irán para cargar petróleo iraní. 


 Debido a que los Estados Unidos congeló los fondos de la venta del buque, el vendedor nunca recibió el pago. Como resultado, el vendedor inició una acción civil en los EE. UU. para recuperar el dinero adeudado.

  El 15 de marzo de 1995, la presidencia de los Estados Unidos emitió la Orden Ejecutiva No. 12957, que establecía que "las acciones y políticas del Gobierno de Irán constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía del país". Estados Unidos declaró una emergencia nacional para hacer frente a la amenaza. 

   En posteriores órdenes ejecutivas, el presidente impuso sanciones económicas, incluido un embargo comercial a Irán. Las órdenes ejecutivas y el ITSR prohíben la exportación, reexportación, venta o suministro, directa o indirectamente, a Irán de bienes, tecnología o servicios de los Estados Unidos o de una persona estadounidense sin autorización previa o licencia de la Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, ubicada en Washington, DC. 

  Los conspiradores utilizaron el sistema de corresponsalía bancaria de los Estados Unidos para procesar transacciones ilícitas en dólares estadounidenses, y en ningún momento alertaron a las instituciones financieras estadounidenses de que estaban financiando la compra de un buque tanque para las entidades iraníes.

  Si son declarados culpables, Dianat y Lajmiri enfrentarían un máximo de 20 años de prisión.

  La investigación fue realizada por agentes especiales de la Oficina de Campo del FBI en Minneapolis y HSI Colorado Springs.




lunes, 2 de marzo de 2020

10 mujeres y 5 hombres juzgarán al banquero iraní Ali Sadr Hashemi Nejad acusado de lavar millones de dólares de PDVSA a favor de Irán

 Este martes 3 de marzo, la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentará al jurado los argumentos de apertura, seguidos por la defensa.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Un jurado conformado por 10 mujeres y 5 hombres fue selecto por las partes para procesar a Ali Sadr Hasheminejad, expresidente del desaparecido Pilatus Bank, acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber elaborado un complejo esquema de lavado de dinero que permitió blanquear millones de dólares provenientes de los programas de viviendas del régimen de Hugo Chávez, que fueron a parar a la República Islámica de Irán, sancionada por el Departamento del Tesoro norteamericano.
  Este lunes 2 de marzo, la juez Alison J. Nathan convocó un universo de más de 60 personas para preseleccionar 33 personas, de las cuales, finalmente quedaron las 15 que formarán parte del panel de jurado que deberá producir un veredicto unánime de Ali Sadr Hasheminejad. 

  Sadr Hasheminejad fue acusado de seis cargos, incluido lavado de dinero, fraude bancario y violación de las sanciones de la OFAC. Su caso está siendo manejado por la unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, una oficina conocida por procesar casos de terrorismo de alto perfil. 

   El acusado goza de libertad bajo fianza, y sus movimientos están restringidos al área triestatal de Nueva York. Pagó una fianza de $ 38 millones. Se enfrenta a una condena máxima de 125 años de cárcel.

Las empresas

  La jueza Nathan informó que en el juicio se escucharán las siguientes entidades: Aper Insaat, Citibank, Clarity Trade & Finance, Desarrollos Urbanos de la Costa Oriental del Lago S.A. or Ducolsa, Emirates National Bank of Dubai o Emirates NBD, Export Development Bank of Irán, Hyposwiss Bank, Iranian International Housing Co. C.A or IIHCO or IIHC, JP Morgan Chase Bank, Nueva Ciudad Fabricio Ojeda, Nueva Ojeda Housing Development Project, Petróleos de Venezuela (PDVSA), Samanch Stratus Co., Stratus Holding Group.

  En la lista de personas que serán nombradas aparecen José Luis Parada Sánchez, Luis Rivera, Sandra Santiago Rodríguez, Gabriela Sánchez, Mildred Benavides, Luis Fuenmayor, Alexander Frei, Richard Kauffman, entre otros.

  Sadr Hasheminejad habría participado en un complot para canalizar $ 115 millones a través del sistema financiero estadounidense, bajo un contrato de construcción de viviendas para pobres del gobierno venezolano.  Él se ha declarado no culpable.

El acusado

  Ali Sadr Hasheminejad, de 40 años, nació en Irán. Fue arrestado el 19 de marzo de 2018 en el aeropuerto de Dulles en Washington, DC. Según los documentos presentados ante el tribunal, él y su madre se dirigían a Londres para celebrar el año nuevo persa con su familia. Sadr, quien es ciudadano de iraní y de la isla caribeña de Saint Kitts.

  El acusado se graduó de ingeniero civil en la Ivy League, Universidad de Cornell. Tras ser arrestado, el gobierno estadounidense le confiscó propiedades en Maryland, Washington, DC, y la ciudad costera de élite de Malibú, en California, incluyendo unas granjas de pistachos en ese estado.

  Sadr Hasheminejad se mudó a Estados Unidos en el año 2000 cuando tenía 23 años para reunirse con su madre y hermana; y pidió asilo político en 2003, de acuerdo con los documentos de la corte. En la solicitud de refugio, el acusado aseguró que su vida corría peligro si regresaba a Irán porque su familia tenía problemas con el régimen iraní de Mohammad Khatami. No obstante, existen registros que señalan que el presidente iraní de la época dijo que el padre de Sadr "era uno de los exportadores ejemplares de Irán".

  Sadr Hasheminejad tiene el estatus de residente permanente de los Estados Unidos y ha dicho que no tiene conexión con los negocios de su padre en Irán.

  Sadr se hizo residente legal de Estados Unidos en 2004 con base en su asilo, pero en 2010 el asilo fue revocado por el gobierno federal alegando que su proceso había sido fraudulento. El acusado logró obtener otra carta de residencia en 2012. Los documentos señalan que viajó varias veces a Irán entre 2010 y 2015 y que dichas movilizaciones se habrían hecho de bajo perfil para evitar una supuesta persecución en su contra.

 Los fiscales señalan que Sadr registró múltiples compañías en Malta, Suiza, Hong Kong, Chipre, el Reino Unido y los Estados Unidos; y que en ninguno de los registros corporativos el acusado reveló su trasfondo iraní, a pesar de que mantiene un vínculo con los sectores de la banca y la construcción en Irán a través de su padre, Mohammad Sadr Hashemi Nejad, fundador del primer banco privado de la República Islámica de Irán, Eghtesad Novin Bank, en 2001. Actualmente, Mohammad Sadr Hashemi Nejad es presidente de Stratus Holding Group, uno de los mayores conglomerados de la construcción de viviendas y carreteras de Irán, con más de 60 filiales y más de 10 mil empleados.

  Stratus Holding tiene una subsidiaria en que estuvo a cargo de un proyecto de vivienda del gobierno de Hugo Chávez que, según los fiscales estadounidenses, se utilizó para canalizar $ 115 millones a Irán.

 Los fiscales neoyorquinos dicen que el acusado ocultó sus conexiones con Irán adquiriendo otras ciudadanías, y no reveló la información sobre su familia en Irán para evitar poner en riesgo sus negocios debido a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos al régimen iraní.

 Los fiscales del caso presentaron a la corte una tarjeta de presentación del acusado donde éste aparece como vicepresidente de una subsidiaria de Stratus, Samane Stratus Investment Company, a partir de 2011.

  Sadr posee varias empresas, entre las cuales destaca Pilatus Capital Ltd registrada en Saint Kitts y Nevis, donde adquirió la ciudadanía por inversión y la cual ha usado para abrir sus corporaciones. También es dueño del hoy desprestigiado Banco Pilatus, creado bajo las leyes de Malta en diciembre de 2013.

Sanciones a Irán

  Desde 1979, el presidente de los Estados Unidos, de conformidad con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional ("IEEPA"), ha encontrado repetidamente que las acciones y políticas del gobierno de Irán constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y economía norteamericana; por lo que declaró una emergencia nacional para hacer frente a la amenaza.

  De acuerdo con estas declaraciones presidenciales, Estados Unidos ha instituido una serie de sanciones económicas contra Irán y entidades iraníes. Las medidas contra el régimen de Irán prohíben, entre otras cosas, las transacciones financieras que involucren a Estados Unidos o personas en el país destinadas al beneficio del gobierno de Irán o individuos o entidades iraníes, establece un comunicado de la fiscalía estadounidense.

  En agosto de 2004, los gobiernos de Irán y Venezuela celebraron un acuerdo mediante el cual acordaron cooperar en ciertas áreas de interés común. En 2005, ambos gobiernos complementaron el Acuerdo al celebrar un Memorando de Entendimiento sobre un proyecto de infraestructura en Venezuela, que consistía en la construcción de 7 mil unidades de vivienda en el país caribeño.

  El proyecto fue liderado por Stratus Group, un conglomerado iraní controlado por Sadr y su familia con operaciones comerciales internacionales en las industrias de la construcción, la banca y el petróleo.

  En diciembre de 2006, Stratus Group incorporó una compañía en Teherán, que entonces se conocía como la Corporación Internacional de Vivienda de Irán (IIHC). IIHC fue responsable de la construcción del Proyecto. Posteriormente, también celebró un contrato con una subsidiaria de una compañía energética estatal venezolana, que solicitó al IIHC construir aproximadamente 7 mil unidades de vivienda en Venezuela a cambio de aproximadamente $ 475,734,000.

  Stratus Group creó el Comité Ejecutivo del Proyecto Venezuela para supervisar la ejecución del plan. El acusado era miembro del comité y era responsable de administrar la ejecución del contrato.

martes, 10 de septiembre de 2019

Juicio del banquero que lavó millones de dólares de Venezuela a favor de Irán será en marzo de 2020

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La Corte del Distrito Sur de Nueva York fijó para el 2 de marzo de 2020 el juicio con jurado en contra del banquero iraní,  Ali Sadr Hashemi Nejad, acusado por el gobierno estadounidense de lavado de dinero, fraude bancario y de haber ejecutado un plan financiero que violó las sanciones impuestas por los Estados Unidos a la República Islámica de Irán.
Luego de la audiencia curcio celebrada este lunes, en la cual el acusado renunció consciente y voluntariamente a su derecho a una representación libre de conflictos, la jueza Alison J. Nathan autorizó el inicio del juicio, que inicialmente estaba pautado para enero,  para el mes de marzo de 2020. Una de las razones por las cuales se produjo el cambio fue porque los abogados de Ali Sadr Hashemi Najed tendrán otros juicios en la Corte del Distrito Este de Nueva York para las mismas fechas. El fiscal federal, Michael K. Krouse  no objetó la prórroga del proceso sino que, por el contrario, admitió que los meses extras le darán más tiempo a las partes para prepararse  mejor para el proceso.


Uno de los abogados del acusado es Brian M. Heberlig, defensor de la empresa china Huawei que tiene un caso abierto en Nueva York cuyo juicio podría ser en enero 2020. El otro representante legal, Reid Weingarten fue el defensor del fallecido Jeffrey Epstein cuyo proceso judicial concluyó tras su muerte. 

El juicio de Ali Sadr Hashemi Najed se retrasó porque el caso fue reasignado al juez Nathan debido a que el juez inicial, Andrew Carter se recusó a sí mismo argumentando que tenía conexiones personales con JP Morgan Chase, uno de los bancos víctimas de la trama de lavado acusada.  Uno de los defensores del banquero iraní, del bufete de Steptoe, también es defensor del JP Morgan Chase, lo cual debió haber sido un factor para su descalificación pero durante la audiencia de este lunes, Sard Hashemi Najed decidió seguir adelante con su actual representación.

El acusado

Ali Sadr Hashemi Nejad, de 39 años, nació en Irán, fue arrestado el 19 de marzo de 2018 en el aeropuerto de Dulles en Washington, DC. Según los documentos presentados ante el tribunal, él y su madre se dirigían a Londres para celebrar el año nuevo persa con su familia. Sadr, quien es ciudadano de Irán y de la isla caribeña de Saint Kitts, fue acusado de seis cargos de fraude bancario e intrigas para evadir las sanciones de Estados Unidos contra Irán.

Específicamente, se alegó que Sadr había conspirado en un complot para canalizar $ 115 millones a través del sistema financiero estadounidense bajo un contrato de construcción de 7 mil casas para pobres en Venezuela. Sadr Hashemi Nejad se declaró no culpable.



El caso de Sadr Hashemi Nejad está siendo manejado por la unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, una oficina conocida por procesar casos de terrorismo de alto perfil.

El acusado se graduó de ingeniero civil en la Ivy League, Universidad de Cornell. Tras ser arrestado, el gobierno estadounidense le confiscó propiedades en Maryland, Washington, DC, y la ciudad costera de élite de Malibú, en California, incluyendo unas granjas de pistachos en ese estado. 

El acusado se mudó a Estados Unidos en el año 2000 cuando tenía 23 años para reunirse con su madre y hermana, y fue peticionario de asilo político en el 2003, de acuerdo a los documentos de la corte. En la petición de asilo, el acusado aseguró que su vida corría peligro si regresaba a Irán porque su familia tenía problemas con el régimen iraní de Mohammad Khatami. No obstante, existen registros que señalan que el presidente iraní de la época dijo que el padre de Sadr era uno de los exportadores ejemplares de Irán.

Sadr Hashemi Nejad tiene el estatus de residente permanente de los Estados Unidos y ha dicho que no tiene conexión con los negocios de su padre en Irán. 

Sadr se hizo residente legal de Estados Unidos en 2004 basado en su asilo, pero en 2010 su asilo fue revocado por el gobierno federal alegando que su proceso había sido fraudulento. El acusado logró obtener otra carta de residencia en el 2012. Los documentos señalan que el acusado viajó varias veces a Irán entre 2010 y 2015 y que dichas movilizaciones se habrían hecho de bajo perfil para evitar una supuesta persecución en su contra. 

Los fiscales señalan que Sadr registró múltiples compañías en Malta, Suiza, Hong Kong, Chipre, el Reino Unido y los Estados Unidos, y que en ninguno de los registros corporativos el acusado reveló su trasfondo iraní, a pesar de que mantiene un vínculo con los sectores de la banca y la construcción en Irán a través de su padre, Mohammad Sadr Hashemi Nejad, fundador del primer banco privado de la República Islámica de Irán, Eghtesad Novin Bank, en 2001. Actualmente, Mohammad Sadr Hashemi Nejad es presidente Stratus Holding Group, uno de los mayores conglomerados de la construcción  de viviendas y carreteras de Irán, con más de 60 filiales y,  más de 10,000 empleados. 

Vale destacar que Stratus Holding tiene una subsidiaria en que estuvo a cargo de un proyecto de vivienda del gobierno de Hugo Chávez que, según los fiscales estadounidenses, se utilizó para canalizar $ 115 millones a Irán.

Los fiscales neoyorquinos dicen que el acusado ocultó sus conexiones con Irán adquiriendo otras ciudadanías, y no revelando la información sobre su familia en Irán, para evitar poner en riesgo sus negocios debido a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos al régimen iraní. 

Los fiscales del caso presentaron a la corte una tarjeta de presentación del acusado donde éste aparece como vicepresidente de una subsidiaria de Stratus, Samane Stratus Investment Company, a partir de 2011. 



Sadr posee varias empresas, entre las cuales destaca Pilatus Capital Ltd registrada en  Saint Kitts y Nevis, donde adquirió la ciudadanía  por inversión y la cual ha usado para abrir sus corporaciones. También es dueño del hoy desprestigiado Banco Pilatus, creado bajo las leyes de Malta en diciembre de 2013.


Sanciones a Irán


Desde 1979, el Presidente de los Estados Unidos, de conformidad con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional ("IEEPA"), ha encontrado repetidamente que las acciones y políticas del gobierno de Irán constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y economía norteamericana y declaró una emergencia nacional para hacer frente a la amenaza. De acuerdo con estas declaraciones presidenciales, Estados Unidos ha instituido una serie de sanciones económicas contra Irán y entidades iraníes. Las sanciones contra el régimen de Irán prohíben, entre otras cosas, las transacciones financieras que involucren a los Estados Unidos o personas de los Estados Unidos destinadas al beneficio del Gobierno de Irán o individuos o entidades iraníes, dice un comunicado de la fiscalía estadounidense.




En agosto de 2004, los gobiernos de Irán y Venezuela celebraron un acuerdo, mediante el cual acordaron cooperar en ciertas áreas de interés común. En 2005, ambos gobiernos complementaron el Acuerdo al celebrar un Memorando de Entendimiento sobre un proyecto de infraestructura en Venezuela, que consistía en la construcción de 7 mil unidades de vivienda en Venezuela.


El Proyecto fue liderado por Stratus Group, un conglomerado iraní controlado por Sadr y su familia con operaciones comerciales internacionales en las industrias de la construcción, la banca y el petróleo. 

En diciembre de 2006, Stratus Group incorporó una compañía en Teherán, que entonces se conocía como la Corporación Internacional de Vivienda de Irán (IIHC). IIHC fue responsable de la construcción del Proyecto. Posteriormente, el IIHC celebró un contrato con una subsidiaria de una compañía energética estatal venezolana, que solicitó al IIHC construir aproximadamente 7,000 unidades de vivienda en Venezuela a cambio de aproximadamente $ 475,734,000. Stratus Group creó el Comité Ejecutivo del Proyecto Venezuela para supervisar la ejecución del Proyecto. El acusado era miembro del comité y era responsable de administrar el Proyecto.

miércoles, 31 de julio de 2019

Juez del caso del banquero acusado de ayudar a Irán a violar sanciones de EEUU con dinero proveniente de Venezuela, plantea conflicto de intereses por su vinculación a uno de los bancos de la trama acusada

Ali Sadr Hashemi Nejad es acusado de lavar cientos de millones de dólares para la República Islámica de Irán provenientes de Venezuela. Sus operaciones violaron las sanciones impuestas contra ese país por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Por Maibort Petit
Esta semana el empresario iraní, propietario del banco Pilatus Bank, Ali Sadr Hashemi Nejad estuvo en la sala de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en una audiencia donde se discutió la posibilidad que su caso cambie a manos de otro juez. ¿Por qué? El magistrado Andrew L. Carter. Jr. reveló que tiene acciones en el JP Morgan Chase bank y que su esposa trabaja en esa institución que aparece en la acusación del gobierno de los Estados Unidos contra el millonario iraní como uno de los bancos que fueron víctimas de las conspiración de lavado de dinero y fraude bancario. Carter Jr. informó a la Fiscalía y a la defensa que por las razones expuestas estaba dispuesto a auto recusarse y a reasignar a otro juez del tribunal el expediente debido a un posible conflicto de intereses.

Durante la conferencia del lunes 29 de julio de 2019, el juez Carter Jr. proporcionó a la fiscalía y a la defensa de Ali Sadr Hashemi Nejad un cronograma de información para que las partes aborden el problema de su posible retiro del caso y ordenó que las respectivas respuestas fueran entregadas a la corte el martes 30 de julio, a la vez que anunció que habría una conferencia telefónica el jueves 1 de agosto.

Fiscalía dice que el juez debe quedarse

La fiscalía opinó en una comunicación (fechada el 30 de julio de 2019) que la decisión de un juez federal de recusarse a sí mismo, está "comprometida con la discreción del tribunal de distrito". Aclaró que no está de acuerdo con que el juez abandone el caso.

El oficio del gobierno está firmado por el Fiscal de los Estados Unidos, Geoffrey S. Berman y los fiscales asistentes, David W. Denton Jr., Jane Kim, Michael Krouse y Garrett Lynch.

La fiscalía sostiene que difiere de la evaluación de conflictos del Tribunal con respecto a la recusación y para argumentar su postura proporcionó a la corte detalles adicionales sobre la  participación de JPMorgan Chase & Co. uno de los bancos víctimas en este caso.

En un documento de 3 páginas, los fiscales sostienen que Ali Sadr Hashemi Nejad está acusado de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, conspiración para violar la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia ("IEEPA"), fraude bancario, conspiración para cometer fraude bancario; lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero.

En la acusación hay una serie de bancos víctimas de la operación acusada que se mencionan colectivamente en este documento como los "bancos-víctimas".

Ali Sadr Hashemi Nejad participó en un proyecto de infraestructura en Venezuela, que fue dirigido por la compañía iraní del acusado, Stratus Group.

La acusación del gobierno estadounidense dice que Ali Sadr Hashemi Nejad junto a sus cómplices "idearon y ejecutaron un plan para evadir las sanciones económicas de los Estados Unidos y defraudar a los bancos estadounidenses, incluido JPMorgan Chase, al ocultar el papel de Irán y las partes iraníes en los pagos en dólares estadounidenses enviados a través del sistema bancario estadounidense".

El acusado y otros, utilizando varias entidades, realizaron una serie de transacciones financieras internacionales en beneficio de las partes iraníes de una manera que ocultó el nexo iraní a los pagos de, entre otros, los bancos de víctimas, en violación de las sanciones económicas de los Estados Unidos. 

Específicamente, entre abril de 2011 y noviembre de 2013, la subsidiaria venezolana, bajo la dirección del demandado y otros, enrutó aproximadamente 15 pagos a IIHC a través de Stratus Turkey o Clarity usando cuentas corresponsales en los bancos- víctimas, por un total de aproximadamente $ 115 millones.

Ali Sadr Hashemi Nejad y otros "ordenaron que los pagos se transfirieran a través de los bancos-víctimas a las cuentas bancarias de Stratus Turkey o Clarity en una institución financiera en Suiza. La mayoría de los fondos se transfirieron luego a otra entidad offshore ubicada en las Islas Vírgenes Británicas, que el demandado y otros habían incorporado en 2009". 

El 1 de febrero de 2012, Clarity transfirió directamente más de $ 2 millones en ganancias del Proyecto de viviendas de Venezuela a los Estados Unidos. "Esas ganancias se utilizaron para comprar bienes inmuebles en California" dice la acusación.

La fiscalía sostiene que Ali Sadr Hashemi Nejad está acusado de defraudar a los bancos víctimas "engañándolos para que procesaran transacciones financieras en las que de otra manera no se habrían involucrado, y al hacerlo, se expusieron a la posibilidad de un daño sustancial". 

La fiscalía reveló que en en el juicio, el Gobierno planea llamar a testigos de algunos de los bancos-víctimas para declarar, entre otras cosas, sobre sus procesos de cumplimiento de sanciones, sus procedimientos al abrir cuentas para clientes y al autorizar ciertas transacciones, el daño causado a los bancos por el esquema de lavado del acusado, entre otros aspectos.

Los fiscales señalan que el Gobierno espera demostrar que el acusado tomó acciones específicamente diseñadas con el propósito particular de ocultar información material a los bancos-víctimas y para evadir los procesos que los bancos implementan ante las sanciones que prohíben las transacciones financieras en beneficio de las entidades iraníes. 

De los $115 millones en pagos denominados en dólares estadounidenses que están en el centro de este caso, JPMorgan Chase & Co. fue el banco corresponsal por aproximadamente $45 millones y, por lo tanto, desempeñará un papel central en la prueba en el juicio en este asunto, anunciaron los fiscales.

Asimismo, el Gobierno advirtió que probará que el demandado  ordenó que las transacciones se procesaran en beneficio de Clarity a través de JPMorgan Chase y que el acusado sabía que dicho banco había implementado procedimientos para bloquear transacciones de corresponsales para pagar a instituciones e individuos iraníes. 

Ali Sadr Hashemi Nejad habría diseñado un mecanismo de pago para ocultar información sobre los beneficiarios iraníes de las transacciones para inducir a los bancos-víctimas a procesar esas transacciones que de hecho fueron procesadas, en violación de las sanciones de EE. UU. y de las políticas de JPMorgan Chase que las prohíben.

Los fiscales sostuvieron en la conferencia del lunes 29 de octubre que tienen la intención de llamar al menos a un empleado de JPMorgan Chase como testigo en el juicio, lo cual ya ha sido discutido con los abogados de la oficina del Asesor General del mencionado banco.

Si el acusado es condenado, JPMorgan Chase tendrá, como víctima del delito, ciertos derechos. Por ejemplo, el banco podrá dirigirse al Tribunal en el momento de la sentencia y describir el daño que la conducta del acusado le causó. 

Del mismo modo, JPMorgan Chase tendrá derecho a la restitución obligatoria por cualquier pérdida pecuniaria que sufran, que incluye bienes perdidos como resultado del delito y "gastos incurridos durante la participación en la investigación o el enjuiciamiento del delito o la asistencia a los procedimientos relacionados con el delito.

Habla de la defensa

El demandado Ali Sadr Hashemi Nejad presentó su respuesta ante la divulgación del juez Carter Jr. con respecto a la propiedad de sus acciones en JP Morgan Chase y el empleo de su cónyuge en el banco, destacando que de acuerdo al Código de conducta para jueces de los Estados Unidos y la jurisprudencia sobre circunstancias análogas, el magistrado no está obligado a recusarse. 

Señala que el asunto se deja a discreción del juez, en función de si sería razonable cuestionar su imparcialidad en estas circunstancias.

Sadr dijo que apreciaba que el juez haya señalado su potencial conflicto de intereses a las partes y entendía que según la divulgación del magistrado, depende de la discreción del Tribunal determinar si se debe recusar. 

Sadr afirmó que está dispuesto a renunciar a cualquier objeción al conflicto potencial revelado por el juez Carter Jr.